Gobierno radica cuatro proyectos para fortalecer la seguridad y la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, durante la presentación de las iniciativas legislativas ante el Congreso de la República.​

​La regulación del uso de drones, el mejoramiento de las condiciones de los soldados profesionales, el fortalecimiento de la atención a los veteranos y la actualización del régimen disciplinario militar hacen parte de las iniciativas legislativas presentadas por el ministerio de Defensa ante el Congreso de la República.

Uno de los proyectos busca regular el uso de drones en el país para prevenir que esta tecnología sea utilizada con fines ilegales o que represente riesgos para la seguridad. La propuesta establece mecanismos de supervisión y control, además de reglas para el uso excepcional de sistemas destinados a neutralizar drones en actividades de vigilancia y seguridad privada.

“Entregamos estos proyectos al Congreso y al nuevo Gobierno para que lo saque adelante, porque aquí lo que es superior es la seguridad, es la grandeza, es el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el ministro Sánchez.

Otro de los proyectos está enfocado en mejorar las condiciones de los soldados profesionales e infantes de marina de las Fuerzas Militares. La iniciativa contempla beneficios para cerca de 86.200 integrantes de estas especialidades, con mejores condiciones de carrera, reconocimiento económico durante su formación y gratuidad en los procesos de incorporación.

La agenda legislativa también incluye una reforma a la Ley de Veteranos, con el propósito de fortalecer la atención integral y el reconocimiento de quienes han servido al país. Para ello, se plantea la creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano, que permitirá una mayor articulación entre la Nación y las entidades territoriales para garantizar el acceso a beneficios y programas.

Finalmente, el ministerio de Defensa presentó una propuesta de reforma al Código Disciplinario Militar para actualizar las normas vigentes y alinearlas con la jurisprudencia nacional e internacional. Según la cartera, el proyecto busca brindar mayores garantías a los integrantes de las Fuerzas Militares y fortalecer la transparencia, la justicia y la legitimidad de los procesos disciplinarios.

Estudio de la Superservicios revela que la integración vertical en el mercado de energía eléctrica no reduce las tarifas al usuario

​​El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón (Izq.), en la presentación del estudio.

La caracterización financiera de las empresas del mercado de energía eléctrica muestra que la integración vertical produce mayores márgenes operacionales y capacidad de inversión, pero no menores costos para el usuario final.

Esta es una de las principales conclusiones del estudio 'Integración vertical en el mercado de energía eléctrica colombiano: caracterización financiera, análisis tarifario y recomendaciones regulatorias'​, divulgado por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

En el documento, el Observatorio Nacional de Servicios Públicos Domiciliarios de la entidad de vigilancia y control analizó el comportamiento tarifario y financiero de los agentes del Sistema Interconectado Nacional (SIN) entre 2021 y 2025 con el propósito de evaluar si la integración vertical genera ventajas competitivas indebidas o costos adicionales para los usuarios del servicio.

Principales conclu​siones del estudio

El documento recoge varias de las principales conclusiones del Observatorio Nacional de Servicios Públicos, entre ellas, las siguientes:

- El marco normativo colombiano no prohíbe la integración vertical, pero la somete a principios de neutralidad, transparencia, eficiencia, libre competencia y no discriminación, además de límites a las compras propias para atender demanda regulada. “Estos mecanismos resultan relevantes, pero insuficientes para reducir posibles ventajas indebidas", resalta el estudio.

- Las pruebas estadísticas confirman diferencias significativas entre grupos empresariales, principalmente en los componentes comercialización, generación y distribución. El componente de comercialización presenta el patrón de diferenciación más pronunciado, al ser el único sobre el que los agentes tienen control directo.

- El análisis por mercado confirma que las diferencias entre grupos se mantienen en la mayoría de los mercados, con mayor divergencia en: Valle del Cauca, Bogotá-Cundinamarca y Caribe Mar; y mayor homogeneidad en: Cali-Yumbo-Puerto Tejada y Pereira.

La relación entre integración vertical y menores tarifas no es sistemática: en mercados como Cartago, Ruitoque y Quindío, los comercializadores puros registran costos iguales o superiores.

- Las empresas integradas verticalmente presentan mayores márgenes operacionales, rentabilidad y capacidad de inversión que el resto de los agentes, lo cual es consistente con la menor dispersión observada en los componentes de generación y comercialización, pero no se traduce, de manera sistemática, en menores costos para el usuario regulado.

