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La Reforma a la Salud: varios años en discusión, si la hunden, actuamos. Presidente Petro.

Foto: Andrea Puentes - Presidencia
“Si la ley no fue, si la ley la hundieron, si dos años y medio de trabajo se destruyeron, desgraciadamente, porque es trabajo humano de mucha gente, el Gobierno actúa”, anunció el presidente Gustavo Petro al cierre del Consejo de Ministros Público, realizado este martes en la Casa de Nariño.
El mandatario manifestó que “aquí lo que se juega es la vida humana y yo prometí en campaña que este iba a ser el gobierno de la vida”, para lo cual se necesita una reforma a la salud. “¿Qué pasa si la Comisión Séptima del Senado, como siempre, entonces, hunde la reforma a la salud? Hay que proceder de inmediato”, reiteró.
El presidente fue enfático al manifestar que si el Senado hunde la reforma a la salud, el Gobierno no prevé presentar otro proyecto. “Ya dimos la oportunidad dos años y medio, invitamos a concertar, hablamos con todo el mundo, se metieron muchas transformaciones que eran importantes, se hicieron audiencias”, dijo.

En su intervención, puso de presente que, por los antecedentes que se han dado, “el Senado piensa acabar con esos dos años y medio de trabajo, estúpidamente, en mi opinión”, porque “al Senado se le ha prohibido discutir en este Gobierno, porque antes de que lleguen los grandes temas los acaban. Esto va para allá, lo han anunciado, espero que no. Como ya lo anunciaron, si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, no. Actuamos con la ley en la mano”.

Actual sistema de salud no es sostenible

El jefe de Estado expuso que Colombia se merece un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo, que no puede estar intermediado. “Que va a haber negocios privados, sí, pero decentes, y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud en Colombia”, dijo.

Recalcó que “esta no es una pelea con las enfermeras, no es una pelea con los médicos, muchísimo menos con los científicos. No es una pelea con los laboratorios de medicina. Yo quiero más laboratorios de medicina, públicos y privados, nacionales, para quitar una serie de importaciones, muchas veces innecesarias. Aquí no estamos cerrando clínicas. Se están abriendo cada vez más”.

El presidente Petro recalcó que el Gobierno ya sabe que el sistema de salud vigente no es sostenible. “No va a quebrar el Estado, que es lo que intentan. Por un lado, quitan el que podamos tener ingresos, y por el otro lado piden más plata. Y hay el que dice que entonces estamos guardando la plata, como si nos sobrara”.

“Simplemente no permitieron más financiamiento, y no puede crecer el gasto público de la manera como proponen. Ahí sí nos descalifican todas las calificadoras de riesgo, ahí sí la deuda pública se dispara, ahí sí tenemos el problema de Argentina, que quieren que Colombia llegue a ese problema, pero por acá no va a ser”, afirmó.

La UPC es suficiente

De acuerdo con el mandatario, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es suficiente.

Al respecto explicó: “Entonces aquí la UPC es suficiente. Se la han robado. La maltratan, como hemos visto. Se la roban por el lado de las medicinas, se la roban por el lado de las EPS, se la roban por todas partes. Pero es suficiente, porque hicimos saltar el gasto de salud de 60 a 100 billones de pesos en lo que llevamos de este gobierno. Tiene que ser muy vagabundo el que diga que entonces estamos desfinanciando el sistema”.

Asimismo, consideró que el Congreso debería ser vocero del pueblo y no de los gremios.

“Nosotros no somos voceros de Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia), no somos voceros de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral). Deberían ser los congresistas voceros del pueblo y no voceros de los gremios privados. Porque suena raro cómo los señores de Sanitas, siendo españoles, extranjeros, financiaron campañas. Ahí sí no hay investigación. Campañas y partidos, eso está prohibido por la Constitución Nacional, explícitamente. ¿Cómo no hay una investigación?”, sostuvo.

Denunciar penalmente acaparamiento de medicamentos

En relación con el acaparamiento de medicamentos, el jefe de Estado solicitó al Ministerio de Justicia interponer las denuncias penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación, porque –dijo– “aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución ordena denunciarlos”.

Finalmente, el presidente Petro subrayó: “La reforma a la salud, si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual, se aplica”.

Así se calcula la plata por paciente en el Sistema de Salud colombiano, ¿por qué es un problema?

La UPC es un valor que determina el costo de la atención por cada afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Fotos: archivo Unimedios.
La UPC se establece a partir de un estudio técnico que determina cuál puede ser el costo de la atención por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este rubro se le transfiere a la EPS para que atienda a esa persona. En 2024 el valor aproximado en el régimen subsidiado fue de 1.440.000 pesos y del contributivo de 1.250.000 pesos.

Economista Decsi Astrid Arévalo, investigadora del Grupo de Protección Social de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.
“Las fuentes de información disponibles tienen 2 años de anterioridad, es decir que si queremos determinar el valor de la UPC en 2025, pero los datos recolectados son de 2023, y la estimación se está haciendo en 2024 la situación evidencia una complicación para establecer el costo real de la atención”, señala la economista Decsi Astrid Arévalo, investigadora del Grupo de Protección Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Sobre la composición de la UPC, la experta indica que esta tiene dos elementos: “funciona como un seguro, es más o menos equivalente al cálculo de una prima. Entonces, en el cálculo de la prima estaría: el valor del siniestro más los costos fijos, más los costos variables, más la utilidad. En el Sistema de Salud tendríamos que los costos fijos más los variables más la utilidad están sumados en un porcentaje de administración que se les reconoce a las EPS por hacer la gestión. Para el régimen contributivo el porcentaje es del 10 % y para el subsidiado del 8 %”, explica.

