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Comisión IV estaría ‘haciéndole conejo’ a la reforma laboral: presidente Petro

“Nos acercamos a días difíciles, intensos. Se hizo trampa en la consulta popular en el Senado. El presidente del Senado levantó la sesión cuando sabía que había mayoría por la consulta popular, y eso no se le hace a un pueblo”.

Así lo manifestó este viernes el presidente Gustavo Petro al advertir que “tiene la oportunidad la Comisión IV del Senado de reparar, pero por lo que he alcanzado a leer hoy, están haciendo conejo”.

Ante la posibilidad de que se les incumpla nuevamente a los trabajadores, el mandatario consideró que “el pueblo no se puede parar” y puede exigir sus derechos, pero debe hacerlo pacíficamente.

Al respecto precisó: “Quiero advertirlo bien y con claridad: cada acto de violencia va contra el pueblo. Hay que tener un gran control. Tienen derecho a la huelga, tienen derecho al paro, pero no tienen derecho a quebrantar derechos de otras personas, comenzando por la Fuerza Pública, a la cual no hay que agredir –como tampoco la Fuerza Pública tiene que agredir al pueblo–, ni a los bienes de la clase media”.

Resaltó que “no tiene la culpa el vidrio, no tiene la culpa el soldado, ni la Policía, ni el agente. Puede haber conflictos en el barrio, muchos, pero de este problema los únicos culpables son los que deberían ser representantes del pueblo, los grandes portadores de la riqueza en Colombia y los ex, que siguen con nostalgia de recuperar el poder”.

El jefe de Estado se preguntó para qué estos poderosos quieren recuperar el poder: “¿Para volver a llenar de sangre el Magdalena Medio, el Chocó y las tierras de Colombia y seguir manteniéndonos en el feudalismo, y seguir manteniendo en la ignorancia a la juventud y al pueblo?”.

“No podemos volver atrás”, expresó el presidente Petro y sostuvo: “Es la patria y es la bandera de Bolívar y su espada la que señala el camino, como bien lo dijo él: No se envainará la espada hasta que haya justicia”.

“Justicia no ha habido en Colombia. Seguimos siendo uno de los países más desiguales de la Tierra”, dijo, y puntualizó: “Estos días que vamos a vivir y hemos vivido son los días en que la espada desenfundada de Bolívar nos guía para construir, ojalá, una gran Colombia en paz y con justicia social”.

El presidente Petro se refirió al tema durante la entrega de 4.500 hectáreas de tierras usurpadas por paramilitares, predios que continuaban bajo el control de estructuras ilegales y de familiares de narcotraficantes, y que, gracias a la acción del Gobierno del Cambio, regresan a manos de sus poseedores genuinos: los campesinos del Magdalena Medio.

¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​
El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

Obligación de las EPS's de asegurar medicamentos o sustitutos

Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante.

Treinta ciudadanos a través de acciones de tutela solicitaron el suministro de los medicamentos que sus EPS, en su momento, quedaron pendientes por entrega o fueron negados. La Sala Segunda de Revisión, integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Vladimir Fernández Andrade, amparó el derecho a la salud y, como medida provisional, ordenó la entrega inmediata de los medicamentos.

Al respecto, la Sala reiteró que el servicio de salud debe responder eficazmente a las necesidades de los usuarios, garantizando la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos prescritos por el médico tratante. Enfatizó que la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales, así como la interrupción de tratamientos continuos, puede poner en riesgo la vida y la integridad de los pacientes. Esta situación resulta más grave cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de especial protección constitucional.

Del mismo modo, la Corte recordó que el suministro farmacéutico hace parte del derecho a la salud, con fundamento en los principios de accesibilidad e integralidad, por lo que su garantía debe ser completa, oportuna y continua, sin que razones administrativas o presupuestales justifiquen su privación o interrupción.

En el caso concreto de las 30 tutelas estudiadas, la Sala identificó tres escenarios, a los que respondió de manera diferenciada.

En primer lugar, evidenció que, aunque el medicamento ordenado por el médico tratante fue prescrito, este podría no haber sido entregado de forma oportuna desde el momento de su recomendación hasta la fecha. En segundo lugar, la Corte halló casos en los que la información no fue actualizada por las partes. Y, por último, encontró procesos en los que, pese a que el medicamento fue entregado, la necesidad de tratamiento continuo también implicaba asegurar las entregas pertinentes.

En ese sentido, para proteger el derecho a la salud, la Sala ordenó a las EPS accionadas, entre otras medidas, suministrar el medicamento en las dosis, forma y periodicidades dispuestas por los médicos tratantes en la prescripción médica que se encuentre vigente o que haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro del medicamento y que esté pendiente de entrega.

De igual manera, en aquellos casos de tratamientos continuos, en los que hay evidencia de que el fármaco se entregó por la EPS o IPS, pero el médico tratante prescribe nuevamente su suministro, ordenó que este sea entregado máximo 72 horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y que, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha de la siguiente entrega.

