El 8 de enero finaliza la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos.

Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación

Inscripción de ciudadanos en Colombia

Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Consulte las sedes aquí 

Puntos de inscripción de ciudadanos ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí

Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí

Inscripción de colombianos en el exterior

Virtual: plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (funcional únicamente fuera del país).

Presencial: consulados de Colombia en el exterior.

En 2025: más de $35.700 millones en sanciones a prestadores de servicios públicos

Durante 2025 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por más de $35.715 millones a empresas prestadoras de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, tras identificar incumplimientos a la regulación y vulneraciones a los derechos de los usuarios. Las sanciones hacen parte de los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados por la entidad en todo el país.

Felipe Durán Carrón
Superintendente Servicios Públicos Domiciliarios

Energía y gas: más de $21.712 millones en sanciones

En los servicios de energía eléctrica y gas, las multas superaron los $21.000 millones.

En energía eléctrica se impusieron cinco sanciones, incluida una amonestación, y se resolvieron recursos que dejaron multas por $7.594 millones, asociadas a incumplimientos en indicadores de calidad, fallas en la prestación del servicio, vulneración del debido proceso de los usuarios y/o falta de reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).

En el sector del gas, se impusieron 12 sanciones que dejaron multas por $14.118 millones. Las principales causales estuvieron relacionadas con incumplimientos en el mercado mayorista de gas natural, fallas técnicas y vulneraciones al debido proceso, así como infracciones en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible de uso doméstico e industrial.

Acueducto, alcantarillado y aseo: más de $14.000 millones en multas

En acueducto y alcantarillado las sanciones superaron los $7.526 millones, sobre todo por no instalar instrumentos de medición del consumo, errores en la facturación, incumplimiento de la metodología tarifaria y fallas en la calidad del agua para consumo humano.

En el servicio de aseo se impusieron sanciones por más de $6.475 millones, relacionadas con incumplimientos técnicos, fallas en la actividad de aprovechamiento, ausencia de permisos ambientales y reportes deficientes al SUI.

En conjunto las multas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo ascienden a más de $14.000 millones.

La Superintendencia reiteró que estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la regulación vigente y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad

Con inscripción de comité promotor, se activa el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, que apoya el Gobierno

​Con la inscripción del Comité Promotor de ciudadanos, comienza el
proceso oficial de recolección de firmas para convocar
 una Asamblea Nacional Constituyente.

“Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo resaltó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar".

Con este paso del Comité Promotor se consolidó el llamado que, desde hace meses, ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuando invitó a los colombianos a ejercer su poder constitucional para acabar con el bloqueo institucional que padece el país.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, a nombre del Gobierno, acompañó la radicación del Comité Promotor para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que “a partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia".

La propuesta de convocatoria abre el proceso de recolección de firmas para radicar el pro​yecto de ley en el Congreso de la República que sea elegido en marzo de 2026.

El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

En este sentido, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del Comité Promotor, aseguró que llegaron a la Registraduría a radicar “el primer proceso de Asamblea Constituyente para convocar a más de 3 millones de personas que firmen el proyecto de ley que va a ser radicado el 20 de julio de 2026, para iniciar una etapa contemporánea de la República y contribuir a la paz y al restablecimiento de una economía en el proceso de descentralización de los territorios".

El líder indígena dijo además que es necesario reconocer los derechos de “15 millones de personas campesinas, de millones de obreros, de cinco millones de personas negras, de dos millones y medio de indígenas de 15 pueblos, de un millón de personas en el exilio. Somos 9 millones de personas víctimas y es necesario iniciar este proceso de constituyente primario y establecer un avance significativo que no se ha logrado superar con las Constitución del 91".

Comentó que hay que “avanzar y consolidar las leyes, avanzar en estos procesos que obstaculizan, como ha sucedido en el momento actual con el parlamento. Necesitamos rebasar eso, legitimar más al pueblo y hacer mucho más presencia, porque haya una economía que salga de esa minoría".

De hecho, en el documento de radicación del Comité Promotor se indicó que la convocatoria a la Asamblea Constituyente “se fundamenta en la necesidad de reformas estructurales en salud, educación, trabajo y economía".

Se indicó además que “la tarea de un estado de bienestar está inconclusa, porque el Estado ha sido permeado por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, ante el incumplimiento sistemático del Estado Social de Derecho y la violación constante de los Derechos Humanos", por lo que consideraron: “Se hace imprescindible un nuevo proceso constituyente".

