Desarrollan tecnología para proteger piezas metálicas sin utilizar agua en su recubrimiento

Las piezas metálicas utilizadas en la industria requieren recubrimientos que las protejan de la corrosión y prolonguen su vida útil.

 Foto: Simon Battensby / AFP.

Bisagras, tornillos y otros componentes metálicos requieren recubrimientos protectores contra la oxidación para prolongar su vida útil. Tradicionalmente, la industria realiza este proceso mediante baños químicos y lavados con agua, generando residuos líquidos contaminantes que exigen un tratamiento especial. Como alternativa sostenible, investigadores de la UNAL Sede Manizales desarrollaron un sistema sin inmersión en líquidos enmarcado en el proyecto “Tecnologías limpias para la galvanotecnia”, liderado por el Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación (CDT) Innterfaz y dirigido por la profesora Elisabeth Restrepo Parra, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.

Planta piloto desarrollada en la UNAL Sede Manizales para aplicar recubrimientos protectores sin utilizar agua durante el proceso. Foto: Innterfaz.

El método empleado se denomina “deposición física en fase vapor asistida por plasma (PVD)”.

 Consiste en introducir las piezas en una cámara de vacío especial donde el material de recubrimiento se transforma en partículas de vapor que se adhieren a la superficie metálica formando una capa delgada a modo de barrera. El plasma —gas con partículas cargadas electricamente— facilita modificar las condiciones de formación del recubrimiento, evitando por completo el uso de grandes cantidades de agua y sustancias químicas típicas de la galvanotecnia convencional, eliminando así los vertimientos líquidos.

Del laboratorio a la industria

Para escalar la tecnología y adaptarla a piezas industriales, el equipo diseñó y construyó una planta piloto tras evaluaciones previas por simulaciones y cálculos computacionales. El sistema integra una cámara hermética de vacío, un mecanismo de regulación térmica y un controlador de suministro de gases para generar el plasma sin dañar las piezas por calor. Según explica el investigador Sebastián Mendoza Rincón, magíster en Ciencias de la UNAL, esto permitió preparar equipos aptos para geometrías y tamaños diversos.

Reactor de recubrimientos por plasma que permite tratar piezas metálicas sin generar los vertimientos líquidos de los baños químicos tradicionales.

 Foto: Innterfaz.

Las pruebas prácticas se realizaron con bisagras de acero de bajo carbono —comunes en puertas y gabinetes— utilizando un mecanismo giratorio capaz de alojar entre 90 y 120 bisagras por ciclo. Tratar lotes simultáneos permitió validar el comportamiento técnico fuera del entorno de laboratorio a pequeña escala.

Elisabeth Restrepo Parra, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UNAL Sede Manizales y directora del CDT Innterfaz.

 Foto: Innterfaz.

Para comprobar la resistencia frente al deterioro, los componentes se sometieron a una cámara de niebla salina con exposición controlada a soluciones salinas durante periodos de 230 a 500 horas. Los resultados indicaron que las piezas recubiertas conservaron su integridad sin señales visibles de oxidación, validando su desempeño para usos industriales.

Siguientes pasos y reconocimiento internacional

El proyecto contempla avanzar hacia la creación de un centro demostrativo donde diversas empresas puedan ensayar recubrimientos sobre sus productos. No obstante, para consolidar su viabilidad frente a los métodos convencionales, todavía resulta indispensable determinar los costos operativos, el consumo de energía y la durabilidad real de la protección en condiciones de uso cotidiano.

El proyecto “Tecnologías limpias para la galvanotecnia” se desarrolló en el campus La Nubia de la UNAL Sede Manizales.

 Foto: Unimedios Manizales.

Este esfuerzo científico se consolidó recientemente al obtener el Premio Magallanes-Elcano de Innovación Social 2026 en la categoría “Medioambiente, agricultura y energías limpias”, compitiendo con entidades de Argentina y España. La profesora Restrepo destacó que este galardón internacional premia una trayectoria de investigación de casi 30 años en alternativas de recubrimiento asistidas por plasma dentro de los grupos de la institución.

Defensoría del Pueblo: violencia actual se debe a lenta implementación del acuerdo de paz.

Víctimas de la violencia (archivo)

La defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, afirmó este miércoles que la violencia que hoy vive el país no es una consecuencia del acuerdo de paz que firmaron el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, sino de los pocos avances en su implementación.

«Les invito a mirar el problema de la violencia en los territorios de una manera distinta: la violencia de hoy no es responsabilidad del acuerdo, sino, en gran medida, del lento avance de la implementación», expresó Marín.

La funcionaria intervino durante la instalación del foro ‘La paz se construye por la vida: un compromiso constitucional, 10 años del Acuerdo Final de Paz’, organizado por la Defensoría para conmemorar el décimo aniversario de lo firmado por el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016.

En la jornada intervendrán los expresidentes Juan Manuel Santos (2010-2018), Iván Duque (2018-2022) y Gustavo Petro (2022-2026), cuyos gobiernos han sido los encargados de implementar el acuerdo.

