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Incautadas 20 mil dosis de clorhidrato de cocaína

 Un operativo interinstitucional que vinculó la Policía Nacional a través de la Seccional de Investigación Criminal y unidades del Ejército se materializó en las últimas horas en área céntrica del municipio de Puerto Rico, Meta, donde se capturó a dos hombres de 29 y 44 años de edad, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Este hecho se presentó en medio de los controles al sector hotelero de este municipio; a través de un registro de allanamiento voluntario, se ingresó a uno de estos establecimientos donde se logró este resultado de captura e incautación de estupefacientes.

En medio del procedimiento de registro se les encontró en su poder cuatro paquetes envueltos en bolsa plástica negra en las cual se encontraba una sustancia alucinógena, identificando que se trata de clorhidrato de cocaína con un peso aproximado de diez kilogramos.

“Los operativos se libraron en el casco urbano de este municipio, como estrategia de prevención para contrarrestar el tráfico de estupefacientes en el sur del departamento; aunado a esto, seguimos empelando acciones para garantizar la seguridad y la convivencia para la región del Ariari”, informó el coronel Jeison Freddy Sora, comandante de la Policía del Meta.

En el desarrollo de la captura, se les solicitó antecedentes penales y evidenciando que uno de los sujetos presenta orden de condena por los delitos de concierto para delinquir del año 2017 y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, del 2019.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde un Juez de la República definirá su situación jurídica y penal por estos hechos.

Autoridades policiales en el departamento adelantan las investigaciones de este caso, para conocer la procedencia y destino de esta sustancia, la cual, al ser dosificada y distribuir se lograría triplicar su valor comercial generando con este resultado una gran afectación a las rentas económicas de grupos ilegales.

Fiscalìa reconoce error al inspeccionar a una periodista debido a un artículo.

 La Fiscalía General sostiene que la orden de inspeccionar a una periodista fue errónea y afirma respetar la libertad de prensa.

Para resarcir el 'error' ordenan investigación.
Comunicado de prensa 386

La Fiscalía General de la Nación se permite informar que:

El fiscal 60 de la Dirección Especializada contra la Corrupción, del grupo que conoce los procesos de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), en su autonomía e independencia, y en el marco de un proceso que su despacho adelanta, ordenó una inspección judicial a la Revista Cambio para acceder al expediente fuente del informe de prensa y/o la noticia, que utilizó la periodista Sylvia Charry para redactar un artículo que se publicó en ese medio de comunicación el 17 de diciembre del 2023.

La Fiscalía compulsó copias ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para que investigue si el funcionario infringió la Directiva No. 0003 del 12 de abril de 2023 de la Fiscalía General de la Nación, por medio del cual se imparte lineamientos con respecto a las entrevistas y la prueba testimonial en el proceso penal, y que en su literal C. Secreto Profesional de los periodistas, busca proteger la libertad de prensa: “Los periodistas no pueden ser citados a entrevista o testimonio. En principio, y como regla general, esta constitucionalmente prohibido que los fiscales exijan a un periodista rendir entrevista o testimonio en relación con la información suministrada por sus fuentes, en tanto la Constitución Política garantiza el ejercicio de la libertad de prensa”.

La Fiscalía General de la Nación reitera su compromiso con la libertad de prensa la cual está estipulada en esa directiva.

Esta información se publica por razones de interés general.

 El comunicado de la Fiscalía se produce luego de conocerse el rechazo a la judicialización del trabajo periodístico.

Por miedo a la justicia quieren impedir que pronto se nombre una Fiscal decente e independiente.

En una alocución televisada, que recoge un aparte de la intervención del mandatario durante su participación en la Cumbre de Gobernadores que sesionó el pasado viernes 9 de febrero en Cartagena, el presidente Gustavo Petro expresó que “le he propuesto a Colombia que tengamos una justicia decente. El otro lado de la moneda de la violencia es la impunidad".

El jefe de Estado recordó que la Carta Política ordena que sea el Presidente de la República quien presente la terna de la cual la Corte Suprema de Justicia escoge al Fiscal General.

“Se me ocurrió presentar una terna de fiscales que yo no conociera personalmente, que no hubieran tenido ninguna actividad política o familiar conmigo. Un mensaje diferente al pasado y que, a través de su vida, por lo que se sabe de esas personas, hubieran demostrado capacidad y valentía de enfrentarse a la investigación y, por tanto, de luchar contra la impunidad", afirmó.

​Según el presidente Petro, el hecho de haber presentado esa terna “desató una tormenta".

“No creí que eso sucediera en Colombia, pero (ocurrió) una tormenta terrible", aseguró, y dijo que “en tiempos pasados, si en la terna iba alguien del que se podía dudar con cierta credibilidad de que estuviese ligado a intereses políticos o a intereses criminales en la corrupción, o peor aún, en el narcotráfico, nunca había problema".

Por eso se lamentó de que en este caso, el único problema es porque las ternadas a Fiscal General son personas decentes, pero aclaró que “el problema proviene de sectores ajenos a la justicia, incluso, de sectores en los medios de comunicación, en ciertos poderes fácticos que tienen una campaña y una razón: impedir que la Constitución se aplique, y que pueda haber un fiscal de la terna del actual presidente y, por tanto, de las personas decentes".

Falsas noticias

​En su intervención, el primer mandatario dijo que ese es el motivo por el cual se crearon falsas informaciones en redes sociales atribuidas a él, y que fueron recogidas por los medios de comunicación colombianos.

El Presidente comparó esa desinformación con la “arquitectura comunicacional" que se construyó en las redes hace varios años cuando se dijo que un grupo de ciudadanos venezolanos se estaban tomando los conjuntos residencia, información que fue falsa pero generó zozobra colectiva y ocasionó varios muertos.

