Justicia en crimen de líder indígena

Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José
David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH.

Ante las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del líder indígena Moisés López Enríquez, ocurrido el 11 de febrero de 2023, en Sapuyes (Nariño).

Una juez penal de conocimiento de Túquerres (Nariño) avaló la negociación judicial y emitió condena en su contra por los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En consecuencia, Malpica Rosales y Gil Ballesteros fueron sentenciados a 18 años y 2 meses de prisión; mientras que Trejos Riascos recibió una pena de 17 años y 8 meses de prisión.

En el curso de la investigación se estableció que la víctima se movilizaba junto a otras personas a un cabildo indígena ubicado en Ipiales (Nariño). En el camino fue interceptada por hombres armados que le propinaron varios disparos, les robaron las pertenencias a los acompañantes y los intimidaron para que no alertaran a las autoridades.

Las pruebas permitieron conocer que alias Pinchao ordenó la acción criminal y trasladó en un vehículo a los atacantes. De otra parte, ‘Rolo’ y Malpica Rosales se encargaron de bajar al líder social de la camioneta en la que se transportaba y agredirlo con armas de fuego.

Moisés Marcos López Enríquez era representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y, en 2021, se había desempeñado como gobernador del Resguardo Gran Mallama.

Indígenas caucanos rechazan presencia de grupos armados en sus territorios.

Minga por la defensa de la vida y el territorio ante las desarmonías causadas por los actores armados en la zona Tierradentro

COMUNICADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNIDAD EN GENERAL.

En nombre de las veinticinco (25) autoridades indígenas de la zona Tierradentro que conforman la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de los Pueblos Indígenas de Juan Tama y Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, en uso de sus facultades legales, al Derecho Mayor, Ley de Origen a los principios organizativos de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, y al direccionamiento Político Organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, realizamos el presente pronunciamiento en razón de los hechos ocurridos el día 08 de julio de 2024, en el marco del desarrollo de la “Minga por la defensa de la vida y el territorio ante las desarmonías causadas por los actores armados en la zona Tierradentro”.

MANIFESTAMOS:

En el marco de la unidad se realizó el día 08 de julio de 2024 la Minga por la defensa de la vida y el territorio con las veinticinco (25) autoridades indígenas de la zona Tierradentro y demás invitados del orden local, regional y nacional con el fin de posicionar la gobernabilidad en defensa de la vida y el territorio, ante las desarmonías causadas por los actores armados en la Zona Tierradentro,

Como Zona Tierradentro en cabeza de nuestras autoridades y en apoyo de la Guardia indígena se realizan constantemente control en nuestros territorios para mantener la autonomía que nos lleven a un buen vivir en armonía con nuestra madre tierra, es por ello, que al realizarlo el día 08 de julio del presente año por falta de comunicación y coordinación se generó en el Territorio Ancestral de Cohetando vereda de San Luis un cruce de palabras con un tono elevado que llevaron a hacer juzgamiento que afectan a autoridades, guardia y comunidad en general.

Hoy 16 de julio de 2024, se da una conversa entre la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de los Pueblos Indígenas de Juan Tama, Autoridades indígenas, Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC y comunidad de San Luis, donde se establece que la lucha milenaria de los pueblos indígenas es el control territorial, la defensa de la vida y del territorio, por lo tanto, ratificamos lo orientado desde las resoluciones y mandatos (local, zonal y regional).

Como zona Tierradentro nos ratificamos en la Resolución de Vitoncó, por medio de la cual ningún indígena puede pertenecer a grupos armados, por lo tanto, RECHAZAMOS Y EXIGIMOS la no vinculación de nuestros comuneros a los grupos armados legales e ilegales, y reiteramos su aplicación en cada uno de nuestros territorios, que por décadas han sido afectados debido a la presencia de grupos armados, que causan desarmonías y profanan nuestros sitios sagrados.

RECHAZAMOS Y CONDENAMOS cualquier acción realizada por parte de los grupos armados que han venido ejerciendo, retenes ilegales, reclutamiento forzado de nuestras niños, niñas y adolescentes, asesinatos de personas en nuestros territorios, amenazas a la vida e integridad de las autoridades, Guardia y comunidad Indígena, de igual forma, la profanación y utilización de nuestros sitios sagrados, extorsiones, quemas de vehículos y represalias sobre la población en general.

DESLEGITIMAMOS la autoridad que dicen mantener sobre un territorio indígena. como pueblos indígenas son la Autoridades legítimamente elegidos por la máxima autoridad que es la asamblea quien seguirá ejerciendo el control en nuestros territorios.

No se permite la presencia y acciones de los grupos armados legales e ilegales que constantemente generan desarmonías en nuestro territorio, mantendremos firmemente los controles y recorridos territoriales en cabeza de las Autoridades indígenas y de manera conjunta con la guardia indígena y comunidad en general. de la misma forma, se continuará con la “minga hacia adentro” para el fortalecimiento de la familia, la identidad cultural, el control y autonomía territorial e invitamos a los Jóvenes a no hacer parte de estos grupos armados que no representan nuestra lucha indígena.

“CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ Y NO PARA LA GUERRA”

La Corte Constitucional protege al Pueblo Motilón Barí

Corte ampara el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Motilón Barí por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales

La Sala Primera de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por las autoridades tradicionales del pueblo Motilón Barí Ñatubaiyibari en contra del Ministerio del Interior y otras instituciones, en la que reclamaban la protección de su derecho fundamental a la consulta previa.

 Las y los accionantes manifestaron que, para el 2019, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD PAZ) -autoridad encargada de evaluar, aprobar y priorizar los proyectos financiados con los recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno nacional-, aprobó un proyecto para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de dos corregimientos del municipio de Convención, Norte de Santander.

