Buscar en METROnet

Mostrando las entradas con la etiqueta OPINIÓN. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta OPINIÓN. Mostrar todas las entradas

Las polémicas del galeón San José: show mediático, secretos de Estado y un disputado tesoro

Ocurrió hace tres siglos, pero es el naufragio más mediático del siglo XXI. Descubierto en 2015, el galeón San José ha sido objeto de deseo de cazatesoros alrededor del mundo, y se sigue debatiendo si el valioso cargamento de la nave pertenece a España, a Colombia o a indígenas bolivianos, quienes argumentan que las riquezas fueron sacadas de sus tierras, en aquel entonces colonizadas por españoles.
Piezas de una vajilla encontrada junto a los restos del galeón San José
María Santacecilia-DW.- De momento, el galeón sigue sumergido en las profundidades del Mar del Caribe. Hace unos días, el presidente colombiano, Iván Duque, junto con oficiales de la Armada Nacional de Colombia, mostró espectaculares imágenes de sus tesoros y de otros dos naufragios hallados cerca de la disputada nave. En conversación con DW, Juan Guillermo Martín Rincón, doctor en Patrimonio Histórico y Natural y experto en arqueología de la Universidad del Norte, detalla las otras polémicas alrededor del San José y el patrimonio subacuático de Colombia.

¿Cómo valora la reciente presentación de Iván Duque de imágenes detalladas del Galeón San José y el hallazgo de otras dos naves?

Juan Guillermo Martín Rincón: Un paso muy importante que adelantó el Gobierno de Duque fue desmontar, en enero de 2020, el proyecto pseudocientífico diseñado por el Gobierno de Santos y su ministra de Cultura, Mariana Garcés, para garantizar que una empresa cazatesoros, la Maritime Archaeology Consultant MAC, se encargara del supuesto rescate del galeón San José, así como de la construcción y administración de un museo por 20 años. Como el Gobierno de Duque lo declaró bien de interés cultural, el San José y su carga ya no pueden ser comercializados. La reciente presentación de nuevas imágenes del pecio estaba relacionada con un equipo de operación remota que compró recientemente la Armada Nacional, algo importante porque ayuda a consolidar las capacidades técnicas del país para explorar el fondo del mar. Sin embargo, la inspección realizada no tiene sentido, es un asunto puramente mediático, porque no sabemos cuál es el proyecto científico con respecto al San José y otros naufragios que hay a su alrededor. Otro problema clave es que quienes hacen la presentación son oficiales de la Armada, no arqueólogos. Se sigue insistiendo en que se trata de un proyecto científico, pero no se sabe qué investigadores están detrás de él.

A pocos días de la segunda vuelta electoral en Colombia, ¿qué motivación puede tener Duque para presentar las impactantes imágenes del San José y los dos nuevos hallazgos?

Él desde hace meses está viajando bastante, la prensa ha estado pendiente de sus viajes. Yo creo que está haciendo lobby, tratando de que lo nombren en algún organismo multilateral y está haciéndose una buena imagen como defensor del patrimonio cultural. Eso se ve con buenos ojos por ejemplo en España, que siempre criticó el proyecto de comercialización del San José que tenía Santos. Pero, por lo demás, no deja un plan de manejo arqueológico, las capacidades técnicas siguen siendo limitadas y, finalmente, no se consolidó un proyecto de Estado en el que participe la cooperación internacional y las universidades colombianas. Al final, no es sino un anuncio vacío del presidente.

Pero las imágenes mostradas son realmente espectaculares…

Eso sí. Compraron un equipo de altísima calidad, con unas cámaras de altísima resolución, que además dejan entrever otro asunto. Hemos visto detalles de monedas y lingotes de oro que están en la superficie, pero esos elementos no se ven en el ortomosaico presentado en 2016 por los cazatesoros. No tiene sentido que en ese año no se vea nada de la carga del San José, o muy poco, como algunas botijas y porcelanas chinas, y resulta que ahora se ve más del pecio. Eso significa que seguramente hubo una intervención en la operación de 17 días que la empresa cazatesoros hizo en 2016. Esa empresa ahora reclama algo más de 6 millones de dólares por haber encontrado el galeón San José, pero, si incumplió la ley con esa supuesta intervención, ese dinero no se le debería pagar. ¿Qué habrá pasado? ¿Cómo lo habrán intervenido? ¿Cuántas cosas habrán sacado? Eso, probablemente, no lo sabremos, porque otro problema que tenemos es que el proyecto se ha declarado como secreto de Estado.
Foto extraída del video publicado por la Presidencia
de Colombia con imágenes del galeón San José.
Además de las imágenes cercanas del San José, el anuncio de Duque habla de otros dos hallazgos cercanos.

