Denuncian presunta estafa y falsedad por parte de 36 IPS que facturaron servicios sin contar con la infraestructura física para prestarlos

DIrector general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez

El pasado 24 de febrero, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por no contar con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

El 12 septiembre de 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. Luego de auditorías realizadas desde 2023, se evidenció que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar su infraestructura para prestar servicios de salud.

De las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y, por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme; a diez, que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable. Tres más, están siendo notificadas.

La mayoría de estas IPS tiene su ubicación en la región Caribe en 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.

Del total de IPS con pagos suspendidos, solo a nueve se les resolvió favorablemente; cuatro más se encuentran en estudio por parte de ADRES.

Estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por 79.511 millones de pesos, pretensión que se impidió mediante los controles recién establecidos por la ADRES, que incluyeron desarrollos tecnológicos e informáticos capaces de señalar anomalías y desviaciones de las tendencias, como la implementación de auditorías en terreno para comprobar las irregularidades y velar de este modo por el cuidado de los recursos de la salud.

Los hallazgos ​​​de la ADRES

Las alertas en la entidad se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin SOAT o fantasmas, explica el director de la ADRES, Félix León Martínez, en su informe a la Fiscalía.

Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía General de la Nación son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la ADRES y un equipo interno de auditoría concurrente, capaces de validar las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.

Imputado gobernador de Caquetá por posible corrupción en hospital departamental

Luis Francisco Ruiz Aguilar (wikipedia)

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y le imputó los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, con sede en Florencia (Caquetá). Al parecer, modificó sin autorización el reglamento interno del centro asistencial para disponer de nuevos cargos y respaldó ese cambio con un acta falsa de la junta directiva.

Esto le habría permitido realizar 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre el 31 de agosto y el 25 de octubre de 2022.

Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente también hizo modificaciones al artículo 35 del estatuto interno del hospital para eliminar el aval que debía dar el gobernador para el reconocimiento de comisiones de servicios, y así autorizar el pago de viáticos de manera directa, con el presupuesto de la institución de salud. Amparado en esta actuación cobró 56’357.379 pesos por concepto de viajes y comisiones.

El mandatario departamental no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Francisco Ruiz Aguilar presentó su candidatura a la Gobernación del Caquetá en las elecciones locales de 2023 apoyado por "Revive Caquetá" y Cambio Radical. Logró obtener el cargo de gobernador obteniendo 72,489 votos.

Esta información se publica por razones de interés general.

- La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.-

Falso soporte técnico a los usuarios de mensajería instantánea. ¡No caigas!

Una nueva modalidad de engaño a los usuarios de las plataformas de mensajería instantánea fue detectado. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por el soporte técnico de la aplicación y, con la excusa de un supuesto intento de robo de cuenta, te solicitan tus datos personales. Sigue algunas recomendaciones para estar protegido y evitar ser víctima.

Imagina que recibes una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, una persona se presenta como soporte técnico del chat de mensajería instantánea que frecuentemente usas y te alerta sobre un intento de robo de tu cuenta.

Parece una llamada de ayuda, pero en realidad, es una trampa.

El ciberdelincuente dice haber detectado un acceso no autorizado a tu cuenta. Para “protegerla”, te piden algunos datos, como la marca de tu teléfono y el código de seis dígitos que recibes por mensaje de texto.

Si les das este código, los estafadores tendrán acceso completo a tu cuenta y podrán desvincular tu número, dejándote sin acceso a tus mensajes y contactos.

¡No te conviertas en víctima! Nunca compartas tu código de verificación.

Las plataformas de mensajería instantánea no llaman ni toman contacto directo con los usuarios para solicitar información personal.

Activa la verificación en dos pasos en la configuración de la aplicación. Así, añades una capa extra de seguridad a tu cuenta.

Si recibes una llamada sospechosa, cuelga de inmediato, reporta el número y avisa a tus contactos para que también estén alerta.

Tu mejor defensa contra el fraude es estar informado. Comparte este contenido y evita que otros caigan en la trampa.

Los brotes de influenza aviar.

Actividades de erradicación de brotes de influenza aviar

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en coordinación con los productores, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), el Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Ambiente, ha logrado controlar los recientes brotes de influenza aviar. El ICA anuncia que han sido erradicados los seis brotes de la enfermedad que se presentaron en el municipio de Remolino, Magdalena, y con el fin de levantar la cuarentena sanitaria en dicho territorio fue expedida la Resolución 0906 del 6 de febrero de 2025.

En este momento no hay brotes activos de influenza aviar en el país.

“Después de un arduo trabajo, levantamos la cuarentena en Remolino, Magdalena, donde se habían presentado los últimos brotes de influenza aviar a finales de 2024. Esto se suma a lo que ya habíamos logrado en Acandí, Chocó, con el levantamiento de la cuarentena sanitaria el pasado 20 de enero”, expresó Edilberto Brito, Subgerente de Protección Animal del ICA.

El ICA, ha estado trabajando conjuntamente con los productores y las comunidades para controlar y erradicar esta enfermedad y hoy con éxito el país ha logrado superar los 8 brotes presentados en el último trimestre del año 2024. Dentro de las acciones implementadas para la contención y erradicación de los brotes, el ICA instauró una cuarentena sanitaria en Remolino, Magdalena, con el objetivo de controlar la difusión del virus.

Dentro de las medidas sanitarias aplicadas se realizaron actividades de despoblamiento de aves, vigilancia epidemiológica activa y pasiva, limpieza y desinfección de las zonas afectadas, control a la movilización y prohibición de las concentraciones de aves.

