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Cuenta de Twitter afirma que los indígenas están en "peligro de extinción" y las redes estallan

La controversia surgió tras la publicación de un tuit donde se advertía sobre la violencia de la que son víctimas los pobladores originarios por parte de quienes explotan recursos naturales.

Minga indígena en Bogotá, Colombia, el 21 de octubre de 2020
Legion-Medua - XChepaxBeltranx

Un tuit publicado por una cuenta que difunde información histórica y cultural sobre Colombia ha causado gran rechazo entre sus seguidores, que consideran que se usó un término no apropiado para alertar sobre el peligro que corren los pueblos indígenas en sus comunidades.

"Los indígenas americanos están en peligro de extinción por la violencia de los latifundistas y la minería extractiva", dice el trino de la cuenta Historia de Colombia, que acumula casi 300.000 seguidores en Twitter.

La expresión "peligro de extinción" fue usada por la cuenta para advertir sobre la violencia, expolio y los asesinatos de los miembros de las comunidades originarias por parte de los latifundistas y mineros que quieren apropiarse de sus tierras para explotar recursos naturales.

Los internautas consideran el uso de este término como un acto de racismo y discriminación debido a que es utilizado para referirse a especies animales y vegetales cuya vida se encuentra amenazada por la acción directa de los humanos, la deforestación y el cambio climático.

¿Genocidio o extinción?

La mayoría de las personas coincidió en que "genocidio" podría ser uno de los términos para hablar del asesinato sistemático de los indígenas, que además se han visto afectados por los conflictos entre grupos armados ilegales por el control territorial.

Otro tuitero considera que lo más exacto sería referirse a "extinción física y cultural", que consiste en la "eliminación por completo (genocidio y/o integración con otras culturas, que resulta en su desaparición tanto en términos de lenguaje como costumbres)", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

En Colombia, según la Corte Constitucional, hay 35 pueblos en riesgo, mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) maneja otra cifra y afirma que son 64, debido a que cada uno de ellos cuenta con menos de 500 miembros.


Hasta ahora la cuenta Historia de Colombia no ha hecho alguna aclaración sobre lo publicado.

Corte Penal Internacional cIerra casos, pero sigue “vigilante”

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en Bogotá que su oficina cerrará el caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (...) y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar", aseguró Khan, quien puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino que es el comienzo de una "nueva relación" con una "interacción continua".

Defensa del acuerdo de paz

Khan destacó la importancia del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que insistió en que el convenio de cooperación suscrito este jueves con la CPI implica el resguardo de ese pacto de paz.

En ese sentido, hizo énfasis en el compromiso establecido por Bogotá para permitir el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), que se encarga de la justicia transicional en el país.

"El Gobierno y la República acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que las demás cortes y todo el sistema judicial reciban los fondos que requieren, y garantizar que no existirá ninguna interferencia política en el proceso", indicó el fiscal.

En su turno, Duque recordó que en el año 2004 la CPI abrió un examen preliminar sobre Colombia para que "se conociera la verdad, se le diera cabida plena a la justicia y también a los principios de reparación y no repetición", por lo que consideró que el cierre de esa etapa constituye un "paso histórico" y un "reconocimiento del esfuerzo" de su país para esclarecer los crímenes.

Examen preliminar

Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde el 2004, y que abarca crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad, desde 2002, cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares.
Visita de la Corte Penal Internacional a Colombia y Venezuela

Desde el lunes 25 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. Khan, realiza una misión de 10 días a América Latina, que incluye visitas oficiales a Colombia y Venezuela. La misión a la región se basa en las que el Fiscal ya ha mantenido, tanto en persona como virtualmente, con múltiples interesados en relación con ambas situaciones.

El fiscal Khan y su delegación mantienen reuniones con diferentes partes interesadas, incluidas reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial, representantes del cuerpo diplomático, así como con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

"Estas visitas reflejan el compromiso del fiscal Khan de aumentar el compromiso directo con la región y de explorar vías de cooperación de acuerdo con el principio”, dijo la CPI.

Colombia afirma estar "totalmente alineada" con la "nueva estrategia" antidrogas de EE.UU.

El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que su política está "totalmente alineada" a la "nueva estrategia" antidrogas anunciada recientemente por EE.UU., que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Bogotá, Colombia, el 20 de octubre de 2021Luisa Gonzalez-Pool-Reuters

Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano. Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto.

Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de "rendición de cuentas" sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí.