«Extrañamos al Gobierno (actual), que hace parte de la discusión, pese a no estar presente», expresó Marín.

El pasado 7 de agosto tomó posesión el presidente Abelardo de la Espriella, quien se ha declarado contrario al acuerdo de paz y no envió representantes a este foro, pese a ser invitado.

Enfrentar la desigualdad

La defensora del pueblo reivindicó que «el acuerdo de paz atravesó tres gobiernos muy distintos ideológicamente y sigue en pie», e hizo una invitación a «que ese debate se siga dando, pero dentro de la senda de la Constitución, teniendo en cuenta lo que necesita el país, los derechos humanos de la gente, especialmente los territorios que han estado más asolados por la violencia».

«Hay deudas que hemos tenido antes del acuerdo y que tenemos después de él, principalmente con las víctimas y los territorios (…) El acuerdo quiso contribuir a saldarlas», señaló Marín.

Por eso advirtió que «la desigualdad —que es territorial entre las ciudades y el campo, que también tiene rostro étnico, de género, generacional, que afecta más a los más discriminados—» es el problema que Colombia debe superar para salir adelante.

«Si no tomamos en serio el reto de superar la profunda desigualdad en el país, quizás no acabaremos las violencias del pasado y del presente», dijo Marín.

Retos de la implementación

Para el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Jenca, «persisten retos importantes, de sostenibilidad y acceso a mercados; retos como la estigmatización, que impide que firmantes accedan a empleos (…) pero, sobre todo, persisten retos de seguridad».

Desde la firma del acuerdo, la misión ha verificado los homicidios de 501 combatientes; también persiste el reclutamiento de menores, la extorsión contra sus proyectos y los desplazamientos forzados, añadió.

Por eso, Jenca aseguró que «revertir esta situación debe ser una prioridad para todos» y reivindicó que «el acuerdo puso en marcha mecanismos para la prevención de la violencia», pese a que «su implementación ha sido poco articulada».

Para consolidar la seguridad se requieren mejores condiciones de vida y oportunidades económicas, mejores servicios públicos y mayor presencia de las instituciones», resaltó.

Corte ordena garantizar transporte escolar diario, continuo y seguro para estudiantes de una institución educativa rural

Imagen de referencia

La Personería Municipal de Pradera presentó una tutela en contra de dicho municipio, el Concejo Municipal y la Secretaría de Educación Departamental por la vulneración de los derechos a la educación, a la igualdad y a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa El Camino, sede Horizonte, ubicada en una zona rural de difícil acceso.

La entidad señaló que la política de transporte escolar se reducía a la entrega de un subsidio de $ 20.400 para cubrir parcialmente los costos de desplazamiento de los estudiantes, sin que existieran medidas que garantizaran efectivamente el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El Concejo Municipal reconoció que nunca elaboró estudios técnicos, administrativos ni operativos que sustentaran ese monto.

Al analizar el caso, la Sala Cuarta consideró que la controversia no se relacionaba con la validez del Acuerdo 123 de 2024 del Concejo Municipal de Pradera, que fijó el subsidio objeto de la controversia, sino con la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños y niñas que enfrentaban barreras para asistir regularmente a clases.

La Sala recordó que la accesibilidad material o geográfica y la permanencia regular son componentes del derecho a la educación y reiteró que las autoridades deben adoptar medidas efectivas para garantizar el acceso al servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas rurales. Asimismo, señaló que los derechos de los niños prevalecen sobre los de las demás personas y que su protección exige una respuesta reforzada por parte de las autoridades.

La Sala, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la presidió, revocó la decisión de segunda instancia que confirmó la improcedencia de la tutela y amparó los derechos a la educación, a la igualdad, a la seguridad y a la prevalencia del interés superior de los niños de cuatro estudiantes de la sede Letras de la Institución Educativa El Camino.

En consecuencia, le ordenó a la Alcaldía del Municipio de Pradera y al Departamento garantizar, en cinco días hábiles, el transporte escolar diario, continuo y seguro para los estudiantes beneficiarios de la decisión.

También le ordenó a la Alcaldía de Pradera elaborar un diagnóstico técnico, financiero y operativo del programa de transporte escolar, con participación de la comunidad educativa, la Personería Municipal, la Secretaría de Educación departamental y la comisión accidental del Concejo Municipal encargada de revisar el Acuerdo 123 de 2024. Con base en ese diagnóstico, la Alcaldía y el Concejo Municipal deberán ajustar el diseño y la implementación de la política de transporte escolar en las zonas rurales.

Adicionalmente, ordenó al Ministerio de Educación Nacional liderar la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la sentencia y acompañar el ajuste, diseño e implementación de la política de transporte escolar rural. Asimismo, solicitó a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento al cumplimiento de la decisión durante un año.

Sentencia T-204 de 2026

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Glosario jurídico

Accesibilidad material o geográfica: posibilidad de acceder físicamente al servicio educativo en condiciones que permitan la asistencia y permanencia de los estudiantes, superando barreras geográficas, de infraestructura o de movilidad.

Interés superior de los niños: principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las demás personas.

