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Alimentos para la Vida. Programa para la Seguridad Alimentaria

​​​Mauricio Rodríguez ​Amaya, director de Prosperidad Social
Prosperidad Social inició este viernes la entrega del programa Alimentos para la Vida, estrategia del Gobierno nacional que busca fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables del país, al tiempo que apoya a los pequeños productores del campo.

La primera fase de distribución arrancó con la entrega de 311 toneladas de papa a 24.480 hogares en nueve municipios del país. En total, el Ministerio de Agricultura destinó a Prosperidad Social 3.447 toneladas de papa, avaluadas en 4.612 millones de pesos, para que la entidad adelante la focalización, logística y distribución en 80 municipios de Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Quindío y Valle del Cauca.

El programa beneficia a 275.823 hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, priorizados por su situación socioeconómica.

“Por primera vez un gobierno nacional está comprando a productores sus excedentes para llevar alimentos a los más vulnerables. Con esta entrega iniciamos una estrategia solidaria que conecta el trabajo del campo colombiano con los hogares que más lo necesitan. Cada tonelada de papa es fruto del esfuerzo de nuestros campesinos y del compromiso del Gobierno del presidente Petro con la inclusión social y la seguridad alimentaria", señaló Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Las primeras entregas se están realizando a través de cuatro gerencias regionales de Prosperidad Social:
Valle del Cauca: Yumbo, Jamundí y Tuluá.
La Guajira: Dibulla y Riohacha.
Magdalena Medio: Barrancabermeja y Puerto Wilches.
Magdalena: Algarrobo y Aracataca.

Esta acción conjunta entre Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura evidencia la apuesta por un modelo agroalimentario sostenible y justo, que dignifica el trabajo campesino y promueve una distribución equitativa de los alimentos en el territorio nacional.

Alimentos para la Vida es además un complemento del programa de Apoyo para el Manejo de Excedentes Estacionales de Pequeños Productores, liderado por el Ministerio de Agricultura, que permite canalizar los excedentes agrícolas hacia familias en situación de inseguridad alimentaria.

Con esta estrategia el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la lucha contra el hambre, la reactivación del campo y la reducción de las desigualdades sociales, bajo un enfoque de solidaridad y economía popular.

MinAgricultura declara dos nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos en Antioquia

Potenciar el desarrollo agropecuario, económico y social del campesinado
Mediante la Resolución 330 de 2025, el Gobierno declaró dos nuevas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) en los municipios de Venecia y Fredonia, en el suroeste antioqueño.

En Fredonia fue declarada un área correspondiente a 11.381,09 hectáreas, las cuales representan el 44,80% de la superficie total del municipio. En Venecia, por su parte, se identificó un total de 3.498,43 hectáreas como APPA, equivalente al 24,36 % del total de la jurisdicción.

“Estas nuevas APPA recogen y reconocen la producción agropecuaria de muchas familias y la protección de los suelos que hoy hacen de los alimentos un elemento fundamental en la economía de estos municipios. Con esta declaratoria reafirmamos la decisión de proteger los suelos agropecuarios”, afirmó la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino.

Agregó que esta nueva declaración ofrece a los municipios los elementos técnicos para avanzar en el ordenamiento del suelo rural agropecuario.

En ambos casos la identificación de las APPA incorporó un componente de participación, tanto de las entidades como de las comunidades, atendiendo a los lineamientos institucionales del Ministerio y a los principios de origen constitucional que rigen la articulación nación - territorio.

Con el apoyo de la Unidad Para la Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), se desarrollaron 18 mesas de trabajo con las comunidades en Fredonia y 17 en Venecia.

Durante el proceso las personas aportaron a la identificación de inconsistencias, problemáticas, preocupaciones, temas a profundizar y recomendaciones, lo cual permitió obtener el contexto de las dinámicas territoriales sobre la información presentada.

Esta estrategia de participación se diseñó conforme a principios analizados por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-149 de 2010, demostrando el compromiso y la transparencia del Gobierno con el acceso a la información y la construcción conjunta de la política pública de ordenamiento territorial.

Imagen Facebook
El caso Fredonia

La producción de alimentos en el municipio de Fredonia desempeña un papel estratégico en la seguridad alimentaria. Desde una perspectiva económica, esta zona se ubicó en la posición 49 en el aporte total del valor agregado de Antioquia, con una contribución de 501.000 millones de pesos, equivalente al 0,26% del total departamental.

Frente a los aportes sectoriales del municipio, el 40% corresponde al sector primario y, dentro de este, el 54% proviene de actividades como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

Algunos de los alimentos que se destacan en producción son el plátano, las naranjas y, especialmente, el café, producto eje de la economía local.

Lo anterior muestra la importancia que tienen las actividades agropecuarias para la economía local y las tradiciones propias de las comunidades.

Imagen Facebook
El caso Venecia

Este municipio se ubicó en la posición 73 en el aporte total del valor agregado de departamento de Antioquia, con una contribución de 282.000 millones de pesos, equivalente al 0,15% del total.

Respecto a sus aportes sectoriales, el 34% corresponde al sector primario y dentro de este, 11% proviene de actividades como agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (destacándose alimentos de importancia para su cultura alimentaria como plátano, maíz, frijol y yuca), mientras que un 23% corresponde a explotación de minas y canteras.

Con estas dos declaratorias se configura una estrategia fundamental para blindar la seguridad alimentaria y fortalecer el sistema agroalimentario de estos territorios, dentro de un ordenamiento territorial sostenible.

La implementación de estas dos APPA permitirá potenciar el desarrollo, garantizar la producción agropecuaria y contribuir a la estabilidad económica y social del campesinado en estos territorios.

