'El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre': presidente Petro al anunciar el regreso digno de colombianos deportados desde EE. UU

​​​El mandatario advirtió que “esta disposición: dignidad para el deportado, se pondrá a todos los países que nos envíen deportaciones, y es apoyada hoy por la ONU”.​​ Foto: Juan Sebastián Cuéllar - Presidencia

“Vienen nuestros connacionales desde EE. UU. libres, dignos, sin estar esposados". Así anunció el presidente Gustavo Petro el retorno de los dos grupos de deportados que llegaron en la mañana de este martes a Bogotá.​

Tal como lo solicitó el presidente Petro al gobierno de Estados Unidos, el domingo 26 de enero, dos aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana trajeron a los colombianos y colombianas que se encontraban en situación migratoria irregular en ese país. Estos ciudadanos viajaron bajo las condiciones exigidas por el mandatario colombiano: sin estar atados de pies y manos, y con un trato que respetara su dignidad.

“El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre", sostuvo el presidente Petro.

El jefe de Estado anunció también que, además de un regreso en las condiciones señaladas, estos ciudadanos, que se fueron a buscar suerte en el país del norte, podrán beneficiarse, una vez reubicados en sus lugares de origen, de “un plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante", que estructurará el Gobierno nacional.

Por su parte, el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, resaltó: “Hemos trabajado para proteger sus derechos, con el apoyo de nuestros consulados y Migración Colombia, priorizando el bienestar de nuestra gente y fortaleciendo la relación bilateral".

Un primer avión trajo 91 connacionales (46 hombres y 45 mujeres) provenientes de El Paso, Texas, mientras que el segundo, que despegó en San Diego, California, y aterrizó en Bogotá sobre las 9:10 de la mañana, transportó a un segundo grupo compuesto por 110 personas (62 hombres, 32 mujeres y 16 menores de edad).

Desde Cancillería informaron que, en el caso del primer grupo, el Consulado de Colombia en Houston brindó asistencia representada en alimentos y apoyo jurídico a los ciudadanos colombianos.

La entidad también precisó que, en el acompañamiento dado para los dos vuelos, se verificó que el procedimiento garantizara los derechos de los connacionales por parte de las autoridades migratorias locales.

La recepción y bienvenida de estos ciudadanos en la capital colombiana estuvo a cargo de miembros de la Cancillería y del Gobierno nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Migración Colombia, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana.

“Todos llegaron en buen estado de salud. Ninguno tiene antecedentes pendientes con la justicia”, aseguró la directora general (e) de Migración Colombia, Martha Hernández.

Presidente Petro suspende diálogos con el Eln tras “crímenes de guerra” en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la suspensión de los diálogos de paz con el Eln debido a los recientes hechos de violencia en la región del Catatumbo.

En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El Eln no tiene ninguna voluntad de paz".

La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al Eln en el Catatumbo, donde se reportaron asesinatos de civiles y algunos firmantes de paz.

La jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, Vera Grabe, se pronunció sobre la medida: “Se suspende el proceso hasta que Eln definitivamente piense si quiere caminar hacia la paz. Este país no aguanta más. Se requiere de una decisión por parte del Eln, si quiere con este Gobierno caminar en la paz". Pese a la suspensión, Grabe aseguró que se mantendrán las dinámicas humanitarias y los canales de comunicación abiertos “para que el Eln comunique lo que defina".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el Eln, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.

El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El Eln tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.

“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el Eln en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.

Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del Eln en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.

El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".

González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.

En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del Eln interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el Eln es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".

El servicio militar voluntario y los embarazos

Imagen de apoyo

La Sala Sexta de Revisión de Tutelas protegió los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital de una mujer que en el año 2021 se incorporó a la Policía Nacional para prestar el servicio militar voluntario como auxiliar de policía. En el 2022, tuvo conocimiento de su estado de embarazo y lo comunicó a la institución. Cuatro meses después, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá emitió una resolución mediante la cual ordenó su desacuartelamiento del servicio, así como a otras auxiliares de policía en estado de gestación, en razón de dicha condición.

La accionante reprochó que, como consecuencia de esa decisión, (i) dejó de percibir la bonificación que recibía y (ii) su hijo, recién nacido, quedó sin cobertura en materia de servicios de salud. Solicitó el reintegro a la institución para culminar la prestación del servicio militar voluntario y la asignación de labores acordes a las recomendaciones del médico tratante.

La Sala protegió los derechos de la accionante al evidenciar que la Policía Nacional (i) no efectuó una interpretación de las normas aplicables a la situación de desacuartelamiento de manera acorde con la especial protección a la maternidad, y (ii) les atribuyó un alcance que no tenían para regular la situación de las mujeres en estado de embarazo, lo que dio lugar a un trato discriminatorio.

Para la Corte, el desacuartelamiento de las mujeres de la prestación del servicio militar debido a su estado de embarazo, con base en la aplicación de las causales de exoneración del servicio militar previstas para los hombres, constituye un factor de discriminación en razón del género por las siguientes razones: (i) el embarazo no constituye “una condición ajena a la voluntad del individuo”. (ii) Las causales de exención o exoneración del servicio militar constituyen una garantía a favor de la persona incorporada a las filas y, específicamente, del menor cuando sobreviene la causal prevista en el literal p) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. (iii) En caso de configurarse alguna de esas causales, de conformidad con lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, “las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente”.

La Corte advirtió que la maternidad no configura, en sí misma, una causal de desacuartelamiento. Por tanto, evidenció que la entidad incurrió en un acto discriminatorio al aplicar, de manera automática, la causal de retiro del servicio que consideraba más ajustada a la protección del recién nacido, “con lo cual impuso a la accionante unas cargas relacionadas a los imaginarios sociales sobre lo que debe ser la maternidad. Además, consideró que las funciones de auxiliar de policía son incompatibles con la maternidad y decidió, de manera unilateral, que esto último era lo que debía prevalecer”.

Por tanto, para resolver el caso concreto, precisó que, si bien el servicio militar otorga a quien lo presta una serie de prestaciones que, de cualquier forma, “no pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para soldados profesionales”, el desacuartelamiento generó un impacto negativo en el derecho al mínimo vital de la demandante, dado que el retiro del servicio implicó la suspensión del pago del auxilio económico previsto para el régimen de la Policía Nacional.