Este requerimiento desde la Casa Blanca también pende sobre el Gobierno de Duque, que ha sido señalado por entes internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de permitir el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de este año, que se saldaron con alrededor de 80 fallecidos, según la ONG Indepaz (la Fiscalía recoge solo 20 muertos).

¿Qué responde Colombia?

El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva "estrategia holística antinarcóticos" entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecían las tres líneas gruesas del trabajo conjunto, que se centra en la "reducción de la oferta de drogas", la "seguridad y desarrollo rural integral" y la "protección ambiental", el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban "totalmente alineados".

En unas breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de "mecanismos de precisión donde corresponda", que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.

El mandatario también hizo referencia a la 'Ruta Futuro', una política gubernamental para enfrentar el "problema de las drogas" que va desde el consumo hasta la elaboración y la distribución, y dijo que gracias a esta han tenido "las mayores incautaciones de droga en el país",que superan las 500 toneladas junto con destrucción de laboratorios".

¿Qué es el "enfoque holístico"?

Un policía colombiano en un campo de coca en Tumaco,
departamento de Nariño, Colombia, el 30 de diciembre de 2020
uan BARRETO - AFP
Distintos medios se han referido a un cambio de abordaje de la política antinarcóticos estadounidense en territorio colombiano, casi un año después de que una comisión de la Cámara de Representas catalogara de "fracaso" el 'Plan Colombia', una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.

En esta "nueva estrategia" de la ONDCP, hay un "enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental", según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.

Sus tres líneas transversales son:

- Reducción de la oferta y la demanda de drogas, a través de la erradicación, destrucción de laboratorios, esfuerzos contra el lavado de dinero y enjuiciamiento de los narcotraficantes.

- Seguridad y desarrollo rural integral, que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, protección de los líderes sociales y ampliar la formalización de la tierra, entre otros.

- Protección ambiental, lo que contempla monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen a los narcotraficantes, "la negación de un santuario para los grupos armados ilegales" y un "sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad".

Las peticiones de Blinken

Lo planteado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ya había sido delineado la semana pasada por Blinken durante su primera visita como secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, país al que Biden considera uno sus aliados más importantes en la región para "hacerle frente" a los "múltiples retos" que "enfrentan" las democracias dentro y fuera del hemisferio.

A grandes rasgos, Blinken se refirió a temas que han estado entre los reclamos de varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que han afirmado reiteradamente que no han tenido eco en el Gobierno de Duque. Una constante en sus demandas es el cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que consideran como piedra angular del actual conflicto entre grupos armados por el control territorial y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.

Blinken pidió "atacar las raíces del narcotráfico" como "la inequidad, la corrupción, la impunidad" para "invertir en la prevención y la recuperación de quienes están luchando contra la adicción". Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil.

El espinoso tema de los derechos humanos

Para el jefe de las Relaciones Exteriores de EE.UU., el "nuevo enfoque" no solo pasa por mantener la "cooperación y reforzar el cumplimiento de la ley para reducir la violencia", sino en tener "los derechos humanos como núcleo".

Al referirse a "la rendición de cuentas" de los derechos humanos, mencionó las "violaciones y abusos" cometidos durante el conflicto, "en respuesta a las protestas a principios de este año" y contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales.

Sobre los derechos humanos y las protestas ya hubo controversia entre Duque y la CIDH debido a que el mandatario afirmó que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad" en correspondencia con los señalamientos del Gobierno que apuntaban hacia deslegitimar las protestas porque en ellas se cometían "actos vandálicos y terroristas" y bloqueos de las vías.

En su diálogo con Blinken, Duque insistió en que su Administración tiene una política de "tolerancia cero" con cualquier tipo de violación y con el "vandalismo, los ataques a la Fuerza Pública y cualquier agresión a la institucionalidad".

A pesar de estas peticiones de Blinken sobre los derechos humanos de los manifestantes durante las movilizaciones, en su oportunidad la respuesta de Washington no fue inmediata, como sucede cuando ocurren protestas en otros países de la región, y fue tildada de tibia por sectores del Congreso que pedían acciones contundentes contra el Gobierno colombiano.
Nathali Gómez

Dinámica y heterogeneidades del crédito comercial en el período de pandemia

El Reporte de Estabilidad Financiera del Banco de la República del primer semestre de 2021 muestra que, durante los primeros seis meses de 2020 y en un contexto de recesión derivado de la pandemia global, el crédito comercial total de las instituciones financieras colombianas a las empresas aumentó significativamente. Este fenómeno lo ilustran las líneas azules en los paneles A y B del Gráfico 1. A partir del segundo semestre de 2020 el saldo de cartera comercial total empezó a desacelerarse, lo cual suscitó inquietudes sobre la dinámica del crédito a las firmas en el contexto actual de reactivación de la economía.


