'Las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales', aseguró el presidente Petro

Barranquilla, 30 de enero de 2025.- “Hoy puedo decir con toda propiedad que las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y a cada empresa de Colombia son ilegales”, afirmó el presidente Gustavo Petro, durante la ‘Movilización por la Democracia Energética’ en Barranquilla.

El mandatario explicó que la fórmula que se ha venido aplicando para fijar las tarifas de la energía viene desde hace 30 años, pues es aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), “una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el presidente, pero que vienen de las generadoras privadas”.

Esa fórmula, dijo, “es una manera que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia”.

Y es tan compleja, añadió, que es para que el pueblo no la entienda. “La hacen difícil para que el pueblo del común no logre entender por qué la energía en la costa Caribe, la tierra del sol, termina siendo dos o tres veces más cara que en Bogotá o en Cali, por qué siendo Colombia un país con tanta agua, con tanto sol, paga las tarifas eléctricas más caras de América”, aseguró.

Según el mandatario, la Constitución establece que la energía debe reflejar el costo de producción y una ganancia normal, “pero están ganando una renta que puede ser 10 y 15 veces más que una ganancia normal en Colombia, porque la fórmula de sus matemáticas así lo garantiza”.

Incluso, sostuvo que en los últimos cinco años, cada colombiano y cada empresa, pequeña o grande, ha pagado hasta diez veces más de lo debido, rompiendo la Constitución y la ley.

“Nos han estafado, esa es la palabra, la estafa son miles de millones de dólares cada año, son billones de pesos que nos han robado”, señaló.

La ‘fórmula mágica’

El jefe de Estado aseguró que en Colombia solo hay seis generadoras y dos de transmisión que son públicas, además de las empresas distribuidoras y comercializadoras.

En esa cadena, dijo, un kilovatio de energía eléctrica que debería costar entre $ 100 y $ 120, termina costando, a veces, más de $ 1.300: “ni la cocaína tiene esa rentabilidad en Colombia”, afirmó.

Y eso se debe a que “la CREG hizo la fórmula con el único objetivo de estafar al usuario que tendría una tarifa más baja, para llenar los bolsillos de los seis grandes generadores de energía eléctrica de Colombia”.

Las medidas

Con ese panorama, el mandatario invitó a defender la nueva fórmula que diseñó el Gobierno nacional desde y que fue aprobada el 18 de diciembre pasado, pues dijo que las otras alternativas no han funcionado.

Se refirió a la suspensión del decreto presidencial que buscaba bajar las tarifas de energía; a las trabas que ha tenido el Gobierno para nombrar comisionados en la CREG y al lobby que han ejercido las empresas del sector.

A esto agregó el presidente Petro que los comisionados de la empresa XM, operadora del mercado de energía, se eligen entre ellos mismos. “¿Entonces, a quién obedecen? ¿A quién pertenecen? ¿Dónde está el servicio público? ¿Dónde están las facultades de control, de regulación y vigilancia que la Constitución le da al presidente de la República?”, se preguntó.

Y se respondió: “Quien aplica la fórmula de la CREG es XM. Entonces, resulta que su junta directiva no la elige nadie del pueblo, nadie del Congreso, nadie del poder judicial, nadie del poder legislativo, sino que se eligen entre ellos”.

Por eso, el jefe de Estado le dijo al Superintendente de Servicios Públicos: “Usted es delegado de las funciones constitucionales del presidente de la República, usted debe utilizar las competencias presidenciales para que XM aplique la fórmula expedida por la CREG y no la vieja”.

Al ministro de Minas y Energía, el mandatario le pidió que “negocie, siéntese a negociar con ellos (los generadores), pero que no me digan que solo van a aplicar la nueva fórmula en el año 2028. Si quieren mantenernos en este feudalismo, que es inconstitucional e ilegal, usted tiene un decreto en sus manos”.

Y al pueblo barranquillero le pidió “no perder el impulso. Hay que seguir adelante. Que sean 500 mil personas, un millón de personas en toda Colombia que salgan a las calles. Hay que volver esta realidad una factura”, sostuvo.

Cultivos y animales...

Las nuevas jefaturas en cancillería, hacienda y DAPRE.

Ministro de Hacienda y Crédito Público

Durante la posesión de Diego Alejandro Guevara como ministro de Hacienda y Crédito Público, el presidente Gustavo Petro le asignó la tarea de orientar la economía hacia una mayor diversificación de las exportaciones y la producción nacional.

“Venderlas en todos los países que podamos, no depender de ninguno”, afirmó el mandatario, señalando que la estrategia debe incluir la obtención de financiamiento de múltiples fuentes. “Lograr los financiamientos que podamos de todo el mundo, no de uno solo, porque eso deja débil a Colombia”, subrayó.

Petro insistió en la necesidad de “lograr más producción en Colombia”, haciendo énfasis en la exportación de alimentos como alternativa a las economías extractivistas.

Política fiscal y crecimiento económico

El presidente atribuyó la caída del índice de crecimiento del PIB en noviembre pasado a un recorte presupuestal. “Es decir, porque paramos el Gobierno, la economía se estancó; luego la locomotora éramos nosotros y nos dejamos parar, cierto, por errores internos y también porque hay quienes quieren que nos paremos”, afirmó.

Explicó que, tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso, proyectos de infraestructura como el metro de Bogotá tuvieron que ser aplazados. “Tanto que decían que querían hacer el Túnel del Toyo y que querían una vaca y vinieron aquí y votaron fue en contra”, manifestó, agregando que esta decisión afectó los intereses de las mayorías: “Vinieron aquí a quitarle el dinero al pueblo, porque ese dinero es del pueblo”.

No obstante, el mandatario enfatizó que “se aplaza el gasto que no perjudica al pueblo de Colombia, ni en salud, ni en educación, ni en pensiones, ni en otras materias”.

Asimismo, instó al Congreso a evaluar cómo financiar los proyectos aplazados: “El Congreso de Colombia debe estudiar cómo se financia eso que se aplazó” y discutir, en caso contrario, cómo se conseguirían esos recursos faltantes para este año.

