El Presidente Gustavo Petro destacó que la salida de la pobreza monetaria de millones de colombianas y colombianos se debe al incremento del salario mínimo. El Jefe de Estado explicó que se calcula que con el Salario Vital, esta cifra alcance los 7 millones de personas al finalizar el Gobierno.
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En Nueva Zelanda inició jornada electoral en el exterior para elegir nuevo presidente de la República
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| El proceso electoral en el exterior se extenderá hasta el próximo domingo. |
La primera ciudadana colombiana en ejercer su derecho al voto lo hizo en el Consulado de Colombia en Auckland, Nueva Zelanda, donde ya eran las 8:00 a. m. del lunes 15 de junio.
Con este acto se dio apertura oficial a la jornada electoral en el exterior, que se desarrollará hasta el 21 de junio, conforme a los horarios de cada país.
Así lo informó la Cancillería, la cual indicó que en el marco de este proceso electoral, se instaló el Puesto de Mando Unificado (PMU) para las Elecciones en el Exterior en el Salón de los Embajadores del Palacio de San Carlos.
Desde esta instancia se adelanta un seguimiento permanente al desarrollo de la jornada electoral en todas las sedes habilitadas, con el propósito de garantizar la transparencia, normalidad y adecuada ejecución del proceso, así como de atender de manera oportuna cualquier situación que pudiera presentarse durante su desarrollo.
El PMU está integrado por funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, el ministerio del Interior, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, entidades que articulan esfuerzos para asegurar el adecuado desarrollo de los comicios en el exterior.
Asimismo, esta instancia cuenta con el acompañamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de misiones internacionales de observación electoral, entre las que se destacan las de la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), las cuales realizan labores de observación y seguimiento al proceso.
La jornada electoral en el exterior se llevará a cabo entre el 15 y el 21 de junio en las sedes diplomáticas y consulares de Colombia, así como en los puestos de votación autorizados por los jefes de misión diplomática y los funcionarios consulares competentes.
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Para esta segunda vuelta presidencial, un total de 1.414.661 ciudadanos colombianos se encuentran habilitados para votar en 253 puestos y 2.181 mesas de votación distribuidos en los distintos países donde se ha dispuesto la realización de los comicios.
Colombia cuenta, por primera vez, con un instrumento normativo en materia de empresas y derechos humanos
La Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario indicó que este es “un paso fundamental para orientar una política pública de Estado coherente y con enfoque participativo”.
El Gobierno del Cambio expidió decreto 0552 del 1 de junio de 2026, mediante el cual se establecen lineamientos en materia de empresas y Derechos Humanos en el país.
En este sentido, la norma estableció los lineamientos para la protección, respeto y reparación de los Derechos Humanos en contextos empresariales y creó una instancia para la gobernanza de esta agenda.
Según un comunicado de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, este es “un paso fundamental para orientar una política pública de Estado coherente y con enfoque participativo”.
Indicó que se trata de “un legado del Gobierno del Cambio, que impulsa el dialogo y las conversaciones necesarias en un contexto global cambiante y en clave territorial, centrada en la dignidad y la justicia social”.
Este instrumento normativo parte de considerar el enfoque de Derechos Humanos para pensar los instrumentos de política pública que se requieren para la garantía de los Derechos Humanos en contextos de actividades empresariales.
A través del decreto se dan directrices claras a las entidades de gobierno sobre cómo desarrollar instrumentos sectoriales para la aplicación de ese enfoque de Derechos Humanos en el desarrollo de actividades empresariales.
Para su implementación, se crea un espacio técnico de coordinación y articulación institucional, denominado Comité Técnico Especializado en Derechos Humanos y Empresas, como una instancia especializada de la Comisión Intersectorial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.
“Este instrumento normativo es un primer paso hacia un marco regulatorio vinculante y coherente, que permita la diversificación de las actividades productivas y el crecimiento económico desde la cultura del respeto por los Derechos Humanos”, destacó la Consejería Presidencial.
Con esta apuesta, Colombia da un paso del compromiso a la acción, que busca avanzar hacia un camino de transformaciones para el respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos en contextos de actividades empresariales.
Ley de la Música fue aprobada y pasa a sanción presidencial
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| Celebración de la aprobación de la ley de música en la Plaza de Bolívar |
Después de décadas de intentos y de una larga demanda del sector artístico, la Ley de la Música fue aprobada en último debate por la Plenaria de la Cámara de Representantes y quedó lista para sanción presidencial, marcando un hito para músicos, compositores, intérpretes, productores y gestores culturales de todo el país.
La iniciativa, construida a partir del diálogo entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Consejo Nacional de Música, organizaciones del sector y el Congreso de la República, busca fortalecer las condiciones económicas, jurídicas y de reconocimiento para quienes hacen parte del ecosistema musical colombiano.
Uno de los principales avances de la norma es la creación de un Fondo Especial para la Música, un mecanismo de financiación destinado a proyectos de creación, formación, circulación e investigación musical. El fondo funcionará bajo una lógica similar a la del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, garantizando que parte de los recursos generados por el sector se reinviertan directamente en su fortalecimiento.
La ley también contempla beneficios económicos directos para los artistas, entre ellos la exención del IVA en la compra de instrumentos musicales, software y hardware para creación sonora. Asimismo, establece medidas para facilitar la movilidad nacional e internacional de músicos y personal técnico, incluyendo reglas para el transporte de instrumentos en vuelos y la promoción de visas especiales para actividades artísticas.
Otro de los puntos destacados es la apuesta por la diversidad y la inclusión. Los festivales financiados con recursos públicos deberán garantizar al menos un 40 % de participación de artistas emergentes y mujeres músicas. Además, la norma dedica un capítulo completo a la protección y promoción de las músicas tradicionales y comunitarias, reconociéndolas como expresiones fundamentales de los territorios y del patrimonio cultural del país.
La legislación también fortalece las garantías en materia de derechos de autor y convierte en herramienta legal el Sistema de Información de la Música (SIMUS), que permitirá contar con datos más precisos para la formulación de políticas públicas y la medición del impacto de las inversiones en el sector cultural.