Un análisis de los datos revela que este comportamiento de la cartera comercial total pudo haber estado explicado por la búsqueda de liquidez por parte de algunas pocas firmas grandes al comienzo de la pandemia, con el fin de suavizar la caída de su ingreso. Estas firmas hicieron uso de sus líneas de crédito preestablecidas e iniciaron el pago de su deuda a partir del tercer trimestre de 2020. Por ello, para entender bien el flujo reciente de crédito al sector productivo de la economía, resulta relevante analizar la distribución de la evolución de la cartera comercial entre firmas, especialmente entre aquellas que accedieron a préstamos durante el comienzo de la pandemia y aquellas que no lo hicieron.

Con este fin, se calcularon los desembolsos de cartera comercial de los establecimientos de crédito a cada empresa entre diciembre de 2019 y junio de 2020 (período de comienzo de la pandemia) utilizando el Formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Este cálculo revela que un total de 84.625 firmas aumentaron su endeudamiento en alguna magnitud durante ese período. Sin embargo, el 1% de las firmas que más aumentaron su endeudamiento en ese período
1, responden prácticamente por la totalidad del aumento y la posterior reducción de la cartera comercial total, como lo ilustran las líneas rojas en los paneles A y B del Gráfico 1.

Ahora bien, si excluye aquel 1% con mayor crecimiento de su endeudamiento y se analiza el resto de firmas2 se obtienen las líneas amarillas en los paneles A y B del Gráfico 1. Como puede verse, esta medida de la cartera comercial es relativamente estable y, a partir del cuarto trimestre de 2020, tiene un aumento de su tasa de crecimiento. Si, en lugar del 1%, se excluye el 10% o el 20% de firmas que más se endeudaron en aquel período3, se obtienen las líneas vinotinto y gris, respectivamente. En este caso, se observa una caída de la cartera comercial en el primer semestre de 2020 y una vigorosa recuperación posterior con un crecimiento nominal anual superior al 5% en junio de 2021, en línea con la mayor actividad económica.

En síntesis, el ciclo de la cartera comercial observado desde el comienzo de la emergencia sanitaria exhibe una importante heterogeneidad “temporal” en el flujo de crédito comercial: al comienzo de la pandemia el crédito fluyó principalmente a un número reducido de empresas con grandes desembolsos, mientras que a partir de finales de 2020 ha fluido al resto del universo de empresas.

Gráfico 1. Dinámica del crédito comercial

Panel A. Saldo de cartera

Panel B. Crecimiento nominal anual de la cartera

Fuente: Cálculos del Banco de la República a partir del Formato 341 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

 1 El grupo del 1% de firmas que más accedió al crédito está compuesto por 846 empresas que participaron con el 41,3% de la cartera comercial a junio de 2020, y de las cuales 809 son empresas grandes. Una firma clasifica en este grupo si sus desembolsos en el período diciembre de 2019-junio de 2020 superan COP 5,9 miles de millones.

2 El grupo de firmas excluyendo al 1% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 426.621 empresas.

3 El grupo de firmas excluyendo al 10% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 419.004 empresas con desembolsos inferiores a COP 349,1 millones en el mismo período. El grupo de firmas excluyendo al 20% que más accedió al crédito en el primer semestre de 2020 está compuesto por 410.541 empresas con desembolsos inferiores a COP 119,5 millones en el mismo período.

La caída de 'Otoniel' no es el fin del Clan del Golfo

Los expertos sostienen que "no habrá un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo".

Tras la captura este sábado de Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', el máximo jefe del Clan del Golfo, las autoridades colombianas ya estudian quién podría quedar como nuevo cabecilla de esta organización criminal.

Un posible candidato es Wilmer Antonio Giralda Quiroz, alias 'Siopas', que, según la estructura que reveló el Ejército de Colombia sobre el Clan del Golfo, es el segundo cabecilla al mando.

Giralda Quiroz, de 40 años, se desempeña como jefe de la estructura conocida como 'Jairo de Jesús Durango', con más de 500 hombres a su mando. En su contra hay una circular azul emitida por Interpol, y en Colombia tiene un proceso por asociación para delinquir.


Siopas' tiene fuerte incidencia en el departamento del Choco y está involucrado en el homicidio de varios líderes sociales. Además, se le acusa de varios ataques contra la Fuerza Pública, por lo que desde hace varios meses es un objetivo importante para las autoridades.

