viernes, septiembre 01, 2017

Neutralizado ROBERTO VARGAS GUTIERREZ alias GAVILÁN

En el marco del BLOQUE DE BUSQUEDA - OPERACIÓN CAMPAÑA MILITAR POLICIAL AGAMENÓN II - RENACER VIII se neutralizó a ROBERTO VARGAS GUTIERREZ alias GAVILÁN en el sector de PUERTO PLATA de TURBO (ANT).
- Segundo cabecilla del GAO CLAN DEL GOLFO contando con una trayectoria criminal de más de 25 años al ser demovilizado de las AUC.
- Encabezó un alto número de acciones criminales, odenando el homocidio de varios policiales en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó, actividad denominada "Plan Pistola".
- Responsable de la retoma de las rutas de narcotráfico en la región de Urabá, siendo el principal articulador de narcotráfico (producción, transporte y comerzalización) teniendo control de las principales rutas hacia el país de Panamá, así mismo lideraba la tercera generación que dejó el paramilitarismo en Colombia.
- Alias GAVILÁN posee 22 órdenes de captura, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, narcotráfico, desplazamiento forzado así mismo presenta notificacion azul de INTERPOL.

Andesco resalta las propuestas del Departamento Nacional de Planeación – DNP en relación con la creación del Fondo Único de TIC y su correspondiente contraprestación de 1.95%

La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones -Andesco- reconoce el importante avance en relación con la necesidad de generar y consolidar una política pública sectorial que promueva la inversión para lograr materializar los beneficios de la Economía Digital en Colombia como la que ha propuesto recientemente el Departamento Nacional de Planeación - DNP.


Andesco presentó al Gobierno Nacional una serie de propuestas Pro Inversión que van desde la convergencia, la promoción de la inversión, racionalización de los montos de las contraprestaciones, entre otros, los análisis realizados por el DNP coinciden con las propuestas mencionadas.
El DNP señaló que con la creación de un fondo único convergente, se reconoce la nueva realidad en la prestación de los servicios, elimina asimetrías y aumenta las eficiencias en cuanto a su planificación y administración.

Según Andesco; la unión de los Fondos de TIC y TV permite ampliar la base de recursos para el desarrollo de proyectos sociales. La reducción de la contraprestación al 1.95%, les permite a las empresas del sector direccionar nuevos recursos principalmente hacia la ampliación de la cobertura.

El informe del DNP también establece que la masificación de la economía digital generará impactos positivos a los hogares colombianos ahorrando hasta un 5,1% del PIB per cápita en compras online y la productividad podría aumentar hasta en un 2,6%. 

ONU Derechos Humanos inaugura Oficina en Montería

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos inaugura nueva Oficina en Montería est 1 de septiembre con el fin de trabajar en esta zona del país directamente por el respeto y la protección de todas las personas. La Unión Europea apoya financieramente las operaciones de esta Oficina. 

Con una Oficina permanente en Montería, ONU Derechos Humanos fortalecerá su trabajo en la región. La Oficina ha realizado misiones al departamento de Córdoba durante 15 años, sin tener una presencia permanente hasta la fecha. Durante este tiempo esta labor se ha centrado en temas relacionados con monitoreo de casos de: amenazas a defensores de derechos humanos y asesinatos y amenazas contra pueblos indígenas (pueblo Zenú); seguimiento a las medidas cautelares para el pueblo indígena Emberá Katío; acompañamiento a diálogos entre comunidad y empresas sobre derechos humanos (Caso Cerro Matoso); y acompañamiento a procesos de conflictividad por la tierra y restitución de tierras.

La Oficina de ONU Derechos Humanos se encuentra en Colombia desde 1997 y tiene presencias en terreno en Mocoa (Putumayo); enTumaco y Pasto (Nariño); en Florencia (Caquetá); en Villavicencio (Meta); Cali (Valle); Quibdó (Chocó); Medellín (Antioquia); Barranquilla (Atlántico); Cúcuta (Norte de Santander); Barrancabermeja (Santander); Neiva (Huila); y Bogotá. Próximamente estará abriendo Oficinas en Apartadó y Arauca.

