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Refuerzan controles en auditoría y pagos para prevenir corrupción.

El FOMAG recuerda que no existe ningún gestor, tercero ni actor externo autorizado para intervenir o influir en la programación o gestión de pagos.​
El Gobierno nacional, a través del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), anunció un paquete de medidas destinadas a reforzar la transparencia, fortalecer la vigilancia y proteger los procesos de auditoría, validación y pago de los servicios de salud del magisterio.

Estas acciones hacen parte de la estrategia de modernización del modelo de salud del magisterio y buscan evitar cualquier intervención irregular de terceros en la gestión de pagos.

Principales medidas anunciadas

• Ampliación de la capacidad de auditoría: se pasa de una a cuatro firmas especializadas, encargadas de revisiones más rigurosas, técnicas y trazables.
• Consolidación de la plataforma HORUS: una herramienta que permite decisiones basadas en información centralizada, depurada y 100 % transparente.
• Fortalecimiento de los procedimientos de giro: con nuevas etapas de verificación para asegurar la integridad del flujo financiero.
• Nueva herramienta transaccional del FOMAG: disponible en la página oficial del Fondo, permitirá a los prestadores consultar el estado de facturas, radicaciones, auditorías, glosas, pagos y procesos en tiempo real, con trazabilidad completa.

En los próximos días, el FOMAG presentará un nuevo canal seguro para denunciar hechos de corrupción, disponible para IPS y cualquier otro actor que identifique irregularidades.

El Gobierno reiteró su compromiso con una operación transparente, eficiente y libre de interferencias, reafirmando que estas medidas buscan blindar los recursos del magisterio, proteger a los maestros y maestras del país, y garantizar un manejo responsable de los recursos públicos.

Gobierno ajusta metodología de ingreso al productor de etanol para reducir el precio del combustible

Con la nueva metodología, el Ministerio de Minas y Energía
espera dis​​minuir presiones de costo y mejorar la
competitividad  del etanol nacional. 
El Gobierno nacional, a través del ministerio de Minas y Energía, publicó para comentarios una nueva metodología para el cálculo del ingreso al productor de etanol carburante, reemplazando el modelo vigente desde hace 13 años.

La actualización abandona referencias como el precio del azúcar y la gasolina, y se basa exclusivamente en los costos reales de producir el biocombustible.

Según las evaluaciones técnicas de la cartera, el nuevo esquema genera un ingreso al productor 9% menor que la metodología anterior. Esto contribuye a disminuir presiones de costo y mejorar la competitividad del etanol nacional.

“Por fin el precio del etanol responderá a sus verdaderos costos. Esta reforma corrige distorsiones históricas. Además, con este proyecto de resolución corregimos un problema silencioso pero profundo: el incentivo al monocultivo en tierras fértiles", destacó sobre el particular el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Palma explicó que “el esquema anterior empujaba a que áreas destinadas históricamente a la producción de alimentos terminaran convertidas en extensiones para un solo cultivo, movidas por precios artificialmente altos del etanol".

Por eso, el titular de la cartera de Minas y Energía resaltó el impacto favorable de la medida: “Hoy enviamos una señal distinta: la tierra fértil debe priorizar la seguridad alimentaria, y el etanol debe producirse con eficiencia, no a costa del campo colombiano".

La propuesta de MinMinas brinda un margen que permite corregir el déficit del fondo de estabilización de los combustibles (FPEC). Con este ajuste el Gobierno avanza en la modernización del sistema de combustibles, la promoción de combustibles más limpios y competitivos frente a presiones de importación extranjera.

La norma estará publicada para comentarios de la ciudadanía y se remitirá a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para recibir desde allí el concepto de competencia.

Consulte el documento haciendo clic en este enlace​

Contratación del Estado superó los $9 billones antes de la Ley de Garantías

La Contraloría General de la República advierte sobre una concentración inusual de contratación interadministrativa registrada el 7 de noviembre de 2025, último día antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías Electorales. Ese día se comprometieron $6,1 billones, equivalentes al 68% del total contratado en la primera semana de noviembre.

Esta es la primera alerta que emite la Contraloría General, en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026, y que se deriva del seguimiento a la contratación pública y al gasto estatal durante el periodo electoral, en aplicación de la Ley 996 de 2005 (Ley de Garantías Electorales).

Como parte del Modelo Analítico de Seguimiento Preventivo — presentado oficialmente el 10 de noviembre de 2025— se analizó la información reportada en SECOP entre el 1 y el 7 de noviembre de 2025, donde se identificó un comportamiento contractual atípico y altamente concentrado.

Fuente: SECOP - Vigencia del 1 de enero al 7 de noviembre de 2025

Durante los primeros siete días del mes se comprometieron $9,0 billones, una cifra que supera ampliamente los niveles históricos de contratación mensual observados en 2025. De este total, el 7 de noviembre, último día antes del inicio de las restricciones electorales, se suscribieron $6,1 billones, es decir, el 68% de toda la contratación registrada en la semana. Solo este día representa 2,9 veces el promedio mensual registrado entre enero y agosto de 2025 ($2,1 billones), lo que equivale a un incremento del 190% frente al comportamiento histórico previo.

Esta concentración atípica en una sola fecha constituye un indicador crítico de fallas en la planificación y posibles aceleraciones contractuales asociadas al cierre preelectoral.