Sin embargo, se presume que Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo', tiene más probabilidades de ser el nuevo cabecilla del grupo criminal.

"Es 90 % seguro que ahora el mando del Clan del Golfo lo tiene 'Chiquito Malo', si él tomara la decisión de no asumir el mando lo asumiría alias 'Siopas' quién está dominando todo el Suroeste Antioqueño", declaró la ONG Corpades a Caracol Radio.

¿Quién es alias 'Chiquito Malo'?

Según las autoridades, Ávila Villadiego, de 44 años, tiene la confianza de 'Otoniel', ya que llevan una trayectoria de casi 20 años de vida criminal juntos. 'Chiquito Malo' se apartó del Bloque Bananeros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en octubre de 2004, pero siguió delinquiendo al lado del Clan Úsuga, nombre con el que se conocía anteriormente al Clan del Golfo.

'Chiquito Malo' siempre ha estado al frente de las actividades de producción y comercialización de cocaína en la organización, llegando a ser uno de los comandantes de la estructura que se mueve en la región de Urabá y el municipio de Turbo, en el departamento colombiano de Antioquia. Posteriormente asumió como líder de esa subestructura.

En su contra hay una circular roja emitida por Interpol y una solicitud de extradición a los Estados Unidos, por el delito de narcotráfico. En Colombia, las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 500 millones de pesos (133.000 dólares aproximadamente) por información que permita dar con su paradero.

Respecto al futuro del grupo armado tras la captura de 'Otoniel', el investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, Esteban Salazar, sugirió que "no va a haber un gran cambio organizativo por parte del Clan del Golfo. "Las economías ilegales se van a mantener, incluso vienen en auge", comentó.

Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, puntualizó que la Fuerza Pública continuará desmantelando al Clan del Golfo y ya va tras la pista de los dos cabecillas.

Denuncian a 71 congresistas que votaron por cambios en la Ley de Garantías

La denuncia se dio por el presunto delito de prevaricato y por la posible vulneración contra la Constitución y la ley.

Por: Coprensa.- Ante la Corte Suprema de Justicia fueron denunciados 71 representantes a la Cámara por el presunto delito de prevaricato, luego de la discusión del artículo incluido en el Presupuesto General de la Nación para 2022, que terminó con la suspensión de la Ley de Garantías.

El tema lo habían advertido varios congresistas de la oposición luego del debate en la plenaria de la corporación, por la posible vulneración contra la Constitución y la ley que estarían cometiendo al votar afirmativamente el artículo 125 del proyecto.

Este artículo pretendía la suspensión del inciso primero del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, con el objetivo de que las entidades del orden nacional y territorial pudieran celebrar convenios administrativos e interadministrativos para la ejecución de recursos públicos.

El representante Germán Navas Talero señaló que “los miembros de la Cámara sabían de antemano que, de votar ese ‘articulito’, estarían violando la ley, puesto que una ley estatutaria no puede ser derogada con una ley ordinaria, como lo estarían haciendo al aprobar el mencionado apartado”.

Agregó que “esto nada tenía que ver con el tema de presupuesto, por eso para mí, no es más que un mico que le terminaron colgando a ese proyecto”.

La representante Ángela María Robledo afirmó que “esos mismos congresistas prevaricaron con la complicidad del ministro de Hacienda y les hicieron votar un artículo para acabar con la Ley de Garantías, una Ley Estatutaria en el marco del trámite de una Ley Orgánica”
La denuncia, radicada este viernes ante la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, fue firmada por los representantes Juanita Goebertus, David Racero, Inti Asprilla, María José Pizarro, Fabián Díaz, Ángela María Robledo y Germán Navas Talero.

El CRIC denuncia. Seis indígenas heridos en Cauca.

El lunes 18 de octubre civiles armados atacaron a la comunidad del Resguardo Indígena de Quintana con armas de fuego y armas de fogueo, como resultado de este ataque resultaron heridos seis integrantes de la comunidad indígena.

Imagen: resguardodequintana.wordpress.com

La denuncia es realizada por el CRIC mediante comunicado público, indican en el comunicado que se denunció el hecho agresor ante la Policía Nacional, reclaman las comunidades que la respuesta que ha dado la Alcaldía de Popayán es la de movilizar a la Fuerza pública, Ejercito Nacional, Policía Nacional y Escuadrón Móvil Antidisturbios- ESMAD, para que intervenga con acciones violentas y gases lacrimógenos vencidos.

El CRIC Denuncia y Rechaza las agresiones al territorio, la identidad, la cultura y el ejercicio político organizativo de la autoridad ancestral, Guardia Indígena y comunidad del Resguardo Paéz de Quintana.