Se trata de establecer cuánto cuesta atender a la población, pero por supuesto no es lo mismo para personas adultas que para menores de edad, es decir que las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales requieren más atención y más asistencia en la prestación de servicios, y por lo tanto sale más caro.

Se trata es de establecer cuánto cuesta atender a la población, pero no es lo mismo
para personas adultas que para menores de edad, o en la ciudad que en el campo.
En ese sentido, para conocer el valor de la UPC se consideran aspectos como edad, sexo y ubicación del paciente, información que alimenta una matriz que también incluye el tipo de servicio y la fecha en que lo recibe, el diagnóstico, el tratamiento, los medicamentos, los dispositivos que le recomiendan, el lugar donde lo atienden, la entidad que lo atiende, el tipo de IPS, el tipo de contrato entre la EPS y la IPS, etc.

“Toda la información consignada es muy importante para calcular y saber cómo se ha comportado el Sistema de Salud. La matriz es más o menos de 56, o sea que se tendrían 56 agrupamientos, y es lo que reconoce el Gobierno para las EPS”, indica la académica.

Razones del sobrecosto

Otro elemento para calcular la UPC es cuál será el número de afiliados para el año que se está pronosticando, lo cual se relaciona con que hay nacimientos, muertes y emigración, es decir personas que salen del país, entre otros aspectos. “Hay que tener en cuenta que no todas las personas están afiliadas los 365 días, sino que salen y entran”, anota la académica.
En ese sentido, cada EPS presenta mensualmente su estado de afiliados, y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) calcula cuál sería el valor global en UPC para ese periodo y lo gira anticipadamente. Con ese dinero las EPS deben pagar las atenciones a la IPS.
“Cuando se creó el Sistema de Salud las EPS asumieron dos encargos importantes: (i) vigilar el riesgo epidemiológico, o sea estar atentas al perfil epidemiológico de la población, y (ii) velar por el riesgo financiero. Es decir que la EPS necesita conocer a su población, saber de qué se enferma, y hacer todos los planes requeridos para atender esas necesidades, y debe hacer los contratos con la IPS de modo que la plata alcance para atender a sus afiliados, tarea que no realizan juiciosamente”.

“Con este esquema nosotros hace rato que debíamos haber sabido cómo es y cómo evoluciona dicho perfil epidemiológico; la EPS debería saber cuál es su población que está en riesgo de sufrir qué tipo de enfermedades y podría anticipar y no esperarse a que la población llegue al hospital en un estadio cuatro de cáncer, por ejemplo”, explica la investigadora.

Las acciones de promoción y prevención de la enfermedad son muy
pocas y se realizan en pocas regiones, una situación que genera preocupación
en el mediano plazo.

En relación con el riesgo financiero, este se centra en los tipos de contratos firmados con las IPS y cómo se pagarán, ya sea de pago por capitación, que se pueden pagar anticipadamente, o por contra factura; “algunas EPS se tardan mucho tiempo, incluso más allá de los 180 días previstos para este tipo de trámites, por lo que el riesgo financiero se lo están trasladando a la IPS, que no suelen tener un músculo financiero para soportar el no pago de facturas”, cuestiona.

Así, aunque se trata de planear las atenciones a sus afiliados, es justamente esta situación la que está generando problemas de costos y sobrecostos en el Sistema de Salud del país.

¿Cuáles son los problemas del cálculo de UPC?

La economista Arévalo considera que el primer problema que se está presentando hoy es que no todas las EPS entregan su información; por ejemplo en el último año solo 15 lo hicieron, y de estas solo 8 tenían completa esta información, que se podría trabajar estadísticamente con los programas.

“Es decir, los cálculos se están haciendo con base en la información, en los lugares donde estén esas 8 EPS, y el resto de zonas no entran en el cálculo, no se sabe nada”.

“Al final para algunas zonas se establece un sobreprecio que no está basado en sus necesidades ni en su realidad; por tanto, reciben poco dinero para costos de transporte, por ejemplo; en esos lugares los medicamentos son mucho más costosos por el desplazamiento, muchas hay que ir en avión, en lancha, etc.

Otro problema se relaciona con los hallazgos del análisis adelantado en 2024 para la UPC de 2025, donde se encontraron datos exorbitantes. Por ejemplo, se encontraron casos de un solo paciente con 40.000 traslados en un mes; también había datos de medicamentos con sobreprecios.

Asimismo “se evidenció que las acciones de promoción y prevención de la enfermedad son muy pocas y se realizan en pocas regiones, una situación preocupante en el mediano plazo, ya que esto impactará en el incremento de las hospitalizaciones de los eventos de alto costo, lo que seguirá afectando al Sistema”, concluye la experta, quien ofreció sus aportes en la sección ABC de Periódico UNAL.

Denuncian presunta estafa y falsedad por parte de 36 IPS que facturaron servicios sin contar con la infraestructura física para prestarlos

DIrector general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez
El pasado 24 de febrero, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por no contar con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

El 12 septiembre de 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. Luego de auditorías realizadas desde 2023, se evidenció que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar su infraestructura para prestar servicios de salud.

De las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y, por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme; a diez, que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable. Tres más, están siendo notificadas.

La mayoría de estas IPS tiene su ubicación en la región Caribe en 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.