“Esta iniciativa busca reparar los vacíos en el desarrollo rural y social, garantizando finalmente los derechos fundamentales que la estructura actual no ha logrado proteger", anotó la sustentación.

En materia de fundamentación, la solicitud de inscripción estableció que se soporta en “los artículos 374 y 376 de la Constitución Política de Colombia, así como lo preceptuado en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, los cuales regulan los mecanismos de reforma constitucional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".

Respaldo del Gobierno del Cam​bio

Luego de acompañar la radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, cuando asume el nuevo Congreso de la República que será elegido el 8 de marzo del año entrante.

“Con este Congreso no, porque se ha caracterizado por oponerse a las iniciativas de reformas sociales y ha generado una suerte de bloqueo institucional que ha impedido que las principales reformas que el pueblo colombiano votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, pudiesen tramitarse", explicó el funcionario.

Mientras, es decir desde ahora y hasta el 20 de julio, los promotores y con el acompañamiento de Gobierno, adelantarán una campaña pedagógica y de recolección de firmas.

“Tiene que ser una campaña, porque hay que recoger por lo menos tres millones de firmas, aunque el presidente Petro ha dicho que diez millones de firmas, para inscribir ante la Registraduría", añadió el ministro.

El jefe de la cartera laboral sostuvo que el objeto de convocar la Asamblea Constituyente es para “hacer realidad el Estado Social de Derecho".

“Desde el Gobierno estaremos acompañando este proceso y desde luego estimulándolo, porque nos parece que las reformas sociales no pueden quedarse a mitad de camino, y otras que son necesarias sean realidad. Si el Congreso se muestra incapaz para hacerlo, como ha quedado nuevamente en evidencia, pues le corresponde al pueblo y al poder constituyente garantizar esos cambios y esas reformas que, además, fueron prometidas en la Constitución de 1991 que no se han hecho realidad. Esta constituyente es para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91", afirmó.

En el temario que se radicará el 20 de julio se incluirán las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, como la reforma a la salud, a la justicia, política y otras que serán definidas próximamente, concluyó el ministro Sanguino.

Alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta canasta vital de una familia

​​Alocución presidencial en la qu​e el mandatario habló de
avances en derechos laborales.

 El incremento del salario mínimo deberá garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como lo ordena la Constitución.

​Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro durante una alocución de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026.

Por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital, según lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.

Según la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".

Entre 2019 y 2022, en el gobierno de Iván Duque, el salario mínimo real cayó 1,4 %, mientras que de 2023 a 2025, ya en el Gobierno del presidente Petro subió 17,7 %, es decir, una notoria recuperación del ingreso para millones de trabajadores.

“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %".

En 2022 el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento de 16 %. Después se decretó otra alza de 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025 el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento de 9,54 %.

Con el Gobierno del Cambio, las negociaciones salariales están inclinándose hacia los intereses de los trabajadores, luego de décadas en las que estuvieron dominadas por acuerdos entre élites políticas y económicas.

La expectativa de incremento del salario mínimo de 2025 está en que se mantengan los rangos de los últimos años, que han significado un avance importante en los ingresos y el nivel de vida de 2,2 millones de trabajadores.

Para el Presidente Petro, este año se decidirá sobre el salario vital, que es un cambio fundamentado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución colombiana y las leyes.

‘La carrera diplomática y sus cargos deben abrirse a toda la población: presidente Petro

​El presidente Petro se refició a las bondades de abrir el servicio
d​iplomático a toda la población colombiana.

Así lo enfatizó este domingo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en respuesta a informes de prensa y columnas de opinión contra el borrador de decreto del Gobierno mediante el cual se pretende permitir que el servicio exterior o diplomático sea más incluyente, no el espacio reservado a unas pocas familias.

​“Si en algún lugar administrativo se respira el olor rancio de una aristocracia falsa que es en realidad oligarquía, es en el servicio diplomático. No se trata de censurar blanquitos o hijos de las mal llamadas 'familias de bien', sino de abrir la carrera diplomática y sus cargos a toda la población colombiana", escribió el mandatario.

El jefe de Estado consideró que con honrosas excepciones el servicio diplomático colombiano “ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la guerra fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior".

Agregó que el personal vinculado al servicio en el exterior “no estudia el mundo contemporáneo y sus conflictos, y no está acostumbrado a que Colombia busque puestos de vanguardia mundial".

Además, consideró que el servicio diplomático “se siente cómodo con los políticos colombianos que ven las embajadas como lugares de descanso y lujo".