Además, la Sala de Revisión llamó la atención sobre el déficit normativo de protección a la mujer gestante que presta el servicio militar voluntario, dado que la Ley 1861 de 2017 y el Decreto 977 de 2018 no incluyen causales ni regulación para la cesación del deber de prestar el servicio por desacuartelamiento relacionadas con la decisión de la mujer de procrear.

Con base en lo anterior, la Corte (i) dejó sin efectos la resolución que ordenó el desacuartelamiento de la accionante, (ii) dispuso reincorporarla por el tiempo restante para finalizar la prestación del servicio militar, si así lo deseaba, en una labor acorde con la condición que dio lugar a la protección ocupacional, (iii) resolvió garantizar la atención en salud tanto para ella como para su hijo, hasta que culminara el periodo del servicio militar restante, esto es, al término de 12 o 18 meses, y (iv) ordenó que se le cancelaran los emolumentos legales dejados de percibir, correspondientes a dicho periodo.

Por último, instó a la Policía Nacional para que se abstuviera de llevar a cabo cualquier actuación que pudiera resultar en tratos discriminatorios contra las mujeres, y exhortó al Congreso de la República para que valorara la conveniencia de revisar y adoptar medidas legislativas relacionadas con la protección de la mujer embarazada que se incorpora a prestar el servicio militar voluntario, que tenga en cuenta la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar sus derechos fundamentales, así como los del que está por nacer.

Sentencia T-456 de 2024

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:

Régimen de prestación del servicio militar de la Policía Nacional: de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, el servicio militar es un deber de todos los colombianos, que exige tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones cuando las necesidades públicas así lo exijan.

 

134 patrulleras y patrulleros hoy son oficiales.

Desde la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, al final de la tarde fría de este viernes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, graduó a 283 subtenientes de la Policía Nacional, y dio un parte de cumplimiento de una de sus promesas de campaña electoral, que los patrulleros de la Fuerza Pública se pudieran graduar como oficiales.

“De esos 283 subtenientes, 139 son homologados en comisión de estudios y entraron a la Policía Nacional como patrulleros", puntualizó el mandatario.

Y continuó que “de hecho, el primer puesto que acabamos de condecorar, ha sido la sub teniente Leydi López Delgado, quien fue patrullera".

El jefe de Estado sostuvo que “un patrullero logra mejores condiciones para ser subteniente".

Recordó que esta es una promesa de campaña cumplida porque “no puede haber una línea, un muro social que separe la base, ni de la policía, ni del ejército, ni de ninguna de las armas de la Fuerza Pública, y abrir las puertas de las oportunidades de su propia carrera. Su propia entidad, su propia fuerza, debe abrirlas".

“Si hay una muralla y no pasa de abajo hacia arriba a nadie, no tenemos una Fuerza Pública democrática, tenemos una Fuerza Pública aristocrática, que es diferente", enfatizó.

​Mujeres y ​hombres nuevos oficiales

El presidente Petro sostuvo que de los graduandos, el 40 por ciento, 110, son mujeres y 173, hombres, y tres subtenientes más se graduaron como administradores policiales.

Subrayó la importancia de tener la historia de Colombia muy clara ya que antaño, “el día en que se configuró el Ejército Nacional de Colombia, cuando estaba el general Bolívar, y el momento en que desapareció, porque lo borraron por decreto en la mediados del siglo XIX, el último general, como una y otra vez he repetido, fue el general (José María) Melo, que fue el único indígena presidente de Colombia, gracias a que los obreros de Bogotá así lo decidieron".

Reiteró que “aquí nos enseña esa época, esa historia, que los indígenas podían ser generales, que si no hubiese sido así, un negro no hubiera podido ser el gran almirante de Colombia. Si un indígena no hubiera podido ser el último general del ejército libertador, no hubiéramos obtenido la independencia nacional, y no seríamos la república de Colombia. Hay lecciones de la historia que no se pueden olvidar".

Ante un auditorio de policías recién graduados y d​e la cúpula militar de Colombia indicó al respecto que “ustedes son una demostración de ello, porque 134 patrulleros, patrulleras, hoy son subtenientes, y de ellos seguro, no lo veré yo, alguno que otro, quizás decenas, se vuelvan generales".

“No simplemente debemos quitar los muros dentro de las instituciones nacionales, estatales, sino que esa es la señal para que la sociedad entera lo haga, porque si bien aquí y hoy lo demostramos, un general puede ser negro, vamos a tenerlo, y una patrullera puede ser el primer puesto de su grado, de su curso, y quizás pueda ser no sólo subteniente, sino que en su vida personal decidirá ascender hasta la máxima graduación", indicó el presidente.

Para el mandatario igualdad, libertad y solidaridad, son esos grandes pasos que una institución decide dar, “como en general la Fuerza Pública los está dando".

“No sólo la entrada de la mujer al poder, sino la lucha por la igualdad y la libertad, la equidad, en donde nadie por el color de su piel pueda y deba ser excluido", resaltó.

Hom​enaje al Teniente Coronel Edisón Andrés González Huertas

​Al hacer un homenaje al nombre del curso que concluyeron los oficiales, Teniente Coronel Edison Andrés González Huertas, quien fue asesinado en el año 2023, dijo que “frente a mí ha llorado su madre. No se puede reemplazar un ser humano por una banda, y yo sé que no puedo reemplazar ese ser humano que cayó en el Tarra en el año 2023 en el norte de Santander, y que nos muestra un fracaso, pero dura 75 años ese fracaso, es un fracaso del pueblo colombiano, porque estamos fracasando como sociedad en construir la paz".

“La paz en concreto es que un colombiano no mate a otro colombiano o colombiana, eso es la paz", concluyó al respecto.

Los gobernantes fracasaron, ahora les toca a los pueblos del mundo movilizarse para detener la crisis climática: presidente Petro

Foto: Margarita Valdivieso - Presidencia

Al inaugurar este lunes en Cali la Zona Verde de la COP16, el presidente Gustavo Petro manifestó que los gobernantes y las cumbres climáticas fracasaron en la tarea de detener la crisis climática, por lo que ahora el camino es la movilización de la humanidad en procura de preservar la vida en el planeta.

