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‘Más de 120 mil documentos electorales no tenían el candado de seguridad Hash’: presidente Gustavo Petro

​​El presidente Gustavo Petro aseguró la manipulación electoral se dio en al menos el 10% de los puestos de votación​.
En declaración que entregó a medios nacionales e internacionales en la Casa de Nariño, el jefe de Estado aseguró que cerca de 70 mil testigos digitales, expertos en informática, “se convirtieron en el verdadero poder de escrutinio en Colombia, porque los testigos electorales presenciales no estaban en capacidad de detectar el fraude. Este asunto ya no es solo para abogados sino para expertos en informática", dijo.

El mandatario aseguró que ese movimiento de testigos digitales encontró que en 1.350 puestos electorales se descubrió algo que llaman 'Test de rachas', “que nos muestra si hay un patrón predeterminado y estadístico para poner una votación en las mesas, que no es el de la realidad, es aleatorio, no se rige por un patrón matemático exacto. Los seres humanos no somos así, pero ese patrón ha sido hallado, afecta 1.350 puestos de votación que, sumados, son 7 millones de votos", afirmó.

También se refirió el presidente Petro a los llamados 'bloques' y dónde se encuentran, y se muestra en cada mesa un bloque ordenado de quiénes votan por Abelardo (De la Espriella) y quiénes por (Iván) Cepeda, en qué zonas, y muestran que eso se rige no por la decisión popular sino por una fórmula matemática determinada previamente, es decir un software".

En su intervención, el jefe de Estado denunció que “por primera vez se desarrolla un fraude electoral a partir del manejo del software y los algoritmos", y agregó que el de Colombia no es el primer caso: “ya van cinco casos de manipulación de elecciones con software israelíes", concluyó.

Usuarios de energía han pagado más de $97 billones por el Cargo por Confiabilidad; estudio de la Superservicios cuestiona su efectividad

El Cargo por Confiabilidad aportó más utilidades al sector ​que las ganancias de toda su operación junta.
Los usuarios del servicio de energía en Colombia han pagado más de $97 billones por concepto del Cargo por Confiabilidad desde la creación de este mecanismo en 2006, sin que ello haya despejado los interrogantes sobre su capacidad para garantizar el abastecimiento eléctrico del país.

Así lo concluye una evaluación presentada por el Observatorio de Servicios Públicos de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).

El estudio analiza los primeros 20 años de funcionamiento del Cargo por Confiabilidad, un mecanismo incorporado en la tarifa de energía con el propósito de remunerar a las empresas generadoras para que mantengan disponibles sus plantas y respondan ante situaciones de escasez hídrica, como las ocasionadas por el fenómeno de El Niño.

Según la evaluación, entre 2006 y 2025 los usuarios transfirieron a las empresas generadoras $97,1 billones, en pesos constantes de 2025.

De ese total, cerca del 62 % fue destinado a plantas hidroeléctricas y alrededor del 37 % a plantas térmicas.

Antioquia concentró la mayor remuneración histórica, con $26,5 billones, seguida por Atlántico, con $15,8 billones, y la región Cundinamarca-Meta, con $13,1 billones.

La Superservicios advirtió que, pese a los recursos recaudados durante dos décadas, el esquema presenta limitaciones. En 2025, el Cargo por Confiabilidad representó el 21,5 % de los ingresos del sector de generación y un monto equivalente al 111 % de sus utilidades.

Al presentar los resultados, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán Carrón, planteó la necesidad de revisar el funcionamiento del mecanismo. “¿Cómo es posible que después de 20 años de un esquema de confiabilidad se hable de apagón cuando los usuarios del servicio de energía les han entregado $97 billones a las empresas de generación? Estas deben garantizar realmente la suficiencia de la generación eléctrica del sistema, particularmente en condiciones de hidrología crítica”, afirmó.

Entre los principales hallazgos, el informe señala que el 48 % de los recursos del Cargo por Confiabilidad se destina a plantas hidroeléctricas o a respaldar obligaciones de esa misma tecnología, pese a que son las más afectadas durante los periodos de sequía.