En aquellos eventos en los que el Invima advierta el desabastecimiento de alguno de los medicamentos prescritos en cada uno de los expedientes acumulados, la Corte ordenó a las EPS asegurar la valoración médica inmediata del paciente, para identificar las bioequivalencias necesarias y evitar la interrupción del tratamiento.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la Sala de Revisión encomendó la vigilancia del asunto a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando habilitar canales para el seguimiento y acompañamiento a los pacientes.

M.P. Juan Carlos Cortés González

Un contrato laboral de aprendizaje, el clamor de aprendices del SENA en el Día del Trabajo

La familia SENA, se une para decir sí a la esperanza, sí a un contrato que reconozca su valor, sí a los derechos laborales de los aprendices.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se une este 1.º de mayo a la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores. Para esta oportunidad con un apoyo focalizado a la consulta popular, pues esta representa una mejor calidad de vida para miles de aprendices y sus familias.

“Con la laboralización del Contrato de Aprendizaje se reconocen los derechos laborales de los aprendices, es el anhelo de más de 400 mil jóvenes que aspiran a recuperar la dignidad. Su implementación, en caso de ser aprobada en la consulta popular, tendría un impacto positivo en el incremento sustancial en los aportes del sistema de seguridad social”, indico Londoño Ulloa.

El Contrato de Aprendizaje ha sido fundamental en el proceso educativo de los aprendices, beneficiando a cerca de 1 millón 70 mil durante este Gobierno, de los cuales más de 685 mil pertenecen al SENA. Así mismo, en lo que va del año, más de 230 mil están realizando sus etapas prácticas, lo que fomenta la inclusión laboral y su desarrollo profesional.

Por otra parte, se busca recuperar el carácter laboral que se perdió en 2002, para restaurar este derecho esencial, garantizando condiciones justas para las futuras generaciones.

“Apoyamos la pregunta número 6 de la Consulta Popular que promueve nuestros derechos laborales como aprendices”, indicó Dilan Aponte, aprendiz SENA en Salud ambiental y seguridad sanitaria.

La diferencia entre la Ley 789 y lo que se espera con la consulta popular es que en la etapa lectiva o de formación el aprendiz reciba el 60% del SMLMV, que hoy es del 50%. Así mismo, en la etapa productiva se pasa del 75% al 100% del SMLMV y se recupera la afiliación a pensión, primas, vacaciones y demás condiciones de un contrato laboral.

Todas las voces unidas por un país con trabajo digno y decente, justicia laboral y derechos garantizados.

Todas las voces unidas por un país con trabajo digno y decente, justicia laboral y derechos garantizados. 
El SENA es Trabajo

El SENA conecta el talento colombiano con oportunidades; más de 1 millón 446 mil puestos de trabajo se han generado durante este Gobierno, gracias a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo (APE) del SENA. Así aportamos significativamente a la inclusión social, equidad de género y paz territorial.

Además, más de 3,6 millones de personas recibieron orientación ocupacional, potenciando su perfil y habilidades para participar en procesos de selección de trabajo.

Más de 8 millones de colombianos se forman para el trabajo cada año, gracias al SENA, contribuyendo a la consolidación de la justicia social, ambiental y económica en este Gobierno del Cambio.

Las 12 preguntas en la Consulta Popular y que el presidente Petro radicará el primero de mayo en el Senado

Ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino.
 Foto: Ministerio del Interior
El Gobierno nacional dio a conocer las 12 preguntas que serán incluidas en la Consulta Popular que el presidente Gustavo Petro radicará el próximo primero de mayo ante el Senado de la República.

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Trabajo, Antonio Sanguino, presentaron el cuestionario durante una socialización dirigida a la ciudadanía y a los medios de comunicación.

Las preguntas están basadas en las propuestas de la Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, la cual fue archivada en tercer debate por la Comisión Séptima del Senado.

El proyecto de Consulta Popular, que es promovido por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, consta de 12 preguntas que reflejan el espíritu de transformación laboral promovido por el actual Gobierno, con el objetivo de garantizar mayores derechos y bienestar para la clase trabajadora del país.

De acuerdo con lo anunciado, la consulta constará de preguntas de respuesta cerrada: los colombianos deberán votar “Sí" o “No" frente a cada iniciativa.

El contenido del cuestionario, según informaron los ministros, se construyó a partir de más de 20 mil propuestas enviadas por ciudadanos a través del portal habilitado hasta el pasado lunes 21 de abril.

Las preguntas de la Consulta Popu​lar

1. ¿Está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6:00 a.m. y las 6:00 p.m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas preferentemente asociativas reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por períodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral?

7. ¿Está de acuerdo que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?

10. ¿Está de acuerdo que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

Gobierno nacional contempla subsidiar a pequeñas empresas el pago de horas extras a partir de las 6 de tarde

Foto: Ministerio del Interior
Con el propósito de apoyar las pequeñas empresas del país y fomentar el empleo, el Gobierno nacional tiene contemplado subsidiar el pago de horas extras a aquellas micro y medianas empresas que remuneran a sus empleados por la prestación de sus servicios después de las 6 p.m.

