¿Ya no es por las
bombas a Provenir y ahora no todos son milicianos?colombiainforma.info - Posterior a que la jueza legalizará las detenciones, consideradas irregulares por la defensa, inició el proceso de imputación de cargos contra trece personas sindicadas por el gobierno de pertenecer a las milicias urbanas del Ejército de Liberación Nacional -ELN- y de ser los responsables de las bombas que estallaron el pasado 2 de julio en las sedes de Porvenir en la ciudad de Bogotá.
A la fecha, la
Fiscalía presentó como material probatorio interceptaciones telefónicas,
fotografías y seguimientos que venían de varios meses atrás. Asimismo, libros
de pensamiento crítico, banderas del Congreso de los Pueblos y en el caso de
los estudiantes, banderas de la Red Revuelta e Identidad Estudiantil,
computadores portátiles, USB, agendas, celulares, etc. Según el ente acusador,
estas pruebas los vinculan a los disturbios del pasado 20 de mayo en la
Universidad Nacional, y otras explosiones el año anterior. Ningún material probatorio apunta a las bombas de
Porvenir por lo tanto, desde que inició la audiencia de imputación, las
condiciones han cambiado y de las 13 detenciones
que se mantienen (recordemos que dos se hicieron sin orden de captura) tan solo tres continúan siendo sindicados de pertenecer
al ELN.
El pasado viernes 9 de
julio, cuando inició la imputación, se presentó como primera prueba una serie
de conversaciones en donde David Camilo Rodríguez, se comunica con Heiler
Lamprea y Gerson Yacumal. Para la Fiscalía, lo conversado indica que los sindicados
hablan de la elaboración de papas bombas que según su versión fueron utilizadas
en la protesta del pasado 20 de mayo en la Universidad Nacional. Además en
otras interceptaciones telefónicas, señalan que hubo un encuentro en una casa
en el sur de Bogotá.
Otras pruebas son
fotografías en donde se observa a Rodríguez conversando en una panadería con la
abogada Paola Andrea Salgado Piedrahita. Aunque no se observa allí ninguna
actividad ilegal, el ente acusador insistió en que estas reuniones tenían como
fin la elaboración de las papas bomba, aunque en las llamadas hablan sobre una
tesis. En otra fotografía se observa a Salgado con una caja que guarda en el
baúl de su automóvil, caja que según la Fiscalía contenía 800 papas bombas que
fueron llevadas a la Universidad Nacional. Frente a esto, la defensa alega que
dada la gran cantidad de papas hubiera sido un peligro para su seguridad
transportar estos explosivos en un carro, pues al menor movimiento brusco éste
hubiera explotado.
Desmontado las acusaciones por las explosiones contra
Porvenir
Otro aspecto que
genera preguntas tiene que ver con que todas las
pruebas presentadas por la Fiscalía se centran en hechos ocurridos en 2014.
Las acusaciones ahora buscan establecer que al menos tres de los acusados
tendrían responsabilidad en los petardos que explotaron durante ese año y el
mismo ente acusador admite que ninguno de los acusados está relacionado con las
bombas detonadas en las sedes del fondo de Pensiones Porvenir. La versión de las bombas, por las que se generó todo
el despliegue mediático y de representantes del Estado, quedó desvirtuada desde
el comienzo por la misma Fiscalía.
Y entonces, ¿qué se sabe acerca de los atentados contra la empresa
de fondos de pensiones Porvenir, perteneciente al grupo Aval, del grupo
financiero Sarmiento Angulo? poco o nada. Así las cosas, aun no existe
claridad sobre quien realizó dichos atentados. Este resulta ser un vergonzoso
resultado para las autoridades.
Hasta el momento ni el
Gobierno, ni la Policía, ni ningún representante del Estado han admitido su
error, salvo el distrito que inicialmente iba a cancelar los contratos y que
actualmente los suspendió hasta que se clarifiquen los hechos.
Hoy lo que empezó para
el Gobierno como un importante logro, se convirtió en una vergonzosa derrota
política. Hasta el momento ni el presidente, ni el general Palomino se
manifiestan sobre los hechos.
Un proceso con muchas irregularidades
Otro hecho grave
contra las personas detenidas tiene que ver con el aval que la Juez 72 de
Control de Garantías entregó al procedimiento irregular e ilegal de captura. A
pesar de que la defensa de los acusados reitero y demostró de forma continua
los vicios de procedimiento adelantados por la Fiscalía, la jueza decidió
avalarlo y pasar a la imputación de cargos. Este es, sin duda, un juicio más
político que jurídico.
Desde el pasado miércoles 8 de julio, cuando Juan
Manuel Santos y el vicefiscal de la nación, despertaron al país y anunciaron la
detención de quince personas que pusieron las 2 bombas el pasado 2 de julio en
Bogotá. Desde ese momento la defensa y diversas organizaciones sociales han
señalado que se les violó la presunción de inocencia por la condena pública
hecha por los medios de comunicación.
Otro elemento que
denuncia la defensa y las decenas de organizaciones sociales que piden la
libertad de estos líderes sociales, es la imposibilidad que tienen los
detenidos para alimentarse, pues lo único que han podido comer es lo que las
familias les han logrado enviar en el mismo momento que se llevan a cabo las
imputaciones. También las familias y la defensa han denunciado que a la Policía
no permite a los detenidos acceder al material de aseo. Sobre este hecho, la
defensa solicitó el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo.
