Corte ordena garantizar transporte escolar diario, continuo y seguro para estudiantes de una institución educativa rural

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La Personería Municipal de Pradera presentó una tutela en contra de dicho municipio, el Concejo Municipal y la Secretaría de Educación Departamental por la vulneración de los derechos a la educación, a la igualdad y a la seguridad de los niños, niñas y adolescentes de la Institución Educativa El Camino, sede Horizonte, ubicada en una zona rural de difícil acceso.

La entidad señaló que la política de transporte escolar se reducía a la entrega de un subsidio de $ 20.400 para cubrir parcialmente los costos de desplazamiento de los estudiantes, sin que existieran medidas que garantizaran efectivamente el acceso y la permanencia en el sistema educativo. El Concejo Municipal reconoció que nunca elaboró estudios técnicos, administrativos ni operativos que sustentaran ese monto.

Al analizar el caso, la Sala Cuarta consideró que la controversia no se relacionaba con la validez del Acuerdo 123 de 2024 del Concejo Municipal de Pradera, que fijó el subsidio objeto de la controversia, sino con la garantía efectiva del derecho a la educación de los niños y niñas que enfrentaban barreras para asistir regularmente a clases.

La Sala recordó que la accesibilidad material o geográfica y la permanencia regular son componentes del derecho a la educación y reiteró que las autoridades deben adoptar medidas efectivas para garantizar el acceso al servicio educativo de los niños, niñas y adolescentes que habitan en zonas rurales. Asimismo, señaló que los derechos de los niños prevalecen sobre los de las demás personas y que su protección exige una respuesta reforzada por parte de las autoridades.

La Sala, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la presidió, revocó la decisión de segunda instancia que confirmó la improcedencia de la tutela y amparó los derechos a la educación, a la igualdad, a la seguridad y a la prevalencia del interés superior de los niños de cuatro estudiantes de la sede Letras de la Institución Educativa El Camino.

En consecuencia, le ordenó a la Alcaldía del Municipio de Pradera y al Departamento garantizar, en cinco días hábiles, el transporte escolar diario, continuo y seguro para los estudiantes beneficiarios de la decisión.

También le ordenó a la Alcaldía de Pradera elaborar un diagnóstico técnico, financiero y operativo del programa de transporte escolar, con participación de la comunidad educativa, la Personería Municipal, la Secretaría de Educación departamental y la comisión accidental del Concejo Municipal encargada de revisar el Acuerdo 123 de 2024. Con base en ese diagnóstico, la Alcaldía y el Concejo Municipal deberán ajustar el diseño y la implementación de la política de transporte escolar en las zonas rurales.

Adicionalmente, ordenó al Ministerio de Educación Nacional liderar la coordinación interinstitucional para garantizar el cumplimiento de la sentencia y acompañar el ajuste, diseño e implementación de la política de transporte escolar rural. Asimismo, solicitó a la Defensoría del Pueblo hacer seguimiento al cumplimiento de la decisión durante un año.

Sentencia T-204 de 2026

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Glosario jurídico

Accesibilidad material o geográfica: posibilidad de acceder físicamente al servicio educativo en condiciones que permitan la asistencia y permanencia de los estudiantes, superando barreras geográficas, de infraestructura o de movilidad.

Interés superior de los niños: principio constitucional según el cual los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de las demás personas.

Juez ordena a la esposa de Abelardo de la Espriella, rendir cuentas de donaciones.

Ana Lucía Pineda (der) fue emplazada para que entregue un informe financieron sobre las donaciones en 48 horas.

(Imagen de archivo)Imagen: John Vizcaino /AP Photo /picture alliance

Un juez ordenó a la esposa de Abelardo de la Esriella publicar, en un lapso de 48 horas, las cuentas detalladas de las donaciones que recibió su fundación para atender a las víctimas de un devastador terremoto, según el fallo obtenido por la AFP el jueves (05.11.2026.

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, está a cargo de buena parte de las contribuciones de privados para atender a cientos de miles de afectados y reparar los daños por el sismo de 7,4 grados ocurrido el 10 de agosto.

El juez ordenó a su fundación Luz y Sonrisas entregar un "informe de gestión" en el que detalle "de manera clara, precisa, congruente" qué ha hecho con los aportes que "recibió, administró, canalizó o distribuyó", de acuerdo con el documento.

La fundación, creada poco después de la elección del mandatario, informó en octubre haber recibido más de 17 millones de dólares.

Pero la oposición y algunos medios locales cuestionan que las donaciones anunciadas por De la Espriella en sus redes sociales suman más de 200 millones de dólares.

Además aseguran que casi tres meses después las ayudas no están llegando a las zonas más afectadas en el oeste del país, donde las pérdidas se estiman en unos 9.500 millones de dólares.