 Entre las obras que se realizaron se incluyó una planta de tratamiento de aguas residuales que generaba un impacto directo en la vida e integridad del pueblo Motilón Barí quienes, como colectivo, dependen de la quebrada Honduras y del Río de Oro para la pesca, la garantía de su seguridad alimentaria y la realización de actividades comunitarias.

Luego de reiterar las principales reglas sobre el derecho fundamental a la consulta previa señaladas en la Sentencia SU-123 de 2018, la Sala se refirió al derecho de participación de los pueblos indígenas y al enfoque étnico en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR).

Al respecto, el tribunal precisó que, conforme la Sentencia C-730 de 2017 -que estudió la constitucionalidad del Decreto 893 de 2017-, el mecanismo especial de consulta consagrado en el artículo 12 del mencionado decreto no puede confundir ni reemplazar el derecho fundamental a la consulta previa en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Aunque se trata de una garantía adicional de participación de los pueblos indígenas, esta no excluye de su aplicación el derecho a la consulta previa.

En el caso concreto, la Corte concluyó que las autoridades demandadas no habían garantizado el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Motilón Barí. Lo anterior, aun cuando sus integrantes habían alertado sobre los impactos socioambientales que la construcción de la planta de tratamiento podría tener en el río (el cual es una fuente hídrica representativa para la cosmovisión y subsistencia de esa comunidad, y que ha sido ampliamente reconocida como víctima del conflicto en la región del Catatumbo-).

Específicamente, el tribunal evidenció que el Ministerio del Interior omitió su deber de adelantar los estudios para constatar los impactos que esa obra causaba sobre la cultura Barí y con ello, iniciar el respectivo trámite consultivo a la comunidad. Por el contrario, la cartera ministerial certificó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia directa del proyecto (pues la delimitación del territorio continúa en definición). Con lo anterior, el Ministerio se apartó del concepto de territorio desarrollado por la jurisprudencia constitucional.

La Sala también encontró vulnerado el derecho fundamental de participación del pueblo Motilón Barí por no haberse protocolizado el mecanismo especial de consulta previsto en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, como una garantía de participación de las comunidades étnicas en el marco de la implementación del punto 1 del Acuerdo Final de Paz. En consecuencia, su ausencia en esta clase de proyectos constituye una vulneración de los derechos de las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado.

Sobre esa base, la Corte amparó los derechos fundamentales del pueblo Motilón Barí. Además, ordenó la protocolización del mecanismo especial de consulta regulado en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, y la realización de los estudios tendientes a verificar los posibles impactos que la construcción de la planta pudo tener sobre sus derechos como comunidad indígena. En caso de que se evidenciaran daños a la comunidad, las autoridades deberán restaurarlos, conforme lo establecido en la Sentencia SU-123 de 2018.

Sentencia T-498 de 2023

M.P. Natalia Ángel Cabo

Expediente T-8.605.132

Hombres fuertemente armados incineraron maquinaria amarilla, en el Resguardo Indígena Yanacona de San Juan, Municipio de Bolívar Cauca

El Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona informa lo siguiente: el día lunes 8 de abril de 2024, hombres fuertemente armados incineraron maquinaria amarilla, del consorcio que se encuentra construyendo las obras de pavimentación del anillo vial, del Macizo Colombiano.

 El Cabildo Mayor se solidariza y brinda respaldo, a los padres de familia, estudiantes, dinamizadores semillas de vida y maestros de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de los remedios, de los Centros Educativos de la Playa y Placetillas, de los usuarios de las unidades del programa semillas de vida, modalidad propia CRIC-ICBF; por el cese de actividades decretado por la Autoridad y la comunidad del Resguardo de San Juan, para salvaguardar la vida de todos, como derecho fundamental.

Los resguardos, cabildos y comunidades que constituimos el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, somos reconocidos formalmente como víctimas del conflicto armado colombiano, de carácter colectivo, y con el accionar de hoy nos están revictimizando, por lo tanto, es responsabilidad del Estado, trabajar arduamente para conseguir la paz, que anhelamos todos los colombianos.

CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACUNA – CMY

Popayán Cauca, abril 9 de 2024.

El Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, como estructura política constituida en el año 1992, actualmente ostenta el grado de Autoridad Tradicional de ámbito nacional, según resolución No 082 del 23 de julio de 2019, emitida por la oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Nuestra estructura de autoridad está conformada por 31 comunidades indígenas Yanaconas, ubicadas a nivel nacional en 6 Departamentos, 17 Municipios, un Distrito Capital (Bogotá) y un Distrito Especial (Cali Valle del Cauca).

Unidad: Fuerza Militar - Indígenas. ¡Excelentes resultados!

“¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los cuatro niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana”, expresó este viernes el Presidente de la República, Gustavo Petro, al confirmar la aparición de los menores indígenas desaparecidos en el departamento del Caquetá.

El Jefe de Estado confirmó la noticia, por medio de su cuenta de Twitter, al llegar a Bogotá procedente de La Habana, Cuba, donde asistió al cierre del tercer ciclo de conversaciones con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

El Presidente Petro indicó que es trata de “un buen regalo para Colombia” y dijo que “la articulación entre Fuerza Militar e indígenas fue completamente eficaz, un ejemplo de lo que puede ser para el país este tipo de alianzas”.

“Hoy hemos tenido un día mágico, que indudablemente llena de alegría. Acercarnos y tocar la paz en el acuerdo que avanza con el Eln, y ahora regreso y la primera noticia es que efectivamente las comunidades indígenas que estuvieron en la búsqueda, y las Fuerzas Militares, conjuntamente, encontraron a los niños cuarenta días después. Estaban solos, ellos mismos lograron un ejemplo de sobrevivencia total, que quedará en la historia. Así que esos niños son hoy los niños de la paz y los niños de Colombia”, declaró el Presidente luego a los medios en el aeropuerto militar de Catam.