Para ilustrar esa “arquitectura comunicacional", el jefe de Estado citó un trino en la red social X en la que se dijo que los magistrados estuvieron secuestrados por orden suya y luego evacuados en helicóptero.

“¿De dónde salió esta fantasía noticiosa?, ¿cómo la prensa se pone al servicio de esto?, aquí pudo haber muertos de verdad, como sucedió con los de conjuntos y edificios", añadió.

Detrás de esta situación, dijo, “el objetivo es que no se escoja Fiscal General, como ordena la Constitución, porque piensan que una fiscal decente acaba la impunidad y ellos son los protagonistas que se benefician con la impunidad", concluyó.

Pastrana a responderle al Presidente y dar ejemplo.

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

He acudido al búnker de la Fiscalía General de la Nación a defender la honra y buen nombre de mi Gobierno.

Ser presidente tiene un periodo fijo, pero ser ciudadano y demócrata es imperecedero, aún en riesgo de nuestra propia vida.

Creo y defiendo las instituciones del país que me otorgó el privilegio de dirigirlas y acudo en busca de justicia porque nadie puede estar por encima de la ley.

Como demócrata, respeto las diferencias, pero no respondo a la violencia del lenguaje, reservado para quienes quieren lucrarse del poder pasajero, sin más ideas que la agresión verbal.

En la querella contra el expresidente Andrés Pastrana pretendo que los líderes demos ejemplo y que nuestra condición de figuras públicas no rebase el límite de la libertad de expresión y toda denuncia esté soportada en pruebas.

La indemnización por los perjuicios morales que reclamo será destinada a una fundación con objeto social.

El país sabe que la Fiscalía fue creada en 1991 como una institución que investiga y gestiona los conflictos sociales con valores muy superiores en grandeza a los que, como canijos, pretenden sacar provecho politiquero de la justicia.

GUSTAVO PETRO URREGO
Presidente de la República
30 de enero de 2024

La relación entre el Presidente y el allanamiento a FECODE

El presidente Gustavo Petro advirtió este miércoles que el allanamiento ordenado por la Fiscalía General de la Nación a las oficinas de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) lo que busca es encontrar un camino para sacarlo de la Presidencia de la República.

Durante el evento 'Acciones por la vida' que se desarrolló en El Charco, Nariño, en el marco del espacio Gobierno con el Pueblo, el primer mandatario se solidarizó con esa central de trabajadores.

“Desde aquí quiero expresar mi solidaridad al sindicato Fecode, que fue allanado en el día de hoy, allanamiento de una organización de trabajadores, buscando ver cómo se encuentran los caminos para sacar al Presidente de la República de la Presidencia. No estamos ante cualquier cosa", aseguró el jefe de Estado.

El presidente Petro agregó que siempre pensó que los allanamientos eran sobre las organizaciones mafiosas que ilegalmente financian los políticos,“ahora es sobre organizaciones de trabajadores, porque el Presidente (de la República) no es del narcotráfico ni de los políticos que se dejan financiar por el narcotráfico".

Por ello, advirtió que “en la medida en que aquí (en el país) no tenemos un Gobierno criminal, que sí lo ha habido, en la medida en que se acerca en realidad la posibilidad de que la justicia deje de ser política y asuma el compromiso de resolver las peores violaciones de derechos humanos en Colombia y no dejar en la impunidad, pues también se acercan las desestabilizaciones, los temores, los temblores, los terremotos", afirmó.

Y agregó: “Así que, a esos maestros y maestras de Colombia, mi solidaridad".

No obstante, el jefe de Estado concluyó que lo hoy sucedió en Colombia es una situación generalizada en el continente. “Esa es la vida política en América Latina, en general, y esas circunstancias solo se superan con la organización y la movilización del pueblo", dijo.

Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas

 Ante un auditorio colmado de participantes nacionales y extranjeros del “Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos”, el presidente, Gustavo Petro Urrego denunció que “Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” por casos de corrupción.

Al cuestionar las razones por las cuales la empresa no ha respondido en Colombia por sus delitos, el mandatario aseguró que no es porque “hayan sido muy astutos; son criminales de una red en este caso, —pues no es que sepamos del narcotráfico–, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”.
“No fue porque se escaparon a tiempo. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el mandatario.
El presidente señaló que los vinculados en los procesos de corrupción que adelantaban las autoridades​ prefirieron salir del país a otras naciones. “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”, anotó.

Debido a que, entre Colombia y Brasil no existía un acuerdo de cooperación judicial, no eran extraditables, dijo al explicar que “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y, sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario”.

El caso de los sobornos

En su intervención, el presidente Petro se refirió a las posibles inconsistencias que se registran en las confesiones contradictorias de los vinculados en los casos de soborno de Odebrecht.

Aseguró que las versiones dadas por los vinculados en los tribunales de justicia de Estados Unidos y Colombia fueron diferentes. Sustentó que el único corrupto del Grupo Aval, hasta hoy, es el señor José Elías Melo, quien confesó que en Colombia pagó sobornos por seis mil millones de pesos, pero en EEUU dice que fueron 26 millones de dólares. Pues alguien miente, afirmó el mandatario.

“El señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó seis mil millones de pesos y allá dicen que fueron 26 millones de dólares, o allá mienten o aquí Melo mintió, luego la justicia no sirvió”, aseguró.

“¿Qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como ponerlos a todos presos y recuperar los dineros y saber a quiénes sobornaron?”, cuestionó el presidente.

“Nosotros no sabemos a quiénes sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios”.

“Los intermediarios, la mayoría, están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata, porque la plata llegó a los del poder político”, concluyó.