La Oficina tiene según su mandato funciones permanentes de monitoreo de la situación de derechos humanos, de asesoría a las autoridades y a la sociedad civil, de cooperación técnica al país, y de información sobre la situación y sobre los derechos humanos. Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC a las anteriores funciones se añadieron los siguientes puntos:

Dado el amplio contenido de derechos humanos en el Acuerdo de Paz, las partes negociadoras solicitaron el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (la Oficina) para la implementación del acuerdo, en colaboración con otras entidades. Específicamente, a la Oficina se le encomendó:

•   Incluir en los informes anuales del Alto Comisionado al Consejo de Derechos Humanos sobre Colombia un capítulo especial sobre la implementación de los Acuerdos en materia de derechos humanos (punto 6.3.4); 

•   Acompañar la implementación del capítulo 5 del Acuerdo de Paz sobre los derechos de las víctimas (6.4.2);

•   Participar como invitada en la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, encargada del diseño y seguimiento de las acciones contra las organizaciones criminales (3.4.3);

jueves, agosto 31, 2017

El voto evangélico, el nuevo botín electoral

William Mauricio
Beltrán*

razonpublica-William Mauricio Beltrán*.- El movimiento evangélico y pentecostal viene ejerciendo una enorme influencia en la política y se ha convertido en un electorado muy apetecible. Uribe, Ordóñez y Morales se disputan estos votos, pero sus posibilidades son hoy bastante distintas.

 La “agenda moral”

En el contexto de la política local colombiana, de la victoria del “No” en el Plebiscito y, particularmente, del aporte que hicieron a este resultado las comunidades evangélicas y pentecostales (“los cristianos”, como equívocamente los registra la prensa), se pueden extraer algunas conclusiones que ayudarían a comprender las estrategias políticas que se desplegarán con miras a los comicios del próximo año.

Tal vez la más importante de estas conclusiones es el poder que tiene “la agenda moral” para aglutinar al electorado evangélico y pentecostal (en adelante, lo denominaremos evangélico). Los dos pilares más importantes de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y su rechazo de toda iniciativa que permita despenalizar el aborto – lo cual incluye una actitud negativa frente a las sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado de estos asuntos-.
La apropiación de esta agenda moral es una estrategia política que ha otorgado éxitos recientes en América Latina (al respecto se puede seguir, por ejemplo, la trayectoria política de Marcelo Crivella en Brasil), ya que ella no solo logra aglutinar a las numerosas corrientes evangélicas y pentecostales, sino que ha dado lugar a lo que Spadaro y Figueroa han denominado un ecumenismo fundamentalista e integrista.
En otras palabras, esta agenda ha puesto en un mismo lado y convertido en aliados a antiguos y enconados rivales, los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas, gracias a que unos y otros consideran que el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI entraña una forma de decadencia social e implica el riesgo de una “epidemia”: la “homosexualización” de las nuevas generaciones.
Captura de una fuerza  dispersa 
Alejandro Ordóñez, candidato presidencial 
-Foto: Procuraduría General de la Nación
Aglutinar al electorado evangélico no es una tarea fácil, ya que este movimiento se caracteriza por su fragmentación y por la rivalidad de sus líderes en cuanto a lo religioso y lo político.
En el frente religioso, las diversas organizaciones evangélicas compiten por atraer nuevos fieles. En el frente político, algunas de estas organizaciones (especialmente las más ricas y multitudinarias) compiten por trasformar la lealtad de sus fieles en votos y, por esta vía, en poder político.
En la medida en que este movimiento religioso sigue siendo el de más rápido crecimiento en Colombia, seducir a sus miembros para lograr su apoyo en las urnas se ha convertido en una tarea que debe considerar cualquiera que aspire a un cargo de elección popular.
Los dos pilares de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos LGBTI y su rechazo de despenalizar el aborto

Es una escena recurrente ver a políticos profesionales desfilar por las multitudinarias congregaciones evangélicas en periodos de campaña electoral. Para atraer el voto evangélico, los políticos recurren con frecuencia a promesas y transacciones clientelistas que se concretan entre los candidatos y los líderes de las organizaciones evangélicas con apuestas o intereses en el campo de la política electoral, transacciones que ocasionalmente son registradas por la prensa.
Así mismo, todo candidato que incluya en su programa político la promoción de los derechos de las minorías sexuales debe también incluir en sus cálculos electorales la oposición que enfrentará por este sector de la población.