“Hemos fracasado como gobernantes, porque más nos hemos demorado en reuniones burocráticas y turismos planetarios que en dar soluciones efectivas”, sostuvo.

El mandatario colombiano explicó, por ejemplo, que los gobiernos y los poderes económicos se niegan recurrentemente a poner en marcha los instrumentos financieros que podrían aportar los recursos que se necesitan para afrontar con eficacia la crisis del cambio climático.

Al respecto, precisó: “Cuando hemos levantado la propuesta de cambiar la deuda externa de Colombia por acción climática e invertir nuestros recursos públicos –que van a fondos de pensiones de ricos en Nueva York o a la banca mundial–, cuando hemos dicho que nos queremos dedicar a cuidar y sembrar la selva amazónica para el beneficio de toda la humanidad o a cuidar esta selva del Pacífico y cuidar sus ríos para que el campesinado pueda vivir mejor sin necesidad de cortar el árbol, entonces nos responden no”.

En este punto, reflexionó sobre la falta de poder de decisión y de mecanismos efectivos de solución que, hasta ahora, han mostrado las cumbres climáticas que se realizan en el mundo.

“Las COP encerradas en desiertos para que no llegue la gente. Las COP encerradas en montañas de nieve para que no llegue la gente. Las COP sin gente humana y solo con burócratas no va a solucionar el problema de la crisis climática. No tienen poder de decisión. Nos dejan expósitos ante las inclemencias del clima, como ya vimos en el Amazonas o en el huracán del Caribe”, recalcó.

Red mundial para acelerar los cambios que necesita el mundo

Ante este hecho, el presidente Petro consideró que es el momento para que los movimientos y organizaciones sociales de los pueblos del mundo levanten la voz, se movilicen y asuman la misión que no han podido o no han querido liderar los gobiernos de los países.

“Nos toca a nosotros, porque queremos tener hijos, hijas, nietos, nietas”, dijo y agregó: “Ya no será simplemente una concertación de gobiernos, sino que tiene que ser una concertación de los pueblos del mundo. Ya no hay tiempo suficiente para esperar”, declaró.

En este sentido, el jefe de Estado le pidió a la ministra de Ambiente de Colombia, Susana Muhamad –quien asumió como presidenta de la COP16-, que lidere la creación y acción de una Red Mundial de Organizaciones y Pueblos del Mundo.

“Le pido a Susana (Muhamad) que coordine, como presidenta de la COP16, la opción de construir la gran Red Mundial de Organizaciones y Pueblos del Mundo que sea capaz de movilizarse, como humanidad, para detener la codicia, que es la gran causante de la crisis climática del mundo y, por tanto, de la vida planetaria”, subrayó el presidente.

Indicó que “esa red, interconectada por todos los métodos de interconexión actual, tiene que operar días de manifestaciones mundiales cada vez más, días de rodear el poder que se niega a la vida y que nos transmite a la muerte”.

No es mañana, es hoy

Ante los asistentes a la inauguración de la Zona Verde de la COP16, donde a partir de hoy se llevarán a cabo las actividades culturales, académicas y populares de la cumbre, el presidente Petro urgió: “Tenemos entonces que luchar hoy. No es mañana, no es en 50 años”.

“Tenemos apenas cinco años para provocar los cambios políticos en el mundo que permitan una nueva economía que, sin utilizar el carbón y el petróleo, pueda detener el envenenamiento de la atmósfera. Es poco tiempo. Ya no son los gobernantes; son los pueblos”, expuso el jefe de Estado.

Reiteró que “ya no se trata de declaraciones que no se cumplen. Ahora se trata de la movilización de toda la humanidad por su propia existencia en el planeta. La gravedad de los hechos lo demandan”.

“Este presidente de la República de Colombia tiene que decirles algo que ningún otro presidente de Colombia dijo: es que llegó el tiempo de la movilización de la humanidad o nos quedamos sin humanidad. Detener la crisis climática, preservar la biodiversidad, es preservar la humanidad y es preservar la vida”, concluyó el jefe de Estado.

La COP de la Gente

La Zona Verde, inaugurada por el presidente, se localiza en Bulevar del Río Cali sobre la Avenida Colombia y sus alrededores. Este lugar, que abarca más de 350 mil metros cuadrados, se ha diseñado para promover la participación en la COP16 de la sociedad civil, las ciudadanías y comunidades del mundo, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, que, en este espacio, interactuarán con académicos, expositores, turistas y artistas, para intercambiar experiencias, establecer redes de cooperación, exponer y vender sus productos sostenibles y mostrar su compromiso con la protección y conservación de la diversidad biológica.

Durante el acto, la ministra Susana Muhamad afirmó que “esta apertura de la Zona Verde representa el espíritu que Colombia ha invitado al mundo a caminar, y es el espíritu de la Paz con la Naturaleza que, en el fondo, implica la movilización de los pueblos. La Zona Verde no es solamente una zona de pedagogía ambiental; es principalmente un ágora política, de reflexión sobre el futuro que nos pertenece a todos y todas”.

Por su parte, la vicepresidenta Francia Márquez expresó: “El presidente Gustavo Petro dijo que vamos a hacer de Colombia una Potencia Mundial de la Vida; hoy decimos que eso ya no es un discurso, sino que eso se transforma en acción y la COP16 es una demostración de la acción del Gobierno nacional que se articula con el gobierno local”.

“Este es un hecho histórico para el mundo; Colombia tiene la posibilidad de mostrar lo mejor de lo que somos, y esta es la oportunidad para poner los saberes de los pueblos campesinos, indígenas, afrodescendientes, de los sectores populares, en términos de la enseñanza al mundo”, puntualizó.

Riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en centros de reclusión

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la Defensoría del Pueblo advirtió que las condiciones mínimas de salubridad en la alimentación de las personas privadas de la libertad deben mejorarse para cumplir con estándares de dignidad humana. Además, señaló, el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es significativamente mayor en la población carcelaria en comparación con la población general en sus hogares.

Las estadísticas muestran que el riesgo para la población carcelaria es 50 veces mayor: en el primer semestre de 2024, proporcionalmente, las personas privadas de la libertad enfrentan un riesgo mayor de verse afectadas por brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, en comparación con la población general en hogares.