Del total de IPS con pagos suspendidos, solo a nueve se les resolvió favorablemente; cuatro más se encuentran en estudio por parte de ADRES.

Estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por 79.511 millones de pesos, pretensión que se impidió mediante los controles recién establecidos por la ADRES, que incluyeron desarrollos tecnológicos e informáticos capaces de señalar anomalías y desviaciones de las tendencias, como la implementación de auditorías en terreno para comprobar las irregularidades y velar de este modo por el cuidado de los recursos de la salud.

Los hallazgos ​​​de la ADRES

Las alertas en la entidad se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin SOAT o fantasmas, explica el director de la ADRES, Félix León Martínez, en su informe a la Fiscalía.

Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía General de la Nación son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la ADRES y un equipo interno de auditoría concurrente, capaces de validar las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.

Gobierno y VaxThera firman convenio para la producción de biológicos en el país

Como parte del compromiso por recuperar la soberanía sanitaria de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS) y VaxThera firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la investigación, el desarrollo y la producción de biológicos y otras tecnologías en salud.

El objetivo es aunar esfuerzos en materia de cooperación científica, técnica y tecnológica de largo plazo, que promuevan la soberanía sanitaria y el desarrollo productivo del país en el sector biotecnológico.

Líneas de acción

El convenio contempla diversas líneas de acción, entre ellas:

- Intercambio y formación de investigadores en el desarrollo de insumos clave para la salud pública

- Fomento de investigaciones en biotecnología

- Formulación de proyectos conjuntos a lo largo del ciclo de vida de productos biológicos

- Transferencia tecnológica y de conocimiento entre los cooperantes y socios estratégicos

- Fortalecimiento del talento humano en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de vacunas

- Implementación de mecanismos para el fortalecimiento de la vacunación en el país

- Identificación de biológicos prioritarios para su producción local en el corto, mediano y largo plazo.

Hito en soberanía sanitaria

Al anunciar la firma del acuerdo, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que “este convenio marca un hito en la recuperación de la soberanía sanitaria de Colombia. Con esta alianza, fortalecemos nuestra capacidad instalada para desarrollar y producir biológicos esenciales en el país, garantizando una respuesta más rápida y efectiva ante futuras emergencias en salud pública”.

A su vez, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, declaró: “Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades en investigación, desarrollo y producción de biológicos en el país. Desde el Instituto, seguimos avanzando en la construcción de un sistema de salud más autónomo e innovador, reafirmando nuestro compromiso con la salud pública y la soberanía sanitaria de Colombia”.

Imágen: vaxthera.com
Por su parte, Jorge E. Osorio, CEO de VaxThera -con sede en Antioquia y EE.UU., e integrante del grupo SURA-, expresó: “La firma de este convenio es una clara muestra de la convicción que tenemos desde VaxThera en el sentido que la cooperación entre el sector público y el sector privado es determinante para garantizar a los colombianos que estaremos mejor preparados a los desafíos en salud pública”.

El gobierno actual cancelando dineros para la salud del 2022

La ADRES girará los recursos a las EPS para los presupuestos máximos.
El Gobierno nacional girará cerca de $820 mil millones para pagar el ajuste de los presupuestos máximos del sistema de salud correspondientes a la vigencia de 2022, según fallo de la Corte Constitucional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución No. 0369 del 19 de febrero de 2025 “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación y se ordena el pago de la suma por concepto de ajuste de presupuestos máximos de la vigencia 2022”.

Se trata de la reliquidación en el pago de estos recursos determinado y liquidado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES-, mediante acto administrativo, para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional que ordenó la reliquidación de esa vigencia.

Mediante Auto 2049 de 2024, el tribunal constitucional ordenó ajustar los recursos de la vigencia 2022 destinados a financiar servicios, procedimientos y medicamentos que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, tratamientos de alto costo y baja frecuencia como las llamadas enfermedades raras.

Con la Resolución 0369/2025​, el Ministerio de Hacienda reconoce como “deuda pública de la nación” un total de $ 819.667 millones a favor de la ADRES y con cargo al rubro de Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2025.

La ADRES, por su parte, se encargará de entregar estos recursos a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que relaciona el documento, fondos que se harán en cuatro giros, así: en los meses de febrero, marzo y abril de 2025, tres giros cada uno por $200 mil millones; y en mayo, el último giro por $ 219.667 millones.

De esos $ 819.667 millones, cerca del 57 % ($ 467.197 millones) serán para las EPS del régimen contributivo, y el restante 43 % ($ 352.469 millones) se girarán al régimen subsidiado.

La relación de pagos establecida por la Resolución 0369 del 19 de febrero de 2025 es la siguiente:

Más de 198 mil afiliados de Coosalud y Compensar fueron reasignados a nuevas EPS

Desde el 1 de febrero de 2025, más de 198.000 afiliados de las EPS Coosalud y Compensar han sido asignados a nuevas entidades promotoras de salud dentro de un proceso en el que participan el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud.

Las personas a las que cobija este traslado podrán consultar a qué EPS han sido asignadas ingresando a: Consulta de Afiliados.

A través de este sitio, podrán acceder a la red de servicios de salud de su nueva EPS receptora y actualizar sus datos de contacto.

Con el fin de facilitar el acceso a los servicios de salud, el Ministerio de Salud recomendó a los afiliados cotizantes o cabeza de familia se comuniquen con la EPS asignada para actualizar sus datos básicos y los de su grupo familiar.

Esta cartera ha instruido a las EPS receptoras garantizar la atención integral de todos los pacientes, priorizando a aquellos con enfermedades de alto costo, madres gestantes, pacientes hospitalizados y personas con enfermedades crónicas.