Asimismo, indica que una parte importante de los recursos continúa remunerando plantas con entre 20 y 30 años de operación, sin que ello se haya traducido en un aumento significativo de la capacidad instalada del sistema.

Como resultado del análisis, la Superservicios recomendó revisar el diseño regulatorio y la efectividad del Cargo por Confiabilidad, en coordinación con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) y el Ministerio de Minas y Energía, con el fin de incentivar la entrada de nuevas plantas de generación más eficientes y fortalecer el desarrollo de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable.

Finalmente, el informe concluye que, aunque en los últimos meses se han planteado alertas sobre un posible desabastecimiento de energía, los análisis técnicos no evidencian un riesgo inminente de apagón en el corto plazo, siempre que los mecanismos de seguridad del sistema continúen operando de manera adecuada.

Presidente Petro anunció nuevas demandas por presunto fraude electoral y sostuvo que la injerencia extranjera es causal de nulidad

​El presidente Gustavo Petro dijo en el Consejo de Ministros que la legislación colombiana prohíbe el apoyo ex​tranjero a campañas políticas.
El jefe de Estado dijo este martes, durante un Consejo de ministros televisado, que presentará nuevas acciones judiciales por presuntas irregularidades en el proceso electoral del 21 de junio y sostuvo que la injerencia extranjera en una campaña política constituye un delito y una causal de nulidad de los comicios, según la legislación colombiana.

Al iniciar el Consejo de ministros, realizado en Casa de Nariño, el mandatario reiteró que mantiene sus denuncias sobre un presunto fraude electoral y aseguró que el escrutinio de la votación en el exterior aún no ha concluido, porque no se han recibido las actas de clavero correspondientes.

“Yo he dicho que hubo un fraude. Dije también públicamente, antes de detectar el fraude, que yo aceptaba al presidente de acuerdo con la decisión de los jueces de escrutinio", manifestó.

Asimismo, sostuvo que los jueces de escrutinio “no han decidido" de manera definitiva, pues el escrutinio de los votos emitidos en el exterior permanece incompleto y existen reclamaciones que aún no han sido revisadas.

En tal sentido, afirmó que en los próximos días serán radicadas nuevas demandas de carácter penal y de nulidad electoral, con las pruebas que ha recopilado su equipo.

“Vendrán nuevas demandas, el jueves se presentan, con las pruebas que ya tenemos. Es mi deber que se presenten. Son penales, son de nulidad, pero los crímenes se cometieron en Estados Unidos", afirmó.

El mandatario sostuvo que una de las principales irregularidades se habría presentado en el proceso de escrutinio de los votos depositados en el Consulado de Colombia en Los Ángeles y en otras sedes diplomáticas.

El presidente indicó que las presuntas anomalías también se habrían registrado en consulados ubicados en Venezuela y España, países donde se concentra una parte importante de la votación de los colombianos residentes en el exterior.

“Se concentraron en ciudades de Estados Unidos, tocaron Venezuela; también en España, que son los tres grandes focos de la gran votación internacional", agregó.

Afirmó que las denuncias incluyen presuntas irregularidades relacionadas con funcionarios consulares, el proceso de escrutinio, el uso de plataformas tecnológicas y el sistema de transmisión de datos electorales, elementos que harán parte del material probatorio que será entregado a las autoridades competentes.

​Apoyo extra​​njero es prohibido

El mandatario señaló además que la legislación colombiana prohíbe el apoyo extranjero a campañas políticas, y aseguró que este será uno de los principales argumentos de las acciones judiciales.

“En Colombia está prohibido hacer campañas con apoyo internacional, extranjero. Así de simple", expresó.

El jefe de Estado también cuestionó la actuación de la Registraduría Nacional y del Consejo Nacional Electoral, al considerar que debieron esperar a la culminación del escrutinio de los votos en el exterior antes de oficializar los resultados.

“No puedo aceptar un presidente, y por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte, porque eso es un fraude", sostuvo.