Los señalamientos del mandatario se refieren a los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios, para que le dieran vía libre a la adición del proyecto Ocaña-Gamarra (2013) contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II.

El presidente Petro envía un mensaje a su hijo Nicolás: "Ojalá podamos perdonarnos"

El presidente colombiano, Gustavo Petro, aseguró este sábado que lo sucedido con su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, imputado por la Fiscalía por lavado de activos y enriquecimiento ilícito, es "terrible" y confió en que más adelante puedan reconciliarse.



"Lo sucedido con mi hijo es para mí terrible y muy lamentable. Ojalá algún día pueda hablar con él y perdonarnos", expresó el jefe de Estado en Twitter.

El presidente publicó un tuit en el que afirmó que le duele "tanta autodestrucción" y, tras desearle suerte, señaló que espera "que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores".

El Juez Penal Municipal 74 con funciones de control de garantías ordenó el viernes en una audiencia en Bogotá que Petro Burgos y Vásquez respondan en libertad, pero con restricciones, al proceso que enfrentan por lavado de activos y otros delitos, un caso que ha salpicado al Gobierno colombiano.

El presidente también reiteró hoy en que su campaña de 2022 "no recibió dinero alguno de carácter ilícito" y que de lo sucedido se enteró "por una reunión que tuve con la exesposa de Nicolás en mi oficina hace apenas unos meses cuando pedí que investigarán a mi hijo".

"Como lo dije antes, no presionaré como presidente a la justicia en su caso, los funcionarios judiciales que intervengan en su proceso serán por mí respetados", añadió el jefe de Estado.

El presidente finaliza su mensaje diciendo que espera que su nieto "pueda conocer a su papá en libertad", algo que él no pudo hacer con Nicolás porque estaba preso como miembro del grupo guerrillero Movimiento 19 de Abril (M-19).

"Yo conocí a Nicolás en las rejas de mi prisión. Aun en lo más terrible se aprende, que todos mis hijos e hijas, incluido Nicolás y yo mismo, podamos con esta dura experiencia ser mejores seres humanos", agregó.

Tras su separación de Vásquez, de la que no se ha divorciado oficialmente, Petro Burgos comenzó una relación sentimental con Laura Ojeda, que ahora está embarazada de ocho meses.

Corte niega demanda de empresa que pedía condenar a sindicatos por supuestos daños causados como consecuencia de huelga

La Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia recordó que la huelga es un derecho constitucional, reconocido también por pactos internacionales incorporados en el sistema jurídico en Colombia. Sin embargo, cuando hay un abuso de este derecho y se ejerce por fuera de los límites demarcados por la ley, los sindicatos podrían ser condenados civilmente a reparar a su empleador o a terceros que demuestren daños y perjuicios. 

La Sala hizo este pronunciamiento al mantener una decisión que negó la solicitud que hizo una empresa en la que pedía condenar a un sindicato y a distintos empleados a indemnizar a esa compañía, dedicada a vender y reparar maquinaria para el sector minero. 

El sindicato y los empleados demandados, que hacían parte de dos compañías que esa entidad había subcontratado, entraron en huelga entre el 14 de marzo y el 3 de abril del 2013, por lo cual bloquearon el acceso a cinco proyectos mineros en Cesar donde la empresa prestaba sus servicios, y en las instalaciones de la demandante en Soledad (Atlántico). 



De acuerdo con la demanda civil, los ceses de actividades promovidos por el sindicato y los trabajadores afiliados -huelgas que posteriormente fueron declaradas ilegales por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia-, le ocasionaron daños y perjuicios económicos, debido a los gastos que tuvo que sufragar y las ventas que dejó de realizar. Por ello, pidió una indemnización. 

En primera instancia el sindicato y los trabajadores fueron condenados solidariamente por el juez a pagar más de 37.000 millones de pesos, pero en segunda instancia el Tribunal revocó esa decisión. 

La Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión que negó las pretensiones de la empresa señalando que, aunque es cierto que en los casos en los que se compruebe el abuso del derecho los sindicatos podrían ser llamados a responder civilmente, en este caso particular la empresa demandante no acreditó los perjuicios, lo cual no se solventaba con tasarlos en la demanda con complejas operaciones y análisis contables.  

La Sala encontró que el dictámen pericial que cuantificó el daño emergente y el lucro cesante de la empresa “carece de solidez” y los “perjuicios demandados no tienen el carácter de ser ciertos”, pues no se demostró su existencia, un elemento esencial para poder considerar la responsabilidad civil extracontractual. 

La posibilidad de que los sindicatos respondan por el daño 

En términos generales, en la sentencia la Corte analizó cómo se configura la responsabilidad civil extracontractual por parte de los sindicatos y la necesidad de demostrar el daño en este tipo de procesos. 

En primer lugar, la Sala de Casación Civil y Agraria recordó que, por su naturaleza, es lógico que el paro pueda afectar al empleador de los trabajadores y a terceros, y generar menoscabos patrimoniales, lo cual es socialmente tolerado. 

Pero eso no significa que el derecho a la huelga sea ilimitado. Dado a que busca conseguir reivindicaciones de tipo laboral, debe atenerse a los límites que establece la ley lo cual significa que si se sobrepasan esas fronteras y hay un abuso del derecho, los sindicatos y empleados podrían ser condenados civilmente.

“En ese orden, los sindicatos y los mismos empleados que aquellas organizaciones gremiales congregan no son ajenos al respeto del principio de «alterum non laedere» y podrían ser llamados a responder patrimonialmente por los perjuicios que ocasionen, no sólo cuando la huelga se sirve de la violencia o de agresiones al empleador, a la empresa o a terceros, pues ésta es tan solo una de las hipótesis en que el ejercicio de este mecanismo percutor de una negociación colectiva entrañaría abuso del derecho”, precisa la Corte en la sentencia. 