De acuerdo con la información recogida por la DIARI, el Departamento de Prosperidad Social fue la entidad que tuvo mayor concentración de contratación, con $770 mil millones que equivalen al 8.5% del total de la contratación del Estado. En lo que respecta a los contratos en los departamentos, la entidad se encuentra realizando el análisis de los datos para determinar el valor en cada región.

Fuente: SECOP - Vigencia del 1 al 7 de noviembre de 2025
La DIARI, en articulación con la Contraloría Delegada de Gestión Pública e Instituciones Financieras, adelanta un seguimiento exhaustivo y permanente sobre la caracterización de todos los contratos suscritos durante los meses de septiembre, octubre y los primeros siete días de noviembre, analizando su comportamiento agregado por valor contratado, entidades ejecutoras, modalidades y objetos contractuales.

Este ejercicio permitirá identificar con precisión operaciones sensibles —como actividades logísticas, eventos, suministros y otros tipos de contratación susceptibles de incrementarse en época preelectoral— con el fin de anticipar riesgos, emitir alertas tempranas y garantizar que los recursos públicos no sean comprometidos en contravención de la Ley de Garantías ni destinados a fines distintos al interés general.

Dian: no hay medidas cautelares ni cobros coactivos contra Reficar

​Las cuentas de Reficar no serán embargadas, informó la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.​

La entidad confirmó este viernes que “no ha decretado medidas cautelares preventivas ni procesos de cobros coactivos a ninguna empresa importadora de combustibles”.

De esta forma salió al paso de la controversia que se generó por un supuesto embargo que haría la Dian a las cuentas de la Refinería de Cartagena – Reficar, filial del Grupo Ecopetrol, que adeuda al fisco nacional cerca de $ 1,5 billones por concepto del 19 % del IVA (Impuesto al Valor Agregado) por la importación de combustibles desde 2022 a la fecha.

En su comunicado, la Dian explica que las importaciones de gasolina y Acpm se encuentran gravadas con una tarifa del 19 %, y fue ratificada en los Conceptos 010763 (int 2305) de 2024 y 08922 (int 1324) de 2025.

“En ejercicio de las facultades de control y fiscalización consagradas en el artículo 3 del Decreto 920 de 2023, la Dian inició una serie de investigaciones sobre las declaraciones de importación presentadas por todos los importadores de combustibles bajo diferentes regímenes o modalidades, con el fin de verificar la correcta liquidación y pago de los tributos aduaneros (aranceles e IVA). Estos procesos siguen su curso”, agrega la entidad de recaudo.

También recuerda que, según la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), los combustibles como gasolina y Acpm están gravados con el impuesto del IVA, “por tanto los importadores deben declarar, liquidar y pagar los tributos aduaneros al momento de nacionalizar esos bienes. Varios importadores siguieron esta línea”.

Incluso, dice la Dian que, desde 2017, los minoristas de combustibles pagan el IVA cuando adquieren este tipo de bienes. En consecuencia, los importadores tienen derecho a descontar el IVA pagado en la importación de acuerdo con el artículo 488 del Estatuto Tributario.

Pero aclara: “Los importadores que no hayan pagado estos tributos deben hacerlo. Para el efecto, la Dian adelantará las investigaciones correspondientes manteniendo la reserva legal (artículo 17 del Decreto 920 de 2023) y garantizando el derecho al debido proceso y a la defensa en cada una de las instancias correspondientes”.

Concluye la Dian que, como anunció en mayo pasado, “se busca asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en todos los sectores de la economía nacional, con la correcta aplicación de las normas. Esto contribuye a la seguridad fiscal y a la competitividad del país”.

Incautados 28 lingotes de oro avaluados en más 15.514 millones de pesos

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó ante un juez de control de garantías el decomiso de 28 lingotes de oro cuyo peso fue calculado en 41 kilos y superaría los 15.514 millones de pesos. Petición que fue aceptada.

Unidades de la Policía Nacional incautaron el metal precioso en un procedimiento de registro y control realizado en la vereda El Cedro, en la vía que comunica a Mocoa (Putumayo) con Pitalito (Huila). En la diligencia fueron capturados Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo en el que eran transportados los lingotes ocultos en el tanque de combustible; y su acompañante, identificado como Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez.

Para la Fiscalía, estas dos personas no acreditaron la procedencia lícita del oro, no portaban certificados de origen ni los documentos que emiten los comercializadores o explotadores mineros autorizados. En ese sentido, fueron imputados por el delito de lavado de activos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Las 28 barras de oro fueron sometidas a diferentes pruebas. Luego de acreditarse su autenticidad quedaron a disposición del Fondo Especial para la Administración de Bienes (FEAB) y serán custodiadas por el Banco de la República.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Mayor control y sanciones a operadores de comunicaciones y postales

​El programa de autocomposición les permite a las empresas ​gestionar directamente las quejas de los usuarios antes de que la SIC intervenga.

SIC ha impuesto multas por $104 mil millones a operadores de comunicaciones y postales, 36% más que en cuatrienio pasado
Las 10 empresas más sanciona​das

Según la SIC, las empresas más sancionadas en materia de comunicaciones y servicios postales son:

1- UNE EPM Telecomunicaciones S.A. (Tigo Hogar)

2- Comunicación Celular S.A. (Claro)

3- Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (Movistar)

4- Partners Telecom Colombia S.A.S. en reorganización (Wom)

5- DirecTV Colombia Ltda.

6-Servientrega S.A.