Los cuatro indígenas menores de edad desaparecieron el pasado 1° de mayo, tras el accidente de la avioneta en la que viajaban con varios adultos que fallecieron, en inmediaciones de Solano (Caquetá).

El Mandatario explicó que en ese momento los menores recibían atención médica en San José del Guaviare. “Si los médicos aconsejan se traerán a Bogotá o a Villavicencio, ya depende de lo que dictaminen los médicos. En la mañana trataré de hablar con ellos”, dijo.

Señaló también que habló con el abuelo de los menores, Fidencio Valencia, quien le dijo que “la madre selva, los devolvió”.

Así mismo, destacó la operación de búsqueda desarrollada por las Fuerzas Militares y las comunidades indígenas de la región. “Esa articulación fue completamente eficaz, un ejemplo de lo que puede ser para el país todo este tipo de acuerdos”, sostuvo.

Colombia propone a la ONU cambiar la hoja de coca de "prohibida" a " controlada"

Gobierno de Colombia pidió ante Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas revisar inclusión de la hoja de coca entre sustancias controladas

Con un llamado a apoyar el nuevo enfoque de la política sobre drogas, Colombia cierra su primer día en el 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena

En el debate general, la viceministra hizo énfasis en el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de hacer un cambio en el enfoque de la política de drogas.

Según la alta funcionaria, a pesar de haber seguido el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas durante las últimas décadas, se han evidenciado aumentos históricos de flujos de cocaína que han dejado a Colombia sumida en la violencia.

En este sentido, la viceministra explicó que la nueva política de drogas del país se centrará en velar por el bienestar de las comunidades más vulnerables que han sido históricamente afectadas por el narcotráfico, priorizando la salud pública y la protección del medio ambiente.

Del mismo modo, pidió que la hoja de coca fuese retirada de la lista de sustancias prohibidas dado que la planta hace parte de la historia y de las tradiciones de los pueblos autóctonos de la región andina.

‘Paz Total y el nuevo paradigma sobre drogas’

Por otro lado, en el evento paralelo ‘Paz Total y el nuevo paradigma sobre drogas’, liderado por Colombia, la viceministra resaltó la conexión entre una nueva política de drogas y la construcción de la Paz Total en el país, y recapituló algunos mensajes de su discurso en el debate general.

La ponencia principal estuvo a cargo del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Camilo Umaña. En su intervención recordó recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro: “la paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Ninguna organización puede acercarse a una negociación con la justicia si en su cabeza busca defender a ultranza las economías ilegales".

En el encuentro, además, la Organización campesina de Piamonte, Cauca –cuyos delegados fueron Maydany Salcedo y Juan Titira-, y el representante del pueblo indígena Motilón-Barí, hicieron un llamado a la reivindicación de los Pueblos Indígenas como protectores de la tierra.

Otros panelistas del evento fueron el embajador de Suiza, Raphael Naegeli y la directora Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch.

Encuentros con Estados Unidos y Suecia

Como parte del primer día de la agenda, así mismo, la viceministra sostuvo un encuentro bilateral con Estados Unidos, al cual asistieron el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca - ONDCP, Dr. Rahul Gupta, y el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Embajador Todd D. Robinson.

En el encuentro se centraron en la importancia de prevenir y combatir conjuntamente el auge del consumo de opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas, a través de mecanismos de cooperación binacionales y regionales.

Acto seguido, la viceministra se reunió con el ministro para Asuntos Sociales y Salud Pública de Suecia, Jakob Forssmed, con quien dialogó sobre la importancia de promover un enfoque de género en la nueva política de drogas de Colombia.

Suecia, por su parte, manifestó el interés en explorar oportunidades de cooperación y apoyo.

Por otro lado, en el evento paralelo ‘El impacto de las políticas de drogas en los derechos económicos, sociales y culturales: revocando décadas de abandono’, la viceministra participará con una intervención que llama a reivindicar el papel decisivo de las mujeres en el abordaje del problema de las drogas.

Para concluir su participación en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la viceministra asistirá al panel 'La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico'; un evento paralelo liderado por Bolivia.

Universidad, vías, jóvenes en paz y protección de la selva. Lo que viene para el Catatumbo.

Presidente Petro anuncia que en abril de 2023 se inician obras de la Universidad del Catatumbo, que acogerá a 3.245 estudiantes de la región

El Presidente Gustavo Petro anunció este viernes que en abril de 2023 se proyecta el inicio de las obras de la Universidad del Catatumbo, que acogerá a 3.245 estudiantes de la región, y afirmó que la construcción del complejo educativo será un pilar para avanzar en la Paz Total.

Foto: Cristian Garavito Cruz - Presidencia

“Ya decidimos, está la plata, comenzó el diseño. Ya había un diseño, no partimos de cero, hay que hacer unos ajustes. Para el mes de abril comienza a construirse la gran Universidad del Catatumbo”, resaltó el Jefe de Estado, acompañado del grito eufórico de los pobladores del Catatumbo.

El anuncio lo hizo el Mandatario en el marco del Primer Encuentro Cocalero del Catatumbo, que reunió a más de 5.000 personas para hablar de manera formal con el Gobierno Nacional de sus propuestas, de cara a un nuevo modelo productivo viable, sostenible y legal en torno a los cultivos de coca.

Precisamente, subrayó que la Universidad se convierte en una opción real de estudio para los jóvenes de la región y en un instrumento para alejarlos de la ilegalidad.

“¿Cómo vamos a salir de una economía ilegal si la juventud no tiene perspectivas?, si su única opción es que los contraten por uno o dos millones de pesos para portar un fusil, para matar a otro joven”, manifestó y recordó que en agosto pasado, luego de un consejo de seguridad, se comprometió a sacar adelante esta iniciativa.

