¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​
El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

Gobierno canceló la licencia de funcionamiento de empresa de vigilancia y seguridad privada Vipers

Por graves incumplimientos de la normatividad que rige el funcionamiento de las empresas del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento a la empresa de vigilancia y seguridad privada Vipers Ltda. que opera en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Montería y Sincelejo, entre otras.

Según se indicó, la empresa contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma, cuenta con 2.911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores.

Esta decisión, adoptada en primera instancia a través de la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surgió como resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacaron:

· Presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública.

· Prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia.

· Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.

· Operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación.

· Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema Renova.

· Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

Una vez en firme la decisión, corresponderá al representante legal de la empresa, en su calidad de titular de los permisos concedidos, adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas, así como adoptar las medidas que correspondan frente a las situaciones verificadas en la investigación.

La decisión administrativa se encuentra dentro del término legal para la interposición de recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, y su ejercicio corresponde exclusivamente a la empresa y a su representante legal, en el marco de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa.

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Gobierno ordenó a la comercializadora de gas Vanti ajustar tarifas y devolver cobros indebidos a los usuarios en el centro del país.

En una decisión sin precedentes, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenó a la comercializadora Vanti S.A. – ESP ajustar sus tarifas de gas natural y devolver los cobros indebidos realizados a los usuarios desde diciembre de 2024.

Es la primera vez que la entidad de vigilancia y control adopta una medida de esta naturaleza para proteger los derechos de los usuarios y ordena la adopción de normas corporativas para evitar que se repitan cobros indebidos.

La medida, formalizada en la Resolución No. 20251000201245 del 6 de mayo de 2025, impone a la empresa un Programa de Gestión con tres órdenes clave: recalcular tarifas, reintegrar el 100 % de los cobros indebidos y adoptar nuevas reglas de gobierno corporativo para garantizar que Vanti S.A. no vuelva a incurrir en cobros indebidos.

La Superintendencia detectó que Vanti aplicó incrementos injustificados del 4,95 % en enero y del 35,5 % en febrero, a pesar de contar con gas natural nacional suficiente para abastecer la demanda residencial.

Según el organismo de control, la empresa simuló una menor disponibilidad de gas para justificar la importación, la cual tiene un costo superior, y con ello elevar artificialmente los precios que pagan más de 2,5 millones de hogares en Bogotá y Cundinamarca.

El organismo de vigilancia y control explicó que tras la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la comercializadora encontró que existía vigente con Ecopetrol un contrato de suministro de gas nacional, por tanto “Vanti S.A. disponía de suficiente gas, pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente, con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial. Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales".

Agrega la decisión de la Superservicios que “esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio público de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca".

“Es la primera vez que esta Superintendencia impone un Programa de Gestión, figura vigente desde el año 2015 que está en armonía con la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/94, art. 79) y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar", señala la información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por esta razón, en la Resolución mencionada se ordena iniciar el proceso sancionatorio y remitir copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la Fiscalía General de la Nación.

“De acuerdo con los lineamientos del Presidente de la República, el principal interés de esta medida es garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos como un derecho", destaca la entidad de vigilancia y control.

Presentada nueva y más completa Consulta Popular

La Consulta Popular que el Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a radicar este lunes en la Secretaría del Senado de la República tiene 16 preguntas: las 12 inicialmente presentadas y 4 más sobre el sector salud.

Entre las nuevas preguntas se destacan temas como acceso a medicamentos, conversión de las EPS en gestoras de salud, giro directo de recursos a clínicas y hospitales, atención primaria y garantías para trabajadores del sector.

En el acto de radicación estuvieron los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; Interior, Armando Benedetti, y Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Las 16 preguntas de la Consulta Popular

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p.m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?
7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?
10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
13. ¿Está de acuerdo con el que el Gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
14. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
15. ¿Está de acuerdo que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?
16. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

La mayor parte de la ciudadanía respalda la consulta: MinTrabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó durante el acto de radicación: “Ya todos sabemos lo que ha ocurrido con la pretensión de un sector de la plenaria del Senado de la República de obstruir la posibilidad de que los colombianos y colombianas en las urnas decidamos la suerte de la reforma laboral. Y sabemos también que hay la pretensión de obstruir por segunda vez la reforma a la salud”.