Desde el ICA se resalta el trabajo articulado con las entidades del gobierno nacional del sector Salud y Ambiente. Gracias a este trabajo conjunto se ha logrado erradicar nuevamente la enfermedad y evitar que se presenten afectaciones al medio ambiente y casos en la población humana de las zonas afectadas.

Así mismo, la Federación Nacional de Avicultores envió un mensaje a la población "Queremos reiterar a todas las familias colombianas que el consumo de pollo y huevo es completamente seguro. El cumplimiento de las estrictas medidas de bioseguridad implementadas en granja, garantizan la producción de un alimento sano y de la más alta calidad. La erradicación de estos brotes de influenza aviar es una prueba del trabajo riguroso que realiza el ICA con el apoyo de Fenavi y el Fondo Nacional Avícola, para proteger la sanidad aviar y la seguridad alimentaria del país”, señaló el Presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.

Quienes recibieron la mayor cantidad de recursos

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que, en diciembre de 2024, dio cumplimiento oportuno a los giros realizados a las EPS e IPS, con una ejecución presupuestal de $83,2 billones, recursos con los que se garantizaron los servicios de salud de los afiliados al sistema.

Así se distribuyeron los recursos durante el mes de diciembre de 2024:

— La ADRES trasladó $3,1 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,6 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530 mil millones a las EPS.

— De otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,6 billones, de los cuales pagó directamente $2,2 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,3 billones a las EPS.

— Igualmente, más de $144 mil millones fueron garantizados para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general.

— Esto representa un valor superior a los $45 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de enfermedades y más $110 mil millones por 12.074 licencias de maternidad, 7.696 de paternidad y 79 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Datos del giro directo

De los recursos destinados para el sistema de salud en diciembre del año pasado, $4,8 billones se trasladaron directamente a 3.583 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud postulados por las EPS.

De estos dineros, $2,2 billones fueron para IPS del régimen contributivo y $2,6 billones para IPS del régimen subsidiado.

Es importante destacar durante la vigencia 2024, por giro directo a IPS y proveedores, la ADRES pagó $47,9 billones.

Esto representa un aumento del 116,7 % en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando estos recursos ascendieron a $ 22,1 billones.

Top 20 de las que más han recibido

La ADRES reveló el top 20 de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se beneficiaron en 2024 del giro directo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se destaca que estas instituciones recibieron el 22,82 % de los recursos entre enero y diciembre de 2024.

• Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio)

• Droguerías Cruz Verde

• Clínica Colsanitas

• Caja de Compensación Familiar (Cafam)

• Audifarma

• Fundación Valle del Lili

• Servicios de salud Suramericana

• Helpharma

• Centros Médicos Colsanitas

• Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’(sede Cartago)

• Instituto Nacional de Cancerología

• Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl

• Disfarma

• Fundación Cardiovascular de Colombia

• Clínica Medilaser

• Clínica de Occidente

• Hospital Pablo Tobón Uribe

• Virrey Solís IPS

• Mired Barranquilla

• Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

157 - Nueva herramienta.

En un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional, se presentó oficialmente la Línea Anticorrupción 157. Esta iniciativa busca consolidar un canal efectivo para denunciar actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó que la Línea 157 permite evadir el nivel del riesgo sobre el denunciante.

“Denunciar es un peligro en Colombia, porque se denuncia ante unas instituciones que están cruzadas por la corrupción y el denunciante no sabe con quién habla realmente. Muchos casos en el país se han presentado en donde el denunciante muere después de denunciarlo o es amenazado y esa amenaza, obviamente, proviene de una red, una red que está afuera y adentro del Estado", recalcó.

El mandatario dijo que con la Línea 157 “el denunciante puede ocultar su dato personal si así lo desea", porque “el canal permite una línea paralela a las mismas instituciones que pueden estar en cursos en la corrupción y permite rapidez en cierto sentido".

Asimismo, el mandatario explicó que con “una denuncia hecha por teléfono, por medios telemáticos" el ciudadano no tiene que ir a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde particularmente pierde tiempo en colas, termina cansado y no presenta la denuncia.

“Aquí no solamente se puede allegar una voz que denuncia, sino evidencias, indicios, pruebas, fotos, videos quizás", dijo el presidente, quien agregó que todo este material va a llegar a la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la DIJÍN de la Policía.

Línea 157, un paso crucial contra la corrupción

​Durante el lanzamiento de la Línea 157, Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia, destacó el trabajo interinstitucional detrás de esta herramienta.

“Esta línea es un logro producto de un año de esfuerzo entre la DIJIN y la Secretaría de Transparencia. Queríamos asegurar que fuera consistente y parte integral de los procedimientos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación", señaló.

Idárraga también enfatizó que la Línea 157 es un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024.

Además, informó que el Portal Anticorrupción - https://portal.paco.gov.co/, lanzado previamente, ha crecido exponencialmente en usuarios, alcanzando más de 1,2 millones.

“Esto no significa más corrupción, sino que estamos eliminando barreras para denunciar y facilitando herramientas que fomenten la transparencia", aclaró.

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional, general William René Salamanca, subrayó la instrucción del presidente Petro de combatir la corrupción con contundencia.

“La honestidad se ha convertido en la columna vertebral de nuestro accionar. La Línea 157 es una herramienta segura y eficaz que permitirá a los ciudadanos denunciar actos de corrupción, contribuyendo a transformar el país", afirmó. Salamanca también destacó que este fenómeno erosiona anualmente más de 50 billones de pesos del erario, el equivalente al 10 % del presupuesto nacional.

Corrupción, más de 5 % del PIB mundial

​La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Candice Lee Teufl Welsch, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas en el contexto global.