Desde el Ministerio de las Culturas destacaron que la aprobación de la Ley de la Música representa un paso histórico para consolidar un marco de financiación, participación y reconocimiento que responda a las necesidades de una de las expresiones artísticas más importantes del país.
Procuraduría pide al ICBF informes sobre el caso de menor indígena víctima de secuestro y abuso
La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación frente al secuestro y abuso sexual del que fue víctima una niña indígena de cuatro años en Cali, aberrante hecho que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y pidió a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia para la víctima.
Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio Público requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.
De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital vallecaucana.
Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.
Gobierno garantiza continuidad de Lili Pink y Yoi y prioriza protección laboral de sus trabajadores
Se aseguró la continuidad operativa de las tiendas Lili Pink y Yoi mientras avanza el proceso de administración de Fast Moda S.A.S.
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) reiteró su compromiso con la protección de los derechos laborales y la continuidad de la operación de las marcas Lili Pink y Yoi, luego del proceso de extinción de dominio que actualmente recae sobre la sociedad Fast Moda S.A.S.
La entidad informó que hasta el momento ha recibido 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar de manera unilateral contratos de arrendamiento de locales donde funcionan establecimientos comerciales de Fast Moda S.A.S.
Además, señaló que se han recibido 23 requerimientos relacionados con solicitudes de aclaración, ampliación y precisión de información sobre el proceso judicial que enfrenta la compañía.
Según la SAE, estas solicitudes han sido atendidas oportunamente por el administrador designado para Fast Moda S.A.S., dentro de las competencias y obligaciones legales establecidas.
La entidad explicó que fue designado un mandatario encargado de la administración y conservación de los activos de la empresa, quien actualmente adelanta un diagnóstico integral para evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de la sociedad.
El objetivo de este proceso, indicó la SAE, es determinar las condiciones reales de funcionamiento de Fast Moda S.A.S. y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación.
La entidad también destacó que la protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores constituye una prioridad institucional. Por esta razón, informó que se adelantan mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo para salvaguardar las garantías laborales y promover la continuidad del empleo.
“Así mismo, se informa que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”, señaló la SAE.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a todos los actores involucrados para actuar con responsabilidad y sensibilidad social frente al impacto que estas decisiones podrían generar sobre cientos de trabajadores y sus familias.
Fuerza Pública desplegará más de 400.000 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales
“La violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie”: MinDefensa Pedro Sánchez
A menos de una semana de que el país elija al próximo Presidente de la República para el periodo 2026–2030, el Gobierno nacional presentó un completo plan estratégico para asegurar la jornada electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció el despliegue de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este dispositivo es blindar los 13.489 puestos de votación y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.
Dentro de las medidas prioritarias se encuentra la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Para fortalecer estas acciones, el Gobierno Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien entregue información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes.
Hasta la fecha, las autoridades ya han custodiado 625 actividades en plaza pública, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares, a cargo del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, que asumirá el 57% restante.
En la rueda de prensa, el ministro fue enfático al señalar el compromiso de las instituciones con el orden constitucional. Aseguró que “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia", un mensaje con el que buscó dar un parte de tranquilidad al país frente a las tensiones políticas de los últimos días y la volatilidad que se vive de cara a los comicios.
Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a rechazar cualquier manifestación violenta que pretenda sabotear la jornada electoral o sembrar el miedo entre los votantes. En un tono contundente, Sánchez advirtió sobre las consecuencias de los ataques y la desinformación en las redes sociales que buscan generar zozobra, manifestando textualmente que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie".
Durante la rueda de prensa recordó que sigue activa la 'Línea de Transparencia 157', una herramienta que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales, tales como el fraude o la compra y venta de sufragios. Esta estrategia ya arrojó resultados importantes durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se recibieron 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se hicieron efectivas 88 capturas relacionadas con estas conductas ilícitas.
Finalmente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, basándose en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este diagnóstico permitió priorizar 67 municipios en todo el país que registran un mayor nivel de riesgo. En estos puntos clave se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata, diseñados para contener de forma oportuna cualquier acción que pretenda alterar la normalidad de las votaciones.
Presidente Petro pide a Corte Constitucional avalar reforma pensional y garantizar una vejez digna para millones de colombianos
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| Foto: Joel González - Presidencia |
Miles de adultos mayores se dieron cita en Cúcuta y le expresaron su gratitud al jefe de Estado por las decisiones tomadas en materia pensional.
El presidente Gustavo Petro hizo un llamado público este jueves a la Corte Constitucional para que avance en la discusión y aprobación de la reforma pensional impulsada por el Gobierno nacional, al considerar que su implementación garantizaría el derecho a una pensión digna para millones de adultos mayores en el país.
Durante el evento ‘Economías para la Vida’, que tuvo lugar en Cúcuta, el mandatario manifestó: “Otra vez me arrodillo, suplico, les pido a las magistradas y magistrados que se pongan la mano en su corazón y no permitan que dejen otra vez, como ha sido en toda la historia de Colombia, a la vejez, a las abuelas y los abuelos de Colombia sin su derecho a pensionarse”.
El jefe de Estado expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley de la reforma pensional aprobada por el Congreso y sugirió que el contexto electoral podría estar influyendo en el retraso del debate jurídico.
“Yo no sé si es que no están debatiendo la reforma pensional porque estamos en elecciones”, afirmó el presidente Petro, quien insistió en que la iniciativa permitiría construir un sistema unificado entre fondos públicos y privados que garantice el acceso a la pensión desde el inicio de la vida laboral.
“El jefe del Estado les suplica que pongan en discusión la reforma pensional y se pueda empezar a construir un sistema que ya no haga competir a los fondos privados con los fondos públicos, sino que los junte a todos, de tal manera que cualquier jovencito que empieza a trabajar pueda garantizar, desde su primer día, que podrá pensionarse efectivamente”, recalcó.