En el comunicado, la comunidad indígena rechaza los comentarios de la Policía Nacional donde relacionan a los pueblos indígenas con “bloqueos de la vía pública”, estos señalamientos “atentan contra la armonía y el equilibrio, transgreden la dignidad de los pueblos indígenas, ponen en riesgo la vida de nuestros líderes, lideresas, defensores de los derechos humanos y el territorio. El actuar de la Policía deja entre ver su indebida diligencia, pues la exacerbación del conflicto armado, principalmente por hechos victimizantes relacionados con amenazas, hostigamiento, lesiones personales a la comunidad han ocurrido constatándose la presencia de la Fuerza Pública, ocasionando graves afectaciones a la comunidad y el territorio ancestral”.

“La comunidad indígena Responsabiliza al Gobierno Nacional en cabeza del Presidente de la Republica de Colombia IVAN DUQUE MARQUEZ, al Ministerio del Interior, Dirección de Asuntos Indígenas Rrom y Minorías, Ministerio de Defensa, Policía Nacional/ Gobernación del Departamento del Cauca, porque ha hecho caso omiso a las denuncias verbalizadas y el no fortalecimiento de los mecanismos de protección colectiva de las comunidades para la salva guarda del territorio, la vida y la paz. De igual manera a los grupos armados legales e ilegales y grupos paramilitares que atenten en contra de la vida de comuneros, guardia indígena y Autoridades Tradicionales del territorio”.

“Las Autoridades Ancestrales, Guardia Indígena y comunidad del Territorio Ancestral de Quintana, nos declaramos en asamblea permanente y convocamos a todos los territorios activar los mecanismos de defensa de la vida y el territorio, fortalecer la Minga Hacia Adentro, a traves de recorridos territoriales”. Concluye el comunicado.

Justicia para Jineth Bedoya. Estado colombiano culpable por la violación de derechos.

“Tortura física, sexual y psicológica contra Jineth no pudieron llevarse a cabo sin la colaboración del Estado”: sentencia de la Corte IDH

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió histórica sentencia en el caso de la periodista Jineth Bedoya Lima contra Colombia, donde analiza por primera vez el uso de la violencia sexual como forma de silenciamiento y control en contra de una mujer periodista en el marco del conflicto armado colombiano.


"El 18 de octubre de 2021 pasa a la historia como el día en que una lucha, que empezó por un crimen individual, llevó a la reivindicación de los derechos de miles de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia sexual y de mujeres periodistas que dejan parte de su vida en su oficio" señaló Jineth Bedoya, periodista, víctima y sobreviviente.

En su sentencia, la Corte declaró al Estado de Colombia responsable por la violación diversos derechos incluidos el derecho a la integridad personal, libertad personal, honra y dignidad y libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima, como resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo de 2000, cuando fue interceptada secuestrada y sometida a numerosas agresiones físicas, sexuales y verbales mientras se encontraba cumpliendo labores periodísticas sobre distintos crímenes y violaciones a derechos humanos que ocurrían dentro de la cárcel la Modelo en Bogotá.

La Corte IDH reconoció la existencia de actos de tortura que tuvieron una clara conexión con su actividad periodística y tenían como fin castigarla, intimidarla y silenciarla. La Corte dio cuenta que las agresiones en contra de la periodista, no solo vulneran su libertad de expresión en el ámbito individual, sino que tuvieron un impacto colectivo, tanto en la sociedad colombiana en su derecho a la información como en otras personas que ejercían el periodismo. Por su parte, en relación con las amenazas que Jineth Bedoya ha recibido al menos desde el año 1999, la Corte resolvió que debido a la falta de investigación estas constituyen actos de tortura.

En su sentencia, la Corte da cuenta de la existencia de indicios graves, precisos y concordantes de la participación estatal en los hechos de tortura física, sexual y psicológica en contra de la periodista. La Corte determinó que estos hechos no pudieron llevarse a cabo sin la aquiescencia y colaboración del Estado, o cuanto menos con su tolerancia. Esto es aún más grave teniendo en cuenta que Jineth investigaba precisamente delitos cometidos en un contexto de criminalidad organizada con intervención de agentes estatales dentro de la cárcel La Modelo.

Debido al grave clima de impunidad y el uso de estereotipos de género y discriminación dentro de la investigación que ha rodeado el caso de Jineth Bedoya por más de dos décadas, la Corte declaró la responsabilidad internacional de Colombia por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e igualdad ante la ley por la falta de debida diligencia en las investigaciones.