“Cada año se pagan 1 billón de dólares en sobornos y se roban 2,6 billones mediante corrupción, lo que representa más del 5 % del PIB mundial. La Línea 157 es un hito en Colombia, ya que permite a la ciudadanía denunciar de manera segura y accesible", afirmó.

También destacó la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales para hacer posible este esfuerzo, con apoyo técnico y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

La Línea 157 estará disponible las 24 horas y será operada por personal altamente capacitado de la Policía Nacional. Las denuncias serán canalizadas de manera directa a la Fiscalía General de la Nación, garantizando un seguimiento efectivo.

“El reto es que las denuncias lleguen a una resolución final, para que los ciudadanos no pierdan la confianza en el sistema", añadió Idárraga.

El servicio militar voluntario y los embarazos

Imagen de apoyo

La Sala Sexta de Revisión de Tutelas protegió los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital de una mujer que en el año 2021 se incorporó a la Policía Nacional para prestar el servicio militar voluntario como auxiliar de policía. En el 2022, tuvo conocimiento de su estado de embarazo y lo comunicó a la institución. Cuatro meses después, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá emitió una resolución mediante la cual ordenó su desacuartelamiento del servicio, así como a otras auxiliares de policía en estado de gestación, en razón de dicha condición.

La accionante reprochó que, como consecuencia de esa decisión, (i) dejó de percibir la bonificación que recibía y (ii) su hijo, recién nacido, quedó sin cobertura en materia de servicios de salud. Solicitó el reintegro a la institución para culminar la prestación del servicio militar voluntario y la asignación de labores acordes a las recomendaciones del médico tratante.

La Sala protegió los derechos de la accionante al evidenciar que la Policía Nacional (i) no efectuó una interpretación de las normas aplicables a la situación de desacuartelamiento de manera acorde con la especial protección a la maternidad, y (ii) les atribuyó un alcance que no tenían para regular la situación de las mujeres en estado de embarazo, lo que dio lugar a un trato discriminatorio.

Para la Corte, el desacuartelamiento de las mujeres de la prestación del servicio militar debido a su estado de embarazo, con base en la aplicación de las causales de exoneración del servicio militar previstas para los hombres, constituye un factor de discriminación en razón del género por las siguientes razones: (i) el embarazo no constituye “una condición ajena a la voluntad del individuo”. (ii) Las causales de exención o exoneración del servicio militar constituyen una garantía a favor de la persona incorporada a las filas y, específicamente, del menor cuando sobreviene la causal prevista en el literal p) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. (iii) En caso de configurarse alguna de esas causales, de conformidad con lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, “las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente”.

La Corte advirtió que la maternidad no configura, en sí misma, una causal de desacuartelamiento. Por tanto, evidenció que la entidad incurrió en un acto discriminatorio al aplicar, de manera automática, la causal de retiro del servicio que consideraba más ajustada a la protección del recién nacido, “con lo cual impuso a la accionante unas cargas relacionadas a los imaginarios sociales sobre lo que debe ser la maternidad. Además, consideró que las funciones de auxiliar de policía son incompatibles con la maternidad y decidió, de manera unilateral, que esto último era lo que debía prevalecer”.

Por tanto, para resolver el caso concreto, precisó que, si bien el servicio militar otorga a quien lo presta una serie de prestaciones que, de cualquier forma, “no pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para soldados profesionales”, el desacuartelamiento generó un impacto negativo en el derecho al mínimo vital de la demandante, dado que el retiro del servicio implicó la suspensión del pago del auxilio económico previsto para el régimen de la Policía Nacional.

Además, la Sala de Revisión llamó la atención sobre el déficit normativo de protección a la mujer gestante que presta el servicio militar voluntario, dado que la Ley 1861 de 2017 y el Decreto 977 de 2018 no incluyen causales ni regulación para la cesación del deber de prestar el servicio por desacuartelamiento relacionadas con la decisión de la mujer de procrear.

Con base en lo anterior, la Corte (i) dejó sin efectos la resolución que ordenó el desacuartelamiento de la accionante, (ii) dispuso reincorporarla por el tiempo restante para finalizar la prestación del servicio militar, si así lo deseaba, en una labor acorde con la condición que dio lugar a la protección ocupacional, (iii) resolvió garantizar la atención en salud tanto para ella como para su hijo, hasta que culminara el periodo del servicio militar restante, esto es, al término de 12 o 18 meses, y (iv) ordenó que se le cancelaran los emolumentos legales dejados de percibir, correspondientes a dicho periodo.

Por último, instó a la Policía Nacional para que se abstuviera de llevar a cabo cualquier actuación que pudiera resultar en tratos discriminatorios contra las mujeres, y exhortó al Congreso de la República para que valorara la conveniencia de revisar y adoptar medidas legislativas relacionadas con la protección de la mujer embarazada que se incorpora a prestar el servicio militar voluntario, que tenga en cuenta la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar sus derechos fundamentales, así como los del que está por nacer.

Sentencia T-456 de 2024

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:

Régimen de prestación del servicio militar de la Policía Nacional: de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, el servicio militar es un deber de todos los colombianos, que exige tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones cuando las necesidades públicas así lo exijan.

 

Atención a fallecidos, atención domiciliaria y otras inconsistencias de las EPS

El Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizó en noviembre del año pasado un ejercicio de contrastación para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció recientemente que el incremento de la UPC para el 2025 será de 5,3 por ciento.

Este análisis reveló inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con serias implicaciones para la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud.

Entre los resultados se encuentra el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).

Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general.