Así lo dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti, en una mesa de trabajo con sectores financieros, en la que aseguró que lo que se busca es aliviar la carga financiera sobre las pequeñas y medianas empresas del país

Benedetti destacó la importancia de esta medida en el contexto actual, debido a que muchas pequeñas empresas enfrentan dificultades económicas.

“Tras el lanzamiento de la Consulta Digital, se plantea una inquietud que guarda estrecha relación con las declaraciones del señor presidente durante el último año y es contemplar la posibilidad de establecer un subsidio dirigido a pequeños empresarios, con el propósito de facilitar la implementación de la nueva normativa que busca el fin de la jornada laboral a las 6 de la tarde o el inicio de la jornada nocturna a partir de esa hora", aseguró el ministro.

Agregó que “es una propuesta que actualmente se está estudiando, ya que la pregunta es pertinente, ha despertado el interés del Gobierno y se encuentra en proceso de análisis técnico. Esta iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Reforma Laboral, cuya meta central es respaldar a la clase obrera y contribuir a la dinamización de la economía nacional".

Según se indicó, la iniciativa tiene el potencial de ser incluida en la Consulta Popular, que le permitirá a la ciudadanía expresar su opinión sobre este y otros temas relevantes para el desarrollo económico del país.

'El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre': presidente Petro al anunciar el regreso digno de colombianos deportados desde EE. UU

​​​El mandatario advirtió que “esta disposición: dignidad para el deportado, se pondrá a todos los países que nos envíen deportaciones, y es apoyada hoy por la ONU”.​​ Foto: Juan Sebastián Cuéllar - Presidencia
“Vienen nuestros connacionales desde EE. UU. libres, dignos, sin estar esposados". Así anunció el presidente Gustavo Petro el retorno de los dos grupos de deportados que llegaron en la mañana de este martes a Bogotá.​

Tal como lo solicitó el presidente Petro al gobierno de Estados Unidos, el domingo 26 de enero, dos aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana trajeron a los colombianos y colombianas que se encontraban en situación migratoria irregular en ese país. Estos ciudadanos viajaron bajo las condiciones exigidas por el mandatario colombiano: sin estar atados de pies y manos, y con un trato que respetara su dignidad.

“El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre", sostuvo el presidente Petro.

El jefe de Estado anunció también que, además de un regreso en las condiciones señaladas, estos ciudadanos, que se fueron a buscar suerte en el país del norte, podrán beneficiarse, una vez reubicados en sus lugares de origen, de “un plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante", que estructurará el Gobierno nacional.

Por su parte, el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, resaltó: “Hemos trabajado para proteger sus derechos, con el apoyo de nuestros consulados y Migración Colombia, priorizando el bienestar de nuestra gente y fortaleciendo la relación bilateral".

Un primer avión trajo 91 connacionales (46 hombres y 45 mujeres) provenientes de El Paso, Texas, mientras que el segundo, que despegó en San Diego, California, y aterrizó en Bogotá sobre las 9:10 de la mañana, transportó a un segundo grupo compuesto por 110 personas (62 hombres, 32 mujeres y 16 menores de edad).

Desde Cancillería informaron que, en el caso del primer grupo, el Consulado de Colombia en Houston brindó asistencia representada en alimentos y apoyo jurídico a los ciudadanos colombianos.

La entidad también precisó que, en el acompañamiento dado para los dos vuelos, se verificó que el procedimiento garantizara los derechos de los connacionales por parte de las autoridades migratorias locales.

La recepción y bienvenida de estos ciudadanos en la capital colombiana estuvo a cargo de miembros de la Cancillería y del Gobierno nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Migración Colombia, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana.

“Todos llegaron en buen estado de salud. Ninguno tiene antecedentes pendientes con la justicia”, aseguró la directora general (e) de Migración Colombia, Martha Hernández.

Presidente Petro suspende diálogos con el Eln tras “crímenes de guerra” en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la suspensión de los diálogos de paz con el Eln debido a los recientes hechos de violencia en la región del Catatumbo.

En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El Eln no tiene ninguna voluntad de paz".

La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al Eln en el Catatumbo, donde se reportaron asesinatos de civiles y algunos firmantes de paz.

La jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, Vera Grabe, se pronunció sobre la medida: “Se suspende el proceso hasta que Eln definitivamente piense si quiere caminar hacia la paz. Este país no aguanta más. Se requiere de una decisión por parte del Eln, si quiere con este Gobierno caminar en la paz". Pese a la suspensión, Grabe aseguró que se mantendrán las dinámicas humanitarias y los canales de comunicación abiertos “para que el Eln comunique lo que defina".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el Eln, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.

El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El Eln tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.

“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el Eln en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.

Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del Eln en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.

El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".

González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.

En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del Eln interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el Eln es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".

El servicio militar voluntario y los embarazos

Imagen de apoyo
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas protegió los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital de una mujer que en el año 2021 se incorporó a la Policía Nacional para prestar el servicio militar voluntario como auxiliar de policía. En el 2022, tuvo conocimiento de su estado de embarazo y lo comunicó a la institución. Cuatro meses después, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá emitió una resolución mediante la cual ordenó su desacuartelamiento del servicio, así como a otras auxiliares de policía en estado de gestación, en razón de dicha condición.