Sobre el particular, el Mandatario también enfatizó: “Esta universidad indudablemente va a ser la alternativa de la paz, va a ser un pilar para la construcción de la Paz Total en la región”.

En ese contexto, el Presidente instó a la comunidad del Catatumbo a hacerle seguimiento al cumplimiento del proyecto y a cuidar los recursos, porque “los beneficiados serán los jóvenes y los niños, que una vez tengan la edad puedan entrar a estudiar lo que quieran”.

“Los programas (carreras) de esta Universidad deben ser pactados por ustedes, porque es lo que necesita el territorio; lo que hay que enseñar y aprender”, recalcó y agregó que el objetivo del Gobierno del Cambio es que en el primer año el complejo educativo cuente con 3.500 estudiantes y se proyecta que en el quinto año acoja a 17.000 jóvenes.

​Características del proyecto

Para la construcción de la universidad, definida en el proyecto como Complejo de Educación Técnica, Tecnológica y Superior del Catatumbo, el Gobierno del Cambio anunció la destinación de 39.000 millones de pesos.

El establecimiento educativo va a beneficiar a estudiantes de los municipios de Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.

Además, se determinó que la Gobernación de Norte de Santander contará con un ​lote en El Tarra para el desarrollo del proyecto.​

La iniciativa se hará realidad gracias a un convenio del que también hacen parte la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Agencia de Renovación del Territorio (ART), el Fondo Colombia en Paz, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), el Ministerio de Educación, la Gobernación de Norte de Santander y la Alcaldía de El Tarra.

​Otras propuestas del Gobierno para el Catatumbo

El Presidente también anunció que, para el primero de enero de 2023, el Gobierno del Cambio pondrá en marcha el programa Jóvenes en Paz en la región del Catatumbo, inicialmente con 1.500 muchachos y muchachas, el cual será financiado con recursos recaudados mediante la ley de Reforma Tributaria.

“Queremos que esta juventud que hoy crece fuera de la guerra, que no aprenda ya cómo es que se dispara, sino cómo es que se lee”, señaló el Mandatario.

De la misma manera, reiteró la construcción de la vía Ocaña-Tibú, proyecto que permitirá convertir a esta región en potencia productora de alimentos.

“Esa carretera se convertirá en un pilar para que esta zona, que hoy ostenta el título de la primera productora de cocaína del mundo, pueda convertirse en una de las primeras productoras de alimentos de la sociedad latinoamericana y colombiana y producir alimentos industrializados”, expresó.

Igualmente, el Jefe de Estado consideró necesario ampliar la selva del Catatumbo, incluso, extendiendo la zona de reserva si es necesario y permitir que los indígenas reciban pagos por cuidar esa área.

Al respecto, no descartó “que se haga un pacto entre los indígenas y el campesinado en la región, de tal manera que el campesinado y los indígenas puedan recibir pagos por cuidar la selva”.

En ese sentido, el Presidente Petro concluyó: “Llegó un momento en donde este Gobierno sea capaz de abrir las perspectivas a todos aquellos y aquellas que aún insisten en la violencia, llegó el momento de la Paz Total, hagamos del Catatumbo una región poderosa en términos de su pueblo y de su vida, que sea vanguardia de lo que necesita la historia de Colombia”.

Vamos hacia una nueva política para afrontar los cultivos ilícitos desde la perspectiva del territorio y la visión canpesina

El Tarra, Catatumbo. Norte de Santander. Asamblea de campesinos cocaleros. pic.twitter.com/bBw80eSWNF

— Gustavo Petro (@petrogustavo) December 16, 2022

La Constitución está por encima de la Justicia Indígena.

Corte protege derechos de campesino que fue detenido por resguardo indígena, pese a no pertenecer a ninguna comunidad étnica

Sentencia T-372-22.- La Corte Constitucional protegió los derechos de un ciudadano que fue privado de la libertad por el Cabildo indígena de Toribío (Cauca) acusado de estafar a varios de sus integrantes, a quienes supuestamente habría pedido dinero a cambio de ayudarles en el trámite de subsidios de vivienda e indemnizaciones, entre otras cosas.

El ciudadano, mediante agente oficioso, aseguró que fue sometido a un proceso de investigación y juzgamiento sin tener en cuenta que no hace parte de ninguna comunidad indígena, sino que es un campesino de Apartadó, Antioquia. Además, alegó que fue detenido sin acceso a una asesoría legal ni posibilidad de comunicarse con el exterior, y manifestó ser víctima de amenazas por parte de un integrante de la comunidad indígena.

La Sala Séptima de Revisión, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, determinó que el Cabildo indígena vulneró el derecho al debido proceso del actor, en su faceta de juez natural, lo cual derivó en una limitación injustificada de su libertad.

Según el Alto Tribunal, no se desconoce la autonomía que la Constitución y la jurisprudencia de esta Corporación les ha otorgado a las comunidades indígenas para ejercer su propia jurisdicción. Sin embargo, las limitaciones a su autonomía encuentran respaldo constitucional cuando se trate de proteger el núcleo esencial de los derechos fundamentales.

“Si bien el Resguardo de Toribío relató contar con las instituciones indígenas, con capacidad para investigar y dictar justicia, esta Sala no puede desconocer que hay dudas respecto a las autoridades, procedimientos y sanciones que terminan por amenazar la garantía del debido proceso de una persona externa a la comunidad, que está siendo investigado y de la cual no se desprende una identidad cultural”, indicó la sentencia.

Por otra parte, no se cumplieron con los cuatro elementos que se deben tener en cuenta para que el caso sea tramitado por la Jurisdicción Especial Indígena (JEI): territorial, objetivo, subjetivo e institucional.