El informe también llamó la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país.

Estos resultados no solo evidencian inconsistencias en los datos reportados, sino que plantean interrogantes en los reportes de las EPS.

Asimismo, el análisis detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos.

En el análisis de medicamentos, el informe reveló que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.

El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.

Recomendaciones

Una de las conclusiones del estudio fue que el Ministerio de Salud subrayó la necesidad de implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC.

Asimismo, entre las recomendaciones se encuentran realizar una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, identificar y corregir inconsistencias, y validar la información frente a bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

El fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares también se destacó como una estrategia clave, permitiendo ahorros significativos en tratamientos de alto costo.

De la misma manera, el informe insistió en revisar las prácticas de contratación y precios en los servicios médicos y medicamentos, para evitar distorsiones en los costos reportados.

El Ministerio de Salud afirmó que estas medidas son esenciales para garantizar que los recursos del sistema de salud sean utilizados de manera eficiente y transparente, priorizando las necesidades reales de la población. Este ejercicio de contrastación realizado en 2024 representa un paso importante hacia la mejora del sistema y la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.

Reglas para las rifas y recursos para la salud.

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1486​, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establece nuevas reglas para la operación de rifas en Colombia.

Esta normativa busca combatir la ilegalidad, especialmente en redes sociales, y fortalecer el control sobre este tipo de juegos de suerte y azar, incrementando las transferencias destinadas a la salud.

Transformación y moderni​zación del sector

El Decreto introduce medidas clave para modernizar y dinamizar el sector, incluyendo la posibilidad de operar rifas a través de plataformas tecnológicas y utilizando Generadores Aleatorios de Números (GNA), herramientas que garantizan la transparencia en los resultados. Asimismo, se habilita la participación de gestores terceros, sean personas naturales o jurídicas, quienes podrán realizar hasta dos rifas mensuales (24 anuales) previa autorización de Coljuegos.

Los gestores deberán pagar un 14 % de los ingresos brutos generados por la venta de boletas, cifra que equivale al total del valor emitido en cada rifa. Este mecanismo no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también contribuye significativamente al financiamiento del sistema de salud.

Impacto económ​​ico y social

Con esta reforma, el Gobierno espera aumentar en $70.000 millones anuales las transferencias para la salud provenientes de la operación legal de rifas, una cifra que se suma al billón de pesos transferido en 2024 gracias a los juegos de suerte y azar.

Además, al fortalecer la regulación y adaptar este sector a las tendencias tecnológicas actuales, el Decreto no solo mejora el control sobre las rifas, sino que también incentiva su formalización, disminuyendo significativamente la operación ilegal que afecta la recaudación estatal y pone en riesgo a los consumidores.

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Un paso hacia la legalidad y la transparencia

Esta iniciativa del Gobierno nacional refleja su compromiso de garantizar condiciones legales óptimas para la operación de rifas, maximizando su impacto social y asegurando que los recursos generados beneficien directamente a la salud de los colombianos.​

Corte ordena a universidad suministrar información sobre hoja de vida de un funcionario en el marco de investigación periodística

En el marco de una investigación periodística, un ciudadano le pidió a una universidad información sobre la hoja de vida académica de un exalumno que actualmente ocupa el cargo de rector en una universidad pública. Sin embargo, la universidad se negó a suministrar esos datos al considerar que solo podían ser entregados con el consentimiento previo, expreso e informado del exalumno. El periodista acudió a la acción de tutela, pues consideró que esto vulneraba sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información, así como sus libertades de expresión y de opinión.

Al analizar el caso, la Corte señaló que el derecho al acceso a la información de quienes ejercen el periodismo cuenta con una protección reforzada, por lo que, antes de negar dicho acceso, es necesario analizar la tensión que existe entre la intimidad del titular de los datos y el derecho al acceso a la información. Para ello, es fundamental valorar cuál es el tipo de información que se solicita y cómo su divulgación puede afectar los derechos fundamentales de la persona.

En el caso concreto, la Sala determinó que la información sobre la formación académica de una persona es pública, por lo que no se encuentra protegida por el derecho al habeas data. En cambio, los datos relacionados con el estatus académico son semiprivados, por lo que deben ser protegidos, salvo que entren en tensión con otros derechos que requieran mayor protección constitucional, como el del acceso a la información en este caso. De allí que no hubiese razón para negar la entrega de información que había sido solicitada por el periodista.

Adicionalmente, la Corte enfatizó que la solicitud de información tenía una protección constitucional reforzada por tres razones: (i) el titular de los datos era un funcionario público que tenía una amplia trayectoría en la vida pública; (ii) la petición se había hecho en el marco de una investigación periodística que buscaba comprobar la veracidad de los logros académicos de varios funcionarios públicos; y (iii) porque era información de relevancia pública al permitir la supervisión ciudadana y la transparencia, y garantizar la rendición de cuentas.

En síntesis, la Corte concluyó que la protección que se le debe dar al derecho de habeas data en este caso es inferior a la que le corresponde al derecho de acceso a la información del periodista accionante, pues no compromete de manera significativa la intimidad del funcionario y, en cambio, representa un beneficio público importante. Por estas razones, la Corte concedió el amparo solicitado y ordenó a la universidad suministrar la información que el periodista había pedido.

El magistrado Juan Carlos Cortés González aclaró el voto en esta decisión.

Sentencia T-454 de 2024

M.P. Natalia Ángel Cabo

Glosario jurídico

Habeas data: es un derecho fundamental autónomo que comprende tres facultades concretas: (i) el derecho a conocer las informaciones que a su titular se refieren; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.