​Las recomen​​daciones

Así mismo, el documento recoge varias recomendaciones para las empresas del sector energético:

- Avanzar en una revisión profunda de las dinámicas de contratación del mercado, incluyendo propuestas como la anonimización de las compras de energía, para garantizar transparencia y criterios homogéneos de asignación.

- Revisar los esquemas de contratación y los mecanismos de cierre en la Bolsa de Energía, que generan exposiciones financieras significativas para empresas sin integración vertical, en particular en mercados con mayores vulnerabilidades socioeconómicas.

- Profundizar el análisis de la contratación de energía de cada comercializador —contraparte, cantidad, mecanismo, precio y plazo— para establecer las causas de los mayores valores del componente de generación y evaluar el efecto de los límites a las compras propias.

- Avanzar en la implementación de la nueva metodología de remuneración de la actividad de comercialización (proyecto de Resolución Creg 701 038 de 2024), que esa entidad estima podría reducir hasta en un 40 % el componente de comercialización en la región Caribe.

El superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, informó que el estudio será remitido a la Creg y al Ministerio de Minas y Energía, como insumo técnico para el desarrollo normativo del sector.

Además, la entidad de vigilancia y control mantendrá un seguimiento periódico y desagregado -por empresa, mercado, año, mes y componente del costo unitario- del comportamiento tarifario de los agentes integrados verticalmente.

‘Más de 120 mil documentos electorales no tenían el candado de seguridad Hash’: presidente Gustavo Petro

​​El presidente Gustavo Petro aseguró la manipulación electoral se dio en al menos el 10% de los puestos de votación​.

En declaración que entregó a medios nacionales e internacionales en la Casa de Nariño, el jefe de Estado aseguró que cerca de 70 mil testigos digitales, expertos en informática, “se convirtieron en el verdadero poder de escrutinio en Colombia, porque los testigos electorales presenciales no estaban en capacidad de detectar el fraude. Este asunto ya no es solo para abogados sino para expertos en informática", dijo.

El mandatario aseguró que ese movimiento de testigos digitales encontró que en 1.350 puestos electorales se descubrió algo que llaman 'Test de rachas', “que nos muestra si hay un patrón predeterminado y estadístico para poner una votación en las mesas, que no es el de la realidad, es aleatorio, no se rige por un patrón matemático exacto. Los seres humanos no somos así, pero ese patrón ha sido hallado, afecta 1.350 puestos de votación que, sumados, son 7 millones de votos", afirmó.

También se refirió el presidente Petro a los llamados 'bloques' y dónde se encuentran, y se muestra en cada mesa un bloque ordenado de quiénes votan por Abelardo (De la Espriella) y quiénes por (Iván) Cepeda, en qué zonas, y muestran que eso se rige no por la decisión popular sino por una fórmula matemática determinada previamente, es decir un software".

En su intervención, el jefe de Estado denunció que “por primera vez se desarrolla un fraude electoral a partir del manejo del software y los algoritmos", y agregó que el de Colombia no es el primer caso: “ya van cinco casos de manipulación de elecciones con software israelíes", concluyó.

Presidente Petro llamó a organizar “guardias libertadoras” para defender a las comunidades y el poder popular en Cauca

​El presidente Gustavo Petro pidió a los sectores sociales del Cauca organizar mecanism​os comunitarios de protección, en particular las guardias libertadoras para contrarrestar los asesinatos.

El jefe de Estado hizo un llamado a las organizaciones indígenas, campesinas, populares y estudiantiles del Cauca para conformar “guardias libertadoras”, con el propósito de responder a la violencia que ejercen estructuras del narcotráfico contra líderes sociales y comunidades del departamento.

En su cuenta de la red social X el mandatario aseguró que en el Cauca se registra una ofensiva contra organizaciones populares y autoridades indígenas.

“Ataca el fascio narcotraficante a las organizaciones populares del Cauca con atentados contra la vida de verdad. Atentado contra las autoridades indígenas y contra el diputado del Pacto Histórico; comenzó el tradicional baile rojo de la muerte”, escribió el presidente X.

En este contexto, pidió a los sectores sociales del departamento organizar mecanismos comunitarios de protección: “Le solicito al movimiento indígena, campesino, popular y estudiantil del Cauca organizar las guardias libertadoras para contrarrestar a los asesinos organizados con la fuerza de la red y el poder popular”.

El jefe de Estado agregó que el próximo 7 de agosto se deben organizar en Cali las guardias bolivarianas.