Petro desmintió versiones sobre un posible desfinanciamiento de las pensiones y sostuvo que, si la Corte Constitucional avala la reforma pensional, “millones de viejos y de viejas de más de 70 años entrarán a recibir un bono pensional que hoy no reciben”.

Educación y paz

En materia educativa, el presidente resaltó que su administración logró “una partida que va a ser de 2,1 billones adicionales a los presupuestos tradicionales de la educación superior”, que se integrará al presupuesto anual de las universidades públicas.

También destacó la creación de 122.000 nuevos cupos en la educación superior y anunció que se espera duplicar esta cifra en 2025. “Si un joven, decía alguien por ahí en el Catatumbo, tiene la oportunidad en la educación, no toma el fusil, es la paz”, afirmó, agregando que la inversión en este sector se mantiene.

Perfil del nuevo ministro

Diego Alejandro Guevara asumió oficialmente el Ministerio de Hacienda mediante el Decreto 0113 del 29 de enero. Es doctor en Economía, magíster en Ciencias Económicas e ingeniero mecatrónico de la Universidad Nacional de Colombia.

Desde agosto de 2022 se desempeñó como viceministro de Hacienda y, en diciembre de 2024, asumió como ministro encargado. Su trayectoria incluye cargos como profesor e investigador en la Universidad Nacional, la Universidad de La Sabana y la Pontificia Universidad Javeriana.

Además, ha trabajado como consultor de la Agencia Francesa para el Desarrollo en temas de macroeconomía y cambio climático y ha sido profesor visitante en la Universidad de Viadrina en Frankfurt (Oder), Alemania.

Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre)

Jorge Enrique Rojas Rodríguez, quien hasta hoy se desempeñó como viceministro de Relaciones Exteriores, reemplazará en la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) a Laura Sarabia Torres, quien se posesionó como la nueva canciller de Colombia.

Este nombramiento se oficializó mediante del decreto 0110 del 29 de enero de 2025, en el cual también se aceptó la renuncia de Laura Sarabia como directora.

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República tiene como misión asistir al presidente de la República, en su calidad de Jefe de Gobierno, Jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y prestar el apoyo administrativo necesario para dicho fin.

Los objetivos estratégicos de esta entidad son:

• Contribuir a la construcción de procesos de diálogo, negociación, firma e implementación de los acuerdos de paz, permitiendo instaurar la paz como política de Estado.

• Articular las políticas de inclusión y protección de los actores diferenciales del cambio para impulsar la seguridad humana y justicia social.

• Fortalecer el sector público para mejorar la eficiencia administrativa y la confianza institucional, a través de la transparencia y la modernización del Estado con énfasis territorial.

• Fortalecer la seguridad, comunicación y apoyo logístico del señor Presidente y Vicepresidenta de la República, así como la verificación del cumplimiento de las prioridades del Gobierno.

Perfil del nuevo director del DAPRE

El nuevo director del Dapre, Jorge Rojas Rodríguez, es defensor de derechos humanos, constructor de paz, periodista, escritor y político. Estudió ciencias sociales en la Universidad de Córdoba (1978/79) y se graduó como Comunicador Social-Periodista en la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (2000).

Cursó una maestría en Relaciones Internacionales con énfasis en seguridad y Derechos Humanos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (2010-2011) y en el 2022 recibió de la Universidad de Sucre, Colombia, el título de Doctorado Honoris Causa.

Fue jefe de prensa de la Gobernación de Córdoba (1987-1988), asesor en la Comisión Segunda de Relaciones Internacionales (1993-1995) y en la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado de la República encargada de la política internacional, seguridad, y defensa (2017-2018).

Fundó en 1992 la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), organización no gubernamental que dirigió durante 20 años (1992-2012), en donde coordinó en la Conferencia Episcopal de Colombia la primera investigación académica sobre desplazamiento forzado (1993-1995).

Ejerció como Secretario Privado, Secretario de Gobierno (e) y Secretario de Integración Social en la alcaldía de Bogotá durante el gobierno del actual presidente Gustavo Petro Urrego.

En este último cargo triplicó la atención de la primera infancia, contribuyó a la creación de la Secretaría de la Mujer, puso en marcha políticas de inclusión para población LGBTI, pueblos indígenas, personas con discapacidad, vejez y juventud y creó el más grande centro para la atención e inclusión de habitantes de calle en la capital del país.

Es autor y coautor de varios libros y artículos sobre el conflicto armado en Colombia y ha escrito diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre desplazamiento, migraciones, derechos humanos y construcción de paz. En 2005 recibió en Washington el Humanitarian Award por su trabajo en la defensa y protección de la población civil en Colombia.

Ejerció como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y Jefe de la Misión de Colombia ante la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte (Otán) desde diciembre de 2022 hasta su designación como Viceministro de Relaciones Exteriores en julio 3 de 2024.

Ministra de Relaciones Exteriores

El presidente Gustavo Petro Urrego posesionó a Laura Sarabia Torres como nueva ministra de Relaciones Exteriores y le encomendó liderar la posición de Colombia en temas clave como la crisis climática, la inteligencia artificial y la protección de los derechos de los migrantes.

“Tenemos una pelea que librar por la humanidad: la crisis climática producida por un capital codicioso que consume cada vez más petróleo y carbón, y mata la vida y la naturaleza”, afirmó el mandatario.

Además, advirtió que “después de Asia, la segunda región del mundo más afectada por este fenómeno será América Latina y el Caribe” y que “cada vez más intensos” serán los impactos de la crisis climática “hasta que hagamos una ruptura sustancial en todas las cadenas productivas y de consumo del carbón y el petróleo”.

IA y el futuro del conocimiento

El presidente también se refirió a la inteligencia artificial y la gestión de la nube, destacando que “hay un segundo elemento que nunca hemos discutido a profundidad, aún es difícil para la sociedad de entender, pero cada vez va a tener un componente aún de mayor peligrosidad que la crisis climática, y es la inteligencia artificial”.