Sí, menciona un barco colonial, pero no hay ningún otro detalle aparte de las imágenes. Y, aparentemente, hay otra nave de finales del XIX. Pero no hay más informaciones. Salir con que hay otros barcos ahí sin mayor detalle, sin saber si se hizo una investigación de archivo para tratar de establecer su identidad, etc, no tiene mucho sentido. Creo que se trataba más de mostrar lo potente que es el equipo adquirido para hacer exploraciones. Pero una cosa es explorar el fondo del mar y otra cosa es hacer arqueología subacuática.

¿Esconden las aguas colombianas del Caribe y el Pacífico muchos tesoros? Mucha gente fantasea con esa posibilidad....

Se ha tejido el mito de que uno puede encontrar cosas en el fondo del mar valiosas no solo por su valor histórico sino por su valor comercial, y se pueden vender. Eso no es cierto. Para la arqueología está claro que los restos arqueológicos, independientemente de dónde estén, de dónde vengan o a quién pertenezcan, están fuera de la órbita comercial, y merecen respeto como patrimonio cultural de la humanidad. Es una responsabilidad del Estado colombiano garantizar que esos barcos se traten como contextos científicos y sean investigados e intervenidos por investigadores de manera científica.
Es decir, que el rescate de esos tesoros no serviría para aumentar la riqueza del país.

Eso no pasaría, pero hay otra manera de hacer rentable ese patrimonio y es a partir de exhibiciones en museos y venta de souvenirs. La estructura financiera alrededor de un museo puede ser la alternativa.

El próximo Gobierno de Colombia ¿qué tendría que hacer sobre este asunto?

Derogar la ley 1675 de 2013, diseñada por Santos, que le abrió la puerta a los cazatesoros para operar legalmente en aguas colombianas. Asumir el tema del galeón San José como un proyecto de Estado, un proyecto científico, liderado por una instancia científica del Estado colombiano, en el que se articulen universidades nacionales e internacionales. Otra tarea sería adelantar el inventario del patrimonio cultural sumergido de Colombia en el Caribe y en el Pacífico. En Colombia no tenemos ni idea de lo que hay bajo el agua. Nos hemos concentrado en la bahía de Cartagena y en dos o tres naufragios que ni siquiera están bien inventariados. Habría que organizar un equipo dentro del Instituto Colombiano de Antropología e Historia que se encargue de abordar ese inventario con la participación de la Armada Nacional y del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas, pero que sean proyectos liderados por científicos, no por militares.
(ers)

Los movimientos ministeriales de Duque: ¿discreta mermelada?




Escrito por Andrés Dávila 

Los nuevos nombramientos de Duque para su gabinete confirman el carácter pasivo-agresivo de su gobierno. Todo indica que nos esperan dos años más de indecisión y debilidad.