7- Empresas Municipales de Cali E.I.C.E. E.S.P.

8- Inter Rapidísimo S.A.

9- Colombia Móvil S.A. E.S.P. (Tigo)

10- Legon Telecomunicaciones S.A.S.


Según la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), estas medidas reafirman que la protección de los derechos del consumidor es un pilar de la política pública del Gobierno nacional.

La SIC hasta ahora ha impuesto sanciones por $104.570 millones a operadores de servicios de comunicaciones y postales, esto es 36% más que las impuestas en el cuatrienio anterior, que sumaron $80.073 millones.

Desde agosto de 2022 se han impuesto en promedio 99 sanciones anuales y se han desarrollado 85 jornadas de sensibilización, que han permitido a los colombianos conocer y ejercer mejor sus derechos en materia de comunicaciones.

Mientras la SIC recibió 99.220 quejas entre el 8 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022, en el periodo del 8 de agosto de 2022 al 25 de septiembre de 2025 recibió 128.321 quejas.

De acuerdo con el organismo de vigilancia y control comercial e industrial, las sanciones obedecen a conductas como indebidos, información y publicidad engañosa, obstáculos a la portabilidad numérica, cláusulas de permanencia injustificadas, facturación irregular y deficiencias en la calidad y continuidad del servicio.

Acompañamiento a las empresas

De otro lado, la SIC informó que en lo corrido de 2025 el 87,9% de los casos denunciados por los usuarios se resolvió de manera favorable por los operadores en el marco del programa de autocomposición, a través del cual el organismo de control comercial busca ofrecer a los usuarios una solución favorable, pronta y efectiva a sus peticiones, contando con el compromiso de los operadores inscritos.

Igualmente, la entidad destacó que durante la actual administración se ha incrementado el número de quejas enviadas a autocomposición, para que sean las propias empresas quienes las gestionen antes de que la SIC entre a estudiar de fondo.

En 2025 la SIC ha realizado 12 visitas a operadores de servicios comunitarios para brindarles acompañamiento y capacitación, de cara al régimen de protección de usuarios de servicios de comunicaciones.

En riesgo de pérdida $942 mil millones girados por el Gobierno pasado durante la pandemia para ayudas empresariales

​​​Eva Carolina Madrid Tor​res, directora de la Itcr.
Más de $942 mil millones entregados por el Gobierno nacional durante la época de pandemia para financiar proyectos de subsidios, estarían en riesgo recuperación, reveló una auditoría realizada por la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (Itrc) a la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (Ugpp).

De acuerdo con el Itrc, la auditoría “encontró fallas críticas en los controles de selección y fiscalización de los programas Paef y PAP", creados durante el Gobierno anterior.

El programa Paef (Programa de Apoyo al Empleo Formal) fue una ayuda económica del Gobierno pasado a las empresas para preservar empleos formales durante la emergencia del Covi1-19, mientras que el PAP (Apoyo para el Pago de Prima de Servicios) se creó para subsidiar el pago de esta obligación laboral.

El Itrc es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que ejerce funciones preventivas y sancionatorias, y vigila a entidades como la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), la Ugpp y Coljuegos con la misionalidad de supervisar la transparencia y la correcta ejecución de los recursos públicos.

En su auditoría, el Itrc advirtió de “deficiencias que podrían poner en peligro la recuperación de hasta $942.000 millones", entre otras:

1- Carencia de medidas de seguridad y resguardo en bases de datos utilizadas en los procesos de fiscalización.

2- Irregularidades en exclusiones de población sujeta a control en tres programas, con un impacto fiscal estimado en $923.399 millones.

3- Errores en el cargue de información en el aplicativo BPM, con un riesgo de $405 millones. El BPM es el sistema de información electrónica que gestiona los procesos de fiscalización en la Ugpp.

4. Discrepancias entre datos de empresas y empleados beneficiarios, por $18.778 millones.

​Recomendaciones de la ITRC

La entidad presentó varias recomendaciones en su auditoría, entre ellas:

- Implementar controles estratégicos y operativos para proteger la integridad de sistemas y bases de datos.

- Revisar con prioridad los casos excluidos que presentan inconsistencias, antes de que venza la facultad de fiscalización el 1° de noviembre de 2025.

- Fortalecer el procedimiento de exclusiones, sustentándolo normativamente y avalándolo con estudios técnicos, financieros, jurídicos y contables cuando corresponda.

- Auditar el aplicativo BPM para corregir las fallas en el cargue de la información.

- Adoptar medidas urgentes que garanticen trazabilidad, seguridad y legalidad en el tratamiento de datos, a fin de evitar la pérdida de recursos públicos destinados a la reactivación del empleo formal.

Presidente Petro anunció que, para proteger precios, no habrá monopolio en importación del gas natural

El presidente Gu​stavo Petro cuestionó el monopolio en la importación de gas natural.
Así lo reveló el mandatario a través de su cuenta personal de X, donde dijo que esta decisión se basa en lo que establece la Constitución Nacional, por lo que aseguró: “Habrá gas importado por Ecopetrol más barato que el que importaban antes y en competencia".

El jefe de Estado recordó que la “importación de gas natural ha existido hace años y desde anteriores gobiernos", y denunció que “solo hay un punto privado a donde llevan el gas importado y el dueño es el dueño de un diario".

“Creo que han cobrado por ese gas, más que el precio internacional del momento, cómo sucede en todo monopolio privado", dijo al reiterar que “los monopolios privados se prohibieron hace años en la constitución".