Microbios del suelo, aliados para que la agricultura resista el cambio climático

Participantes del curso internacional “Potencial biotecnológico del microbioma
en la agricultura: hacia el diseño y la implementación de comunidades
sintéticas para mitigar efectos del cambio climático en cultivos realizan prácticas
agenciadenoticias.unal.- Bajo la tierra existe una comunidad invisible que trabaja en silencio: millones de microorganismos se agrupan en el microbioma del suelo y cumplen funciones vitales; por ejemplo, ayudan a las plantas a absorber mejor los nutrientes, estimulan su crecimiento y activan sus defensas naturales frente a plagas o variaciones extremas del clima.

La profesora Paula Alejandra Díaz Tatis, del Instituto de Biotecnología de la UNAL (IBUN) de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), explica que “este conjunto de organismos actúa como un ‘sistema inmunológico extendido’ de los cultivos, capaz de darles más resiliencia frente a las condiciones cambiantes”.

En América Latina el cambio climático ya está modificando los escenarios agrícolas: campesinos que antes cultivaban en zonas estables deben trasladarse a suelos nuevos, en donde los cultivos se enfrentan a agentes dañinos desconocidos. Aumentan las plagas, aparecen variantes de microorganismos que afectan a las plantas y se intensifican fenómenos como el estrés hídrico –es decir la falta de agua suficiente para que las plantas mantengan sus funciones vitales–, el cual se produce por sequías más prolongadas, lluvias irregulares o suelos con baja capacidad de retener humedad, lo que debilita los cultivos y los hace más vulnerables a enfermedades. A esto se suma el calor extremo, que agrava las pérdidas y acelera la presión sobre los sistemas agrícolas.

La profesora Paula Alejandra Díaz Tatis, del Instituto de Biotecnología de
la UNAL, coordinó el curso internacional sobre microbioma del suelo.
Foto: Paula Díaz, profesora del IBUN.
“Estas condiciones obligan a buscar nuevas estrategias, y una de las más prometedoras es justamente el aprovechamiento del microbioma”, explica la investigadora Díaz.

Con ese propósito se desarrolló en la Hemeroteca Nacional el curso internacional “Potencial biotecnológico del microbioma en la agricultura: hacia el diseño y la implementación de comunidades sintéticas para mitigar efectos del cambio climático en cultivos”, organizado por el IBUN con el apoyo del Centro Latinoamericano de Biotecnología (CABBIO) de Argentina.

Un laboratorio vivo para entender los secretos del suelo

Participantes del curso internacional sobre microbioma del suelo
en la Hemeroteca Nacional, organizado por el IBUN.
Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.
En el estudio participaron 16 estudiantes e investigadores provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú y Colombia, quienes durante 80 horas combinaron teoría y práctica en un espacio interdisciplinar de formación científica y cooperación regional.

En las prácticas, los participantes extrajeron ADN de la rizósfera del arroz —la zona del suelo en contacto directo con las raíces— y construyeron librerías metagenómicas, es decir colecciones de fragmentos de material genético que permiten secuenciar y explorar la diversidad genética de todos los microorganismos presentes sin necesidad de aislarlos uno por uno.

Con el apoyo de análisis de bioinformática, herramientas computacionales que procesan grandes volúmenes de datos, fue posible identificar qué microbios habitan en el suelo y cómo interactúan.

La profesora Díaz explica que “este enfoque abre una ventana al mundo microbiano que los métodos tradicionales de cultivo ya no permiten, pues muchos de estos organismos no pueden crecer en condiciones de laboratorio”.

Estudiantes e investigadores de seis países participaron en el curso
internacional sobre microbioma del suelo, realizado en la UNAL.
Foto: María Fernanda Londoño, Unimedios.
El curso también profundizó en el diseño de consorcios microbianos, que busca combinar microorganismos esenciales en comunidades sintéticas capaces de transferirles a los cultivos rasgos como resistencia a la sequía, tolerancia a altas temperaturas o mecanismos de biocontrol, es decir, estrategias biológicas para contener o suprimir enfermedades en las plantas sin necesidad de recurrir a pesticidas químicos.

Los estudiantes conocieron además el potencial de los biofertilizantes y bioestimulantes microbianos, preparados que, más allá de nutrir el suelo, establecen un “diálogo molecular” con las raíces: las plantas liberan compuestos que atraen a los microbios, y estos a su vez producen moléculas que activan defensas naturales y reducen los efectos del calor o la falta de agua.

Uno de los temas más novedosos fue la edición genética de bioinoculantes bacterianos con la técnica CRISPR-Cas, que permite mejorar la eficiencia de estos microorganismos y dotarlos de funciones específicas. Argentina ha marcado la pauta en este campo con investigaciones pioneras que muestran cómo bacterias editadas pueden proteger cultivos frente a condiciones adversas y reducir el uso de agroquímicos.

Durante el curso los participantes realizaron prácticas de laboratorio
para evaluar la interacción entre plantas y microorganismos.
Foto: Paula Díaz, profesora del IBUN.
La investigadora Díaz resaltó que este tipo de iniciativas fortalecen el trabajo que el IBUN viene desarrollando en microbiología agrícola y bioprospección. Allí, grupos de investigación liderados por expertos como Nubia Moreno y Daniel Uribe han trabajado durante años en el uso de insumos microbianos y en la exploración del microbioma como herramienta biotecnológica para una agricultura sostenible en el país.

La profesora concluyó que formar expertos en estas temáticas es fundamental para la región, ya que América Latina necesita comunidades científicas capaces de diseñar soluciones propias frente a los retos agrícolas que impone el cambio climático, para no depender de insumos externos.

Presidente Petro advierte que si se entrega la tierra y no se pone a producir, hay peligro de que vuelva a manos de ‘paras’ o narcos

El presidente Gustavo Petro aseguró que la agricultura es uno
de los sectores de la ​economía que más sigue creciendo. ​
Foto: Joel González - Presidencia
Ese fue el aviso que les hizo el jefe de Estado a las entidades del Gobierno intervinientes en la Reforma Agraria, durante el acto de entrega de 18 mil hectáreas de tierra a campesinos del Magdalena Medio, y dijo que esta política para el desarrollo del campo debe ser integral: entrega de tierras, producción de alimentos y exportación.

