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‘La Asamblea Constituyente no será una guerra, sino un espacio para el acuerdo nacional’: presidente Petro

Foto: archivo, Andrea Puentes - Presidencia

El presidente Gustavo Petro indicó que durante su Gobierno se han tomado decisiones en defensa de los derechos y que esto ha redundado en el bienestar de los colombianos.​

Este domingo 3 de mayo el jefe de Estado salió en defensa de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que es legítimo que el pueblo firme y haga la respectiva solicitud al Congreso, pero a la vez indicó que ese mecanismo es el camino ideal para constituir un acuerdo nacional que permita hacer las transformaciones profundas que requiere el Estado colombiano.

“La Asamblea Nacional (Constituyente) no será una guerra, sino un espacio para el acuerdo nacional que nos permita convivir en paz, nos permita el progreso de Colombia y abra las oportunidades de vivir bien a todo el pueblo de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente no será una amenaza para nadie, sino para garantizar los derechos que ya ordenó la Constitución de 1991”, escribió el mandatario en su cuenta de X​.

En ese contexto, el presidente Petro destacó que “el acuerdo nacional no es hacer más de lo mismo, que no sirve, es para transformar a Colombia por la senda de la justicia social, la democracia y el bienestar general”.

Asimismo, resaltó que durante su Gobierno se han tomado decisiones en defensa de los derechos y que esto ha redundado en el bienestar de los colombianos.

“Ya les demostré que aplicar derechos no acaba el empleo ni decrece el país ni estalla la inflación ni se empobrecen los ricos; les demostré que en un gobierno progresista se enriquecen los ricos, pero proporcionalmente más los pobres”, subrayó el jefe de Estado.

En su mensaje publicado en X, el presidente recordó que durante su Gobierno intentó hacer un acuerdo nacional convocando a todos los sectores, incluidos los empresarios más poderosos.

“En mi Gobierno reuní personalmente a los empresarios más poderosos del país y les propuse un acuerdo por el trabajo, el progreso y la vida, pero creyeron que un acuerdo era que el gobierno traicionara el programa por el que fue elegido por el pueblo y se arrodillara a sus propios programas, en favor de ellos mismos. Los ministros representantes de estas personas en mi gobierno traicionaron el programa y tuvieron que salir para hacer oposición”, aseveró.

Fuerzas cavernarias bloquearon las reformas: presidente Petro

En la misma línea, el mandatario dijo que “el actual presidente de Colombia quiere que el pueblo se exprese como poder constituyente” y agregó: “Es legítimo que el pueblo, y será el pueblo si firma, el que solicite al Congreso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.

Además, reiteró que el pueblo es soberano y que ese principio no lo puede olvidar ningún funcionario público, cualquiera que sea su jerarquía, ni ningún dirigente político de izquierda o de derecha.

A renglón seguido, el mandatario dio a conocer las razones por las cuales está convencido de que la Asamblea Nacional Constituyente se requiere actualmente en el país, especialmente para erradicar la corrupción.

“Porque las fuerzas cavernarias presentes en las instituciones constituidas bloquearon las reformas que garantizaban los derechos de las personas y que ordenaba como derechos fundamentales individuales y sociales la Constitución de 1991. Estás fuerzas cavernarias están metidas hasta los tuétanos en la corrupción y venden fallos judiciales, votaciones en la ley o expiden contratos públicos en beneficio de los grupos de especuladores poderosos, incluidos narcos”, escribió.

El presidente añadió que esas fuerzas cavernarias quieren impedir el Estado social de derecho que ordena la Constitución de 1991.

“También buscan mantener un sistema de privilegios privados que son vistos como derechos hereditarios que nos hacen una de las sociedades con menos oportunidades para la mayoría de la gente”, indicó.

Igualmente, fue enfático al decir que con el mecanismo de la Constituyente no se busca derogar ni cambiar la Constitución de 1991.

Reiteró que en su propuesta solo se añadirán dos capítulos, incluido el de los actos legislativos que no ha hecho el Congreso en 34 años de vida de la Constitución.

En referencia a los nuevos capítulos, el jefe de Estado explicó: “Los de las garantías reales, cotidianas y de vigencia inmediata de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la pensión, a servicios públicos pagaderos según sus costos, el derecho al agua potable y la nutrición correcta”.

“Se mantendrá por fuera de los cambios la composición del Congreso que eligió el pueblo y la actual Corte Constitucional”, recalcó.

Por último, el presidente Petro manifestó que debe ser el pueblo, con su firma, el que decidirá si solicita la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con estos propósitos.

Los administradores de los fondos privados de pensiones no quieren devolver el ahorro a sus afiliados: presidente Petro

​El presidente Gustavo Petro afirmó que los trabajadores cotizantes de los fondos privados de pensiones son los propietarios de sus ahorros.