Esta disparidad subraya la vulnerabilidad particular de las personas privadas de la libertad respecto a las condiciones de salubridad alimentaria en los centros de reclusión.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a superar esta disparidad y solicita que, en virtud de la relación especial de sujeción, las autoridades nacionales y regionales adopten esquemas adecuados de prestación del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad, lo que es parte de la garantía de mínimos básicos que vayan en el camino de garantizar la dignidad humana de esta población.

El derecho a una alimentación en condiciones adecuadas es uno de los reclamos más urgentes de las personas privadas de la libertad. Las visitas realizadas a los establecimientos de reclusión por parte de la entidad han evidenciado que los alimentos se entregan en horarios inusuales, como la cena, que generalmente se distribuye a las 3:30 p.m. Además, la Defensoría ha recibido constantes denuncias sobre la entrega de productos alimenticios en mal estado.

Finalmente, la institución nacional de derechos humanos insta a las autoridades penitenciarias a garantizar la entrega de alimentos adecuados a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, estaciones de policía y lugares similares. La adecuada alimentación constituye una de las condiciones mínimas de subsistencia y es un núcleo esencial de la dignidad humana.

‘Aprobado el 90% del articulado del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Representantes’: MinTrabajo

Con la aprobación de más del 90% de los artículos del proyecto de Reforma Laboral, concluyó la sesión de este miércoles en la Cámara de Representantes. Entre los artículos aprobados se destacan el 49 (licencia de paternidad) y el 52, relativo a los convenios laborales para las víctimas del conflicto armado.

“Esta reforma va dirigida a que Colombia transite hacia estándares nacionales e internacionales, pero sobre todo que tenga un enfoque de derechos. Esa es la esencia de este proceso y que se cumplan los compromisos”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al salir de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se realiza el segundo debate del proyecto de ley de la Reforma Laboral.

Uno de los proyectos sociales bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, está a punto de pasar. Este miércoles, luego de un importante debate, entre otros artículos, el 22 (contrato de aprendizaje) y el 23 (monetización de la cuota de aprendizaje), fueron aprobados por las y los representantes, lo que beneficiará a los aprendices del Sena, algunos de los cuales estuvieron acompañando el trámite en las barras del Salón Elíptico.

También contaron con aval el artículo 17, que trata la remuneración en días de descanso obligatorio, el cual debe ser de 100%, y se aplicará en 80% en 2025; subirá a 90% en 2026 y será plena en 2027.

La titular de la cartera laboral anotó que había temas sensibles que tienen que ver con el campo, tales como el contrato y el jornal agropecuario, así como la vivienda rural. “Infortunadamente, y esto lo lamentamos profundamente desde el Gobierno, la plenaria de la Cámara perdió una gran oportunidad para hacer equidad en el campo, hacer inclusión social y permitir la formalización de más de 1 millón 700 mil trabajadores del sector”.

Dijo la alta funcionaria que “lo que estamos buscando con esta reforma es cómo formalizar y hacer que el campo tenga no solo un salario mínimo, sino la protección de la seguridad social”.

Y agregó: “Seguiremos insistiendo en este proceso que llevaremos al Senado de la República. Desde MinTrabajo vamos a fortalecer la inspección, vigilancia y control del campo con los inspectores rurales como una manera de aplicar las normas”, puntualizó.

También anotó que se discutirán propuestas para la protección laboral ante la automatización de actividades, así como en los procesos de descarbonización y transición energética.

Este jueves continuará el debate con el fin de discutir el bloque de artículos restantes y las más de 100 proposiciones de artículos nuevos que podrían ser incluidos en el proyecto de ley.

Me quieren juzgar porque les mostré el banco en donde consignaron la plata utilizada para la compra de Pegasus: presidente Petro

El Carmen de Viboral, Antioquia, 8 de octubre de 2024.- El presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó este martes, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso de la vereda La Esperanza, que la respuesta al estallido social en donde fueron asesinados jóvenes por el Estado fue la adquisición del software de interceptación Pegasus.

“¿Cómo se respondió al estallido social? Con Pegasus”, manifestó el mandatario en su intervención.

El presidente subrayó que haber puesto al descubierto la compra del software es la razón por la que ahora quieren juzgarlo.

“Ahora me quieren juzgar porque les mostré el banco donde consignaron la plata, la empresa, la fecha, el avión, y no con un documento del presidente de la República sino del país extranjero donde está el banco, a través de su agencia de lavado de activos”, dijo.

El jefe de Estado señaló, además, que es “triste que un gobierno mueva dineros en aviones, y otra agencia extranjera tenga que meter el hecho dentro de un informe de lavado de activos en Colombia”.

“¿Para qué? ¿Para perseguir a jovencitos? ¿Qué tienen contra la juventud en Colombia? ¿Les asusta o qué? Porque no hacen sino asesinarla permanentemente, perseguirla permanentemente. ¿Qué les molesta de los jóvenes y las jóvenes que no se dejan arrodillar, que gritan y protestan, que tienen dignidad, y entonces para eso buscan fusilarlos y golpearlos y encarcelarlos y torturarlos? Pues este pueblo se cansó, se cansó”, puntualizó el presidente Petro.

Alocución del presidente de la República, Gustavo Petro Urrego. - Video -

Colombianos y colombianas:

Hoy se ha roto el fuero integral del presidente de la República de Colombia, que defiende la Constitución. Hoy se ha dado el primer paso de un golpe de Estado contra mí como presidente constitucional, elegido democráticamente por el voto popular por más de 11 millones de ciudadanos. De concretarse, este acto representaría la mayor afrenta a nuestra democracia en la historia del país.

El Consejo Nacional Electoral, un organismo administrativo infiltrado por los mismos politiqueros que han gobernado durante décadas nuestro país, ha formulado cargos en mi contra. Esto viola claramente nuestra Constitución y mi fuero. Lo ocurrido hoy pone en peligro la institucionalidad que represento.

Quiero desmentir las cinco principales acusaciones que el CNE, al margen de la ley, ha presentado en mi contra.

1. Los supuestos aportes de la USO y Fecode NO fueron a la mi campaña, sino al partido Colombia Humana. Tal cual lo hicieron aportantes y empresarios al partido Centro Democrático en la campaña de Iván Duque de 2018, y la cual este mismo organismo, el CNE, absolvió el 28 de octubre del 2021.