Ordóñez, Morales y Uribe tras el botín evangélico

miércoles, agosto 30, 2017

Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas

En el Día Internacional de las víctimas de Desapariciones Forzadas, que tiene como propósito erradicar este grave crimen en el mundo, la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos recuerda al Estado la necesidad de cumplir con las obligaciones internacionales, aplicables tanto en escenarios de paz como en tiempos de guerra.
 La Oficina reitera la importancia de que Colombia ratifique la competencia del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, como un mecanismo urgente para proteger a todas las personas contra la desaparición forzada.
 “En este Día en el que honramos la memoria de quienes aún están desaparecidos queremos decirles a sus familiares que los acompañamos en la búsqueda permanente de sus seres queridos. Por esto valoramos la reciente creación de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado (UBPD), y esperamos que pronto entre en funcionamiento”, expresó Todd Howland, Representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
 
La UBPD tendrá como función principal la búsqueda, localización, identificación y, en caso de fallecimiento, la entrega digna de las personas desaparecidas. “La labor incansable de las víctimas y de las organizaciones sociales acompañantes ha sido indispensable para el diseño de este y otros mecanismos que tienen como objetivo garantizar sus derechos”, dijo Todd Howland.
 
Para dar respuesta a esta grave violación de los derechos humanos, la UBPD debe funcionar en coordinación con los demás mecanismos y medidas del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), garantizando la participación efectiva de las víctimas en los territorios, la aplicación de enfoques diferenciales y el diseño e implementación de planes de búsqueda nacionales, regionales e individuales para dar con el paradero de las personas desaparecidas.

martes, agosto 01, 2017

ONU valora Proyecto sobre capacidad legal de personas con discapacidad

ONU Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, sobre capacidad legal de las personas con discapacidad

 “Invito a la sociedad a tomar mayor conciencia frente a las personas con discapacidad y a fomentar el respeto de sus derechos y dignidad, así como a reconocer sus capacidades y gran aporte en relación con el lugar de trabajo y en el mercado laboral”, expresó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

La actual legislación colombiana sobre la capacidad legal limita los derechos de las personas con discapacidad, particularmente aquellas con discapacidad intelectual o psicosocial y está en contradicción con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la cual fue ratificada por Colombia en el 2011. 
 
El Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, órgano que monitorea la implementación de la mencionada Convención, recomendó al Estado de Colombia en el 2016 derogar toda disposición del Código Civil y otras normas que restrinjan parcial o totalmente la capacidad jurídica de personas con discapacidad, y adoptar medidas para proporcionar los apoyos que estas requieran para ejercer plenamente este derecho y tomar decisiones.
 
De acuerdo con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que tienen jerarquía constitucional, el Estado de Colombia, y en este caso particular el Congreso, tiene la obligación de modificar la legislación interna para que esté conforme a los tratados internacionales ratificados por Colombia.
 
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos valora positivamente el Proyecto de Ley 027/2017, “por medio del cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”, radicado recientemente ante el Congreso de la República. 
 
“Este proyecto propone remplazar las figuras de la interdicción (mediante la interdicción un juez declara que la persona no tiene la capacidad metal para actuar legalmente y se designa a otra persona para que lo represente) y la inhabilitación, por sistemas de toma de decisiones con apoyo. Asimismo, se rectifica un problema real en la legislación colombiana y se reconoce que las personas con discapacidad tienen capacidad legal en igualdad de condiciones con las demás, puntualizó Todd Howland, Representante en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.  

lunes, julio 31, 2017

Fiscalía capacitará a 3.000 policías de Vigilancia

En la jornada participan además las organizaciones de mujeres y la Alcaldía Municipal de Ibagué. 