Dentro del proceso se encontraron acreditados el elemento territorial y objetivo, pero no el subjetivo e institucional, debido a que el ciudadano no se autoidentifica como indígena, no fue reconocido por ellos como miembro de su comunidad, ni se encuentra censado dentro de ninguna comunidad étnica.

“Tampoco el elemento institucional, por cuanto la Sala no pudo identificar a las autoridades, procedimientos y sanciones que permitieran el despliegue efectivo de las garantías para proteger el debido proceso del investigado en el caso concreto”, indicó la sentencia.

El fallo confirmó la sentencia de un juez de Popayán que dispuso la libertad del ciudadano y le ordenó al Cabildo indígena que le devuelva todas sus pertenencias.

También ordenó a la Fiscalía General de la Nación, seccional Cauca, continuar con la investigación para esclarecer lo más pronto posible los hechos denunciados por los comuneros del Resguardo indígena de Toribío, mientras que la Unidad Nacional de Protección tendrá que realizar un estudio de riesgo para determinar si el accionante puede ser beneficiario de una medida de protección, en caso de que haya remitido los documentos para ello.

El magistrado José Fernando Reyes Cuartas salvó parcialmente su voto.

Indígenas exigen al Ministerio de Defensa auxiliar al pueblo Awá de Tumaco.

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA EN RECHAZO Y CONDENA POR LOS HOSTIGAMIENTOS EN CONTRA DE LA MISIÓN HUMANITARIA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ INDA SABALETA Y LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03 DE JULIO DE 2022

Bakatá, 06 de julio de 2022.- La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, autoridad nacional de gobierno propio, junto a su Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, CONDENA la masacre ocurrida el pasado 3 de julio de 2022 en el Resguardo Awá Inda Sabaleta del municipio de Tumaco, Nariño y se solidariza con nuestros hermanos y familiares de las víctimas y acompañamos la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo Awá UNIPA, quienes caminan con sus bastones de mando, recordando los consejos de los mayores y nuestros principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, como forma de denuncia y resistencia en contra de las violencias sistemáticas que afectan los derechos humanos, la armonía y el buen vivir del pueblo Awá.

RECHAZAMOS todos los hechos generadores de violencia y desarmonías en nuestros territorios ancestrales, la presencia de grupos armados, la contaminación de la tierra con artefactos explosivos como minas antipersona y las constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra del pueblo Awá.

La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas se suma al Comunicado 011 de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá – UNIPA del 6 de junio de 2022, donde se denuncian las intimidaciones y hostigamientos por parte de grupos armados en contra de la Misión Humanitaria de la guardia indígenas del Resguardo Awá Inda Sabaleta que se desarrolla en este momento en jurisdicción de Tumaco, Nariño y ante la presencia del ejército nacional. DENUNCIAMOS que, a pesar de la presencia del Ejército Nacional en la zona, las condiciones de seguridad son inexistentes a punto de contar hoy con amenazas de instalación de minas en el punto donde serán sembrados los cuerpos de la masacre.

Ante esta situación, EXIGIMOS

1. Al Ministerio de Defensa nacional para que de manera urgente e inmediata atienda el llamado de auxilio de las comunidades que están siendo hostigadas por el grupo armado irregular, y que garantice las condiciones de seguridad bajo los principios y normas del DIH en especial la proporcionalidad y distinción, siempre en respeto a un diálogo fluido y constante con las autoridades indígenas en terreno.

Al Ministerio del Interior para que active todas sus rutas de atención y protección de Derechos Humanos bajo el principio de coordinación administrativa con las demás entidades del orden nacional y local.

A la Gobernación de Nariño y Alcaldía de Tumaco para que instalen de inmediato mesas de trabajo y acción para la seguridad y defensa del Pueblo Awá en el resguardo Inda Sabaleta, con la debida articulación institucional del Gobierno Nacional. Así mismo, que brinden las ayudas necesarias a las familias de los hermanos masacrados el 03 de julio del 2022.

A Fiscalía General de la Nación para que preste la debida atención a estos hechos, realice las investigaciones pertinentes y sanciones correspondientes.

AlaUnidadNacionaldeProtecciónparaqueactivelarutadeemergenciadeprotección colectiva para la defensa y seguridad de la Minga Humanitaria Awá.

SOLICITAMOS de forma urgente a la Personería Municipal de la Tumaco, Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a que acompañen las solicitudes de protección, defensa y seguridad del Pueblo Awá y hagan el debido seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional desde sus funciones como Ministerio Público.

A los órganos como MAPP-OEA y ONU a que atiendan este caso en el marco de sus mandatos de misión y realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios de los derechos humanos.

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca la para la guerra!

Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ONIC

ONIC denuncia: unidades de la Policía Antinarcóticos hirieron con arma de fuego al niño Elio Niasa

La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), como Autoridad Nacional de Gobierno Indígena junto a su Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos RECHAZAMOS Y CONDENAMOS los hechos ocurridos el día 3 de febrero de 2022 en horas de la mañana en el resguardo Embera, La Italia ubicado entre los municipios de Puerto Asís y Valle del Guamez en el departamento de Putumayo.

Según información obtenida por el Observatorio de Derechos Humanos de la ONIC, unidades de la Policía Antinarcóticos hirieron con arma de fuego al niño Elio Niasa, durante un proceso de erradicación que se desarrollaba de manera forzada y sin el debido proceso de consulta previa, situación que pone en evidencia la clara vulneración de los derechos a la autonomía, el territorio y la vida de los Pueblos y Naciones Indígenas de Colombia.

Desde ONIC, EXIGIMOS al Ministerio de Defensa y a la Policía Nacional que respeten los Derechos de los Pueblos Indígenas y acaten la autonomía en nuestros territorios, toda vez que, como lo ha reiterado la Corte Constitucional en las sentencias SU-383 del 2003, T-236 de 2017, T- 413 de 2021, entre otras, todas estas acciones públicas policivas en nuestros territorios deben responder al proceso de Consulta Previa, el acatamiento del Convenio 169 de la OIT y sobretodo el respeto a nuestras autoridades y el Gobierno Propio.