En este contexto, explicó que la nube “no es más sino la digitalización del pensamiento humano, a través de parámetros matemáticos, colocar en algo que no se puede tocar ni oler, todo el pensamiento humano acumulado que puede ser convocado a través de una tecla”.

Asimismo, expresó su preocupación por la propiedad de la nube y advirtió que “el que sea el propietario de la nube será el propietario del conocimiento humano”. Añadió que “si los propietarios de todo el conocimiento humano son tres, cuatro o cinco estamos llegando a la peor de las desigualdades del mundo”.

“El primer bien común, como bien común debería ser el agua, como bien común es la atmósfera, como bien común es el planeta, como bien común es el derecho a vivir y existir como seres humanos plenos y libres”, afirmó el mandatario.

Perfil de la nueva canciller

Laura Camila Sarabia Torres nació en Bogotá y es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada.

Cuenta con una especialización en Marketing Político y Estrategias de Campaña, además de una Maestría en Comunicación Política de la Universidad Externado de Colombia. También cursó el programa de Orientación en Seguridad y Defensa Nacional en la Escuela Superior de Guerra.

Ha trabajado como asesora política, legislativa y de comunicaciones en el Congreso de la República. Antes de asumir como canciller, se desempeñó como Directora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Jefe de Gabinete del Gobierno del presidente Gustavo Petro y Directora General de Prosperidad Social.

Del petróleo, el carbón y los juegos, saldrá plata para el Catatumbo

​Juanita Villaveces Niño, Viceministra de Hacienda, explica las medidas
tributarias de conmoción interior.
El Gobierno nacional creará tres impuestos al amparo de la declaratoria del estado de conmoción interior con los cuales aspira a recaudar un poco más de un billón de pesos durante los 90 días que está previsto el estado de excepción.

Así lo anunció este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes la viceministra Técnica de Hacienda, Juanita Villaveces Niño, quien asistió a la sesión especial en la que el Gobierno explicó los argumentos por los cuales se decretó la conmoción.

“Se establecieron tres medidas tributarias que buscan el recaudo de $ 1 billón 63 mil millones, durante los 90 días de la conmoción, para poder atender la situación que se requiere en este momento en la región del Catatumbo”, explicó la funcionaria.

Los tres impuestos que se crearán son:

- Impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, con los que se aspira a recaudar $ 519 mil millones.

- Contribución especial de 1 % a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón, con los que se busca recaudar $ 214 mil millones.

- Impuesto de timbre (1 %) para recaudar $330 mil millones.

“Los recursos que se lleguen a recaudar con estas medidas se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, añadió la viceministra de Hacienda.

Dijo que estas nuevas medidas tributarias “se necesitan, debido a la compleja situación fiscal del Estado”.

Y agregó que “estos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2025, por lo que se requiere determinar unas nuevas fuentes de financiamiento”, señaló.

Por su parte, el ministro designado de Hacienda, Diego Guevara, intervino sobre ese mismo tema, pero ante la plenaria del Senado, donde argumentó la urgencia de contar con esos recursos.

“Hoy necesitamos impuestos de recaudo inmediato con una destinación específica, que es el Catatumbo. Estos impuestos no son una reforma tributaria por la puerta de atrás, sino que aplican únicamente para este año; son impuestos tipo IVA que podemos captar de manera inmediata con destinación específica”, sostuvo el ministro.

Agregó que “el tema del Catatumbo no da espera”, y que por ello estas medidas fiscales “son el corazón de este decreto de conmoción interior que hemos visto analizando en las últimas semanas para que cumplan con todos los principios legales y constitucionales”.

De acuerdo con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el Gobierno nacional declaró “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

La norma de excepción cobija a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar (Río de Oro y González), que están recibiendo desplazados.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró ante la plenaria de la Cámara que la declaratoria de conmoción interior cumple con los tres presupuestos legales y constitucionales:

Primero, el presupuesto fáctico, porque se trata de hechos concretos y verificables. Segundo, el presupuesto valorativo, porque es muy grave la intensidad de la violencia en El Catatumbo, pocas veces vista en la historia del conflicto armado en Colombia. Y, tercero, la necesidad imperiosa de decretar el estado de conmoción interior, porque con las facultades ordinarias no es posible atender las dificultades que se viven en esa región”, explicó el ministro Cristo.

En la plenaria también participaron la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Decretos de Conmoción Interior financiarán la Fuerza Pública.

Ocaña (Norte de Santander).- Al finalizar la reunión de gabinete en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro se refirió a los decretos que expedirá al amparo de la Conmoción Interior, de los cuales dijo que uno de los propósitos es “financiar al Ejército, sí, y las otras armas aquí, porque el Estado de Colombia se respeta”.

Al dirigirse a las comunidades, líderes, cúpula de la Fuerza Pública y funcionarios nacionales, departamentales y locales, el jefe de Estado enfatizó que “a ningún funcionario corrupto por ahí, de aquí o de allá, se le puede ocurrir que lo que hay que proteger y apoyar es el paramilitarismo del Eln. Ese se erradica o si no el paramilitarismo del Eln acaba con Venezuela y con Colombia y se vuelve la excusa de la invasión”.

Por esta razón, afirmó que “nosotros aquí queremos paz, no guerra con nadie y no estamos cazando guerra con nadie” y explicó que “para ser respetados necesitamos aquí las armas del pueblo. Ojalá no disparen, ojalá llegue el momento de no disparar. Y llega el momento de no disparar si los jóvenes de aquí armados deciden el camino de la paz”.

Aclaró que, a diferencia de otras declaratorias del estado de Conmoción Interior, en el Catatumbo los decretos “no van a interferir comunicaciones de ustedes o encarcelar civiles, van es a cambiar la economía del territorio. Nos medirán ustedes si somos eficaces o no, pero seremos eficaces si el pueblo nos acompaña”.

Anunció que, al finalizar el encuentro de Ocaña (Norte de Santander), se iba a reunir con todo el gabinete para analizar los decretos de la Conmoción Interior y comentó que ya se están trabajando, pero “algunos no me han gustado, otros sí”.