Magdalena presenta dos nuevos brotes de influenza aviar

Con estos ya son cuatro los brotes que se han presentado en el país durante el 2024, sumados a los dos reportados en el municipio de Acandí, Chocó, la semana anterior. Cabe resaltar que durante 2022 y 2023, el ICA atendió y erradicó 66 brotes en aves silvestres y de traspatio. A la fecha no hay granjas comerciales con resultados positivos a influenza aviar en ninguna zona del país.

“Como autoridad sanitaria hacemos un llamado urgente a los productores avícolas para que refuercen todas las medidas de bioseguridad para prevenir la presentación de otros casos de la enfermedad, que puedan afectar en gran manera sus aves. Desde el ICA estamos preparados para atender esta emergencia, pero todas las acciones de prevención y erradicación, dependen de las notificaciones a tiempo que han hechos nuestros productores”, expresó Paula Cepeda, gerente general (e) del ICA.

El ICA ya ha informado de estos nuevos brotes a las autoridades de salud y de ambiente para establecer, de manera articulada, todas las medidas necesarias para el control de esta importante enfermedad, activando las rutas adecuadas para el manejo de la emergencia.

El Instituto en conjunto con las demás entidades se encuentran adelantando todos los protocolos establecidos a nivel nacional para contener la enfermedad y evitar su propagación.

La autoridad sanitaria hace un llamado a las comunidades de la región para que notifiquen cualquier signo clínico sospechoso en sus aves, en la oficina del ICA más cercana, a través de la página www.ica.gov.co o al WhatsApp 3242380738, de manera tal que se pueda actuar con rapidez ante la posible presencia de la enfermedad.

A pesar de la detección de estos nuevos brotes, según lo establecido por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), el país no pierde su condición sanitaria de autodeclaración de libre de influenza aviar altamente patógena.

¿ Quién y porqué importa gas?

​​​El gas disponible para 2025 es 112,1 GBTUD, de los cuales 72 GBTUD corresponden
a producción nacional.​

El Ministerio de Minas y Energía investigará “las razones por las que, contando con disponibilidad de gas natural de producción nacional, agentes del sector han optado por gas importado y por qué algunos productores no cerraron contratación”.

El Ministerio informó que la disponibilidad de gas natural en el país es suficiente para atender la demanda interna, de acuerdo con lo reportado por el Gestor del Mercado.

La cartera anunció que las reglas vigentes permiten la actualización y el registro de nuevos contratos para cubrir las necesidades adicionales.

El MinMinas reportó que, según el Gestor del Mercado de Gas Natural, el gas disponible en el mercado primario para 2025 es 112,1 GBTUD, de los cuales 72 GBTUD corresponden a gas natural de producción nacional.

Frente a esta anomalía, el Ministerio de Minas y Energía iniciará varias acciones:

1. Investigación de procesos de contratación. Iniciar, junto con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, una inspección exhaustiva de las declaraciones de gas disponible para determinar las razones detrás de la decisión de algunos agentes del sector de priorizar el gas importado pese a la disponibilidad de gas nacional; y la falta de contratos que incluyan mayores volúmenes de gas producido localmente.

2. Revisión de precios y condiciones de mercado. Se ha solicitado a los agentes competentes un análisis detallado sobre los precios y las condiciones en que se realizaron las transacciones durante el último proceso de comercialización, así como sobre los factores que llevaron a la subutilización de la producción nacional.

3. Actualización normativa. El Ministerio realizará ajustes en la normativa vigente para garantizar un funcionamiento más eficiente, transparente y competitivo del mercado de gas natural, con el objetivo de maximizar el uso de los recursos nacionales disponibles.

4. Claridad en el balance actual del mercado. El Ministerio de Minas y Energía reafirma su compromiso de informar oportunamente a la opinión pública los resultados de estas investigaciones y de las medidas normativas que se implementen. Estas acciones buscan fortalecer la confianza en el mercado de gas y promover el uso prioritario de los recursos energéticos nacionales en beneficio de todos los colombianos.

ADRES reportará a la Fiscalía primeros 10 casos de hospitales que no pudieron demostrar su existencia física

Por no demostrar que cuentan con infraestructura física en la dirección reportada, como lo ordenan las normas, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación los primeros 10 casos de IPS (hospitales) que presentaron cuentas que superan los $25 mil millones.

Esta decisión fue revelada por el director General de la ADRES, Félix Martínez, quien recordó que el pasado 12 de septiembre la ADRES anunció las medidas administrativas que suspendió los pagos a 52 IPS que habían radicado cuentas por más de $70 mil millones y que, tras las auditorías realizadas desde 2023, se encontró que no contaban con infraestructura física al momento de las visitas.

Después de resolver varios recursos de reposición, la entidad determinó mantener la medida de suspensión de giros a las siguientes IPS:

· Mediclinic Mi Ser IPS S.A.S.

· IPS Biotech de Colombia S.A.S.

· Confiansalud IPS L&M. S.A.S.

· N&L Servicios de Salud S.A.S.

· IPS Premium Salud M&A S.A.S.

· Previmed Clinic S.A.S.

· Unidad de Cuidados Intensivos Milenium S.A.S.

· IPS Saddai Salud 7 S.A.S.

· VTS Servicios Integrales de Salud S.A.S.

· Suites Medical IPS S.A.S.

En otros nueve casos, ADRES concedió los recursos de reposición, ya que los prestadores lograron demostrar que cuentan con las instalaciones físicas reportadas. Se trata de las siguientes IPS:

· Puerto Salud Unidad Médica Integral S.A.S.

· Odontotrans S.A.S.