Andrés Dávila*

Un gobierno pasivo-agresivo

Me pidieron una columna sobre Nancy Patricia Gutiérrez y su ¿abrupta? salida del Ministerio del Interior. Por varias razones, considero que la situación y el personaje no dan para tanto. Tildar al proceso de paz de “semi-fallido” fue tan solo un equívoco más de los muchos proferidos por los altos funcionarios de la administración actual que, dicho sea de paso, ya ha superado (y de lejos) el liderazgo que tenía el gobierno de Turbay en materia de “embarradas públicas”.
El desliz le costó el ministerio a Gutiérrez y confirmó que el actual gobierno tiene una forma particular de asumir la gestión pública: la del aislamiento pasivo-agresivo. Aislamiento porque desconoce lo que la sociedad y la opinión pública le piden a gritos: un remezón ministerial que le dé aire a más de dos años de culminar su mandato. Pasivo en tanto da a entender que el juicio negativo del proceso de paz es la gota que rebosó la copa aun cuando se venía hablando del relevo de la ministra hace meses. Y agresivo porque la salida no es una salida, sino un enroque: Duque anunció que Gutiérrez reemplazaría al recién electo fiscal Francisco Barbosa en la Alta Consejería para los Derechos Humanos y que Alicia Arango, la persona más cercana al expresidente Uribe dentro del gobierno, será la nueva Ministra del Interior. Nombrar a una ministra del uribismo duro reafirma el deseo de aislamiento del actual gobierno, especialmente porque se trata del ministerio que se encarga de las relaciones con el congreso y con los demás partidos.
Como esto pasó hace más de una semana, ya hay nuevos hechos que relativizan la importancia de lo sucedido. En relación con los mensajes equívocos, esta semana compitieron el Comandante del Ejército y las reacciones a las declaraciones de Aída Merlano. En relación con la gobernabilidad, los hechos se decantaron por las decisiones sobre la crisis ministerial que se limitó al enroque y a los cambios en tres ministerios: salud, agricultura y trabajo. Los escogidos comparten dos rasgos: a diferencia de los jóvenes técnicos que formaron parte del primer gabinete, son hombres con recorrido y experiencia que provienen de partidos que, para bien o para mal, están dispuestos a apoyar al gobierno a cambio de tener más presencia burocrática. Además de marcar una ruptura con la equidad de género, estas elecciones son tan solo una solución parcial a la crisis ministerial porque no responden al problema de fondo.
Foto: Twitter Iván Duque
Nuevo ministro de trabajo, Ángel Custodio Cabrera.
¿Qué representan los nuevos ministros?
Evidentemente, los tres nuevos ministros tienen una clara representación partidista. En este aspecto, el de mayor anclaje es el de salud, quien representa a Cambio Radical y, más concretamente, a su cacique más tradicional, don “Coscorrón” Vargas Lleras. Las señales previas fueron bastante claras: reuniones con la bancada, un cambio radical en las columnas del exvicepresidente –ahora dedicadas a criticar las movilizaciones ciudadanas– posiblemente en respuesta a las cuotas burocráticas ya recibidas, como lo es la Unidad de Víctimas y, finalmente, una decisión muy esperada que sugiere que el gobierno le dará algo a la facción de los Char. Está por verse si será mucho o poco.
Algo que no deja de sorprender es el sentido de la oportunidad o de la inoportunidad política de Vargas Lleras.
Algo que no deja de sorprender es el sentido de la oportunidad o de la inoportunidad política de Vargas Lleras. Sus columnas demuestran que sabe lo que vendrá con el gobierno de Duque y aun así (o quizás por eso) ha decidido entregarse a él. El suyo es un caso interesante de necrofilia política: un zombie que decide revivir en un moribundo a sabiendas de que al moribundo lo acompaña un exorcista o un ser demoniaco superior a todos.
Por su parte, Rodolfo Enrique Zea, el nuevo ministro de Agricultura, pretende representar al Partido Conservador, pero es difícil saber si su nombramiento implica la incorporación definitiva de este partido al actual gobierno, pues los conservadores se han acostumbrado a las mieles de estar y no estar en los gobiernos recientes, a ganar migajas por punta y punta. Como perros hambrientos, quedan satisfechos con lo que les den así sean sobras. Esta habilidad les permite ser gobierno y oposición al mismo tiempo y obtener réditos burocráticos y políticos simultáneamente. Así, sobreviven y de repente son indispensables para pasar una ley o para bloquearla. Vale la pena recordar que se pusieron al servicio del “bachiller” Macías a cambio de chichiguas: hasta de un plato de lentejas… Pero de esto hablaba Alicia del Carpio en Yo y Tú.
Y, finalmente, Ángel Custodio Cabrera, el nuevo ministro del trabajo, es un ex avezado político bogotano. Su nombramiento significa que el gobierno le cumple a un partido que, dividido, se declaró de gobierno. Y que recibe el nombramiento más dividido, pues quienes esperaban su cuota, como Dilian Francisca Toro en Salud, han quedado colgados de la brocha.
Por el historial de Cabrera, podríamos decir que pertenece al Partido de la U, pero muchas figuras relevantes no lo reconocen y dicen que llegó allí por su cercanía con el uribismo. En cualquier caso, es un conocedor de la política y seguramente aprenderá los temas técnicos en poco tiempo. Sin embargo, no suma nada al partido del que supuestamente proviene y, además, agrava el aislamiento pasivo-agresivo.
Foto: Twitter Iván Duque
Nuevo ministro de Agricultura, Rodolfo Zea.
En conclusión…
Las últimas decisiones de Duque constatan varios rasgos que han caracterizado a su administración desde el principio: se trata de un gobierno débil, sin mayorías, irresoluto, sujeto a diversas extorsiones políticas y con un margen de maniobra restringido por las líneas rojas que le imponen los sectores más extremistas de su partido o el propio Álvaro Uribe. En sus principales ministerios ha pelado el cobre y no toma decisiones de fondo: se engaña en la incompetencia sublime de los escogidos, y no me refiero a los tres mencionados. Es un gobierno asustadizo, torpe e incapaz de sintonizarse con la ciudadanía.
Todo parece indicar que la baja gobernabilidad, la desconexión y el aislamiento pasivo-agresivo seguirán acompañando al gobierno de turno.
Paradójicamente y aunque todo indicaba que el desempeño económico iba a ser malo o muy malo, la realidad es que la única economía de América Latina que creció en 2019 fue la colombiana. Ese es un aire inesperado al que seguramente Carrasquilla le sacará provecho.
Foto: Twitter Iván Duque
Nuevo ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.
Así las cosas, todo parece indicar que la baja gobernabilidad, la desconexión y el aislamiento pasivo-agresivo seguirán acompañando al gobierno de turno. Como veníamos de presidentes fuertes y gobiernos con capacidad de optar y decidir, resulta difícil encontrar referentes para la comparación. Toca remontarse al gobierno de Pastrana, de Guillermo León Valencia o de Mariano Ospina Pérez. Si nos vamos a otros países, Toledo, en Perú, es un buen referente.
Colombia enfrenta una situación que desconoce la capacidad institucional, pues el gobierno no cesa de romper esquemas, protocolos y prácticas arraigadas históricamente. Definitivamente el talante y el estilo son dos categorías que le quedan grandes a Duque, el sub-presidente.
*Politólogo, maestro y doctor en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, México. Actualmente, profesor asociado del Departamento de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana.