Por esto, recalcó que “la carrera diplomática y sus cargos deben abrirse a toda la población colombiana", y que “las embajadas y consulados de Colombia deben ser espacios de unión y articulación de la humanidad".

​Colombia, el p​aís de la belleza para el mundo

En el mismo sentido, el presidente se refirió a las críticas a su Gobierno por las inversiones en las nuevas embajadas en el mundo árabe.

“Nos criticaba una parlamentaria de la oposición, porque las nuevas embajadas abiertas en el mundo árabe son lujosas. No entendió. No es lujo, es la elegancia para que Colombia se vea en países ricos de tú a tú, es la belleza de Colombia traída a arquitecturas de otros pueblos, para que nuestros compatriotas sean atendidos como se merecen", resaltó.

El mandatario fue enfático al indicar que “lo que teníamos era lujo para las residencias de embajadores y pocilgas para la atención de colombianos".

“Colombia es el corazón del mundo, debe comprender toda la diversidad humana y comportarse como es: el país de la belleza y el corazón del mundo abierto a todas las culturas de la tierra; por eso toda su diversidad, de las más ricas del mundo, debe expresarse en su sistema diplomático", dijo finalmente en su mensaje en X.

"A nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica"

​

En un acto cargado de sentimiento y emotividad, el presidente Gustavo Petro, a nombre del Estado colombiano, les pidió a las miles de víctimas del partido político Unión Patriótica, por el genocidio de más de 6.200 de sus militantes entre los años 1984 y 2000.

En el ‘Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica’, el mandatario expresó: “Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el Gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político, y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá”.

Sin embargo, se preguntó “¿dónde están los presidentes de las Cortes judiciales que ayer nos criticaban? ¿Por qué no están hoy? ¿No son parte del Estado? ¿No es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también Corte de Colombia? ¿No es que hay que cumplir las sentencias, y es una sentencia pedir perdón a la Unión Patriótica por catorce hechos a las víctimas de la Unión Patriótica?”, cuestionó.

Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano pedir perdón a las víctimas de la UP por 14 delitos:

1) Violación de la libertad de expresión, asociación y derechos políticos.

2) Violación del derecho a la vida.

3) Violación de personalidad jurídica, integridad personal y libertad y desaparición forzada.

4) Violación de derechos de niñas y niños.

5) Violación de la integridad personal, tentativa de homicidio, amenaza y hostigamiento.

6) Violación de la integridad personal, tortura.

7) Violación de la libertad personal.

8) Violación del derecho a la honra.

9) Violación del derecho de circulación y residencia, desplazamiento forzado.

10) Violación de la libertad personal y de las garantías y protección judiciales por procesamientos indebidos.

11) Violación de la integridad personal por torturas en procedimientos indebidos.

12) Violación de garantías y protección judiciales por falta de investigación de torturas.

El jefe de Estado hizo alusión a las próximas elecciones, en las que no podrá participar, pero que tienen que servir para “defender la dignidad de la soberanía nacional”.

El presidente Gustavo Petro les pidió perdón a las víctimas de
la UP por el genocidio político cometido.​​​

“No aceptamos amenazas, si nos amenazan nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía: ‘si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta’. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia, estamos despertando y nos van a despertar, quizás a la fuerza, pero ese despertar será huracanado y tormentoso, pero feliz, alegre”.

Haciendo una analogía, a los sobrevivientes de la UP, el presidente les pidió tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.

“Y la energía de estas miles de personas, que siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones, no nos pueden asesinar, ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia. Ahora somos una bandera erguida y no vamos a dejar que la insulten, no vamos a dejar que la escupan en sangre, vamos a levantarnos en dignidad con las manos de millones y millones”, concluyó.

Corte Constitucional. Vivienda Digna y Adecuada

La Corte enfatizó en que el derecho a la vivienda digna no se restringe a los mecanismos de financiación de la propiedad, sino que se extiende a siete condiciones para su garantía:

- La seguridad jurídica de la tenencia.

- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.

- Los gastos soportables.

- La habitabilidad.

- La asequibilidad.

- El lugar.

- La adecuación cultural.

Para la Corte, las dimensiones descritas dan cuenta de que el derecho a la vivienda digna no se reduce a la simple existencia de un espacio físico donde habitar, también se extiende a la adecuación y dignidad de ese espacio, es decir, a que cumpla con las condiciones materiales reseñadas. Asimismo, afirmó que una vivienda solo es digna y adecuada, si el espacio habitacional en el que se reside protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano.