Esto significa que la responsabilidad civil de las organizaciones sindicales podría darse no solo cuando incurren en conductas violentas, pues también “puede generarse en eventos diferentes, en los cuales, de acuerdo con las condiciones particulares del caso, el ejercicio de ese derecho sindical merezca la calificación de abusivo”, dice la providencia.  

La Sala de Casación Civil y Agraria aclaró que, en todo caso, la obligación de responder por los daños no se da porque la huelga genere una afectación -que es congénita al ejercicio de la huelga-, sino cuando se demuestra la ilegitimidad del acto de los trabajadores. 

En cuanto al daño, la Corte recordó que para que haya una condena civil este debe estar demostrado, debe ser inequívoco, real y directo, no eventual o hipotético. “Su respaldo requiere pruebas concluyentes que acrediten la verdadera entidad del daño y su extensión cuantitativa”, precisa la Sala.  
  
Consultar aquí el contenido de la sentencia SC040-2023

Colombia propone a la ONU cambiar la hoja de coca de "prohibida" a " controlada"

Gobierno de Colombia pidió ante Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas revisar inclusión de la hoja de coca entre sustancias controladas

Con un llamado a apoyar el nuevo enfoque de la política sobre drogas, Colombia cierra su primer día en el 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena


En el debate general, la viceministra hizo énfasis en el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de hacer un cambio en el enfoque de la política de drogas.

Según la alta funcionaria, a pesar de haber seguido el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas durante las últimas décadas, se han evidenciado aumentos históricos de flujos de cocaína que han dejado a Colombia sumida en la violencia.

En este sentido, la viceministra explicó que la nueva política de drogas del país se centrará en velar por el bienestar de las comunidades más vulnerables que han sido históricamente afectadas por el narcotráfico, priorizando la salud pública y la protección del medio ambiente.

Del mismo modo, pidió que la hoja de coca fuese retirada de la lista de sustancias prohibidas dado que la planta hace parte de la historia y de las tradiciones de los pueblos autóctonos de la región andina.

‘Paz Total y el nuevo paradigma sobre drogas’

Por otro lado, en el evento paralelo ‘Paz Total y el nuevo paradigma sobre drogas’, liderado por Colombia, la viceministra resaltó la conexión entre una nueva política de drogas y la construcción de la Paz Total en el país, y recapituló algunos mensajes de su discurso en el debate general.

La ponencia principal estuvo a cargo del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Camilo Umaña. En su intervención recordó recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro: “la paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Ninguna organización puede acercarse a una negociación con la justicia si en su cabeza busca defender a ultranza las economías ilegales".

En el encuentro, además, la Organización campesina de Piamonte, Cauca –cuyos delegados fueron Maydany Salcedo y Juan Titira-, y el representante del pueblo indígena Motilón-Barí, hicieron un llamado a la reivindicación de los Pueblos Indígenas como protectores de la tierra.

Otros panelistas del evento fueron el embajador de Suiza, Raphael Naegeli y la directora Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch.

Encuentros con Estados Unidos y Suecia

Como parte del primer día de la agenda, así mismo, la viceministra sostuvo un encuentro bilateral con Estados Unidos, al cual asistieron el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca - ONDCP, Dr. Rahul Gupta, y el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Embajador Todd D. Robinson.

En el encuentro se centraron en la importancia de prevenir y combatir conjuntamente el auge del consumo de opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas, a través de mecanismos de cooperación binacionales y regionales.

Acto seguido, la viceministra se reunió con el ministro para Asuntos Sociales y Salud Pública de Suecia, Jakob Forssmed, con quien dialogó sobre la importancia de promover un enfoque de género en la nueva política de drogas de Colombia.

Suecia, por su parte, manifestó el interés en explorar oportunidades de cooperación y apoyo.

Por otro lado, en el evento paralelo ‘El impacto de las políticas de drogas en los derechos económicos, sociales y culturales: revocando décadas de abandono’, la viceministra participará con una intervención que llama a reivindicar el papel decisivo de las mujeres en el abordaje del problema de las drogas.

Para concluir su participación en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la viceministra asistirá al panel 'La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico'; un evento paralelo liderado por Bolivia.

Colombia ordena captura de coronel por asesinato de jóvenes

DW.- La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una orden de búsqueda y captura contra el coronel de la Policía colombiana Benjamín Núñez, implicado en el asesinato de tres jóvenes el pasado 25 de julio en el departamento caribeño de Sucre, informó este lunes (22.08.2022) la Fiscalía.

Según el Ministerio Público, por este crimen han sido capturadas diez personas y "resta por concretarse la captura del coronel de la Policía Nacional Benjamín Núñez, contra quien fue expedida una circular roja (localización y captura) de la INTERPOL".

La Fiscalía no informó si los capturados son otros miembros de la Policía implicados en el homicidio de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, detenidos en la localidad de Chochó (Sucre) y asesinados luego a sangre fría cuando estaban en estado de indefensión.

El asesinato de los tres muchachos

El coronel Núñez, quien era comandante operativo de la Policía de Sucre, fue denunciado por subalternos suyos como la persona que supuestamente disparó contra los tres jóvenes, de quienes luego los uniformados dijeron que eran miembros de la banda criminal Clan del Golfo. El alto oficial, quien fue destituido del cargo, al parecer salió del país por Panamá y luego se dirigió a México aprovechando que, cuando dejó Colombia, no tenía orden de captura.