En su intervención, dijo que “el Pacto Social es posible en términos de un diálogo social y un acuerdo, pero el punto que falla es la implementación. Como decía mi mamá mucho, tilín, tilín y nada de paletas”, por lo que aseguró: “Y el decreto de Conmoción Interior trata de llenar ese vacío”.

“Espero que el conjunto del Estado, que no es solamente el gobierno, nos acompañen en este esfuerzo. Sería lamentable un Estado que no es capaz de unirse en torno a un problema concreto y común, como construir la paz en el Catatumbo, porque construirla aquí puede significar construirla a nivel nacional”, enfatizó.

Efectivo...

'El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre': presidente Petro al anunciar el regreso digno de colombianos deportados desde EE. UU

​​​El mandatario advirtió que “esta disposición: dignidad para el deportado, se pondrá a todos los países que nos envíen deportaciones, y es apoyada hoy por la ONU”.​​ Foto: Juan Sebastián Cuéllar - Presidencia
“Vienen nuestros connacionales desde EE. UU. libres, dignos, sin estar esposados". Así anunció el presidente Gustavo Petro el retorno de los dos grupos de deportados que llegaron en la mañana de este martes a Bogotá.​

Tal como lo solicitó el presidente Petro al gobierno de Estados Unidos, el domingo 26 de enero, dos aviones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana trajeron a los colombianos y colombianas que se encontraban en situación migratoria irregular en ese país. Estos ciudadanos viajaron bajo las condiciones exigidas por el mandatario colombiano: sin estar atados de pies y manos, y con un trato que respetara su dignidad.

“El migrante no es un delincuente, es una persona humana libre", sostuvo el presidente Petro.

El jefe de Estado anunció también que, además de un regreso en las condiciones señaladas, estos ciudadanos, que se fueron a buscar suerte en el país del norte, podrán beneficiarse, una vez reubicados en sus lugares de origen, de “un plan de crédito productivo, asociativo y barato para el migrante", que estructurará el Gobierno nacional.

Por su parte, el canciller saliente, Luis Gilberto Murillo, resaltó: “Hemos trabajado para proteger sus derechos, con el apoyo de nuestros consulados y Migración Colombia, priorizando el bienestar de nuestra gente y fortaleciendo la relación bilateral".

Un primer avión trajo 91 connacionales (46 hombres y 45 mujeres) provenientes de El Paso, Texas, mientras que el segundo, que despegó en San Diego, California, y aterrizó en Bogotá sobre las 9:10 de la mañana, transportó a un segundo grupo compuesto por 110 personas (62 hombres, 32 mujeres y 16 menores de edad).

Desde Cancillería informaron que, en el caso del primer grupo, el Consulado de Colombia en Houston brindó asistencia representada en alimentos y apoyo jurídico a los ciudadanos colombianos.

La entidad también precisó que, en el acompañamiento dado para los dos vuelos, se verificó que el procedimiento garantizara los derechos de los connacionales por parte de las autoridades migratorias locales.

La recepción y bienvenida de estos ciudadanos en la capital colombiana estuvo a cargo de miembros de la Cancillería y del Gobierno nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Migración Colombia, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, la Alcaldía de Bogotá y la Cruz Roja Colombiana.

“Todos llegaron en buen estado de salud. Ninguno tiene antecedentes pendientes con la justicia”, aseguró la directora general (e) de Migración Colombia, Martha Hernández.

Quienes recibieron la mayor cantidad de recursos

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que, en diciembre de 2024, dio cumplimiento oportuno a los giros realizados a las EPS e IPS, con una ejecución presupuestal de $83,2 billones, recursos con los que se garantizaron los servicios de salud de los afiliados al sistema.

Así se distribuyeron los recursos durante el mes de diciembre de 2024:

— La ADRES trasladó $3,1 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,6 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530 mil millones a las EPS.

— De otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,6 billones, de los cuales pagó directamente $2,2 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,3 billones a las EPS.

— Igualmente, más de $144 mil millones fueron garantizados para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general.

— Esto representa un valor superior a los $45 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de enfermedades y más $110 mil millones por 12.074 licencias de maternidad, 7.696 de paternidad y 79 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Datos del giro directo

De los recursos destinados para el sistema de salud en diciembre del año pasado, $4,8 billones se trasladaron directamente a 3.583 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud postulados por las EPS.

De estos dineros, $2,2 billones fueron para IPS del régimen contributivo y $2,6 billones para IPS del régimen subsidiado.

Es importante destacar durante la vigencia 2024, por giro directo a IPS y proveedores, la ADRES pagó $47,9 billones.

Esto representa un aumento del 116,7 % en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando estos recursos ascendieron a $ 22,1 billones.

Top 20 de las que más han recibido

La ADRES reveló el top 20 de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se beneficiaron en 2024 del giro directo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se destaca que estas instituciones recibieron el 22,82 % de los recursos entre enero y diciembre de 2024.

• Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio)
• Droguerías Cruz Verde
• Clínica Colsanitas
• Caja de Compensación Familiar (Cafam)
• Audifarma
• Fundación Valle del Lili
• Servicios de salud Suramericana
• Helpharma
• Centros Médicos Colsanitas
• Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’(sede Cartago)
• Instituto Nacional de Cancerología
• Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl
• Disfarma
• Fundación Cardiovascular de Colombia
• Clínica Medilaser
• Clínica de Occidente
• Hospital Pablo Tobón Uribe
• Virrey Solís IPS
• Mired Barranquilla
• Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

157 - Nueva herramienta.

En un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional, se presentó oficialmente la Línea Anticorrupción 157. Esta iniciativa busca consolidar un canal efectivo para denunciar actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó que la Línea 157 permite evadir el nivel del riesgo sobre el denunciante.
“Denunciar es un peligro en Colombia, porque se denuncia ante unas instituciones que están cruzadas por la corrupción y el denunciante no sabe con quién habla realmente. Muchos casos en el país se han presentado en donde el denunciante muere después de denunciarlo o es amenazado y esa amenaza, obviamente, proviene de una red, una red que está afuera y adentro del Estado", recalcó.