“Cali debe aprovechar el 7 de agosto para que en asambleas populares se organicen las guardias libertadoras y las formas de resistencia. Minimizar las muertes del pueblo y maximizar el poder popular como gobierno real en los territorios agredidos”, escribió al explicar el objetivo de estas organizaciones.

A su vez, señaló que las “guardias libertadoras” deberían actuar en coordinación con la Fuerza Pública cuando esta cumpla su misión constitucional de proteger a la población. Asimismo, sostuvo que los integrantes del Ejército tienen el deber de servir al pueblo y cuestionó a los mandos que actuarían al servicio de organizaciones criminales.

De otro lado, explicó que estas guardias “solo obedecen órdenes de su comunidad en asamblea” y que será cada comunidad la que determine “si deben armarse o no, de acuerdo con la magnitud de la agresión”.

El jefe de Estado fue enfático al afirmar que, bajo ese esquema, “no hablamos de un nuevo paramilitarismo sino del derecho del pueblo a defender su vida”.

En su mensaje vinculó esta propuesta al escenario político, de cara a las elecciones locales y regionales en octubre del 2027. Al respecto puntualizó que “no es el momento de candidaturas y egos” y planteó que las alianzas territoriales deben centrarse en la defensa de la vida, el respaldo a las reformas sociales impulsadas por su Gobierno y la consolidación del poder popular en los territorios.

El presidente, por último, manifestó que el objetivo es fortalecer la participación ciudadana en las decisiones locales y reiteró que ese proceso debe desarrollarse dentro del respeto por quienes no comparten su proyecto político.

“Nunca olvidar que somos la mayoría del pueblo colombiano, respetamos a la Colombia aún no libre y no ejercemos violencia contra ella; se aplican todos los principios constitucionales sin distingo de posición política en las áreas del poder popular”, concluyó.

MinTransporte defendió adjudicación de contratos de vías terciarias

​“Si hubiera asistido al empalme, junto con el equipo que nos informaron que iba a asistir, tendría la información clara”, dijo María Fernanda Rojas, ministra de Transporte sobre las críticas sobre contratos de vías terciarias.​

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, respondió a los cuestionamientos formulados por la ministra designada del próximo gobierno sobre la adjudicación de contratos del Instituto Nacional de Vías (Invías) por más de $3,2 billones, asegurando que los procesos cumplen con la normatividad vigente y hacen parte de una planificación adelantada desde finales de 2025.

Explicó que las iniciativas cuentan con respaldo legal y presupuestal, además de responder a necesidades históricas de comunidades en La Guajira. “Porque son proyectos que han pasado por un riguroso proceso de planificación desde finales de 2025, amparados en la Ley de Contratación, el Estatuto Orgánico de Presupuesto y demás normas que los reglamentan”.

“Las concesiones, por ejemplo, también pueden emplear vigencias futuras. En este caso se realizó una licitación pública con todas las de la ley. Se cumple además con la sentencia T-302 de 2017 que ordena inversiones en La Guajira desde hace 9 años y este proceso se realizó con estricto cumplimiento del mandato de la mesa del Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (Messep)”, declaró la funcionaria.

La ministra agregó que estas inversiones beneficiarán directamente a los habitantes de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, territorios priorizados dentro de las acciones orientadas a mejorar la conectividad y cerrar brechas de infraestructura en la región Caribe.

Rojas también defendió la continuidad de los compromisos adquiridos por administraciones anteriores y destacó los avances logrados durante el actual Gobierno en materia de infraestructura vial. “En este Gobierno del Cambio respetamos los contratos y las vigencias futuras que firmó el gobierno de Duque para vías re​gionales. Adelantamos y en muchos casos desenredamos numerosos contratos, por un total de $15 billones, de dicho período presidencial; la mayoría tuvo el mayor porcentaje de ejecución en este gobierno, no en el anterior”, señaló.

Finalmente, la ministra indicó que la información sobre los proyectos adjudicados hace parte del proceso formal de empalme y se encuentra consignada en los informes oficiales publicados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), así como en las rendiciones de cuentas del Sector Transporte.

Asimismo, aseguró que estos detalles quedarán incluidos en su informe de gestión sectorial, de conformidad con lo establecido por la ley.