“Aquí hay un peligro: entregamos tierra, pero si no entregamos para producir, se vuelven a quedar con la tierra después de nosotros (del Gobierno del cambio)".

Por esa razón, llamó la atención de las entidades del sector agrario, y hasta de la Policía Nacional, pues dijo que no se puede regresar al pasado cuando los paramilitares del Magdalena Medio asesinaron a miles de campesinos para despojarlos de sus tierras.
“La orden que da el Presidente de la República es que aquí se cuida el campesinado, o se cambia la Policía, porque no vamos a permitir un asesinato más. La Policía me responde por la vida del campesinado del Magdalena Medio", aseguró.
El mandatario aseguro que la Reforma Agraria debe tener un trabajo articulado entre la Agencia Nacional de Tierra, el Banco Agrario, la Agencia de Desarrollo Rural, Finagro, y demás entidades del sector agropecuario.

“Hay que darle un salto a la agricultura: uno, llegar con comida donde no hay comida, comprarla por el Estado; dos, exportar adonde también hay hambre, pero en el mundo. Y tres, agroindustrializar, no se puede hacer por familia sino por regiones, y eso necesita dinero del Estado, que no es regalado", explicó el presidente Petro.

Se refirió también a la democratización de la tierra, pero agregó que es necesario crear cooperativas para industrializar la producción agraria en productos como leche, papa, maíz, y arroz.

“Llevamos 18 mil hectáreas de 40 mil, pero hay que aumentar, no es suficiente. El Magdalena Medio es una de las áreas prioritarias de la Reforma Agraria, y hay que producir, no sólo tener tierra. De nada nos sirve tener tierra si no es para trabajarla, y para trabajarla se necesita tecnología, educación y dinero", dijo.

Agregó que, así como los chinos tienen su Ruta de la Seda, Colombia debe tener la Ruta del Arroz, pero se necesitan vías. “Son vías campesinas con industrias, con factorías, con silos, que nos permitan volvernos una potencia exportadora de un cereal que concentra muchos nutrientes, no es carbohidrato, y con el que podríamos competir en toda América y más allá de América", sostuvo.

​“Aspiro a que, como Gobierno, podamos entregar la ruta del arroz, y que con el fondo de exportación y el Ministerio de Agricultura se puedan entregar todas las haciendas que el campesinado ha escogido para la producción del cereal", concluyó el mandatario.

Publican libro con avances para enfrentar el HLB de los cítricos en Colombia.

El objetivo de esta publicación, (que los colombianos pueden descargar de manera gratuita) es ofrecer a productores, asistentes técnicos de lugares de producción y otros actores de la cadena productiva de los cítricos, una guía con recomendaciones para el manejo integrado de la enfermedad HLB de los cítricos, teniendo en cuenta la importancia del cultivo en producción e impacto en la economía de pequeños, medianos y grandes productores en Colombia.

El libro titulado “Avances en el conocimiento y recomendaciones para el manejo integrado de la enfermedad Huanglongbing (HLB) en los cultivos de cítricos en Colombia” es un compendio de los hitos investigativos del país en este tema, con la participación de investigadores de AGROSAVIA de gran trayectoria nacional e internacional, lo cual hace posible que esta publicación se convierta en una herramienta fundamental para salvaguardar el presente y futuro de la citricultura nacional.

Entre las estrategias que las dos entidades recomiendan, para el manejo integrado del patosistema, se incluye: 

1. Aspectos clave para identificar los síntomas de la enfermedad y para el reconocimiento del insecto vector (Diaphorina citri) en campo;
2. Metodologías preventivas relacionadas con el uso de material de siembra certificado, prácticas agronómicas adecuadas de riego y nutrición, entre otros.
3. Acciones de monitoreo directo e indirecto, según el estado fenológico del cultivo.
4. Acciones de intervención o control basadas en el incremento de poblaciones de enemigos naturales.

La consolidación de los resultados de investigación desarrollados por AGROSAVIA, en el marco del esquema de gestión del riesgo fitosanitario implementado por el ICA, representa un ejemplo claro de cómo la articulación entre entidades, desde sus respectivas misionalidades, permite avanzar de manera eficiente en la atención de los riesgos fitosanitarios y fortalecer la producción agrícola nacional, la seguridad alimentaria de los ciudadanos y garantizar el mantenimiento de la balanza exportadora.

‘Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos son atacadas con fines políticos y electorales’: ministra de Agricultura

Foto: Ministerio de Agricultura
Así lo afirmó este lunes la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien destacó que las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) hacen parte de una política agropecuaria de protección de los suelos y de la actividad campesina para garantizar la seguridad y la sostenibilidad alimentaria.

“Estamos entrando en una época preelectoral, claramente las tensiones políticas empiezan a agudizarse; estamos haciendo este ejercicio porque no queremos que una tarea tan importante como proteger los suelos agrícolas se convierta en un ejercicio de campaña”, dijo la ministra en declaración a medios.

En el mismo sentido, la titular del agro enfatizó: “Aquí se ha dicho que la intención del ministerio de Agricultura es expropiar, y de manera muy clara lo hemos dicho: nada más falso. Estas áreas de especial protección para la producción de alimentos no mutan, condicionan o transforman la propiedad”.

“Lo que estamos haciendo acá es insistir en la necesidad que tenemos de proteger los suelos con unas normas que nos anteceden y que no son de este Gobierno”, recalcó.

Asimismo, descartó que la política del Gobierno sobre las APPA tenga alguna relación con un plan de redistribución de la tierra.

“Lo segundo que se ha dicho es que esto está relacionado con la redistribución de la tierra. Nuestra política de redistribución no son las áreas de especial protección para la producción de alimentos. Para la redistribución de la tierra el Gobierno nacional desarrolla la política más ambiciosa de adquisición y redistribución de tierras, al alimentar el Fondo Nacional de Tierras y con la adjudicación definitiva”, sostuvo la ministra.