SOLICITAMOS a la Fiscalía General de la Nación, que adelante las investigaciones, que lleven a la justicia ordinarialos responsables de estos actos que atentaron contra la integridad del niño Elio Niasa; a la Procuraduría General de la Nación, que realice las acciones pertinentes para iniciar el proceso disciplinario contra los funcionarios de la policía que se vieron involucrados en este lamentable hecho.

Hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo, Personería Municipal de Puerto Asís y a los órganos multilaterales como MAPP-OEA y ONU a que acompañen este caso y en el marco de sus funciones realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación en el ámbito penal, disciplinario y con la debida atención con enfoque étnico diferencial para prevenir nuevos hechos.

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca la para la guerra!

ORGANIZACIÓN NACIONAL INDÍGENA DE COLOMBIA – ONIC

AUTORIDAD NACIONAL DE GOBIERNO INDÍGENA

#Atención #PuertoAsis #Putumayo
Comunidad indígena del resguardo La Italia de Oro en denuncia que el niño indígena Elio Aldair Niasa, fue herido por la Policía Antinarcóticos. pic.twitter.com/3dYjjmjQZ6

— Trochando Sin Fronteras (@trochandosf) February 3, 2022

PROCURADURÍA SOLICITÓ AL ICBF INFORMACIÓN SOBRE CONTRATACIÓN DE PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS WAYUU

Las acciones preventivas se deben a “las denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayuu, los cuales manifiestan presuntos hechos de corrupción”, según la solicitud del ente de control.

PGN_. La Procuraduría General de la Nación solicitó a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) de la Regional La Guajira, Yanerys Beatriz Cotes Cotes, información detallada sobre la contratación de los programas de alimentación que benefician a los niños, niñas y adolescentes de la comunidad Wayuu.

En comunicación enviada a la funcionaria, el Ministerio Público pidió especificar la fundación u operador contratado y aspectos de los negocios jurídicos como el valor, el número de beneficiarios, las comunidades donde se prestará el servicio y toda la información de la representación legal.

La Procuraduría explicó que las acciones preventivas se deben a “las denuncias realizadas por las autoridades del pueblo wayuu, los cuales manifiestan presuntos hechos de corrupción en la forma en que se está llevando la contratación directa para la modalidad propia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.

Por tanto, la Regional de La Guajira, en su función de ejercer vigilancia a los funcionarios que desempeñan funciones públicas, inició un estricto seguimiento al presupuesto que ejecutó el ICBF con diferentes fundaciones, quienes prestan los servicios de atención a la nutrición y a la primera infancia, por medio de la modalidad familiar, con la entrega gratuita de leche, alimentos o complementos nutricionales y, la alimentación de niños y niñas de cero a cinco años en los diferentes Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF.

La Procuraduría recordó la importancia de acatar cabalmente la Sentencia T-302 de la Corte Constitucional, que declaró el estado de cosas inconstitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación equilibrada y al acceso al agua potable de los niños y niñas pertenecientes a la comunidad wayuu asentada en los municipios de Maicao, Uribía, Riohacha y Manaure.

Con el asesinato de Jhon Mario García Guanga son 160 líderes asesinados en 2021

En este 1 de diciembre, inicio del último mes del 2021, se confirmó que otro líder social fue asesinado en Colombia. Se trata de Jhon Mario García Guanga, quien era un joven indígena Awa y en la actualidad era parte de la Guardia Indígena del resguardo Gran Rosario en Tumaco, Nariño.

De acuerdo a los testimonios, sobre las 3:00 p. m., cuando se encontraba con su esposa, hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta en Guayacaya. Tras conocerse de su secuestro, se preparó una comisión que partió en búsqueda de Jhon Mario, sin embargo, la comunidad confirmó que una hora más tarde el joven fue encontrado asesinado sobre la vía que conduce de Tumaco a Pasto, más específicamente en el corregimiento de Pinde.

La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awa del Pacífico, ORIPAP, rechazó el crimen, «sentimientos rabia e impotencia nos embargan al tener que mirar como asesinan de una forma vil y cobarde a nuestros jóvenes indígenas (…) Que sea nuestra Madre Naturaleza quien cobre el derramamiento de sangre de tantos compañeros y hermanos».

Organizaciones indígenas y de DD.HH., también se unieron al dolor de la Comunidad de Jhon Mario y rechazaron el asesinato, que de acuerdo al registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, suma 160 víctimas en la larga lista de líderes y lideresas asesinadas en nuestro país solo en este años y 1275 desde 2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.

#NosEstánMatando| Desde @ONIC_Colombia RECHAZAMOS y DENUNCIAMOS el asesinato de Jhon Mario García Guanga, joven del Pueblo Awá que hacía parte de la Guardia Indígena del Resguardo Gran Rosario del municipio de Tumaco, Nariño.

⚠️| #SOSPueblosIndígenas. pic.twitter.com/u4ZxjbR2Qf

— Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) December 2, 2021

La comunidad también cuestionó la actitud del Gobierno de Iván Duque, pues denuncian que estos asesinatos se dan ante la indiferencia estatal, que ha sido advertida por organizaciones y por Defensoría del Pueblo desde 2018, respecto al riesgo que viven la comunidades Awa por la presencia de grupos armados que quieren hacer control de los cultivos de uso ilícito y causa despojos en la región del pacífico colombiano.

Cuenta de Twitter afirma que los indígenas están en "peligro de extinción" y las redes estallan

La controversia surgió tras la publicación de un tuit donde se advertía sobre la violencia de la que son víctimas los pobladores originarios por parte de quienes explotan recursos naturales.