La sentencia reconoce que en la actualidad persiste en Colombia un contexto grave de amenazas, ataques y asesinatos contra líderes y lideresas sociales, así como contra defensores y defensoras de derechos humanos, dentro de los que se encuentra la categoría de periodistas.

La Corte ordenó una serie de medidas de reparación incluyendo medidas simbólicas y garantías de no repetición a fin de reparar los daños causados a Jineth Bedoya y a la sociedad en general.

Entre las medidas de reparación ordenadas por la Corte destacamos la obligación de investigar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los crímenes cometidos contra la periodista, particularmente tomando en cuenta que la Corte determinó que a la fecha no se ha determinado la autoría intelectual de los hechos ni de otros coautores que pudieran haber participado.

Además, la Corte ordenó al Estado de Colombia llevar a cabo; “una política integral para la protección de los y las periodistas, la creación del “Centro Investigativo No es Hora de Callar”; el diseño e implementación de un sistema público de recopilación de datos y cifras actualizadas sobre de violencia de género y sobre amenazas y violencia contra periodistas y defensores/as de derechos humanos; y la creación de un fondo de prevención, protección y asistencia de mujeres periodistas víctimas de violencia de género.

La sentencia de la Corte da cuenta de la existencia del uso sistemático de la violencia sexual contra las mujeres durante el conflicto armado colombiano y del riesgo particular que enfrentan las mujeres periodistas. Además, evidencia la existencia de una impunidad sistemática y generalizada en relación con la violencia sexual durante el conflicto.

Jineth Bedoya lleva más de 20 años buscando justicia incansablemente y se ha convertido en un símbolo y referente en la lucha contra la violencia sexual, particularmente en relación con las mujeres periodistas. Esta decisión de la Corte Interamericana es dignificante no solo para Jineth, sino que representa una esperanza para las miles de victimas de violencia sexual durante el conflicto armado colombiano.
Las organizaciones representantes del caso en el proceso internacional son el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

PROCURADURÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN AL BRIGADIER GENERAL, MARIO GONZÁLEZ LAMPREA

En la decisión, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta.

PGN_. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al jefe de Inteligencia Militar del Ejército Nacional, brigadier general Mario González Lamprea, por presuntas conductas sexuales abusivas ejercidas en contra de una teniente retirada, hechos que habrían ocurrido en noviembre de 2017.

En la decisión, la Sala Disciplinaria de Instrucción ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva en falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el presunto abuso sexual.

El investigado podrá solicitar ser escuchado en versión libre.

La estrategia de Reino Unido para "mejorar su percepción" en Colombia

Una investigación de Declassified reveló la existencia de un proyecto de relaciones públicas con el que Londres pretende elevar su perfil de defensa del medio ambiente. (mientras financia a la Policía y continúa su inversión minera)
El primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente colombiano Iván Duque Márquez.
 22 de septiembre de 2021 -  
David 'Dee' Delgado -Reuters

actualidad rt.- A mediados de este año, cuando Colombia aún pasaba la resaca de las protestas que dejaron más de 60 muertos por la represión policial, la Embajada de Reino Unido en Bogotá decidió invertir 31.000 libras esterlinas (42.300 dólares, aproximadamente) en un programa de relaciones públicas que le ayudara a "establecer nuevas redes de influencia" en el país suramericano.

Una investigación realizada por el portal Declassified, que habría tenido acceso a documentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que el objetivo de ese programa era "mejorar la percepción" de Reino Unido en Colombia. Para ello, entre 2019 y 2020, Londres invirtió más de 8.000 dólares en un estudio de "análisis de percepción de poder blando" en esa nación.

Ese paso previo, que coincidió con la salida de Reino Unido de la Unión Europea, le ayudó a la embajada británica a encontrar un "enfoque eficaz" para la campaña puertas afuera, mientras, en paralelo, Londres continuaba su programa de entrenamiento a la Policía colombiana, severamente cuestionada por sus prácticas represivas durante las sangrientas manifestaciones contra el Gobierno de Iván Duque.
El lado 'verde' del poder blando

Las encuestas de opinión dejaron claro que el 'soft power' de Reino Unido debía apuntar al medio ambiente, por lo que se decidió el lanzamiento oficial de un programa bilateral denominado UKCOL2021 en junio de este año.

"Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países en 1825, el Reino Unido ha sido un aliado histórico para Colombia. Hoy es nuestro tercer inversionista más importante y su compromiso con nuestro país se refleja en la contribución y participación en distintas iniciativas sociales y ambientales", dijo entonces el viceministro de relaciones Exteriores, Francisco Echeverri, durante el anuncio de ese programa.


