¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​

El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

Obligación de las EPS's de asegurar medicamentos o sustitutos

Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante.

Treinta ciudadanos a través de acciones de tutela solicitaron el suministro de los medicamentos que sus EPS, en su momento, quedaron pendientes por entrega o fueron negados. La Sala Segunda de Revisión, integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Vladimir Fernández Andrade, amparó el derecho a la salud y, como medida provisional, ordenó la entrega inmediata de los medicamentos.

Al respecto, la Sala reiteró que el servicio de salud debe responder eficazmente a las necesidades de los usuarios, garantizando la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos prescritos por el médico tratante. Enfatizó que la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales, así como la interrupción de tratamientos continuos, puede poner en riesgo la vida y la integridad de los pacientes. Esta situación resulta más grave cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de especial protección constitucional.

Del mismo modo, la Corte recordó que el suministro farmacéutico hace parte del derecho a la salud, con fundamento en los principios de accesibilidad e integralidad, por lo que su garantía debe ser completa, oportuna y continua, sin que razones administrativas o presupuestales justifiquen su privación o interrupción.

En el caso concreto de las 30 tutelas estudiadas, la Sala identificó tres escenarios, a los que respondió de manera diferenciada.

En primer lugar, evidenció que, aunque el medicamento ordenado por el médico tratante fue prescrito, este podría no haber sido entregado de forma oportuna desde el momento de su recomendación hasta la fecha. En segundo lugar, la Corte halló casos en los que la información no fue actualizada por las partes. Y, por último, encontró procesos en los que, pese a que el medicamento fue entregado, la necesidad de tratamiento continuo también implicaba asegurar las entregas pertinentes.

En ese sentido, para proteger el derecho a la salud, la Sala ordenó a las EPS accionadas, entre otras medidas, suministrar el medicamento en las dosis, forma y periodicidades dispuestas por los médicos tratantes en la prescripción médica que se encuentre vigente o que haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro del medicamento y que esté pendiente de entrega.

De igual manera, en aquellos casos de tratamientos continuos, en los que hay evidencia de que el fármaco se entregó por la EPS o IPS, pero el médico tratante prescribe nuevamente su suministro, ordenó que este sea entregado máximo 72 horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y que, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha de la siguiente entrega.

En aquellos eventos en los que el Invima advierta el desabastecimiento de alguno de los medicamentos prescritos en cada uno de los expedientes acumulados, la Corte ordenó a las EPS asegurar la valoración médica inmediata del paciente, para identificar las bioequivalencias necesarias y evitar la interrupción del tratamiento.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la Sala de Revisión encomendó la vigilancia del asunto a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando habilitar canales para el seguimiento y acompañamiento a los pacientes.

Auto 559 de 2025

M.P. Juan Carlos Cortés González

Avances en la atención de la emergencia por la Fiebre Amarilla

La Superintendencia Nacional de Salud, a través de la Delegatura para Entidades Territoriales, dio a conocer las acciones implementadas para atender la emergencia sanitaria por fiebre amarilla en el país, de acuerdo con la declaración de emergencia sanitaria a nivel nacional y el establecimiento de medidas de prevención y control según la resolución 691 de 2025 y la circular 012 de 2025 expedidas por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Por su parte, el Superintendente Nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, hizo un nuevo llamado para que EPS, IPS, Equipos Básicos de Salud y equipos de vacunación trabajen con la mayor disposición y compromiso, fortaleciendo las jornadas de vacunación, con el fin de responder de la forma más eficiente y expedita a esta emergencia con miras a contener su propagación.

Acciones destacadas

Desde octubre de 2024 se han concentrado esfuerzos en los departamentos de Tolima y Caldas, en donde se constituyeron Puestos de Mando Unificado (PMU) debido a la aparición de nuevos brotes. En estos departamentos se logró una articulación interinstitucional, así como acciones de inspección y vigilancia que se realizaron conjuntamente con el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y las entidades territoriales respectivas.

Con la declaratoria de emergencia sanitaria nacional anunciada el pasado 16 de abril, la Supersalud tomó nuevas medidas. Se instalaron 11 nuevos PMU en las regiones, sumándose a los ya existentes, con el fin de coordinar las 77 acciones inmediatas que deben implementarse en los 111 municipios de alto riesgo, los cuales se encuentran ubicados en 13 departamentos.

A la fecha, 15 departamentos han activado el Consejo Territorial de Gestión del Riesgo y 42 entidades territoriales declararon emergencia sanitaria.

Así mismo, 72 entidades territoriales reportaron la contratación de Planes de Intervenciones Colectivas (PIC) para 2025, los cuales se enfocan en el impacto positivo a determinantes sociales de salud a través de la promoción y la gestión del riesgo, en este caso específico, la vacunación. Además, 29 municipios cuentan ya con planes estratégicos de inoculación, incluyendo estrategias para población viajera.

Igualmente, se han desplegado 2700 Equipos Básicos de Salud por parte de Minsalud y 609 equipos adicionales financiados por las entidades territoriales.

Por otra parte, se tiene información de 534 equipos de vacunación activos contra la fiebre amarilla.

​Desafíos urgentes

De acuerdo con la misión de inspección y vigilancia, la Supersalud considera que hay falta de conocimiento por parte de algunas entidades sobre la categorización de riesgo de sus municipios.

Hay necesidad de acelerar la vacunación. Especialmente en zonas endémicas y con población viajera.