El presidente insistió en que el sistema electoral debe incorporar mayores garantías de seguridad digital, y en tal contexto consideró que la ausencia del denominado candado hash en una buena cantidad de formularios electrónicos habría permitido la modificación de los documentos electorales.

Finalmente, el presidente Petro anunció que buscará que las denuncias sean conocidas tanto por autoridades colombianas como por organismos internacionales.

Con nuevas herramientas tecnológicas, Superservicios busca empoderar a los usuarios frente a empresas prestadoras

​​​El 11 de julio se conmemora el Día de los Usuarios y los Vocales ​de Control, ciudadanos que se esfuerzan por la adecuada prestación de los servicios públicos en todo el país.
El Gobierno de las Oportunidades, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, presentó ante líderes comunitarios de todo el país las nuevas herramientas digitales que les permitirán a los usuarios incidir en la gobernanza y ejercer el derecho de control social a las empresas prestadoras.

Durante la conmemoración de Día de los Usuarios y los Vocales de Control, que se celebra el 11 de julio de cada año, el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, explicó el alcance de estas herramientas digitales con la que la entidad busca fortalecer la democratización en el acceso a la información relevante para los usuarios.

El funcionario dijo que son tres las herramientas para el acceso y conocimiento de la información sobre el sector: el Observatorio de Servicios Públicos, la Escuela Popular, y la página actualizada de Control Social, que se pueden consultar a través del sitio web: www.superservicios.gov.co.

Mediante estas herramientas digitales, los usuarios de los servicios públicos domiciliarios podrán acceder a la información de más de 6.000 empresas prestadoras que reportan al Sistema Único de Información (SUI).

Con este proceso participativo de usuarios y vocales de control social, el Gobierno del Cambio y la Superservicios aspiran a democratizar la gobernanza del sector mediante el conocimiento de la forma en que funciona este complejo sistema.

La Superintendencia explicó que el Control Social es un derecho y un deber de los ciudadanos para participar en la vigilancia y fiscalización de la gestión pública con el fin de acompañar el cumplimiento de los fines del Estado.

De hecho, el superintendente Durán Carrón destacó la importancia de la participación ciudadana en los procesos que los afectan.

“El conocimiento es poder, y la base del poder siempre será la gente, la ciudadanía. Pero, hasta ahora, el conocimiento técnico estaba reservado exclusivamente a técnicos y expertos. Por ello es importante que, en medio de un universo de tecnicismos, se tenga la información precisa para que no se restrinja la labor de los vocales de control", añadió el funcionario.

El Superintendente Durán Carrón invitó a los representantes ciudadanos a articular esfuerzos y construir procesos nacionales para la actualización de la Ley de Servicios Públicos y de Energía Eléctrica (Ley 142 y 143 de 1994), tal como está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 'Colombia Potencia Mundial de la Vida'.

Con la participación ciudadana en estos procesos, la Superservicios pretende empoderar la voz de las comunidades, reconociendo además el trabajo voluntario que hacen los vocales de control en las diferentes regiones del país.
“Mientras los mandatarios y funcionarios públicos cambian cada cuatro años, los usuarios y los vocales de control son el elemento que verdaderamente perdura en el tiempo. Por lo tanto, representan la memoria histórica y la voz que debe seguir defendiendo los derechos de la ciudadanía", concluyó el jefe del organismo de control y vigilancia.

Colpensiones rechaza versiones sobre manipulación o pérdida de datos y amplía horarios de atención al público

​Colpensiones indicó que la actualización de su infraestructura tecnológica tuvo como objetivo fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los usuario​s.
La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) informó este viernes 10 de julio que sus servicios continúan operando con normalidad y desmintió las versiones que han circulado sobre una presunta manipulación o pérdida de información de afiliados y pensionados. La entidad afirmó que el proceso de modernización tecnológica que adelanta fue planeado con más de nueve meses de anticipación y responde exclusivamente a criterios técnicos.