 La Fiscalía Seccional Tolima, en los próximos cinco meses, capacitará en varias jornadas a los agentes de Policía de Vigilancia, con el fin de garantizar el acceso a la justicia a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y sexual.

En las instalaciones del Comando de la Policía de Ibagué (Tolima) se llevó a cabo la primera capacitación, a la cual asistieron 40 servidores de esa institución.
Las jornadas tienen como objetivo garantizar la atención de casos de violencia intrafamiliar, identificación inmediata de casos con riesgo feminicida y mejoramiento en la judicialización de los casos.
Algunos de los temas abordados son la efectividad de las medidas de protección a favor de las víctimas de violencia basada en género, manejo de capturas en flagrancia y de las escenas de crimen de este tipo de delitos, además de la protección de los elementos materiales probatorios para la correcta judicialización de estos.

sábado, julio 29, 2017

ICA levanta cuarentena en municipios de Arauca, a excepción de Tame

Luego de concluido el foco de fiebre aftosa presentado en la vereda Curipao, municipio de Tame, Arauca, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, levantó la medida de cuarentena que prohibía la movilización de animales en los municipios del departamento de Arauca, con excepción de Tame.

  Las medidas permiten la movilización desde y hacia los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Savarena, con destino a las plantas de sacrifico autorizadas por el INVIMA. Para el municipio de Tame, se mantiene la prohibición de animales dentro del municipio de manera indefinida, con el fin de evitar cualquier riesgo de diseminación de la enfermedad.

Luis Humberto Martínez Lacouture, gerente general del ICA, dijo que los ganaderos de Arauca, deberán solicitar la Guía Sanitaría de Movilización Interna de Animales, GSMI, con 48 horas de anticipación en la oficina de Instituto más cercana, con el objetivo de hacer una visita de inspección sanitaria previa y precintado de los vehículos.

sábado, julio 22, 2017

Reporte de Netizen: Tribunal Colombiano exige la contraseña a la cuenta de Facebook de un periodista.

El periodista investigador colombiano William Solano está siendo procesado por difamación después de escribir varios artículos para el sitio de noticias independiente DCERCA sobre la corrupción administrativa en su municipio natal de Buga. Solano también ha recibido amenazas personales en respuesta a su trabajo.



En el juicio en curso del periodista, el fiscal del distrito local ha buscado acceso a las comunicaciones de Solano para identificar fuentes clave en su reporte, que hasta ahora han permanecido anónimos.

A finales de junio, un juez de Buga autorizó al fiscal de distrito a buscar la cuenta de Facebook de Solano. El fiscal ahora está exigiendo la contraseña de la cuenta del periodista.

La Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia dice que la orden viola las protecciones constitucionales para el anonimato de las fuentes de los periodistas y ha presentado una acción que intenta proteger a Solano de la búsqueda.

Los defensores de las libertades civiles en la Fundación Karisma de Bogotá también se han pronunciado firmemente en contra de la autorización de búsqueda, calificándola de violación de los derechos a la libertad de prensa y la privacidad, y señalando que ingresar a la cuenta Facebook del periodista dará a las autoridades acceso a mucha más información de la necesaria.Caso en sí:

· Cita original
... en el caso de William Solano, el fiscal de distrito estaba autorizado a acceder no sólo a la información relacionada con el caso en sí... sino también a acceder a cualquier tipo de información relacionada con otros artículos escritos por el periodista Con información personal y familiar (que no tiene nada que ver con el caso y debe permanecer fuera de las manos del estado).
También señalaron el hecho de que la estructura de Facebook no ofrece herramientas para distinguir entre mensajes y mensajes que son - y no son - relevantes para el caso, sin leer su contenido y por lo tanto potencialmente violando la privacidad de Solano.

lunes, julio 17, 2017

La crisis de la Fiscalía a 25 años de su creación

Farid Samir
Benavides Vanegas*

Esta entidad se creó para investigar y acusar ante los jueces las conductas delictivas. Pero los fiscales generales han preferido dedicarse a formular políticas, a hacer política, a dar bandazos o a la figuración. Y hay también el fantasma de la corrupción.