El mandatario dijo que con la Línea 157 “el denunciante puede ocultar su dato personal si así lo desea", porque “el canal permite una línea paralela a las mismas instituciones que pueden estar en cursos en la corrupción y permite rapidez en cierto sentido".

Asimismo, el mandatario explicó que con “una denuncia hecha por teléfono, por medios telemáticos" el ciudadano no tiene que ir a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde particularmente pierde tiempo en colas, termina cansado y no presenta la denuncia.

“Aquí no solamente se puede allegar una voz que denuncia, sino evidencias, indicios, pruebas, fotos, videos quizás", dijo el presidente, quien agregó que todo este material va a llegar a la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la DIJÍN de la Policía.

Línea 157, un paso crucial contra la corrupción

​Durante el lanzamiento de la Línea 157, Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia, destacó el trabajo interinstitucional detrás de esta herramienta.

“Esta línea es un logro producto de un año de esfuerzo entre la DIJIN y la Secretaría de Transparencia. Queríamos asegurar que fuera consistente y parte integral de los procedimientos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación", señaló.

Idárraga también enfatizó que la Línea 157 es un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024.

Además, informó que el Portal Anticorrupción - https://portal.paco.gov.co/, lanzado previamente, ha crecido exponencialmente en usuarios, alcanzando más de 1,2 millones.

“Esto no significa más corrupción, sino que estamos eliminando barreras para denunciar y facilitando herramientas que fomenten la transparencia", aclaró.

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional, general William René Salamanca, subrayó la instrucción del presidente Petro de combatir la corrupción con contundencia.

“La honestidad se ha convertido en la columna vertebral de nuestro accionar. La Línea 157 es una herramienta segura y eficaz que permitirá a los ciudadanos denunciar actos de corrupción, contribuyendo a transformar el país", afirmó. Salamanca también destacó que este fenómeno erosiona anualmente más de 50 billones de pesos del erario, el equivalente al 10 % del presupuesto nacional.

Corrupción, más de 5 % del PIB mundial

​La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Candice Lee Teufl Welsch, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas en el contexto global.

“Cada año se pagan 1 billón de dólares en sobornos y se roban 2,6 billones mediante corrupción, lo que representa más del 5 % del PIB mundial. La Línea 157 es un hito en Colombia, ya que permite a la ciudadanía denunciar de manera segura y accesible", afirmó.

También destacó la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales para hacer posible este esfuerzo, con apoyo técnico y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

La Línea 157 estará disponible las 24 horas y será operada por personal altamente capacitado de la Policía Nacional. Las denuncias serán canalizadas de manera directa a la Fiscalía General de la Nación, garantizando un seguimiento efectivo.

El reto es que las denuncias lleguen a una resolución final, para que los ciudadanos no pierdan la confianza en el sistema", añadió Idárraga.

Seguridad y confianza...

Llegan más de 400.

En respuesta a los enfrentamientos entre el grupo armado Eln y la estructura 33 de las disidencias en la región del Catatumbo (Norte de Santander), y tras llevar a cabo acciones humanitarias y operativos militares, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el despliegue de unidades de la Fuerza Pública en zonas estratégicas.

Estas acciones buscan fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

“Estamos evacuando a los líderes y firmantes del Catatumbo, perseguidos por el Eln; más de 400 hombres del Ejército Nacional refuerzan el pie de fuerza en los cascos urbanos y rurales", explicó el ministro.

Velásquez aseguró que, desde el inicio de la crisis, la Fuerza Pública ha trabajado para proteger a la población confinada y ha intensificado su presencia en las cabeceras municipales.

“Lo que se puede afirmar con confianza es que la respuesta está en marcha. Se están introduciendo nuevos componentes militares y policiales en la región, y todo apunta hacia el efectivo control del territorio, el cual debe estar a cargo de la Fuerza Pública", declaró.

En cuanto a la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, Velásquez indicó que “este tema está siendo discutido en el Consejo de Ministros. Estamos evaluando qué medidas podrían implementarse en el marco de un estado de excepción y realizando el análisis correspondiente".

Durante el fin de semana, el ministro de Defensa viajó al Catatumbo y sostuvo reuniones con altos mandos militares en la Brigada 30 del Ejército, donde se definieron directrices para las operaciones en el terreno.

Enfrentamie​ntos en el Guaviare​

El titular de la cartera de Defensa también abordó los enfrentamientos en el departamento del Guaviare entre dos facciones de grupos armados residuales, lideradas por alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'.

“El sector liderado por alias 'Calarcá' y el de alias 'Mordisco' compartían espacios territoriales, ya que ambos formaban parte del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, la división interna ha generado enfrentamientos por el control del territorio y de las economías ilícitas", concluyó Velásquez.

La suerte del 13: expropiación o recuperación.

Participaron: el Segundo Comandante de la Armada Nacional, vicealmirante Harry Ernesto Reyna, el director de la Agencia Nacional de Infraestructura, Francisco Ospina Ramírez, la ministra de Agricultura Martha Carvajalino,  la ministra de Transporte, María Constanza García, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López.
En 1997, el entonces Fondo Rotatorio de la Armada Nacional, titular del contrato de homologación y administrador del predio, firmó un contrato de arrendamiento con un grupo portuario, bajo un acuerdo que estuvo vigente durante 27 años y concluyó el pasado 6 de enero de 2025.

Este contrato, sin embargo, no correspondía a una concesión reglada conforme a las normas vigentes. Actualmente, el Instituto Nacional de Vías (Invías) es el titular de esta infraestructura, lo que otorga al Gobierno la facultad de definir el momento y las actividades para las cuales podrá ser utilizada.

Desde hace un año, en el marco del Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se identificaron alertas relacionadas con el componente ambiental del Muelle.

Este Consejo, en el que participan entidades como el Ministerio de Transporte, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Ambiente, evidenció presuntas irregularidades que llevaron a la toma de decisiones.