Minga indígena en Bogotá, Colombia, el 21 de octubre de 2020
Legion-Medua - XChepaxBeltranx

Un tuit publicado por una cuenta que difunde información histórica y cultural sobre Colombia ha causado gran rechazo entre sus seguidores, que consideran que se usó un término no apropiado para alertar sobre el peligro que corren los pueblos indígenas en sus comunidades.

"Los indígenas americanos están en peligro de extinción por la violencia de los latifundistas y la minería extractiva", dice el trino de la cuenta Historia de Colombia, que acumula casi 300.000 seguidores en Twitter.

Los indígenas americanos están en Peligro de extinción por la violencia de los latifundistas y la minería extractiva pic.twitter.com/8l9Gts0gyh

— Historia de Colombia (@colombia_hist) October 26, 2021

La expresión "peligro de extinción" fue usada por la cuenta para advertir sobre la violencia, expolio y los asesinatos de los miembros de las comunidades originarias por parte de los latifundistas y mineros que quieren apropiarse de sus tierras para explotar recursos naturales.

Los internautas consideran el uso de este término como un acto de racismo y discriminación debido a que es utilizado para referirse a especies animales y vegetales cuya vida se encuentra amenazada por la acción directa de los humanos, la deforestación y el cambio climático.

¿Genocidio o extinción?

La mayoría de las personas coincidió en que "genocidio" podría ser uno de los términos para hablar del asesinato sistemático de los indígenas, que además se han visto afectados por los conflictos entre grupos armados ilegales por el control territorial.

Otro tuitero considera que lo más exacto sería referirse a "extinción física y cultural", que consiste en la "eliminación por completo (genocidio y/o integración con otras culturas, que resulta en su desaparición tanto en términos de lenguaje como costumbres)", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

En Colombia, según la Corte Constitucional, hay 35 pueblos en riesgo, mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) maneja otra cifra y afirma que son 64, debido a que cada uno de ellos cuenta con menos de 500 miembros.

Tan tiernos, al genocidio indígena ahora lo llaman "peligro de extinción".

Esa manía de utilizar eufemismos para camuflar la barbarie. https://t.co/vfisFwjlDi

— Sra. Patria (@SraPatria) October 28, 2021

Ehhh... Hay un poco de tuit en tu racismo. https://t.co/EJQ40xoG6F

— Vivi Toro (@undervivi) October 27, 2021

Hasta ahora la cuenta Historia de Colombia no ha hecho alguna aclaración sobre lo publicado.

El CRIC denuncia. Seis indígenas heridos en Cauca.

El lunes 18 de octubre civiles armados atacaron a la comunidad del Resguardo Indígena de Quintana con armas de fuego y armas de fogueo, como resultado de este ataque resultaron heridos seis integrantes de la comunidad indígena.

Imagen: resguardodequintana.wordpress.com

La denuncia es realizada por el CRIC mediante comunicado público, indican en el comunicado que se denunció el hecho agresor ante la Policía Nacional, reclaman las comunidades que la respuesta que ha dado la Alcaldía de Popayán es la de movilizar a la Fuerza pública, Ejercito Nacional, Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD, para que intervenga con acciones violentas y gases lacrimógenos vencidos.

El CRIC Denuncia y Rechaza las agresiones al territorio, la identidad, la cultura y el ejercicio político organizativo de la autoridad ancestral, Guardia Indígena y comunidad del Resguardo Paéz de Quintana.

En el comunicado, la comunidad indígena rechaza los comentarios de la Policía Nacional donde relacionan a los pueblos indígenas con “bloqueos de la vía pública”, estos señalamientos “atentan contra la armonía y el equilibrio, transgreden la dignidad de los pueblos indígenas, ponen en riesgo la vida de nuestros líderes, lideresas, defensores de los derechos humanos y el territorio. El actuar de la Policía deja entre ver su indebida diligencia, pues la exacerbación del conflicto armado, principalmente por hechos victimizantes relacionados con amenazas, hostigamiento, lesiones personales a la comunidad han ocurrido constatándose la presencia de la Fuerza Pública, ocasionando graves afectaciones a la comunidad y el territorio ancestral”.

“La comunidad indígena Responsabiliza al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Republica de Colombia IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Rrom y Minorías, Ministerio de Defensa, Policía Nacional/ Gobernación del Departamento del Cauca, porque ha hecho caso omiso a las denuncias verbalizadas y el no fortalecimiento de los mecanismos de protección colectiva de las comunidades para la salva guarda del territorio, la vida y la paz. De igual manera a los grupos armados legales e ilegales y grupos paramilitares que atenten en contra de la vida de comuneros, guardia indígena y Autoridades Tradicionales del territorio”.

“Las Autoridades Ancestrales, Guardia Indígena y comunidad del Territorio Ancestral de Quintana, nos declaramos en asamblea permanente y convocamos a todos los territorios activar los mecanismos de defensa de la vida y el territorio, fortalecer la Minga Hacia Adentro, a traves de recorridos territoriales”. Concluye el comunicado.

Tres miembros de una misma familia son asesinados en un resguardo indígena en Colombia

Tres personas de una misma familia fueron asesinadas en un resguardo indígena de una zona rural del municipio Santander de Quilichao, en el departamento colombiano del Cauca. El Gobierno de ese país ofreció una recompensa de $100'.000.000=(25.000 dólares) por información sobre los responsables.

Las víctimas se encontraban en una fiesta en la vereda El Águila, en el resguardo indígena de Canoas, cuando un grupo de motorizados llegó al lugar y disparó contra los asistentes.

Dos personas murieron en el lugar y dos resultaron gravemente heridas. Una de ellas falleció en el centro de asistencia al que fue trasladada.