En concordancia con lo anterior, la Sala recordó que la Ley 388 de 1997 estableció que los entes territoriales están llamados a identificar las zonas de alto riesgo con el objetivo de que, en el plan de ordenamiento territorial, se implementen mecanismos para la prevención de desastres. En este sentido, la Corte destacó que las obligaciones estatales están directamente asociadas a la faceta de habitabilidad de la vivienda digna.

Para la Sala es claro que, si el espacio físico en el que se reside no ofrece plena protección a sus ocupantes y por el contrario es una fuente de riesgos y amenazas de carácter estructural, existe una violación al derecho fundamental a la vivienda digna que debe ser remediado.

De ese modo, es importante que las intervenciones urbanísticas que desarrollan los municipios estén encaminadas a reforzar la seguridad de los asentamientos humanos y la mejora continua en las condiciones de existencia de la población.

Caso concreto

La Sala Cuarta de Revisión, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, amparó el derecho a la vivienda digna de una ciudadana cuya unidad residencial se vio afectada por la ejecución de una obra de pavimentación en las inmediaciones de su hogar.

En el caso concreto, aunque a la Corte no le fue posible definir técnicamente el grado de relación causal entre el proyecto de pavimentación en la zona y la generación de la problemática de agrietamiento y erosión en la casa de la accionante, sí pudo probarse la existencia inminente de un riesgo que el ente territorial estaba llamado a identificar y solventar.

Por otro lado, la Corporación destacó que, desde el punto de vista de la obra de pavimentación, el municipio no podía sustraerse de sus obligaciones constitucionales y legales con fundamento en el cumplimiento del contrato. Sin desmedro de los propósitos del proyecto, la Corte recordó que la acción urbanística debe tender a mejorar y no a empeorar la vida de las personas que residen en su jurisdicción.

En consecuencia, la Corte le ordenó a la Alcaldía Municipal que realice los estudios para establecer la solución más idónea a la problemática identificada en el terreno sobre el cual está erigida la vivienda de la accionante. Aunado a lo anterior le ordenó que, luego de identificar la solución más adecuada, deberá llevarla a cabo entre los seis meses siguientes a la notificación del fallo.

Por último, ordenó al ente territorial que, en caso de observar daños inminentes en la vivienda que comprometan la integridad de la accionante, adelante las gestiones necesarias para orientarla en la búsqueda y obtención de una alternativa de vivienda segura. Al respecto precisó que, en caso de ser necesaria, dicha medida deberá concederse hasta el momento en que la accionante pueda regresar a su lugar de residencia en condiciones de seguridad, o en su defecto acceder a una solución definitiva de vivienda digna.

Sentencia T-393 de 2025

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Glosario jurídico

Vivienda digna: “Una vivienda solo es digna y adecuada (…) si el espacio habitacional en el que se reside efectivamente protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano”.

Comité Social impulsará la Constituyente

Al dirigirse a los colombianos y colombianas, el jefe de Estado aseguró que el motivo de la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, que se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, era convocar “a toda Colombia, al poder constituyente, no para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar”.

“Queremos recoger dos millones y medio de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del Gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio (de 2026) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, reiteró.

Explicó que no se trata de largos periodos de discusión en un Congreso “que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto”, sino que “tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo”.

“Tres meses, y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia”, anotó.

Aclaró que cuando se instale la Asamblea ya no será presidente de Colombia, pero “lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes, que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana”.

“Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia”, dijo al invitar a los colombianos a que “sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia”.

“Poder constituyente, entonces, un Comité Nacional de fuerzas sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por dos o multiplicado por cuatro”, insistió.

Comentó que espera que tanto las firmas como el proyecto de ley, que contenga todas las reformas que el país requiere, estén listas para radicarlas en el nuevo legislativo “cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia”.

“Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró.

Manifestó que como un ciudadano corriente acudirá a las calles, las plazas, las veredas para que los colombianos voten por sus constituyentes para hacer “las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia”.

“Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones y son de multitudes y son pacíficas”, concluyó.

Gobierno presentó proyecto de ley que convoca a Asamblea Nacional Constituyente

Así lo anunció desde Shanghái (China), el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aseguró que en el texto de la iniciativa se propone que esta Asamblea sea constituida por 71 delegatarios, integrada paritariamente por hombres y mujeres, con espacio para sectores que se proyectan de manera diferente a las clasificaciones binarias sobre el género, propias de la tradición filosófica de occidente.

“Con este proyecto queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro. Es el ciudadano, como lo hicieron los griegos que inventaron en la polis de Atenas la democracia, quien debe decidir su propio destino", dijo el ministro.