Los tres jóvenes fueron detenidos el 25 de julio en un retén de la Policía en Chochó y horas después fueron llevados, ya muertos, por los mismos policías a un hospital de Sincelejo, capital de Sucre. La Policía, según medios locales, los detuvo en las redadas en las que se buscaba capturar a los asesinos del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, crimen atribuido al Clan del Golfo.

Las familias de los tres jóvenes han denunciado que los muchachos no pertenecían a ningún grupo armado y que se trata de un falso positivo policial. En Colombia, se conoce como falsos positivos a la ejecución de civiles cometida en la primera década de este siglo por militares que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos y permisos por sus resultados en el conflicto armado.

Denuncia la FLIP: Avanza el acoso judicial de Néstor Humberto Martínez contra Cecilia Orozco

La Fiscalía citó a la directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, Cecilia Orozco, a una diligencia de arraigo en el proceso de injuria y calumnia iniciado por el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Alertamos sobre el avance en el proceso y las graves consecuencias que puede traer para la periodista, ya que con la diligencia de arraigo, por lo general, la Fiscalía busca verificar datos para notificar la imputación y el inicio formal del proceso penal.


En el 2019, con el propósito de silenciar e intimidar a la periodista, Martínez la denunció penalmente por opiniones emitidas en el programa Revelados, titulado “la Fiscalía espía a líderes políticos y periodísticos”. La directora de Noticias Uno criticó que, en un debate de control político, el exfiscal haya divulgado mensajes privados entre Orozco y un reportero del noticiero.

Frente a esta situación, preocupa el avance en la investigación penal cuando evidentemente es un caso de acoso judicial emprendido por Martínez, con el que se desconoce las garantías mínimas de la libertad de expresión y el deber de tolerancia al escrutinio público que debía soportar como funcionario público. En julio del año pasado, la FLIP solicitó el archivo de este proceso al ser un intento de censura de un asunto de alto interés público.

Preocupa, además, que esta citación coincide con la publicación de varias opiniones de Orozco en las que pone en duda el accionar de la Fiscalía cuando Martínez la dirigía. En concreto, la reactivación de la investigación se da después de una publicación en la que se evidencia que la Fiscalía de Martínez imputó indebidamente a la exsecretaria ejecutiva de la JEP, Martha Lucía Zamora.

La denuncia iniciada por el exfiscal y el impulso del proceso, sabiendo que se judicializa un asunto protegido por la libertad de expresión y que tienen como fin acallar críticas, sugiere un mal uso de la función pública para contrarrestar algunas discusiones de trascendencia social. Esto tiene un fuerte potencial silenciador porque enfrenta a los periodistas al dilema de ejercer su oficio o enfrentar sanciones de diversos tipos, incluidas las económicas.

Advertimos nuestra preocupación porque, como en el caso de Yohir Ackerman, la Fiscalía impulsa las investigaciones contra periodistas a pesar de que el mismo ente investigador no tiene la misma diligencia para la investigación de los crímenes en los que la víctima es la prensa.

Por todo esto, la FLIP le hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que evalúe las denuncias por injuria y calumnia contra periodistas aplicando los estándares internacionales e interamericanos de derechos humanos, particularmente sobre la libertad de expresión, y conforme a esto desestime las denuncias que buscan censurar expresiones protegidas y fundamentales para el debate público. En este caso concreto, la FLIP reitera su solicitud para que se archive el caso en contra de la periodista Cecilia Orozco.

Tribunal ordenó un nuevo listado de elegibles para Contralor

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca le ordenó al Congreso de la República rehacer el listado de los 10 aspirantes al cargo de Contralor General de la República, la medida la adopta el Tribunal al acoger los argumentos de una demanda contra ese listado que argumentaba que el mismo no cumplía con diversos requisitos, entre ellos el de paridad de género y méritos de los aspirantes.


"La señora Dalal Karime Dager Nieto, presentó demanda en contra de la Contraloría General de la República con el objeto de lograr la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa por no respetarse el principio de mérito y la equidad de género en el proceso de elección del contralor general de la República, además de desconocerse los requisitos establecidos para el cargo por parte de algunos de los seleccionados en la lista de elegibles definitiva", señala la primera parte del comunicado del Tribunal al justificar la medida cautelar.

En otro de los apartes del comunicado del organismo judicial, se le solicita al Congreso rehacer el listado de los aspirantes a Contralor, teniendo en cuenta los criterios necesarios para que los integrantes de dicho listado cumplan con los requisitos legales para desempeñar ese cargo, entre ellos el tema de la equidad de género, experiencia e idoneidad.

"En atención a lo anterior, requirió que con fundamento en el artículo 234 del C.P.A.C.A. se tramitara Medida Cautelar de Urgencia a fin de que se rehaga la lista de los diez (10) seleccionados para ser contralor general de la República, con el fin de que en ella se respete el principio de equidad de género y se retire de la Exp. 25000234100020220073700 Demandante: Dalal Karime Dager Nieto Demandado: Congreso General de la República Acción Popular lista a los candidatos que no cumplen con las condiciones exigidas en la Constitución Política de Colombia, con fundamento en los siguientes hechos", detalla el comunicado del Tribunal.

Precisamente el tema del listado para elegir Contralor General generó las primeras discusiones en la coalición del Gobierno entrante en el Congreso, pues el senador Gustavo Bolívar había expresado su inconformidad con dicho listado precisamente por las mismas razones por las cuales el Tribunal acogió los argumentos de esta demanda, esto generó un rifirrafe con el próximo presidente del congreso e integrante de la misma coalición, Roy Barreras.