Los fallecidos son Yesid Mera Mera, Sergio Iván Bandera Carbonero y Gustavo Adolfo Zapata Mera, habitantes de la vereda El Toro, cercana al lugar donde ocurrió el ataque armado.

Respuesta del Gobierno

Tras este nuevo hecho de violencia, el ministro de Defensa, Diego Molano, se trasladó a la zona para realizar un Consejo de Seguridad.

En una rueda de prensa, al finalizar la reunión con autoridades militares y locales, el titular de Defensa responsabilizó de las muertes a la estructura 'Dagoberto Ramos Ortiz', perteneciente a las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Además, ofreció 100 millones de pesos a quien brinde información sobre alias 'Dario', que pertenecería a ese grupo armado.

En Santander de Quilichao, el ministro @Diego_Molano se reúne con autoridades locales, entidades de gobierno y la cúpula militar y de policía para definir acciones en materia de orden público, frente a recientes enfrentamientos y hechos criminales pic.twitter.com/1JqoKym6DG

— Mindefensa (@mindefensa) August 22, 2021

Molano anunció una serie de medidas que llevará a cabo el Gobierno en esa comunidad como el patrullaje conjunto, actividades de control territorial y la designación de un fiscal itinerante para esclarecer el hecho.

Del mismo modo, se informó que se incorporarán 45 miembros de la policía judicial al departamento del Cauca y que se construirá la estación de Policía de ese municipio.

En Colombia ha habido discordancia entre cómo denominar este tipo de hechos violentos donde son ultimadas varias personas en un mismo lugar. Desde el Ejecutivo se ha acuñado el término "homicidios colectivos", mientras que en las organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos se les denomina masacres, una practica criminal que se extendió en las tres últimas décadas del siglo XX.

Al respecto, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), que lleva un registro propio de este tipo de matanzas en Colombia, afirma en su cuenta de Twitter que esta sería la masacre 66, que deja 240 víctimas en total, en lo que va de año. Solo en el departamento del Cauca han ocurrido 11, lo que lo ubica en el primer lugar de este tipo de asesinatos.

9 de Agosto Día Internacional de los Pueblos Indígenas

“Los pueblos indígenas padecen las consecuencias de la injusticia histórica, a saber la colonización, la desposesión de sus, territorios , la opresión y la discriminación, así como la falta de control de sus propios modos de vida. Los Estados coloniales y modernos, en la búsqueda del crecimiento económico, les han denegado ampliamente su derecho al desarrollo”.

ONIC.- 115 Pueblos y Naciones Indígenas en Colombia, desde hace más de 5 siglos han sido invadidas, irrespetadas y violentadas.

Los Pueblos Indígenas mantenemos Armonía permanente con la Madre Tierra y por ende, preservamos como patrimonio arraigado espiritual y natural con saberes milenarios.

A pesar de las raíces profundamente asentadas en las tierras originarias mucho antes de las invasiones, los pueblos indígenas también se cuentan entre los más desfavorecidos del mundo, sus derechos vulnerados e ignorados constantemente alrededor del mundo.

“Como pueblos milenarios, desde el CRIC, antes que ser colombianos, somos los antiguos pobladores de estos territorios y gestionamos nuestro propio proceso, conservamos tradiciones y valores culturales milenarios con los cuales esperamos contribuir al mundo”.

Nuestra lucha es por la pervivencia y la unidad, con autonomía.

Fuerza Pueblos Indígenas del mundo, en especial las Naciones: Yanakunas, Nasas, Totoróez, Kokonukos, Misak, Huitotos, Koreguajes, Makaguajes y demás Naciones Indígenas que a pesar de las invasiones occidentales seguimos defendiendo nuestro Derecho Propio, Derecho Mayor, Ley de Origen, así como nuestra medicina Tradicional que occidente irrespeta y desvalora con sus químicos y sus EPSs.

“El 9 de agosto de 1994 fue declarado como Día Internacional de los Pueblos Indígenas por la Asamblea General de las Naciones Unidas-ONU- en un intento por garantizar los derechos humanos de los más de 5mil grupos indígenas que existen en 99 países”.

“La naturaleza es fuente de vida y sabiduría de ahí que toda agresión contra ella, pone de inmediato en peligro la existencia del indio como parte viviente de la naturaleza”. Manuel Quintín Lame.

Doly Enríquez

Runa Warmy Yanakuna

Periodista y Poeta

"Nadie nos tiene que decir qué hacer en nuestra casa"

integrante de la Guardia Indígena del Kauka

Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017

 Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.

La Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, el Pueblo Indígena Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, resaltan la decisión tomada el pasado 28 de junio de 2021 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Cúcuta – Sala Penal, respecto a las medidas sancionadoras en contra del Gobierno Nacional representado a través de la Agencia Nacional de Tierras, así como la enérgica orden emitida al Ministerio del Interior para que cumpla con sus deberes misionales.

La razón de ser de esta decisión tiene su origen en el fallo proferido por la Corte Constitucional en Sentencia T–052 de 2017, mediante la cual se da reconocimiento a derechos territoriales del Pueblo Barí y a las comunidades campesinas representadas en la ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra; así mismo, de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo - ZRCC. A pesar que la Corte estableció un término específico de cumplimiento de las mencionadas órdenes en el lapso de 1 año, los destinatarios estatales de éstas han actuado de manera recurrente, omisiva e injustificada para su integral cumplimiento durante 4 años y 5 meses.

Con fundamento en lo anterior, las comunidades afectadas dieron lugar al inicio del trámite incidental de DESACATO, que fue decidido inicialmente el pasado 13 de diciembre de 2019, donde se declaró INCUMPLIDA la Sentencia y se impuso sanción de multa y arresto en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, decisión que fue confirmada el 18 de febrero de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Casación Penal.

• De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.
  
  ASCAMCAT  -  PUEBLO BARÍ  -  ONIC  -  ANZORC