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Ordenan libertad para Uribe mientras se define la segunda instancia.

El martes 19 de agosto, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá tomó una decisión que marcó un nuevo capítulo en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. El alto tribunal ordenó su libertad inmediata, amparando el derecho fundamental a la libertad y dejando sin efecto la orden de detención domiciliaria que fue impuesta el 1 de agosto por la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Heredia.

La resolución fue firmada por el magistrado Leonel Rogeles Moreno, que especificó que se debía “expedir la boleta de libertad a favor del tutelante”. De esta manera, el exmandatario Uribe Vélez quedó libre tras ser sentenciado en primera instancia a doce años de prisión por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

El exministro de Minas y Energía Andrés Camacho fue uno de los primeros en pronunciarse a través de la red social X. En su publicación señaló: “La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de ordenar la libertad de Álvaro Uribe NO significa que haya sido absuelto. Seguimos esperando el fallo de segunda instancia (sic)”. Para el ex alto funcionario, la determinación judicial representaba apenas un paso dentro de un proceso que debía seguir su curso hasta definirse en otras instancias.

Otra de las reacciones llegó por parte de Claudia López, actual alcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial. La lideresa destacó que la apelación presentada por la defensa de Uribe, en cabeza de su abogado Jaime Granados, tendrá un desenlace en octubre, momento en el que se conocerá el resultado en segunda instancia.

En su publicación afirmó: “Igual estaba actuando con libertad e impunidad. Hasta Octubre se definirá su apelación y detención. Su aboganster Diego Cadena también fue condenado por manipular testigos a favor de Uribe. Ambos están en libertad que seguirán usando para amenazar, manipular y mantener impunidad”.

En el Congreso de la República también se alzaron voces críticas contra el fallo, como la representante a la Cámara por el Pacto Histórico María del Mar Pizarro, que destacó la importancia de no confundir la decisión judicial con un pronunciamiento sobre la inocencia del procesado.

Su mensaje fue directo: “Libre no es igual a inocente. Esperemos al fallo en segunda instancia y que el tiempo le de la razón a la justicia”. Con estas palabras, la congresista insistió en que el proceso contra Uribe debía continuar sin perder de vista la sentencia emitida en primera instancia.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, una de las figuras más relevantes en el proceso judicial contra Uribe, también se refirió a la decisión del Tribunal. El legislador fue abordado por medios de comunicación y, aunque expresó su desacuerdo, recalcó su disposición a aceptar lo resuelto por el alto tribunal.

“Por supuesto, respetamos la decisión, más no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que impuso la jueza Heredia era de alguna manera una medida para protegernos de ese tipo de acciones. Ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos: ‘Respetamos esta decisión y procederemos desde nuestra perspectiva con relación a lo que consideremos es pertinente’”, declaró el senador.

Condenados cinco exfuncionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga.

Las irregularidades detectadas en la planeación y suscripción de un contrato para la implementación de nuevas tecnologías para el manejo de basuras en Bucaramanga (Santander) en 2016 -caso Vitalogic-, durante la administración de Rodolfo Hernández, permitieron la condena a cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo Bucaramanga (EMAB) y un contratista.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que los procesados participaron en múltiples irregularidades como la falsificación de documentos públicos y privados para la adjudicación del contrato así como el direccionamiento del mismo, modificando requisitos de referencia para que fuera entregado a una firma específica.

El contrato tenía como objeto implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, por un valor de 336.000.000 de pesos.

El exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias fue sentenciado a 11 años y 10 meses prisión; el jefe de disposición final, Rubén Enrique Amaya Vanegas a 13 años y un mes; el jefe de la sección jurídica, César Augusto Fontecha Rincón a 12 años y 7 meses; por su parte, el subgerente técnico operativo, Abelardo Durán Leyva y la subgerente administrativa y Financiera, Abigail León Nieves a 12 años y 2 meses. A los exfuncionarios no se les concedió la suspensión provisional de la pena.

Por su parte el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala enfrentará una condena 9 años y 10 meses de prisión, sentencia que deberá cumplir en lugar de domicilio debido a su condición de salud.

De acuerdo con sus responsabilidades individuales, son responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Esta sentencia es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

Uribe es sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria

Álvaro Uribe, 12 años de prisión.
El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a una pena de 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una histórica decisión que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en Colombia.