A su vez, manifestó que el texto se pondrá a consideración de los sectores sociales, con el propósito de “construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia. A través de la confrontación de argumentos y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país. La Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer gobierno de izquierda de nuestra historia".

En este sentido, el presidente Petro desde su cuenta de X aseguró que “el borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas".

“El texto se presentará al congreso, como ordena la constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano", anotó.

El ministro, por su parte, dijo que con este texto “daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar".

El titular de la cartera se sumó a la invitación que hizo el presidente a los colombianos a la gran marcha para construir la nueva Constitución del Cambio, con el fin de “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso".

El pr​​oyecto​

La iniciativa para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente consta de 11 artículos.

El proyecto de ley “dispone que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente", y plantea en su artículo 3 la reforma total de la Constitución de 1991 y aclara que “no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens (concepto del derecho internacional referente a normas imperativas y obligatorias que no pueden ser derogadas por acuerdos entre Estados), la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales".

En su artículo 4 determina que “la Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses, contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral".

Consulte el texto de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente aquí.

Con subsidio para alrededor de 350 gestores comunitarios empieza a operar decreto que concibe el agua como bien común

Con el acceso al subsidio comunitario se han beneficiado 116.000 familias de
estratos 1 y 2. Foto: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

​​Así lo dio a conocer el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del lanzamiento oficial del Decreto 960 de septiembre del 2025, acto que contó con la participación de más de 800 gestores del agua de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Tolima, Vaupés, Meta, Santander, Boyacá, La Guajira, Arauca, Risaralda y Cundinamarca.

Mediante este Decreto el Gobierno del Cambio reconoce la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico como un modelo en el que se concibe el agua como bien común y en el que las comunidades se organizan. Además, a través de procesos participativos, democráticos y de autogestión contribuyen a garantizar el derecho al agua y a proteger las fuentes de las que se abastecen.

Con el acceso al subsidio comunitario se han beneficiado 116.000 familias de estratos 1 y 2. El valor máximo del subsidio por usuario es de hasta 15.853 pesos mensuales y no podrá exceder el 80% del valor total de la factura. El monto se ajusta cada año de acuerdo con el IPC (índice de Precios al Consumidor).

“Hoy abrimos la puerta a los convenios solidarios para que desde el presupuesto de la nación podamos financiar necesidades de los gestores comunitarios, cerca de 12 millones de personas no tienen agua potable y el Estado debe mirar esas organizaciones que les lleva agua para fortalecerlas”, destacó el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby.

Al respecto, la vocera de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, María Alcira Martínez, destacó que este es un gran paso para garantizar el acceso digno al agua.

“Nuestro compromiso es seguir cuidando los territorios, fortaleciendo la gestión y garantizando que cada gota de agua siga siendo vida. Agradecemos este espacio para dar este paso grande para la regulación en el país. Y hoy todos decimos: Se escribe con agua y se lee democracia”, sostuvo la vocera.

A través de la formulación de esta política pública de gestión comunitaria del agua se reconoce el papel fundamental que representa este modelo para más de 9 millones de personas en todo el territorio nacional.

De hecho, el Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo, resaltó que Colombia es un referente mundial frente a esta política de gestión del agua.

“En varias ocasiones he citado a Colombia como un ejemplo a nivel mundial, especialmente a lo que se refiere a la gestión del agua y saneamiento básico rural. Promover una gobernanza democrática del agua, entendida como bien común y no una mercancía, en esos dos frentes, ustedes son maestros y maestras”, recalcó Arrojo.

El Ministerio informó que para la materialización de este decreto se hicieron cuatro talleres regionales en Montería, Villavicencio, Riohacha y Bogotá. Hubo 11 mesas de trabajo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Gobierno nacional asciende a más de 15 mil policías

En la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, la Policía Nacional asciende este viernes de manera simultánea a 15.971 integrantes del nivel ejecutivo, quienes cumplieron con los requisitos establecidos en la ley para acceder al grado inmediatamente superior.

Durante el gobierno del Cambio, más de 65.000 uniformados han sido promovidos en el marco de la Política de Bienestar liderada por la Presidencia de la República, consolidando un proceso de reconocimiento a la labor policial en todo el país.

Entre los ascendidos desde 2022 se destacan 2.967 afrodescendientes, 208 indígenas, 285 mulatos y 62 raizales, reflejando la pluriculturalidad de la institución. Así mismo, 6.883 mujeres han logrado ascender en este periodo, fortaleciendo la participación femenina en la Policía Nacional.