“Por esa razón ha querido el presidente de la República que el ministro de la Salud, en funciones presidenciales y en su representación, junto con el ministro del Interior y quien les habla, el ministro del Trabajo, con la firma de todos los ministros del Gabinete como lo ordena la ley, radiquemos de nuevo la solicitud de Consulta Popular, con las 12 preguntas que corresponden a los asuntos laborales y cuatro preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas”, precisó.

De acuerdo con el titular de la cartera laboral, “sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta y quieren decidir la suerte de sus derechos laborales y sus derechos a la salud en las urnas”.

Sanguino se refirió a las recientes encuestas según las cuales la mayoría de la ciudadanía rechaza las pretensiones de un sector del Senado de imponer una mordaza al pueblo colombiano.

“Aunque hay unas acciones jurídicas que están adelantándose respecto a la votación que ocurrió en la plenaria del Senado el día miércoles de la semana pasada, nosotros hemos decidido reiterar, en cabeza del presidente de la República, la convocatoria a que la soberanía popular se exprese en las urnas. Así que hemos acudido a la Secretaría del Senado de la República para radicar esta nueva solicitud de Consulta Popular para que el Senado en su plenaria se pronuncie ojalá de manera clara, transparente e inequívoca sobre esta nueva solicitud”, puntualizó el ministro de Trabajo.

El pueblo debe dirimir el conflicto: MinInterior

Por su parte, el ministro de Interior, Armando Benedetti, resaltó: “Esta nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud. El derecho al trabajo y el derecho a la salud son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en nuestro establecimiento jurídico, y resulta que a la hora de legislar no se encuentran porque el Congreso no lo ha querido hacer. Dicho esto, es el pueblo quien debe dirimir ese conflicto que hay entre el Congreso y el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que el Congreso al día de hoy no se ha pronunciado sobre la Consulta hundida, y esta es una nueva Consulta y las dos están hoy vivitas y coleando en el Congreso de la República”, afirmó.

Nos toca recurrir al pueblo: MinSalud

A su vez el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó: “ustedes saben muy bien que la Cámara de Representantes ha aprobado en dos ocasiones el proyecto de la reforma a la salud, pero desafortunadamente la Comisión VII del Senado no quiso discutir la reforma que se aprobó el año pasado en la Cámara”.

Explicó que “la Cámara ha cumplido, a sabiendas de qué es lo que ha sucedido. Ha solucionado todas y cada una de las diferentes inquietudes. Doce artículos están aceptados por todas y cada una de las EPS para transformarse. Se dice que no hay aval financiero. Desde septiembre hay aval financiero. Se volvió a dar un aval financiero porque dicen que no hay recursos. Y resulta que la Cámara no solamente aprobó nuevos recursos, sino que esos recursos para el año entrante serían de seis billones de pesos”.

Recalcó que fuera de esto, para los próximos diez años, al 2034, el aumento de la salud con respecto al PIB se incrementará un punto. “O sea que estamos hablando de 20 billones de pesos en que aumentarían los recursos de la salud. Entonces se han venido solucionando cada uno de los problemas, cada una de las solicitudes que nos han presentado”.

“Hoy no podría haber ninguna objeción, como no la tuvo la Cámara de Representantes, pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República”, sostuvo el titular de la cartera de Salud.

Y puntualizó: “Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo, el pueblo que es superior a sus dirigentes, para que sean ellos los que ratifiquen estas preguntas”, puntualizó.

Presidente Petro convoca cabildo abierto

A través de su cuenta en la red X, luego del hundimiento de la Consulta Popular, el presidente Petro había expresado: “Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular, como jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”.

En otro mensaje, el jefe de Estado afirmó: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor de que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”.

“Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”, dijo el mandatario.

Y anunció: “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía y conservar la paz y la alegría”.

“Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”, resaltó el presidente Petro.

‘Bochornosa trampa’

De otro lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado en esa ocasión que se trató de una trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

“Bochornosa trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la Consulta Popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49/47 a favor del NO escamoteando la soberanía popular”, expresó el titular de la cartera laboral en la red X.

‘Esto es un delito’: MinInterior

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que “se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”.

De acuerdo con Benedetti, “(Efraín) Cepeda y el secretario general incurrieron en delitos, en falta de ética y moral para hundir la Consulta Popular. El secretario general del Senado agregó votos por el No una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario”.

Obligación de las EPS's de asegurar medicamentos o sustitutos

Aun en los eventos en los que el fármaco esté desabastecido, la EPS tiene el deber de asegurar la reformulación y la entrega efectiva del fármaco sustituto que establezca el médico tratante.

Treinta ciudadanos a través de acciones de tutela solicitaron el suministro de los medicamentos que sus EPS, en su momento, quedaron pendientes por entrega o fueron negados. La Sala Segunda de Revisión, integrada por el magistrado Juan Carlos Cortés González, quien la preside, la magistrada Diana Fajardo Rivera y el magistrado Vladimir Fernández Andrade, amparó el derecho a la salud y, como medida provisional, ordenó la entrega inmediata de los medicamentos.

Al respecto, la Sala reiteró que el servicio de salud debe responder eficazmente a las necesidades de los usuarios, garantizando la totalidad de tratamientos, medicamentos y procedimientos prescritos por el médico tratante. Enfatizó que la falta de entrega oportuna de medicamentos esenciales, así como la interrupción de tratamientos continuos, puede poner en riesgo la vida y la integridad de los pacientes. Esta situación resulta más grave cuando afecta a personas en situación de vulnerabilidad o que gozan de especial protección constitucional.

Del mismo modo, la Corte recordó que el suministro farmacéutico hace parte del derecho a la salud, con fundamento en los principios de accesibilidad e integralidad, por lo que su garantía debe ser completa, oportuna y continua, sin que razones administrativas o presupuestales justifiquen su privación o interrupción.

En el caso concreto de las 30 tutelas estudiadas, la Sala identificó tres escenarios, a los que respondió de manera diferenciada.

En primer lugar, evidenció que, aunque el medicamento ordenado por el médico tratante fue prescrito, este podría no haber sido entregado de forma oportuna desde el momento de su recomendación hasta la fecha. En segundo lugar, la Corte halló casos en los que la información no fue actualizada por las partes. Y, por último, encontró procesos en los que, pese a que el medicamento fue entregado, la necesidad de tratamiento continuo también implicaba asegurar las entregas pertinentes.

En ese sentido, para proteger el derecho a la salud, la Sala ordenó a las EPS accionadas, entre otras medidas, suministrar el medicamento en las dosis, forma y periodicidades dispuestas por los médicos tratantes en la prescripción médica que se encuentre vigente o que haya perdido vigencia por razón de la demora en el suministro del medicamento y que esté pendiente de entrega.

De igual manera, en aquellos casos de tratamientos continuos, en los que hay evidencia de que el fármaco se entregó por la EPS o IPS, pero el médico tratante prescribe nuevamente su suministro, ordenó que este sea entregado máximo 72 horas antes de que la formulación que se entregó anteriormente se agote y que, al momento de efectuar la entrega del medicamento, también se programe y se fije la fecha de la siguiente entrega.

En aquellos eventos en los que el Invima advierta el desabastecimiento de alguno de los medicamentos prescritos en cada uno de los expedientes acumulados, la Corte ordenó a las EPS asegurar la valoración médica inmediata del paciente, para identificar las bioequivalencias necesarias y evitar la interrupción del tratamiento.

Para garantizar el cumplimiento de estas medidas, la Sala de Revisión encomendó la vigilancia del asunto a la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y a la Superintendencia Nacional de Salud, solicitando habilitar canales para el seguimiento y acompañamiento a los pacientes.

M.P. Juan Carlos Cortés González

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