​En un comunicado a la opinión pública la administradora del régimen público de pensiones indicó que la actualización de su infraestructura tecnológica se ejecutó tras un proceso de licitación pública y tuvo como objetivo fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los usuarios.
“Colpensiones adelantó un proceso de modernización tecnológica planeado con más de nueve meses de anticipación y derivado de un proceso de licitación pública. Su propósito fue, precisamente, fortalecer la seguridad, la integridad y la trazabilidad de la información de los(as) afiliados(as). Este proceso obedece a un cronograma técnico y no guarda relación alguna con el calendario político del país", señaló la entidad en el comunicado.
La administradora también manifestó que la mayor parte de sus servicios funciona con normalidad y explicó que, como ocurre en proyectos tecnológicos de gran escala, durante la etapa de estabilización pueden presentarse situaciones puntuales que son monitoreadas y atendidas por los equipos técnicos.

Asimismo, enfatizó que la información y los recursos de los colombianos permanecen protegidos y rechazó las versiones que ponen en duda la integridad de sus bases de datos.

“Colpensiones rechaza cualquier insinuación sobre manipulación o pérdida de datos: la totalidad de los actos de la entidad está sujeta al control permanente de los organismos competentes", subrayó.

La entidad informó que los Puntos de Atención de Colpensiones (PAC), los canales digitales y las líneas telefónicas continúan habilitados, e invitó a los ciudadanos a consultar únicamente los medios oficiales para verificar cualquier información relacionada con la prestación de los servicios.

Además, reiteró que hasta el próximo 16 de julio estará vigente la ventana de traslado pensional para los afiliados a fondos privados de pensiones que quieran cambiarse de régimen, de los fondos privados al régimen público o viceversa.

​Máxi​ma atención a información sin verificar

En su comunicado, Colpensiones hizo un llamado a evitar la propagación de información falsa, al considerar que este tipo de mensajes genera preocupación entre millones de pensionados y sus familias.

“Difundir alarmas infundadas sobre el sistema pensional genera angustia innecesaria en millones de adultos mayores y sus familias. Colpensiones hace un llamado a la responsabilidad y al rigor en la información que se comparte con la ciudadanía", expresó la entidad.

Finalmente, con el propósito de facilitar la atención a los usuarios durante este periodo, Colpensiones anunció la ampliación temporal de los horarios en los Puntos de Atención de Colpensiones a nivel nacional, excepto los ubicados en la red CADE y el Fondo Nacional del Ahorro (FNA).

Los PAC atenderán el sábado 11 y domingo 12 de julio, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., en jornada continua, mientras que del 14 al 16 de julio extenderán su horario hasta las 6:00 p.m. El servicio retomará su horario habitual el 17 de julio de 2026.

El ICA ratifica la ausencia de circulación de Brucella melitensis y Brucella suis en Colombia

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), como autoridad nacional en sanidad animal, informa que, con base en la evidencia epidemiológica, diagnóstica y científica disponible, a la fecha no existe evidencia de circulación de Brucella melitensis ni de Brucella suis en Colombia.
Si bien las medidas de vigilancia y control se han enfocado principalmente en Brucella abortus, por ser la especie históricamente identificada en el país, el Instituto cuenta con capacidades técnicas y diagnósticas para detectar e investigar diferentes especies del género Brucella, incluidas aquellas de importancia para la salud animal y la salud pública. Estas capacidades incluyen metodologías de confirmación molecular y herramientas de secuenciación genómica que permiten diferenciar con precisión las distintas especies del género en los eventos que requieren investigación sanitaria.

Como parte de estas estrategias, el ICA realiza investigaciones epidemiológicas ante sospechas de la enfermedad, seguimiento a focos, evaluación de especies animales susceptibles y controles sanitarios para la movilización de animales. Estas actividades abarcan bovinos, bufalinos, ovinos, caprinos y porcinos, de acuerdo con los criterios de riesgo establecidos.