Recordó que “el precio de ese gas ha determinado tarifas de energía eléctrica por la fórmula saqueadora que estableció la CREG hace años, remedando el feudalismo en el mercado de la generación eléctrica colombiana y así le han cobrado la energía a todas las empresas y a todos los hogares colombianos".

“Cambié la fórmula de la CREG para bajar todas las tarifas eléctricas, pero solo operará en 2027; si es que no eligen un amigo del dueño del punto de importación del gas", anotó el mandatario.

Por presentar facturas sin tener instalaciones para atender a víctimas de accidentes de tránsito, Adres suspendió pagos a 23 IPS

La identificación de las anomalías se dio en el marco de las auditorías
contratadas por Adres, que incluyeron visitas físicas a las IPS para hacer
control, verificación y reconocimiento de pagos.​
​Las IPS sancionadas reclamaban pagos de manera irregular por más de 17.000 millones de pesos, según el reporte dado a conocer este miércoles por la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), que tomó la medida para asegurar el buen uso y control de los recursos de la salud.

Las IPS objeto de la suspensión de los pagos están ubicadas en Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.

En una primera decisión (Resolución 0087804 de 2025), la Adres suspendió el reconocimiento y pago de reclamaciones a 12 IPS que radicaron más de 4.911 millones de pesos.

En segunda decisión (Resolución 0087805 de 2025), a 11 IPS se les suspendió de manera indefinida la solicitud de registro de las cuentas bancarias ante la Adres.

En cumplimiento del debido proceso, la Adres realizó ya la notificación a los representantes de dichas IPS, las cuales tienen 10 días hábiles para presentar recurso de reposición.

La identificación de las anomalías se da gracias a auditorías realizadas por tres firmas contratadas por Adres desde el 2023, con visitas físicas, para hacer control, verificación y reconocimiento de pagos a entidades que presentan reclamaciones por servicios de salud y gastos de transporte derivados de accidentes de tránsito causados por vehículos sin SOAT o no identificados.

En 2024 la Adres también adoptó medidas administrativas para suspender los pagos a otras 52 IPS que han radicado cuentas por más de 70.000 millones de pesos.

Ante la gravedad de los hechos hallados, la entidad puso en conocimiento a la Fiscalía General de la Nación para que se adelanten las investigaciones por el delito de fraude o intento de fraude.

Las IPS objeto de la medida de la Adres son:

• Asclep Salud IPS SAS (Atlántico)
• Clínica San Rafael LTDA (Atlántico)
• IPS Villa Estadio SAS (Atlántico)
• Nova Salud Integral IPS (Atlántico)
• Rehabilitar de la Costa (Atlántico)

• Centro Integral de Salud San Gabriel IPS SAS (Magdalena

• Ambulancias Salud y Vida RC SAS (Valle del Cauca)
• Asociación de Emergencias Médicas SAS (Valle del Cauca)
• Equipo Prehospitalario de Cali EPC SAS (Valle del Cauca)
• Grupo Ambulancias J1 SAS (Valle del Cauca)
• Medic Servicio Médico en Casa SAS (Valle del Cauca)
• Orthopedic Jion SAS (Valle del Cauca)

• Clínica Moscati SAS (Atlántico)
• IPS Alma Salud MIA (Atlántico)
• IPS Solosalud K& SAS (Atlántico)
• Global Médica SAS (Atlántico)
• Salud Integral y Preventiva SAS (Atlántico)
• IPS Centro Clínico para la Atención Integral SAS (Atlántico)
• IPS Jasa Medica SAS (Atlántico)

• IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles SAS (Córdoba)
• Centro Médico Torresalud IPS (Córdoba)

• Famica (Magdalena)
• SaluVida (Magdalena)

Con información de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Gobierno nacional vigila la entrega oportuna de medicamentos

Incumplir l​as directrices dará lugar a sanciones administrativas, sin
perjuicio de otras responsabilidades legales.
Para vigilar la entrega oportuna de medicamentos, la Superintendencia Nacional de Salud emitió una circular externa que establece instrucciones adicionales para el reporte de información por parte de los gestores farmacéuticos.

Es la primera vez que la Supersalud expide una normativa técnica para reforzar las funciones de vigilancia, inspección y control sobre gestores, con miras a mejorar la oportunidad en la entrega de tecnologías en salud (medicamentos, dispositivos médicos y otros) a los afiliados del sistema de salud.

Este nuevo marco regulatorio surge como una respuesta directa a una de las principales preocupaciones en el sistema de salud: la demora en la entrega de medicamentos y dispositivos médicos, que actualmente es el motivo número uno de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias de los usuarios.

A partir de la vigencia de esta circular los gestores farmacéuticos deberán reportar detalladamente a la Superintendencia, a partir de octubre de 2025, cuáles tecnologías en salud tienen dificultades para la dispensación y causas del problema.

El Superintendente nacional de Salud, Giovanny Rubiano García, aseguró que “esta medida refuerza las acciones de inspección y vigilancia sobre los gestores farmacéuticos para solventar la laxitud con la que algunos de ellos venían operando desde su creación en 2019, y con ello, velar por la oportunidad en la entrega de medicamentos a los afiliados".

La medida impone a estos actores del sistema nuevas responsabilidades frente al reporte, mientras el Ministerio de Salud alista la regulación, así:

- Reportar la naturaleza de su operación como proveedor de tecnologías en salud, es decir, si es gestor farmacéutico, con la finalidad de establecer el universo de vigilados.