La accionante reprochó que, como consecuencia de esa decisión, (i) dejó de percibir la bonificación que recibía y (ii) su hijo, recién nacido, quedó sin cobertura en materia de servicios de salud. Solicitó el reintegro a la institución para culminar la prestación del servicio militar voluntario y la asignación de labores acordes a las recomendaciones del médico tratante.

La Sala protegió los derechos de la accionante al evidenciar que la Policía Nacional (i) no efectuó una interpretación de las normas aplicables a la situación de desacuartelamiento de manera acorde con la especial protección a la maternidad, y (ii) les atribuyó un alcance que no tenían para regular la situación de las mujeres en estado de embarazo, lo que dio lugar a un trato discriminatorio.

Para la Corte, el desacuartelamiento de las mujeres de la prestación del servicio militar debido a su estado de embarazo, con base en la aplicación de las causales de exoneración del servicio militar previstas para los hombres, constituye un factor de discriminación en razón del género por las siguientes razones: (i) el embarazo no constituye “una condición ajena a la voluntad del individuo”. (ii) Las causales de exención o exoneración del servicio militar constituyen una garantía a favor de la persona incorporada a las filas y, específicamente, del menor cuando sobreviene la causal prevista en el literal p) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. (iii) En caso de configurarse alguna de esas causales, de conformidad con lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, “las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente”.

La Corte advirtió que la maternidad no configura, en sí misma, una causal de desacuartelamiento. Por tanto, evidenció que la entidad incurrió en un acto discriminatorio al aplicar, de manera automática, la causal de retiro del servicio que consideraba más ajustada a la protección del recién nacido, “con lo cual impuso a la accionante unas cargas relacionadas a los imaginarios sociales sobre lo que debe ser la maternidad. Además, consideró que las funciones de auxiliar de policía son incompatibles con la maternidad y decidió, de manera unilateral, que esto último era lo que debía prevalecer”.

Por tanto, para resolver el caso concreto, precisó que, si bien el servicio militar otorga a quien lo presta una serie de prestaciones que, de cualquier forma, “no pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para soldados profesionales”, el desacuartelamiento generó un impacto negativo en el derecho al mínimo vital de la demandante, dado que el retiro del servicio implicó la suspensión del pago del auxilio económico previsto para el régimen de la Policía Nacional.

Además, la Sala de Revisión llamó la atención sobre el déficit normativo de protección a la mujer gestante que presta el servicio militar voluntario, dado que la Ley 1861 de 2017 y el Decreto 977 de 2018 no incluyen causales ni regulación para la cesación del deber de prestar el servicio por desacuartelamiento relacionadas con la decisión de la mujer de procrear.

Con base en lo anterior, la Corte (i) dejó sin efectos la resolución que ordenó el desacuartelamiento de la accionante, (ii) dispuso reincorporarla por el tiempo restante para finalizar la prestación del servicio militar, si así lo deseaba, en una labor acorde con la condición que dio lugar a la protección ocupacional, (iii) resolvió garantizar la atención en salud tanto para ella como para su hijo, hasta que culminara el periodo del servicio militar restante, esto es, al término de 12 o 18 meses, y (iv) ordenó que se le cancelaran los emolumentos legales dejados de percibir, correspondientes a dicho periodo.

Por último, instó a la Policía Nacional para que se abstuviera de llevar a cabo cualquier actuación que pudiera resultar en tratos discriminatorios contra las mujeres, y exhortó al Congreso de la República para que valorara la conveniencia de revisar y adoptar medidas legislativas relacionadas con la protección de la mujer embarazada que se incorpora a prestar el servicio militar voluntario, que tenga en cuenta la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar sus derechos fundamentales, así como los del que está por nacer.

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:
Régimen de prestación del servicio militar de la Policía Nacional: de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, el servicio militar es un deber de todos los colombianos, que exige tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones cuando las necesidades públicas así lo exijan.


 

134 patrulleras y patrulleros hoy son oficiales.

Desde la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, al final de la tarde fría de este viernes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, graduó a 283 subtenientes de la Policía Nacional, y dio un parte de cumplimiento de una de sus promesas de campaña electoral, que los patrulleros de la Fuerza Pública se pudieran graduar como oficiales.

“De esos 283 subtenientes, 139 son homologados en comisión de estudios y entraron a la Policía Nacional como patrulleros", puntualizó el mandatario.

Y continuó que “de hecho, el primer puesto que acabamos de condecorar, ha sido la sub teniente Leydi López Delgado, quien fue patrullera".

El jefe de Estado sostuvo que “un patrullero logra mejores condiciones para ser subteniente".

Recordó que esta es una promesa de campaña cumplida porque “no puede haber una línea, un muro social que separe la base, ni de la policía, ni del ejército, ni de ninguna de las armas de la Fuerza Pública, y abrir las puertas de las oportunidades de su propia carrera. Su propia entidad, su propia fuerza, debe abrirlas".