La decisión responde a un recurso judicial interpuesto por el senador izquierdista Alejandro Ocampo.

"Ahora vamos a saber dónde está la plata", dijo el congresista en un video en X.

"Recursos no se utilizaron"

El informe presentado por Pineda indica que 48.000 personas recibieron ayuda humanitaria, sin especificar de qué tipo.

Tampoco detalla el dinero ejecutado en los lugares donde miles de viviendas, escuelas y hospitales quedaron en ruinas.

Pineda aseguró en una entrevista con Telecaribe que los recursos no se utilizaron "porque las ayudas humanitarias fueron suficientes". Agregó que el dinero se utilizará en una segunda fase de reconstrucción.

El 31 de octubre,  Ana Lucía Pineda, inauguró unas vallas en un municipio del departamento de Caldas (oeste), pero no entregó casas ni ayudas, lo que generó críticas.

"Cuando el gobierno dice que recojan en una fundación privada, ya ese dinero entra al escrutinio público", agregó Ocampo.

El fuerte terremoto dejó más de 330 muertos y destruyó más de 30.000 viviendas.

Dos soldados muertos deja un ataque con drones en el Chocó

Miembros del ELN en un campamento en la selva del Chocó.

(Imagen de archivo) Imagen: Raul Arboleda /AFP /Getty Images

Dos soldados murieron y cinco resultaron heridos tras un atentado perpetrado con drones cargados con explosivos en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó (oeste), informó el lunes (02.11.2026) el ejército de Colombia.

Luis Alejandro Melo Gutiérrez y Juan de la Cruz Méndez Ortiz son los soldados que perdieron la vida en un atentado que las autoridades colombianas atribuyeron a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"La Fuerza Aeroespacial Colombiana ha mantenido sobrevuelos en el área, con el propósito de facilitar la extracción del personal que permanece en el lugar y su posterior evacuación hacia centros asistenciales, donde recibirán atención médica", señaló el Ejército en un comunicado.

El ataque fue perpetrado en San José del Palmar, epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto y dejó como resultado 335 fallecidos.

Además, se suma a una ola de violencia que sacudió al país el pasado fin de semana. El último ataque se registró la noche del domingo en el municipio de Planadas, en el departamento del Tolima (centro-sur), cerca de una base militar.

Como resultado, cuatro personas murieron, entre ellas una bebé de dos meses, al menos 15 quedaron heridas y los servicios de salud fueron afectados por la explosión.

Otro de los atentados fue perpetrado el sábado en el municipio de Algeciras, en el departamento del Huila (suroeste), y provocó la muerte del policía (patrullero) Julián Esmith Castaño López, quien realizaba una inspección por un centro comercial cuando una motocicleta cargada con explosivos explotó.

Antecedentes de fallas operativas generan temor para la conexión de 788 municipios.

La Contraloría General de la República, a través de la Contraloría Delegada para el Sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, adelanta vigilancia fiscal ordinaria sobre la ejecución y continuidad de proyectos estratégicos de infraestructura y conectividad TIC financiados con recursos públicos, entre ellos, el Proyecto Nacional de Fibra Óptica (PNFO) y el Proyecto Nacional de Conectividad de Alta Velocidad (PNCAV).

El Contrato de Aporte No. 437 de 2011 contempla el desarrollo de la Red Nacional de Fibra Óptica para conectar 788 municipios del país comprometiendo recursos por más de $434 mil millones, actualmente cursa ante la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de autorización para la venta e integración de esta Red con el operador TV Azteca.

La Contraloría evidencia que la situación financiera y el proceso de reorganización empresarial de TV Azteca han generado antecedentes de fallas operativas reportadas en distintas regiones del país. Esta situación representa un riesgo para la continuidad del servicio por posibles eventos de suspensión de servicios y eventuales afectaciones a la continuidad de la conectividad en un número significativo de municipios, lo cual
impactaría directamente a alcaldías, hospitales, instituciones educativas, organismos de seguridad, entidades públicas y comunidades que dependen de esta infraestructura para el acceso a servicios esenciales y al ecosistema digital del Estado.

La Contraloría General de la República continuará ejerciendo vigilancia fiscal con el propósito de verificar la adecuada protección del patrimonio público, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la estabilidad de la infraestructura financiada con recursos públicos y la continuidad de los servicios de conectividad que benefician a la población, especialmente en las regiones más apartadas del país y el cual es considerado como servicio básico esencial y universal.

Media Maratón de Cundinamarca

¿Qué se sabe de las operaciones simuladas que el Comando Sur ejecutará en Colombia?

Imagen de archivo de tropas estadounidenses y colombianas en ejercicios conjuntos

Imagen: Vanessa Gonzalez /NurPhoto /picture alliance

Más de 300 soldados estadounidenses llegarán a Colombia para realizar entrenamientos conjuntos contra el narcotráfico en el marco de la alianza de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella, según informó el Ministerio de Defensa. La visita busca fortalecer la cooperación internacional, la interoperabilidad y la preparación táctica ante grupos armados ilegales.