- Informar el número de puntos de dispensación con los que opera, la capacidad de atención máxima de usuarios, el tiempo promedio de espera y el número de usuarios atendidos por punto de dispensación.

- Informar a la Supersalud, periódicamente, el detalle de los contratos vigentes con las entidades responsables de pago, incluyendo el propósito (dispensación o distribución), si hay renovación automática y si existe exclusividad por tipo de enfermedad o medicamento, entre otros.

- Proporcionar datos sobre cobertura municipal y población asignada.

La Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza de su Delegatura para Operadores Logísticos de Tecnologías en Salud y Gestores Farmacéuticos, busca con estas instrucciones garantizar que los actores del sistema suministren información con calidad, cobertura, pertinencia, oportunidad, fluidez y transparencia. El incumplimiento de estas directrices dará lugar a sanciones administrativas, sin perjuicio de otras responsabilidades legales.

Esta iniciativa subraya el compromiso de la Supersalud con la vigilancia de la gestión farmacéutica, vital para la promoción, el mejoramiento y la preservación de la salud de los colombianos.

Cargos al expresidente de EMSSANAR EPS S.A.S. por presunta omisión de pagos por más de $998 mil millones

(@PGN_COL).- La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el entonces presidente ejecutivo y representante legal de EMSSANAR EPS S.A.S., José Homero Cadena Bacca, quien ejerció ese cargo entre febrero de 2020 y noviembre de 2021, por presunta omisión en la gestión de las cuentas por pagar de la entidad, cuyo pasivo consolidado con corte al 31 de diciembre de 2020 ascendía a $998.716 millones.

La Delegada Disciplinaria de Instrucción para la Economía y la Hacienda Pública señaló que, según el material probatorio, una proporción superior al 25 % del total adeudado se encontraba en mora, con atrasos que superaban los 60, 120 y hasta 360 días, lo que habría afectado el flujo de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y, con ello, la oportuna prestación de los servicios a los usuarios.

Según el ente de control, el disciplinado habría omitido adoptar medidas de dirección y control financiero que permitieran mitigar los atrasos, comprometiendo la destinación específica de los recursos parafiscales administrados por la EPS.

La Procuraduría calificó la presunta conducta de Cadena Bacca en la EPS del suroccidente colombiano como falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.

Inspección a Supertiendas Olímpica reporta precarización laboral e intermediación ilegal

Rueda de prensa del ministro de Trabajo, Antonio San​​guino, y la viceministra de
Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz.
Después de visitar 56 tiendas Olímpica, entre supermercados, supertiendas y droguerías, y 5 centros de distribución, la Dirección de Inspección, Vigilancia, Control y Gestión Territorial del Ministerio del Trabajo reportó presunta tercerización sistémica e intermediación laboral ilegal, peligro inminente para la salud y seguridad, y baja aplicación de los mecanismos de prevención y participación.

​El titular de la cartera, Antonio Sanguino Páez, y la viceministra de Relaciones Laborales e Inspecciones (e), Sandra Muñoz, explicaron al país los principales hallazgos y conclusiones de las inspecciones a las Supertiendas Olímpicas.

Las inspecciones se realizaron a 60 establecimientos de los supermercados, supertiendas y droguerías en el país, en respuesta a más de 50 denuncias.

“Los resultados revelan hallazgos críticos de incumplimientos en obligaciones laborales, seguridad y salud en el trabajo, y problemas en espacios físicos y de infraestructuras en las tiendas", indicó el ministro Sanguino.

“Es un ejercicio que hicimos de manera simultánea a lo largo y ancho del país, y en este caso con Olímpica. Lo que origina está acción son las quejas o querellas interpuestas en 16 de nuestras direcciones territoriales. A esta entidad le corresponde garantizar los derechos de los trabajadores y que nuestro aparato productivo y las dinámicas económicas en todos los terrenos y sectores se fundamenten en el trabajo digno y decente", señaló el titular de la cartera laboral.

Y agregó: “Por estas razones estamos fortaleciendo nuestra inspección, vigilancia y control, y como resultado de la reforma laboral que le da más dientes y exige mayor capacidad en materia de control y de derechos de los trabajadores".

“Estas inspecciones dan mérito y continuarán con investigaciones administrativas que darán lugar a planes de mejoramiento que se concertarán para que los hallazgos puedan ser subsanados y se garanticen mejores condiciones", informó.

​Evid​encias

Según el comunicado de prensa del Ministerio, “los inspectores de trabajo evidenciaron que la contratación presenta indicios de intermediación laboral ilegal, estrategia que comúnmente se usa para enmascarar verdaderas relaciones laborales, contratando a través de otras empresas intermediadoras el personal que debería ser contratado de manera directa; adicionalmente, preocupan las extensas jornadas de trabajo de hasta 10 horas, sin el debido registro y reconocimiento de horas extras".

El informe destaca que “los inspectores encontraron deficiencias críticas en infraestructura, ergonomía y seguridad y salud en el trabajo (riesgo eléctrico, falta de equipos de protección personal y equipos inseguros, entre otros), que representan un peligro continuo e inaceptable para la integridad física y la salud de los trabajadores, así como la falta de mecanismos de participación y prevención".

