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2.957 CANDIDATOS INSCRITOS PARA PARTICIPAR EN LAS ELECCIONES DE CONGRESO DE LA REPÚBLICA - 2018

El 18 de diciembre vence el plazo para la modificación de los candidatos inscritos por renuncia o no aceptación.

 1.114 candidatos se inscribieron al Senado de la República y 1.843 candidatos se inscribieron para aspirar a la Cámara de Representantes.
 Frente a las elecciones de Congreso del 2014, hubo un aumento del 25.93% en los candidatos inscritos (2.348).
 Este consolidado corresponde únicamente a las inscripciones realizadas en territorio colombiano. No incluye las inscripciones llevadas a cabo en el exterior.

 Dos mil novecientos cincuenta y un (2.957) candidatos se inscribieron para participar en las elecciones de Congreso de la República 2018, durante el periodo de inscripción que se desarrolló entre 11 de noviembre y el 11 de diciembre de 2017.

Cinco años al frente de la ONU- Reconocer violaciones, una oportunidad para cambiar (I)

Reconocer violaciones, una oportunidad para cambiar (I)

Reflexiones sobre la justicia transicional como una herramienta para la protección de los derechos humanos. Esta es la primera entrega de tres artículos escritos por Todd Howland, alto comisionado de la ONU, quien se despide del cargo en Colombia.


Todd Howland.- Los fines son meritorios, pero muchas cosas tienen que cambiar para conseguir que la implementación de los distintos mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SVJRNR) logre mejoras significativas en materia de derechos humanos. Los cambios no se producirán por arte de magia, ni serán el resultado necesario de los mecanismos especiales de justicia transicional. Su concreción requiere liderazgo, voluntad política y acción de todo el aparato estatal. Sin menospreciar el logro del Acuerdo Final, lo que viene será mucho más difícil y tendrá más oposición.

La perpetración de atrocidades ha signado la vida institucional y social del país. En las dos décadas pasadas se han documentado miles de violaciones a los derechos humanos e infracciones graves al derecho internacional humanitario. Estos hechos atroces son objeto de distintos tipos y grados de negacionismo, incluyendo su negación literal, es decir, la manifestación abierta de que lo que se denuncia no pasó; interpretaciones manipuladas sobre lo acontecido, por ejemplo, la ejecución premeditada y dirigida de un combatiente que es presentada como su muerte resultado de un intento de fuga; desconocimiento de las víctimas de las violaciones, y minimización de los daños y efectos causados por la violencia, por ejemplo, sí son desplazados, pero por voluntad propia. Cada parte del conflicto, y ahora del proceso de paz, tiene su particular aproximación al proceso de negación.

En la medida en que algunas de las violaciones se han cometido bajo el manto de la ley o están cobijadas por la impunidad, la confianza en el poder público está en jaque, como lo está, también, la legitimidad del poder estatal.

La superación de la negación y de la impunidad de las violaciones no será un proceso rápido ni sencillo. Como muchas otras iniciativas en Colombia, la ambición normativa del SIVJRNR rebasa su capacidad funcional. No es cuestión de buenas intenciones, sino de idoneidad funcional para encarar los problemas. La sofisticación normativa del Sistema es significativa, pero no es garantía de los cambios anunciados. Los obstáculos ya son evidentes.

Uno de los primeros retos es la recuperación del sentido estratégico de los mecanismos del Sistema. La actual discusión técnica sobre los distintos mecanismos desplazó la conducción estratégica sobre lo que se pretende lograr con su puesta en marcha. La discusión se ha centrado en cómo usar la caja de herramientas, es decir, la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y demás mecanismos, sin tener claro cuáles son los problemas que requieren atención. Este enfoque confunde los medios con los fines. La aproximación ritualista y formal a los mecanismos está obviando una discusión sensible a los diversos contextos regionales y a las necesidades concretas de víctimas y comunidades. La puesta en marcha de los mecanismos del SIVJRNR debe satisfacer los derechos de las víctimas en los territorios y producir la no repetición de violaciones, no unos estándares de funcionamiento mecánico de modelos eruditos.

Otro reto central en el proceso de implementación del Sistema es abandonar la falsa creencia de que éste se desarrolla en un ambiente estéril, desprovisto de antecedentes y libre de influencias externas. Como cualquier esquema de organización estatal, los mecanismos del SIVJRNR están insertos en el marco institucional colombiano. Esto implica que arrastran con lo bueno, lo malo y lo feo de las instituciones existentes.

Aunque se predique su singularidad y estado virtuoso, todos los mecanismos se insertarán en un contexto, lleno de prácticas y reglas preexistentes, que pesa mucho más que el acto inaugural de los nuevos mecanismos. Por ejemplo, el hoy desdeñado proceso de Justicia y Paz condicionará muchos aspectos de los nuevos mecanismos. En vez de concentrarse tanto en diferenciarlo del nuevo sistema, deberían contemplar los efectos de la transmisión de prácticas que inevitablemente tendrá lugar. Asimismo, los mecanismos del Sistema estarán igualmente expuestos a los males que carcomen a la administración pública en Colombia, incluyendo al sector de la justicia. Tomar conciencia de este hecho no descalifica los esfuerzos por garantizar la efectividad y la transparencia de los nuevos mecanismos; por el contrario, conduce a robustecerlos.
La negación de las atrocidades es un proceso activo en Colombia.