Adicionalmente, el más reciente estudio nacional de seroprevalencia incluyó el análisis de muestras de ovinos y caprinos provenientes de los predios seleccionados, utilizando herramientas diagnósticas orientadas a la evaluación de diferentes especies del género Brucella. Los resultados obtenidos, que serán publicados próximamente, no evidenciaron la presencia de Brucella melitensis ni de Brucella suis en las muestras analizadas.

Es importante señalar que las pruebas utilizadas dentro de las estrategias de vigilancia permiten identificar animales expuestos a bacterias del género Brucella. En consecuencia, una circulación significativa de estos agentes generaría señales epidemiológicas que darían lugar a investigaciones sanitarias específicas. No obstante, hasta la fecha el sistema oficial de vigilancia no ha registrado hallazgos compatibles con la circulación de estas especies en el país.

De igual manera, la información disponible a través de los mecanismos de articulación entre el ICA y las autoridades de salud pública tampoco ha identificado eventos epidemiológicos que sugieran la presencia o circulación de Brucella melitensis o Brucella suis en Colombia.

Precisiones frente a publicaciones recientes

Con ocasión de publicaciones recientes en medios de comunicación y literatura científica relacionadas con la posible presencia de Brucella melitensis en Colombia, el ICA considera pertinente realizar algunas precisiones técnicas.

Uno de los aislamientos bacterianos reportados recientemente fue identificado inicialmente mediante metodologías bacteriológicas preliminares como Brucella melitensis. Sin embargo, dicho aislamiento fue sometido a un análisis de secuenciación de genoma completo por parte del Instituto Nacional de Salud (INS), metodología de alta resolución para la identificación y caracterización de microorganismos. El resultado definitivo confirmó que el aislamiento correspondía a Brucella abortus, descartando así la presencia de Brucella melitensis en la muestra analizada.

Este resultado evidencia la necesidad de complementar y validar los hallazgos obtenidos mediante pruebas preliminares con metodologías confirmatorias de mayor precisión. Este rigor en la verificación es indispensable, especialmente cuando los resultados pueden impactar el estatus sanitario del país y alterar la toma de decisiones estratégicas en materia de salud animal y salud pública.

En consecuencia, la información científica actualmente disponible no constituye evidencia concluyente que permita afirmar la circulación de Brucella melitensis en las poblaciones animales de Colombia. Por el contrario, los resultados de pruebas confirmatorias respaldan que el aislamiento bacteriano evaluado corresponde a Brucella abortus, una especie endémica cuya presencia es conocida y sobre la cual el país mantiene programas oficiales de vigilancia, prevención y control.

De igual manera, desde la perspectiva epidemiológica, es importante señalar que la notificación o identificación de casos humanos no constituye, por sí sola, evidencia suficiente para establecer la circulación de un agente en las poblaciones animales. La determinación de la situación sanitaria y la modificación del estatus epidemiológico de un país requiere la integración de información epidemiológica, diagnóstica y de vigilancia, así como la caracterización de nexos epidemiológicos que identifiquen con precisión las fuentes de infección, reservorios y los mecanismos de transmisión implicados en las especies animales naturales.

El ICA continuará fortaleciendo las actividades de vigilancia, diagnóstico e investigación epidemiológica bajo un enfoque basado en riesgo y alineado con los principios de “Una Salud”, manteniendo una evaluación permanente de la información científica y técnica disponible para orientar las medidas de prevención, vigilancia y control que contribuyan a proteger la sanidad animal y, por ende, la salud pública y, la competitividad del sector pecuario colombiano.

‘Las reformas sociales de mi Gobierno deben defenderse’: presidente Petro alerta sobre riesgo para la educación superior pública

'La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley hoy, garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia', dijo el presidente Gustavo Petro en X.​​​​
El jefe de Estado aseguró que las reformas sociales impulsadas durante su administración deben ser defendidas por la ciudadanía, luego de pronunciarse sobre el anuncio del gobierno electo de reformar el modelo de financiación de las universidades públicas. El mandatario considera que esto podría afectar la expansión de la educación superior pública y gratuita.