"Nuestra fuerte alianza con Colombia refleja nuestro compromiso de una mejor reconstrucción a partir de la pandemia del covid-19, con énfasis en la sostenibilidad, para así asegurar una mayor prosperidad compartida para los dos países", destacó por su parte el embajador británico, Colin Martin-Reynolds.

El evento fue el 17 de junio. La canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, no participó porque aún no había concluido la gira por Europa, en un periplo que buscaba restablecer la imagen del Gobierno de Duque, particularmente cuestionada en ese momento por la represión de la fuerza pública contra las protestas ciudadanas que se mantuvieron por casi tres meses.

El mismo día del lanzamiento el ciudadano Juan David Muñoz Montenegro murió en Cali por la presunta acción de la Policía antidisturbios. A pesar de eso, la embajada británica no hizo ninguna condena pública a esos hechos violentos.

Las razones del silencio, además de las probables correspondencias políticas, podrían estar vinculadas al apoyo financiero y logístico que ofrece el Gobierno de Reino Unido a la Policía de Colombia, al menos desde 2015. Un respaldo que, según la investigación periodística, sería extensivo a las Fuerzas Armadas del país suramericano.

Manifestantes chocan con la policía durante protestas contra
el gobierno, en Medellín, Colombia, el 28 de junio de 2021
 
Santiago Mesa - Reuters

Y es que, en vísperas al anuncio del programa de cooperación bilateral, el ministro de Estado en el Ministerio del Interior, Kit Malthouse, admitió que la Agencia Nacional del Crimen (NCA) británica trabajaba en Colombia con varios departamentos, incluida la Policía Nacional y la Fiscalía General, con el objetivo de "reducir la amenaza" del narcotráfico y el lavado de dinero, así como de "otras economías criminales vinculadas a las drogas y al crimen organizado".

Además, la subsecretaria parlamentaria de la Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, Wendy Morton, declaró durante una comparecencia que su país financiaba con 2,1 millones de libras esterlinas (más de 2,8 millones de dólares) el programa de "innovaciones policiales para la estabilización en Colombia" desde 2020, para "apoyar la transformación" de esa institución mediante la mejora de las prácticas con un enfoque "preventivo" y de "derechos".
"Nuevas redes de influencia"

De acuerdo a las revelaciones de la investigación periodística, el programa UKCOL2021 permitiría a la embajada británica "fomentar las relaciones y aumentar la visibilidad, en particular para nuevas audiencias", así como "revisar las percepciones obsoletas".

Esa visibilidad que se ejercería con el poder blando de la agenda por el medio ambiente, le permitiría a Londres -según los documentos desclasificados- "crear un conducto para una futura influencia y una mejor comprensión del Reino Unido entre las generaciones más jóvenes de colombianos y otras audiencias no tradicionales".

El objetivo en un futuro sería "establecer nuevas redes de influencia y conexiones con audiencias más diversas en Colombia", lo que facilitaría "una mejor percepción y un cambio de comportamiento hacia Reino Unido". Para ello, la estrategia consistiría en una agenda de trabajo con "actores clave" de ese país para "impulsar" el perfil de la embajada este año, en áreas que también contemplan la seguridad y la defensa.


Uno de los puntos recomendados por los asesores fue la promoción de la imagen del embajador Martin-Reynolds, mediante "una serie de conversaciones con activistas locales de alto perfil", que le permitieran llegar al público joven.

Mientras la embajada británica enfoca sus energías en visibilizar su gestión 'verde' en Colombia, las compañías de Reino Unido continúan la explotación de las contaminantes minas de carbón que operan en el país suramericano.

"Es probable que una gran parte del carbón extraído en Cerrejón abastezca al Reino Unido: en 2015, por ejemplo, el Reino Unido importó 20 millones de toneladas de carbón para centrales eléctricas, el 37% de las cuales procedían de Colombia", destaca el informe 'Los ríos que sangran', elaborado el año pasado.

Cerrejón es una de las minas con mayores conflictos sociales y territoriales en Colombia, y está operada a partes iguales entre BHP Billiton, Anglo American y Glencore, que cotizan en Londres. Además, el proyecto ha sido señalado por el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, David Boyd, como uno que ha "dañado gravemente el medio ambiente y la salud de la comunidad indígena más grande del país".