En caso de no estar conformes con la EPS asignada, los usuarios podrán solicitar su traslado a otra EPS a partir del 1 de abril de 2025.

Finalmente, hizo un llamado a las Secretarías de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que supervisen la correcta prestación de los servicios de salud, asegurando que no se impongan barreras de acceso para la atención de los usuarios.

Para resolver cualquier duda o inquietud, los usuarios pueden comunicarse con la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la línea gratuita nacional 018000513700, disponible las 24 horas del día.

Adicionalmente, pueden hacer uso del chat virtual en la página web de la Superintendencia www.supersalud.gov.co.

Distribución de afiliados por EPS

​La reasignación quedó distribuida de la siguiente manera:

Afiliados de Coosalud en La Guajira

— EPS Familiar de Colombia: 1.558 afiliados (subsidiado)
— Nueva EPS: 132 afiliados (contributivo)
— Anas Wayuu EPSI: 81 afiliados (6 contributivo y 75 subsidiado)
— Salud Total: 43 afiliados (contributivo)

Total: 1.814 afiliados.

Afiliados de Compensar en 10 departamentos (Antioquia, Atlánt​ico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca):

— Coosalud: 98.438 afiliados
— Salud Total: 59.260 afiliados
— Nueva EPS: 17.550 afiliados
— Comfaoriente: 15.013 afiliados
— Emssanar E.S.S: 5.104 afiliados
— EPS Familiar de Colombia: 630 afiliados
— EPS Sanitas: 258 afiliados
— Asmet Salud:140 afiliados
— Mallamas EPSI: 59 afiliados
— EPS S.O.S.: 10 afiliados
— Pijaos Salud EPSI: 8 afiliados
​— Cajacopi: 1 afiliado

Total: 196.471 afiliados.

Quienes recibieron la mayor cantidad de recursos

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que, en diciembre de 2024, dio cumplimiento oportuno a los giros realizados a las EPS e IPS, con una ejecución presupuestal de $83,2 billones, recursos con los que se garantizaron los servicios de salud de los afiliados al sistema.

Así se distribuyeron los recursos durante el mes de diciembre de 2024:

— La ADRES trasladó $3,1 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,6 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530 mil millones a las EPS.

— De otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,6 billones, de los cuales pagó directamente $2,2 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,3 billones a las EPS.

— Igualmente, más de $144 mil millones fueron garantizados para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general.

— Esto representa un valor superior a los $45 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de enfermedades y más $110 mil millones por 12.074 licencias de maternidad, 7.696 de paternidad y 79 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Datos del giro directo

De los recursos destinados para el sistema de salud en diciembre del año pasado, $4,8 billones se trasladaron directamente a 3.583 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud postulados por las EPS.

De estos dineros, $2,2 billones fueron para IPS del régimen contributivo y $2,6 billones para IPS del régimen subsidiado.

Es importante destacar durante la vigencia 2024, por giro directo a IPS y proveedores, la ADRES pagó $47,9 billones.

Esto representa un aumento del 116,7 % en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando estos recursos ascendieron a $ 22,1 billones.

Top 20 de las que más han recibido

La ADRES reveló el top 20 de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se beneficiaron en 2024 del giro directo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se destaca que estas instituciones recibieron el 22,82 % de los recursos entre enero y diciembre de 2024.

• Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio)
• Droguerías Cruz Verde
• Clínica Colsanitas
• Caja de Compensación Familiar (Cafam)
• Audifarma
• Fundación Valle del Lili
• Servicios de salud Suramericana
• Helpharma
• Centros Médicos Colsanitas
• Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’(sede Cartago)
• Instituto Nacional de Cancerología
• Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl
• Disfarma
• Fundación Cardiovascular de Colombia
• Clínica Medilaser
• Clínica de Occidente
• Hospital Pablo Tobón Uribe
• Virrey Solís IPS
• Mired Barranquilla
• Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

Acondicionada Nazareth.

Uribia (La Guajira), 15 de enero de 2025.- Después de más de diez horas de viaje por carretera, el hospital de campaña llegó al corregimiento de Nazareth, en el municipio de Uribia, La Guajira. Nueve vehículos fueron necesarios para transportar las 17 toneladas a través del desierto.

Antes de la llegada, la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (UNGRD), en conjunto con la comunidad local, acondicionó el terreno en Nazareth para garantizar un espacio adecuado para su instalación temporal. El montaje comenzará en las próximas horas y estará listo esta semana.

Diseñado para atender hasta 40 pacientes en observación y hospitalización, el hospital cuenta con nueve carpas interconectadas y climatizadas, además de:

· Dos generadores eléctricos de 70 kilovoltios para asegurar autonomía energética.

· Duchas con motobomba y baños secos que encapsulan residuos sólidos, reduciendo el impacto ambiental.

· Sistemas de saneamiento ecológico que garantizan su funcionamiento continuo y seguro.

La logística del traslado se inició el pasado 9 de enero desde el Centro Nacional Logístico de la UNGRD en Mosquera, Cundinamarca.

Esta entidad lidera todo el despliegue logístico de transporte e instalación, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social se encargará de la atención médica, operación y mantenimiento del hospital de campaña.

La infraestructura busca atender las necesidades sanitarias y garantizar los servicios de salud en una de las comunidades más aisladas y afectadas por las recientes emergencias climáticas, en especial las sequías.