Se han declarado dos APPA

Sobre los avances del Gobierno en la constitución de las APPA en el territorio nacional, la ministra resaltó que se han declarado dos áreas especiales en el sur de La Guajira y en Sopó (Cundinamarca), sobre las cuales explicó su potencial.

“Hoy tenemos dos áreas declaradas: el sur de La Guajira, un área muy importante para la producción de alimentos, recuperación de los sistemas agroalimentarios en una zona de hambre; y Nemocón, 1.900 hectáreas en la Sabana de Bogotá, en los suelos más aptos que tenemos en Cundinamarca”, indicó.

“En este momento trabajamos en Casanare, en Cauca, en Putumayo, en Tolima, en Antioquia, en Cundinamarca, y trabajamos en la identificación de esas zonas que van a ser declaradas como áreas de especial protección para la producción de alimentos”, afirmó Carvajalino.

Sobre las zonas APPA ya constituidas, explicó que la del sur de La Guajira es un área muy importante para la producción de alimentos y la recuperación de los sistemas agroalimentarios, en una zona con indicadores de hambre.

“Ya declaramos a Sopó. Son 1.900 hectáreas que nos permiten avanzar en la protección de nuestros productores y productoras en La Sabana de Bogotá, en los suelos más aptos que tenemos en Cundinamarca”, añadió.

Además, manifestó que las APPA no tienen ninguna relación con suelos aptos para la minería ni interviene en esa área económica.

“Donde hay actividad minera no hay suelo agropecuario. ¿Por qué? Porque se ha sustraído el suelo agropecuario. Si usted tiene extracción de carbón, material de grava o material de arcilla, usted ya no tiene suelo”, señaló.

Corte Constitucional avala creación de la Jurisdicción Agraria y Rural

El ministerio de Agricultura celebró la decisión de la Corte Constitucional que avaló la creación de la Jurisdicción Agraria y Rural. El alto tribunal declaró la constitucionalidad de la mayoría de los artículos del Proyecto de Ley Estatutaria, al considerar que se ajustan a la carta política y garantizan un acceso más cercano, oportuno y justo a la justicia para la población campesina y rural del país.

La decisión de la Corte se dio en el marco del control automático e integral al Proyecto de Ley Estatutaria 157 de 2023 (Senado) y 360 de 2024 (Cámara), en cumplimiento del Acto Legislativo 03 de 2023 y de los compromisos derivados del Acuerdo Final de Paz.

De manera particular, la Corte reforzó los alcances de la Jurisdicción Agraria al reiterar que en los concursos para proveer los cargos de jueces y magistrados agrarios deben evaluarse conocimientos relacionados con los derechos fundamentales de las comunidades campesinas, así como la toma de decisiones con enfoques diferencial, territorial y de género.

Además, enfatizó en el deber de la Rama Judicial de garantizar igualdad de oportunidades para mujeres, comunidades étnicas, campesinas y víctimas del conflicto armado en estos procesos de selección.

Sin embargo, declaró inconstitucionales los artículos 4 y 5 del proyecto al considerar que desconocían el principio de unidad de materia por no guardar relación directa con la Jurisdicción Agraria y Rural. Ambos artículos fueron producto de modificaciones incluidas por el Congreso durante el trámite legislativo y su exclusión de la Ley no afecta la naturaleza ni los alcances de la nueva jurisdicción por no ser esenciales para su funcionamiento.

La decisión del alto tribunal constituye un avance trascendental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, especialmente del Punto 1 (Reforma Rural Integral) y su puesta en marcha permitirá la instalación de jueces y tribunales especializados con equipos técnicos e interdisciplinarios, con capacidades para ofrecer una justicia adaptada a las realidades del campo y con un enfoque diferencial.

​Un sistema especializado

Con esta decisión la Corte Constitucional reafirma la necesidad de contar con un sistema judicial especializado para resolver los conflictos agrarios y garantizar los derechos de las poblaciones rurales al acceso a la justicia.

Ahora le corresponde al Congreso de la República avanzar con decisión en la aprobación de la ley ordinaria que define las competencias de la Jurisdicción, sistematiza los principios del derecho agrario y crea un procedimiento especial, en consonancia con el mandato constitucional del Acto Legislativo 03 de 2023.

Los ministerios de Justicia y Agricultura reiteraron que la Jurisdicción Agraria y Rural es una herramienta clave para resolver los conflictos relacionados con la tierra y la producción agraria, prevenir nuevas disputas y contribuir a la paz.

El texto ajustado del proyecto será remitido al Congreso de la República para su firma y posterior envío a sanción presidencial.

Huila exportó en bienes no mineros US$624,2 millones en primer semestre, 50 % más

Huila, además de café, exporta también tilapia fresca cuyas ventas en
el primer semestre alcanzaron los US$7,3 millones.
En este periodo uno de los productos exportados por este departamento fueron las achiras: sumaron US$64.525,2.

Entre los 9 departamentos que más peso tienen en la canasta exportadora de bienes No Minero Energéticos de Colombia, se destaca uno porque tuvo el crecimiento más alto en el primer semestre del año.

Se trata de Huila que, si bien representa el 4,9 % de esa canasta, sus ventas externas de productos agropecuarios, agroindustriales e industriales registraron un crecimiento del 50 % en comparación con el primer semestre del año anterior.

En los 6 primeros meses de este año, esa región exportó en bienes No Minero Energéticos US$624,2 millones, frente a US$416,2 millones del año anterior.

El producto que impulsó las ventas externas de este departamento fue el café. Huila exportó entre enero y junio US$589,8 millones del grano y registró un crecimiento del 67,3 %, frente a 2024.

También tuvo buen comportamiento la exportación de tilapia fresca, US%7,3 millones, para un aumento del 10,8 %.

Y las tradicionales achiras, que un año atrás no registraron ventas al mundo, pero en los seis primeros meses de este año sí se exportaron por un valor de US$64.525,2.