Juez ordena a la esposa de Abelardo de la Espriella, rendir cuentas de donaciones.

Ana Lucía Pineda (der) fue emplazada para que entregue un informe financieron sobre las donaciones en 48 horas.

(Imagen de archivo)Imagen: John Vizcaino /AP Photo /picture alliance

Un juez ordenó a la esposa de Abelardo de la Esriella publicar, en un lapso de 48 horas, las cuentas detalladas de las donaciones que recibió su fundación para atender a las víctimas de un devastador terremoto, según el fallo obtenido por la AFP el jueves (05.11.2026.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, está a cargo de buena parte de las contribuciones de privados para atender a cientos de miles de afectados y reparar los daños por el sismo de 7,4 grados ocurrido el 10 de agosto.

El juez ordenó a su fundación Luz y Sonrisas entregar un "informe de gestión" en el que detalle "de manera clara, precisa, congruente" qué ha hecho con los aportes que "recibió, administró, canalizó o distribuyó", de acuerdo con el documento.

La fundación, creada poco después de la elección del mandatario, informó en octubre haber recibido más de 17 millones de dólares.

Pero la oposición y algunos medios locales cuestionan que las donaciones anunciadas por De la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares.

Además aseguran que casi tres meses después las ayudas no están llegando a las zonas más afectadas en el oeste del país, donde las pérdidas se estiman en unos 9.500 millones de dólares.

La decisión responde a un recurso judicial interpuesto por el senador izquierdista Alejandro Ocampo.

"Ahora vamos a saber dónde está la plata", dijo el congresista en un video en X.

"Recursos no se utilizaron"

El informe presentado por Pineda indica que 48.000 personas recibieron ayuda humanitaria, sin especificar de qué tipo.

Tampoco detalla el dinero ejecutado en los lugares donde miles de viviendas, escuelas y hospitales quedaron en ruinas.

Pineda aseguró en una entrevista con Telecaribe que los recursos no se utilizaron "porque las ayudas humanitarias fueron suficientes". Agregó que el dinero se utilizará en una segunda fase de reconstrucción.

El 31 de octubre,  Ana Lucía Pineda, inauguró unas vallas en un municipio del departamento de Caldas (oeste), pero no entregó casas ni ayudas, lo que generó críticas.

"Cuando el gobierno dice que recojan en una fundación privada, ya ese dinero entra al escrutinio público", agregó Ocampo.

El fuerte terremoto dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas.

Dos soldados muertos deja un ataque con drones en el Chocó

Miembros del ELN en un campamento en la selva del Chocó.

(Imagen de archivo) Imagen: Raul Arboleda /AFP /Getty Images

Dos soldados murieron y cinco resultaron heridos tras un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), informó el lunes (02.11.2026) el ejército de Colombia.

Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz son los soldados que perdieron la vida en un atentado que las autoridades colombianas atribuyeron a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha mantenido sobrevuelos en el área, con el propósito de facilitar la extracción del personal que permanece en el lugar y su posterior evacuación hacia centros asistenciales, donde recibirán atención médica", señaló el Ejército en un comunicado.

El ataque fue perpetrado en San José del Palmar, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y dejó como resultado 335 fallecidos.

Además, se suma a una ola de violencia que sacudió al país el pasado fin de semana. El último ataque se registró la noche del domingo en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima (centro-sur), cerca de una base militar.

Como resultado, cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, al menos 15 quedaron heridas y los servicios de salud fueron afectados por la explosión.

Otro de los atentados fue perpetrado el sábado en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila (suroeste), y provocó la muerte del policía (patrullero) Julián Esmith Castaño López, quien realizaba una inspección por un centro comercial cuando una motocicleta cargada con explosivos explotó.

Antecedentes de fallas operativas generan temor para la conexión de 788 municipios.

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelanta vigilancia fiscal ordinaria sobre la ejecución y continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad TIC financiados con recursos públicos, entre ellos, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV).

El Contrato de Aporte No. 437 de 2011 contempla el desarrollo de la Red Nacional de Fibra Óptica para conectar 788 municipios del país comprometiendo recursos por más de $434 mil millones, actualmente cursa ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de autorización para la venta e integración de esta Red con el operador TV Azteca.

La Contraloría evidencia que la situación financiera y el proceso de reorganización empresarial de TV Azteca han generado antecedentes de fallas operativas reportadas en distintas regiones del país. Esta situación representa un riesgo para la continuidad del servicio por posibles eventos de suspensión de servicios y eventuales afectaciones a la continuidad de la conectividad en un número significativo de municipios, lo cual
impactaría directamente a alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad, entidades públicas y comunidades que dependen de esta infraestructura para el acceso a servicios esenciales y al ecosistema digital del Estado.

La Contraloría General de la República continuará ejerciendo vigilancia fiscal con el propósito de verificar la adecuada protección del patrimonio público, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la estabilidad de la infraestructura financiada con recursos públicos y la continuidad de los servicios de conectividad que benefician a la población, especialmente en las regiones más apartadas del país y el cual es considerado como servicio básico esencial y universal.

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