La instalación del hospital temporal es una respuesta directa al anuncio del presidente Gustavo Petro durante su visita a la región, en noviembre de 2024, cuando dio la instrucción de instalar el hospital de campaña y fortalecer los servicios de salud en zonas remotas y vulnerables de La Guajira.

Esta infraestructura forma parte de los tres hospitales de campaña con los que cuenta la UNGRD, listos para desplegarse en cualquier región del país que enfrente emergencias de gran impacto asociadas a fenómenos naturales, crisis humanitarias o situaciones de salud pública.

Movilizan hospital de campaña, el transporte dura 36 horas.

Desde el Centro Nacional Logístico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Mosquera, Cundinamarca, comenzó el operativo terrestre para trasladar el hospital de campaña que se instalará de manera temporal en Nazareth, corregimiento de Uribia, en la Alta Guajira.
La infraestructura está compuesta por nueve carpas interconectadas y climatizadas, equipadas con sistemas autónomos de energía y uno de saneamiento ecológico, que incorpora duchas y baños secos para minimizar el impacto ambiental.

Diseñado para responder a emergencias de gran magnitud, busca atender las necesidades sanitarias y garantizar los servicios de salud en las comunidades más aisladas y afectadas por las recientes emergencias climáticas. el hospital de campaña tiene una capacidad inicial de 40 camas, que puede ampliarse según las necesidades de la población, brindando atención tanto a personas en condiciones de observación como de hospitalización.

Su montaje tomará cerca de tres días, dependiendo de las condiciones climáticas y del terreno, luego de un traslado terrestre de aproximadamente 36 horas desde Bogotá.

El hospital temporal es una respuesta directa a la instrucción del presidente Gustavo Petro durante su visita a la región, en noviembre de 2024, en la que destacó la necesidad de fortalecer los servicios de salud en zonas remotas y vulnerables de La Guajira.

La operación es liderada por la UNGRD, que se encarga del transporte y montaje, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social asegura la dotación y operatividad del hospital.

Esta infraestructura forma parte de los tres hospitales de campaña con los que cuenta la UNGRD, listos para desplegarse en cualquier región del país que enfrente emergencias de gran impacto asociadas a fenómenos naturales, crisis humanitarias o situaciones de salud pública.

Atención a fallecidos, atención domiciliaria y otras inconsistencias de las EPS

El Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizó en noviembre del año pasado un ejercicio de contrastación para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció recientemente que el incremento de la UPC para el 2025 será de 5,3 por ciento.

Este análisis reveló inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con serias implicaciones para la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud.

Entre los resultados se encuentra el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).

Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general.

El informe también llamó la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país.

Estos resultados no solo evidencian inconsistencias en los datos reportados, sino que plantean interrogantes en los reportes de las EPS.

Asimismo, el análisis detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos.

En el análisis de medicamentos, el informe reveló que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.

El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.

Recomendaciones

Una de las conclusiones del estudio fue que el Ministerio de Salud subrayó la necesidad de implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC.

Asimismo, entre las recomendaciones se encuentran realizar una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, identificar y corregir inconsistencias, y validar la información frente a bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

El fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares también se destacó como una estrategia clave, permitiendo ahorros significativos en tratamientos de alto costo.

De la misma manera, el informe insistió en revisar las prácticas de contratación y precios en los servicios médicos y medicamentos, para evitar distorsiones en los costos reportados.

El Ministerio de Salud afirmó que estas medidas son esenciales para garantizar que los recursos del sistema de salud sean utilizados de manera eficiente y transparente, priorizando las necesidades reales de la población. Este ejercicio de contrastación realizado en 2024 representa un paso importante hacia la mejora del sistema y la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.

En 2025 las EPS recibirán $1,521,489.60 (UPC) por cada afiliado

Para la vigencia 2025, según lo anunció el Ministerio de Salud y Protección Social, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento del 5,3 %, adoptado con base en la inflación causada a noviembre de 2024 y la actualización en servicios y tecnologías en salud.

“Esta decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ante la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”, explicó esta cartera a través de un boletín de prensa, al anunciar el incremento de la UPC para 2025.

Al respecto, en un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que el “incremento de la UPC (del 5,3 % para 2025), representa un ascenso real respecto al pasado”.

El mandatario explicó que “la tasa de inflación de 5,4 % como medida de la UPC ya se produjo. Es inflación causada en el 2024 y no la esperada en el 2025”.

Agregó que “si la inflación esperada es 3 % (para 2025), el incremento de la UPC para salud tiene 2,4 % de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4 %”.

Valores adicionales

En la nueva resolución se contemplan aumentos adicionales para regiones y ciudades

- Prima adicional por dispersión geográfica: Se reconoce un aumento del 10% en 363 municipios, resultando en una UPC anual de $1,673,640.00, con un valor diario de $4,649.00.

- Unidad de Pago por Capitación para ciudades. se le reconocerá para la vigencia 2025, una prima adicional del 9,86% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, !bague, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación UPC-C anual de $1.671.508,80), que corresponde a un valor diario de $4.643,08.

- Prima por zonas alejadas: en el departamento Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, se mantiene una prima adicional del 37.9% dando como resultado un valor de $2.098.134, que corresponde a un valor diario de $5.828,15.

Razones del incremento de la UPC para 2025

Por su parte, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, emitió una declaración en la cual reiteró que la información reportada por las EPS, con base en la cual se calcula el incremento de la UPC, presentó en esta ocasión “serias inconsistencias”.