“Roy está en campaña por una candidata del actual contralor para garantizar el tapen 4 años más. Varias personas del Pacto me han llamado a abogar por ella. Esa lista fue manipulada y hay que tumbarla. Seguro me derrotan, pero la gente votó por un cambio no lo olviden”, escribió Bolívar en su cuenta de Twitter en su momento.

Gustavo Bolivar y Roy Barreras
El senador Gustavo Bolívar señaló que los reparos que ha hecho contra Roy Barreras “no es una división interna” sino un “llamado de atención” para revisar las listas de los elegibles como Contralor al interior del Congreso.

“Estoy haciendo un llamado al Pacto Histórico, para que tengamos mucha responsabilidad en la elección del nuevo Contralor, recibimos un mandato para un cambio, esto supone elegir a personas con una hoja de vida impecable que no tengan compromisos con la vieja clase política, ni con el actual Contralor, Felipe Córdoba”, señaló Bolívar tras la polémica con Roy Barreras.

Sobre el mismo tema, Roy Barreras respondió a través de su cuenta de Twitter, señalando “apreciado Gustavo. He evitado por bien del éxito del Gobierno de Gustavo Petro responder a tus ataques pero no se puede volver el chisme una actividad política” y agregó que “no tengo candidato”.

Enfatizó en relación a la lista de candidatos que: “he dicho que lo revise jurídicamente.

Carta pública a la Fiscalía General por inspección a la revista Cambio

La FLIP conoció que el miércoles 29 junio de 2022 la Fiscalía General de la Nación notificó a la Revista Cambio sobre una diligencia de inspección que se realizaría el jueves 30 de junio de 2022 con motivo de la publicación titulada ‘“Esta es la puta guerra”: General reconoce alianza con narcotraficantes para enfrentar disidencias de las Farc’. En este artículo los periodistas hablan sobre presuntas alianzas del general Jorge Hernando Herrera Díaz con la red criminal 'Los Pocillos' para combatir a las disidencias en Cauca. Según la Fiscalía, la diligencia tenía como propósito “consultar y recolectar el original de la publicación de la Revista Cambio y de ser posible las grabaciones a que hace alusión tal artículo”.

El recaudo de las publicaciones periodísticas en la sede de los medios resulta innecesaria, pues estas son de dominio público. Por otro lado, solicitar o pretender acceder a los documentos de soporte de la publicación pone en serio riesgo el secreto profesional y a las fuentes. Además estas acciones pueden tener un efecto disuasivo y de autocensura para los medios de comunicación y periodistas que informan y opinan sobre asuntos de alto interés público. De acuerdo con el Relator Especial de la ONU “el uso de las facultades administrativas o medios indirectos por parte del estado para intentar censurar o restringir el alcance de los medios de comunicación es inaceptable y contraviene los estándares internacionales de libertad de expresión”.


Por eso, resulta preocupante que desde el 2019 la Fiscalía haya ordenado en tres ocasiones diferentes la inspección de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. En octubre de 2020 la Fiscalía requirió a la FLIP informar una fecha para la realización de una inspección judicial en sus instalaciones, así como “los documentos de control de ingreso y salida de visitantes, durante el periodo comprendido entre el 6 de diciembre de 2018 al 23 de enero de 2019, con el fin de establecer el ingreso de DIANA MARCELA DÍAZ SOTO”. Luego, en diciembre de 2021 la Fiscalía envió notificación a Noticias Uno para realizar inspección a los archivos del medio con el fin de allegar bajo cadena de custodia el audio y/o video de la transmisión realizada por ese noticiero el día 19 de octubre de 2013 en la emisión de la noche.


Además, la práctica de recaudo de estas pruebas mediante una inspección a los medios de comunicación también genera una carga administrativa desproporcionada aunque se pretenda contribuir con la actividad investigativa a cargo de la entidad.

De ahí que en el reciente caso de la Revista Cambio, para consultar y recolectar publicaciones, la Fiscalía General de la Nación cuenta con otros mecanismos de recolección de pruebas como (i) el acceso público a las notas periodísticas que se encuentran en los sitios web de los medios de comunicación, y (ii) la solicitud de información mediante un derecho de petición en el que se especifique claramente la información requerida y su finalidad.

Propender por utilizar mecanismos menos lesivos para acceder a la información periodística no sólo beneficia al medio de comunicación y la libertad de expresión, también permite a la entidad pública descongestionar el sistema judicial, ya que no requiere todo un operativo ni organización logística de su personal para acceder a dicha información. Entonces, resulta excesivo e innecesario acudir personalmente al medio informativo para consultar una publicación que se encuentra en línea o que puede ser enviada vía electrónica, bajo el principio de la buena fe, por el mismo medio de comunicación.

La FLIP hace un respetuoso llamado para que la Fiscalía fomente en la institución una garantía y respeto por la actividad periodística, de manera que se promuevan buenas prácticas investigativas que no pongan en riesgo los derechos de los y las periodistas y medios de comunicación.

Descargar archivos adjuntos:

Ordenan arresto para el presidente, también deberá pagar multa.


La Sala V Laboral del Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario del presidente Iván Duque por desacato en el caso del Parque de los Nevados.

El Tribunal Superior de Ibagué ha publicado este sábado el fallo por desacato a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que declaró como sujeto de derechos al Parque.

La Corte Suprema de Justicia había declarado al lugar como sujeto de derechos y había ordenado al mandatario conformar un grupo especial de la fuerza pública que custodiara el parque, el cuidado de su fauna, flora y mantuviese el orden público.

Duque no cumplió con el requerimiento, que debía efectuarse en un tiempo de un año desde que se realizó el anuncio. Adicionalmente, durante ese plazo se debía conformar un plan para el cuidado del ecosistema.