Entre ellas, se destaca que las características del puerto requerían una licencia ambiental y no solo un plan de manejo ambiental, como se gestionó originalmente.

Adicionalmente, una auditoría realizada por la Contraloría General durante 2023 reveló hallazgos sobre el estado de la infraestructura, irregularidades en la administración del contrato y deficiencias en la inversión destinada al mantenimiento y mejoramiento del muelle.

Estos hallazgos, junto con el análisis ambiental, sustentan las decisiones tomadas por el Gobierno Nacional respecto a la reversión del Muelle 13 para garantizar su adecuado uso y recuperación en beneficio del desarrollo industrial del país.

“Hoy en nuestros puertos tenemos una capacidad instalada de 400 millones de toneladas y solo usamos 180 millones. En Buenaventura, lo cual genera preocupación, hay una capacidad instalada de 48 millones de toneladas y se están usando solo 20 millones de toneladas, lo que quiere decir que hoy Buenaventura tiene una capacidad de más en el puerto, que hace todo el sentido cuando hablamos de hay que modernizarlo", explicó la ministra de Transporte, María Constanza García Alicastro.

El Gobierno nacional, desde el Plan de Desarrollo 2022-2026, así como en el CONPES 4118, estableció para el sector portuario la modernización y otras definiciones para sus puertos, así como la reindustrialización naviera.

En este caso, teniendo en cuenta el potencial que hay en el Pacifico, la ruta es impulsar la industria pesquera.

“Hay otras políticas públicas desde el Gobierno nacional como la descarbonización de nuestra economía. El puerto maneja o manejaba carbón térmico. También tenemos otras políticas relacionadas con el impulso de nuestra industria naviera para aprovechar esta infraestructura y apalancar el desarrollo de otras industrias en cumplimiento de las metas del Gobierno", agregó la ministra de Transporte durante la rueda de prensa.

No es cierto que se vayan a perder empleos

​Sobre la situación de afectación al empleo, el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López, explicó que no es cierto que se vayan a perder empleos. El Muelle 13 es uno de 15 muelles que pueden resolver cualquier situación.

“Esa es la discusión que nosotros siempre hemos planteado: en los muelles de Buenaventura, el personal administrativo es el que tiene estabilidad laboral. Eso que dicen que se van a perder 500 empleos, 600 empleos, en este caso, no es tal, porque la dinámica de descargar un barco utiliza entre 40 y 60 trabajadores que son contratados a destajo cada tres días y no son trabajadores de planta, están rotando por todos los 15 muelles más, de acuerdo con la carga que esté llegando", enfatizó el director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López Maya.

​ANLA no levantará medida de suspensión temporal

​Se explicó cada una de las actuaciones del Gobierno nacional, basadas también en decisiones como la del Juzgado 2 del Valle de Cauca, que generó medidas cautelares y suspendió el instrumento ambiental, con el cual se solicitó la prórroga de Muelle 13. A su vez, el tribunal también tomó una decisión frente a los actos administrativos que hizo la ANI frente al muelle.

Según la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, en este caso, pese a que la empresa contaba con plan de manejo ambiental, requería licencia ambiental por el calado y volumen de las operaciones. Por lo tanto, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) no levantará la medida de suspensión temporal.

“Aquí hay un descontrol ambiental, hay una violación de derechos a la población de Buenaventura y una situación altamente irregular; por lo tanto, con ANLA, con base en lo que estamos definiendo y en la norma, responderemos las denuncias penales y disciplinarias frente a la situación de no haber controlado una operación de este calado y sus posibles afectaciones", afirmó la titular de la cartera ambiental.

Muhamad también hizo un llamado al nuevo Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, para que revise a fondo la actuación de su delegado ambiental y agrario en esta situación.

“Yo no entiendo cómo, con las evidencias técnicas y jurídicas, el procurador delegado no está apoyando la actuación de las autoridades ambientales, sino, por el contrario, intercediendo en su posición a favor del operador portuario. El deber de la Procuraduría es prevenir posibles riesgos frente a los derechos colectivos al ambiente sano", subrayó Muhamad.

Presidente Petro suspende diálogos con el Eln tras “crímenes de guerra” en el Catatumbo

El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la suspensión de los diálogos de paz con el Eln debido a los recientes hechos de violencia en la región del Catatumbo.

En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El Eln no tiene ninguna voluntad de paz".

La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al Eln en el Catatumbo, donde se reportaron asesinatos de civiles y algunos firmantes de paz.

La jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, Vera Grabe, se pronunció sobre la medida: “Se suspende el proceso hasta que Eln definitivamente piense si quiere caminar hacia la paz. Este país no aguanta más. Se requiere de una decisión por parte del Eln, si quiere con este Gobierno caminar en la paz". Pese a la suspensión, Grabe aseguró que se mantendrán las dinámicas humanitarias y los canales de comunicación abiertos “para que el Eln comunique lo que defina".

Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el Eln, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.

El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El Eln tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.

“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el Eln en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.

Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del Eln en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.

El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".

González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.

En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del Eln interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el Eln es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".

Soluciones en Derecho...

Puntos clave de la nota firmada por Colombia y Estados Unidos con relación al TLC

Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes
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Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo informó que los gobiernos de Colombia y Estados Unidos acordaron y firmaron una nota interpretativa del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) vigente entre los dos países desde 2012.

El acuerdo se logró durante la reunión bilateral que sostuvieron el ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Luis Carlos Reyes, y la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai.

En ese encuentro se formalizó la firma de la Decisión 9 de la Comisión de Libre Comercio, en la que ambos Estados suscribieron la nota interpretativa sobre algunos aspectos del Capítulo 10 del TLC.

El Capítulo 10 del TLC es el que aborda lo relacionado con inversiones, específicamente en lo que tiene que ver con las disputas entre inversionistas y Estados.

De acuerdo con el ministro Luis Carlos Reyes, “esta aclaración es importante tanto para las expectativas de los inversionistas, como para los compromisos de los Estados y para la resolución de controversias por parte de jueces y autoridades nacionales, y árbitros internacionales".