Indicó que, por ejemplo, en dicha información reportada por las EPS “hay un crecimiento abrupto, inusitado, en los valores y en las frecuencias de uso, lo que no guarda consistencia ni con los datos históricos ni con el perfil epidemiológico del país”.

Asimismo, expuso que las “EPS que certificaron el gasto no tienen todavía cerrado financieramente el año 2023. No está firmado por el revisor fiscal ni por el representante legal”.

El viceministro informó que, adicionalmente, “se pagaron precios a medicamentos que tienen control de precios y se pagaron por encima del precio que está establecido”, todo lo cual “genera mucha incertidumbre sobre esta información”.

Esta situación –sostuvo– llevó a que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento “recomendara al Ministerio de Salud que se estableciera una UPC cercana al Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, cercana al 5,2 %”.

En consecuencia, la decisión fue incrementar en 5,3 % la UPC para 2025, manifestó el viceministro.

El Ministerio de Salud define la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

Resolución completa:

Vea la declaración del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.​

UNAL y Mintrabajo proponen modelo para proteger a trabajadores informales rurales del país

El 24 % de la población colombiana reside en áreas rurales y enfrenta desigualdades
para acceder a los servicios de salud.
Foto: archivo Unimedios.
En términos laborales, los hombres se accidentan más en actividades agrícolas, debido tanto al manejo de maquinaria pesada y herramientas cortantes como a la exposición prolongada a condiciones climáticas adversas. Talar árboles y recoger cultivos de alto riesgo, como la caña de azúcar, también aumenta la probabilidad de sufrir lesiones.

Por su parte las mujeres, especialmente aquellas involucradas en actividades agrícolas, están expuestas al contacto directo con productos químicos como los fungicidas, sustancias utilizadas para proteger cultivos que se asocian con problemas respiratorios, irritaciones cutáneas y enfermedades crónicas como el cáncer.

Pero eso no es todo. En actividades mineras como el barequeo (extracción manual de oro) las mujeres tienen contacto constante con el mercurio, utilizado para separar el oro de los sedimentos. Lo que preocupa es que este metal pesado se asocia con intoxicaciones que afectan el sistema nervioso y los riñones, y pueden generar daños irreversibles a la salud.

Así lo evidenció el diagnóstico epidemiológico adelantado por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) que ha servido como base para que el Ministerio de Trabajo presente un modelo de protección de riesgos laborales para los trabajadores vulnerables del área rural del país.

Esta propuesta inicial busca garantizar su inclusión en un sistema integral de seguridad social –centrado en la prevención de enfermedades laborales y accidentes de trabajo–, y al mismo tiempo abordar las desigualdades en el acceso a servicios de salud en las zonas rurales de Colombia.

Los hombres se accidentan más en actividades agrícolas, pesqueras y mineras.
Foto: archivo Unimedios.
El 24 % de la población vive en zonas rurales, y a pesar de que estas comunidades son fundamentales para la producción agrícola, pesquera y minera del país, enfrentan altos índices de enfermedades laborales y accidentes de trabajo; además enfrentan desigualdades sociales, económicas, y de acceso a servicios básicos.

Uno de los pilares del modelo es el análisis del perfil epidemiológico de los trabajadores rurales en Colombia, realizado por investigadores de la UNAL con base en fuentes de información sobre enfermedad y accidentalidad laboral del país, las cuales revelan que en las áreas rurales la carga de enfermedades laborales y accidentes es desproporcionada frente a las áreas urbanas.

Además de las enfermedades laborales mencionadas, se encontraron dengue, malaria, chikunguña y leishmaniasis, las cuales son transmitidas por vectores que clasifican dentro de las afecciones comunes en la ruralidad, y cuya incidencia varía según factores climáticos y económicos.

La propuesta prioriza a las comunidades más vulnerables, incluyendo
aquellas en zonas de difícil acceso y en condiciones de pobreza.
Foto: archivo Unimedios.
La infección respiratoria aguda (IRA) y la tuberculosis afectan de manera importante a los residentes de áreas rurales de departamentos como La Guajira, Magdalena y Cesar. En 2019 la IRA registró una tasa de hasta 213,4 casos por cada 1.000 afiliados, mientras en la tuberculosis fue de hasta el 82,69 % de los casos por cada 100.000 afiliados.

También se encontró que la malaria y los accidentes ofídicos tienen una prevalencia significativa en la Amazonia y Orinoquia, mientras que las enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión y diabetes, se concentran en la región Andina.

Según la profesora Oneys del Carmen de Arco Canoles, de la Facultad de Enfermería de la UNAL, “las enfermedades prevenibles tienen una carga altísima en las regiones rurales, especialmente aquellas asociadas con el trabajo agrícola y minero. Es urgente mejorar las estrategias de prevención y atención”.

Así sería el modelo de protección de riesgos laborales

La propuesta, presentada tras años de investigación interdisciplinaria, se fundamenta en principios de justicia social, sostenibilidad y enfoque diferencial. Uno de sus elementos esenciales es la implementación de un régimen subsidiado en riesgos laborales, que complementa el sistema contributivo existente y prioriza a las poblaciones más vulnerables, incluyendo trabajadores informales, mujeres rurales y comunidades étnicas.

La presentación del modelo se realizó simultáneamente en 10 ciudades.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.
El modelo plantea tres dimensiones fundamentales. La primera es la cobertura poblacional, que busca incluir a trabajadores independientes, informales, y aquellos vinculados a actividades familiares y comunitarias. La segunda se centra en los servicios ofrecidos, con un enfoque en promoción de la salud, prevención de enfermedades y atención integral en casos de accidentes laborales. La tercera aborda la financiación, con la propuesta de incrementar en dos puntos porcentuales el recaudo del Fondo de Riesgos Laborales, destinados exclusivamente al régimen subsidiado.