Según destacó el Tribunal en su decisión, hubo desacató por parte del mandatario ante la decisión y tampoco se habrían evidenciado avances en materia de conservación o cuidado del parque.

Al respecto, el documento expedido por la autoridad precisa:
"Declarar en desacato de la orden impartida en el aparte (i) por la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia en la sentencia STL10716 de 2020, al señor presidente de la República de Colombia, Doctor IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, de conformidad con la parte motiva de esta providencia", indica el documento. Por ello ordena como sanción por el desacato imponerle al presidente Iván Duque "medida de arresto domiciliario por cinco (5) días, para cuyo cumplimiento se encarga al señor Director de la Policía Nacional o el Superior que atienda las funciones de policía en el Palacio de Nariño

Junto con la medida de arresto, el presidente tendrá que pagar una multa de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes " a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como incumplida", dicta la decisión.

El incidente de desacato se habría iniciado el 10 de mayo por parte del Tribunal, en contra del presidente, la secretaria de Medio Ambiente de Caldas, Paola Andrea Loaiza Cruz; la alcaldesa del municipio de Casablanca, Tolima, María Yineth Cifuentes Giraldo y la secretaria de Representación Judicial y Defensa del Quindío, Paula Andrea Huertas Arcila.

Ordenan a Miguel Uribe  y a Esteban Ramírez desmontar  propaganda ofensiva

La sala plena del Consejo Nacional decretó como medida cautelar el desmonte de las vallas, pancartas y pasacalles instaladas en el territorio nacional y en las redes sociales de los candidatos al Senado de la República Miguel Uribe Turbay, del partido Centro Democrático, y de Alberto Esteban Ramírez Alfonso, del partido Conservador.

En el caso de Uribe Turbay, se determinó que usó la imagen de los ciudadanos: Gustavo Petro, Gustavo Bolívar, Piedad Córdoba, Roy Barreras, Iván Cepeda, Carlos Antonio Lozada y León Fredy Muñoz, en una valla que se titula “ojo con el Congreso, el momento de salvar a Colombia de los enemigos de la libertad es ya”.

Mientras que Ramírez Alfonso en su propaganda usó la imagen de algunos magistrados de la Corte Constitucional, con la frase “No matarás. Aborto = Crimen. No más cultural de la muerte”. En este caso la sala consideró que la intención del candidato Ramírez Alfonso, “al desplegar este tipo de publicidad, no es otra que utilizar la noticia coyuntural con el fin de ganar un beneficio electoral”… “Los Magistrados comprometidos administran justicia y no son actores políticos dentro de la contienda electoral, por lo que esta conducta, a todas luces desconoce los derechos personalísimos de los involucrados en la valla electoral”.

La sala además consideró que en busca de deslegitimar a un sector político determinado, los aspirantes al Congreso afectaron de manera injustificada los derechos de unos ciudadanos en particular, desbordando así los límites del derecho de libertad de expresión.

Para la sala plena hubo un menoscabo al buen nombre,
la imagen y la dignidad humana.
Para el Consejo Nacional Electoral este tipo de propaganda “genera un menoscabo al buen nombre, la imagen y la dignidad humana de los ciudadanos en mención”.

Añadió que para hacer uso de la imagen de ciudadanos en su propaganda política, los candidatos políticos debe contar con un consentimiento y/o autorización previa de las personas que aparecen en su publicidad, situación que no se encuentra probada.

La sala añadió que “este tipo de publicidad electoral es reprochable dentro de las actividades de una campaña electoral, ya que podría lesionar derechos tanto de particulares como de otros participantes en la contienda electoral y fuera de ella, como en efecto se vislumbró respecto a los ciudadanos”.

Los aspirantes tendrán un plazo improrrogable de 48 horas para retirar la propaganda.

Por qué la Justicia colombiana declaró inconstitucional la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños

La Corte Constitucional de Colombia declaró inconstitucional la reforma que reglamentaba la cadena perpetua —revisable a los 25 años— para violadores y asesinos de niños, niñas y adolescentes, al considerar que viola el principio de la dignidad humana.


La medida fue adoptada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, con seis votos a favor y tres en contra.

La Corte determinó que acoger ahora una sanción como la prisión perpetua "configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas", dice la institución.

En concreto, la Sala Plena acogió los argumentos de la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien atendió favorablemente una demanda presentada por el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes, uno de los ocho demandantes contra la normativa ante la Corte.

En su demanda, el Grupo de Prisiones de la Universidad de los Andes afirmó que la dignidad humana "es el presupuesto esencial de la consagración y efectividad del sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución de 1991".

La Sala Plena concluyó que el Congreso de la República "transgredió su poder de reforma al incluir la pena de prisión perpetua revisable en el artículo 34 de la Constitución".

Con ello, dice la Corte, "afectó un eje definitorio de la Carta [Magna] como lo es el Estado social y democrático de derecho fundado en la dignidad humana y, en consecuencia, sustituyó la Constitución".


De acuerdo con la Corte, se debe buscar la resocialización como forma de garantizar la dignidad humana de los sentenciados y que el Estado garantice los medios para lograr que los reclusos se reintegren a la sociedad.

"La garantía de resocialización de las personas condenadas es una forma de reconocimiento de la dignidad humana que enaltece la capacidad de autodeterminación de la persona para hacerse a sí misma, de ser quien quiere ser y su posibilidad de volver a la vida en comunidad", señala.

"Todos, familia, Estado y sociedad tenemos la obligación de protegerlos", indicó e informó, además, que durante 2021 el ICBF "ha abierto 9.927 procesos de restablecimientos de derechos por violencia sexual, de los cuales 85 % corresponden a niñas".
La normativa

El año pasado, el Parlamento de Colombia dio luz verde a la reforma del artículo 34 de la Constitución del país suramericano, con el objetivo de imponer la cadena perpetua a los violadores y asesinos de menores.