Así lo afirmó este jueves el jefe de Estado en su cuenta de la red social X al responder un mensaje de la senadora Paloma Valencia, quien anunció una demanda contra el Decreto 0415 del 20 de abril del 2026, por medio del cual el Gobierno del Cambio reglamentó el traslado a Colpensiones de los recursos pertenecientes a cerca de 120.000 afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP) que se cambiaron de régimen pensional.

La norma reglamentó “la exigibilidad del traslado de recursos” desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional).

Al respecto, el presidente Petro escribió en X: “El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: El ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”.

En este contexto, el mandatario agregó que “los dueños de las administradoras de los fondos privados de pensiones son Luis Carlos Sarmiento y los banqueros dueños de Bancolombia; ellos son los que no quieren en sus fondos devolverles el ahorro a sus afiliados, porque (los afiliados) no quieren el régimen que no entrega pensión de los fondos privados, sino el de Colpensiones que sí entrega pensión”.

Asimismo, el jefe de Estado explicó que “los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones -si se trasladan libremente a Colpensiones- son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a Colpensiones”.

Además, en referencia al mensaje de la senadora Valencia, el presidente aseveró que Colpensiones no le entrega dinero al Gobierno nacional.

“Colpensiones no entrega dinero al Gobierno, no engañe a los colombianos. El Gobierno entrega más de 12 billones de pesos anuales a Colpensiones para pagarles las pensiones a las personas que trabajaron en empresas privadas y se pensionaron bajo el régimen de Colpensiones”, explicó.

La oportunidad de traslado

Sobre la razón de ser del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emitió este jueves un comunicado en el cual recordó que la oportunidad de traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones) es un mecanismo excepcional y transitorio, que está vigente desde el 16 de julio de 2024 hasta el 16 de julio de 2026.

El mecanismo cobija a los afiliados/as próximos a consolidar su derecho pensional, quienes pueden trasladarse al régimen que les resulte más favorable, previo cumplimiento de los requisitos de Ley y el proceso de Doble Asesoría.

“Este mecanismo aplica para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con mínimo 900 semanas, a quienes les falten menos de diez años para acceder a la pensión”, destacó Colpensiones.

Según información oficial de Colpensiones, con corte a febrero de 2026 unos 120.00 afiliados/as han ejercido esta Oportunidad de Traslado hacia el Régimen de Prima Media, y cerca de 25.000 personas ya tienen reconocida y están recibiendo su pensión en esta entidad, lo que evidencia el impacto de esta medida en la protección de los derechos pensionales.

El Decreto 0415 de 2026 establece la exigibilidad del traslado de recursos para dos grupos claramente definidos:

• Aquellos afiliados/as que ya consolidaron su derecho pensional y actualmente reciben su prestación a cargo de Colpensiones.

• Aquellos afiliados/as que, habiendo ejercido la Oportunidad de Traslado, aún no han consolidado su pensión, pero, quedaron vinculados al Régimen de Prima Media.

En ambos casos la reglamentación busca garantizar que los recursos acumulados en las cuentas individuales sean trasladados efectivamente a Colpensiones, asegurando la correspondencia entre la administración de los recursos y la responsabilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.

Con esta medida el Gobierno y Colpensiones fortalecen los principios de sostenibilidad financiera, equidad y solidaridad del sistema pensional, al tiempo que brindan mayor seguridad jurídica a los afiliados que han tomado la decisión de trasladarse.

Colpensiones reiteró su compromiso con la información clara y oportuna a la ciudadanía, e invitó a los afiliados/as a consultar los canales oficiales de la entidad para conocer los alcances de esta reglamentación y tomar decisiones informadas sobre su futuro pensional.

El valor del predial no depende del gobierno nacional, los campesinos no se golpean y los alimentos deben pasar.

El presidente Gustavo Petro se refiere a la urgencia de
​levantar el paro por aumento en avalúo catastral
El jefe de Estado le ordenó a la Policía y a las Fuerzas Militares levantar los bloqueos en las carreteras del país para garantizar el paso de los camiones con alimentos, en medio de las protestas relacionadas con el catastro multipropósito.

La instrucción la dio durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, donde pidió actuar con prudencia, pero con firmeza. “La Constitución lo dice: ni un muerto, ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República”, afirmó.

El mandatario fue enfático en que el abastecimiento no puede verse afectado. “La comida pasa, porque no voy a dejar morir de hambre y volver a los tiempos de la pobreza de este país”, señaló.

En su intervención, también se refirió a la actualización catastral, tema que ha generado protestas en varias regiones. Explicó que el catastro multipropósito permite contar con información actualizada sobre los predios y aclaró que el valor del impuesto predial no depende del Gobierno nacional.

“Lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial, que es determinado por la tarifa, no por la base”, indicó.

En ese sentido, insistió en que la definición del predial es competencia de los alcaldes y los concejos municipales. “No es el Gobierno nacional el que fija esa tarifa. Cada municipio sabe cómo es y debe resolverlo a través de acuerdos locales, en asambleas y cabildos abiertos”, afirmó.