Y se debe reforzar la articulación con los Consejos Territoriales de Zoonosis, activos actualmente en 27 departamentos.

Medidas prioritarias de la Supersalud 

- Socialización ampliada: Incrementar sesiones informativas sobre las medidas y consecuencias del incumplimiento.

- Coordinación con MinSalud: Garantizar el suministro de vacunas y activar mesas técnicas de seguimiento.

- Supervisión financiera: Exigir justificación de recursos no ejecutados y priorizar fondos para PIC y vacunación.

- Seguimiento estricto: Verificar el avance de las 77 acciones inmediatas en municipios de muy alto riesgo, ya sea por la ocurrencia de casos humanos o el hallazgo de epizootias, la cual es equivalente a una epidemia humana; o si estos son aledaños o hacen parte de corredores eco-epidemiológicos.

- Mesas de inspección, vigilancia y control (IVC), y de gobernanza: Implementarlas en municipios con casos positivos de fiebre amarilla.

- Acciones correctivas: Analizar el inicio de procesos contra entidades vigiladas que incumplan con la instalación de PMU o reporte de datos.

Finalmente, la Delegatura para Entidades Territoriales afirmó que la Supersalud seguirá actuando con firmeza para que los actores del sistema de salud cumplan con las disposiciones de la emergencia, especialmente en las actuales circunstancias, ya que estas buscan mitigar los riesgos para la población y viajeros en zonas endémicas.​​

Amenaza de expansión en zonas urbanas llevó a declarar emergencia nacional por fiebre amarilla

Foto: Ministerio de Salud y Protección Social

​​La va​cuna contra la fiebre amarilla es gratis, no produce efectos colaterales y salva vidas.

El Ministerio de Salud y Protección Social reveló las razones por las cuales el país se encuentra en emergencia nacional por cuenta de la fiebre amarilla.

El viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, explicó que la situación actual radica en que los nuevos casos del contagio se están presentando en zonas distintas a las áreas silvestres y la Amazonía, donde tradicionalmente se registraba la enfermedad.

Ahora comenzaron a aparecer en la cuenca del río Magdalena, el norte y sur del Tolima, la zona cafetera de Neira (Caldas) y el departamento del Meta, con posibilidad de extenderse a la Orinoquía.

“El mosquito Aedes aegypti, transmisor de la fiebre amarilla, puede transmitir por ahora hasta los 2.200 metros. Antes no pasaba de 1.800, pero esto se debe al cambio climático. Este mosquito, que también produce dengue, zika, chikunguña y fiebre amarilla, ha venido subiendo de altura. De hecho, el Instituto Nacional de Salud ha detectado en Antioquia que el mosquito está transmitiendo dengue a 2.290–2.300 metros. Es una transformación del mosquito debido a los cambios en los ecosistemas, producto del calentamiento global. No significa que el Aedes aegypti, que es una variedad más urbana, esté hoy transmitiendo, porque eso sería mucho más grave", aseguró Urrego.

El viceministro añadió: “Estamos en una emergencia nacional porque es necesario prevenir que lo que está sucediendo en otras alturas más bajas y por otras variedades del mismo mosquito se nos transforme de un ciclo silvestre a un ciclo urbano. Estaríamos ante el riesgo de una urbanización de la enfermedad".

Recordó que el Ministerio de Salud “está en función preventiva frente a un alto riesgo", pues así está contemplado, incluso, en el Plan Nacional de Desarrollo, porque “de los 75 casos confirmados, estamos en 45 % de mortalidad", afirmó.

No hay cura contra la fiebre amarilla.

La fiebre amarilla, explicó el viceministro Urrego, no tiene cura, solo tratamientos paliativos que en algunos casos pueden resultar exitosos, “pero entre 40 % y 60 % tiene riesgo de mortalidad, y vamos en más de 45 %", sostuvo.​

Alg​unas precisiones

Tanto el viceministro de Salud Pública, Jaime Hernán Urrego, como la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Marcela Pava, hicieron algunas precisiones para que la ciudadanía esté bien informada sobre la evolución de esta enfermedad:

Actualmente hay dos ciclos de transmisión de la fiebre amarilla: urbano y silvestre, aunque se trata de dos vectores diferentes.

La fiebre amarilla no es transmisible entre humanos; solo el vector (mosquito) transmite el virus.

 La mejor manera de protegerse es con la vacunación.

La vacunación es gratuita, eficaz y no trae efectos colaterales graves. Es solo un pinchazo.

Hoy todas las personas pueden vacunarse a cualquier edad. La vacuna salva vidas. La mortalidad se ha presentado en personas mayores de 60 años sin vacuna.

En el carné de vacunación aparece la dosis contra la fiebre amarilla para los niños desde los 12 meses.

Solo se requiere una dosis en la vida. Antes era necesario vacunarse cada diez años, pero ya no.

Antes, la recomendación era vacunarse hasta los 59 años. Ahora es desde los 9 meses y hasta cualquier edad.

Quien no tenga la vacuna a los 9 meses de edad debe vacunarse.

A los mayores de 60 se les formulan algunas preguntas para detectar si tienen alguna contraindicación.

El efecto de la vacuna se da a los diez días. No es inmediato. A los 30 días ya tiene una efectividad del 99 %.

Quienes no recuerdan si fueron vacunados, no aparecen en ninguna base de datos y no tienen el carné, pueden vacunarse de nuevo si lo desean y si están en zonas de riesgo.

Las personas que aseguran haberse vacunado pero no tienen carné ni registro en bases de datos pueden llenar un formato bajo gravedad de juramento y asumir por su cuenta los riesgos de desistir de la vacunación.