En ese contexto, el mandatario explicó que la propuesta busca que trabajadores de todos los sectores, incluidos campesinos, aprendices del SENA, obreros, pequeños empresarios y trabajadores informales, puedan asegurar su derecho pensional cumpliendo los requisitos establecidos por la ley.
En su discurso también destacó que el Gobierno ya amplió la cobertura de subsidios para adultos mayores, pasando de 1,9 millones a 3 millones de beneficiarios que actualmente reciben un bono pensional. Además, indicó que el subsidio asciende hoy a 230 mil pesos y busca cubrir una canasta básica mínima para sacar a las personas de la pobreza extrema.
En ese sentido, el presidente aseguró que si la Corte Constitucional permite la entrada en vigencia de la reforma, el sistema podría extender la cobertura a la totalidad de adultos mayores en Colombia y avanzar hacia un modelo de pensión basado en la dignidad y justicia.
“Necesitamos la justicia del lado de nuestras abuelas y de nuestros abuelos de Colombia”, puntualizó el jefe de Estado, y agregó: “La pensión en Colombia debe llamarse dignidad”.
Llamado al Consejo de Estado
De otra parte, el presidente advirtió sobre lo que calificó como un posible “saqueo” de los ahorros pensionales de los trabajadores colombianos, al señalar que los recursos de millones de cotizantes no deberían permanecer bajo control de entidades financieras privadas.
En referencia al Consejo de Estado, que suspendió provisionalmente el Decreto 415 de 2026, el cual ordenaba el traslado inmediato de los fondos privados de pensiones (AFP) hacia Colpensiones, el presidente Petro expresó: “Eso no se puede llamar justicia y por eso les pido a las magistradas y magistrados del Consejo de Estado, cualquiera que sea su origen ideológico o la universidad donde estudiaron derecho, que se pongan la mano en el corazón y no permitan un saqueo y un robo de centenares de billones de pesos”.
La Corte Suprema o los magistrados que hicieron esta sentencia han cerrado hoy el camino de la Reforma Agraria: presidente Petro
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| Foto: Juan Diego Cano - Presidencia |
Cubará (Boyacá), 14 de mayo de 2026.- Así lo aseguró el mandatario de los colombianos durante el acto público de reconocimiento de Responsabilidad Internacional en el caso 'Pueblo U'wa y sus miembros vs. Colombia' que se realizó en Cubará (Boyacá), donde el jefe de Estado reveló que la Corte Suprema de Justicia expidió un fallo sobre los baldíos en el país.
En este sentido, el presidente Gustavo Petro explicó que la decisión de la Corte “prohíbe a la Agencia Nacional de Tierras hacer el saneamiento y trasladarlo a propiedad campesina, indígena o afrodescendiente, y deja solo para dos instancias del Poder Judicial, en el más alto nivel, el que se determine si el baldío es baldío y pertenece a la nación, o si el baldío pertenece a sus actuales poseedores".
Para el mandatario es evidente que esta decisión “va en contra de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos".
“Por eso decía que no podía hablar a nombre del Estado como obliga la sentencia, porque una parte del Estado ha traicionado la obligación de cumplir esta sentencia de la Corte Interamericana que lleva a la Agencia Nacional de Tierras a ampliar el resguardo, porque le quita sus facultades de ley, de Constitución y heredadas del antiguo Incora y de otras instituciones más atrás que vienen de la Ley 200 de Tierra, 1936, que es el resultado del reconocimiento de la lucha de Quintín Lame y del campesinado de Colombia por su derecho a ser propietarios y poseedores de la tierra", aseguró.
Explicó que las leyes expedidas desde 1936 a la fecha, incluyendo el Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, establecieron que la Agencia Nacional de Tierras y otras instituciones “eran pertinentes para establecer, por vía administrativa, la posesión de los baldíos que pertenecen a la nación y al pueblo de Colombia".
No obstante, dijo que la sentencia de la Corte Suprema estableció que “todo este tipo de conflictos pasa a doble instancia en el poder judicial, lo cual, de acuerdo a la tradición de Colombia, significa que no se ha resuelto un solo conflicto de tierras en la historia de Colombia por esta vía".
“Retrocedimos a una época anterior a 1936 comparable a 1886, donde los indígenas no eran considerados seres humanos y donde el campesinado era considerado siervos y peones sin derechos y sin ciudadanía en Colombia", sentenció.
Por esta razón, solicitó a las y los abogados de derechos humanos “la acción inmediata que corresponde desde el punto de vista de la lucha jurídica contra esta sentencia en el plano nacional" y manifestó que “finalmente es la Corte Constitucional la que tiene que decidir, no ha decidido hasta ahora a favor del campesinado y de los pueblos indígenas".
Conminó además a que haya una acción internacional, en la medida en que consideró que “la sentencia de hoy de la Corte Suprema choca contra tratados internacionales, como los del derecho del campesinado establecidos en Naciones Unidas, los derechos de los pueblos indígenas a su tierra, cultura, establecidos desde hace A y sobre esta misma sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se está, abiertamente, hoy desacatando".
Recordó que en solo una semana han salido una medida cautelar del Consejo de Estado en contra de las pensiones de los colombianos y la sentencia de la Corte Suprema en contra de la Reforma Agraria.
De hecho, aseguró que la medida del magistrado del Consejo de Estado “literalmente le está robando el ahorro de los trabajadores que cotizan en fondos privados de pensiones y que deciden pasarse al fondo público en beneficio de dos grandes dueños de bancos del país. Un raponazo a algo que no les pertenece a los banqueros que es el ahorro que depositan la gente trabajadora de Colombia para poderse pensionar".
Con respecto a la sentencia de la Corte, sentenció: “También es un raponazo de la tierra propiedad de la nación que hoy, en las últimas décadas, ha sido despojada por narcotraficantes armados que han desatado la violencia en Colombia, con más de 200 mil asesinatos y que hoy los magistrados de la Corte Suprema dicen respetar por años y quizás por décadas, por generaciones diría hoy, porque impide que el Gobierno recupere esas tierras del narcotráfico para que no pasen al poder del campesinado y de las comunidades indígenas y afrodescendientes".