El exgobernante de 73 años también será inhabilitado para ejercer cargos públicos por más de ocho años, según un documento del veredicto.

Uribe, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares.

Otras investigaciones relacionan al exmandatario con esos escuadrones de ultraderecha, responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

Tras la condena, Uribe demandó al actual mandatario Gustavo Petro por "hostigamiento" y "calumnia", indicaron sus abogados este viernes.

Se ha anunciado por diferente sectores, la posibilidad de impulsar otros procesos judiciales contra Álvaro Uribe por la posible relación con hechos relacionados con la violencia que azotó el país antes y durante su mandato.

Presidente rechazó libertad de ‘papá Pitufo’ decretada por tribunal de Portugal

El presidente Gustavo Petro rechazó la decisión de un tribunal de Portugal que concedió la libertad a Diego Marín Buitrago, alias ‘papá Pitufo’, considerado el zar del contrabando en Colombia.

En su cuenta de X y tomando versiones de prensa, el jefe de Estado manifestó que “hasta este punto llegó toda mi acción por capturar al mayor contrabandista de Colombia y, quizás, su principal lavador de activos. Hablé con el presidente de España y con miembros portugueses de la Comisión europea para que el contrabandista nos fuese entregado”.

La decisión la adoptó el Supremo Tribunal de Justicia de Portugal, que resolvió a favor de Marín Buitrago un recurso de habeas corpus. La instancia aclaró, sin embargo, que la decisión no afecta el curso del proceso de extradición, la cual podrá reactivarse si se niega en firme la protección internacional.

Diego Marín Buitrago, alias ‘papá Pitufo’
“La excusa que presentó el contrabandista (es que ha sido) un perseguido del Presidente. Claro que debía perseguirlo, porque es un gran criminal en Colombia y el mundo. Tiene orden de captura en Colombia”, expresó el mandatario en el mensaje publicado en la red social.

Agregó que “es un hecho que Colombia vive los Cien años de Soledad. Rechazo esta conducta de los magistrados del tribunal de Portugal. No sé si no se le entregaron todas las pruebas que muestran las actividades ilícitas del contrabandista. No sé si hubo una negociación con el gobierno de EE.UU. que venía presionando una líder colombiana de la oposición con torvos intereses”.

Presidente Gustavo Petro denunció que las multinacionales del narcotráfico intentan tomarse los poderes judiciales de Latinoamérica

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro se refirió a las órdenes de captura en contra del exministro Iván Velásquez y la fiscal General, Luz Adriana Camargo, por parte de la Fiscalía de Guatemala y aseguró que “las multinacionales del narcotráfico intentan tomar los poderes judiciales y los gobiernos para hacer y lavar en la impunidad sus negocios ocultos".

En la publicación, el jefe de Estado recordó que “la fiscalía de Guatemala como la fiscalía de Colombia en tiempos de (Francisco) Barbosa, como la fiscalía que apresó al presidente Pedro Castillo, y otras, obedecen al crimen y no a las ciudadanías".

Por esta razón, dijo que “los crímenes cometidos por las mafias, contra el pueblo latinoamericano son crímenes de lesa humanidad, son crímenes internacionales y deben ser juzgados por la justicia penal internacional a la que se debe ayudar a financiar y fortalecer".

“Invito a equipos de abogados independientes a redactar la primera causa penal contra las multinacionales de la mafia para que sean juzgadas y condenadas en tribunal internacional", anotó.

En su cuenta en X, el mandatario colombiano publicó el comunicado de oficial del gobierno de Guatemala, en el que se indicó que “rechaza enfáticamente las órdenes de captura contra el embajador colombiano Iván Velásquez Gómez, excomisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y la fiscal General de la República de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón".

En el comunicado, el gobierno guatemalteco dejó claro que “estas medidas carecen de sustento legal y vulneran el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), así como los propósitos y principios de la justicia y Derecho Internacional, contenidos en la Carta de la Organización de Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos".