La vacuna se aplica en las EPS y el sistema público de salud, pero también en puntos focalizados e instituciones privadas.

El mosquito puede picar y transmitir el virus a monos (primates no humanos), que al aparecer muertos deben ser reportados a la CAR regional. La muestra es enviada al laboratorio departamental de salud pública y de ahí al INS, que por reglamentación internacional es el único laboratorio nacional de referencia para confirmar casos de fiebre amarilla en todo el país.

Cuando la salud es un producto que se vende. Cargos a exgerente de Hospital.

Cargos a exgerente del Hospital de San Vicente de Paúl de Pueblorrico, Antioquia, por presunta extralimitación de funciones

@PGN_COL.- La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Arnaldo José Ahumada Cervantes, en su condición de gerente de la E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl de Pueblorrico (Antioquia), para la época de los hechos, por la presuntas comisión de irregularidades en el trámite de un proceso de cobro coactivo contra la Nueva EPS S.A.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Procuraduría Provincial de Instrucción de Andes, Ahumada Cervantes habría expedido la Resolución No. 18 del 14 de marzo de 2022, mediante la cual libró mandamiento de pago en el proceso administrativo No. HSVPP-901156264 por un valor de $405.311.127, incluyendo intereses, sin tener competencia para ello.

Se considera que las Empresas Sociales del Estado – E.S.E.– carecen de facultades para adelantar procesos de jurisdicción coactiva cuando se trata de deudas derivadas de relaciones civiles o comerciales, como aquellas originadas en la venta de servicios de salud, razón por la cual el exfuncionario habría incurrido en extralimitación de funciones.

La Procuraduría calificó provisionalmente la falta como grave cometida con culpa grave, al considerar que el disciplinado actuó con ligereza y sin verificar previamente la legalidad del procedimiento que adelantaba, a pesar de haber sido advertido sobre su presunta falta de competencia.

Por estos hechos, el Ministerio Público concluyó que el comportamiento del entonces gerente pudo haber vulnerado los principios de moralidad, responsabilidad y transparencia que rigen la función administrativa.

La Reforma a la Salud: varios años en discusión, si la hunden, actuamos. Presidente Petro.

Foto: Andrea Puentes - Presidencia

“Si la ley no fue, si la ley la hundieron, si dos años y medio de trabajo se destruyeron, desgraciadamente, porque es trabajo humano de mucha gente, el Gobierno actúa”, anunció el presidente Gustavo Petro al cierre del Consejo de Ministros Público, realizado este martes en la Casa de Nariño.

El mandatario manifestó que “aquí lo que se juega es la vida humana y yo prometí en campaña que este iba a ser el gobierno de la vida”, para lo cual se necesita una reforma a la salud. “¿Qué pasa si la Comisión Séptima del Senado, como siempre, entonces, hunde la reforma a la salud? Hay que proceder de inmediato”, reiteró.

El presidente fue enfático al manifestar que si el Senado hunde la reforma a la salud, el Gobierno no prevé presentar otro proyecto. “Ya dimos la oportunidad dos años y medio, invitamos a concertar, hablamos con todo el mundo, se metieron muchas transformaciones que eran importantes, se hicieron audiencias”, dijo.

En su intervención, puso de presente que, por los antecedentes que se han dado, “el Senado piensa acabar con esos dos años y medio de trabajo, estúpidamente, en mi opinión”, porque “al Senado se le ha prohibido discutir en este Gobierno, porque antes de que lleguen los grandes temas los acaban. Esto va para allá, lo han anunciado, espero que no. Como ya lo anunciaron, si se cae, actuamos de inmediato. No actuamos violando la ley, no. Actuamos con la ley en la mano”.

Actual sistema de salud no es sostenible

El jefe de Estado expuso que Colombia se merece un sistema de salud que sirva, que debe ser preventivo, que no puede estar intermediado. “Que va a haber negocios privados, sí, pero decentes, y no esta mafia que está ordeñando el sistema de salud en Colombia”, dijo.

Recalcó que “esta no es una pelea con las enfermeras, no es una pelea con los médicos, muchísimo menos con los científicos. No es una pelea con los laboratorios de medicina. Yo quiero más laboratorios de medicina, públicos y privados, nacionales, para quitar una serie de importaciones, muchas veces innecesarias. Aquí no estamos cerrando clínicas. Se están abriendo cada vez más”.

El presidente Petro recalcó que el Gobierno ya sabe que el sistema de salud vigente no es sostenible. “No va a quebrar el Estado, que es lo que intentan. Por un lado, quitan el que podamos tener ingresos, y por el otro lado piden más plata. Y hay el que dice que entonces estamos guardando la plata, como si nos sobrara”.

“Simplemente no permitieron más financiamiento, y no puede crecer el gasto público de la manera como proponen. Ahí sí nos descalifican todas las calificadoras de riesgo, ahí sí la deuda pública se dispara, ahí sí tenemos el problema de Argentina, que quieren que Colombia llegue a ese problema, pero por acá no va a ser”, afirmó.

La UPC es suficiente

De acuerdo con el mandatario, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) es suficiente.

Al respecto explicó: “Entonces aquí la UPC es suficiente. Se la han robado. La maltratan, como hemos visto. Se la roban por el lado de las medicinas, se la roban por el lado de las EPS, se la roban por todas partes. Pero es suficiente, porque hicimos saltar el gasto de salud de 60 a 100 billones de pesos en lo que llevamos de este gobierno. Tiene que ser muy vagabundo el que diga que entonces estamos desfinanciando el sistema”.