Poder constituyente
En su intervención ante la comunidad y los líderes del pueblo U'wa, el presidente Gustavo Petro se comprometió a adelantar lo que se ordena en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y, además, convocó a la sociedad al defender los derechos establecidos en la Constitución de 1991.
“La coordinación de todo el pueblo campesino que se ha fortalecido en este Gobierno, las organizaciones indígenas del país, las comunidades afrodescendientes en los campos de Colombia deben coordinarse de inmediato. Citar una gran asamblea de organizaciones para iniciar, por encima de cualquier diferencia étnica, territorial u organizativa o política, la gran coordinación del mundo rural, campesino, indígena y afrodescendiente de Colombia", dijo.
Este ejercicio, según explicó es para “organizar dos momentos, lo voy a llamar así: constituyentes. El primero, es decidir si el próximo gobierno es de los desalojadores de la tierra o el próximo gobierno es del campesinado, de los indígenas, de los afros y del pueblo trabajador de Colombia".
“Y, desde este momento, preparar el segundo momento constituyente, una vez se haya decidido el gobierno de Colombia por el pueblo de Colombia y nadie más, que es la movilización rural de Colombia por el derecho a la tierra, la cultura y por derogar la decisión judicial que hoy ha tomado la Corte, de tal manera que se cumpla la Declaración Unilateral de Estado ante Naciones Unidas, que hace obligatorio el Tratado de Paz, cuyo primer punto es que en Colombia debe haber una Reforma Agraria alrededor de 3 millones de hectáreas y la titulación de 7 millones de hectáreas en Colombia", enfatizó.
Por esta razón, dijo: “El Presidente de Colombia en ejercicio, las y los convoca a este momento constituyente, en donde no vamos a permitir retroceder a 1886, sino que vamos a avanzar en el siglo XXI en que la gente del mundo rural tenga derecho a la propiedad de la tierra tal como ordena la Constitución actual y los tratados internacionales de derechos del campesinado y de las poblaciones indígenas del mundo y, por tanto, de Colombia".
'Ningún magistrado me puede demostrar que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores': presidente Petro
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| Foto: Ovidio González - Presidencia |
El presidente Gustavo Petro anunció que la Superfinanciera se reunirá con los fondos privados para que trasladen a Colpensiones el ahorro de los trabajadores que se cambiaron de régimen.
Timbío (Cauca), 12 de mayo de 2026.- “Una de las funciones del Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, es proteger el ahorro de todos los colombianos", aseguró el presidente Gustavo Petro al advertir que una delegación de la Superintendencia Financiera se reunirá con los fondos privados de pensiones para que les giren a Colpensiones los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen y ya alcanzaron ese derecho.
Durante su visita al nuevo hospital de Timbío, Cauca, y el inicio protocolario del proyecto Estanquillo – Popayán, el mandatario hizo referencia a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente, mientras falla de fondo, el Decreto 0415 de 2026 para que los fondos privados trasladen a Colpensiones más de $25 billones de unos 130 mil trabajadores que se trasladaron a régimen público.
“Por eso hay una reunión con César Ferrari (superintendente Financiero) y la Superintendencia asume su función: una delegación de funciones constitucionales del presidente, porque la Constitución de 1991 dice explícitamente que el presidente debe cuidar el ahorro de todas y todos los colombianos", aseguró.
Se refiere el Jefe der Estado a los numerales 24, 25 y 26 del artículo 188 constitucional en los que se definen cuáles son las funciones del Presidente de la República.
Al respecto, aseguró: “Lo repito aquí, no me asusta decirlo como Jefe del Estado de Colombia elegido por voto popular: el magistrado (se refiere al consejero de Estado Juan Enrique Bedoya, ponente de la suspensión del Decreto 0415 de 2026) y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito, y he ordenado su denuncia como me corresponde por la ley; y si los banqueros no trasladan los ahorros que no le pertenecen a los trabajadores que se han pensionado, ya dijo el director de Asofondos (Andrés Velasco) que no que es una acción de trasladarse a Colpensiones, es una renuncia del ahorro, y también se denuncia penalmente", enfatizó el mandatario.
Agregó que el deber de un banquero, como lo ratificó Colombia con la Convención de Basilea, es que “el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro, punto. Lo demás se llama robo y aquí no tenemos ni queremos tener banqueros bandidos", insistió.
Los Acuerdos de Basilea son tres, suscritos entre los años 1988 y 2004, suscritos por Colombia, y que establecen normas internacionales de supervisión de las operaciones bancarias.
El mandatario recalcó que su misión es hacer cumplir el Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991, en este caso frente al derecho pensional de los trabajadores colombianos.
“Entonces, ningún magistrado me puede demostrar con los libros del Derecho y con la Constitución y las leyes de Colombia que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores de toda la vida para gozárselos en utilidades, que les quiten el dinero de la pensión ganada legítimamente cuando ya tienen el derecho y disfrutar algo su vida, con sus hijos, y no hay nada que decir. Este presidente no echa un pie atrás ante la justicia no me confundan la palabra justicia con injusticia", concluyó el presidente Petro.
Judicatura respaldó el mensaje de Urgencia del Gobierno nacional para que el Congreso apruebe la Jurisdicción Agraria
El pasado 4 de mayo, los ministros de Agricultura y Justicia radicaron mensaje de insistencia para que avance la discusión del proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural.
El Consejo Superior de la Judicatura se unió al llamado de insistencia que formuló el Gobierno de las Oportunidades para que el Congreso de la República apruebe, antes de que termine la actual legislatura el 20 de junio, el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria.
La semana pasada los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, radicaron su insistencia al mensaje de Urgencia que fue radicado en octubre de 2024, para la aprobación del proyecto de ley.
Ahora la Judicatura, durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural que se realizó en Villa de Leyva (Boyacá), se sumó a la petición del Gobierno del presidente Petro.