“Estas acciones se realizan con un evidente objetivo político, sin respaldo en el ordenamiento jurídico nacional e internacional y se suman a la seguidilla de actuaciones por parte del Ministerio Público, la Fiscal General de la República y jueces asociados a la corrupción que han tergiversado el sentido de la justicia en Guatemala, poniendo de manifiesto la criminalización y abuso del derecho penal, tantas veces señalado y sancionado en el ámbito nacional e internacional", anotó el documento del Gobierno de Guatemala.

Por esta razón, aseguraron que “el Gobierno de Guatemala ya está en contacto con las autoridades del país hermano de Colombia para hacer ver las objeciones y aclaraciones diplomáticas que correspondan, en el ánimo de no afectar la honra de la nación como producto de este irresponsable y espurio acto del Ministerio Público".

Judicializados presuntos responsables de legalizar dineros del extraditado narcotraficante alias Fortuna

La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios en contra de una red delictiva señalada de realizar diferentes maniobras comerciales y financieras para dar apariencia de legalidad a los dineros ilícitos del extraditado narcotraficante Andrés Mauricio Vélez Hernández, alias Fortuna.

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional en Bogotá y municipios de Cundinamarca, Boyacá, Valle del Cauca, Caquetá y Atlántico fueron capturados ocho presuntos integrantes de la organización ilegal. Se trata de Agustín Triana Díaz, Jhonatan Velásquez López, Claudia Marcela Moncada Herrera, Amanda Carvajal Carvajal, Luis Enrique Tovar Arteta, Robinson Loaiza Giraldo, Esteban Gonzalo Hernández Velásquez y Leidy Julieth Flores Garzón.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos los presentó ante un juez de control de garantías de Cali (Valle del Cauca) y les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir, los cuales no fueron aceptados.

Estas personas, sin contar con los recursos económicos suficientes, habrían constituido en corto tiempo sociedades a las que, en apenas 35 días, les fueron transferidos 29 bienes inmuebles que pertenecerían a alias Fortuna. De igual manera, son señaladas de prestar sus nombres y cuentas bancarias para recibir altas sumas de origen ilegal y darles tránsito al torrente financiero nacional, así como girar cheques sin soporte contractual.

Por disposición del juez del caso los hoy procesados seguirán vinculados a la investigación.
Esta información se publica por razones de interés general.

Imputado gobernador de Caquetá por posible corrupción en hospital departamental

Luis Francisco Ruiz Aguilar (wikipedia)
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y le imputó los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, con sede en Florencia (Caquetá). Al parecer, modificó sin autorización el reglamento interno del centro asistencial para disponer de nuevos cargos y respaldó ese cambio con un acta falsa de la junta directiva.

Esto le habría permitido realizar 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre el 31 de agosto y el 25 de octubre de 2022.

Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente también hizo modificaciones al artículo 35 del estatuto interno del hospital para eliminar el aval que debía dar el gobernador para el reconocimiento de comisiones de servicios, y así autorizar el pago de viáticos de manera directa, con el presupuesto de la institución de salud. Amparado en esta actuación cobró 56’357.379 pesos por concepto de viajes y comisiones.

El mandatario departamental no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Francisco Ruiz Aguilar presentó su candidatura a la Gobernación del Caquetá en las elecciones locales de 2023 apoyado por "Revive Caquetá" y Cambio Radical. Logró obtener el cargo de gobernador obteniendo 72,489 votos.


Esta información se publica por razones de interés general.
- La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.-

Justicia en crimen de líder indígena

Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José
David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH.
Ante las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del líder indígena Moisés López Enríquez, ocurrido el 11 de febrero de 2023, en Sapuyes (Nariño).

Una juez penal de conocimiento de Túquerres (Nariño) avaló la negociación judicial y emitió condena en su contra por los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En consecuencia, Malpica Rosales y Gil Ballesteros fueron sentenciados a 18 años y 2 meses de prisión; mientras que Trejos Riascos recibió una pena de 17 años y 8 meses de prisión.

En el curso de la investigación se estableció que la víctima se movilizaba junto a otras personas a un cabildo indígena ubicado en Ipiales (Nariño). En el camino fue interceptada por hombres armados que le propinaron varios disparos, les robaron las pertenencias a los acompañantes y los intimidaron para que no alertaran a las autoridades.