Asimismo, consideró que el Congreso debería ser vocero del pueblo y no de los gremios.

“Nosotros no somos voceros de Afidro (Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo de Colombia), no somos voceros de Acemi (Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral). Deberían ser los congresistas voceros del pueblo y no voceros de los gremios privados. Porque suena raro cómo los señores de Sanitas, siendo españoles, extranjeros, financiaron campañas. Ahí sí no hay investigación. Campañas y partidos, eso está prohibido por la Constitución Nacional, explícitamente. ¿Cómo no hay una investigación?”, sostuvo.

Denunciar penalmente acaparamiento de medicamentos

En relación con el acaparamiento de medicamentos, el jefe de Estado solicitó al Ministerio de Justicia interponer las denuncias penales del caso ante la Fiscalía General de la Nación, porque –dijo– “aquí hay funcionarios públicos que saben que hay crímenes y la Constitución ordena denunciarlos”.

Finalmente, el presidente Petro subrayó: “La reforma a la salud, si la hunden, empezamos nosotros a decretar de acuerdo a la ley. No va a haber aquí ninguna arbitrariedad, pero que se aplica la ley actual, se aplica”.

Así se calcula la plata por paciente en el Sistema de Salud colombiano, ¿por qué es un problema?

La UPC es un valor que determina el costo de la atención por cada afiliado al
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 Fotos: archivo Unimedios.

La UPC se establece a partir de un estudio técnico que determina cuál puede ser el costo de la atención por cada afiliado al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Este rubro se le transfiere a la EPS para que atienda a esa persona. En 2024 el valor aproximado en el régimen subsidiado fue de 1.440.000 pesos y del contributivo de 1.250.000 pesos.

Economista Decsi Astrid Arévalo, investigadora del Grupo de Protección Social de
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAL.

“Las fuentes de información disponibles tienen 2 años de anterioridad, es decir que si queremos determinar el valor de la UPC en 2025, pero los datos recolectados son de 2023, y la estimación se está haciendo en 2024 la situación evidencia una complicación para establecer el costo real de la atención”, señala la economista Decsi Astrid Arévalo, investigadora del Grupo de Protección Social de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL).

Sobre la composición de la UPC, la experta indica que esta tiene dos elementos: “funciona como un seguro, es más o menos equivalente al cálculo de una prima. Entonces, en el cálculo de la prima estaría: el valor del siniestro más los costos fijos, más los costos variables, más la utilidad. En el Sistema de Salud tendríamos que los costos fijos más los variables más la utilidad están sumados en un porcentaje de administración que se les reconoce a las EPS por hacer la gestión. Para el régimen contributivo el porcentaje es del 10 % y para el subsidiado del 8 %”, explica.

Se trata de establecer cuánto cuesta atender a la población, pero por supuesto no es lo mismo para personas adultas que para menores de edad, es decir que las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales requieren más atención y más asistencia en la prestación de servicios, y por lo tanto sale más caro.

Se trata es de establecer cuánto cuesta atender a la población, pero no es lo mismo
para personas adultas que para menores de edad, o en la ciudad que en el campo.

En ese sentido, para conocer el valor de la UPC se consideran aspectos como edad, sexo y ubicación del paciente, información que alimenta una matriz que también incluye el tipo de servicio y la fecha en que lo recibe, el diagnóstico, el tratamiento, los medicamentos, los dispositivos que le recomiendan, el lugar donde lo atienden, la entidad que lo atiende, el tipo de IPS, el tipo de contrato entre la EPS y la IPS, etc.

“Toda la información consignada es muy importante para calcular y saber cómo se ha comportado el Sistema de Salud. La matriz es más o menos de 56, o sea que se tendrían 56 agrupamientos, y es lo que reconoce el Gobierno para las EPS”, indica la académica.

Razones del sobrecosto

Otro elemento para calcular la UPC es cuál será el número de afiliados para el año que se está pronosticando, lo cual se relaciona con que hay nacimientos, muertes y emigración, es decir personas que salen del país, entre otros aspectos. “Hay que tener en cuenta que no todas las personas están afiliadas los 365 días, sino que salen y entran”, anota la académica.

En ese sentido, cada EPS presenta mensualmente su estado de afiliados, y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) calcula cuál sería el valor global en UPC para ese periodo y lo gira anticipadamente. Con ese dinero las EPS deben pagar las atenciones a la IPS.

“Cuando se creó el Sistema de Salud las EPS asumieron dos encargos importantes: (i) vigilar el riesgo epidemiológico, o sea estar atentas al perfil epidemiológico de la población, y (ii) velar por el riesgo financiero. Es decir que la EPS necesita conocer a su población, saber de qué se enferma, y hacer todos los planes requeridos para atender esas necesidades, y debe hacer los contratos con la IPS de modo que la plata alcance para atender a sus afiliados, tarea que no realizan juiciosamente”.

“Con este esquema nosotros hace rato que debíamos haber sabido cómo es y cómo evoluciona dicho perfil epidemiológico; la EPS debería saber cuál es su población que está en riesgo de sufrir qué tipo de enfermedades y podría anticipar y no esperarse a que la población llegue al hospital en un estadio cuatro de cáncer, por ejemplo”, explica la investigadora.

Las acciones de promoción y prevención de la enfermedad son muy

pocas y se realizan en pocas regiones, una situación que genera preocupación

en el mediano plazo.