​En su cuenta de la red social X, el presidente argumentó que la ley aprobada durante su Gobierno garantiza la financiación y el crecimiento de la cobertura en las universidades públicas del país.

“La fórmula que dejamos para financiar la universidad pública, que es ley hoy, garantiza la expansión de la cobertura de las universidades públicas en Colombia; es un gasto que es la verdadera y más grande inversión de Colombia", expresó.

En ese sentido, el presidente hizo un llamado a estudiantes, jóvenes y familias a defender la universidad pública y gratuita.
“Las reformas sociales de mi Gobierno fueron para el pueblo y deben defenderse. Es el derecho del pueblo a la inteligencia y el saber de todos y de todas", afirmó.
Destacó que la normativa permitió aumentar en 450.000 los cupos disponibles para el próximo semestre frente a los existentes durante la administración anterior.

“Es casi medio millón de jóvenes que, si no hubiera esa ley, no estarían estudiando gratuitamente las carreras que escojan y en su territorio", recalcó.

El mandatario también destacó que la ampliación de la cobertura hizo posible la apertura de programas de medicina gratuitas en La Guajira y otras regiones del país con necesidades prioritarias en atención médica.

En su mensaje en X, advirtió que los anuncios del nuevo gobierno podrían traducirse en un recorte a la inversión en educación superior.

“El anuncio solo significa que van a suspender, para recortar gastos, el derecho a la educación en plena expansión en Colombia", manifestó.

El presidente Petro concluyó su mensaje con una metáfora sobre el acceso al conocimiento: “Quieren apagar la luz del conocimiento. Es la linterna de Diógenes la que quieren apagar".

Universidades públicas ​​con más recursos

Para saldar una deuda histórica con la educación superior pública, el presidente Gustavo Petro promulgó este año la Ley 2568 de febrero del 2026, que reforma la Ley 30 de 1992 y permitirá que las universidades públicas reciban más recursos, es decir, se marca un antes y un después para que más jóvenes tengan acceso a educación superior sin barreras.

Con la nueva Ley el aumento de los ingresos de las universidades públicas estará ligado al Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), un referente que reconoce los gastos propios del sector. Además, incorpora recursos adicionales para ampliar cobertura, cerrar brechas regionales, fortalecer la formalización laboral y mejorar la capacidad instalada de las instituciones públicas.

Antes de la nueva norma los recursos para las universidades públicas crecían cada año según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Ese indicador mide cuánto suben productos y servicios como alimentos, transporte o arriendos, pero no cuánto cuesta sostener un laboratorio, pagar docentes, financiar investigación o modernizar infraestructura.

Cepeda alerta: "configuración de un gobierno paramilitar"

La creación de "bloques de búsqueda", la criminalización de la protesta, así como las "megacárceles junto al tema de la "Patria Milagro" son las bases para retornar a las épocas donde la violencia contra la población estaban orientadas desde los más altos espacios de gobierno.

Se justifica la "Desobediencia Civil Pacífica" como la posibilidad para defender los Derechos Humanos y la Constitución del 91.

Llamado a los entes de control, nacionales e internacionales, para que la hagan seguimiento y verificación a los hechos que se comienzan a generar desde las orientaciones de Abelardo de la Espriella.

Presidente Petro anuncia denuncias penales y civiles por red de desinformación en su contra

​​El president​e Gustavo Petro aseguró que ya entregó información a las autoridades judiciales sobre las personas y empresas que estarían involucradas en campaña de desprestigio.
El presidente Gustavo Petro anunció este viernes que solicitó a las autoridades investigar a los propietarios de páginas que habrían participado en una estrategia para desprestigiar su mandato y su proyecto político.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, el mandatario aseguró que ya entregó información a las autoridades judiciales sobre las personas y empresas que estarían involucradas en estos hechos.

“He pedido la investigación judicial de los dueños de estas páginas y hemos entregado información que indica que entre las empresas que sustentan estas páginas hay varias empresas reportadas por lavado de activos de organizaciones ilegales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal, también financiadas por entidades públicas en Antioquia, por empresarios nacionales y extranjeros con el fin de desprestigiar un proyecto político y al actual presidente de la República", manifestó.

