CGN.-
El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, urgió
hoy al Gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, y a
la IPS Universitaria – Servicios de Salud de la Universidad de
Antioquia-, que garanticen los servicios de salud de la población
isleña, como es su obligación, evitando por todos los medios
la afectación en la prestación de los mismos, mientras se
formaliza la consolidación jurídica y la puesta en marcha de la
Empresa Social del Estado de carácter departamental creada por la
Ordenanza No. 05 del 29 de julio de 2020.
El
Gobernador Hawkins suscribió un otrosí al contrato de
administración 1134 de 2017, que en su momento se firmó con la IPS
de la Universidad de Antioquia.
La
anticipada terminación del contrato del operador que administra el
Hospital de San Andrés amenazaba con que hoy, en plena pandemia y en
momentos en que la misma autoridad departamental decretó alerta
roja por el número de pacientes contagiados y con los médicos
especialistas de la isla sin recibir pagos hace varios meses, el
panorama de salud se pudiera tornar absolutamente crítico.
“Es
necesario recordar que dada la situación por la que atraviesa el
país ante la pandemia, se hace evidente la necesidad de llevar
a cabo este período de transición evitando, a toda costa, la
interrupción en la prestación de los servicios de salud, e
igualmente garantizando mediante una adecuada gestión fiscal,
coordinada y articulada por parte de la Gobernación y la IPS, que se
honren las deudas adquiridas, principalmente con el talento
humano”, insistió el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
La
Contraloría General de la República, ha venido actuando de tiempo
atrás sobre la problemática de salud en la isla, y, fue así como,
en el 2019 llevó a cabo una Actuación Especial de
Fiscalización que generó hallazgos con incidencias fiscales por
$1.774.874.861.
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| Contralor Carlos Felipe Córdoba |
Uso
adecuado de los recursos públicos
Frente
a las acreencias informadas a la Contraloría General de la República
por parte de los médicos especialistas, en cuantía de $6.168
millones, el Contralor General consideró necesario que la
administración del Departamento y la IPS Universitaria, desarrollen
las gestiones fiscales pertinentes a fin de garantizar el adecuado
uso de los recursos públicos, sin menoscabo del ejercicio de las
actuaciones fiscales a que haya lugar en la oportunidad necesaria por
parte de la CGR, con el fin de impedir una eventual pérdida de los
recursos públicos.
Equipos
de diagnóstico obsoletos
Con
motivo de denuncias recibidas por la Contraloría, se ha obtenido
evidencia de la obsolescencia de los equipos de diagnóstico, que
requieren de una intervención urgente para la prestación del
servicio de radiología.
En
este sentido, la Contraloría espera una especial diligencia por
parte del gobierno departamental. Además, insta al Ministerio de
Salud y Protección Social, en la medida en que la normatividad lo
permita, a aunar esfuerzos con el departamento para suministrar
los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos de la
pandemia, gestionando lo pertinente para proveer los ventiladores que
requiera el Hospital de San Andrés, en aras de afrontar la
crisis generada en la isla por el coronavirus.
Es
importante señalar que el monitoreo permanente de todas las
necesidades que tenga el archipiélago, así como de las medidas y decisiones a asumir por el gobierno departamental en materia de
salud, son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social,
al igual que de la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que
no deben escatimar esfuerzos a fin de garantizar la prestación
de los servicios de Salud a la población sanandresana.