En esta jornada serán promovidos, además, 4 comisarios, 103 subcomisarios, 2.770 intendentes jefe y 4.552 intendentes. Un grupo significativo de patrulleros que pasará al grado de Subintendente recibió previamente su titulación como tecnólogos en Gestión del Servicio de Policía, con formación en derechos humanos, gestión territorial, ética, actualización jurídica, sistema táctico básico y administración pública.

Durante su capacitación, los uniformados también profundizaron en los criterios de implementación y despliegue del Plan Democracia, una de las prioridades institucionales de la actual administración.

El ascenso de estos hombres y mujeres constituye un logro individual y colectivo que aporta al fortalecimiento de la Policía Nacional, enmarcado en la defensa de la soberanía, la seguridad ciudadana y el respeto por los derechos humanos.

Más de 3 millones de adultos mayores recibirán el Pilar Solidario: presidente Petro

El presidente Gustavo Petro anunció este martes que a partir del próximo semestre iniciará la puesta en marcha del Pilar Solidario: un componente central de la Reforma Pensional, que garantizará renta básica solidaria para todas las personas mayores que hoy no tienen cobertura pensional, y que tendrá un impacto importante en la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad en Colombia.

“La mayoría de los pobres extremos en Colombia son personas mayores; y la Reforma Pensional, al darle un bono pensional a todas las que no reciben pensión, prácticamente nos permite superar la pobreza extrema: en 2026 la tasa sería de 2 %. Ese es el cambio, pero necesita que la Corte Constitucional ratifique la ley”, dijo el presidente.

La directora (e) de Prosperidad Social, Carolina Hoyos, estuvo a cargo de explicar, durante el consejo de ministros, que el Pilar Solidario beneficiará a más de 3 millones de personas mayores que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad, y que nunca pudieron acceder a una pensión a través de los mecanismos tradicionales.

“El Estado colombiano asume su responsabilidad histórica con los adultos mayores. El Pilar Solidario es justicia social, es redistribución y es la garantía de una vejez con dignidad para quienes toda su vida trabajaron sin reconocimiento”, expresó Hoyos.

El Pilar Solidario se entregará mensualmente, y representará un ingreso equivalente a una línea de pobreza extrema, es decir 230.000 pesos mensuales; se financiará a través de recursos del Presupuesto General de la Nación y el Fondo de Solidaridad Pensional. Los beneficiarios serán mujeres desde los 60 años y hombres desde los 65 años que, a pesar de haber aportado al desarrollo del país durante toda su vida laboral, no lograron acceder a una pensión.

Superación de la pobreza

Prosperidad Social proyecta que la implementación del pilar reduzca la pobreza extrema en 2,5 puntos porcentuales, en 2025, y en 6,4 puntos porcentuales, en 2026. Son estimaciones que el equipo técnico de la entidad hizo con base en los datos de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2023: “Se estima que al finalizar 2025, alrededor de 156.000 personas mayores saldrían de la pobreza extrema, gracias a los recursos del pilar; en 2026, la cifra de personas que superarían esas condiciones ascendería a 400.000”, dijo Hoyos.

La pobreza extrema en la población mayor es un problema estructural que ha persistido en el país, debido a la limitada eficacia de los programas sociales existentes. Esta renta básica solidaria es una medida de protección universal frente al riesgo de exclusión social y la imposibilidad de generar ingresos, que reconoce a los beneficiarios el derecho a una vida digna.

“Con esta transformación, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con los sectores más excluidos de la sociedad, avanzando hacia un país más justo y equitativo”, dijo Hoyos.

Un cambio estructural para cerrar brechas

El Pilar Solidario hace parte del nuevo modelo pensional basado en pilares: Contributivo, Semicontributivo, Voluntario y Solidario. Esta estructura busca mejorar la cobertura, la equidad y la sostenibilidad del sistema, y corregir la regresividad del modelo anterior, en el que los mayores subsidios se dirigían a las pensiones más altas.

Perfil de los beneficiarios

Los posibles beneficiarios del Pilar Solidario tienen, entre otras, las siguientes características:

- 63 % son mujeres y 37 % hombres.

- 35 % viven en zona rural y 65 % en zona urbana.

- 50 % se autorreconocen como campesinos.

- 12,4 % se identifican como parte de una comunidad étnica.

- 22 % son personas con discapacidad.

- 11 % tienen incapacidad permanente para trabajar.

- 42,2 % habitan viviendas en malas condiciones.

- 8,8 % no tienen vivienda.