Entró en servicio Ventanilla Social que facilita el acceso al Registro Universal de Ingresos: nueva modificación al Sisbén

​El Sisbén ahora se transforma en el Registro nacional de Ingresos, que deberán implementan todas las entidades del Estado que ofrezcan programas sociales.​

A partir de este sábado 1 de agosto el Departamento Nacional de Planeación (DNP) puso en servicio la Ventanilla Social, nuevo instrumento que facilita el acceso ágil y directo para conocer toda la información sobre la modificación del Sisbén, que no desaparece, pero evoluciona al Registro Universal de Ingresos (RUI).

A través del Decreto 0662 de 2026, el DNP creó el RUI, instrumento que le permite al Gobierno de las Oportunidades focalizar mejor la política social del Estado mediante el cruce de información de los hogares del Sisbén con registros administrativos en todas las entidades del Estado, para actualizar la información de los hogares, optimizar la inversión social y hacer más transparente la asignación de los programas.

El RUI cruza información del Sisbén con datos de diferentes bases estatales a través del Registro Social de Hogares e integra datos de la Dian, Pila, ministerios de Educación Nacional y Salud y Protección Social, Registraduría Nacional del Estado Civil y registros de propiedad, entre otras fuentes. Esto permite contar con información más completa y actualizada para mejorar la focalización de los programas y recursos de la oferta social.

“Esta es una decisión de justicia social. Si tenemos mejor información sobre la realidad de los hogares, podemos orientar mejor los recursos públicos para evitar que quienes realmente necesitan la ayuda queden por fuera. Estamos modernizando el Estado para que la inversión social llegue donde tiene que llegar”, dijo Natalia Irene Molina Posso, directora del DNP.

Para tener en cuenta:

A partir del 1 de agosto de 2026:

- Las entidades públicas y los particulares que ejercen funciones públicas transitan obligatoriamente al uso del RUI para la focalización de programas sociales.

- Para proteger a la población más vulnerable, el Gobierno garantizó que los beneficiarios que ya estaban focalizados a través del Sisbén al 31 de julio de 2026, tendrán un proceso de transición extendido hasta el 31 de octubre de 2026.

Durante este periodo, los hogares podrán consultar y verificar su información.

- Cada entidad responsable de programas sociales publicará sus propios esquemas de transición y nuevos puntos de corte basados en el RUI, manteniendo siempre estrategias de pedagogía ciudadana permanente.

La creación del RUI y la Ventanilla Social estaba contemplada en el artículo 70 del Plan Nacional de Desarrollo, para mejorar la focalización de la oferta social.

Gobierno Petro deja contratados cerca de 7 gigavatios de energías limpias para fortalecer el abastecimiento eléctrico del país

​​​7 gigavatios están listos para garantizar el abastecimiento eléctrico ​de la próxima década en Colombia​

El Gobierno nacional culminó la subasta de energías limpias con la adjudicación de 995 megavatios de generación solar y cerca de 100 megavatios en sistemas de almacenamiento con baterías, una decisión que busca fortalecer la seguridad energética del país y garantizar el suministro de electricidad durante la próxima década.

Según el balance oficial, el proceso marca un hito para el sector eléctrico al incorporar por primera vez sistemas de almacenamiento con baterías en una subasta de este tipo.

La nueva capacidad contratada permitirá diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de fuentes tradicionales, ofrecer mayor respaldo en momentos de alta demanda y mejorar la respuesta del sistema frente a fenómenos climáticos como El Niño.

En la primera jornada fueron adjudicados contratos por 390 MWh diarios, incluidos cerca de 100 megavatios en baterías, capacidad suficiente para cubrir el consumo de más de 67.000 hogares durante las horas de mayor demanda. Posteriormente, en la segunda ronda se asignaron 725 megavatios para nuevos parques solares, cuya producción abastecerá a más de 800.000 familias mediante contratos de largo plazo con una vigencia de 15 años. En conjunto, la energía adjudicada representa cerca del 3 % de la demanda regulada del país.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, destacó que el siguiente paso será garantizar que los proyectos adjudicados se conviertan en infraestructura operativa.

"Con esta histórica subasta no solo dejamos contratada la energía que el país necesitará en los próximos años; dejamos cerca de 7 gigavatios listos para consolidarse como la base del abastecimiento eléctrico de la próxima década. El gran reto del próximo Gobierno será garantizar que estos proyectos entren en operación y se conviertan en energía en firme para los hogares, la industria y el desarrollo del país", afirmó.

El Gobierno sostuvo que este proceso deja las bases para un sistema eléctrico más sólido, con mejores condiciones regulatorias, infraestructura estratégica y proyectos viables que permitan consolidar la transición energética y asegurar el abastecimiento de electricidad para los próximos años.