El presidente también advirtió sobre lo que considera desinformación en torno a este tema y llamó a dirigir las reclamaciones a las autoridades locales. “Cuando el impuesto lo pone el rico del pueblo, vayan contra el rico del pueblo y pacten”, dijo.
Frente a posibles irregularidades, señaló que las autoridades de control tienen la facultad de actuar.

“Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia”, aseguró.
Al mismo tiempo, pidió que las manifestaciones se atiendan sin excesos. “Los campesinos no se golpean, ni se les va a sacar los ojos, ni a meter presos”, subrayó.
Finalmente, el jefe de Estado ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, reunirse de manera urgente con alcaldes y gobernadores para buscar una salida a las protestas que se han extendido en distintas regiones del país.

El 8 de enero finaliza la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos.

Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación

Inscripción de ciudadanos en Colombia

Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Consulte las sedes aquí 

Puntos de inscripción de ciudadanos ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí

Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí

Inscripción de colombianos en el exterior

Virtual: plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (funcional únicamente fuera del país).

Presencial: consulados de Colombia en el exterior.

En 2025: más de $35.700 millones en sanciones a prestadores de servicios públicos

Durante 2025 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por más de $35.715 millones a empresas prestadoras de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, tras identificar incumplimientos a la regulación y vulneraciones a los derechos de los usuarios. Las sanciones hacen parte de los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados por la entidad en todo el país.

Felipe Durán Carrón
Superintendente Servicios Públicos Domiciliarios
Energía y gas: más de $21.712 millones en sanciones

En los servicios de energía eléctrica y gas, las multas superaron los $21.000 millones.

En energía eléctrica se impusieron cinco sanciones, incluida una amonestación, y se resolvieron recursos que dejaron multas por $7.594 millones, asociadas a incumplimientos en indicadores de calidad, fallas en la prestación del servicio, vulneración del debido proceso de los usuarios y/o falta de reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).

En el sector del gas, se impusieron 12 sanciones que dejaron multas por $14.118 millones. Las principales causales estuvieron relacionadas con incumplimientos en el mercado mayorista de gas natural, fallas técnicas y vulneraciones al debido proceso, así como infracciones en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible de uso doméstico e industrial.

Acueducto, alcantarillado y aseo: más de $14.000 millones en multas

En acueducto y alcantarillado las sanciones superaron los $7.526 millones, sobre todo por no instalar instrumentos de medición del consumo, errores en la facturación, incumplimiento de la metodología tarifaria y fallas en la calidad del agua para consumo humano.

En el servicio de aseo se impusieron sanciones por más de $6.475 millones, relacionadas con incumplimientos técnicos, fallas en la actividad de aprovechamiento, ausencia de permisos ambientales y reportes deficientes al SUI.

En conjunto las multas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo ascienden a más de $14.000 millones.

La Superintendencia reiteró que estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la regulación vigente y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad

Con inscripción de comité promotor, se activa el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, que apoya el Gobierno

​Con la inscripción del Comité Promotor de ciudadanos, comienza el
proceso oficial de recolección de firmas para convocar
 una Asamblea Nacional Constituyente.
“Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo resaltó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar".

Con este paso del Comité Promotor se consolidó el llamado que, desde hace meses, ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuando invitó a los colombianos a ejercer su poder constitucional para acabar con el bloqueo institucional que padece el país.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, a nombre del Gobierno, acompañó la radicación del Comité Promotor para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que “a partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia".

La propuesta de convocatoria abre el proceso de recolección de firmas para radicar el pro​yecto de ley en el Congreso de la República que sea elegido en marzo de 2026.

El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

En este sentido, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del Comité Promotor, aseguró que llegaron a la Registraduría a radicar “el primer proceso de Asamblea Constituyente para convocar a más de 3 millones de personas que firmen el proyecto de ley que va a ser radicado el 20 de julio de 2026, para iniciar una etapa contemporánea de la República y contribuir a la paz y al restablecimiento de una economía en el proceso de descentralización de los territorios".

El líder indígena dijo además que es necesario reconocer los derechos de “15 millones de personas campesinas, de millones de obreros, de cinco millones de personas negras, de dos millones y medio de indígenas de 15 pueblos, de un millón de personas en el exilio. Somos 9 millones de personas víctimas y es necesario iniciar este proceso de constituyente primario y establecer un avance significativo que no se ha logrado superar con las Constitución del 91".

Comentó que hay que “avanzar y consolidar las leyes, avanzar en estos procesos que obstaculizan, como ha sucedido en el momento actual con el parlamento. Necesitamos rebasar eso, legitimar más al pueblo y hacer mucho más presencia, porque haya una economía que salga de esa minoría".

De hecho, en el documento de radicación del Comité Promotor se indicó que la convocatoria a la Asamblea Constituyente “se fundamenta en la necesidad de reformas estructurales en salud, educación, trabajo y economía".

Se indicó además que “la tarea de un estado de bienestar está inconclusa, porque el Estado ha sido permeado por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, ante el incumplimiento sistemático del Estado Social de Derecho y la violación constante de los Derechos Humanos", por lo que consideraron: “Se hace imprescindible un nuevo proceso constituyente".