Las pruebas permitieron conocer que alias Pinchao ordenó la acción criminal y trasladó en un vehículo a los atacantes. De otra parte, ‘Rolo’ y Malpica Rosales se encargaron de bajar al líder social de la camioneta en la que se transportaba y agredirlo con armas de fuego.

Moisés Marcos López Enríquez era representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y, en 2021, se había desempeñado como gobernador del Resguardo Gran Mallama.

Impactados ‘Los del Sur’, red señalada de lavar miles de millones de pesos del narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los del Sur’, que sería la responsable de legalizar a través de diferentes operaciones comerciales dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas ocho personas que harían parte de la red, entre ellas una funcionaria de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); identificada como Julie Matilde Duarte Reatiga. En los procedimientos realizados en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander), y San Vicente del Caguán (Caquetá), fueron incautados celulares, armas de fuego y 160 millones de pesos.

Adicionalmente, fueron notificados en centro carcelario Enrique Bautista Reatiga, alias Poporro, el señalado cabecilla de la estructura que fue deportado recientemente de México; y Jhoan Vitalino Ruíz.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas 10 personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Por disposición del juez de control de garantías, tres de los recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, cinco permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia y dos más seguirán vinculados a la investigación.

Los elementos materiales probatorios indican que alias Poporro habría constituido un entramado que le permitió dar apariencia de legalidad a algo más de 6.000 millones de pesos, mediante inversiones en bienes raíces, compra de inmuebles y adquisición de vehículos de gama alta, entre otras actividades financieras.

Por favorecer a senador con falso testimonio, condenan a excabecilla paramilitar

Uber Enrique Banquez Martínez
Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exjefe paramilitar Uber Enrique Banquez Martínez, conocido como ‘Juancho Dique’, a 10 años y 3 meses de prisión por los delitos de falso testimonio en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad.

Exsenador Javier Cáceres,
condenado en el 2012 a 9 años por parapolítica.
En 2008, el excabecilla del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mintió en varias declaraciones que rindió bajo la gravedad de juramento ante los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que investigaban los posibles nexos del entonces senador Javier Enrique Cáceres Leal con los grupos paramilitares que delinquían en la región.

Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada acreditó que ‘Juancho Dique’ entregó información engañosa y negó cualquier vínculo del congresista con la estructura armada ilegal, para favorecerlo y desviar el proceso que se seguía en su contra por el delito de concierto para delinquir.

La sentencia conocida dispuso que la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario y negó cualquier subrogado, además impuso una multa equivalente a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 84 meses para el ejercicio de funciones públicas.

El fallo es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.

Estuvo ocho años preso

Es de anotar que en septiembre de 2015, Uber Enrique Banquez Martínez quedó en libertad luego de cumplir con ocho años de cárcel, tras acogerse la Ley de Justicia y Paz, al reconocer varios crímenes que cometió cuando hizo parte de la Autodefensas Unidas de Colombia.

Uber Banquez Martínez fue condenado a pagar ocho años de pena intramuros por los delitos de homicidio agravado, homicidio simple, sedición y desplazamiento forzado, que cometió cuando hizo parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, más concretamente de la estructura de “Héroes de los Montes de María”.

Una de las masacres que reconoció ‘Juancho Dique’ fue la que cometió junto a varios de sus compañeros en el corregimiento de Macayepo, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.

Condenado el exsenador Musa Besaile por los delitos de cohecho y peculado por apropiación.

Musa Abraham Besaile Fayad
La Sala Especial de Primera Instancia condenó al exsenador Musa Abraham Besaile Fayad por los delitos de cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación.

La condena anticipada es producto de la aceptación de cargos por parte del excongresista.

La Sala impuso a Besaile Fallad una condena de 81 meses y 20 días de prisión, multa de 415 millones de pesos y 83 meses y 3 días de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Además, una sanción de carácter intemporal que le impide ocupar cargos públicos y contratar con el Estado. Asimismo, deberá pagar al departamento de Córdoba $1.545.000.000 por concepto de daños y perjuicios.

La Sala determinó que el excongresista, con el objetivo de evitar una orden de captura y asegurar decisiones favorables en su caso, pagó una suma de 2.000 millones de pesos.

Este dinero, de acuerdo a la investigación, estaba destinado a incidir en una investigación que se adelantaba en su contra por nexos con grupos paramilitares.