Solución equivocada

razonpublica- Farid Samir Benavides Vanegas*.- La Fiscalía General de la Nación cumple 25 años en medio de una crisis causada por la captura del jefe de su Oficina Anticorrupción y al menos cincuenta funcionarios más. La respuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sorprendente porque su propuesta para luchar contra la corrupción no fortalecería a la entidad, sino que la debilitaría.

En efecto: el fiscal cree que la extradición es una buena manera de enfrentar actos de corrupción que han tenido efectos estrictamente nacionales. Esto recuerda la estrategia del gobierno nacional en la década de 1980, cuando usaba esta figura de cooperación internacional para combatir a los carteles de la droga. Esta estrategia solo produjo violencia y muerte, y puso a los jueces en la mira de los barones de la droga.

La crisis de la Fiscalía es un reflejo de la crisis de la administración de justicia en Colombia y en América Latina. En este artículo presentaré una breve historia de esta institución, de los retos que ha tenido que afrontar y de aquellos que le esperan bajo el posconflicto.

El origen

En 1979 el gobierno Turbay presentó una reforma constitucional que pretendía crear la Fiscalía General de la Nación como órgano encargado de la investigación y acusación de conductas delictivas. Por razones de forma, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la reforma. Desde entonces se exploró la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza, que sirviera como órgano de investigación y permitiera la necesaria separación entre el acusador y el juzgador.

La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados contra los funcionarios de la rama judicial. La judicatura colombiana es la rama más débil del poder público, pero para los actores armados no era la menos peligrosa.

Esta violencia, sumada a los paros judiciales por impago de salarios, la falta de independencia económica y la gran fragilidad ante presiones externas –como la corrupción y las amenazas– hicieron necesaria una reforma radical de la administración de justicia.
La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados
contra los funcionarios de la rama judicial.

De este modo, con la revolución pacífica que supuso la Constitución de 1991 se reformó la administración de justicia mediante nuevas instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía reemplazó a los viejos juzgados de instrucción criminal y pretendía dotar de mayor racionalidad a la investigación penal al darle al fiscal general la posibilidad de organizar equipos y de centralizar algunas de las tareas para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso, así como la seguridad de los funcionarios.

Investigaciones como las que fueron llevadas a cabo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos, la del proceso 8000 y la del robo del Banco de la República de Valledupar no habrían sido posibles bajo el viejo sistema.
La historia
Pero la gestión de la Fiscalía no ha estado exenta de controversias.

Ya desde el tiempo de Gaviria se recuerdan las acusaciones contra el Fiscal General Gustavo de Greiff por certificar la inexistencia de investigaciones contra unos miembros del cartel de Cali y la propuesta del propio fiscal de negociar con los narcotraficantes.

A ello se sumaba la existencia de una legislación que pretendía imitar el proceso acusatorio anglosajón en medio de la debilidad del aparato investigativo colombiano. Los artículos 37 y 37A del viejo Código de Procedimiento Penal permitían la negociación de la pena, pero no fueron usados para desmantelar las redes criminales –como en Estados Unidos, donde se premia al subalterno que delata a sus jefes–, sino para beneficiar al jefe que entrega a sus subalternos.

Con la elección de Alfonso Gómez Méndez comenzó una época caracterizada por el uso del poder de la entidad entre los congresistas. Si bien la Constitución indica que la Fiscalía puede participar en el diseño de la política criminal del Estado, con frecuencia se olvida que el encargado de dirigir dicha política es el gobierno nacional en tanto responsable de mantener el orden público y de garantizar la seguridad ciudadana.