Así están las carreteras colombianas


Derrumbes que inhabilitan vías importantes, carreteras sin pavimentar y proyectos inconclusos o fallidos. ¿Realmente es todo culpa de la geografía y el clima?

Fernando Guerra Rincón*
Un país desconectado
Durante los últimos meses, como en todos los inviernos, el país presenció la fragilidad de la red vial: derrumbes, muertos y cierre de vías estratégicas. La carretera que conecta a Bogotá con Villavicencio, por ejemplo, muchos días cerrada y los costos son inmensos para la economía y la población.
Teniendo en cuenta de lo que es capaz la ingeniería actual, la excusa de la juventud de nuestra geología como causa primera de los desastres en las vías nacionales es cada vez menos convincente.
En realidad, lo que causa las calamidades en Colombia no es la geología, no es tampoco el clima. Es:
- El mal uso del suelo;
- La ingeniería deficiente de los proyectos;
- La corrupción en las corporaciones ambientales, alcaldías y gobernaciones;
- La improvisación en los proyectos de infraestructura; y
- La minería con la consecuente deforestación.
Por sugerencia del Banco Mundial, en los años setenta-ochenta del siglo XX, la dirigencia colombiana decidió acabar con los ferrocarriles después de tantos esfuerzos humanos, técnicos y financieros para construirlos en medio de nuestra difícil geografía. Para reemplazar ese vital medio de transporte, debieron construir buenas carreteras. Pero no lo hicieron.
El resultado es que inmensos territorios están desconectados de los principales mercados, perpetuando su abandono, su atraso y las complicadas condiciones de vida de sus gentes. Las carreteras que existen están en pésimas condiciones y además son insuficientes. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, nos hacen falta 45.000 kilómetros de vías adicionales.
Inclusive en comparación con otros países del mismo nivel de desarrollo, la brecha en dotación y calidad de carreteras es del 52 por ciento. La densidad vial de Colombia, es decir, el número de kilómetros por millón de habitantes es de solo 530, mientras que en México es de 1.188 y en Brasil de 1.066 kilómetros.
El estado de las principales vías nacionales
Nuestra actual red vial tiene 206.700 kilómetros. Toda ella es vulnerable a factores climáticos y cuenta con poca inversión gubernamental. Además, las conexiones entre ciudades y hacia el interior de los departamentos son precarias. En algunos, los más lejanos, las conexiones son nulas o iguales a las que existían en el siglo XIX.
Todas estas características indeseables se acentúan dramáticamente en los 142.284 kilómetros de las llamadas vías terciarias: el 94 por ciento está sin pavimento y el 84 por ciento se encuentra en regular o pésimo estado.
La poca planeación de las carreteras las hace vulnerables a los cambios climáticos. Foto: Alcaldía de Caquezá