· Clínica Médico Especialistas de Colombia

· Centro de Urgencias de la Costa

· Hospital Las Américas

· IPS Sismédica Ltda.

· Tecnología Diagnóstica de La Sabana S.A.S.

· Unimedis de la Costa IPS S.A.S.

· Centro Hospitalario Regional Santa Mónica.

Pese que para estos nueve prestadores se descongelan los recursos relacionados con las reclamaciones, las cuentas que presentaron continúan en proceso de auditoría y serán sometidas a glosa en los casos en los que sea necesario. La ADRES también remitió a la Superintendencia Nacional de Salud estos casos para que los evalúe dentro de sus competencias.

De los 33 procesos restantes de IPS a las que se les suspendieron los pagos, cuatro se encuentran en estudio de los recursos de reposición presentados y 29 se encuentran en etapa de notificación.

Seis denuncias más an​​te Fiscalía por fraude

En otra medida, en casos de personas que fallecieron por muerte natural y sus beneficiarios presentaron reclamaciones como si fueran eventos de accidentes con vehículos sin SOAT, la ADRES puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación lo que podría evidenciar una nueva modalidad de apropiación indebida de recursos de la salud.

La entidad logró establecer que los casos denunciados configurarían presuntamente el delito de falsedad material en documento público, dado que los beneficiarios de los fallecidos presentaron certificaciones que no fueron expedidas por parte de la Fiscalía General de la Nación y que los registros de defunción tienen inconsistencias y no son auténticos.

No más fantasm​as inventados

La ADRES también expidió una Resolución (0199844 del 28 de noviembre de 2024), mediante la cual se establecen medidas de control para probar la condición de víctima y evitar el fraude al Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la radicación de reclamaciones por accidentes de tránsito en los que estén involucrados vehículos no identificados o no asegurados con SOAT.

La nueva resolución establece que “durante la etapa de auditoría de las reclamaciones, la ADRES verificará que haya consistencia entre los datos reportados en los formularios de registro de reclamaciones (IPS-FURIPS, ambulancias-FURTRAN, personas naturales-FURPEN) y los datos del informe descriptivo de la autoridad de tránsito o, en su defecto, con el documento que acredite que la IPS dio aviso inmediato a la dependencia de policía judicial cercana o a la primera autoridad del lugar, del ingreso de la presunta víctima de accidente de tránsito a la entidad de salud".

Judicializados exrector y dos funcionarios de la Universidad Tecnológica del Chocó por posibles actos de corrupción.

La modernización de las aulas de clase de la Universidad Tecnológica del Chocó (UTCH), uno de los objetivos previstos en un contrato suscrito en junio de 2021, no se cumplió como estaba previsto. La Fiscalía General de la Nación identificó varias irregularidades en el trámite, celebración y ejecución del proyecto, por lo que fueron capturados y judicializados cuatro de los presuntos involucrados.

Un fiscal de la Seccional Chocó presentó ante un juez de control de garantías al exrector del centro educativo, David Emilio Mosquera Valencia; al jefe de Sistemas y Soporte Técnico, Yunner Eduard Moreno Córdoba, al jefe de Contratación, Leiser Córdoba Mena; y al representante legal de la empresa que asumió el contrato, Francis Yoximar Palacios Sánchez.

El rector y los funcionarios fueron imputados por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y falsedad ideológica en documento público. Mientras que el contratista fue vinculado por los delitos de peculado por apropiación a favor propio y contrato sin cumplimiento de los requisitos legales. Ninguno de los procesados aceptó cargos.

La investigación

El 21 de junio de 2021, fue celebrado un contrato para el fortalecimiento de herramientas tecnológicas en las aulas de clase de la sede principal de la UTCH, por un valor de 1.250 millones de pesos, en medio de múltiples anomalías y omisiones a la ley de contratación.

Moreno Córdoba elaboró los estudios técnicos previos, que abarcaban las condiciones técnicas, plazo de ejecución y valores estimados. Además, se encargó de la supervisión e interventoría. Por su parte, Córdoba Mena asumió lo relacionado con la convocatoria de oferentes. Sin embargo, dicha licitación no se realizó y fue declarada desierta.

Los elementos de prueba indican que no se aplicó el mecanismo adecuado de invitación pública, y se desconocieron los principios de planeación y selección objetiva, transparente, legal e imparcial. En ese sentido, el contrato habría sido direccionado para que quedara en manos de una empresa específica.

Palacios Sánchez, al parecer, permitió que se adjudicara el contrato, consciente de los antecedes que viciaban el proceso. Por su parte, Mosquera Valencia, como rector y representante legal de la universidad, firmó y avaló toda la documentación que respaldaba la contratación.

La investigación permitió conocer que el 31 de agosto de 2021, Moreno Córdoba certificó al contratista el 15,8% de avance de obra, sin que existiera un soporte verídico. Sin embargo, se autorizó un desembolso de algo más de 600 millones de pesos. Posteriormente, a través de la Resolución 4114 de septiembre de 2021, se realizó una adición presupuestal al proyecto por 300 millones de pesos, la cual no estuvo debidamente justificada ni planeada con anticipación.

La Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra los investigados. Se espera el pronunciamiento del juez de control de garantías.

COP 16.- Presidente Petro alertó sobre los peligros de la inteligencia artificial sin una regulación pública, racional y colectiva

“Todos sabemos que la inteligencia artificial se expande sin regulación humana, sin una regulación construida pública, racional y colectivamente por todos los pueblos del mundo, una inteligencia artificial que hoy utiliza energías sucias y fósiles como el carbón, el petróleo y el gas".