En relación con el riesgo financiero, este se centra en los tipos de contratos firmados con las IPS y cómo se pagarán, ya sea de pago por capitación, que se pueden pagar anticipadamente, o por contra factura; “algunas EPS se tardan mucho tiempo, incluso más allá de los 180 días previstos para este tipo de trámites, por lo que el riesgo financiero se lo están trasladando a la IPS, que no suelen tener un músculo financiero para soportar el no pago de facturas”, cuestiona.

Así, aunque se trata de planear las atenciones a sus afiliados, es justamente esta situación la que está generando problemas de costos y sobrecostos en el Sistema de Salud del país.

¿Cuáles son los problemas del cálculo de UPC?

La economista Arévalo considera que el primer problema que se está presentando hoy es que no todas las EPS entregan su información; por ejemplo en el último año solo 15 lo hicieron, y de estas solo 8 tenían completa esta información, que se podría trabajar estadísticamente con los programas.

“Es decir, los cálculos se están haciendo con base en la información, en los lugares donde estén esas 8 EPS, y el resto de zonas no entran en el cálculo, no se sabe nada”.

“Al final para algunas zonas se establece un sobreprecio que no está basado en sus necesidades ni en su realidad; por tanto, reciben poco dinero para costos de transporte, por ejemplo; en esos lugares los medicamentos son mucho más costosos por el desplazamiento, muchas hay que ir en avión, en lancha, etc.

Otro problema se relaciona con los hallazgos del análisis adelantado en 2024 para la UPC de 2025, donde se encontraron datos exorbitantes. Por ejemplo, se encontraron casos de un solo paciente con 40.000 traslados en un mes; también había datos de medicamentos con sobreprecios.

Asimismo “se evidenció que las acciones de promoción y prevención de la enfermedad son muy pocas y se realizan en pocas regiones, una situación preocupante en el mediano plazo, ya que esto impactará en el incremento de las hospitalizaciones de los eventos de alto costo, lo que seguirá afectando al Sistema”, concluye la experta, quien ofreció sus aportes en la sección ABC de Periódico UNAL.

Denuncian presunta estafa y falsedad por parte de 36 IPS que facturaron servicios sin contar con la infraestructura física para prestarlos

DIrector general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez

El pasado 24 de febrero, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por no contar con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

El 12 septiembre de 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. Luego de auditorías realizadas desde 2023, se evidenció que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar su infraestructura para prestar servicios de salud.

De las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y, por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme; a diez, que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable. Tres más, están siendo notificadas.

La mayoría de estas IPS tiene su ubicación en la región Caribe en 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.

Del total de IPS con pagos suspendidos, solo a nueve se les resolvió favorablemente; cuatro más se encuentran en estudio por parte de ADRES.

Estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por 79.511 millones de pesos, pretensión que se impidió mediante los controles recién establecidos por la ADRES, que incluyeron desarrollos tecnológicos e informáticos capaces de señalar anomalías y desviaciones de las tendencias, como la implementación de auditorías en terreno para comprobar las irregularidades y velar de este modo por el cuidado de los recursos de la salud.

Los hallazgos ​​​de la ADRES

Las alertas en la entidad se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin SOAT o fantasmas, explica el director de la ADRES, Félix León Martínez, en su informe a la Fiscalía.

Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía General de la Nación son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la ADRES y un equipo interno de auditoría concurrente, capaces de validar las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.

Gobierno y VaxThera firman convenio para la producción de biológicos en el país

Como parte del compromiso por recuperar la soberanía sanitaria de Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud (INS) y VaxThera firmaron un convenio de cooperación para fortalecer la investigación, el desarrollo y la producción de biológicos y otras tecnologías en salud.

El objetivo es aunar esfuerzos en materia de cooperación científica, técnica y tecnológica de largo plazo, que promuevan la soberanía sanitaria y el desarrollo productivo del país en el sector biotecnológico.

Líneas de acción

El convenio contempla diversas líneas de acción, entre ellas:

- Intercambio y formación de investigadores en el desarrollo de insumos clave para la salud pública

- Fomento de investigaciones en biotecnología

- Formulación de proyectos conjuntos a lo largo del ciclo de vida de productos biológicos

- Transferencia tecnológica y de conocimiento entre los cooperantes y socios estratégicos

- Fortalecimiento del talento humano en el ecosistema de ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo de vacunas

- Implementación de mecanismos para el fortalecimiento de la vacunación en el país

- Identificación de biológicos prioritarios para su producción local en el corto, mediano y largo plazo.

Hito en soberanía sanitaria

Al anunciar la firma del acuerdo, el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó que “este convenio marca un hito en la recuperación de la soberanía sanitaria de Colombia. Con esta alianza, fortalecemos nuestra capacidad instalada para desarrollar y producir biológicos esenciales en el país, garantizando una respuesta más rápida y efectiva ante futuras emergencias en salud pública”.

A su vez, la directora del Instituto Nacional de Salud, Diana Pava, declaró: “Seguimos fortaleciendo nuestras capacidades en investigación, desarrollo y producción de biológicos en el país. Desde el Instituto, seguimos avanzando en la construcción de un sistema de salud más autónomo e innovador, reafirmando nuestro compromiso con la salud pública y la soberanía sanitaria de Colombia”.