Además, se comprobó que parte del dinero utilizado provenía de fondos públicos desviados por Besaile y el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en un esquema de corrupción que involucraba contratos de regalías y pagos relacionados con tratamientos médicos para la hemofilia.

La Corte Constitucional protege al Pueblo Motilón Barí

Corte ampara el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Motilón Barí por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales

La Sala Primera de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por las autoridades tradicionales del pueblo Motilón Barí Ñatubaiyibari en contra del Ministerio del Interior y otras instituciones, en la que reclamaban la protección de su derecho fundamental a la consulta previa.

 Las y los accionantes manifestaron que, para el 2019, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD PAZ) -autoridad encargada de evaluar, aprobar y priorizar los proyectos financiados con los recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno nacional-, aprobó un proyecto para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de dos corregimientos del municipio de Convención, Norte de Santander.

 Entre las obras que se realizaron se incluyó una planta de tratamiento de aguas residuales que generaba un impacto directo en la vida e integridad del pueblo Motilón Barí quienes, como colectivo, dependen de la quebrada Honduras y del Río de Oro para la pesca, la garantía de su seguridad alimentaria y la realización de actividades comunitarias.

Luego de reiterar las principales reglas sobre el derecho fundamental a la consulta previa señaladas en la Sentencia SU-123 de 2018, la Sala se refirió al derecho de participación de los pueblos indígenas y al enfoque étnico en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR).

Al respecto, el tribunal precisó que, conforme la Sentencia C-730 de 2017 -que estudió la constitucionalidad del Decreto 893 de 2017-, el mecanismo especial de consulta consagrado en el artículo 12 del mencionado decreto no puede confundir ni reemplazar el derecho fundamental a la consulta previa en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Aunque se trata de una garantía adicional de participación de los pueblos indígenas, esta no excluye de su aplicación el derecho a la consulta previa.

En el caso concreto, la Corte concluyó que las autoridades demandadas no habían garantizado el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Motilón Barí. Lo anterior, aun cuando sus integrantes habían alertado sobre los impactos socioambientales que la construcción de la planta de tratamiento podría tener en el río (el cual es una fuente hídrica representativa para la cosmovisión y subsistencia de esa comunidad, y que ha sido ampliamente reconocida como víctima del conflicto en la región del Catatumbo-).

Específicamente, el tribunal evidenció que el Ministerio del Interior omitió su deber de adelantar los estudios para constatar los impactos que esa obra causaba sobre la cultura Barí y con ello, iniciar el respectivo trámite consultivo a la comunidad. Por el contrario, la cartera ministerial certificó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia directa del proyecto (pues la delimitación del territorio continúa en definición). Con lo anterior, el Ministerio se apartó del concepto de territorio desarrollado por la jurisprudencia constitucional.

La Sala también encontró vulnerado el derecho fundamental de participación del pueblo Motilón Barí por no haberse protocolizado el mecanismo especial de consulta previsto en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, como una garantía de participación de las comunidades étnicas en el marco de la implementación del punto 1 del Acuerdo Final de Paz. En consecuencia, su ausencia en esta clase de proyectos constituye una vulneración de los derechos de las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado.

Sobre esa base, la Corte amparó los derechos fundamentales del pueblo Motilón Barí. Además, ordenó la protocolización del mecanismo especial de consulta regulado en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, y la realización de los estudios tendientes a verificar los posibles impactos que la construcción de la planta pudo tener sobre sus derechos como comunidad indígena. En caso de que se evidenciaran daños a la comunidad, las autoridades deberán restaurarlos, conforme lo establecido en la Sentencia SU-123 de 2018.

M.P. Natalia Ángel Cabo
Expediente T-8.605.132

Judicializado presunto responsable del asesinato de un concejal en Viterbo (Caldas)

Mauricio Alduver Villada Correa fue privado
de la libertad en centro carcelario
El material probatorio aportado por un fiscal adscrito a la Seccional Caldas, permitió que un juez de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Mauricio Alduver Villada Correa, de 46 años, presuntamente responsable del homicidio del concejal Brayan Duván Medina Ospina.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 7 de abril cuando el procesado habría ingresado a un establecimiento comercial de Viterbo (Caldas) donde se encontraba la víctima a quien, se cree, Villada Correa le disparó en repetidas oportunidades.Mauricio Alduver Villada Correa fue privado de la libertad en centro carcelario

La Policía Nacional capturó en flagrancia del procesado y cerca del lugar fue hallada un arma de fuego, posiblemente usada durante el ataque. La investigación determinó que el hombre no contaba con permiso para portar armas.