“Esta iniciativa busca reparar los vacíos en el desarrollo rural y social, garantizando finalmente los derechos fundamentales que la estructura actual no ha logrado proteger", anotó la sustentación.

En materia de fundamentación, la solicitud de inscripción estableció que se soporta en “los artículos 374 y 376 de la Constitución Política de Colombia, así como lo preceptuado en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, los cuales regulan los mecanismos de reforma constitucional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".

Respaldo del Gobierno del Cam​bio

Luego de acompañar la radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, cuando asume el nuevo Congreso de la República que será elegido el 8 de marzo del año entrante.

“Con este Congreso no, porque se ha caracterizado por oponerse a las iniciativas de reformas sociales y ha generado una suerte de bloqueo institucional que ha impedido que las principales reformas que el pueblo colombiano votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, pudiesen tramitarse", explicó el funcionario.

Mientras, es decir desde ahora y hasta el 20 de julio, los promotores y con el acompañamiento de Gobierno, adelantarán una campaña pedagógica y de recolección de firmas.

“Tiene que ser una campaña, porque hay que recoger por lo menos tres millones de firmas, aunque el presidente Petro ha dicho que diez millones de firmas, para inscribir ante la Registraduría", añadió el ministro.

El jefe de la cartera laboral sostuvo que el objeto de convocar la Asamblea Constituyente es para “hacer realidad el Estado Social de Derecho".

“Desde el Gobierno estaremos acompañando este proceso y desde luego estimulándolo, porque nos parece que las reformas sociales no pueden quedarse a mitad de camino, y otras que son necesarias sean realidad. Si el Congreso se muestra incapaz para hacerlo, como ha quedado nuevamente en evidencia, pues le corresponde al pueblo y al poder constituyente garantizar esos cambios y esas reformas que, además, fueron prometidas en la Constitución de 1991 que no se han hecho realidad. Esta constituyente es para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91", afirmó.

En el temario que se radicará el 20 de julio se incluirán las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, como la reforma a la salud, a la justicia, política y otras que serán definidas próximamente, concluyó el ministro Sanguino.

Alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta canasta vital de una familia

​​Alocución presidencial en la qu​e el mandatario habló de
avances en derechos laborales.
 El incremento del salario mínimo deberá garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como lo ordena la Constitución.

​Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro durante una alocución de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026.

Por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital, según lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.

Según la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".

Entre 2019 y 2022, en el gobierno de Iván Duque, el salario mínimo real cayó 1,4 %, mientras que de 2023 a 2025, ya en el Gobierno del presidente Petro subió 17,7 %, es decir, una notoria recuperación del ingreso para millones de trabajadores.

“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %".

En 2022 el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento de 16 %. Después se decretó otra alza de 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025 el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento de 9,54 %.

Con el Gobierno del Cambio, las negociaciones salariales están inclinándose hacia los intereses de los trabajadores, luego de décadas en las que estuvieron dominadas por acuerdos entre élites políticas y económicas.

La expectativa de incremento del salario mínimo de 2025 está en que se mantengan los rangos de los últimos años, que han significado un avance importante en los ingresos y el nivel de vida de 2,2 millones de trabajadores.

Para el Presidente Petro, este año se decidirá sobre el salario vital, que es un cambio fundamentado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución colombiana y las leyes.

‘La carrera diplomática y sus cargos deben abrirse a toda la población: presidente Petro

​El presidente Petro se refició a las bondades de abrir el servicio
d​iplomático a toda la población colombiana.
Así lo enfatizó este domingo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en respuesta a informes de prensa y columnas de opinión contra el borrador de decreto del Gobierno mediante el cual se pretende permitir que el servicio exterior o diplomático sea más incluyente, no el espacio reservado a unas pocas familias.

​“Si en algún lugar administrativo se respira el olor rancio de una aristocracia falsa que es en realidad oligarquía, es en el servicio diplomático. No se trata de censurar blanquitos o hijos de las mal llamadas 'familias de bien', sino de abrir la carrera diplomática y sus cargos a toda la población colombiana", escribió el mandatario.

El jefe de Estado consideró que con honrosas excepciones el servicio diplomático colombiano “ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la guerra fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior".

Agregó que el personal vinculado al servicio en el exterior “no estudia el mundo contemporáneo y sus conflictos, y no está acostumbrado a que Colombia busque puestos de vanguardia mundial".

Además, consideró que el servicio diplomático “se siente cómodo con los políticos colombianos que ven las embajadas como lugares de descanso y lujo".

Por esto, recalcó que “la carrera diplomática y sus cargos deben abrirse a toda la población colombiana", y que “las embajadas y consulados de Colombia deben ser espacios de unión y articulación de la humanidad".

​Colombia, el p​aís de la belleza para el mundo

En el mismo sentido, el presidente se refirió a las críticas a su Gobierno por las inversiones en las nuevas embajadas en el mundo árabe.