Así lo manifestó el presidente Gustavo Petro este domingo al instalar la COP16 en presencia de representantes de 196 países.

Agregó que “cuando la inteligencia artificial se articula al petróleo, el carbón y el gas, se articula al colapso climático y se construye el Armagedón".

Alertó sobre el hecho de que una inteligencia artificial sin regulación humana trae “desempleo en masa universal, ganancias sin recorderis históricos, destrucción del clima y separación del ser humano de la realidad", lo que constituye “los condimentos del final de la vida".

De acuerdo con el mandatario, los grandes responsables son “algunos ricos poderosos que hoy son dueños de redes y de inteligencias sin vida y sueñan escaparse a Marte en sus naves de ensueño, mientras dejan sus culpas en la Tierra destruida".

“Se trata de que el capital y la ganancia han roto un equilibrio delicado pero fundamental de la existencia: el clima. En cierta forma, la codicia, móvil de la ganancia, está a punto de destruir la vida", enfatizó.

Subrayó que “no es la humanidad la culpable, sería una falsedad ideológica, una realidad deformada y fantasmagórica, decir lo que no es cierto. Quienes son los dueños de la inteligencia artificial y quienes desencadenan el colapso climático son los mismos".

Reiteró que la riqueza del mundo hoy se ha concentrado en el 1 por ciento de la población del planeta, por lo que se requiere analizar “esta contradicción antagónica", “ya no solo desde la ciencia o de la teoría económica, sino por la cultura y la política".

Cruda realida​d versus realidad virtual

​Según la exposición del mandatario, “parece que hoy vamos contra nuestra propia razón de ser" y “hoy aparece una realidad fantasmal y algo mentirosa: pareciera existir una humanidad contraria a la vida, mentirosa, porque una humanidad contra la vida es también una humanidad contra la humanidad".

El mandatario llamó la atención sobre la contradicción que existe entre la cruda realidad y la realidad virtual, por la falta de regulación de la Inteligencia Artificial.

Sostuvo que “esa Inteligencia Artificial hoy puede generar una virtualidad de felicidad en medio de la barbarie y las ciudades y la cultura y las vidas destruidas; se empoderan los instrumentos anticulturales y materiales del comienzo del final de la vida y de la humanidad".

"Quizás la más grande batalla está por comenzar. Ya no es una batalla por botines, por esclavos o conquistas. Es la gran batalla de la vida de la que Colombia quiere hacerse parte por este que es el corazón del mundo, el País de la Belleza", concluyó el presidente de la República.

Riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en centros de reclusión

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la Defensoría del Pueblo advirtió que las condiciones mínimas de salubridad en la alimentación de las personas privadas de la libertad deben mejorarse para cumplir con estándares de dignidad humana. Además, señaló, el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es significativamente mayor en la población carcelaria en comparación con la población general en sus hogares.

Las estadísticas muestran que el riesgo para la población carcelaria es 50 veces mayor: en el primer semestre de 2024, proporcionalmente, las personas privadas de la libertad enfrentan un riesgo mayor de verse afectadas por brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, en comparación con la población general en hogares.

Esta disparidad subraya la vulnerabilidad particular de las personas privadas de la libertad respecto a las condiciones de salubridad alimentaria en los centros de reclusión.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a superar esta disparidad y solicita que, en virtud de la relación especial de sujeción, las autoridades nacionales y regionales adopten esquemas adecuados de prestación del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad, lo que es parte de la garantía de mínimos básicos que vayan en el camino de garantizar la dignidad humana de esta población.

El derecho a una alimentación en condiciones adecuadas es uno de los reclamos más urgentes de las personas privadas de la libertad. Las visitas realizadas a los establecimientos de reclusión por parte de la entidad han evidenciado que los alimentos se entregan en horarios inusuales, como la cena, que generalmente se distribuye a las 3:30 p.m. Además, la Defensoría ha recibido constantes denuncias sobre la entrega de productos alimenticios en mal estado.

Finalmente, la institución nacional de derechos humanos insta a las autoridades penitenciarias a garantizar la entrega de alimentos adecuados a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, estaciones de policía y lugares similares. La adecuada alimentación constituye una de las condiciones mínimas de subsistencia y es un núcleo esencial de la dignidad humana.

¿A dónde están parando los recursos si estamos haciendo los pagos a tiempo? Control a las EPS

Los senadores Antonio José Correa (Partido de la U) y Wilson Arias y Alex Flórez (Pacto Histórico), realizaron este martes un debate de control político al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sobre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Al respecto, el senador Correa, destacó el reciente informe de la Contraloría General sobre la situación financiera de las EPS, en el cual se identificaron pagos diferentes a los servicios de salud, lo cual en su concepto “es peculado de los recursos públicos, las EPS tendrán que justificar estos gastos de la salud de los colombianos”.

Por su parte el senador Alex Flórez, señaló que no se sabe en qué se han gastado las EPS entre 16 y 35 billones de pesos, correspondientes a las Reservas Técnicas, que es un colchón para atender emergencias, como el COVID. Indicó que las EPS se gastaron el dinero de la salud, en gustos excéntricos, “existe un sobre endeudamiento de 25 billones de pesos. Este es un sistema que no genera beneficios a los usuarios”.

A su turno el senador Wilson Arias, expresó que "La crisis del sistema de salud, viene desde antes del año 2010, el no actuar, ha llevado a un deterioro al sistema”.