 Los programas para la adecuación de esas vías terciarias son precarios, y eso que son piedra angular del programa de sustitución de cultivos. Para este año se proyecta mejorar 400 kilómetros y hacerle mantenimiento a 15.000, pero no se contempla ni un solo kilómetro nuevo de vía terciaria.
Las vías principales tampoco son motivo de orgullo. Los dos mercados más importantes, Bogotá y Medellín, no están unidos por una carretera fiable y en el tramo entre Puerto Triunfo y Remedios, en la mal llamada autopista Medellín-Bogotá, sus habitantes siembran árboles en los huecos de la vía en señal de protesta por su mal estado.
La excusa de la juventud de nuestra geología como causa primera de los desastres es cada vez menos convincente.
El Túnel de la Línea, paso con el que se ha intentado franquear la Cordillera Central, ha visto pasar 29 presidentes, 18 ministros de Obras Públicas y ocho documentos CONPES, desde el 3084 del año 2000 al 3845 del 2015. A partir del año 2000 se han gastado más de 2,2 billones de pesos para una obra que fue adjudicada por 649.000 millones. Y lo que falta, pues aún no se termina.
El corredor Buga-Buenaventura, una vía de solo 118 kilómetros hasta el puerto, lleva 13 años en construcción y aún no tiene fecha de terminación. Esto, a pesar de que diariamente la transitan 2.000 tractomulas y de que es la vía que conecta al país con el Asia-Pacífico, el área más dinámica de la economía mundial.
Actualmente la Buga-Buenaventura está obstruida por un deslizamiento de la banca en el kilómetro 89 del tramo Loboguerrero-Lago Calima, y es posible que se inutilice la otra calzada. Ese tramo está construido sobre una falla geológica que viene desde El Carmen y termina en Calima. Por tanto, todo lo que se ha hecho está en riesgo. A estas alturas se dice que debió construirse sobre el otro lado del río. Aún faltan 34 kilómetros, sin contar los 10 kilómetros de la entrada a la zona portuaria.
De Medellín hacia Cartagena, Barranquilla y Santa Marta la situación es la misma. La vieja carretera bordea la montaña, como hace casi un siglo. Los derrumbes impiden el paso cada que cae una gota de lluvia. En la carretera Medellín-Quibdó, que se está construyendo hace 180 años y es una de las más peligrosas del país, ha habido más de cien muertos en los últimos seis años.
La carretera al Llano
La carretera al Llano es el súmmum del desastre de nuestras vías. Sobre una carretera vital para la conectividad del país cayeron en los últimos días más de 120.000 metros cúbicos de tierra que se desprendieron de la montaña y bloquearon la vía. La población de Guayabetal ahora duerme sobre una amenaza latente y las pérdidas para la economía nacional se estiman en 50.000 millones diarios. No parece haber un fin para esta crisis.

La minga indígena del Cauca: antecedentes y posibles desenlaces


La movilización convocada por el Consejo Regional Indígena cuenta con cerca de veinte mil personas. ¿Qué la desató? ¿Quiénes la apoyan y qué reclaman? ¿En qué pararán las protestas?


Fernando Dorado*
 Antecedentes
Después de constatar que los delegados gubernamentales dilataban las conversaciones y se negaban a entablar acuerdos en las mesas de concertación mientras que impulsaban leyes y un Plan de Desarrollo antagónico a los intereses de las comunidades indígenas, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), una de las organizaciones indígenas con más experiencia en Latinoamérica, tomó la decisión de convocar a una minga, es decir, a una gran movilización social. 
Protagonizada por comunidades de etnias diversas y sectores campesinos del Cauca, Huila, Sur del Valle y Eje Cafetero, esta movilización logró bloquear la carretera panamericana entre Popayán y Cali e incomunicar parcialmente la vía que conecta a Neiva con Caquetá.
La minga estalló después de que en los últimos meses el presidente Duque mostró la cara que mantuvo oculta durante los primeros cinco meses de su mandato: suspendió las negociaciones con el ELN tras el atentado terrorista en la Escuela de Cadetes de la Policía; fortaleció su alianza con el Fiscal para desprestigiar y acabar con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); y se puso al servicio de Donald Trump en su campaña en contra de Maduro.
 Todo esto acrecentó la desconfianza de los líderes indígenas hacia el gobierno y los motivó a organizar y llevar a cabo la protesta en cuestión.
 Foto: Faceboook
C R I C
. - Minga indígena en el Cauca.
¿Quiénes son y qué reclaman?
El pueblo Nasa, también conocido como los “paeces”, es la principal fuerza de la minga. Debido a los desplazamientos ocurridos durante la Guerra de los Mil Días, a la posterior aprobación de la Ley 200 de 1936, y a la avalancha del río Páez de 1994, esta etnia reside en los municipios del nororiente del Cauca y suroriente del Valle, pero tiene “avanzadas” en la cordillera occidental, Huila, Caquetá y Putumayo. Actualmente cuenta con doscientos mil nativos, de los cuales se han movilizado alrededor de quince mil.
El dirigente indígena Giovanni Yule asegura que el gobierno ha radicado varios proyectos que son sumamente agresivos con las poblaciones indígenas. 
Los otros pueblos indígenas involucrados en la minga son los Misak, también conocidos como “guambianos”, los Kokonucos, los Totoróes, los Polindaras, los Yanaconas, algunas comunidades Embera Chamí de Risaralda y Caldas, los Wounaan del Valle del Cauca y pequeños pueblos del Cauca. Todos ellos cuentan con el respaldo de varias organizaciones sociales afro descendientes y campesinas del Cauca, dentro de las cuales se destaca el Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA). En total, estos sectores suman unas cinco mil personas movilizadas.
Las principales exigencias de estos pueblos son:
·  Inclusión de las comunidades étnicas en el Plan Nacional de Desarrollo;
·  Reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos;
·  Protección a los líderes sociales que están siendo asesinados;
·  Respeto a la consulta previa para realizar proyectos en sus territorios (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo);
·  Cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC;
·  Fortalecimiento de las políticas de protección del medio ambiente;
·  Cumplimiento de los numerosos acuerdos firmados con otros gobiernos.
El dirigente indígena Giovanni Yule asegura que el gobierno ha radicado varios proyectos que son sumamente agresivos con las poblaciones indígenas. Ellos consistirían en reformar la Ley 160 de 1994 para quitarle la función ecológica y ambiental al uso de la tierra y convertirla en mercancía para las multinacionales; reformar la tutela e impulsar leyes que permitan aprobar el uso del glifosato y el fracking, limitar la protesta social y aumentar el control estatal sobre los medios de comunicación.
Más allá de los intereses de los pueblos indígenas involucrados y del gobierno colombiano, en la minga se enfrentan las tres fuerzas y concepciones políticas que se disputan la hegemonía global, es decir:
1. Los neoliberales globalizadores que reconocen formalmente los derechos de los pueblos y las comunidades minoritarias, pero confían en que las fuerzas del mercado y el capital se impondrán sobre ellos. Juan Manuel Santos y Barack Obama hacen parte de este grupo.
2. Los nacionalistas conservadores que intentan atenuar los efectos negativos —o más bien la crisis— de la globalización imponiendo gobiernos autoritarios, clericales y patriarcales. Álvaro Uribe y Donald Trump hacen parte de este grupo.
3. Los pueblos que luchan por ampliar la democracia, debilitar los grandes monopolios financieros y construir un mundo más equitativo en el que los derechos de las minorías y la naturaleza sean respetados. En este caso, los indígenas representan este grupo.