Los principales destinos de los bienes huilenses fueron: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania y Japón.

Presidente Petro reitera defensa de la agricultura de bajo impacto ambiental en los páramos de Colombia

Colombia es el ​país con más páramos en el mundo, con cerca de 3 millones de hectáreas.

 Desde su cuenta en la red social x, el mandatario se refirió a un debate de control político sobre la defensa de los páramos y el derecho de los campesinos que tradicionalmente han vivido en esos ecosistemas, y su derecho a trabajar la tierra.

“Dije ante miles de campesinos paramunos en Málaga (Santander), que este Gobierno no sacaría campesinos en virtud de una Ley, que no hicimos nosotros, pero debemos cumplir".

Se refiere el jefe de Estado a la Ley 130 de 2018 “por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia".

En su intervención ante los campesinos de Málaga, Santander, en febrero de 2023, el jefe de Estado aseguró: “Nadie que viva honestamente en los páramos de Colombia va a ser criminalizado en mi Gobierno. Este Gobierno no va a permitir ningún desalojo del campesinado en los páramos de Colombia. La población de los páramos que hoy vive allí, honestamente, nunca será desalojada".

En su trino, el mandatario agregó: “El campesinado paramuno, si ejerce una agricultura respetuosa del páramo y del agua, agricultura de bajo impacto, puede quedarse en el páramo".

De hecho, el artículo 10 de esa norma señala: “(…) Podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas practicas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos. Las actividades agrícolas de bajo impacto y ambientalmente sostenibles se deberán ceñir a los lineamientos que para el efecto establezca el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible".

Incluso, el presidente Petro se refirió en su trino al apoyo que se brinda desde el Estado a los campesinos paramunos para que puedan que permanecer en ellos, ejercer sus actividades agropecuarias de bajo impacto y con respeto por el medioambiente y la biodiversidad.

“El Fondo Vida –Fondo para la Vida y la Biodiversidad- podrá pagar parcialmente, o totalmente, si su lote se resiembra parcial o totalmente de vegetación paramuna. La familia que libremente quiera más tierra y crédito barato, en zonas no paramunas, será apoyado por el Gobierno", escribió.

Fondo para la Vida y ​la Biodiversidad

Creado en noviembre de 2023, este Fondo fue concebido como un instrumento financiero que permitirá transitar hacia una economía baja en carbono, promover la adaptación al cambio climático, proteger el capital natural y beneficiar a las poblaciones más vulnerables.

El Fondo enfoca sus esfuerzos, especialmente, en acciones para potenciar la acción climática y ambiental del país en aspectos como: restauración y recuperación de ecosistemas; contención de la deforestación; ordenamiento del territorio alrededor del agua; justicia ambiental; transformaciones productivas, entre otros.
Para su gestión, se definió todo el territorio nacional, y se identificaron
13 ecorregiones estratégicas y 28 núcleos de deforestación.
Los recursos para este Fondo provendrán del Presupuesto General de la Nación, el Impuesto al Carbono, cooperación internacional y aportes de la empresa privada, entre otros, y serán administrados por una fiducia.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro proyecta que a 2026 se inviertan más de $5 billones en proyectos ambientales a través del Fondo para la Vida y la Biodiversidad.

MinAgricultura establece por resolución libertad vigilada de precios para el arroz paddy verde

El Gobierno nacional expidió la Resolución 000241 de 2025 mediante la cual se somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios, luego del concepto favorable que emitió la Superintendencia de Industria y Comercio tras considerar que el acto administrativo “cumple con finalidades constitucionales relacionadas con la protección especial del campesinado, la garantía de la soberanía y seguridad alimentaria, y la promoción del desarrollo rural integral como manifestación del interés general”.

De esta manera, el Gobierno nacional da cumplimiento al acuerdo pactado el pasado 24 de julio​ con los gremios arroceros y que permitió levantar el paro nacional que se extendió por varios días.

De acuerdo con la Resolución, quedan establecidos los siguientes precios por tonelada de arroz paddy verde, según cada zona de producción: 

Bajo Cauca $1.491.478;
Centro, $1.589.489;
Costa norte, $1.512.785;
Llanos, $1.457.387,
y Santanderes $1.555.398.

La resolución establece, además, que “todo comprador deberá reportar semanalmente en la plataforma Siriarroz los precios pagados por arroz paddy verde, las toneladas compradas, el municipio de compra, el molino, planta o agencia, y la forma, plazo, condiciones de pago y financiamiento”.

El incumplimiento de estas disposiciones será puesto en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio para lo de su competencia, agrega la disposición.

“Este acto administrativo, cuya naturaleza es excepcional y transitoria, será objeto de monitoreo permanente por parte de este Ministerio, y estará acompañado de la puesta en marcha de un régimen de libertad regulada de precios para el arroz blanco, un plan de choque para el control de contrabando con participación de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) y la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), y otras medidas de competencia del Ministerio de Comercio”, sostuvo la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Martha Carvajalino.

Por su parte, Diana Marcela Morales, ministra de Comercio, Industria y Turismo, dijo que “hemos asumido el compromiso de evaluar la viabilidad de medidas concretas para promover la estabilidad del sector arrocero y garantizar la efectividad de la regulación de precios. Haremos el análisis de instrumentos de defensa comercial y la implementación de mecanismos de control aduanero para combatir prácticas ilegales que pueden generar el ingreso de arroz a precios artificialmente bajos”, señaló la funcionaria.

Sostenibilidad de la cadena

De acuerdo con los dos ministerios, esta estrategia integral “es una demostración del compromiso que tiene el Gobierno del presidente Gustavo Petro con las y los productores de arroz, la sostenibilidad de la cadena y la consolidación de la soberanía y la seguridad alimentaria”.