2. Los supuestos pagos a testigos electorales no corresponden a gastos de campaña. La primera vuelta presidencial fue hasta la apertura de urnas del 29 de mayo de 2022. Y la segunda vuelta presidencial hasta la apertura de urnas del 19 de junio de 2022. El conteo de los votos se da después de cerradas las elecciones.

3. Todos los gastos de campaña por concepto de propaganda electoral fueron reportados de manera oportuna y bajo la normativa respectiva. Así lo certificó la auditoría externa contratada por el propio CNE, que certificó a los 30 días de la campaña la veracidad de TODAS las cuentas que presentamos.

4. Los magistrados del CNE confunden y malinterpretan los permisos de vuelo, que no necesariamente fueron utilizados por la campaña, con los vuelos realizados efectivamente. Todas las facturas entregadas por la campaña ante la DIAN corresponden a los servicios prestados por la empresa de transporte aéreo SADI, pero las desconocieron.

5. El evento de nuestro triunfo electoral realizado el 19 de junio en el Movistar Arena después de las elecciones, efectivamente tuvo unos gastos, solo que este evento ya no hacia parte del periodo de campaña, así lo establece la ley.

Los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral son infundados, y si mis garantías hubieran sido respetadas, la ciudadanía sabría que mi actuar no solo fue totalmente honrado, sino que estoy enfrentando a una autoridad administrativa capturada por la oposición, que busca a toda costa poner en duda mi integridad.

Por esta razón, hemos solicitado a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que haga público el expediente, para que la ciudadanía conozca las más de 25 pruebas testimoniales, 34 documentales y 3 inspecciones judiciales que se han realizado. Es a través de pruebas que reclamo mi inocencia y censuro el proceder ilegal e inconstitucional del Consejo Nacional Electoral.

La auditoría independiente contratada por el propio Consejo Nacional Electoral, Nexia Internacional, una multinacional de las más altas y probadas calidades, dictaminó el pasado 19 de septiembre que las cuentas de campaña, junto con sus observaciones iniciales, fueron debidamente explicadas por el equipo administrativo de la campaña.

Hago un llamado a la movilización generalizada del pueblo colombiano para la defensa irrestricta de la democracia. Le pido al mundo prestar atención a Colombia y ayudarnos a defender nuestra democracia. Les solicito a todas las organizaciones populares de Colombia reunirse y decretarse en asamblea permanente. Es el tiempo del Pueblo. Como presidente de la República elegido constitucionalmente ordeno a la Fuerza Pública toda no levantar una sola arma contra el pueblo.

Los tiempos de la inequidad y la violencia deben cesar en Colombia.

La decisión de hoy es el inicio de un golpe contra el fuero integral del presidente, contra las 11 millones de personas que votaron por este proyecto progresista. Esto es una fractura burda e incontrovertible de la Constitución misma.

Buenas noches colombianas y colombianos.

Conflictos por tierras

Colombia tiene la oportunidad histórica para resolver conflictos de tierra que han congestionado los tribunales, en adelante a través de la Jurisdicción Agraria y Rural por vía pacífica, y no sometiéndolos al arbitrio de actores armados ilegales, práctica que quedó en el pasado y jamás deberá repetirse.

El pasado 27 de agosto, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, asunto que ocupa por estos días a los Senadores de la República en su estudio y análisis, y con cuya aprobación se superarán grandes obstáculos que enfrenta el campesinado para defender sus derechos.

La jurisdicción agraria no es algo nuevo a nivel internacional, sino que es un mecanismo ya usado en países con problemas de tierras como México, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú y Brasil, quienes crearon las suyas para servir de puente y lograr que las poblaciones más vulnerables tuvieran acceso al Estado en sus múltiples dimensiones. En la práctica, comprobaron que no tener jurisdicción agraria, era negarle el acceso a la justicia a sus campesinos.

En nuestro país, el derecho agrario ha sido desarrollado por más de un siglo y existen múltiples leyes y sentencias que interpretan la normatividad agraria y protegen la propiedad. Pero los actuales despachos judiciales ya tienen suficiente congestión y relegan los procesos agrarios al olvido, en anaqueles abarrotados de viejos expedientes. Dicha saturación deja en evidencia la necesidad de contar con jueces especializados en temas agrarios que ayuden a resolver los conflictos de la tierra, en la más profunda apuesta por la paz para el campo colombiano.

Tras integrar la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, se aprobó una Ley Estatutaria que se encuentra en revisión de constitucionalidad para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta norma crea la estructura de la nueva Jurisdicción y le otorga competencia a jueces y magistrados especializados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país.

Con la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, la Agencia Nacional de Tierras se robustecerá institucionalmente para hacer la Reforma Agraria, retomando facultades en parte de los procesos agrarios, como en su momento las tuvieron el INCORA, el INCODER y la misma ANT hasta el 2017, para poder avanzar con la correcta disposición de tierras de la Nación. Y ante cualquier inconformidad, en debido proceso sus decisiones podrán ser recurridas ante los jueces y magistrados agrarios.

#JurisdicciónAgrariaYa es el mensaje con que la ANT desplegará hoy la Jornada Nacional de Pedagogía, con el objetivo de que los colombianos conozcan este proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, y que permitirá recuperar tierras con destino a los campesinos y comunidades étnicas para acelerar la Reforma Agraria, para así saldar una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana.

No es posible sujetar la prestación del servicio público de acueducto a requisitos no exigidos por la normativa

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La Sala Cuarta de Revisión amparó el derecho al debido proceso de 15 familias residentes en un barrio de Bucaramanga, a quienes se les negó la prestación del servicio de acueducto porque no presentaron un “paz y salvo” solicitado por la empresa prestadora de servicios públicos.

Los accionantes explicaron que, desde 2005, recibían el suministro de agua potable mediante tres pilas públicas provisionales administradas por la junta de acción comunal del barrio. Según indicaron, desde 2020, la junta dejó de recaudar el dinero a los habitantes del sector, que servía como medio para pagar el costo del servicio de pila pública; deuda que llegó a ascender a 271 millones de pesos. En el marco del proceso de individualización de los servicios de acueducto y alcantarillado, la empresa condicionó la prestación de estos servicios a que los actores presentaran un paz y salvo por el consumo de la pila pública provisional.