Al intervenir ante la plenaria, el contralor Rodríguez, informó que “quiero anunciar la creación de una unidad especial de reacción conformada por un equipo técnico de profesionales expertos, quienes analizarán la información, harán las visitas de los vigilados y evaluarán todos los resultados de conformidad con la normatividad vigente, esta iniciativa de la Contraloría General que anuncio hoy la quiero denominar la Ruta del Dinero en la Salud”.

Al frente del mismo estarán actuarios, economistas, contadores, abogados, ingeniero de sistemas, profesionales en salud y expertos, quienes deberán realizar un análisis minucioso de la constitución y cálculo de reservas técnicas.

El debate lo cerró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien expresó que “tenemos en cuidado intensivos a las EPS. Porque la crisis no viene de hoy. Este gobierno es el que más ha aumentado la UPC. ¿A dónde están parando los recursos si estamos haciendo los pagos a tiempo? Se han asignado 3,9 billones de pesos en presupuestos máximos y el 70 % va para el régimen contributivo. Por eso, nuestra reforma quiere que sea más equitativo el sistema”.

Colombia refuerza vigilancia ante declaratoria de emergencia internacional por la viruela símica

El Ministerio de Salud anunció el refuerzo de las medidas de vigilancia y prevención para evitar la propagación del virus Mpox clado I, también llamado viruela del mono o viruela símica, como consecuencia de la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) declarada el miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Sobre la decisión de la OMS se pronunció el presidente Gustavo Petro Urrego, quien en su cuenta de la red social X hizo un llamado a la unidad del Estado y de todos las colombianas y los colombianos.

“El Ministerio de Salud alistará todas las medidas pertinentes. Espero la unidad el Estado y de la sociedad para implementar las medidas que se tomen sin que se pierda un solo peso del dinero que se necesita si la situación de agrava. De los alcaldes y gobernadores espero la colaboración en organizar los equipos de salud territorial y el arreglo conjunto de todos los puestos de salud del país", escribió el mandatario.

Al respecto, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, afirmó: “Colombia sigue comprometida con la vigilancia y el control de la Mpox, trabajando de la mano con las recomendaciones internacionales para proteger la salud de todos nuestros ciudadanos. Mantendremos nuestras acciones de prevención y respuesta para evitar la propagación del virus".

Es importante resaltar que, hasta la fecha, no se ha documentado la presencia del clado I en la región de las Américas, incluida Colombia.

Desde el inicio del brote en 2022, Colombia ha registrado un total de 4.257 casos confirmados de Mpox, con un pico máximo de casos durante la declaratoria de emergencia pública internacional en el 2022, causada por la variante clado II.

Para el año 2024, se han confirmado 109 casos hasta el 8 de agosto, de los cuales 2 permanecen activos y no se han presentado defunciones.

Las entidades territoriales con mayor número de casos en 2024 son Bogotá (44), Cali (22), Barranquilla (13), Medellín (11) y Atlántico (5). El grupo de edad más afectado es el de 30 a 39 años, con 53 casos, seguido por el grupo de 20 a 29 años, con 36 casos.

Cómo se propaga el virus

Ambos clados (grupos con antepasado común) del virus pueden propagarse a través del contacto directo con animales silvestres infectados, contacto cercano (incluido el contacto íntimo o sexual) con una persona infectada o contacto con materiales contaminados. Según la OMS, uno de los principales factores de riesgo para la enfermedad grave y la mortalidad en casos de Mpox es la inmunosupresión.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda a los países de las Américas estar alerta ante la posible introducción del clado I en la región, enfocando esfuerzos en la detección, diagnóstico, aislamiento y rastreo de contactos.

Aunque la vacunación puede ayudar a prevenir la infección en personas de alto riesgo, la OPS aclara que, en este momento, la vacunación masiva contra Mpox no es necesaria ni se recomienda.

No obstante, el Ministerio adelanta las gestiones pertinentes para la respuesta adecuada una vez se den lineamientos en cuanto a esta medida.

Como parte de los esfuerzos del Gobierno de Colombia desde noviembre de 2022, el Ministerio de Salud y la Universidad Nacional de Colombia, en conjunto con el Gobierno de Japón, han trabajado en el estudio de efectividad, seguridad e inmunogenicidad (capacidad de respuesta) de la vacuna japonesa contra la Mpox.

El talento humano en salud deberá continuar adherido a las medidas de prevención y control de infecciones, como el uso de equipos de protección personal y la correcta higiene de manos, así como a los lineamientos y protocolos para la atención de posibles casos.

Asimismo, la OPS subraya la importancia de difundir mensajes de salud pública para informar y educar a las poblaciones en mayor riesgo, incluido el personal de salud y personas inmunosuprimidas, con el fin de mejorar el reconocimiento temprano de los signos y síntomas.

Las medi​​​das inmediatas

​En este marco, el Ministerio de Salud y Protección Social, en cumplimiento de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, anuncia que:

· Se refuerzan y despliegan las estrategias de comunicaciones de riesgo específicas.

· Avanza en coordinación con la OPS para garantizar la disponibilidad de vacunas en el marco de un plan específico.

· Intensificación de la vigilancia en salud pública de las enfermedades exantemáticas. (grupo de infecciones con erupción cutánea)

· Fortalecimiento de capacidades para la detección, diagnóstico y tratamiento.

· El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia continuará y reforzará las acciones de vigilancia de laboratorio y genómica del Mpox.

El Ministerio de Salud, como punto focal del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), asistirá a la conferencia del 15 de agosto de 2024 convocada por el Director de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, donde se compartirá el informe del Comité Permanente sobre Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias Sanitarias.

Finalmente, se alerta a las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y a las entidades territoriales de salud de orden departamental, distrital y municipal a incrementar las acciones de promoción, prevención y detección temprana.