“Nos criticaba una parlamentaria de la oposición, porque las nuevas embajadas abiertas en el mundo árabe son lujosas. No entendió. No es lujo, es la elegancia para que Colombia se vea en países ricos de tú a tú, es la belleza de Colombia traída a arquitecturas de otros pueblos, para que nuestros compatriotas sean atendidos como se merecen", resaltó.

El mandatario fue enfático al indicar que “lo que teníamos era lujo para las residencias de embajadores y pocilgas para la atención de colombianos".

“Colombia es el corazón del mundo, debe comprender toda la diversidad humana y comportarse como es: el país de la belleza y el corazón del mundo abierto a todas las culturas de la tierra; por eso toda su diversidad, de las más ricas del mundo, debe expresarse en su sistema diplomático", dijo finalmente en su mensaje en X.

"A nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica"

En un acto cargado de sentimiento y emotividad, el presidente Gustavo Petro, a nombre del Estado colombiano, les pidió a las miles de víctimas del partido político Unión Patriótica, por el genocidio de más de 6.200 de sus militantes entre los años 1984 y 2000.

En el ‘Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica’, el mandatario expresó: “Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el Gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político, y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá”.

Sin embargo, se preguntó “¿dónde están los presidentes de las Cortes judiciales que ayer nos criticaban? ¿Por qué no están hoy? ¿No son parte del Estado? ¿No es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también Corte de Colombia? ¿No es que hay que cumplir las sentencias, y es una sentencia pedir perdón a la Unión Patriótica por catorce hechos a las víctimas de la Unión Patriótica?”, cuestionó.

Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano pedir perdón a las víctimas de la UP por 14 delitos:

1) Violación de la libertad de expresión, asociación y derechos políticos.
2) Violación del derecho a la vida.
3) Violación de personalidad jurídica, integridad personal y libertad y desaparición forzada.
4) Violación de derechos de niñas y niños.
5) Violación de la integridad personal, tentativa de homicidio, amenaza y hostigamiento.
6) Violación de la integridad personal, tortura.
7) Violación de la libertad personal.
8) Violación del derecho a la honra.
9) Violación del derecho de circulación y residencia, desplazamiento forzado.
10) Violación de la libertad personal y de las garantías y protección judiciales por procesamientos indebidos.
11) Violación de la integridad personal por torturas en procedimientos indebidos.
12) Violación de garantías y protección judiciales por falta de investigación de torturas.

El jefe de Estado hizo alusión a las próximas elecciones, en las que no podrá participar, pero que tienen que servir para “defender la dignidad de la soberanía nacional”.

El presidente Gustavo Petro les pidió perdón a las víctimas de
la UP por el genocidio político cometido.​​​
“No aceptamos amenazas, si nos amenazan nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía: ‘si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta’. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia, estamos despertando y nos van a despertar, quizás a la fuerza, pero ese despertar será huracanado y tormentoso, pero feliz, alegre”.

Haciendo una analogía, a los sobrevivientes de la UP, el presidente les pidió tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.

“Y la energía de estas miles de personas, que siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones, no nos pueden asesinar, ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia. Ahora somos una bandera erguida y no vamos a dejar que la insulten, no vamos a dejar que la escupan en sangre, vamos a levantarnos en dignidad con las manos de millones y millones”, concluyó.

Corte Constitucional. Vivienda Digna y Adecuada

La Corte enfatizó en que el derecho a la vivienda digna no se restringe a los mecanismos de financiación de la propiedad, sino que se extiende a siete condiciones para su garantía:

- La seguridad jurídica de la tenencia.
- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.
- Los gastos soportables.
- La habitabilidad.
- La asequibilidad.
- El lugar.
- La adecuación cultural.

Para la Corte, las dimensiones descritas dan cuenta de que el derecho a la vivienda digna no se reduce a la simple existencia de un espacio físico donde habitar, también se extiende a la adecuación y dignidad de ese espacio, es decir, a que cumpla con las condiciones materiales reseñadas. Asimismo, afirmó que una vivienda solo es digna y adecuada, si el espacio habitacional en el que se reside protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano.

En concordancia con lo anterior, la Sala recordó que la Ley 388 de 1997 estableció que los entes territoriales están llamados a identificar las zonas de alto riesgo con el objetivo de que, en el plan de ordenamiento territorial, se implementen mecanismos para la prevención de desastres. En este sentido, la Corte destacó que las obligaciones estatales están directamente asociadas a la faceta de habitabilidad de la vivienda digna.

Para la Sala es claro que, si el espacio físico en el que se reside no ofrece plena protección a sus ocupantes y por el contrario es una fuente de riesgos y amenazas de carácter estructural, existe una violación al derecho fundamental a la vivienda digna que debe ser remediado.

De ese modo, es importante que las intervenciones urbanísticas que desarrollan los municipios estén encaminadas a reforzar la seguridad de los asentamientos humanos y la mejora continua en las condiciones de existencia de la población.