“Si hay una muralla y no pasa de abajo hacia arriba a nadie, no tenemos una Fuerza Pública democrática, tenemos una Fuerza Pública aristocrática, que es diferente", enfatizó.

​Mujeres y ​hombres nuevos oficiales

El presidente Petro sostuvo que de los graduandos, el 40 por ciento, 110, son mujeres y 173, hombres, y tres subtenientes más se graduaron como administradores policiales.

Subrayó la importancia de tener la historia de Colombia muy clara ya que antaño, “el día en que se configuró el Ejército Nacional de Colombia, cuando estaba el general Bolívar, y el momento en que desapareció, porque lo borraron por decreto en la mediados del siglo XIX, el último general, como una y otra vez he repetido, fue el general (José María) Melo, que fue el único indígena presidente de Colombia, gracias a que los obreros de Bogotá así lo decidieron".

Reiteró que “aquí nos enseña esa época, esa historia, que los indígenas podían ser generales, que si no hubiese sido así, un negro no hubiera podido ser el gran almirante de Colombia. Si un indígena no hubiera podido ser el último general del ejército libertador, no hubiéramos obtenido la independencia nacional, y no seríamos la república de Colombia. Hay lecciones de la historia que no se pueden olvidar".

Ante un auditorio de policías recién graduados y d​e la cúpula militar de Colombia indicó al respecto que “ustedes son una demostración de ello, porque 134 patrulleros, patrulleras, hoy son subtenientes, y de ellos seguro, no lo veré yo, alguno que otro, quizás decenas, se vuelvan generales".

“No simplemente debemos quitar los muros dentro de las instituciones nacionales, estatales, sino que esa es la señal para que la sociedad entera lo haga, porque si bien aquí y hoy lo demostramos, un general puede ser negro, vamos a tenerlo, y una patrullera puede ser el primer puesto de su grado, de su curso, y quizás pueda ser no sólo subteniente, sino que en su vida personal decidirá ascender hasta la máxima graduación", indicó el presidente.

Para el mandatario igualdad, libertad y solidaridad, son esos grandes pasos que una institución decide dar, “como en general la Fuerza Pública los está dando".

“No sólo la entrada de la mujer al poder, sino la lucha por la igualdad y la libertad, la equidad, en donde nadie por el color de su piel pueda y deba ser excluido", resaltó.

Hom​enaje al Teniente Coronel Edisón Andrés González Huertas

​Al hacer un homenaje al nombre del curso que concluyeron los oficiales, Teniente Coronel Edison Andrés González Huertas, quien fue asesinado en el año 2023, dijo que “frente a mí ha llorado su madre. No se puede reemplazar un ser humano por una banda, y yo sé que no puedo reemplazar ese ser humano que cayó en el Tarra en el año 2023 en el norte de Santander, y que nos muestra un fracaso, pero dura 75 años ese fracaso, es un fracaso del pueblo colombiano, porque estamos fracasando como sociedad en construir la paz".

“La paz en concreto es que un colombiano no mate a otro colombiano o colombiana, eso es la paz", concluyó al respecto.

Los gobernantes fracasaron, ahora les toca a los pueblos del mundo movilizarse para detener la crisis climática: presidente Petro

Foto: Margarita Valdivieso - Presidencia
Al inaugurar este lunes en Cali la Zona Verde de la COP16, el presidente Gustavo Petro manifestó que los gobernantes y las cumbres climáticas fracasaron en la tarea de detener la crisis climática, por lo que ahora el camino es la movilización de la humanidad en procura de preservar la vida en el planeta.

“Hemos fracasado como gobernantes, porque más nos hemos demorado en reuniones burocráticas y turismos planetarios que en dar soluciones efectivas”, sostuvo.

El mandatario colombiano explicó, por ejemplo, que los gobiernos y los poderes económicos se niegan recurrentemente a poner en marcha los instrumentos financieros que podrían aportar los recursos que se necesitan para afrontar con eficacia la crisis del cambio climático.

Al respecto, precisó: “Cuando hemos levantado la propuesta de cambiar la deuda externa de Colombia por acción climática e invertir nuestros recursos públicos –que van a fondos de pensiones de ricos en Nueva York o a la banca mundial–, cuando hemos dicho que nos queremos dedicar a cuidar y sembrar la selva amazónica para el beneficio de toda la humanidad o a cuidar esta selva del Pacífico y cuidar sus ríos para que el campesinado pueda vivir mejor sin necesidad de cortar el árbol, entonces nos responden no”.

En este punto, reflexionó sobre la falta de poder de decisión y de mecanismos efectivos de solución que, hasta ahora, han mostrado las cumbres climáticas que se realizan en el mundo.

“Las COP encerradas en desiertos para que no llegue la gente. Las COP encerradas en montañas de nieve para que no llegue la gente. Las COP sin gente humana y solo con burócratas no va a solucionar el problema de la crisis climática. No tienen poder de decisión. Nos dejan expósitos ante las inclemencias del clima, como ya vimos en el Amazonas o en el huracán del Caribe”, recalcó.