Los ejercicios, denominados Vanguardia del Sur 2026 (VS26), se desarrollarán entre el 27 de octubre y el 11 de noviembre, teniendo como sede principal el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca. La iniciativa reúne a más de 800 uniformados y es patrocinada por el Comando Sur de EE. UU.

• Fuerzas participantes: Participan soldados de la infantería ligera del Batallón de Montaña del Ejército de EE. UU. (unidad de élite para terrenos difíciles) y el Batallón Contra el Narcotráfico N.° 1 del Ejército de Colombia.

• Objetivos principales: Combatir el narcotráfico, la explotación ilícita de yacimientos mineros y neutralizar las amenazas con drones cargados de explosivos.

• Áreas de instrucción: Los escenarios abarcan operaciones de seguridad terrestre, interdicción marítima, ciberdefensa, cooperación interinstitucional y respuesta a sistemas aéreos no tripulados.

• Simulacro médico: A partir del 30 de octubre se simulará la atención y evacuación aeromédica de personal herido en áreas minadas desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería en Bogotá, empleando aeronaves y equipos especializados.

El Comando Sur destacó que esta cuarta edición refuerza la alianza estratégica de seguridad entre ambas naciones. Por su parte, Colombia integra la iniciativa regional "Escudo de América" junto a una veintena de países para contrarrestar el crimen organizado con el respaldo de Estados Unidos como su principal socio de defensa.

Proyecto de ley de drones se prepara para segundo debate con ajustes a su regulación

Los ponentes buscan consolidar un texto unificado que incorpore observaciones del Gobierno, autoridades técnicas y usuarios, antes de su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.

 Fortalecer las reglas para el uso, la operación y el control de drones en Colombia es el propósito de los ajustes que adelantan los ponentes del Proyecto de Ley 088 de 2026 Cámara, iniciativa que ya fue aprobada en primer debate y que se prepara para su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Durante una mesa de trabajo realizada en la Comisión Segunda, representantes del Gobierno Nacional, autoridades especializadas, expertos y usuarios de estas tecnologías presentaron observaciones y propuestas orientadas a identificar vacíos normativos, precisar responsabilidades institucionales y mejorar las disposiciones sobre seguridad, importación, comercialización y operación de estos equipos.

Al inicio de la jornada, el representante Juan Manuel Londoño Jaramillo, ponente del proyecto, explicó la metodología de trabajo e invitó a los asistentes a plantear observaciones, proponer modificaciones e identificar disposiciones que podrían ajustarse o eliminarse para fortalecer el articulado antes de su segundo debate.

Reglas claras para la importación y comercialización

Uno de los asuntos centrales fue la importación de drones. Un usuario de estos equipos con fines deportivos expuso las dificultades que enfrentan quienes realizan estos trámites y señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades competentes, especialmente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ante los vacíos que, según indicó, dificultan los procedimientos.

En este contexto, Diana Paola Morales Mora, subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), respaldó la iniciativa y destacó la importancia de establecer reglas claras para la importación y comercialización de estos equipos, así como para el uso de sistemas antidrones.

A partir de estas observaciones, el representante José Octavio Cardona León, coordinador ponente del proyecto, invitó al Gobierno Nacional a participar activamente en la construcción de la propuesta y aportar sus conocimientos técnicos para avanzar hacia una regulación acorde con las necesidades del país.

El capitán de fragata Fernando de Aquiles, encargado de coordinar los asuntos relacionados con drones en el Ministerio de Defensa, reconoció la importancia de avanzar en esta regulación, pero advirtió que el articulado requiere ajustes para garantizar su viabilidad y efectividad. Entre los aspectos que consideró necesario precisar mencionó la regulación de los sistemas antidrones, la identificación del operador final y la distribución de responsabilidades entre las entidades involucradas.

Al cierre de la mesa de trabajo, el representante José Octavio Cardona León anunció que las entidades participantes podrán remitir por correo electrónico sus observaciones y propuestas, con el propósito de incorporarlas al análisis y evaluar su inclusión en el articulado.

También informó que solicitarán una prórroga del plazo de revisión para disponer de más tiempo para estudiar los aportes y avanzar en la consolidación de un texto unificado que llegue fortalecido a la plenaria de la Cámara de Representantes.

El proyecto busca establecer un marco regulatorio integral para los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos como drones. Entre sus disposiciones contempla un registro nacional a cargo de la Aeronáutica Civil, requisitos de certificación para pilotos, reglas de operación en el espacio aéreo, sanciones, pólizas de responsabilidad civil y medidas para proteger la privacidad.