“Aquí se está discutiendo competencia material, delimitación del litigio, articulación con otras jurisdicciones, procedimientos, criterios de análisis y método judicial. En otras palabras, se discute cómo una jurisdicción deja de ser diseño normativo y empieza a convertirse en práctica institucional efectiva”, explicó la magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta de la corporación.
La magistrada Claudia Expósito, vicepresidenta del alto tribunal y coordinadora de los asuntos de la Jurisdicción Agraria y Rural, aseguró que se avanza en el diseño de un mapa judicial que responda a las necesidades de los territorios.
“La justicia agraria requiere entender que las necesidades de justicia varían entre territorios y exigen incorporar enfoques territoriales y diferenciales”, sostuvo.
En el evento participó la ministra Carvajalino, quien manifestó que, si el Congreso de la República no aprueba la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno nacional volverá a presentarla el 20 de julio de 2026.
“Los campesinos no solo tienen derecho a la tierra. También tienen derecho a las semillas, al agua, a permanecer en sus territorios y a proteger su identidad cultural, política y económica. De ahí la importancia de tener esta ley”, dijo la ministra de Agricultura.
En qué va el proyecto
El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural fue presentado por el Gobierno en agosto de 2024, y en octubre de ese año fue radicado el mensaje de Urgencia. Antes de terminar ese año fue aprobado en primer debate en comisiones conjuntas.
Pero desde entonces no han surtido nuevas discusiones en plenarias de Cámara y Senado.
La iniciativa busca cumplir la meta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 de formalizar siete millones de hectáreas de tierras y la redistribución de otros tres millones de hectáreas.
La Jurisdicción Agraria y Rural es una pieza vital para la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral, pilares del Gobierno de las Oportunidades para la implementación del Acuerdo de Paz.
SuperIndustria sanciona a Constructora Bolívar Bogotá S.A. por publicidad engañosa e incumplimientos en entrega de viviendas VIS
La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que Constructora Bolívar vulneró los derechos de consumidores al modificar varias veces los plazos de entrega de apartamentos VIS.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 1.306 millones de pesos a Constructora Bolívar Bogotá S.A., tras analizar al menos 30 denuncias relacionadas con presuntas vulneraciones a los derechos de consumidores vinculados al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) 'Buena Vista Living'.
De acuerdo con la entidad, una de las principales razones de la sanción corresponde a los incumplimientos en las fechas de entrega de los inmuebles ofrecidos a los compradores del proyecto.
La SIC señaló que la constructora modificó en tres ocasiones los plazos de entrega, afectando las expectativas de los consumidores. Además, indicó que también se realizaron cambios en las fechas de escrituración, aspecto que incidía directamente en el valor final de las viviendas, teniendo en cuenta que se trataba de inmuebles clasificados como VIS.
La Superintendencia también concluyó que existió publicidad engañosa en la promoción del proyecto, debido a que algunas piezas publicitarias contenían información insuficiente, confusa e inoportuna, con capacidad de inducir a error a los consumidores sobre las características de los inmuebles ofertados.
Según la entidad, una de las omisiones identificadas estuvo relacionada con el carácter VIS del proyecto “Buena Vista Living”.
La SIC precisó que contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda y señaló que continuará promoviendo condiciones que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas dentro de las relaciones de consumo.
‘La Asamblea Constituyente no será una guerra, sino un espacio para el acuerdo nacional’: presidente Petro
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| Foto: archivo, Andrea Puentes - Presidencia |
El presidente Gustavo Petro indicó que durante su Gobierno se han tomado decisiones en defensa de los derechos y que esto ha redundado en el bienestar de los colombianos.
Este domingo 3 de mayo el jefe de Estado salió en defensa de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que es legítimo que el pueblo firme y haga la respectiva solicitud al Congreso, pero a la vez indicó que ese mecanismo es el camino ideal para constituir un acuerdo nacional que permita hacer las transformaciones profundas que requiere el Estado colombiano.
“La Asamblea Nacional (Constituyente) no será una guerra, sino un espacio para el acuerdo nacional que nos permita convivir en paz, nos permita el progreso de Colombia y abra las oportunidades de vivir bien a todo el pueblo de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente no será una amenaza para nadie, sino para garantizar los derechos que ya ordenó la Constitución de 1991”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
En ese contexto, el presidente Petro destacó que “el acuerdo nacional no es hacer más de lo mismo, que no sirve, es para transformar a Colombia por la senda de la justicia social, la democracia y el bienestar general”.
Asimismo, resaltó que durante su Gobierno se han tomado decisiones en defensa de los derechos y que esto ha redundado en el bienestar de los colombianos.
“Ya les demostré que aplicar derechos no acaba el empleo ni decrece el país ni estalla la inflación ni se empobrecen los ricos; les demostré que en un gobierno progresista se enriquecen los ricos, pero proporcionalmente más los pobres”, subrayó el jefe de Estado.
En su mensaje publicado en X, el presidente recordó que durante su Gobierno intentó hacer un acuerdo nacional convocando a todos los sectores, incluidos los empresarios más poderosos.
“En mi Gobierno reuní personalmente a los empresarios más poderosos del país y les propuse un acuerdo por el trabajo, el progreso y la vida, pero creyeron que un acuerdo era que el gobierno traicionara el programa por el que fue elegido por el pueblo y se arrodillara a sus propios programas, en favor de ellos mismos. Los ministros representantes de estas personas en mi gobierno traicionaron el programa y tuvieron que salir para hacer oposición”, aseveró.
Fuerzas cavernarias bloquearon las reformas: presidente Petro
En la misma línea, el mandatario dijo que “el actual presidente de Colombia quiere que el pueblo se exprese como poder constituyente” y agregó: “Es legítimo que el pueblo, y será el pueblo si firma, el que solicite al Congreso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.
Además, reiteró que el pueblo es soberano y que ese principio no lo puede olvidar ningún funcionario público, cualquiera que sea su jerarquía, ni ningún dirigente político de izquierda o de derecha.
A renglón seguido, el mandatario dio a conocer las razones por las cuales está convencido de que la Asamblea Nacional Constituyente se requiere actualmente en el país, especialmente para erradicar la corrupción.