La Fiscalía imputó a Villada Correa los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones a título de autor. Ninguno de los cargos fue aceptado por el procesado.

Esta información se publica por razones de interés general.


La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Fiscalía colombiana llevará a juicio a Álvaro Uribe Vélez

La Fiscalía general de Colombia acusará formalmente al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por los delitos de soborno y fraude procesal en un caso de presunta manipulación de testigos.

Sebastian Barros / NurPhoto / Gettyimages.ru

 "A partir de la evidencia física y los elementos materiales probatorios recaudados y estudiados por el despacho al cual correspondió este expediente por reparto hace tres meses, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia radicó escrito de acusación contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal, advierte un comunicado de la Fiscalía", se lee en un comunicado del Ministerio Público.

En el documento se llama a recordar que esta causa avanzó tras la negativa de sendas solicitudes de preclusión "que resultaron desestimadas por los jueces penales del circuito competentes".

Aún no está claro cuándo iniciará el proceso judicial contra el exmandatario, si bien el documento precisa que la audiencia de formalización de la acusación tendrá lugar una vez el Circuito Judicial de Paloquemao de Bogotá "cumpla con el reparto y se conozca el juzgado" al cual quedará asignada la causa.

Como parte de las garantías procesales, el texto puntualiza que "el investigado y su defensa, el agente especial de la Procuraduría General de la Nación, tendrán la oportunidad de participar en el debate oral con la práctica e incorporación de medios probatorios y alegaciones que deberá culminar con la emisión de un fallo".

De otra parte, se ha conocido por diferentes medios, que posiblemente la nueva determinación incluye nuevos elementos de prueba, como las declaraciones de Deyanira Gómez y Juan Guillermo Monsalve.

Pacto por la verdad y una Fiscalía que no sea para la venganza: presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro dijo que espera, como jefe de Estado y como ciudadano, que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en instrumento de persecución y venganza por razones políticas.
​​El presidente Gustavo Petro propuso u ‘pacto por la verdad’ que permita saber
qué paso en grandes hechos criminales sin usar la justicia como venganza. 


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Durante el acto de posesión de la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo, el mandatario dijo que “ya la he sufrido (la persecución por razones políticas), y que espera es una Fiscalía que le permita a la ciudadanía “que exista justicia”.

“La mayoría de la ciudadanía, en estos temas, desconfía de la eficacia de la justicia”, agregó, tras explicar que esto es lo que genera la percepción de inseguridad, “no tanto que hay delito, pero es más allá: los problemas de la convivencia, los problemas vecinales, la intolerancia incluso dentro de la familia parte la percepción de inseguridad”, afirmó.

“Ahora tenemos esta responsabilidad, Fiscal”, señaló el presidente Petro a la fiscal Camargo. “Yo lo que pediría que hagamos una reforma a la justicia, algo simple, ir a lo fundamental”.

El mandatario propuso, entonces, un pacto por la verdad, donde la Fiscalía General no sea utilizada como instrumento de venganza, pero que sí permita acabar con la impunidad.

Incluso, anunció la Cruz de Boyacá para la Corte Suprema de Justicia que tuvo la valentía de abrir las investigaciones pernales por la llamada ‘parapolítica’.

“A esa Corte Suprema de Justicia que yo conocí hay que darle la Cruz de Boyacá. Esa Corte Suprema de Justicia debe tener la Orden de Boyacá porque hizo algo que es romper la historia y la inercia y abrir el velo de la verdad”.

Fragmentación j​udicial

El jefe de Estado reiteró que para acabar la impunidad se requiere desmantelar la fragmentación de los procesos en tribunales. “El proceso fragmentado en sí mismo, cuando debería ser juzgado como toca, el delito sistemático de lesa humanidad, el genocidio”.