Al conocer del asunto, la Corte consideró que la empresa había vulnerado el derecho al debido proceso porque supeditó la conexión de aquellos servicios públicos domiciliarios a una exigencia no prevista en el ordenamiento jurídico, consistente en presentar un certificado de paz y salvo por los consumos del suscriptor del servicio de pila pública.

La Sala precisó que ninguna disposición del régimen jurídico para la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado supedita la conexión a la presentación del paz y salvo solicitado por la empresa, razón por la cual su exigencia es incompatible con el artículo 84 constitucional, según el cual, “cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio”.

Para proteger el derecho vulnerado, la Corte le ordenó a la empresa que les brindara a los accionantes información clara y suficiente acerca de las condiciones previstas en la normativa para acceder a los servicios de acueducto y alcantarillado, sin que para la conexión a estos les pudiera exigir el paz y salvo solicitado.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó su voto en la presente decisión, mientras que el magistrado Vladimir Fernández Andrade lo aclaró.

Sentencia T-275 de 2024

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:

La prestación del servicio de acueducto mediante el sistema de pilas públicas: de conformidad con el Decreto 302 de 2000, las pilas públicas son “fuente de agua colocada por la entidad, de manera temporal, para el abastecimiento colectivo en zonas urbanas distantes de la red local de acueducto, siempre que se dificulte la instalación de redes domiciliarias”.

Presidente Petro denuncia mercado de intermediarios que triplica las tarifas de energía

El presidente Gustavo Petro reveló este jueves que se ha creado un mercado de intermediarios entre los generadores y los que compran la energía, lo cual triplica el valor de las tarifas, afectando a los usuarios.

Precisó, por ejemplo, que esos intermediarios le compran la energía a Urrá, que es del Estado, a 220 pesos kilovatio hora, y le venden a Air-e, que después le vende al usuario a 880 pesos el kilovatio hora.

Al intervenir en la convocatoria 'La pensional se defiende', realizada en la Plaza de Bolívar, el mandatario explicó: “Crearon un mercado intermediario que triplica el precio de la energía eléctrica en Colombia. ¿Y quiénes son los dueños de eso? Politiqueros, amigos de los politiqueros, negociantes con la pobreza de la gente, porque pagar esa energía equivale a dejar sin sopa al viejo y al hijo, vampiros de los pobres; eso no pasa más en mi gobierno".

En este sentido, indicó que propuso a la CREG (Comisión de Regulación de Energía y GAS) una fórmula para bajar las tarifas, y preguntó si la tarifa de energía eléctrica que hay hoy en Colombia es justa.

​“No, es una pura y mera especulación. Se están comiendo dineros de la gente y de la economía porque unos señores de la CREG hicieron una fórmula hace muchos años que está mal hecha, porque está a favor de ellos y no del usuario de Colombia", sostuvo.

‘Aquí respetamos a las cortes, jamás verán ustedes una interceptación telefónica’: presidente Petro

“Aquí respetamos a las cortes, jamás verán ustedes una interceptación telefónica, como un runrrún en la prensa, porque así dice en la prensa, queda como que éramos nosotros los que estábamos interfiriendo, cuando yo mismo lo fui".

Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro al posesionar este martes, en la Casa de Nariño, a la jurista Claudia Regina Expósito como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

Agregó que también sus hijos, siendo menores, de 4 y 5 años de edad, fueron seg​​uidos por el DAS en el Liceo Francés y “sacaron fotos de los salones donde ellos estudiaban".

Respecto a la reciente denuncia que hizo sobre el caso de la compra de un software malicioso por parte del gobierno colombiano en 2021, el mandatario afirmó que en una democracia nadie debería tener “el súper poder, alguien no electo, incluso –porque no sabemos dónde está Pegasus–, de saber qué hablamos o qué no hablamos o si nos tienen que vigilar o no vigilar, si somos peligrosos o no somos peligrosos".

A continuación, exigió también respeto a los derechos del presidente de la República.

“Los derechos de un presidente se respetan, porque si no vamos a irrespetar también los derechos de un campesino, de un niño sin agua, de una persona pobre, de un viejo sin sopa caliente en las calles, de un soldado, que ahora es agredido por el ELN que, en vez de hablar de paz, van por un muchacho, un soldado cuya madre estará llorando en este momento o preocupada si está herido", indicó el jefe de Estado.

Y sostuvo: “Yo lo que siento, y tengo que confesarlo, es que pareciera que si un presidente dice y actúa en función de que un viejo tenga un plato de sopa, en función de que los niños tengan agua potable, en La Guajira y en otros lugares del país; en función de que un campesino humilde o una campesina tenga tierra, que son cosas que ordena la Constitución; en función de que estos principios básicos de la justicia se puedan ejercer en la práctica por la totalidad de Colombia, es decir, que el derecho exista no en la palabra sino en la vida cotidiana, pues, puede haber paz".

Sin embargo, agregó, “pareciera que eso no es querido en Colombia, no por el pueblo que obviamente sí lo quiere, sino por quienes de una manera u otra detentan palancas del poder de facto, a veces electos, que no lo quieren".

El jefe de Estado citó la obra Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, para ilustrar que, si este ciclo doloroso se repite, “o cortamos la historia y pasamos a ser una nación respetable, donde sea posible el Estado Social de Derecho en Colombia y la paz, o son 75 años más hacia adelante de matarnos entre nosotros, y eso no es lo que queremos".

Recordó que él ha puesto “sobre la arena la posibilidad de un Acuerdo Nacional, pero parece que la respuesta es otra".

“Sin embargo, pareciera que es un pecado que un presidente lo muestre", indicó.

“Hemos tenido unos funcionarios de unos gobiernos que no han entendido qué es la Constitución y que no han entendido qué es un Acuerdo Nacional", dijo.

Recalcó que el Acuerdo Nacional no puede ser que el presidente abandone las reformas que benefician al campesino que no tiene tierra, al viejo que no tiene el plato de sopa o al niño que no tiene el agua potable".

Si no sale el presupuesto, salvando las partidas para la gente más pobre, tampoco saldrán las partidas para los más ricos: presidente Petro

“Si no sale el presupuesto que presentamos, discutido, claro, pero salvando las partidas para la gente más pobre de Colombia, tampoco saldrán las partidas para la gente más rica de Colombia”.