La postura del gobierno 

Elecciones regionales y objeciones a la JEP


Alainet-Alejo Vargas Velásquez.- Dentro del alboroto nacional que armó el Presidente Duque con las ‘objeciones por inconveniencia’ a seis artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP), que por supuesto no comparto y sobre las cuales destacados constitucionalistas se han pronunciado considerándolas inocuas, pero sí estimuladoras de nueva polarización política, incluido el eventual ‘choque de trenes’ institucional que esto podría conllevar, quisiera referirme a los efectos políticos que esto puede generar en función de las elecciones regionales y locales de octubre próximo, que para algunos analistas es el efecto colateral que el partido Centro Democrático y el Gobierno Duque al parecer buscaría con el debate alrededor de estas objeciones.

 Si bien el Senador Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, ha planteado que él va a liderar el intento de construir consensos en el Congreso alrededor de estas objeciones, lo cierto es que los partidos que apoyan al Gobierno ni en Senado y menos en Cámara de Representantes, tienen las mayorías necesarias para lograr pasar positivamente estas objeciones –o cualquier otro proyecto de ley o de reforma constitucional- y no conozco si esos consensos se refieran a una forma ‘elegante’ para hundirlas en el Congreso o eventualmente encontrar una redacción que deje satisfechos a todos –difícil, pero no imposible-. El Senador Uribe ya ha reconocido que ellos no tienen mayorías para decisiones más radicales como las que desearían, quizá. Ojalá puedan haber fórmulas de consensos –para lo cual los dirigentes del Centro Democrático deberían reunirse con los del Partido FARC, que son las partes dentro de los Acuerdos de La Habana-, porque si se polarizan los bloques, el gobiernista y el independiente-opositor, esto puede incidir en el trámite de otros proyectos de origen gubernamental como el Plan de Desarrollo.


 Pero adicionalmente, esto podría tener efectos imprevistos en las elecciones regionales y locales, en varios sentidos. Primero, porque el rechazo a las objeciones del Presidente a la Ley Estatutaria de la JEP logró acercar a los tres candidatos presidenciales de centro e izquierda, Humberto de la Calle, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que sumados superan los votos con los que fue elegido Iván Duque, además de una amplia coalición ciudadana que considera que la defensa de los Acuerdos de Paz es algo fundamental para el futuro de Colombia. Esto podría reflejarse en coaliciones o acuerdos en las elecciones regionales y locales y entonces la estrategia del Centro Democrático de aumentar el número de Gobernadores y Alcaldes elegidos de su partido, podría tener un resultado inverso.
Adicionalmente, sería distorsionador en dichas elecciones regionales y locales, convertir en el tema central de las campañas el Acuerdo de Paz y su implementación, un tema ya saldado para muchos y dejar de lado los problemas, necesidades y aspiraciones de las regiones y localidades, que deben ser los temas a debatir por los distintos aspirantes, para que los ciudadanos escojan aquellos candidatos que presenten las mejores propuestas de respuesta.
A lo anterior hay que añadir el estímulo a las manifestaciones de protesta social que puede conllevar esta actitud, leída por muchos sectores –de pronto equivocadamente, pero eso lo debe mostrar con hechos el Gobierno- de un deseo expreso o tácito, de liquidar los Acuerdos de Paz y de retornar a una situación de alta confrontación interna, cosa considerada indeseable por esos sectores sociales –lo que puede reflejarse en las elecciones regionales y locales- y también, hay que decirlo, por la mayoría de la comunidad internacional.
 Alejo Vargas Velásquez - Profesor Universidad Nacional