Puntos clave

Estos son los puntos clave de la nota interpretativa del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC):

- La nota no modifica el texto original del Tratado, es decir, mantiene las mismas protecciones.

- Logra un mayor balance entre los intereses de los Estados y los inversionistas, beneficiando a las sociedades de ambos países.

- No se afectan los incentivos a la inversión extranjera directa que pueda llegar de Estados Unidos a Colombia.

- La nota interpretativa aclara los compromisos de protección que asume cada Estado ante malas interpretaciones que se puedan presentar en el marco del TLC, “que pueden derivar en demandas frívolas o abusos por parte de inversionistas que buscan sacar partido".

- Reafirma el derecho que tiene cada país de emitir nuevas regulaciones en cumplimiento legítimo del desarrollo de sus políticas públicas y en defensa del interés público, como, por ejemplo, la protección al medio ambiente.

- Ratifica que si las inersiones no se ajustan a las normas internas del país receptor, no se beneficiarán de la protección. Esto excluye la protección de inversiones ilícitas.

- Defiende la soberanía de los jueces y autoridades colombianas, al establecer explícitamente que los tribunales de inversión no son una segunda instancia de las decisiones internas de cada país, con lo cual no pueden revisar el fondo de las decisiones emitidas por los jueces y autoridades nacionales.

- Reitera que los inversionistas tienen la carga de demostrar sus reclamaciones y acreditar que estas no obedecen a meras expectativas o a posibles daños futuros o hipotéticos, como ya le ha ocurrido a Colombia, sino que se sustentan en evidencias objetivas y concretas.

- La nota aclara las reglas de no discriminación a inversiones extranjeras y hace explícito que estas no implican que cualquier trato diferente es discriminatorio, y que los inversionistas no serán sometidos a un trato discriminatorio basado en su nacionalidad.

- Reafirma que los inversionistas tampoco pueden usar estas reglas para elegir 'a la carta' las protecciones que más les convienen dentro del portafolio de tratados de inversión suscritos por cada una de las partes.

- La nota va en línea con directrices de los dos últimos gobiernos de Estados Unidos, con solicitudes hechas desde el Congreso estadounidense sobre el tema, con discusiones que se han dado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en las Naciones Unidas, con sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y con los intereses y necesidades planteadas por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
“La declaración, lejos de destruir los incentivos a la llegada de inversión extranjera, los refuerza para aquellas inversiones que tienen vocación de beneficiar tanto a los inversionistas como a la sociedad colombiana que las acoge", puntualizó el ministro Luis Carlos Reyes.
Estados Unidos es el principal país de origen de inversión extranjera. Hasta el tercer trimestre del 2024, según datos de la balanza de pagos del Banco de la República, el capital extranjero desde ese mercado en Colombia ascendía a US$4.163 millones, cerca del 42 % del total.

También es el principal socio comercial de Colombia. Representa el 29 % de las exportaciones totales del país al mundo y el 31,6 % de las de bienes no minero energéticas. Y participa con cerca del 26 % de las importaciones de bienes totales.

Acondicionada Nazareth.

Uribia (La Guajira), 15 de enero de 2025.- Después de más de diez horas de viaje por carretera, el hospital de campaña llegó al corregimiento de Nazareth, en el municipio de Uribia, La Guajira. Nueve vehículos fueron necesarios para transportar las 17 toneladas a través del desierto.

Antes de la llegada, la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (UNGRD), en conjunto con la comunidad local, acondicionó el terreno en Nazareth para garantizar un espacio adecuado para su instalación temporal. El montaje comenzará en las próximas horas y estará listo esta semana.

Diseñado para atender hasta 40 pacientes en observación y hospitalización, el hospital cuenta con nueve carpas interconectadas y climatizadas, además de:

· Dos generadores eléctricos de 70 kilovoltios para asegurar autonomía energética.

· Duchas con motobomba y baños secos que encapsulan residuos sólidos, reduciendo el impacto ambiental.

· Sistemas de saneamiento ecológico que garantizan su funcionamiento continuo y seguro.

La logística del traslado se inició el pasado 9 de enero desde el Centro Nacional Logístico de la UNGRD en Mosquera, Cundinamarca.

Esta entidad lidera todo el despliegue logístico de transporte e instalación, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social se encargará de la atención médica, operación y mantenimiento del hospital de campaña.

La infraestructura busca atender las necesidades sanitarias y garantizar los servicios de salud en una de las comunidades más aisladas y afectadas por las recientes emergencias climáticas, en especial las sequías.

La instalación del hospital temporal es una respuesta directa al anuncio del presidente Gustavo Petro durante su visita a la región, en noviembre de 2024, cuando dio la instrucción de instalar el hospital de campaña y fortalecer los servicios de salud en zonas remotas y vulnerables de La Guajira.

Esta infraestructura forma parte de los tres hospitales de campaña con los que cuenta la UNGRD, listos para desplegarse en cualquier región del país que enfrente emergencias de gran impacto asociadas a fenómenos naturales, crisis humanitarias o situaciones de salud pública.

La basura en el gobierno.

Con una inversión que supera los 27 mil millones de pesos, el Gobierno ya desarrolla seis proyectos del programa ‘Basura Cero’ en el país, que benefician a más de 336 mil personas de los departamentos de Bolívar, Boyacá, Guainía, Norte de Santander, Vaupés y Vichada.

El proyecto, que es liderado por el Ministerio de Vivienda, se basa en un acompañamiento a las entidades territoriales en articulación con las comunidades organizadas y organizaciones de recicladores de oficio.

Según se indicó, este acompañamiento ha permitido tener un proyecto con concepto viable para el municipio de Nuquí, Chocó, por un valor de $ 1.960 millones de pesos, que son financiados con recursos 100 % de la nación; un proyecto con concepto técnico favorable en La Mojana sucreña para la gestión integral de los residuos sólidos por valor de $ 24.715 millones de pesos; 4 proyectos en trámite de evaluación para los municipios de Acandí, Bahía Solano (Chocó), La Ceja (Antioquia) y Arauquita (Arauca) por valor $65.505 millones de pesos.