El comunicado señala que “el Gobierno nacional reitera la invitación a todos los actores inmersos en el proceso productivo, de transformación y comercialización del arroz, para avanzar en la consecución de un acuerdo de cadena que recupere prontamente la estabilidad del sector y garantice su competitividad y sostenibilidad”.

Con precio mínimo de compra del arroz paddy verde, Gobierno busca proteger a pequeños productores


Una nueva medida de apoyo para el sector arrocero fue diseñada por el Ministerio de Agricultura con el propósito de apoyar a las familias que derivan su sustento del cultivo del cereal. Se trata del proyecto de resolución que somete el arroz paddy verde al régimen de libertad regulada de precios.

La resolución pretende garantizar una tasación transparente de precios, que refleje las condiciones del mercado nacional y evite pérdidas para el productor, estableciendo un precio mínimo de compra para el arroz paddy verde, diferenciado de acuerdo con la región en la que se encuentre.

El borrador, para aportes de los interesados, puede ser consultado ingresando a:


Esta medida extraordinaria se fundamenta en la caída real del precio del paddy verde versus los costos de producción, como altos arrendamientos de predios para las plantaciones, insumos, logística y agua.

 El monto que se paga al productor tuvo una caída de 11.8% durante 2024 y se mantuvo en esa línea en el primer semestre de 2025.

A esto se suma que el inventario nacional de arroz en junio de 2025 reporta 534.940 toneladas, lo que representa un 67,8 % por encima del promedio de la última década. Es decir, un exceso de oferta no absorbido adecuadamente por el sistema de comercialización actual.

Así las cosas, es necesario establecer de manera temporal un sistema de corrección a los posibles precios, que garantice condiciones de competencia y evite efectos negativos sobre el eslabón primario de la cadena productiva del arroz.

Por este motivo, la resolución propone que todo agente económico que comercialice arroz blanco en el país, mayorista o minorista, debe informar de manera clara, visible y verificable el país de origen en sus empaques, en los puntos de venta físicos y en las plataformas digitales transaccionales.

El Gobierno del Cambio reiteró su llamado a la industria molinera, así como al sector comercial y distribuidor de alimentos, a hacer parte de este gran diálogo nacional para que, con la interlocución del ministerio de Comercio, Industria y Turismo, se logren acuerdos para una cadena competitiva.

Además, para que sea respetado el plan de ordenamiento productivo de la cadena, y por medio del Fondo de Fomento de Arroz se logren consolidar los procesos de tecnificación, innovación, organización y desarrollo de la comercialización, una adecuada estrategia que regule la oferta y la demanda protegiendo los ingresos de nuestros productores.

Colombia ratifica ante el mundo su compromiso con la protección de suelos que producen alimento.

En el Foro Global de la Tierra, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino,
resaltó que Colombia alberga muchos suelos y eso le da la posibilidad de
hablar de soberanía y seguridad alimentaria.​

En la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que hizo parte del Foro Global de la Tierra, Colombia ratificó su compromiso con la protección de los suelos que producen alimento, pilar para la soberanía y la seguridad alimentaria del país en el planeta.​

La jornada tuvo lugar en la sede del Instituto Colombiano Agustín Codazzi, donde la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, resaltó el cuidado de los suelos para la actividad agropecuaria, bajo la premisa de que no es lo mismo una hectárea de tierra en Cundinamarca que en los Llanos o el Caribe.

“Este país alberga muchos suelos y eso nos da la posibilidad de hablar de soberanía y seguridad alimentaria. Por eso, como parte de esa protección avanzamos en la declaratoria de Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA). Haremos que esta determinante de ordenamiento sea un patrimonio de quienes ponen los alimentos al servicio de las ciudades", recalcó la jefa de la cartera agropecuaria.

Con la participación de representantes de España, Argentina y Uruguay, entre otros países, así como delegados de organismos de cooperación internacional, este evento fue el escenario para ratificar a Colombia como protagonista global en materia de política agropecuaria al consolidarse como un país que le apuesta a la restauración de suelos, redistribución de la tierra y la producción sostenible de alimentos.

En ese contexto, la ministra Carvajalino agregó que “en Colombia construimos esperanza, porque la tierra es para comer, la tierra es para trabajar y la tierra es para la vida".

“Quiero agradecerle a la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, por permitirnos construir una voz común, una brega conjunta, y por permitirnos también celebrar una apuesta unificada de la humanidad", manifestó.

Por su parte, Andrea Meza, secretaria ejecutiva adjunta de la Comisión de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, afirmó: “sabemos que, en el marco del Foro Global de la Tierra, acoger el Día Mundial de Lucha, es un ejemplo para el mundo de la construcción de paz. Sabemos que tomar estos temas no es fácil, por eso quisiera reconocer ese liderazgo para hacer de las tierras fértiles la base para una sociedad sana".

Con invitados nacionales e internacionales, Colombia lideró una copiosa agenda académica a cargo de las voces más connotadas en materia de protección de suelos, lo que permitió un intercambio de experiencias y recopilar diversas miradas frente a las acciones que se deben realizar para evitar la pérdida de vegetación y ecosistemas claves para la producción de alimentos.

Con hojas de mandarina alargan la vida útil de alimentos perecederos

Las hojas de la mandarina Arrayana protegerían por más tiempo los alimentos contra el daño oxidativo.
Foto: archivo Unimedios.
Agencia UNAL.- Este potencial de los residuos de la mandarina representa una alternativa a los aditivos sintéticos, cuyo consumo constante y en altas concentraciones tiene implicaciones dañinas para la salud humana, e incluso se han asociado con enfermedades como el cáncer.

Esta sería una alternativa a los aditivos sintéticos usados hoy en galletas, papas
fritas o aceites vegetales. Foto: archivo Unimedios.
Entre los conservantes más usados en alimentos procesados están algunos antioxidantes artificiales como la terc-butilhidroquinona o el galato de propilo, que ayudan a que productos como papas fritas, galletas o embutidos duren más tiempo sin dañarse o volverse rancios; sin embargo, varios estudios han alertado sobre sus posibles efectos negativos en la salud, como daños celulares, alteraciones hormonales y vínculos con enfermedades crónicas como el cáncer gastrointestinal, renal, de vejiga y de mama, lo que ha impulsado la búsqueda de alternativas más seguras y naturales.