“Porque las fuerzas cavernarias presentes en las instituciones constituidas bloquearon las reformas que garantizaban los derechos de las personas y que ordenaba como derechos fundamentales individuales y sociales la Constitución de 1991. Estás fuerzas cavernarias están metidas hasta los tuétanos en la corrupción y venden fallos judiciales, votaciones en la ley o expiden contratos públicos en beneficio de los grupos de especuladores poderosos, incluidos narcos”, escribió.
El presidente añadió que esas fuerzas cavernarias quieren impedir el Estado social de derecho que ordena la Constitución de 1991.
“También buscan mantener un sistema de privilegios privados que son vistos como derechos hereditarios que nos hacen una de las sociedades con menos oportunidades para la mayoría de la gente”, indicó.
Igualmente, fue enfático al decir que con el mecanismo de la Constituyente no se busca derogar ni cambiar la Constitución de 1991.
Reiteró que en su propuesta solo se añadirán dos capítulos, incluido el de los actos legislativos que no ha hecho el Congreso en 34 años de vida de la Constitución.
En referencia a los nuevos capítulos, el jefe de Estado explicó: “Los de las garantías reales, cotidianas y de vigencia inmediata de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la pensión, a servicios públicos pagaderos según sus costos, el derecho al agua potable y la nutrición correcta”.
“Se mantendrá por fuera de los cambios la composición del Congreso que eligió el pueblo y la actual Corte Constitucional”, recalcó.
Por último, el presidente Petro manifestó que debe ser el pueblo, con su firma, el que decidirá si solicita la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con estos propósitos.
Los administradores de los fondos privados de pensiones no quieren devolver el ahorro a sus afiliados: presidente Petro
El presidente Gustavo Petro afirmó que los trabajadores cotizantes de los fondos privados de pensiones son los propietarios de sus ahorros.
Así lo afirmó este jueves el jefe de Estado en su cuenta de la red social X al responder un mensaje de la senadora Paloma Valencia, quien anunció una demanda contra el Decreto 0415 del 20 de abril del 2026, por medio del cual el Gobierno del Cambio reglamentó el traslado a Colpensiones de los recursos pertenecientes a cerca de 120.000 afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones privados (AFP) que se cambiaron de régimen pensional.
La norma reglamentó “la exigibilidad del traslado de recursos” desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones), de acuerdo con lo previsto en el artículo 76 de la Ley 2381 de 2024 (Reforma Pensional).
Al respecto, el presidente Petro escribió en X: “El decreto dice lo que es obvio en el mundo financiero: El ahorro de los cuentahabientes pertenece a los cuentahabientes, a nadie más”.
En este contexto, el mandatario agregó que “los dueños de las administradoras de los fondos privados de pensiones son Luis Carlos Sarmiento y los banqueros dueños de Bancolombia; ellos son los que no quieren en sus fondos devolverles el ahorro a sus afiliados, porque (los afiliados) no quieren el régimen que no entrega pensión de los fondos privados, sino el de Colpensiones que sí entrega pensión”.
Asimismo, el jefe de Estado explicó que “los trabajadores cotizantes de fondos privados de pensiones -si se trasladan libremente a Colpensiones- son los propietarios de sus ahorros y han decidido llevarlo a Colpensiones”.
Además, en referencia al mensaje de la senadora Valencia, el presidente aseveró que Colpensiones no le entrega dinero al Gobierno nacional.
“Colpensiones no entrega dinero al Gobierno, no engañe a los colombianos. El Gobierno entrega más de 12 billones de pesos anuales a Colpensiones para pagarles las pensiones a las personas que trabajaron en empresas privadas y se pensionaron bajo el régimen de Colpensiones”, explicó.
La oportunidad de traslado
Sobre la razón de ser del Decreto 0415 del 20 de abril de 2026, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) emitió este jueves un comunicado en el cual recordó que la oportunidad de traslado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (fondos privados) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (Colpensiones) es un mecanismo excepcional y transitorio, que está vigente desde el 16 de julio de 2024 hasta el 16 de julio de 2026.
El mecanismo cobija a los afiliados/as próximos a consolidar su derecho pensional, quienes pueden trasladarse al régimen que les resulte más favorable, previo cumplimiento de los requisitos de Ley y el proceso de Doble Asesoría.
“Este mecanismo aplica para mujeres con al menos 750 semanas cotizadas y hombres con mínimo 900 semanas, a quienes les falten menos de diez años para acceder a la pensión”, destacó Colpensiones.
Según información oficial de Colpensiones, con corte a febrero de 2026 unos 120.00 afiliados/as han ejercido esta Oportunidad de Traslado hacia el Régimen de Prima Media, y cerca de 25.000 personas ya tienen reconocida y están recibiendo su pensión en esta entidad, lo que evidencia el impacto de esta medida en la protección de los derechos pensionales.
El Decreto 0415 de 2026 establece la exigibilidad del traslado de recursos para dos grupos claramente definidos:
• Aquellos afiliados/as que ya consolidaron su derecho pensional y actualmente reciben su prestación a cargo de Colpensiones.
• Aquellos afiliados/as que, habiendo ejercido la Oportunidad de Traslado, aún no han consolidado su pensión, pero, quedaron vinculados al Régimen de Prima Media.
En ambos casos la reglamentación busca garantizar que los recursos acumulados en las cuentas individuales sean trasladados efectivamente a Colpensiones, asegurando la correspondencia entre la administración de los recursos y la responsabilidad en el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas.
Con esta medida el Gobierno y Colpensiones fortalecen los principios de sostenibilidad financiera, equidad y solidaridad del sistema pensional, al tiempo que brindan mayor seguridad jurídica a los afiliados que han tomado la decisión de trasladarse.
Colpensiones reiteró su compromiso con la información clara y oportuna a la ciudadanía, e invitó a los afiliados/as a consultar los canales oficiales de la entidad para conocer los alcances de esta reglamentación y tomar decisiones informadas sobre su futuro pensional.
El valor del predial no depende del gobierno nacional, los campesinos no se golpean y los alimentos deben pasar.