Hidroituango: el desastre más complejo que ha vivido Colombia en el último siglo

Estas son las razones.
 Los peores desastres
Gustavo Wilches-Chaux* 
Cuando asesinaron a Jorge Eliecer Gaitán el 9 de abril de 1948, “La Violencia” ya se venía gestando desde hacía una década, en el intento de frenar cualquier cambio en la tenencia y los usos de la tierra en Colombia.
Bajo otras denominaciones y con otras características, ese conflicto armado se mantiene hasta ahora. Puede decirse entonces que este desastre continuado durante más de ocho décadas es el que ha causado y sigue causando más pérdidas de vidas, más comunidades desplazadas, más destrucción y más dolor para los colombianos.
En términos de personas muertas y desaparecidas en un solo evento, no cabe duda de que la destrucción de Armero el 13 de noviembre de 1985 es el peor de los desastres de nuestra historia ocasionados por un fenómeno natural.
Recordemos que ya dos Armeros habían sido destruidos en 1595 y en 1845 porque fueron construidos junto al cauce del río por el cual descienden las “avalanchas” o flujos de lodo provenientes de las erupciones del volcán Nevado del Ruiz / Cumanday. Puesto que por tercera vez esa población se volvió a construir en el sitio, mal podríamos atribuirle al volcán toda la responsabilidad por ese desastre.
En cuanto a la extensión del área afectada por un solo evento natural, posiblemente el desastre causado por el terremoto del Eje Cafetero, del cual este 29 de enero se cumplieron veinte años, es el que más municipios ha afectado hasta ahora.
Pero el desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango en toda su zona de influencia, constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en el último siglo.
Las siguientes son algunas de las razones en las cuales sustento mi afirmación.

El origen de la amenaza

Es sorprendente que la empresa orgullo del gobierno antioqueño
y del país haya recurrida en tantos errores. Foto: Facebook- EPM

La amenaza que desató y que sigue alimentando este desastre no es un evento puntual sino un proceso de largo plazo.
Y no es de origen natural sino humano y tecnológico: el desastre de Hidroituango resulta de la manera como se concibió, se planificó y se ha venido llevando a cabo el proyecto en sus dimensiones técnica, ambiental y social.
Esto marca una diferencia sustancial con los desastres desencadenados por fenómenos naturales, porque en este caso la responsabilidad por causar la amenaza, por los daños y riesgos ambientales y sociales que el proyecto está creando en su zona de influencia, tiene un rostro identificable: las Empresas Públicas de Medellín (EPM).
No quiero decir, por supuesto, que EPM haya tenido la intención de crear los riesgos que se están convirtiendo en desastres. Pero sorprende que una empresa que ha sido orgullo de Antioquia y un modelo para el resto del país, no haya llevado a cabo una necesaria y efectiva gestión del riesgo, sobre todo tratándose del proyecto de generación eléctrica más ambicioso y costoso en que Colombia se haya embarcado.
El desastre ocasionado por el proyecto de Hidroituango constituye el más complejo que ha vivido el país, por lo menos en el último siglo.
Por ejemplo: no se entiende cómo no previeron los riegos de la decisión que tomaron en abril de 2018. Con el propósito de acelerar el llenado del embalse, resolvieron taponar los dos túneles por donde estaba fluyendo parte del agua del río Cauca mientras se acabada de construir la represa.
Tampoco se entiende por qué (como también sucedió en el Quimbo) no removieron la materia orgánica procedente de la tala de los bosques que se encontraban en la zona que iba a ser inundada. Este descuido evidente contribuyó a taponar el único túnel que le quedaba al agua para ejercer su Derecho a Fluir. Otra prueba de que como que no tenemos capacidad de aprendizaje.

Hidroituango: una catástrofe que pudo ser evitada.