“La falta de capacitación, la ausencia de brigadas y el desconocimiento de los protocolos de emergencia demuestran un grave incumplimiento en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo", precisó la viceministra de Relaciones Laborales (e), Sandra Muñoz.

El Mintrabajo indicó que los hallazgos “no son incidentes aislados, sino que configuran un patrón de precarización y negligencia que parece ser sistémico en la operación de supermercados Olímpica a nivel nacional, requiriendo una intervención prioritaria por parte del Ministerio".

“En seguridad y salud en el trabajo, se comprobó que la señalización de seguridad es deficiente y no se identifica un responsable visible del sistema de gestión en este tema en las tiendas. Hay ausencia de brigadas de emergencia, puestos de trabajo no ergonómicos, dotación incompleta y falta de espacios seguros para la toma de alimentos y descanso", puntualizó la cartera laboral.

Condenados cinco exfuncionarios de la empresa de aseo de Bucaramanga.

Las irregularidades detectadas en la planeación y suscripción de un contrato para la implementación de nuevas tecnologías para el manejo de basuras en Bucaramanga (Santander) en 2016 -caso Vitalogic-, durante la administración de Rodolfo Hernández, permitieron la condena a cinco exfuncionarios de la Empresa Municipal de Aseo Bucaramanga (EMAB) y un contratista.

Las pruebas presentadas por la Fiscalía demostraron que los procesados participaron en múltiples irregularidades como la falsificación de documentos públicos y privados para la adjudicación del contrato así como el direccionamiento del mismo, modificando requisitos de referencia para que fuera entregado a una firma específica.

El contrato tenía como objeto implementar nuevas tecnologías para el manejo de basuras en el relleno sanitario de El Carrasco, por un valor de 336.000.000 de pesos.

El exgerente de la EMAB, José Manuel Barrera Arias fue sentenciado a 11 años y 10 meses prisión; el jefe de disposición final, Rubén Enrique Amaya Vanegas a 13 años y un mes; el jefe de la sección jurídica, César Augusto Fontecha Rincón a 12 años y 7 meses; por su parte, el subgerente técnico operativo, Abelardo Durán Leyva y la subgerente administrativa y Financiera, Abigail León Nieves a 12 años y 2 meses. A los exfuncionarios no se les concedió la suspensión provisional de la pena.

Por su parte el contratista Jorge Hernán Alarcón Ayala enfrentará una condena 9 años y 10 meses de prisión, sentencia que deberá cumplir en lugar de domicilio debido a su condición de salud.

De acuerdo con sus responsabilidades individuales, son responsables de los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.

Esta sentencia es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.

Adres firmó alianza con gigantes de la industria tecnológica para desarrollar auditoría inteligente de cuentas.

A través de la inteligencia artificial, la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) busca reducir
los tiempos de las auditorías, evitar fraudes y hacer más
transparentes los recursos del sistema.
Lo que busca el Gobierno nacional es que se desarrolle un prototipo que permita gestionar, con mayor velocidad y transparencia este proceso.

Por esta razón, se firmó la alianza con Microsoft (representado en América Latina por TI724), Amazon Web Services (aliado Blend360), Google Cloud (aliado Servinformación) y Oracle (aliado Entelgy), los cuales colaborarán con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) para realizar una Prueba de Concepto, que deberá estar lista en septiembre de este año.

Con ello, la Adres busca, a través de la Inteligencia Artificial, reducir los tiempos de respuesta de las auditorías de las facturas de las IPS (hospitales) reclamantes y que actualmente se realizan de forma manual, así como evitar fraudes, optimizar y hacer más transparente la gestión de los recursos del sistema de salud.

“Damos un paso más en nuestro objetivo de dejar de ser un pagador ciego y convertirnos en el pagador inteligente del sistema de salud. De esta manera, se optimiza el uso los recursos destinados a la atención en salud que reciben millones de colombianos”, destacó Félix León Martínez, director de la Adres.

Este reto tecnológico se enmarca en el Proyecto Sistema Inteligente de Auditoría– SIA, que busca llevar a la modernidad tecnológica los procesos de auditoría en la Adres, además de afinar los procesos de radicación de cuentas y todos los procesos relacionados para garantizar el pago oportuno.

De los cuatro aliados, la Adres elegirá la compañía que desarrolle el prototipo más eficaz y demuestre las mejores capacidades tecnológicas y normativas en materia de soluciones que implementen la inteligencia artificial.

Procuraduría interviene en actuación penal por presuntas irregularidades en sorteo de la Lotería de Medellín.

La Procuraduría General de la Nación constituyó una agencia especial para intervenir en la actuación penal iniciada por las presuntas irregularidades registradas en uno de los sorteos de la Lotería de Medellín.

La Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, en desarrollo de su función de intervención, designó como agente especial al Procurador 140 Judicial II Penal de Medellín, quien se encargará de participar y hacer acompañamiento permanente a las diligencias que se adelanten en desarrollo de la actuación penal, adelantada por la fiscalía general de la Nación.

Por ese mismo hecho, la Regional de Instrucción de Antioquia abrió indagación previa contra personas indeterminadas, con el fin de establecer si hubo o no participación irregular de algún servidor público, “así como verificar si se cumplió el deber funcional de abstención, si se activaron los controles internos adecuados y si el hecho pudo vulnerar los principios orientadores del ejercicio de la función pública”.

¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​
El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

Gobierno ordenó a la comercializadora de gas Vanti ajustar tarifas y devolver cobros indebidos a los usuarios en el centro del país.