Caso concreto

La Sala Cuarta de Revisión, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, amparó el derecho a la vivienda digna de una ciudadana cuya unidad residencial se vio afectada por la ejecución de una obra de pavimentación en las inmediaciones de su hogar.

En el caso concreto, aunque a la Corte no le fue posible definir técnicamente el grado de relación causal entre el proyecto de pavimentación en la zona y la generación de la problemática de agrietamiento y erosión en la casa de la accionante, sí pudo probarse la existencia inminente de un riesgo que el ente territorial estaba llamado a identificar y solventar.

Por otro lado, la Corporación destacó que, desde el punto de vista de la obra de pavimentación, el municipio no podía sustraerse de sus obligaciones constitucionales y legales con fundamento en el cumplimiento del contrato. Sin desmedro de los propósitos del proyecto, la Corte recordó que la acción urbanística debe tender a mejorar y no a empeorar la vida de las personas que residen en su jurisdicción.

En consecuencia, la Corte le ordenó a la Alcaldía Municipal que realice los estudios para establecer la solución más idónea a la problemática identificada en el terreno sobre el cual está erigida la vivienda de la accionante. Aunado a lo anterior le ordenó que, luego de identificar la solución más adecuada, deberá llevarla a cabo entre los seis meses siguientes a la notificación del fallo.

Por último, ordenó al ente territorial que, en caso de observar daños inminentes en la vivienda que comprometan la integridad de la accionante, adelante las gestiones necesarias para orientarla en la búsqueda y obtención de una alternativa de vivienda segura. Al respecto precisó que, en caso de ser necesaria, dicha medida deberá concederse hasta el momento en que la accionante pueda regresar a su lugar de residencia en condiciones de seguridad, o en su defecto acceder a una solución definitiva de vivienda digna.

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Glosario jurídico
Vivienda digna: “Una vivienda solo es digna y adecuada (…) si el espacio habitacional en el que se reside efectivamente protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano”.

Comité Social impulsará la Constituyente

Al dirigirse a los colombianos y colombianas, el jefe de Estado aseguró que el motivo de la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, que se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, era convocar “a toda Colombia, al poder constituyente, no para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar”.

“Queremos recoger dos millones y medio de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del Gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio (de 2026) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, reiteró.

Explicó que no se trata de largos periodos de discusión en un Congreso “que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto”, sino que “tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo”.

“Tres meses, y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia”, anotó.

Aclaró que cuando se instale la Asamblea ya no será presidente de Colombia, pero “lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes, que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana”.

“Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia”, dijo al invitar a los colombianos a que “sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia”.

“Poder constituyente, entonces, un Comité Nacional de fuerzas sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por dos o multiplicado por cuatro”, insistió.

Comentó que espera que tanto las firmas como el proyecto de ley, que contenga todas las reformas que el país requiere, estén listas para radicarlas en el nuevo legislativo “cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia”.

“Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró.

Manifestó que como un ciudadano corriente acudirá a las calles, las plazas, las veredas para que los colombianos voten por sus constituyentes para hacer “las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia”.

“Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones y son de multitudes y son pacíficas”, concluyó.

Gobierno presentó proyecto de ley que convoca a Asamblea Nacional Constituyente

Así lo anunció desde Shanghái (China), el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aseguró que en el texto de la iniciativa se propone que esta Asamblea sea constituida por 71 delegatarios, integrada paritariamente por hombres y mujeres, con espacio para sectores que se proyectan de manera diferente a las clasificaciones binarias sobre el género, propias de la tradición filosófica de occidente.

“Con este proyecto queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro. Es el ciudadano, como lo hicieron los griegos que inventaron en la polis de Atenas la democracia, quien debe decidir su propio destino", dijo el ministro.

A su vez, manifestó que el texto se pondrá a consideración de los sectores sociales, con el propósito de “construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia. A través de la confrontación de argumentos y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país. La Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer gobierno de izquierda de nuestra historia".

En este sentido, el presidente Petro desde su cuenta de X aseguró que “el borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas".

“El texto se presentará al congreso, como ordena la constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano", anotó.

El ministro, por su parte, dijo que con este texto “daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar".

El titular de la cartera se sumó a la invitación que hizo el presidente a los colombianos a la gran marcha para construir la nueva Constitución del Cambio, con el fin de “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso".

El pr​​oyecto​

La iniciativa para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente consta de 11 artículos.

El proyecto de ley “dispone que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente", y plantea en su artículo 3 la reforma total de la Constitución de 1991 y aclara que “no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens (concepto del derecho internacional referente a normas imperativas y obligatorias que no pueden ser derogadas por acuerdos entre Estados), la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales".

En su artículo 4 determina que “la Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses, contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral".

Consulte el texto de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente aquí.