Esa propuesta, que iría al Congreso de la República, “es de concertación, con pocos artículos, unas cuantas hojas tamaño carta, pero es la posibilidad de pasar a otro ámbito de la justicia porque si es la verdad el detonante real de un proceso judicial, yo acepto beneficios jurídicos a cambio de verdad, lo acepto pero que no sea la venganza”, insistió.

Al respecto, consideró que tres décadas después de expedida la Constitución de 1991 “el Estado Social de Derecho es una garantía prometida, puntos suspensivos…”, dijo para referirse a que es una de las fallas de la aplicación de la Carta Fundamental.

Lo que se necesita es algo así cómo no es acercar la norma a la realidad, sino la realidad a la norma en una especie de idealismo jurídico, advirtió.

“No es tanto transformar la norma, es transformar la realidad, y aquí estamos ante esos retos. Cómo transformar la realidad, es mi responsabilidad primera como Presidente de la República”, señaló.

El jefe de Estado también reiteró que al integrar la terna de la que fue elegida la fiscal Camargo, lo hizo pensando no en que la Fiscalía le cuide la espalda.

“Yo hice una terna donde a nadie conocía; me decían amigos familiares, copartidarios ‘no sea bobo y hay que poner a alguien que le cuide la espalda’, Creo que uno de los desastres es que la Fiscalía te cuide la espalda, porque es utilizar la Fiscalía y meterla en la política, y en este caso la justicia para resolver el conflicto político”.

El presidente Petro concluyó que “una terna que garantice que no le va a cuidar la espalda al Presidente, obliga a que el Presidente tiene que ser recto y ético porque se la van a cobrar con cualquier desliz”.

Incautadas 20 mil dosis de clorhidrato de cocaína

 Un operativo interinstitucional que vinculó la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal y unidades del Ejército se materializó en las últimas horas en área céntrica del municipio de Puerto Rico, Meta, donde se capturó a dos hombres de 29 y 44 años de edad, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hecho se presentó en medio de los controles al sector hotelero de este municipio; a través de un registro de allanamiento voluntario, se ingresó a uno de estos establecimientos donde se logró este resultado de captura e incautación de estupefacientes.

En medio del procedimiento de registro se les encontró en su poder cuatro paquetes envueltos en bolsa plástica negra en las cual se encontraba una sustancia alucinógena, identificando que se trata de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de diez kilogramos.

“Los operativos se libraron en el casco urbano de este municipio, como estrategia de prevención para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el sur del departamento; aunado a esto, seguimos empelando acciones para garantizar la seguridad y la convivencia para la región del Ariari”, informó el coronel Jeison Freddy Sora, comandante de la Policía del Meta.

En el desarrollo de la captura, se les solicitó antecedentes penales y evidenciando que uno de los sujetos presenta orden de condena por los delitos de concierto para delinquir del año 2017 y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, del 2019.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un Juez de la República definirá su situación jurídica y penal por estos hechos.

Autoridades policiales en el departamento adelantan las investigaciones de este caso, para conocer la procedencia y destino de esta sustancia, la cual, al ser dosificada y distribuir se lograría triplicar su valor comercial generando con este resultado una gran afectación a las rentas económicas de grupos ilegales.

Fiscalìa reconoce error al inspeccionar a una periodista debido a un artículo.

 La Fiscalía General sostiene que la orden de inspeccionar a una periodista fue errónea y afirma respetar la libertad de prensa.

Para resarcir el 'error' ordenan investigación.
Comunicado de prensa 386

La Fiscalía General de la Nación se permite informar que:

El fiscal 60 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, del grupo que conoce los procesos de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en su autonomía e independencia, y en el marco de un proceso que su despacho adelanta, ordenó una inspección judicial a la Revista Cambio para acceder al expediente fuente del informe de prensa y/o la noticia, que utilizó la periodista Sylvia Charry para redactar un artículo que se publicó en ese medio de comunicación el 17 de diciembre del 2023.

La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue si el funcionario infringió la Directiva No. 0003 del 12 de abril de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se imparte lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal, y que en su literal C. Secreto Profesional de los periodistas, busca proteger la libertad de prensa: “Los periodistas no pueden ser citados a entrevista o testimonio. En principio, y como regla general, esta constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con la información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”.

La Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso con la libertad de prensa la cual está estipulada en esa directiva.