En una decisión sin precedentes, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenó a la comercializadora Vanti S.A. – ESP ajustar sus tarifas de gas natural y devolver los cobros indebidos realizados a los usuarios desde diciembre de 2024.

Es la primera vez que la entidad de vigilancia y control adopta una medida de esta naturaleza para proteger los derechos de los usuarios y ordena la adopción de normas corporativas para evitar que se repitan cobros indebidos.

La medida, formalizada en la Resolución No. 20251000201245 del 6 de mayo de 2025, impone a la empresa un Programa de Gestión con tres órdenes clave: recalcular tarifas, reintegrar el 100 % de los cobros indebidos y adoptar nuevas reglas de gobierno corporativo para garantizar que Vanti S.A. no vuelva a incurrir en cobros indebidos.

La Superintendencia detectó que Vanti aplicó incrementos injustificados del 4,95 % en enero y del 35,5 % en febrero, a pesar de contar con gas natural nacional suficiente para abastecer la demanda residencial.

Según el organismo de control, la empresa simuló una menor disponibilidad de gas para justificar la importación, la cual tiene un costo superior, y con ello elevar artificialmente los precios que pagan más de 2,5 millones de hogares en Bogotá y Cundinamarca.

El organismo de vigilancia y control explicó que tras la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la comercializadora encontró que existía vigente con Ecopetrol un contrato de suministro de gas nacional, por tanto “Vanti S.A. disponía de suficiente gas, pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente, con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial. Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales".

Agrega la decisión de la Superservicios que “esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio público de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca".

“Es la primera vez que esta Superintendencia impone un Programa de Gestión, figura vigente desde el año 2015 que está en armonía con la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/94, art. 79) y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar", señala la información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por esta razón, en la Resolución mencionada se ordena iniciar el proceso sancionatorio y remitir copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la Fiscalía General de la Nación.

“De acuerdo con los lineamientos del Presidente de la República, el principal interés de esta medida es garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos como un derecho", destaca la entidad de vigilancia y control.

Presentada nueva y más completa Consulta Popular

La Consulta Popular que el Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a radicar este lunes en la Secretaría del Senado de la República tiene 16 preguntas: las 12 inicialmente presentadas y 4 más sobre el sector salud.

Entre las nuevas preguntas se destacan temas como acceso a medicamentos, conversión de las EPS en gestoras de salud, giro directo de recursos a clínicas y hospitales, atención primaria y garantías para trabajadores del sector.

En el acto de radicación estuvieron los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; Interior, Armando Benedetti, y Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Las 16 preguntas de la Consulta Popular

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p.m.?
2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?
3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?
4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?
5. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?
6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?
7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?
8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?
9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?
10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?
11. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?
12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?
13. ¿Está de acuerdo con el que el Gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?
14. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?
15. ¿Está de acuerdo que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?
16. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

La mayor parte de la ciudadanía respalda la consulta: MinTrabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó durante el acto de radicación: “Ya todos sabemos lo que ha ocurrido con la pretensión de un sector de la plenaria del Senado de la República de obstruir la posibilidad de que los colombianos y colombianas en las urnas decidamos la suerte de la reforma laboral. Y sabemos también que hay la pretensión de obstruir por segunda vez la reforma a la salud”.

“Por esa razón ha querido el presidente de la República que el ministro de la Salud, en funciones presidenciales y en su representación, junto con el ministro del Interior y quien les habla, el ministro del Trabajo, con la firma de todos los ministros del Gabinete como lo ordena la ley, radiquemos de nuevo la solicitud de Consulta Popular, con las 12 preguntas que corresponden a los asuntos laborales y cuatro preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas”, precisó.

De acuerdo con el titular de la cartera laboral, “sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta y quieren decidir la suerte de sus derechos laborales y sus derechos a la salud en las urnas”.

Sanguino se refirió a las recientes encuestas según las cuales la mayoría de la ciudadanía rechaza las pretensiones de un sector del Senado de imponer una mordaza al pueblo colombiano.

“Aunque hay unas acciones jurídicas que están adelantándose respecto a la votación que ocurrió en la plenaria del Senado el día miércoles de la semana pasada, nosotros hemos decidido reiterar, en cabeza del presidente de la República, la convocatoria a que la soberanía popular se exprese en las urnas. Así que hemos acudido a la Secretaría del Senado de la República para radicar esta nueva solicitud de Consulta Popular para que el Senado en su plenaria se pronuncie ojalá de manera clara, transparente e inequívoca sobre esta nueva solicitud”, puntualizó el ministro de Trabajo.

El pueblo debe dirimir el conflicto: MinInterior

Por su parte, el ministro de Interior, Armando Benedetti, resaltó: “Esta nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud. El derecho al trabajo y el derecho a la salud son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en nuestro establecimiento jurídico, y resulta que a la hora de legislar no se encuentran porque el Congreso no lo ha querido hacer. Dicho esto, es el pueblo quien debe dirimir ese conflicto que hay entre el Congreso y el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que el Congreso al día de hoy no se ha pronunciado sobre la Consulta hundida, y esta es una nueva Consulta y las dos están hoy vivitas y coleando en el Congreso de la República”, afirmó.

Nos toca recurrir al pueblo: MinSalud

A su vez el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó: “ustedes saben muy bien que la Cámara de Representantes ha aprobado en dos ocasiones el proyecto de la reforma a la salud, pero desafortunadamente la Comisión VII del Senado no quiso discutir la reforma que se aprobó el año pasado en la Cámara”.