Comisión IV estaría ‘haciéndole conejo’ a la reforma laboral: presidente Petro

“Nos acercamos a días difíciles, intensos. Se hizo trampa en la consulta popular en el Senado. El presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular, y eso no se le hace a un pueblo”.

Así lo manifestó este viernes el presidente Gustavo Petro al advertir que “tiene la oportunidad la Comisión IV del Senado de reparar, pero por lo que he alcanzado a leer hoy, están haciendo conejo”.

Ante la posibilidad de que se les incumpla nuevamente a los trabajadores, el mandatario consideró que “el pueblo no se puede parar” y puede exigir sus derechos, pero debe hacerlo pacíficamente.

Al respecto precisó: “Quiero advertirlo bien y con claridad: cada acto de violencia va contra el pueblo. Hay que tener un gran control. Tienen derecho a la huelga, tienen derecho al paro, pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas, comenzando por la Fuerza Pública, a la cual no hay que agredir –como tampoco la Fuerza Pública tiene que agredir al pueblo–, ni a los bienes de la clase media”.

Resaltó que “no tiene la culpa el vidrio, no tiene la culpa el soldado, ni la Policía, ni el agente. Puede haber conflictos en el barrio, muchos, pero de este problema los únicos culpables son los que deberían ser representantes del pueblo, los grandes portadores de la riqueza en Colombia y los ex, que siguen con nostalgia de recuperar el poder”.

El jefe de Estado se preguntó para qué estos poderosos quieren recuperar el poder: “¿Para volver a llenar de sangre el Magdalena Medio, el Chocó y las tierras de Colombia y seguir manteniéndonos en el feudalismo, y seguir manteniendo en la ignorancia a la juventud y al pueblo?”.

“No podemos volver atrás”, expresó el presidente Petro y sostuvo: “Es la patria y es la bandera de Bolívar y su espada la que señala el camino, como bien lo dijo él: No se envainará la espada hasta que haya justicia”.

“Justicia no ha habido en Colombia. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de la Tierra”, dijo, y puntualizó: “Estos días que vamos a vivir y hemos vivido son los días en que la espada desenfundada de Bolívar nos guía para construir, ojalá, una gran Colombia en paz y con justicia social”.

El presidente Petro se refirió al tema durante la entrega de 4.500 hectáreas de tierras usurpadas por paramilitares, predios que continuaban bajo el control de estructuras ilegales y de familiares de narcotraficantes, y que, gracias a la acción del Gobierno del Cambio, regresan a manos de sus poseedores genuinos: los campesinos del Magdalena Medio.

¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​

El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

Obligación de las EPS's de asegurar medicamentos o sustitutos

Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante.

Treinta ciudadanos a través de acciones de tutela solicitaron el suministro de los medicamentos que sus EPS, en su momento, quedaron pendientes por entrega o fueron negados. La Sala Segunda de Revisión, integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Vladimir Fernández Andrade, amparó el derecho a la salud y, como medida provisional, ordenó la entrega inmediata de los medicamentos.

Al respecto, la Sala reiteró que el servicio de salud debe responder eficazmente a las necesidades de los usuarios, garantizando la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos prescritos por el médico tratante. Enfatizó que la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales, así como la interrupción de tratamientos continuos, puede poner en riesgo la vida y la integridad de los pacientes. Esta situación resulta más grave cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de especial protección constitucional.

Del mismo modo, la Corte recordó que el suministro farmacéutico hace parte del derecho a la salud, con fundamento en los principios de accesibilidad e integralidad, por lo que su garantía debe ser completa, oportuna y continua, sin que razones administrativas o presupuestales justifiquen su privación o interrupción.

En el caso concreto de las 30 tutelas estudiadas, la Sala identificó tres escenarios, a los que respondió de manera diferenciada.

En primer lugar, evidenció que, aunque el medicamento ordenado por el médico tratante fue prescrito, este podría no haber sido entregado de forma oportuna desde el momento de su recomendación hasta la fecha. En segundo lugar, la Corte halló casos en los que la información no fue actualizada por las partes. Y, por último, encontró procesos en los que, pese a que el medicamento fue entregado, la necesidad de tratamiento continuo también implicaba asegurar las entregas pertinentes.

En ese sentido, para proteger el derecho a la salud, la Sala ordenó a las EPS accionadas, entre otras medidas, suministrar el medicamento en las dosis, forma y periodicidades dispuestas por los médicos tratantes en la prescripción médica que se encuentre vigente o que haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro del medicamento y que esté pendiente de entrega.