Imágen: vaxthera.com

Por su parte, Jorge E. Osorio, CEO de VaxThera -con sede en Antioquia y EE.UU., e integrante del grupo SURA-, expresó: “La firma de este convenio es una clara muestra de la convicción que tenemos desde VaxThera en el sentido que la cooperación entre el sector público y el sector privado es determinante para garantizar a los colombianos que estaremos mejor preparados a los desafíos en salud pública”.

El gobierno actual cancelando dineros para la salud del 2022

La ADRES girará los recursos a las EPS para los presupuestos máximos.

El Gobierno nacional girará cerca de $820 mil millones para pagar el ajuste de los presupuestos máximos del sistema de salud correspondientes a la vigencia de 2022, según fallo de la Corte Constitucional.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió la Resolución No. 0369 del 19 de febrero de 2025 “Por la cual se reconoce como deuda pública de la Nación y se ordena el pago de la suma por concepto de ajuste de presupuestos máximos de la vigencia 2022”.

Se trata de la reliquidación en el pago de estos recursos determinado y liquidado por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES-, mediante acto administrativo, para dar cumplimiento a un fallo de la Corte Constitucional que ordenó la reliquidación de esa vigencia.

Mediante Auto 2049 de 2024, el tribunal constitucional ordenó ajustar los recursos de la vigencia 2022 destinados a financiar servicios, procedimientos y medicamentos que no están cubiertos por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), es decir, tratamientos de alto costo y baja frecuencia como las llamadas enfermedades raras.

Con la Resolución 0369/2025​, el Ministerio de Hacienda reconoce como “deuda pública de la nación” un total de $ 819.667 millones a favor de la ADRES y con cargo al rubro de Servicio de la Deuda del Presupuesto General de la Nación de la vigencia 2025.

La ADRES, por su parte, se encargará de entregar estos recursos a las Empresas Promotoras de Salud (EPS) que relaciona el documento, fondos que se harán en cuatro giros, así: en los meses de febrero, marzo y abril de 2025, tres giros cada uno por $200 mil millones; y en mayo, el último giro por $ 219.667 millones.

De esos $ 819.667 millones, cerca del 57 % ($ 467.197 millones) serán para las EPS del régimen contributivo, y el restante 43 % ($ 352.469 millones) se girarán al régimen subsidiado.

La relación de pagos establecida por la Resolución 0369 del 19 de febrero de 2025 es la siguiente:

Más de 198 mil afiliados de Coosalud y Compensar fueron reasignados a nuevas EPS

Desde el 1 de febrero de 2025, más de 198.000 afiliados de las EPS Coosalud y Compensar han sido asignados a nuevas entidades promotoras de salud dentro de un proceso en el que participan el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), de acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia Nacional de Salud.

Las personas a las que cobija este traslado podrán consultar a qué EPS han sido asignadas ingresando a: Consulta de Afiliados.

A través de este sitio, podrán acceder a la red de servicios de salud de su nueva EPS receptora y actualizar sus datos de contacto.

Con el fin de facilitar el acceso a los servicios de salud, el Ministerio de Salud recomendó a los afiliados cotizantes o cabeza de familia se comuniquen con la EPS asignada para actualizar sus datos básicos y los de su grupo familiar.

Esta cartera ha instruido a las EPS receptoras garantizar la atención integral de todos los pacientes, priorizando a aquellos con enfermedades de alto costo, madres gestantes, pacientes hospitalizados y personas con enfermedades crónicas.

En caso de no estar conformes con la EPS asignada, los usuarios podrán solicitar su traslado a otra EPS a partir del 1 de abril de 2025.

Finalmente, hizo un llamado a las Secretarías de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud para que supervisen la correcta prestación de los servicios de salud, asegurando que no se impongan barreras de acceso para la atención de los usuarios.

Para resolver cualquier duda o inquietud, los usuarios pueden comunicarse con la Superintendencia Nacional de Salud, a través de la línea gratuita nacional 018000513700, disponible las 24 horas del día.

Adicionalmente, pueden hacer uso del chat virtual en la página web de la Superintendencia www.supersalud.gov.co.

Distribución de afiliados por EPS

​La reasignación quedó distribuida de la siguiente manera:

Afiliados de Coosalud en La Guajira

— EPS Familiar de Colombia: 1.558 afiliados (subsidiado)

— Nueva EPS: 132 afiliados (contributivo)

— Anas Wayuu EPSI: 81 afiliados (6 contributivo y 75 subsidiado)

— Salud Total: 43 afiliados (contributivo)

Total: 1.814 afiliados.

Afiliados de Compensar en 10 departamentos (Antioquia, Atlánt​ico, Bolívar, Boyacá, Cauca, Meta, Norte de Santander, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca):

— Coosalud: 98.438 afiliados

— Salud Total: 59.260 afiliados

— Nueva EPS: 17.550 afiliados

— Comfaoriente: 15.013 afiliados

— Emssanar E.S.S: 5.104 afiliados

— EPS Familiar de Colombia: 630 afiliados

— EPS Sanitas: 258 afiliados

— Asmet Salud:140 afiliados

— Mallamas EPSI: 59 afiliados

— EPS S.O.S.: 10 afiliados

— Pijaos Salud EPSI: 8 afiliados

​— Cajacopi: 1 afiliado

Total: 196.471 afiliados.

Quienes recibieron la mayor cantidad de recursos

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que, en diciembre de 2024, dio cumplimiento oportuno a los giros realizados a las EPS e IPS, con una ejecución presupuestal de $83,2 billones, recursos con los que se garantizaron los servicios de salud de los afiliados al sistema.