Un informe elaborado el año pasado denunció el incumplimiento por parte de Cerrejón y del Estado colombiano de los fallos judiciales que reconocen las vulneraciones de esa minera en contra de los derechos a la vida, el agua y la salud de las comunidades indígenas afro y Wayúu que viven en la zona de explotación.

Ese hecho, al que las organizaciones sociales califican de "etnocidio", ocurre tras la extracción de unas 32 toneladas de carbón térmico para exportación. Ese expolio no solo ha generado daños al medio ambiente, sino que se ha traducido en el despojo y privatización de 69.393 hectáreas del territorio, el exterminio de 17 arroyos y la contaminación irreparable del río Rancherías, contribuyendo a la crisis hídrica en la región.
Nazareth Balbás

Mínimo 580.620 firmas deberán recoger Candidatos a la Presidencia

Candidatos a la Presidencia de la República por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales deberán recoger mínimo 580.620 firmas

Desde el 29 de mayo del 2021, día en el que inició el registro de los comités inscriptores a la Presidencia de la República por grupos significativos de ciudadanos, movimientos sociales y promotores del voto en blanco, un total de 37 candidatos se han registrado hasta la fecha para el proceso electoral que tendrá lugar el próximo 29 de mayo del 2022.

Los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales deberán acreditar mínimo 580 620 firmas convalidadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que equivalen al 3 % del número total de votos válidos de las pasadas elecciones a la Presidencia de la República del 2018, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7 de la Ley 996 del 2005.

Para las elecciones presidenciales del 2018, los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos y movimientos sociales debieron registrar un mínimo de 385 348 firmas, es decir, que ante la alta participación de ciudadanos en las urnas para dichas elecciones, los actuales aspirantes presidenciales postulados a través de esta modalidad, deberán recoger 195 272 apoyos adicionales para inscribir su candidatura.

De acuerdo con el calendario electoral establecido para las elecciones presidenciales del 2022, el plazo para presentar las firmas ante la Registraduría Nacional vence el 17 de diciembre del 2021.

Siguiendo la línea de tiempo para la elección de presidente y vicepresidente de la República (primera vuelta), la Registraduría Nacional del Estado Civil tendrá plazo hasta el 19 de enero del 2022 para certificar el número de firmas de los candidatos postulados por grupos significativos de ciudadanos o movimientos sociales, así como los promotores del voto en blanco.

Investigan posibles irregularidades en registros civiles de extranjeros

En un trabajo conjunto entre la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Superintendencia de Notariado y Registro y Migración Colombia, se dio inicio a la revisión de posibles irregularidades en registros civiles de extranjeros en más de 100 notarías del país.


El Propósito de estas inspecciones en las oficinas notariales es la de identificar y posteriormente anular posibles documentos falsos de extranjeros que hacen parte del censo electoral en Colombia.

Por estos hechos, fueron abiertas investigación en contra de unos 100 notarios en todo el país por presuntas irregularidades en el trámite de documentos de identificación de extranjeros.

Esta investigación inició en la Notaría Primera del Distrito de Bogotá donde se conocieron algunas denuncias por posibles trámites irregulares de registros civiles.

El Registrador Nacional del Estado Civil, Alexander Vega Rocha anunció que estos operativos se realizan dentro del marco de la depuración del censo electoral y registros civiles con el propósito de garantizar los procesos electorales de 2022 para la elección de Presidente y Congreso de la República.

“Ya terminamos la revisión de unos 300.000 registros en las registradurías del país y ahora iniciamos la revisión con la Superintendencia en las notarías del país, tenemos claro que una vez finalice esta revisión de registros de varias nacionalidades incluidas la venezolana que es la que tiene mayor envergadura daremos el informe de cuántas cédulas se van a anular”, afirmó Alexander Vega Rocha.

Por su parte, la Superintendente de Notariado y Registro, Goethny Fernanda García Flórez, resaltó el trabajo conjunto que hacen diferentes entidades del Estado en apoyo a la Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de estas investigaciones.

“Al día de hoy existen unas 100 investigaciones en contra de algunos notarios. Después del recaudo probatorio y del análisis jurídico que se debe hacer, el pronunciamiento se puede dar en primera o segunda instancia dependiendo del análisis de estas pruebas que obran en el expediente disciplinario”, afirmó la Funcionaria.

Advirtió el Registrador Nacional, Alexander Vega Rocha que una vez identificada la irregularidad de los registros civiles se anulará de inmediato las cédulas y se eliminarán del censo electoral.

Vega Rocha indicó que al tiempo se están revisando cerca de 12 millones de registros de defunción en todo el país para eliminar las cédulas de las personas fallecidas que aún se encuentren en el censo electoral.

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