Previo a la reforma, ese artículo establecía: "Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación".

Con la reforma en el Congreso, se sacó del texto la prisión perpetua; y se le añadió: "De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua".

Después de la promulgación de la reforma constitucional, que la hizo Duque el 22 de julio de 2020, el Gobierno colombiano contaba con un año para reglamentar la nueva ley.

En marzo de 2021, el Ministerio de Justicia y del Derecho presentó el proyecto de ley para reglamentar la cadena perpetua, que fue tramitado y aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes en junio pasado; y, luego, sancionada por Duque en julio. Entre otras cosas, en la reglamentación se estableció que la pena era revisable en un plazo mínimo de 25 años, para evaluar al condenado.

La normativa también era conocida como 'Ley Gilma Jiménez', en memoria de la exsenadora fallecida en 2013 que luchó para que en el país se castigara con la pena máxima a los autores de crímenes contra los menores de edad.

Mario Montoya será imputado por más de 100 "falsos positivos

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado de 104 de los llamados falsos positivos", dijo Francisco Barbosa.

DW.- El general en retiro Mario Montoya será imputado por las ejecuciones de 104 personas presentadas como rebeldes abatidos en combate durante su tiempo al mando del Ejército de Colombia (2006-2008), anunció este sábado (31.07.2021) la Fiscalía.

"Lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado (...) de 104 de los llamados falsos positivos", dijo a la revista Semana el fiscal general, Francisco Barbosa, aludiendo al escándalo en el que militares ejecutaron a miles de civiles entre 2002 y 2008 para hacerlos pasar por bajas en medio de su lucha antiguerrillera.

Según el ente investigador estos asesinatos ocurrieron entre 2007 y 2008 y cinco de las víctimas eran niños. "Todos los autores materiales fueron miembros activos del Ejército", agregó Barbosa. Montoya se sometió en 2018 a la Justicia Especial de Paz (JEP), que investiga los peores crímenes del conflicto y que ofrece penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas. Su expediente no ha sido resuelto.

La JEP estima que más de 6.400 civiles fueron asesinados durante el Gobierno de Álvaro Uribe por militares incentivados por un body count o conteo premiado de cuerpos. La imputación de la Fiscalía busca "ayudar" al tribunal surgido de los acuerdos con la guerrilla FARC en 2016 a esclarecer estos crímenes, explicó Barbosa.

Por su parte, el director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, celebró la decisión a través de su cuenta de Twitter, pero lamentó "que esta decisión recién ocurra ahora. Debido a la competencia de la JEP, la relevancia jurídica de esta imputación hoy es mayormente simbólica".

Varios subordinados de Montoya han admitido ante la JEP que asesinaron a civiles para presentarlos como bajas en combate a cambio de días de vacaciones y otros beneficios. El entonces mayor del Ejército Gustavo Soto relató a la agencia AFP en 2020 que Montoya medía los resultados operacionales "en muertos".

Según Barbosa, el oficial retirado "fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones (...) con la política de premios por esas ejecuciones". Pero el general niega haber instigado estos crímenes y su defensa sostiene que "en ningún momento existió una directiva o directriz al Ejército para hechos tan atroces".

Gobierno Nacional sancionado nuevamente por no cumplir la sentencia T–052 del 2017


 Catatumbo - Norte de Santander, julio 28 de 2021.

La Asociación Campesina del Catatumbo – ASCAMCAT, el Pueblo Indígena Barí, la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina – ANZORC y la Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, resaltan la decisión tomada el pasado 28 de junio de 2021 por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial De Cúcuta – Sala Penal, respecto a las medidas sancionadoras en contra del Gobierno Nacional representado a través de la Agencia Nacional de Tierras, así como la enérgica orden emitida al Ministerio del Interior para que cumpla con sus deberes misionales.

La razón de ser de esta decisión tiene su origen en el fallo proferido por la Corte Constitucional en Sentencia T–052 de 2017, mediante la cual se da reconocimiento a derechos territoriales del Pueblo Barí y a las comunidades campesinas representadas en la ASCAMCAT, respecto de la delimitación, saneamiento y ampliación de los Resguardos Indígenas Motilón Barí y Catalaura - La Gabarra; así mismo, de la constitución de la Zona de Reserva Campesina del Catatumbo - ZRCC. A pesar que la Corte estableció un término específico de cumplimiento de las mencionadas órdenes en el lapso de 1 año, los destinatarios estatales de éstas han actuado de manera recurrente, omisiva e injustificada para su integral cumplimiento durante 4 años y 5 meses.

Con fundamento en lo anterior, las comunidades afectadas dieron lugar al inicio del trámite incidental de DESACATO, que fue decidido inicialmente el pasado 13 de diciembre de 2019, donde se declaró INCUMPLIDA la Sentencia y se impuso sanción de multa y arresto en contra de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, decisión que fue confirmada el 18 de febrero de 2020 por parte de la Corte Suprema de Justicia – Sala Casación Penal.

  • De esta manera alertamos a la sociedad y al Estado colombiano sobre la falta de voluntad política del Gobierno Nacional frente al acceso y goce de los derechos del Pueblo Barí y de las comunidades campesinas de la región del Catatumbo en Norte de Santander; sin embargo, a pesar del incumplimiento de las medidas judiciales, seguiremos exigiendo el acceso a la administración de justicia con plenas garantías del ejercicio de nuestros derechos constitucionales incluyendo los de la Sentencia T – 052 de 2017.

    ASCAMCAT  -  PUEBLO BARÍ  -  ONIC  -  ANZORC

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

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