Así se distribuyeron los recursos durante el mes de diciembre de 2024:

— La ADRES trasladó $3,1 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,6 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530 mil millones a las EPS.

— De otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,6 billones, de los cuales pagó directamente $2,2 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,3 billones a las EPS.

— Igualmente, más de $144 mil millones fueron garantizados para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general.

— Esto representa un valor superior a los $45 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de enfermedades y más $110 mil millones por 12.074 licencias de maternidad, 7.696 de paternidad y 79 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Datos del giro directo

De los recursos destinados para el sistema de salud en diciembre del año pasado, $4,8 billones se trasladaron directamente a 3.583 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud postulados por las EPS.

De estos dineros, $2,2 billones fueron para IPS del régimen contributivo y $2,6 billones para IPS del régimen subsidiado.

Es importante destacar durante la vigencia 2024, por giro directo a IPS y proveedores, la ADRES pagó $47,9 billones.

Esto representa un aumento del 116,7 % en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando estos recursos ascendieron a $ 22,1 billones.

Top 20 de las que más han recibido

La ADRES reveló el top 20 de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se beneficiaron en 2024 del giro directo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se destaca que estas instituciones recibieron el 22,82 % de los recursos entre enero y diciembre de 2024.

• Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio)

• Droguerías Cruz Verde

• Clínica Colsanitas

• Caja de Compensación Familiar (Cafam)

• Audifarma

• Fundación Valle del Lili

• Servicios de salud Suramericana

• Helpharma

• Centros Médicos Colsanitas

• Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’(sede Cartago)

• Instituto Nacional de Cancerología

• Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl

• Disfarma

• Fundación Cardiovascular de Colombia

• Clínica Medilaser

• Clínica de Occidente

• Hospital Pablo Tobón Uribe

• Virrey Solís IPS

• Mired Barranquilla

• Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

Acondicionada Nazareth.

Uribia (La Guajira), 15 de enero de 2025.- Después de más de diez horas de viaje por carretera, el hospital de campaña llegó al corregimiento de Nazareth, en el municipio de Uribia, La Guajira. Nueve vehículos fueron necesarios para transportar las 17 toneladas a través del desierto.

Antes de la llegada, la Unidad Nacional para el Riesgo de Desastres (UNGRD), en conjunto con la comunidad local, acondicionó el terreno en Nazareth para garantizar un espacio adecuado para su instalación temporal. El montaje comenzará en las próximas horas y estará listo esta semana.

Diseñado para atender hasta 40 pacientes en observación y hospitalización, el hospital cuenta con nueve carpas interconectadas y climatizadas, además de:

· Dos generadores eléctricos de 70 kilovoltios para asegurar autonomía energética.

· Duchas con motobomba y baños secos que encapsulan residuos sólidos, reduciendo el impacto ambiental.

· Sistemas de saneamiento ecológico que garantizan su funcionamiento continuo y seguro.

La logística del traslado se inició el pasado 9 de enero desde el Centro Nacional Logístico de la UNGRD en Mosquera, Cundinamarca.

Esta entidad lidera todo el despliegue logístico de transporte e instalación, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social se encargará de la atención médica, operación y mantenimiento del hospital de campaña.

La infraestructura busca atender las necesidades sanitarias y garantizar los servicios de salud en una de las comunidades más aisladas y afectadas por las recientes emergencias climáticas, en especial las sequías.

La instalación del hospital temporal es una respuesta directa al anuncio del presidente Gustavo Petro durante su visita a la región, en noviembre de 2024, cuando dio la instrucción de instalar el hospital de campaña y fortalecer los servicios de salud en zonas remotas y vulnerables de La Guajira.

Esta infraestructura forma parte de los tres hospitales de campaña con los que cuenta la UNGRD, listos para desplegarse en cualquier región del país que enfrente emergencias de gran impacto asociadas a fenómenos naturales, crisis humanitarias o situaciones de salud pública.

Movilizan hospital de campaña, el transporte dura 36 horas.

Desde el Centro Nacional Logístico de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en Mosquera, Cundinamarca, comenzó el operativo terrestre para trasladar el hospital de campaña que se instalará de manera temporal en Nazareth, corregimiento de Uribia, en la Alta Guajira.

La infraestructura está compuesta por nueve carpas interconectadas y climatizadas, equipadas con sistemas autónomos de energía y uno de saneamiento ecológico, que incorpora duchas y baños secos para minimizar el impacto ambiental.

Diseñado para responder a emergencias de gran magnitud, busca atender las necesidades sanitarias y garantizar los servicios de salud en las comunidades más aisladas y afectadas por las recientes emergencias climáticas. el hospital de campaña tiene una capacidad inicial de 40 camas, que puede ampliarse según las necesidades de la población, brindando atención tanto a personas en condiciones de observación como de hospitalización.

Su montaje tomará cerca de tres días, dependiendo de las condiciones climáticas y del terreno, luego de un traslado terrestre de aproximadamente 36 horas desde Bogotá.

El hospital temporal es una respuesta directa a la instrucción del presidente Gustavo Petro durante su visita a la región, en noviembre de 2024, en la que destacó la necesidad de fortalecer los servicios de salud en zonas remotas y vulnerables de La Guajira.

La operación es liderada por la UNGRD, que se encarga del transporte y montaje, mientras que el Ministerio de Salud y Protección Social asegura la dotación y operatividad del hospital.