Como complemento a la gestión de los residuos sólidos, por el mecanismo de viabilización del Ministerio, en lo acumulado del Gobierno del Cambio, se han terminado obras de 14 proyectos convencionales de aseo en zonas urbanas por un valor total de $ 34.728 millones, de los cuales $ 24.442 son aportados por la nación y dichos proyectos están ubicados en 8 departamentos del país.

Así mismo, se tienen 33 proyectos en proceso de viabilización de proyectos no convencionales de aseo en zona urbana por valor total de $ 95.456 millones ubicados en 17 departamentos.

‘Basura Cero’ es un programa del Gobierno nacional que se implementó en el Plan Nacional de Desarrollo, más específicamente en el artículo 277 que estableció:
“ARTÍCULO 227. PROGRAMA BASURA CERO. Créese el Programa Basura Cero, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un término máximo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el cual articulará las instancias de Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil; garantizará la participación de la población recicladora y sus organizaciones, impulsando su inclusión e inserción socioeconómica; determinará los aspectos regulatorios, de supervisión y control, y las inversiones requeridas para avanzar en la eliminación del enterramiento hacia la implementación de parques tecnológicos y ambientales, de tratamiento y valorización de residuos, promoción del desarrollo tecnológico, conservación del ambiente y mitigación del cambio climático; definirá́ un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto y las celdas transitorias, promoviendo soluciones que prioricen el tratamiento y aprovechamiento de residuos; e impulsará la economía circular”.


 

Natural...

 

El servicio militar voluntario y los embarazos

Imagen de apoyo
La Sala Sexta de Revisión de Tutelas protegió los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital de una mujer que en el año 2021 se incorporó a la Policía Nacional para prestar el servicio militar voluntario como auxiliar de policía. En el 2022, tuvo conocimiento de su estado de embarazo y lo comunicó a la institución. Cuatro meses después, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá emitió una resolución mediante la cual ordenó su desacuartelamiento del servicio, así como a otras auxiliares de policía en estado de gestación, en razón de dicha condición.

La accionante reprochó que, como consecuencia de esa decisión, (i) dejó de percibir la bonificación que recibía y (ii) su hijo, recién nacido, quedó sin cobertura en materia de servicios de salud. Solicitó el reintegro a la institución para culminar la prestación del servicio militar voluntario y la asignación de labores acordes a las recomendaciones del médico tratante.

La Sala protegió los derechos de la accionante al evidenciar que la Policía Nacional (i) no efectuó una interpretación de las normas aplicables a la situación de desacuartelamiento de manera acorde con la especial protección a la maternidad, y (ii) les atribuyó un alcance que no tenían para regular la situación de las mujeres en estado de embarazo, lo que dio lugar a un trato discriminatorio.

Para la Corte, el desacuartelamiento de las mujeres de la prestación del servicio militar debido a su estado de embarazo, con base en la aplicación de las causales de exoneración del servicio militar previstas para los hombres, constituye un factor de discriminación en razón del género por las siguientes razones: (i) el embarazo no constituye “una condición ajena a la voluntad del individuo”. (ii) Las causales de exención o exoneración del servicio militar constituyen una garantía a favor de la persona incorporada a las filas y, específicamente, del menor cuando sobreviene la causal prevista en el literal p) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. (iii) En caso de configurarse alguna de esas causales, de conformidad con lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, “las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente”.

La Corte advirtió que la maternidad no configura, en sí misma, una causal de desacuartelamiento. Por tanto, evidenció que la entidad incurrió en un acto discriminatorio al aplicar, de manera automática, la causal de retiro del servicio que consideraba más ajustada a la protección del recién nacido, “con lo cual impuso a la accionante unas cargas relacionadas a los imaginarios sociales sobre lo que debe ser la maternidad. Además, consideró que las funciones de auxiliar de policía son incompatibles con la maternidad y decidió, de manera unilateral, que esto último era lo que debía prevalecer”.

Por tanto, para resolver el caso concreto, precisó que, si bien el servicio militar otorga a quien lo presta una serie de prestaciones que, de cualquier forma, “no pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para soldados profesionales”, el desacuartelamiento generó un impacto negativo en el derecho al mínimo vital de la demandante, dado que el retiro del servicio implicó la suspensión del pago del auxilio económico previsto para el régimen de la Policía Nacional.

Además, la Sala de Revisión llamó la atención sobre el déficit normativo de protección a la mujer gestante que presta el servicio militar voluntario, dado que la Ley 1861 de 2017 y el Decreto 977 de 2018 no incluyen causales ni regulación para la cesación del deber de prestar el servicio por desacuartelamiento relacionadas con la decisión de la mujer de procrear.

Con base en lo anterior, la Corte (i) dejó sin efectos la resolución que ordenó el desacuartelamiento de la accionante, (ii) dispuso reincorporarla por el tiempo restante para finalizar la prestación del servicio militar, si así lo deseaba, en una labor acorde con la condición que dio lugar a la protección ocupacional, (iii) resolvió garantizar la atención en salud tanto para ella como para su hijo, hasta que culminara el periodo del servicio militar restante, esto es, al término de 12 o 18 meses, y (iv) ordenó que se le cancelaran los emolumentos legales dejados de percibir, correspondientes a dicho periodo.

Por último, instó a la Policía Nacional para que se abstuviera de llevar a cabo cualquier actuación que pudiera resultar en tratos discriminatorios contra las mujeres, y exhortó al Congreso de la República para que valorara la conveniencia de revisar y adoptar medidas legislativas relacionadas con la protección de la mujer embarazada que se incorpora a prestar el servicio militar voluntario, que tenga en cuenta la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar sus derechos fundamentales, así como los del que está por nacer.

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:
Régimen de prestación del servicio militar de la Policía Nacional: de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, el servicio militar es un deber de todos los colombianos, que exige tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones cuando las necesidades públicas así lo exijan.


 

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