De igual manera, en aquellos casos de tratamientos continuos, en los que hay evidencia de que el fármaco se entregó por la EPS o IPS, pero el médico tratante prescribe nuevamente su suministro, ordenó que este sea entregado máximo 72 horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y que, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha de la siguiente entrega.

En aquellos eventos en los que el Invima advierta el desabastecimiento de alguno de los medicamentos prescritos en cada uno de los expedientes acumulados, la Corte ordenó a las EPS asegurar la valoración médica inmediata del paciente, para identificar las bioequivalencias necesarias y evitar la interrupción del tratamiento.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la Sala de Revisión encomendó la vigilancia del asunto a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando habilitar canales para el seguimiento y acompañamiento a los pacientes.

Auto 559 de 2025

M.P. Juan Carlos Cortés González

Un contrato laboral de aprendizaje, el clamor de aprendices del SENA en el Día del Trabajo

La familia SENA, se une para decir sí a la esperanza, sí a un contrato que reconozca su valor, sí a los derechos laborales de los aprendices.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se une este 1.º de mayo a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Para esta oportunidad con un apoyo focalizado a la consulta popular, pues esta representa una mejor calidad de vida para miles de aprendices y sus familias.

“Con la laboralización del Contrato de Aprendizaje se reconocen los derechos laborales de los aprendices, es el anhelo de más de 400 mil jóvenes que aspiran a recuperar la dignidad. Su implementación, en caso de ser aprobada en la consulta popular, tendría un impacto positivo en el incremento sustancial en los aportes del sistema de seguridad social”, indico Londoño Ulloa.

El Contrato de Aprendizaje ha sido fundamental en el proceso educativo de los aprendices, beneficiando a cerca de 1 millón 70 mil durante este Gobierno, de los cuales más de 685 mil pertenecen al SENA. Así mismo, en lo que va del año, más de 230 mil están realizando sus etapas prácticas, lo que fomenta la inclusión laboral y su desarrollo profesional.

Por otra parte, se busca recuperar el carácter laboral que se perdió en 2002, para restaurar este derecho esencial, garantizando condiciones justas para las futuras generaciones.

“Apoyamos la pregunta número 6 de la Consulta Popular que promueve nuestros derechos laborales como aprendices”, indicó Dilan Aponte, aprendiz SENA en Salud ambiental y seguridad sanitaria.

La diferencia entre la Ley 789 y lo que se espera con la consulta popular es que en la etapa lectiva o de formación el aprendiz reciba el 60% del SMLMV, que hoy es del 50%. Así mismo, en la etapa productiva se pasa del 75% al 100% del SMLMV y se recupera la afiliación a pensión, primas, vacaciones y demás condiciones de un contrato laboral.

Todas las voces unidas por un país con trabajo digno y decente, justicia laboral y derechos garantizados.

Todas las voces unidas por un país con trabajo digno y decente, justicia laboral y derechos garantizados. 

El SENA es Trabajo

El SENA conecta el talento colombiano con oportunidades; más de 1 millón 446 mil puestos de trabajo se han generado durante este Gobierno, gracias a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA. Así aportamos significativamente a la inclusión social, equidad de género y paz territorial.

Además, más de 3,6 millones de personas recibieron orientación ocupacional, potenciando su perfil y habilidades para participar en procesos de selección de trabajo.

Más de 8 millones de colombianos se forman para el trabajo cada año, gracias al SENA, contribuyendo a la consolidación de la justicia social, ambiental y económica en este Gobierno del Cambio.

Las 12 preguntas en la Consulta Popular y que el presidente Petro radicará el primero de mayo en el Senado

Ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino.

 Foto: Ministerio del Interior

El Gobierno nacional dio a conocer las 12 preguntas que serán incluidas en la Consulta Popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo primero de mayo ante el Senado de la República.

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron el cuestionario durante una socialización dirigida a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

Las preguntas están basadas en las propuestas de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, la cual fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado.

El proyecto de Consulta Popular, que es promovido por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, consta de 12 preguntas que reflejan el espíritu de transformación laboral promovido por el actual Gobierno, con el objetivo de garantizar mayores derechos y bienestar para la clase trabajadora del país.

De acuerdo con lo anunciado, la consulta constará de preguntas de respuesta cerrada: los colombianos deberán votar “Sí" o “No" frente a cada iniciativa.

El contenido del cuestionario, según informaron los ministros, se construyó a partir de más de 20 mil propuestas enviadas por ciudadanos a través del portal habilitado hasta el pasado lunes 21 de abril.

Las preguntas de la Consulta Popu​lar

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?