Esta infraestructura forma parte de los tres hospitales de campaña con los que cuenta la UNGRD, listos para desplegarse en cualquier región del país que enfrente emergencias de gran impacto asociadas a fenómenos naturales, crisis humanitarias o situaciones de salud pública.

Atención a fallecidos, atención domiciliaria y otras inconsistencias de las EPS

El Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizó en noviembre del año pasado un ejercicio de contrastación para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció recientemente que el incremento de la UPC para el 2025 será de 5,3 por ciento.

Este análisis reveló inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con serias implicaciones para la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud.

Entre los resultados se encuentra el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).

Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general.

El informe también llamó la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país.

Estos resultados no solo evidencian inconsistencias en los datos reportados, sino que plantean interrogantes en los reportes de las EPS.

Asimismo, el análisis detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos.

En el análisis de medicamentos, el informe reveló que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.

El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.

Recomendaciones

Una de las conclusiones del estudio fue que el Ministerio de Salud subrayó la necesidad de implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC.

Asimismo, entre las recomendaciones se encuentran realizar una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, identificar y corregir inconsistencias, y validar la información frente a bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

El fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares también se destacó como una estrategia clave, permitiendo ahorros significativos en tratamientos de alto costo.

De la misma manera, el informe insistió en revisar las prácticas de contratación y precios en los servicios médicos y medicamentos, para evitar distorsiones en los costos reportados.

El Ministerio de Salud afirmó que estas medidas son esenciales para garantizar que los recursos del sistema de salud sean utilizados de manera eficiente y transparente, priorizando las necesidades reales de la población. Este ejercicio de contrastación realizado en 2024 representa un paso importante hacia la mejora del sistema y la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.

En 2025 las EPS recibirán $1,521,489.60 (UPC) por cada afiliado

Para la vigencia 2025, según lo anunció el Ministerio de Salud y Protección Social, el valor de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) tendrá un incremento del 5,3 %, adoptado con base en la inflación causada a noviembre de 2024 y la actualización en servicios y tecnologías en salud.

“Esta decisión responde a la necesidad de proteger los recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud ante la imposibilidad de efectuar un cálculo, debido a la baja calidad, poca confiabilidad y las inconsistencias detectadas en la información reportada por las EPS”, explicó esta cartera a través de un boletín de prensa, al anunciar el incremento de la UPC para 2025.

Al respecto, en un mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro manifestó que el “incremento de la UPC (del 5,3 % para 2025), representa un ascenso real respecto al pasado”.

El mandatario explicó que “la tasa de inflación de 5,4 % como medida de la UPC ya se produjo. Es inflación causada en el 2024 y no la esperada en el 2025”.

Agregó que “si la inflación esperada es 3 % (para 2025), el incremento de la UPC para salud tiene 2,4 % de incremento real sobre la inflación y ya puede subsumir el costo laboral que se incrementa en el salario mínimo del 9,4 %”.

Valores adicionales

En la nueva resolución se contemplan aumentos adicionales para regiones y ciudades

- Prima adicional por dispersión geográfica: Se reconoce un aumento del 10% en 363 municipios, resultando en una UPC anual de $1,673,640.00, con un valor diario de $4,649.00.

- Unidad de Pago por Capitación para ciudades. se le reconocerá para la vigencia 2025, una prima adicional del 9,86% en las ciudades de Armenia, Barrancabermeja, Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, Bello, Bogotá Distrito Capital, Bucaramanga, Buenaventura Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico, Cartagena de Indias, Distrito Turístico y Cultural, Cartago, Cúcuta, Dosquebradas, Floridablanca, Guadalajara de Buga, !bague, Itagüí, Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Palmira, Pasto, Pereira, Popayán, Riohacha, Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico, Santiago de Cali, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, Valledupar y Villavicencio, dando como resultado un valor de Unidad de Pago por Capitación UPC-C anual de $1.671.508,80), que corresponde a un valor diario de $4.643,08.

- Prima por zonas alejadas: en el departamento Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia, se mantiene una prima adicional del 37.9% dando como resultado un valor de $2.098.134, que corresponde a un valor diario de $5.828,15.

Razones del incremento de la UPC para 2025

Por su parte, el viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, emitió una declaración en la cual reiteró que la información reportada por las EPS, con base en la cual se calcula el incremento de la UPC, presentó en esta ocasión “serias inconsistencias”.

Indicó que, por ejemplo, en dicha información reportada por las EPS “hay un crecimiento abrupto, inusitado, en los valores y en las frecuencias de uso, lo que no guarda consistencia ni con los datos históricos ni con el perfil epidemiológico del país”.

Asimismo, expuso que las “EPS que certificaron el gasto no tienen todavía cerrado financieramente el año 2023. No está firmado por el revisor fiscal ni por el representante legal”.

El viceministro informó que, adicionalmente, “se pagaron precios a medicamentos que tienen control de precios y se pagaron por encima del precio que está establecido”, todo lo cual “genera mucha incertidumbre sobre esta información”.

Esta situación –sostuvo– llevó a que la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento “recomendara al Ministerio de Salud que se estableciera una UPC cercana al Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, cercana al 5,2 %”.

En consecuencia, la decisión fue incrementar en 5,3 % la UPC para 2025, manifestó el viceministro.

El Ministerio de Salud define la Unidad de Pago por Capitación (UPC) como el valor anual que se reconoce por cada uno de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para cubrir las prestaciones del Plan Obligatorio de Salud (POS), en los regímenes contributivo y subsidiado.

Resolución completa:

Resolución No 2717 de 2024

Vea la declaración del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez.​