Esta información se publica por razones de interés general.

 El comunicado de la Fiscalía se produce luego de conocerse el rechazo a la judicialización del trabajo periodístico.

Por miedo a la justicia quieren impedir que pronto se nombre una Fiscal decente e independiente.

En una alocución televisada, que recoge un aparte de la intervención del mandatario durante su participación en la Cumbre de Gobernadores que sesionó el pasado viernes 9 de febrero en Cartagena, el presidente Gustavo Petro expresó que “le he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente. El otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad".

El jefe de Estado recordó que la Carta Política ordena que sea el Presidente de la República quien presente la terna de la cual la Corte Suprema de Justicia escoge al Fiscal General.

“Se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo. Un mensaje diferente al pasado y que, a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y, por tanto, de luchar contra la impunidad", afirmó.

​Según el presidente Petro, el hecho de haber presentado esa terna “desató una tormenta".

“No creí que eso sucediera en Colombia, pero (ocurrió) una tormenta terrible", aseguró, y dijo que “en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción, o peor aún, en el narcotráfico, nunca había problema".

Por eso se lamentó de que en este caso, el único problema es porque las ternadas a Fiscal General son personas decentes, pero aclaró que “el problema proviene de sectores ajenos a la justicia, incluso, de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique, y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y, por tanto, de las personas decentes".

Falsas noticias

​En su intervención, el primer mandatario dijo que ese es el motivo por el cual se crearon falsas informaciones en redes sociales atribuidas a él, y que fueron recogidas por los medios de comunicación colombianos.

El Presidente comparó esa desinformación con la “arquitectura comunicacional" que se construyó en las redes hace varios años cuando se dijo que un grupo de ciudadanos venezolanos se estaban tomando los conjuntos residencia, información que fue falsa pero generó zozobra colectiva y ocasionó varios muertos.

Para ilustrar esa “arquitectura comunicacional", el jefe de Estado citó un trino en la red social X en la que se dijo que los magistrados estuvieron secuestrados por orden suya y luego evacuados en helicóptero.

“¿De dónde salió esta fantasía noticiosa?, ¿cómo la prensa se pone al servicio de esto?, aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de conjuntos y edificios", añadió.

Detrás de esta situación, dijo, “el objetivo es que no se escoja Fiscal General, como ordena la Constitución, porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad", concluyó.

Pastrana a responderle al Presidente y dar ejemplo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

He acudido al búnker de la Fiscalía General de la Nación a defender la honra y buen nombre de mi Gobierno.

Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún en riesgo de nuestra propia vida.

Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley.

Como demócrata, respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal.

En la querella contra el expresidente Andrés Pastrana pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas.

La indemnización por los perjuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social.

El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la justicia.

GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República
30 de enero de 2024

La relación entre el Presidente y el allanamiento a FECODE

El presidente Gustavo Petro advirtió este miércoles que el allanamiento ordenado por la Fiscalía General de la Nación a las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lo que busca es encontrar un camino para sacarlo de la Presidencia de la República.

Durante el evento 'Acciones por la vida' que se desarrolló en El Charco, Nariño, en el marco del espacio Gobierno con el Pueblo, el primer mandatario se solidarizó con esa central de trabajadores.

“Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato Fecode, que fue allanado en el día de hoy, allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al Presidente de la República de la Presidencia. No estamos ante cualquier cosa", aseguró el jefe de Estado.

El presidente Petro agregó que siempre pensó que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian los políticos,“ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el Presidente (de la República) no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico".

Por ello, advirtió que “en la medida en que aquí (en el país) no tenemos un Gobierno criminal, que sí lo ha habido, en la medida en que se acerca en realidad la posibilidad de que la justicia deje de ser política y asuma el compromiso de resolver las peores violaciones de derechos humanos en Colombia y no dejar en la impunidad, pues también se acercan las desestabilizaciones, los temores, los temblores, los terremotos", afirmó.

Y agregó: “Así que, a esos maestros y maestras de Colombia, mi solidaridad".

No obstante, el jefe de Estado concluyó que lo hoy sucedió en Colombia es una situación generalizada en el continente. “Esa es la vida política en América Latina, en general, y esas circunstancias solo se superan con la organización y la movilización del pueblo", dijo.

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