El desastre comenzó hace más de veinte años

La emergencia que se presentó a principios de mayo del año pasado constituyó apenas el comienzo de una nueva etapa del desastre a que ha dado lugar este megaproyecto.
Las medidas para controlar esa emergencia y las nuevas que surgieron a partir de allí, han logrado evitar que se produzca la pérdida de más vidas humanas. Pero no han podido evitar los traumatismos de todo tipo que desde que comenzó el proyecto han afectado a las comunidades de su zona de influencia.
La investigadora Juana Afanador resalta una de las dimensiones más trágicas de este desastre: “En la zona escogida para construir Hidroituango se concentran unas 15 mil personas afectadas por el conflicto armado. De ellas, 4.500 sufrieron desplazamiento forzado entre 1990 y 2012 […] Además de Ituango, en la que queda el corregimiento de El Aro, hay otros 11 municipios afectados por la represa: Valdivia, Yarumal, San Andrés de Cuerquia, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Peque, Briceño, Sabanalarga, Toledo, Liborina y Olaya. Y en la mayoría de ellos, se experimentaron masacres. En cifras aproximadas, se cree que hay entre 300 y 600 víctimas enterradas, de 62 masacres cometidas por paramilitares”.

¿Regular o no regular las redes sociales?


Un proyecto de ley y una polémica declaración reabrieron el debate. ¿Está en peligro la libertad de expresión?


    Víctor Solano*

Senadores contra redes sociales

El pasado nueve de enero, el senador de Cambio Radical Antonio Zabaraín afirmó en un debate del programa radial Partida W que las redes sociales deben ser “controladas”.
Pocos días atrás, Zabaraín había sido noticia por su desatinada intervención durante el debate en el Congreso acerca de Odebrecht, que despertó burlas e indignación y que llevó a muchos a preguntarse si el senador estaría ebrio en el momento de hablar.
Esta vez el congresista volvió a ser noticia por su polémica defensa del fiscal Martínez. Según Zabaraín, “hay que ver qué se hace para controlar las redes sociales”, porque han sido el arma predilecta de muchos antisociales” para poner “en tela de juicio la honorabilidad” del Fiscal.
Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos.
Antonio Zabaraín es además el ponente de un proyecto de ley que “establece mecanismos para ejercer un mayor control sobre la libertad de publicación de contenidos en la web”. El proyecto fue presentado por el senador del Partido de la U, José David Name, según él, con el propósito de “proteger la honra y el buen nombre de los ciudadanos por las injurias y calumnias que se presentan a través de las redes sociales”.

Más ojos sobre los corruptos

 Intentar regular las redes sociales no solo es ingenuo sino innecesario.Foto: Royal air force Lakenheath

Las propuestas de Name y Zabaraín parecen intentos desesperados de complacer a un fiscal poderoso —o quizás de congraciarse con sus jefes políticos—.
Pero recoger esos réditos tendría un costo social muy alto. El proyecto de Name y las declaraciones de Zabaraín se dan cuando todos los países del mundo quieren aprovechar el potencial de internet, por ejemplo, para estimular el emprendimiento o para fortalecer las instituciones promoviendo la participación ciudadana.
De hecho, las redes sociales pueden ser una herramienta para hacer más transparente la gestión pública. Se trata de un espacio donde los ciudadanos pueden hacer control político y veeduría a todas las ramas del poder.
La corrupción nunca había sido tan visible como ahora. Las redes sociales permiten que haya cada vez más ojos sobre los funcionarios públicos y, por lo tanto, implican un camino más estrecho para los corruptos.
Eso es, precisamente, lo que le “da alergia” a Zabaraín y a sus padrinos políticos, los Char, lo mismo que molesta al senador Name en la misma Barranquilla, lo mismo que no les gusta a todos quienes proponen regular las redes para evitar que los ciudadanos vigilen y hagan denuncias.

Autoritarismo y censura

 Redes sociales Foto: U.S Fire Administration
Las redes sociales no son buenas ni malas en sí mismas. Se trata de plataformas que los seres humanos utilizan para comunicarse e interactuar entre ellos.
Por definición, las redes sociales son un espacio de libertad. Por eso causa tanta molestia que un político hable de “controlar” las redes sociales. Más aún si ese “control” tiene el propósito de silenciar denuncias o, inclusive, de evitar las burlas de las que ha sido víctima el mismo Zabaraín en todas las redes, en especial en Twitter.
La singular “propuesta” de los senadores Name y Zabaraín es retrógrada y autoritaria. El deseo de controlar las redes es propio de los regímenes totalitarios, que quieren controlar la vida privada de sus ciudadanos.
Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales.
En China, Cuba y Venezuela se han tomado medidas para censurar o limitar las redes sociales. Con un tono similar al de Zabaraín, Nicolás Maduro dijo en 2017 que había que “poner orden” en las redes sociales para evitar que se convirtieran en plataformas de odio “contrarevolucionarias”.
En un modelo político diametralmente opuesto, el presidente Trump ha acusado a Google, Facebook y Twitter de tener un sesgo político. Paradójicamente, Trump ha hecho de Twitter una de las principales armas para atacar a sus contradictores.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

Agencia de Publicidad

Agencia de Publicidad