Camilo Rodríguez García, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL.
Camilo Rodríguez García, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), investiga cómo generar un reemplazo de estos aditivos sintéticos a partir de la mandarina, una fruta que todos hemos disfrutado alguna vez en la vida, pero cuyos residuos (hojas, cáscara y semilla) no generan un valor agregado para los productores, quienes los queman por desconocer sus propiedades químicas.

Entre 2020 y 2021 se produjeron en Colombia 339.000 toneladas de mandarina, lo cual representa el 27 % de los cítricos del país. Regiones como Antioquia y el Eje Cafetero concentran el 29 % de este cultivo, y un 28 % va para Santander, Boyacá y Tolima. De este último lugar el investigador Rodríguez obtuvo las hojas de mandarina Arrayana que formaban parte de los residuos de la cosecha, trabajo adelantado con los profesores Liliam Palomeque Forero y Fabián Parada Alfonso, del Departamento de Química de la UNAL.

Se calcula que en el periodo 2023-2024 se produjeron en el mundo unas 15 millones de toneladas de residuos de mandarina (hoja y cáscara), que se pueden aprovechar como recursos útiles.

Más allá de los gajos

Con 5 kg de hojas –proporcionados por el agricultor Adrián González, productor de mandarina del Tolima–, el investigador Rodríguez extrajo un grupo de compuestos descritos en la literatura como antioxidantes (fenoles, terpenoides, entre otros). El reto consistía en realizarlo contaminando menos el ambiente, pues la forma tradicional de hacerlo es usar solventes que terminan siendo tóxicos para los humanos y difíciles de desechar o degradar, por lo que se convierten en una piedra en el zapato.

Hojas que eran residuo de cosecha de mandarina en Tolima.
Foto: Camilo Rodríguez García, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos - UNAL.
Para ello usó la técnica de gases supercríticos con dióxido de carbono, que en su punto crítico –temperatura de 31 °C y presión de 74 bar– disuelve los compuestos que se pretenden extraer en condiciones ligeramente por encima de la temperatura ambiente, considerando que por lo general los extractos naturales son bastantes sensibles a factores externos como el calor, la luz y el oxígeno.

Luego de extraerlos determinó si tenían lo que se necesita para proteger un alimento. El resultado es que los extractos de la mandarina lograron ayudar al aceite de soya a sobrevivir al daño por oxidación por unas 5,2 horas, lo que representa casi 2 horas más que lo esperado en un aceite sin conservantes, un avance que aunque parece pequeño representaría a futuro un avance sin precedentes.

El investigador probó los extractos de hojas de mandarina en aceite libre de antioxidantes en una concentración de 1 g/kg de aceite. Evaluó la estabilidad oxidativa en aceite de soya monitoreando cada 5 días durante 20 días mediante métodos acelerados; además midió los índices que determinan la calidad del aceite –como la acidez–, y de productos de oxidación primarios y secundarios.

Así determinó, mediante técnicas especializadas en laboratorio, que comparado con antioxidantes sintéticos y aceites que no tenían ningún aditivo, el combinado con extractos de mandarina no solo logró más tiempo de protección sino también menos cambio de color que con los otros métodos, uno de los criterios de calidad ante los consumidores.

Extractos obtenidos de las hojas de mandarina.
Foto: Camilo Rodríguez García, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos - UNAL.
“Este efecto puede obedecer a compuestos como el linalol, la luteína y la tangeritina, capaces de neutralizar las moléculas que dañan las células de los alimentos (radicales libres), es decir que generan estrés oxidativo” explica el experto Rodríguez.

Los radicales libres son moléculas inestables producidas por el cuerpo (y también por factores externos como contaminación, radiación, estrés o comida procesada) que buscan desesperadamente un electrón para estabilizarse químicamente, y al hacerlo dañan células, lípidos, proteínas y ADN, lo que causa la descomposición de los alimentos.

Es allí donde los antioxidantes –como los encontrados en la mandarina durante la investigación– detienen este daño celular y a futuro se podrían convertir en un aditivo saludable y viable para todo tipo de alimentos. Es importante recordar que esta es la primera investigación en el país que analiza este tema con esta profundidad.

Este hallazgo es prometedor para la industria alimentaria y además demuestra cómo se pueden aprovechar residuos agrícolas para crear productos de alto valor alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que al reducir el desperdicio se disminuye la dependencia de aditivos importados y se impulsa la economía circular, y aunque falta investigar más para saber cuáles son los compuestos no tóxicos para consumo humano, este es un primer paso que abre toda una línea de investigación.

Además, varios de los compuestos identificados –como la luteína y la tangeritina– han mostrado propiedades neuroprotectoras en otros estudios internacionales, y a futuro sería un desarrollo para prevenir enfermedades como el Alzheimer, cuya progresión está asociada con el estrés oxidativo.

¡Ganaderos a vacunar! Del 5 de mayo al 21 de junio de 2025 se realizará el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y brucelosis bovina

Se espera que aproximadamente 30 millones de bovinos y bufalinos, sean inmunizados contra la fiebre aftosa, la brucelosis bovina y la rabia de origen silvestre en Colombia, entre el 5 de mayo y el 21 de junio de 2025. Así lo estableció el ICA mediante Resolución 04038 del 15 de abril de 2025.

La medida tiene como propósito mantener la sanidad animal del país y la generación de alimentos sanos de origen animal para el consumo humano, la seguridad alimentaria, dinamizar el comercio regional de ganado y fortalecer el acceso a los mercados del mundo de la ganadería colombiana.