Con subsidio para alrededor de 350 gestores comunitarios empieza a operar decreto que concibe el agua como bien común

Con el acceso al subsidio comunitario se han beneficiado 116.000 familias de
estratos 1 y 2. Foto: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
​​Así lo dio a conocer el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del lanzamiento oficial del Decreto 960 de septiembre del 2025, acto que contó con la participación de más de 800 gestores del agua de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Tolima, Vaupés, Meta, Santander, Boyacá, La Guajira, Arauca, Risaralda y Cundinamarca.

Mediante este Decreto el Gobierno del Cambio reconoce la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico como un modelo en el que se concibe el agua como bien común y en el que las comunidades se organizan. Además, a través de procesos participativos, democráticos y de autogestión contribuyen a garantizar el derecho al agua y a proteger las fuentes de las que se abastecen.

Con el acceso al subsidio comunitario se han beneficiado 116.000 familias de estratos 1 y 2. El valor máximo del subsidio por usuario es de hasta 15.853 pesos mensuales y no podrá exceder el 80% del valor total de la factura. El monto se ajusta cada año de acuerdo con el IPC (índice de Precios al Consumidor).

“Hoy abrimos la puerta a los convenios solidarios para que desde el presupuesto de la nación podamos financiar necesidades de los gestores comunitarios, cerca de 12 millones de personas no tienen agua potable y el Estado debe mirar esas organizaciones que les lleva agua para fortalecerlas”, destacó el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby.

Al respecto, la vocera de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, María Alcira Martínez, destacó que este es un gran paso para garantizar el acceso digno al agua.

Nuestro compromiso es seguir cuidando los territorios, fortaleciendo la gestión y garantizando que cada gota de agua siga siendo vida. Agradecemos este espacio para dar este paso grande para la regulación en el país. Y hoy todos decimos: Se escribe con agua y se lee democracia”, sostuvo la vocera.

A través de la formulación de esta política pública de gestión comunitaria del agua se reconoce el papel fundamental que representa este modelo para más de 9 millones de personas en todo el territorio nacional.

De hecho, el Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo, resaltó que Colombia es un referente mundial frente a esta política de gestión del agua.

“En varias ocasiones he citado a Colombia como un ejemplo a nivel mundial, especialmente a lo que se refiere a la gestión del agua y saneamiento básico rural. Promover una gobernanza democrática del agua, entendida como bien común y no una mercancía, en esos dos frentes, ustedes son maestros y maestras”, recalcó Arrojo.

El Ministerio informó que para la materialización de este decreto se hicieron cuatro talleres regionales en Montería, Villavicencio, Riohacha y Bogotá. Hubo 11 mesas de trabajo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Gobierno nacional asciende a más de 15 mil policías

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, la Policía Nacional asciende este viernes de manera simultánea a 15.971 integrantes del nivel ejecutivo, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para acceder al grado inmediatamente superior.

Durante el gobierno del Cambio, más de 65.000 uniformados han sido promovidos en el marco de la Política de Bienestar liderada por la Presidencia de la República, consolidando un proceso de reconocimiento a la labor policial en todo el país.

Entre los ascendidos desde 2022 se destacan 2.967 afrodescendientes, 208 indígenas, 285 mulatos y 62 raizales, reflejando la pluriculturalidad de la institución. Así mismo, 6.883 mujeres han logrado ascender en este periodo, fortaleciendo la participación femenina en la Policía Nacional.
En esta jornada serán promovidos, además, 4 comisarios, 103 subcomisarios, 2.770 intendentes jefe y 4.552 intendentes. Un grupo significativo de patrulleros que pasará al grado de Subintendente recibió previamente su titulación como tecnólogos en Gestión del Servicio de Policía, con formación en derechos humanos, gestión territorial, ética, actualización jurídica, sistema táctico básico y administración pública.
Durante su capacitación, los uniformados también profundizaron en los criterios de implementación y despliegue del Plan Democracia, una de las prioridades institucionales de la actual administración.

El ascenso de estos hombres y mujeres constituye un logro individual y colectivo que aporta al fortalecimiento de la Policía Nacional, enmarcado en la defensa de la soberanía, la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos.

Más de 3 millones de adultos mayores recibirán el Pilar Solidario: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro anunció este martes que a partir del próximo semestre iniciará la puesta en marcha del Pilar Solidario: un componente central de la Reforma Pensional, que garantizará renta básica solidaria para todas las personas mayores que hoy no tienen cobertura pensional, y que tendrá un impacto importante en la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad en Colombia.

“La mayoría de los pobres extremos en Colombia son personas mayores; y la Reforma Pensional, al darle un bono pensional a todas las que no reciben pensión, prácticamente nos permite superar la pobreza extrema: en 2026 la tasa sería de 2 %. Ese es el cambio, pero necesita que la Corte Constitucional ratifique la ley”, dijo el presidente.

La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos, estuvo a cargo de explicar, durante el consejo de ministros, que el Pilar Solidario beneficiará a más de 3 millones de personas mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, y que nunca pudieron acceder a una pensión a través de los mecanismos tradicionales.