Explicó que “la Cámara ha cumplido, a sabiendas de qué es lo que ha sucedido. Ha solucionado todas y cada una de las diferentes inquietudes. Doce artículos están aceptados por todas y cada una de las EPS para transformarse. Se dice que no hay aval financiero. Desde septiembre hay aval financiero. Se volvió a dar un aval financiero porque dicen que no hay recursos. Y resulta que la Cámara no solamente aprobó nuevos recursos, sino que esos recursos para el año entrante serían de seis billones de pesos”.

Recalcó que fuera de esto, para los próximos diez años, al 2034, el aumento de la salud con respecto al PIB se incrementará un punto. “O sea que estamos hablando de 20 billones de pesos en que aumentarían los recursos de la salud. Entonces se han venido solucionando cada uno de los problemas, cada una de las solicitudes que nos han presentado”.

“Hoy no podría haber ninguna objeción, como no la tuvo la Cámara de Representantes, pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República”, sostuvo el titular de la cartera de Salud.

Y puntualizó: “Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo, el pueblo que es superior a sus dirigentes, para que sean ellos los que ratifiquen estas preguntas”, puntualizó.

Presidente Petro convoca cabildo abierto

A través de su cuenta en la red X, luego del hundimiento de la Consulta Popular, el presidente Petro había expresado: “Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular, como jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”.

En otro mensaje, el jefe de Estado afirmó: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor de que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”.

“Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”, dijo el mandatario.

Y anunció: “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía y conservar la paz y la alegría”.

“Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”, resaltó el presidente Petro.

‘Bochornosa trampa’

De otro lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado en esa ocasión que se trató de una trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

“Bochornosa trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la Consulta Popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49/47 a favor del NO escamoteando la soberanía popular”, expresó el titular de la cartera laboral en la red X.

‘Esto es un delito’: MinInterior

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que “se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”.

De acuerdo con Benedetti, “(Efraín) Cepeda y el secretario general incurrieron en delitos, en falta de ética y moral para hundir la Consulta Popular. El secretario general del Senado agregó votos por el No una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario”.

ANLA pendiente del muelle multipropósito en la Guajira

Durante una visita oficial al distrito de Riohacha, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez Torres, sostuvo un importante encuentro con la Gobernación de La Guajira en el marco del proyecto de infraestructura marina que busca fortalecer la conectividad del departamento.

En esta visita, la directora Irene Vélez Torres resaltó la importancia de conocer de primera mano las iniciativas que surgen desde los territorios, y reiteró el compromiso de la ANLA con el rigor técnico y la responsabilidad ambiental:

“Conocer de primera mano las expectativas y proyectos del territorio es fundamental. Hoy dialogamos sobre los términos generales y específicos necesarios para iniciar los estudios de impacto ambiental, insumo clave para que la ANLA pueda realizar la evaluación correspondiente. Este es un proyecto estratégico para la región y el país, y desde la Autoridad brindaremos el respaldo necesario para que avance de manera responsable y con compromiso ambiental.”

Durante el recorrido y los diálogos en territorio, el Gobernador agradeció la presencia institucional de la ANLA y resaltó la importancia estratégica de esta obra para la conectividad marítima y el desarrollo regional:

“Agradecemos a la doctora Irene Vélez y a todo el equipo de la ANLA por su presencia hoy en el departamento de La Guajira, especialmente aquí en Riohacha. Este es un proyecto clave para nosotros. Ya hemos avanzado en el consolidado técnico que nos permitirá construir esta licencia que es fundamental para el futuro del departamento. Este tipo de diálogo institucional garantiza que cada paso que demos sea el correcto.”

Ambas entidades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, con el fin de garantizar que cada fase del proyecto se desarrolle de manera adecuada y cuente con la debida supervisión técnica y ambiental.

El "Supermán" López en problemas.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia Internacional de Controles (ITA) anuncian que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado el recurso interpuesto por el ciclista colombiano Miguel Ángel López contra la decisión del Tribunal Antidopaje de la UCI del 29 de mayo de 2024. El TAS emitió un comunicado de prensa al respecto esta tarde.

El TAS confirmó que el Sr. López cometió una infracción de las normas antidopaje (ADRV) por uso y posesión de una sustancia prohibida (Menotropina)*, concomitantemente con el Giro de Italia 2022 y confirmó la suspensión de cuatro años que le impuso el Tribunal Antidopaje de la UCI (25 de julio de 2023 – 24 de julio de 2027).

A modo de recordatorio, el procedimiento disciplinario se inició a raíz de una investigación realizada por el ITA basándose en las pruebas obtenidas de la Guardia Civil española y de la Organización Española Antidopaje (CELAD) en la denominada Operación “Ilex” relativa al Dr. Marcos Maynar.

La UCI y la ITA celebran esta decisión, que refleja su compromiso con la protección de la integridad del ciclismo. El laudo del TAS se publicará oportunamente en el sitio web de la UCI.

La UCI no hará más comentarios sobre el asunto.

*La menotropina es una sustancia prohibida de la clase S2.2 [Hormonas peptídicas y sus factores liberadores] de la Lista de Prohibiciones que mantiene la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y adopta la UCI.

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Importante.

Presidente Petro aboga por un Congreso de mayorías limpias que renazca en el corazón colombiano

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