El jefe de Estado indicó que dará a conocer detalles de la información “en forma de hilo" a través de su cuenta en X y sostuvo que revelará los nombres de las personas y empresas que estarían involucradas en “este delito contra el buen nombre y la participación en campañas desde el exterior".

Asimismo, anunció que emprenderá acciones judiciales: “Personalmente la denunciaré penal y civilmente en Colombia y el exterior".

En su publicación en X, el mandatario también aseguró que desde fondos mixtos ubicados fuera del país se habrían utilizado perfiles falsos distribuidos en varios países, con el propósito de influir en la opinión pública durante el proceso electoral.

“Desde fondos mixtos localizados en el exterior se usaron más de 500.000 'bots', es decir, perfiles falsos, diseminados por varios países del mundo para manipular las mentes de las y los electores colombianos", señaló.

El presidente, además, aseguró que la información que sustentaría sus afirmaciones “ya reposa desde hace semanas en la Fiscalía General de la Nación", entidad que, según informó, ya recibió previamente el material correspondiente para su análisis e investigación.

Mapean focos de destructiva enfermedad de los cítricos y alertan sobre nuevas zonas en riesgo

El huanglongbing es la enfermedad más devastadora
para árboles de naranja, limón o mandarina.
Foto: archivo Unimedios.
El análisis, realizado por Alejandra Castro Susa, magíster en Ciencias Agrarias de la UNAL, reconstruyó por primera vez la expansión de la enfermedad en Colombia a partir de registros oficiales recopilados entre 2016 y 2024, y propone nuevas herramientas para fortalecer la vigilancia fitosanitaria.

En Colombia la enfermedad “greening de los cítricos” es causada por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus y transmitida por Diaphorina citri, un insecto que lleva el patógeno de un árbol a otro mientras se alimenta de las plantas.

Una vez dentro del árbol, la bacteria coloniza el floema (tejido que transporta los nutrientes hacia toda la planta) obstruyéndolo progresivamente como si bloquearan lentamente los canales de abastecimiento. 
Las hojas se comienzan a amarillear, los frutos se deforman y producen sabores amargos, las ramas se secan, y finalmente el árbol muere.
Uno de los mayores problemas es que los síntomas pueden tardar desde varios meses hasta más de un año en aparecer según el tipo de cítrico y las condiciones de cultivo. Durante ese tiempo las plantas infectadas actúan como reservorios de la bacteria sin que los productores lo noten, mientras el insecto se alimenta de ellas y dispersa el patógeno a los árboles sanos.

“Cuando se detectó la bacteria en Colombia hubo mucho miedo porque el insecto transmisor ya estaba presente en muchos departamentos del país”, señala la investigadora Castro.

Uno de los mayores problemas es que los síntomas pueden
tardar en  aparecer desde varios meses hasta más de un año.
Foto: Joe Raedle / Getty Images North America / AFP
Explica además que, a partir de la vigilancia oficial realizada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el insecto se reportó por primera vez en 2008 en Tolima, y la bacteria se confirmó oficialmente en La Guajira en 2016, y desde entonces el programa de vigilancia en cultivos y viveros se intensificó de manera sostenida.

“La enfermedad se puede confundir fácilmente con deficiencias nutricionales o alteraciones fisiológicas de la planta, por eso el diagnóstico debe ser muy riguroso. La dificultad para detectarla fue una de las razones por las que existía tanta preocupación en el país, especialmente después de lo ocurrido en Brasil, en donde el HLB llegó en 2004 y arrasó con millones de árboles”, señala la experta.

Su estudio, dirigido por los profesores María Fernanda Niño y Joaquín Guillermo Ramírez Gil, buscó entender por qué Colombia no ha vivido todavía una crisis de la magnitud registrada en otros países. “En Florida, en menos de 5 años ya tenían cerca del 80 % de las plantaciones afectadas”, menciona la magíster.