Así lo afirmó este sábado el presidente Gustavo Petro al intervenir en la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad en Colombia, realizada este sábado en la Universidad Nacional, en Bogotá, y que contó con la asistencia de más de cinco mil participantes de todo el país.

En su discurso, el jefe de Estado recalcó que al iniciar su gobierno se encontró con que usaron la deuda pública para subsidiar la nómina de los súper ricos, dejando endeudado al país.

“Es el dinero público que ahora nos toca pagarlo a todos nosotros, porque nos endeudaron en 5.600 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, y ahora nos ahorcan, y ahora el Congreso –no todos, obvio, la mayoría de las comisiones terceras–, se da la oportunidad de decir: aquí los tenemos, no les aprobamos el presupuesto. Y solo pagarán nóminas y deuda, y no habrá dinero para el pueblo”, expuso.

“Pero, eso sí, de primeras y con un botón que se espicha automáticamente, saldrán las partidas para pagarles a los concesionarios de las carreteras 4G y 5G, que además cobran con peajes”, dijo.

Reforma pensional

De otro lado, el presidente Petro se refirió a los magistrados que definirán la aplicación de la Reforma Pensional, presentada por el Gobierno del Cambio y aprobada por el Congreso, iniciativa histórica que beneficiará a más de tres millones de personas de la tercera edad.

En este sentido, afirmó: “Ahora hay unos magistrados que definirán si esa ley se aplica o no se aplica. Leerán los libros de justicia, las doctrinas jurídicas sobre si la publicidad se hizo o no se hizo, que sí se hizo; sobre si el debate se hizo o no se hizo, y hubo dos años de debate dos años de debate; sobre si es necesario o no y la Constitución lo ordena o no, y la Constitución de Colombia sí que desde el principio miró a esos viejos y a esas viejas y por eso propuso el Estado Social de Derecho”.

“Hablará su corazón”, sostuvo el mandatario y agregó: “Ojalá sea capaz esa Corte de abrir el camino de una posibilidad entre la maleza horrible de la política tradicional que se está configurando ahora, ojalá sea capaz, como he visto a otras cortes”.

El mandatario recordó que, en lo que calificó como una “trampa”, el proyecto de ley de Reforma Pensional fue escondido durante 13 meses, con el cálculo de que cuando se sacara fuera hundido y no pudiera aprobarse, pero “algunos y algunas (en el Congreso) apoyaron la vejez”, para que no siguiera ocurriendo “una de las mayores injusticias que hay en Colombia”.

Al respecto, cuestionó que cómo es posible que “tres millones de nuestros padres y de nuestras madres y nuestros abuelos, solo por la codicia de una élite que no mira a los demás, tenga que pasearse por las calles de estas ciudades, con el frío, con el calor, vendiendo cualquier chuchería, a ver si le alcanza para tomarse un tinto, para fumarse un cigarrillo o para quizás tomarse un plato de sopa, sin saber dónde dormir”.

El presidente Petro concluyó que, con la Reforma Pensional, que “hoy está a punto de ser la primera ley del Gobierno del Cambio”, esta realidad empieza a ser distinta no solo para los viejos y viejas que viven en las ciudades, para las amas de casa cuidadoras de niños y niñas, sino también para los miles de campesinos y campesinas, como los del sector cafetero, que hoy no tienen una vejez digna, a pesar de haberse quebrado la espalda para que la sociedad pudiera vivir mejor.

Educación religiosa en colegios públicos no puede imponer un credo particular

Sara es una niña de 9 años que profesa la fe cristiana, a quien, en su colegio público, le enseñaron oraciones propias del catolicismo en la clase de religión de quinto de primaria. Su papá, Vicente, pidió a la profesora que respetara la libertad de cultos de su hija, sin éxito.

Por eso, radicó una petición ante la rectoría del colegio, pidiendo que Sara fuese evaluada a través de trabajos escritos y así no tuviese que volver a entrar a esa clase. El colegio no respondió formalmente la solicitud del padre de familia, pero de manera informal el rector le aseguró a Vicente que esta situación no afectaría las calificaciones de la niña.

Cuando Vicente recibió el reporte de notas del segundo periodo encontró que Sara había sacado 0,0 en la materia de religión, de forma que su promedio académico bajó notablemente, lo que la afectó emocionalmente. Vicente acudió a la acción de tutela para que se protegiera la libertad de cultos de su hija, sin embargo, al terminar el año lectivo, la cambió de colegio a uno en el que sus creencias fueran respetadas.

Al analizar el caso, la Sala Primera de Revisión estudió el alcance del principio de laicidad en el contexto de la educación pública de nivel básico y medio. Precisó que, a pesar del fuerte arraigo histórico y cultural que tiene la religión católica en el país, el modelo de Estado laico adoptado en la Constitución de 1991 les impone a los colegios públicos respetar el principio de neutralidad en materia religiosa.

En tal sentido, estas instituciones oficiales tienen prohibido promocionar una fe particular y, en consecuencia, deben garantizar que la educación religiosa que imparten tenga un carácter de tipo histórico y cultural, al igual que garantizar alternativas para aquellos estudiantes que elijan no recibir ese tipo de formación, en ejercicio de su libertad de cultos.

En el caso de Sara, la Corte consideró que se vulneró su libertad de cultos, su derecho a la educación, así como también el principio de laicidad, pues su colegio no le garantizó alternativas que le permitieran continuar con sus estudios, sin tener que aprender contenidos dogmáticos de la religión católica.

Fue por eso que la sentencia ordenó a ese colegio público que: (i) modifique su Proyecto Educativo Institucional para garantizar alternativas a los estudiantes que decidan no recibir educación religiosa, (ii) elimine los contenidos dogmáticos católicos de la clase de Religión y (iii) asegure una formación neutral del fenómeno religioso.

La Corte también concluyó que la institución educativa oficial vulneró el derecho de petición de Vicente, dado que nunca le dio una respuesta formal y de fondo a su solicitud.

El magistrado Juan Carlos González Cortés aclaró su voto en la presente decisión.

Sentencia T-357 de 2024

M. P. Natalia Ángel Cabo

Glosario jurídico:

Libertad de cultos: Es el derecho fundamental que tienen todas las personas para profesar libremente su religión y difundirla en forma individual y colectiva, así como también a no practicar ninguna fe.