Tanto las partes que negociaron el Acuerdo, como otros actores y sectores, tienen intereses en la contención y el control de los mecanismos del SIVJRNR para evadir o disminuir el ámbito de su responsabilidad individual y colectiva. Las partes pactaron el intrincado sistema considerando, cada una por separado y en antagonismo abierto, su posición frente a los actos perpetrados y las consecuencias de estos. Aunque resulte obvio, su cálculo es un ejercicio retrospectivo con valor prospectivo: las dos partes valoraron lo que pierden y ganan con asumir (ciertas) responsabilidades por (algunos) hechos del pasado.

La negación literal y absoluta no era viable, en parte, por la valiente labor de documentación y denuncia que el movimiento de derechos humanos ha realizado durante décadas en Colombia. Ese trabajo, junto con el de otros grupos y sectores, como los periodistas e investigadores académicos, ha reducido el margen de mentira que la sociedad está dispuesta a tolerar. Aun así, la negación es un proceso vigente que apunta, entre otros objetivos, a controlar el número y el tipo de conductas que serán objeto de reconocimiento, limitar la profundidad del conocimiento que se alcance en relación con las violaciones y minimizar las implicaciones de las atrocidades.

El Acuerdo Final también asigna a los mecanismos del Sistema Integral funciones de esclarecimiento y rendición de cuentas en relación con actores, agentes, representantes y grupos de interés que no participaron, al menos visiblemente, en la negociación. Muchos, de hecho, la gran mayoría, de estos actores se oponen activamente, por medios legales e ilegales, al proceso de reconocimiento y rendición de cuentas que se pretende poner en marcha. Si bien estos actores han sido incluidos en el arreglo, no hicieron parte de sus términos y resistirán, incluso violentamente, su operación y sus consecuencias.

Con el paso del tiempo, desde el anuncio del Acuerdo se han solidificado pactos de silencio y se han dispuesto acciones orientadas a asegurar el hermetismo y el secretismo en torno a la atrocidad. Asimismo hay campañas de desinformación y de intimidación en marcha, con el fin de reducir la efectividad de cualquier intento que busque esclarecer lazos hasta ahora invisibles con la perpetración de las violaciones.

La Corporación Educativa Minuto de Dios y el Ministerio de Ambiente firmaron convenio que impulsará el desarrollo educativo ambiental de 23 colegios del País

El acuerdo interinstitucional se selló con la firma del Padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la Organización Minuto de Dios, Salvador Cabrera, director ejecutivo de la Corporación Educativa Minuto de Dios, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo Urrutia, y busca impulsar el desarrollo educativo ambiental de los 23 colegios que hacen parte de la Corporación educativa Minuto de Dios y que están ubicadas en Bogotá y en los departamentos de: Cesar, Atlántico, Guaviare, Santander, Nariño, Amazonas, Cundinamarca y Bolívar.


El acuerdo permitirá fortalecer acciones conjuntas en Educación Ambiental, construir mecanismos de apoyo y acompañamiento, así como cualificar las acciones que se vienen desarrollando en esas instituciones educativas en pro de la formación de ciudadanos con una ética ambientalista coherente. Se espera que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante este proceso, reflexionen críticamente sobre las realidades de su contexto y se hagan más responsables con el patrimonio natural de nuestro país.

Para el Ministerio de Ambiente esta alianza es muy importante para avanzar en educación ambiental, no sólo con la comunidad educativa del Minuto de Dios, sino es el primer paso para adelantar en este tema en toda Colombia. “Podemos elaborar en muchas normas y políticas, pero eso no va a servir de nada sino sembramos la semilla en nuestros niños y jóvenes, para se tome en serio la responsabilidad ambiental, de la cual incluso nos habló el Papa Francisco en su visita”, afirmó el Ministro de Ambiente.


 “Esta alianza es la materialización de lo que hemos venido trabajando en educación ambiental con nuestros 26.000 niños a nivel nacional, con quienes trabajamos en 34 instituciones a todo lo ancho y largo del país. Colombia es nuestra casa, es un paraíso y cuidarla es una gran responsabilidad que tiene su raíz en la educación y en la ética ambiental, y que no se quede solo en los colegios sino que se extienda a las familias”, aseguró el director ejecutivo de la Corporación Educativa Minuto de Dios.

Importante.

A sanción presidencial pasa proyecto de ley que garantiza gratuidad en admisión y derechos de grado en universidades públicas

El Senado de la República anunció esta semana la conciliación del Proyecto de Ley 172/23, que garantiza la gratuidad para la admisión y dere...

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