La propuesta también incluye aprendizaje de modelos internacionales. Según un análisis realizado por el equipo de la UNAL, solo el 21,5 % de los países reportan cobertura explícita en riesgos laborales para trabajadores rurales; entre estos se destacan Brasil, China y Ecuador, que han implementado esquemas específicos adaptados a las particularidades de su población rural.

El profesor Jairo Ernesto Luna García, de la Facultad de Medicina de la UNAL, aclara que esta importante propuesta también es susceptible a desafíos como la alta tasa de informalidad laboral, que en las zonas rurales alcanza el 84 %, lo cual dificulta la inclusión de estas comunidades en sistemas de seguridad social tradicionales.

El profesor Jairo Ernesto Luna García, de la Facultad de
Medicina, presentó la propuesta del modelo.
Foto: Nicol Torres, Unimedios.
“En este contexto el desafío de la política pública radica en lograr que la población en situación de pobreza supere esta condición, además de garantizar que aquellos que se encuentran en la informalidad puedan superar esta situación y acceder a un trabajo digno y decente”.

Pese a estos retos, el modelo plantea aprovechar oportunidades esenciales, como el Plan Nacional de Salud Rural (PNSR) y las directrices de la Organización Internacional del Trabajo sobre transiciones sostenibles (socioecológicas). Así mismo, usar herramientas tecnológicas como auditorías basadas en inteligencia artificial, las cuales permitirían mejorar la calidad de los datos para una planificación más precisa.

“Aún en sus primeras fases de formulación esta propuesta es un paso hacia un sistema de seguridad social más inclusivo y justo, capaz de responder a las necesidades y los desafíos de la ruralidad del país”, concluyen los investigadores.

ADRES reportará a la Fiscalía primeros 10 casos de hospitales que no pudieron demostrar su existencia física

Por no demostrar que cuentan con infraestructura física en la dirección reportada, como lo ordenan las normas, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los primeros 10 casos de IPS (hospitales) que presentaron cuentas que superan los $25 mil millones.

Esta decisión fue revelada por el director General de la ADRES, Félix Martínez, quien recordó que el pasado 12 de septiembre la ADRES anunció las medidas administrativas que suspendió los pagos a 52 IPS que habían radicado cuentas por más de $70 mil millones y que, tras las auditorías realizadas desde 2023, se encontró que no contaban con infraestructura física al momento de las visitas.

Después de resolver varios recursos de reposición, la entidad determinó mantener la medida de suspensión de giros a las siguientes IPS:

· Mediclinic Mi Ser IPS S.A.S.
· IPS Biotech de Colombia S.A.S.
· Confiansalud IPS L&M. S.A.S.
· N&L Servicios de Salud S.A.S.
· IPS Premium Salud M&A S.A.S.
· Previmed Clinic S.A.S.
· Unidad de Cuidados Intensivos Milenium S.A.S.
· IPS Saddai Salud 7 S.A.S.
· VTS Servicios Integrales de Salud S.A.S.
· Suites Medical IPS S.A.S.

En otros nueve casos, ADRES concedió los recursos de reposición, ya que los prestadores lograron demostrar que cuentan con las instalaciones físicas reportadas. Se trata de las siguientes IPS:

· Puerto Salud Unidad Médica Integral S.A.S.
· Odontotrans S.A.S.
· Clínica Médico Especialistas de Colombia
· Centro de Urgencias de la Costa
· Hospital Las Américas
· IPS Sismédica Ltda.
· Tecnología Diagnóstica de La Sabana S.A.S.
· Unimedis de la Costa IPS S.A.S.
· Centro Hospitalario Regional Santa Mónica.

Pese que para estos nueve prestadores se descongelan los recursos relacionados con las reclamaciones, las cuentas que presentaron continúan en proceso de auditoría y serán sometidas a glosa en los casos en los que sea necesario. La ADRES también remitió a la Superintendencia Nacional de Salud estos casos para que los evalúe dentro de sus competencias.

De los 33 procesos restantes de IPS a las que se les suspendieron los pagos, cuatro se encuentran en estudio de los recursos de reposición presentados y 29 se encuentran en etapa de notificación.

Seis denuncias más an​​te Fiscalía por fraude

En otra medida, en casos de personas que fallecieron por muerte natural y sus beneficiarios presentaron reclamaciones como si fueran eventos de accidentes con vehículos sin SOAT, la ADRES puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación lo que podría evidenciar una nueva modalidad de apropiación indebida de recursos de la salud.

La entidad logró establecer que los casos denunciados configurarían presuntamente el delito de falsedad material en documento público, dado que los beneficiarios de los fallecidos presentaron certificaciones que no fueron expedidas por parte de la Fiscalía General de la Nación y que los registros de defunción tienen inconsistencias y no son auténticos.

No más fantasm​as inventados

La ADRES también expidió una Resolución (0199844 del 28 de noviembre de 2024), mediante la cual se establecen medidas de control para probar la condición de víctima y evitar el fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la radicación de reclamaciones por accidentes de tránsito en los que estén involucrados vehículos no identificados o no asegurados con SOAT.