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| El presidente Gustavo Petro se refiere a la urgencia de levantar el paro por aumento en avalúo catastral |
El jefe de Estado le ordenó a la Policía y a las Fuerzas Militares levantar los bloqueos en las carreteras del país para garantizar el paso de los camiones con alimentos, en medio de las protestas relacionadas con el catastro multipropósito.
La instrucción la dio durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, donde pidió actuar con prudencia, pero con firmeza. “La Constitución lo dice: ni un muerto, ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República”, afirmó.
El mandatario fue enfático en que el abastecimiento no puede verse afectado. “La comida pasa, porque no voy a dejar morir de hambre y volver a los tiempos de la pobreza de este país”, señaló.
En su intervención, también se refirió a la actualización catastral, tema que ha generado protestas en varias regiones. Explicó que el catastro multipropósito permite contar con información actualizada sobre los predios y aclaró que el valor del impuesto predial no depende del Gobierno nacional.
“Lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial, que es determinado por la tarifa, no por la base”, indicó.
En ese sentido, insistió en que la definición del predial es competencia de los alcaldes y los concejos municipales. “No es el Gobierno nacional el que fija esa tarifa. Cada municipio sabe cómo es y debe resolverlo a través de acuerdos locales, en asambleas y cabildos abiertos”, afirmó.
El presidente también advirtió sobre lo que considera desinformación en torno a este tema y llamó a dirigir las reclamaciones a las autoridades locales. “Cuando el impuesto lo pone el rico del pueblo, vayan contra el rico del pueblo y pacten”, dijo.
Frente a posibles irregularidades, señaló que las autoridades de control tienen la facultad de actuar.
“Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia”, aseguró.
Al mismo tiempo, pidió que las manifestaciones se atiendan sin excesos. “Los campesinos no se golpean, ni se les va a sacar los ojos, ni a meter presos”, subrayó.
Finalmente, el jefe de Estado ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, reunirse de manera urgente con alcaldes y gobernadores para buscar una salida a las protestas que se han extendido en distintas regiones del país.
El 8 de enero finaliza la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso de 2026
La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos.
Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.
También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.
A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación
Inscripción de ciudadanos en Colombia
Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Consulte las sedes aquí
Puntos de inscripción de ciudadanos ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí
Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí
Inscripción de colombianos en el exterior
Virtual: plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (funcional únicamente fuera del país).
Presencial: consulados de Colombia en el exterior.
En 2025: más de $35.700 millones en sanciones a prestadores de servicios públicos
Durante 2025 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por más de $35.715 millones a empresas prestadoras de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, tras identificar incumplimientos a la regulación y vulneraciones a los derechos de los usuarios. Las sanciones hacen parte de los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados por la entidad en todo el país.
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| Felipe Durán Carrón Superintendente Servicios Públicos Domiciliarios |
Energía y gas: más de $21.712 millones en sanciones
En los servicios de energía eléctrica y gas, las multas superaron los $21.000 millones.
En energía eléctrica se impusieron cinco sanciones, incluida una amonestación, y se resolvieron recursos que dejaron multas por $7.594 millones, asociadas a incumplimientos en indicadores de calidad, fallas en la prestación del servicio, vulneración del debido proceso de los usuarios y/o falta de reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).
En el sector del gas, se impusieron 12 sanciones que dejaron multas por $14.118 millones. Las principales causales estuvieron relacionadas con incumplimientos en el mercado mayorista de gas natural, fallas técnicas y vulneraciones al debido proceso, así como infracciones en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible de uso doméstico e industrial.
Acueducto, alcantarillado y aseo: más de $14.000 millones en multas
En acueducto y alcantarillado las sanciones superaron los $7.526 millones, sobre todo por no instalar instrumentos de medición del consumo, errores en la facturación, incumplimiento de la metodología tarifaria y fallas en la calidad del agua para consumo humano.
En el servicio de aseo se impusieron sanciones por más de $6.475 millones, relacionadas con incumplimientos técnicos, fallas en la actividad de aprovechamiento, ausencia de permisos ambientales y reportes deficientes al SUI.
En conjunto las multas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo ascienden a más de $14.000 millones.
La Superintendencia reiteró que estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la regulación vigente y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad
Con inscripción de comité promotor, se activa el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, que apoya el Gobierno
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| Con la inscripción del Comité Promotor de ciudadanos, comienza el proceso oficial de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. |
“Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo resaltó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar".
Con este paso del Comité Promotor se consolidó el llamado que, desde hace meses, ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuando invitó a los colombianos a ejercer su poder constitucional para acabar con el bloqueo institucional que padece el país.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, a nombre del Gobierno, acompañó la radicación del Comité Promotor para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que “a partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia".
La propuesta de convocatoria abre el proceso de recolección de firmas para radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República que sea elegido en marzo de 2026.
El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.
En este sentido, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del Comité Promotor, aseguró que llegaron a la Registraduría a radicar “el primer proceso de Asamblea Constituyente para convocar a más de 3 millones de personas que firmen el proyecto de ley que va a ser radicado el 20 de julio de 2026, para iniciar una etapa contemporánea de la República y contribuir a la paz y al restablecimiento de una economía en el proceso de descentralización de los territorios".
El líder indígena dijo además que es necesario reconocer los derechos de “15 millones de personas campesinas, de millones de obreros, de cinco millones de personas negras, de dos millones y medio de indígenas de 15 pueblos, de un millón de personas en el exilio. Somos 9 millones de personas víctimas y es necesario iniciar este proceso de constituyente primario y establecer un avance significativo que no se ha logrado superar con las Constitución del 91".
Comentó que hay que “avanzar y consolidar las leyes, avanzar en estos procesos que obstaculizan, como ha sucedido en el momento actual con el parlamento. Necesitamos rebasar eso, legitimar más al pueblo y hacer mucho más presencia, porque haya una economía que salga de esa minoría".
De hecho, en el documento de radicación del Comité Promotor se indicó que la convocatoria a la Asamblea Constituyente “se fundamenta en la necesidad de reformas estructurales en salud, educación, trabajo y economía".