Red mundial para acelerar los cambios que necesita el mundo

Ante este hecho, el presidente Petro consideró que es el momento para que los movimientos y organizaciones sociales de los pueblos del mundo levanten la voz, se movilicen y asuman la misión que no han podido o no han querido liderar los gobiernos de los países.

“Nos toca a nosotros, porque queremos tener hijos, hijas, nietos, nietas”, dijo y agregó: “Ya no será simplemente una concertación de gobiernos, sino que tiene que ser una concertación de los pueblos del mundo. Ya no hay tiempo suficiente para esperar”, declaró.

En este sentido, el jefe de Estado le pidió a la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad –quien asumió como presidenta de la COP16-, que lidere la creación y acción de una Red Mundial de Organizaciones y Pueblos del Mundo.

“Le pido a Susana (Muhamad) que coordine, como presidenta de la COP16, la opción de construir la gran Red Mundial de Organizaciones y Pueblos del Mundo que sea capaz de movilizarse, como humanidad, para detener la codicia, que es la gran causante de la crisis climática del mundo y, por tanto, de la vida planetaria”, subrayó el presidente.

Indicó que “esa red, interconectada por todos los métodos de interconexión actual, tiene que operar días de manifestaciones mundiales cada vez más, días de rodear el poder que se niega a la vida y que nos transmite a la muerte”.

No es mañana, es hoy

Ante los asistentes a la inauguración de la Zona Verde de la COP16, donde a partir de hoy se llevarán a cabo las actividades culturales, académicas y populares de la cumbre, el presidente Petro urgió: “Tenemos entonces que luchar hoy. No es mañana, no es en 50 años”.

“Tenemos apenas cinco años para provocar los cambios políticos en el mundo que permitan una nueva economía que, sin utilizar el carbón y el petróleo, pueda detener el envenenamiento de la atmósfera. Es poco tiempo. Ya no son los gobernantes; son los pueblos”, expuso el jefe de Estado.

Reiteró que “ya no se trata de declaraciones que no se cumplen. Ahora se trata de la movilización de toda la humanidad por su propia existencia en el planeta. La gravedad de los hechos lo demandan”.

“Este presidente de la República de Colombia tiene que decirles algo que ningún otro presidente de Colombia dijo: es que llegó el tiempo de la movilización de la humanidad o nos quedamos sin humanidad. Detener la crisis climática, preservar la biodiversidad, es preservar la humanidad y es preservar la vida”, concluyó el jefe de Estado.

La COP de la Gente

La Zona Verde, inaugurada por el presidente, se localiza en Bulevar del Río Cali sobre la Avenida Colombia y sus alrededores. Este lugar, que abarca más de 350 mil metros cuadrados, se ha diseñado para promover la participación en la COP16 de la sociedad civil, las ciudadanías y comunidades del mundo, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, que, en este espacio, interactuarán con académicos, expositores, turistas y artistas, para intercambiar experiencias, establecer redes de cooperación, exponer y vender sus productos sostenibles y mostrar su compromiso con la protección y conservación de la diversidad biológica.

Durante el acto, la ministra Susana Muhamad afirmó que “esta apertura de la Zona Verde representa el espíritu que Colombia ha invitado al mundo a caminar, y es el espíritu de la Paz con la Naturaleza que, en el fondo, implica la movilización de los pueblos. La Zona Verde no es solamente una zona de pedagogía ambiental; es principalmente un ágora política, de reflexión sobre el futuro que nos pertenece a todos y todas”.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez expresó: “El presidente Gustavo Petro dijo que vamos a hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida; hoy decimos que eso ya no es un discurso, sino que eso se transforma en acción y la COP16 es una demostración de la acción del Gobierno nacional que se articula con el gobierno local”.

“Este es un hecho histórico para el mundo; Colombia tiene la posibilidad de mostrar lo mejor de lo que somos, y esta es la oportunidad para poner los saberes de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes, de los sectores populares, en términos de la enseñanza al mundo”, puntualizó.

Riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en centros de reclusión

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la Defensoría del Pueblo advirtió que las condiciones mínimas de salubridad en la alimentación de las personas privadas de la libertad deben mejorarse para cumplir con estándares de dignidad humana. Además, señaló, el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es significativamente mayor en la población carcelaria en comparación con la población general en sus hogares.

Las estadísticas muestran que el riesgo para la población carcelaria es 50 veces mayor: en el primer semestre de 2024, proporcionalmente, las personas privadas de la libertad enfrentan un riesgo mayor de verse afectadas por brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, en comparación con la población general en hogares.

Esta disparidad subraya la vulnerabilidad particular de las personas privadas de la libertad respecto a las condiciones de salubridad alimentaria en los centros de reclusión.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a superar esta disparidad y solicita que, en virtud de la relación especial de sujeción, las autoridades nacionales y regionales adopten esquemas adecuados de prestación del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad, lo que es parte de la garantía de mínimos básicos que vayan en el camino de garantizar la dignidad humana de esta población.