La nueva resolución establece que “durante la etapa de auditoría de las reclamaciones, la ADRES verificará que haya consistencia entre los datos reportados en los formularios de registro de reclamaciones (IPS-FURIPS, ambulancias-FURTRAN, personas naturales-FURPEN) y los datos del informe descriptivo de la autoridad de tránsito o, en su defecto, con el documento que acredite que la IPS dio aviso inmediato a la dependencia de policía judicial cercana o a la primera autoridad del lugar, del ingreso de la presunta víctima de accidente de tránsito a la entidad de salud".

Conozca el top 20 de los hospitales, clínicas y proveedores que más han recibido recursos en 2024

Durante el pasado mes de octubre, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) giró $7,1 billones por concepto de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para financiar la atención médica de los afiliados al sistema de salud.

De estos recursos, $3,4 billones fueron para el régimen subsidiado, de los cuales trasladó directamente $2,5 billones a 3.233 Instituciones Prestadores de Salud (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $787 mil millones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS).

Para el régimen contributivo, la entidad giró $3,6 billones, de los cuales fueron trasladados directamente $2,2 billones a 2.684 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,4 billones a las EPS.

Así mismo, la ADRES giró más de $142 mil millones en octubre para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general, alrededor de $46 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de las enfermedades y cerca de $114 mil millones por 12.120 licencias de maternidad, 7.467 de paternidad y 153 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Giro directo

De los recursos destinados para el sistema de salud en octubre, la ADRES transfirió directamente $4,8 billones a 3.510 clínicas, hospitales y proveedores de salud postulados por las EPS.

Entre enero y octubre de 2024, el giro directo a IPS y proveedores suma $38,4 billones, lo que representa un aumento del 114,9%, en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando estos recursos ascendían a $17,87 billones.

El top de las que más han recibido

La ADRES reveló el top 20 de las IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se beneficiaron del giro directo de la UPC. Se destaca que estas instituciones recibieron el 21,3 % de los recursos entre enero y octubre de 2024.

​​Fuente: Dirección de Liquidaciones y Garantías de la ADRES con corte al 07/11/2024

La Corte protegió el derecho a la salud de cuatro personas a las que sus EPS no les garantizaron servicios y tecnologías en salud

La Sala Tercera de Revisión analizó cuatro acciones de tutela presentadas por varias personas consideradas sujetos de especial protección constitucional, quienes argumentaron que las EPS a las que estaban afiliadas no les garantizaron los servicios y las tecnologías de salud requeridas: consultas especializadas, tratamiento integral, ayudas ortopédicas y pañales desechables.

En el primer expediente, la Corte estudió el caso de un niño con discapacidad física y mental que requería una consulta con un especialista en anestesiología, una órtesis y la garantía de tratamiento integral. Aunque el juez de primera instancia concedió los dos primeros servicios, la Sala no tuvo certeza de que la ayuda ortopédica hubiera sido entregada al niño, por lo que ordenó su suministro. Asimismo, dispuso el otorgamiento del tratamiento integral debido a la negligencia de la EPS en el cumplimiento de sus obligaciones.

En el segundo expediente, la Sala analizó el caso de una mujer mayor, afiliada al régimen especial del magisterio, con incontinencia mixta y Alzheimer, quien necesitaba pañales desechables. Estos le fueron negados porque no existía una orden médica y los pañales, de cualquier modo, estaban excluidos de ese régimen especial en salud. La Corte reiteró que los pañales están implícitamente incluidos en el Plan de Beneficios en Salud y que, en consecuencia, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) no puede ofrecer una protección inferior. Dado que la historia clínica indicaba que la mujer no controlaba esfínteres, la Corte ordenó el suministro de los pañales.

Adicionalmente, y ante la negativa de suministro de los pañales, con fundamento en reformas y ajustes a la estructura y el funcionamiento del Fomag, la Sala advirtió que ello no debe tornarse en barreras u obstáculos para el acceso integral, oportuno y de calidad de los afiliados al Sistema de Salud. Más allá del diseño administrativo o del modelo de financiación, todos los regímenes en salud deben cumplir con los elementos y principios mínimos que componen el derecho fundamental a la salud.

En el tercer caso, la Corte revisó la situación de un adulto mayor con diagnóstico de hepatitis y enfermedades cardíacas, a quien se le había negado una consulta con un especialista en cardiología. Debido a que en el fallo de instancia se ordenó dicha consulta, la Corte le ordenó a la EPS verificar si esta se realizó.

En el cuarto y último expediente, la Sala revisó el caso de una mujer a quien le fue amputada una pierna, razón por la cual necesitaba el recambio de su prótesis. Aunque el recambio había sido prescrito por el médico tratante, la EPS no lo suministró. La Corte ordenó el recambio de la prótesis, así como el acceso a un tratamiento integral, al considerar que se cumplían los requisitos para concederlo, entre esos, la negligencia de la EPS.

Finalmente, como en dos de los expedientes acumulados las EPS accionadas estaban siendo intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud, la Corte advirtió que las facultades de intervención no deben afectar la prestación oportuna y de calidad del servicio de salud de los afiliados.

M.P. Diana Fajardo Rivera

Glosario jurídico:
Artículo 233 de la Ley 100 de 1993: señala que la Superintendencia Nacional de Salud ejerce funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las entidades promotoras de salud.

Artículo 6 del Decreto 2462 de 2013: dispone que la Supersalud tiene, entre otras, las funciones de vigilar el cumplimiento de los derechos de los usuarios y de los deberes asignados a los diferentes actores del sistema. También debe inspeccionar y vigilar que la prestación de los servicios de salud individual y colectiva se realice en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y estándares de calidad, en las etapas de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación de enfermedades.

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