“Seguimos cumpliendo al país, aproximadamente 30 millones de animales serán vacunados durante el primer ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, tarea que afrontamos con profesionalismo y compromiso por parte del ICA, para mantener el estatus sanitario, la sanidad animal del país y que haya oferta de productos sanos para el consumo humano”, señaló Paula Andrea Cepeda, gerente general del ICA.

Las disposiciones establecidas en la presente Resolución son aplicables a las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA), FEDEGÁN y a los responsables sanitarios de los animales de las especies bovina y bufalina existentes en el territorio nacional, en las fechas programadas por el proyecto local correspondiente al lugar de ubicación del predio.

Se exceptúa del ámbito de aplicación para vacunación de fiebre aftosa, a las especies bovinas y bufalinas que estén ubicadas en las zonas declaradas libres de fiebre aftosa sin vacunación las cuales se encuentran en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, las islas de Gorgona y Malpelo y el Urabá chocoano, conformado por los municipios de Acandí, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién (margen izquierda del río Atrato), Juradó, Riosucio (margen izquierda del río Atrato) y Unguía.

Asimismo, se exceptúan las especies bovinas y bufalinas ubicadas en los departamentos de Amazonas, Vaupés y el municipio de Miraflores en el departamento de Guaviare, con la finalidad de avanzar hacia la creación de una nueva zona libre de fiebre aftosa sin vacunación.

La ejecución de la vacunación contra fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia de origen silvestre está bajo la responsabilidad de FEDEGÁN, quien vigilará el cumplimiento de las obligaciones de las Organizaciones Ejecutoras Ganaderas Autorizadas (OEGA) que formen parte de la infraestructura técnica y administrativa.

En este sentido, FEDEGÁN con el propósito de facilitar el proceso de vacunación a partir de este año, los ganaderos del país recibirán la programación y fechas a través de mensaje del WhatsApp del número 3234069290, verificando que es un servicio seguro de la empresa Meta. Para las personas que no tienen WhatsApp, recibirán una llamada del número 6019194900, canal oficial de FEDEGÁN.

Facultades del juez de restitución de tierras

 La Sala Segunda de Revisión protegió los derechos al debido proceso, a la restitución de tierras y a la dignidad humana de Pedro y Juana Pérez, víctimas del conflicto armado, a quienes les negaron la restitución por equivalente de un predio en similares condiciones al que les fue adjudicado en sentencia judicial.


Los accionantes relataron que, en 2017, personas armadas que integraban un grupo margen de la ley, llegaron al predio en el que residían y les exigieron la suma de $180 millones. Afirmaron que, al no disponer de la suma de dinero reclamada, los accionantes fueron víctimas de violencia física y tortura. Además, Juana Pérez fue víctima de violencia sexual, razón por la cual se vieron obligados a abandonar el lugar para ubicarse en otro municipio del mismo departamento.

A través de un proceso judicial de restitución de tierras, los accionantes recobraron el predio del cual salieron. Sin embargo, se opusieron a retornar por las amenazas recibidas y por los recuerdos que les dejaron los episodios de violencia allí vividos. Por lo anterior, su abogado presentó un escrito solicitando la modulación del fallo, en el cual solicitaba la restitución de un predio en condiciones similares al otorgado, pero en otro lugar para preservar la vida de aquellos, puesto que seguían siendo víctimas amenazas. No obstante, el tribunal negó la solicitud de restitución por equivalente.

La Corte, al analizar el caso concreto, reprochó el actuar del tribunal en tanto no valoró las pruebas allegadas al proceso, que daban cuenta de la situación de riesgo que vivían los accionantes y que se mantuvo en el tiempo, así como tampoco valoró la situación de seguridad en la que se encontraba el predio.

La Sala recordó que al juez de restitución de tierras le corresponde, por un lado, decidir sobre la restitución material y/o jurídica de un predio y, por el otro, resolver sobre la materialización de los derechos y garantías de las personas que son reconocidas como víctimas de despojo o desplazamiento forzado y que resultan beneficiarias de los procesos de restitución de tierras.

Lo anterior era relevante en el presente caso, pues la jurisprudencia constitucional ha reconocido algunas particularidades aplicables en cuanto a las facultades del juez de restitución de tierras, tales como: i) el daño que se pretende reparar va más allá de determinar la relación material de la persona con el predio en discusión, dado que se discuten otros derechos. El rol del juez de restitución también está determinado por su contribución a la paz, a la equidad social y a propiciar la democratización en el acceso a la tierra.

De otro lado, recordó que ii) el trámite de la solicitud de restitución garantiza el derecho de las víctimas a ser oídas; iii) el juez es un actor fundamental para la protección de los derechos de las víctimas, por lo que sus actuaciones deben aplicar un enfoque particular; iv) en ejercicio de la función jurisdiccional asignada a los jueces de restitución, estos tienen la obligación de satisfacer los derechos a la verdad, mediante la participación de la víctima en el esclarecimiento de la historia que determinó el despojo de sus tierras o el desplazamiento forzado.

Asimismo, v) el juez debe aplicar, de acuerdo con la ley de víctimas, las presunciones a favor de aquellas, también la regla sobre la carga de la prueba y, por último, vi) el juez en este caso debió aplicar el enfoque de género derivado de la violencia sexual que sufrió Juana, por lo que al no hacerlo desconoció la Constitución.

Por lo anterior, la Corte le ordenó al tribunal en una nueva providencia analizar y decidir la procedencia de la restitución por equivalente en favor de los accionantes.

M.P. Juan Carlos Cortés González

Glosario jurídico:

Restitución por equivalente: la Ley 1448 de 2011 precisa que en los casos en los que la restitución jurídica y material de un inmueble sea imposible, o cuando la persona despojada no pueda retornar por razones de riesgo para su vida e integridad personal, se le deben ofrecer medidas alternativas para acceder a terrenos de similares características y condiciones, previa consulta con el afectado.

Ley 1448 de 2011: consagra principios generales y normas específicas que rigen la reparación integral de las personas afectadas por el conflicto armado.

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