El derecho a una alimentación en condiciones adecuadas es uno de los reclamos más urgentes de las personas privadas de la libertad. Las visitas realizadas a los establecimientos de reclusión por parte de la entidad han evidenciado que los alimentos se entregan en horarios inusuales, como la cena, que generalmente se distribuye a las 3:30 p.m. Además, la Defensoría ha recibido constantes denuncias sobre la entrega de productos alimenticios en mal estado.

Finalmente, la institución nacional de derechos humanos insta a las autoridades penitenciarias a garantizar la entrega de alimentos adecuados a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, estaciones de policía y lugares similares. La adecuada alimentación constituye una de las condiciones mínimas de subsistencia y es un núcleo esencial de la dignidad humana.

‘Aprobado el 90% del articulado del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Representantes’: MinTrabajo

Con la aprobación de más del 90% de los artículos del proyecto de Reforma Laboral, concluyó la sesión de este miércoles en la Cámara de Representantes. Entre los artículos aprobados se destacan el 49 (licencia de paternidad) y el 52, relativo a los convenios laborales para las víctimas del conflicto armado.

Esta reforma va dirigida a que Colombia transite hacia estándares nacionales e internacionales, pero sobre todo que tenga un enfoque de derechos. Esa es la esencia de este proceso y que se cumplan los compromisos”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al salir de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se realiza el segundo debate del proyecto de ley de la Reforma Laboral.

Uno de los proyectos sociales bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, está a punto de pasar. Este miércoles, luego de un importante debate, entre otros artículos, el 22 (contrato de aprendizaje) y el 23 (monetización de la cuota de aprendizaje), fueron aprobados por las y los representantes, lo que beneficiará a los aprendices del Sena, algunos de los cuales estuvieron acompañando el trámite en las barras del Salón Elíptico.

También contaron con aval el artículo 17, que trata la remuneración en días de descanso obligatorio, el cual debe ser de 100%, y se aplicará en 80% en 2025; subirá a 90% en 2026 y será plena en 2027.

La titular de la cartera laboral anotó que había temas sensibles que tienen que ver con el campo, tales como el contrato y el jornal agropecuario, así como la vivienda rural. “Infortunadamente, y esto lo lamentamos profundamente desde el Gobierno, la plenaria de la Cámara perdió una gran oportunidad para hacer equidad en el campo, hacer inclusión social y permitir la formalización de más de 1 millón 700 mil trabajadores del sector”.

Dijo la alta funcionaria que “lo que estamos buscando con esta reforma es cómo formalizar y hacer que el campo tenga no solo un salario mínimo, sino la protección de la seguridad social”.

Y agregó: “Seguiremos insistiendo en este proceso que llevaremos al Senado de la República. Desde MinTrabajo vamos a fortalecer la inspección, vigilancia y control del campo con los inspectores rurales como una manera de aplicar las normas”, puntualizó.

También anotó que se discutirán propuestas para la protección laboral ante la automatización de actividades, así como en los procesos de descarbonización y transición energética.

Este jueves continuará el debate con el fin de discutir el bloque de artículos restantes y las más de 100 proposiciones de artículos nuevos que podrían ser incluidos en el proyecto de ley.

Me quieren juzgar porque les mostré el banco en donde consignaron la plata utilizada para la compra de Pegasus: presidente Petro

El Carmen de Viboral, Antioquia, 8 de octubre de 2024.- El presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó este martes, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso de la vereda La Esperanza, que la respuesta al estallido social en donde fueron asesinados jóvenes por el Estado fue la adquisición del software de interceptación Pegasus.

“¿Cómo se respondió al estallido social? Con Pegasus”, manifestó el mandatario en su intervención.

El presidente subrayó que haber puesto al descubierto la compra del software es la razón por la que ahora quieren juzgarlo.

“Ahora me quieren juzgar porque les mostré el banco donde consignaron la plata, la empresa, la fecha, el avión, y no con un documento del presidente de la República sino del país extranjero donde está el banco, a través de su agencia de lavado de activos”, dijo.

El jefe de Estado señaló, además, que es “triste que un gobierno mueva dineros en aviones, y otra agencia extranjera tenga que meter el hecho dentro de un informe de lavado de activos en Colombia”.

“¿Para qué? ¿Para perseguir a jovencitos? ¿Qué tienen contra la juventud en Colombia? ¿Les asusta o qué? Porque no hacen sino asesinarla permanentemente, perseguirla permanentemente. ¿Qué les molesta de los jóvenes y las jóvenes que no se dejan arrodillar, que gritan y protestan, que tienen dignidad, y entonces para eso buscan fusilarlos y golpearlos y encarcelarlos y torturarlos? Pues este pueblo se cansó, se cansó”, puntualizó el presidente Petro.

Alocución del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. - Video -


Colombianos y colombianas:

Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país.

El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento.

Quiero desmentir las cinco principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra.

1. Los supuestos aportes de la USO y Fecode NO fueron a la mi campaña, sino al partido Colombia Humana. Tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque de 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021.

2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022. Y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones.

3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de TODAS las cuentas que presentamos.

4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron.

5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar Arena después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacia parte del periodo de campaña, así lo establece la ley.

Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición, que busca a toda costa poner en duda mi integridad.


Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente, para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral.


La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia Internacional, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña.

Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Les solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del Pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente ordeno a la Fuerza Pública toda no levantar una sola arma contra el pueblo.

Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia.

La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma.

Buenas noches colombianas y colombianos.

Conflictos por tierras

Colombia tiene la oportunidad histórica para resolver conflictos de tierra que han congestionado los tribunales, en adelante a través de la Jurisdicción Agraria y Rural por vía pacífica, y no sometiéndolos al arbitrio de actores armados ilegales, práctica que quedó en el pasado y jamás deberá repetirse.

El pasado 27 de agosto, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, asunto que ocupa por estos días a los Senadores de la República en su estudio y análisis, y con cuya aprobación se superarán grandes obstáculos que enfrenta el campesinado para defender sus derechos.

La jurisdicción agraria no es algo nuevo a nivel internacional, sino que es un mecanismo ya usado en países con problemas de tierras como México, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú y Brasil, quienes crearon las suyas para servir de puente y lograr que las poblaciones más vulnerables tuvieran acceso al Estado en sus múltiples dimensiones. En la práctica, comprobaron que no tener jurisdicción agraria, era negarle el acceso a la justicia a sus campesinos.

En nuestro país, el derecho agrario ha sido desarrollado por más de un siglo y existen múltiples leyes y sentencias que interpretan la normatividad agraria y protegen la propiedad. Pero los actuales despachos judiciales ya tienen suficiente congestión y relegan los procesos agrarios al olvido, en anaqueles abarrotados de viejos expedientes. Dicha saturación deja en evidencia la necesidad de contar con jueces especializados en temas agrarios que ayuden a resolver los conflictos de la tierra, en la más profunda apuesta por la paz para el campo colombiano.

Tras integrar la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, se aprobó una Ley Estatutaria que se encuentra en revisión de constitucionalidad para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta norma crea la estructura de la nueva Jurisdicción y le otorga competencia a jueces y magistrados especializados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país.

Con la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, la Agencia Nacional de Tierras se robustecerá institucionalmente para hacer la Reforma Agraria, retomando facultades en parte de los procesos agrarios, como en su momento las tuvieron el INCORA, el INCODER y la misma ANT hasta el 2017, para poder avanzar con la correcta disposición de tierras de la Nación. Y ante cualquier inconformidad, en debido proceso sus decisiones podrán ser recurridas ante los jueces y magistrados agrarios.

#JurisdicciónAgrariaYa es el mensaje con que la ANT desplegará hoy la Jornada Nacional de Pedagogía, con el objetivo de que los colombianos conozcan este proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, y que permitirá recuperar tierras con destino a los campesinos y comunidades étnicas para acelerar la Reforma Agraria, para así saldar una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana.

No es posible sujetar la prestación del servicio público de acueducto a requisitos no exigidos por la normativa

Imagen de apoyo
La Sala Cuarta de Revisión amparó el derecho al debido proceso de 15 familias residentes en un barrio de Bucaramanga, a quienes se les negó la prestación del servicio de acueducto porque no presentaron un “paz y salvo” solicitado por la empresa prestadora de servicios públicos.

Los accionantes explicaron que, desde 2005, recibían el suministro de agua potable mediante tres pilas públicas provisionales administradas por la junta de acción comunal del barrio. Según indicaron, desde 2020, la junta dejó de recaudar el dinero a los habitantes del sector, que servía como medio para pagar el costo del servicio de pila pública; deuda que llegó a ascender a 271 millones de pesos. En el marco del proceso de individualización de los servicios de acueducto y alcantarillado, la empresa condicionó la prestación de estos servicios a que los actores presentaran un paz y salvo por el consumo de la pila pública provisional.

Al conocer del asunto, la Corte consideró que la empresa había vulnerado el derecho al debido proceso porque supeditó la conexión de aquellos servicios públicos domiciliarios a una exigencia no prevista en el ordenamiento jurídico, consistente en presentar un certificado de paz y salvo por los consumos del suscriptor del servicio de pila pública.

La Sala precisó que ninguna disposición del régimen jurídico para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado supedita la conexión a la presentación del paz y salvo solicitado por la empresa, razón por la cual su exigencia es incompatible con el artículo 84 constitucional, según el cual, “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

Para proteger el derecho vulnerado, la Corte le ordenó a la empresa que les brindara a los accionantes información clara y suficiente acerca de las condiciones previstas en la normativa para acceder a los servicios de acueducto y alcantarillado, sin que para la conexión a estos les pudiera exigir el paz y salvo solicitado.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó su voto en la presente decisión, mientras que el magistrado Vladimir Fernández Andrade lo aclaró.

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:
La prestación del servicio de acueducto mediante el sistema de pilas públicas: de conformidad con el Decreto 302 de 2000, las pilas públicas son “fuente de agua colocada por la entidad, de manera temporal, para el abastecimiento colectivo en zonas urbanas distantes de la red local de acueducto, siempre que se dificulte la instalación de redes domiciliarias”.

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