Se indicó además que “la tarea de un estado de bienestar está inconclusa, porque el Estado ha sido permeado por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, ante el incumplimiento sistemático del Estado Social de Derecho y la violación constante de los Derechos Humanos", por lo que consideraron: “Se hace imprescindible un nuevo proceso constituyente".
“Esta iniciativa busca reparar los vacíos en el desarrollo rural y social, garantizando finalmente los derechos fundamentales que la estructura actual no ha logrado proteger", anotó la sustentación.
En materia de fundamentación, la solicitud de inscripción estableció que se soporta en “los artículos 374 y 376 de la Constitución Política de Colombia, así como lo preceptuado en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, los cuales regulan los mecanismos de reforma constitucional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".
Respaldo del Gobierno del Cambio
Luego de acompañar la radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, cuando asume el nuevo Congreso de la República que será elegido el 8 de marzo del año entrante.
“Con este Congreso no, porque se ha caracterizado por oponerse a las iniciativas de reformas sociales y ha generado una suerte de bloqueo institucional que ha impedido que las principales reformas que el pueblo colombiano votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, pudiesen tramitarse", explicó el funcionario.
Mientras, es decir desde ahora y hasta el 20 de julio, los promotores y con el acompañamiento de Gobierno, adelantarán una campaña pedagógica y de recolección de firmas.
“Tiene que ser una campaña, porque hay que recoger por lo menos tres millones de firmas, aunque el presidente Petro ha dicho que diez millones de firmas, para inscribir ante la Registraduría", añadió el ministro.
El jefe de la cartera laboral sostuvo que el objeto de convocar la Asamblea Constituyente es para “hacer realidad el Estado Social de Derecho".
“Desde el Gobierno estaremos acompañando este proceso y desde luego estimulándolo, porque nos parece que las reformas sociales no pueden quedarse a mitad de camino, y otras que son necesarias sean realidad. Si el Congreso se muestra incapaz para hacerlo, como ha quedado nuevamente en evidencia, pues le corresponde al pueblo y al poder constituyente garantizar esos cambios y esas reformas que, además, fueron prometidas en la Constitución de 1991 que no se han hecho realidad. Esta constituyente es para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91", afirmó.
En el temario que se radicará el 20 de julio se incluirán las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, como la reforma a la salud, a la justicia, política y otras que serán definidas próximamente, concluyó el ministro Sanguino.
Alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta canasta vital de una familia
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| Alocución presidencial en la que el mandatario habló de avances en derechos laborales. |
Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro durante una alocución de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026.
Por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital, según lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.
Según la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".
Entre 2019 y 2022, en el gobierno de Iván Duque, el salario mínimo real cayó 1,4 %, mientras que de 2023 a 2025, ya en el Gobierno del presidente Petro subió 17,7 %, es decir, una notoria recuperación del ingreso para millones de trabajadores.
“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %".
En 2022 el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento de 16 %. Después se decretó otra alza de 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025 el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento de 9,54 %.
Con el Gobierno del Cambio, las negociaciones salariales están inclinándose hacia los intereses de los trabajadores, luego de décadas en las que estuvieron dominadas por acuerdos entre élites políticas y económicas.
La expectativa de incremento del salario mínimo de 2025 está en que se mantengan los rangos de los últimos años, que han significado un avance importante en los ingresos y el nivel de vida de 2,2 millones de trabajadores.
Para el Presidente Petro, este año se decidirá sobre el salario vital, que es un cambio fundamentado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución colombiana y las leyes.
‘La carrera diplomática y sus cargos deben abrirse a toda la población: presidente Petro
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| El presidente Petro se refició a las bondades de abrir el servicio diplomático a toda la población colombiana. |
Así lo enfatizó este domingo el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en respuesta a informes de prensa y columnas de opinión contra el borrador de decreto del Gobierno mediante el cual se pretende permitir que el servicio exterior o diplomático sea más incluyente, no el espacio reservado a unas pocas familias.
“Si en algún lugar administrativo se respira el olor rancio de una aristocracia falsa que es en realidad oligarquía, es en el servicio diplomático. No se trata de censurar blanquitos o hijos de las mal llamadas 'familias de bien', sino de abrir la carrera diplomática y sus cargos a toda la población colombiana", escribió el mandatario.
El jefe de Estado consideró que con honrosas excepciones el servicio diplomático colombiano “ha sido perezoso, centrado en la vieja visión de la guerra fría, racista y descuidado de las comunidades de colombianos en el exterior".
Agregó que el personal vinculado al servicio en el exterior “no estudia el mundo contemporáneo y sus conflictos, y no está acostumbrado a que Colombia busque puestos de vanguardia mundial".
Además, consideró que el servicio diplomático “se siente cómodo con los políticos colombianos que ven las embajadas como lugares de descanso y lujo".
Por esto, recalcó que “la carrera diplomática y sus cargos deben abrirse a toda la población colombiana", y que “las embajadas y consulados de Colombia deben ser espacios de unión y articulación de la humanidad".
Colombia, el país de la belleza para el mundo
En el mismo sentido, el presidente se refirió a las críticas a su Gobierno por las inversiones en las nuevas embajadas en el mundo árabe.
“Nos criticaba una parlamentaria de la oposición, porque las nuevas embajadas abiertas en el mundo árabe son lujosas. No entendió. No es lujo, es la elegancia para que Colombia se vea en países ricos de tú a tú, es la belleza de Colombia traída a arquitecturas de otros pueblos, para que nuestros compatriotas sean atendidos como se merecen", resaltó.
El mandatario fue enfático al indicar que “lo que teníamos era lujo para las residencias de embajadores y pocilgas para la atención de colombianos".
“Colombia es el corazón del mundo, debe comprender toda la diversidad humana y comportarse como es: el país de la belleza y el corazón del mundo abierto a todas las culturas de la tierra; por eso toda su diversidad, de las más ricas del mundo, debe expresarse en su sistema diplomático", dijo finalmente en su mensaje en X.
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