“El Estado colombiano asume su responsabilidad histórica con los adultos mayores. El Pilar Solidario es justicia social, es redistribución y es la garantía de una vejez con dignidad para quienes toda su vida trabajaron sin reconocimiento”, expresó Hoyos.

El Pilar Solidario se entregará mensualmente, y representará un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, es decir 230.000 pesos mensuales; se financiará a través de recursos del Presupuesto General de la Nación y el Fondo de Solidaridad Pensional. Los beneficiarios serán mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años que, a pesar de haber aportado al desarrollo del país durante toda su vida laboral, no lograron acceder a una pensión.

Superación de la pobreza

Prosperidad Social proyecta que la implementación del pilar reduzca la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales, en 2025, y en 6,4 puntos porcentuales, en 2026. Son estimaciones que el equipo técnico de la entidad hizo con base en los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023: “Se estima que al finalizar 2025, alrededor de 156.000 personas mayores saldrían de la pobreza extrema, gracias a los recursos del pilar; en 2026, la cifra de personas que superarían esas condiciones ascendería a 400.000”, dijo Hoyos.

La pobreza extrema en la población mayor es un problema estructural que ha persistido en el país, debido a la limitada eficacia de los programas sociales existentes. Esta renta básica solidaria es una medida de protección universal frente al riesgo de exclusión social y la imposibilidad de generar ingresos, que reconoce a los beneficiarios el derecho a una vida digna.

“Con esta transformación, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con los sectores más excluidos de la sociedad, avanzando hacia un país más justo y equitativo”, dijo Hoyos.

Un cambio estructural para cerrar brechas

El Pilar Solidario hace parte del nuevo modelo pensional basado en pilares: Contributivo, Semicontributivo, Voluntario y Solidario. Esta estructura busca mejorar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad del sistema, y corregir la regresividad del modelo anterior, en el que los mayores subsidios se dirigían a las pensiones más altas.

Perfil de los beneficiarios

Los posibles beneficiarios del Pilar Solidario tienen, entre otras, las siguientes características:

- 63 % son mujeres y 37 % hombres.
- 35 % viven en zona rural y 65 % en zona urbana.
- 50 % se autorreconocen como campesinos.
- 12,4 % se identifican como parte de una comunidad étnica.
- 22 % son personas con discapacidad.
- 11 % tienen incapacidad permanente para trabajar.
- 42,2 % habitan viviendas en malas condiciones.
- 8,8 % no tienen vivienda.

Comisión IV estaría ‘haciéndole conejo’ a la reforma laboral: presidente Petro

“Nos acercamos a días difíciles, intensos. Se hizo trampa en la consulta popular en el Senado. El presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular, y eso no se le hace a un pueblo”.

Así lo manifestó este viernes el presidente Gustavo Petro al advertir que “tiene la oportunidad la Comisión IV del Senado de reparar, pero por lo que he alcanzado a leer hoy, están haciendo conejo”.

Ante la posibilidad de que se les incumpla nuevamente a los trabajadores, el mandatario consideró que “el pueblo no se puede parar” y puede exigir sus derechos, pero debe hacerlo pacíficamente.

Al respecto precisó: “Quiero advertirlo bien y con claridad: cada acto de violencia va contra el pueblo. Hay que tener un gran control. Tienen derecho a la huelga, tienen derecho al paro, pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas, comenzando por la Fuerza Pública, a la cual no hay que agredir –como tampoco la Fuerza Pública tiene que agredir al pueblo–, ni a los bienes de la clase media”.

Resaltó que “no tiene la culpa el vidrio, no tiene la culpa el soldado, ni la Policía, ni el agente. Puede haber conflictos en el barrio, muchos, pero de este problema los únicos culpables son los que deberían ser representantes del pueblo, los grandes portadores de la riqueza en Colombia y los ex, que siguen con nostalgia de recuperar el poder”.

El jefe de Estado se preguntó para qué estos poderosos quieren recuperar el poder: “¿Para volver a llenar de sangre el Magdalena Medio, el Chocó y las tierras de Colombia y seguir manteniéndonos en el feudalismo, y seguir manteniendo en la ignorancia a la juventud y al pueblo?”.

“No podemos volver atrás”, expresó el presidente Petro y sostuvo: “Es la patria y es la bandera de Bolívar y su espada la que señala el camino, como bien lo dijo él: No se envainará la espada hasta que haya justicia”.

“Justicia no ha habido en Colombia. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de la Tierra”, dijo, y puntualizó: “Estos días que vamos a vivir y hemos vivido son los días en que la espada desenfundada de Bolívar nos guía para construir, ojalá, una gran Colombia en paz y con justicia social”.

El presidente Petro se refirió al tema durante la entrega de 4.500 hectáreas de tierras usurpadas por paramilitares, predios que continuaban bajo el control de estructuras ilegales y de familiares de narcotraficantes, y que, gracias a la acción del Gobierno del Cambio, regresan a manos de sus poseedores genuinos: los campesinos del Magdalena Medio.

¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​
El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

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