Principio de laicidad: Es un principio fundamental de la Constitución de 1991 que establece que debe haber una separación entre el Estado y las iglesias y en consecuencia, debe ser neutral frente a las religiones. Por eso, el Estado no puede adoptar ni promover una religión determinada.

Proyecto Educativo Institucional: Es el documento que definen, en cada institución educativa, los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema de gestión que tendrá. Este instrumento debe ser construido con la participación de toda la comunidad académica.

Buscan prohibir la mutilación genital femenina en Colombia

Con el propósito de garantizar una vida libre de violencias y proteger los derechos de las niñas y mujeres en Colombia, congresistas de distintos partidos radicaron un proyecto de ley que busca prohibir la mutilación genital femenina, especialmente en la comunidad indígena embera. La iniciativa es de autoría de las representantes Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y de la senadora Angélica Lozano.

Este proyecto, que quiere lograr cuerpos libres de mutilación, fue concertado con la gran Nación Embera a través del Ministerio del Interior. Además, fue analizado con organizaciones de derechos humanos, como Equality Now y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes aportaron recomendaciones basadas en su experiencia en el seguimiento de casos.

La congresista Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, recordó que “Colombia es el único país de América Latina que ha reconocido que la mutilación genital femenina aún se practica en una comunidad indígena, aunque no existe un registro preciso del número de niñas afectadas en el país, sí se sabe que han fallecido varias como consecuencia de esta práctica”.

En el mismo sentido, la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, hizo énfasis en que “la lucha contra la mutilación genital femenina requiere un enfoque integral que aborde los factores culturales, sociales y estructurales que contribuyen a su perpetuación”, en ese sentido destacó que es fundamental promover la educación y la sensibilización sobre el tema, por lo que el proyecto cuenta con el apoyo de distintas organizaciones sociales.

De la mutilación genital en la actualidad solo se tienen registros de su práctica en la comunidad embera, principalmente en el departamento Risaralda. Aunque hay subregistro, se estima que en 2023 en Colombia se registraron 90 casos. Por otra parte, información del Ministerio de Salud indica que el rango de edades en las que a las niñas se les somete a esta práctica oscila el mes de nacidas hasta los 17 años.

La representante Carolina Giraldo, de Alianza Verde, se refirió a los daños que genera en las mujeres, advirtiendo que, a mediano o largo plazo, pueden desarrollar infecciones en la herida o infecciones sanguíneas como el tétano, la hepatitis B o el VIH, debido al uso de instrumentos no esterilizados. “Esta práctica causa graves daños físicos, incluyendo dolor intenso, infecciones, y complicaciones a largo plazo como infertilidad, dificultades en el parto y problemas sexuales”, sostuvo la congresista.

Mujeres privadas de la libertad en Medellín son protegidas por la Corte Constitucional

Corte protegió los derechos de 578 mujeres privadas de la libertad que reciben alimentos con deficiencias en calidad, cantidad e higiene en el Complejo Penitenciario y Carcelario El Pedregal de Medellín

La Sala Quinta de Revisión conoció la tutela de 578 mujeres privadas de libertad que solicitaron la protección de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la salud y a la alimentación. Las accionantes alegaron que sus derechos fueron vulnerados por parte de distintas entidades como el Ministerio de Justicia, la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), y la Dirección del Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Medellín El Pedregal (COPED), toda vez que no contaban con las condiciones de calidad, cantidad e higiene de la alimentación suministrada.

La Corte advirtió que la privación de la libertad como consecuencia de una sanción penal o cumplimiento de una medida preventiva no debe anular la capacidad de las personas de ser titulares de derechos fundamentales y de Derechos Humanos como garantías universales.

En el caso concreto, la Sala concluyó que existe una clara violación de los derechos de las accionantes, así como de las demás personas privadas de la libertad en la cárcel El Pedregal por la deficiente e irregular prestación del servicio de alimentación.

La Corte encontró que, si bien el establecimiento de reclusión cuenta con tres ranchos para preparar los alimentos, dos de ellos carecen de las condiciones materiales para su adecuado funcionamiento. Por ejemplo, el rancho ubicado en el pabellón de Media Seguridad fue clausurado por la Secretaría de Salud de Medellín hace más de un año sin que la USPEC haya adoptado medidas para su habilitación.

El rancho ubicado en el pabellón de Alta Seguridad funciona para abastecer a la totalidad de privados de la libertad, a pesar de no contar con la infraestructura para esto. Este rancho presenta múltiples problemas de funcionamiento relacionados con el deterioro de la infraestructura, la ventilación, la entrega a deshoras y las deplorables condiciones en las que se preparan los alimentos. Además, se evidenció la presencia de insectos.

A lo anterior, se suman las irregularidades presentadas en el cumplimiento de los contratos celebrados por la USPEC con los distintos contratistas para suministrar el servicio de alimentación. Si bien existen diferentes contratistas, los problemas relacionados con la calidad, la cantidad y la entrega a deshoras de los alimentos persisten sin que se adopten medidas reales para brindar una solución efectiva.

En consecuencia, la Sala le ordenó a la USPEC y al INPEC que bajo la articulación y supervisión del Ministerio de Justicia diseñen y ejecuten en un plazo de seis meses, un plan para mejorar, adecuar y construir la infraestructura faltante de los ranchos. El plan deberá abordar los problemas identificados y asegurar que se cumplan las condiciones básicas de operación establecidas por la Secretaría de Salud de Medellín y el estándar fijado por la USPEC.

Por último, la Corte también le ordenó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, y al contratista Unión Temporal Alimentación Integral adoptar los correctivos necesarios para garantizar la adecuada prestación del servicio de alimentación en concordancia con el cumplimiento respecto de cantidad, calidad, menú y horario de entrega.

Sentencia T-216 de 2024

M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar

Vocabulario jurídico:

Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC): A través del Decreto Ley 4150 de 2011, el Gobierno Nacional creó la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) por la necesidad de afianzar el cumplimiento de los mandatos del Estado Social y Democrático de Derecho, relacionados con el respeto a la dignidad humana y el ejercicio de los derechos de la población privada de la libertad en los establecimientos de reclusión.

Artículo 67. Provisión de alimentos y elementos: La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tendrá a su cargo la alimentación de las personas privadas de la libertad.