Un enemigo silencioso

Para responder a esa pregunta, la investigadora Castro analizó los registros oficiales de vigilancia del ICA recopilados entre 2015 y 2024, los cuales incluyen reportes de laboratorio, ubicación de plantas infectadas, presencia del insecto vector, y datos de monitoreo fitosanitario complementados con variables climáticas y ambientales.

Departamentos como La Guajira, Atlántico y Magdalena son los
más afectados por esta enfermedad de los árboles cítricos.
Foto: archivo Unimedios.
Con toda esa información, la magíster Castro aplicó dos herramientas analíticas complementarias: MaxEnt, un modelo de distribución de especies que estima las zonas del país que reúnen las condiciones climáticas y ambientales favorables para la bacteria y el insecto; y SaTScan, un programa estadístico que identifica en qué momento y lugar se encontraron casos positivos significativos, revelando patrones de expansión que la vigilancia no siempre permite detectar.

Los análisis permitieron construir por primera vez una caracterización espacial y temporal del HLB en Colombia, la cual combina la distribución observada con el riesgo potencial.

Los modelos indican que prácticamente todo el país tiene condiciones aptas para albergar al insecto vector, que según los registros oficiales actualmente ya está confirmado en 27 departamentos, y en menor medida para la bacteria que se sigue concentrando especialmente en la costa Caribe.

Según el estudio, La Guajira sigue siendo uno de los departamentos históricamente más afectados desde el primer reporte oficial, mientras que Atlántico presenta hoy una de las mayores concentraciones de casos positivos. Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba conforman además una zona de expansión en la región Caribe.

“En el Caribe, la dirección predominante de los vientos favorece el desplazamiento del insecto entre cultivos. Algo similar se ha documentado en varias regiones, en donde eventos climáticos como los huracanes han acelerado la dispersión de la enfermedad”, explica.

La investigación usó modelos especializados para mapear
y rastrear los focos de la enfermedad en el país.
Foto: Gianrigo Marletta / AFP.
Fuera de la región Caribe los patrones de dispersión son diferentes. Mientras en Norte de Santander la expansión parece estar asociada principalmente con el transporte de material vegetal infectado, en Antioquia los casos se concentran en árboles ornamentales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que evidencia que el problema trasciende los cultivos comerciales.

“Los árboles sembrados en traspatios, jardines, separadores viales o cercas vivas también pueden funcionar como reservorios de la bacteria y del insecto cuando están infectados, lo que convierte el manejo del HLB en un reto colectivo que involucra no solo a los productores, sino también a los ciudadanos y las autoridades locales”, señala la experta.

Retos importantes

Actualmente no existe una cura efectiva contra la bacteria, porque el microorganismo se aloja en el floema de las plantas y no hay tratamientos capaces de eliminarlo completamente. Por eso las estrategias se concentran en prevenir nuevas introducciones y manejar las poblaciones del insecto vector mediante insecticidas o enemigos naturales como Tamarixia radiata, una pequeña avispa parasitoide que ataca las formas juveniles del insecto vector.

Regiones como Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca
deben fortalecer la vigilancia y prevención.
Foto: archivo Unimedios.
Los resultados indican que departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima y Huila deberían fortalecer desde ahora las medidas de vigilancia y prevención. Allí el principal riesgo proviene del movimiento de material vegetal infectado entre regiones, una situación que facilitaría una expansión más rápida de la enfermedad si se llega a establecer en estas zonas productoras.

Según la investigadora, la mayor continuidad de los cultivos en estas regiones favorecería una dispersión más acelerada que la observada hasta ahora en la costa Caribe, en donde la fragmentación del paisaje ha actuado como una barrera natural.

Estos resultados le ofrecen al ICA evidencia científica e insumos técnicos concretos para priorizar geográficamente sus recursos de inspección y orientar su estrategia de vigilancia hacia un enfoque basado en riesgo, con el fin de evitar que Colombia enfrente una crisis similar a la que ya vivieron otros países productores de cítricos.

“Quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista”

Presidente Petro oficializó aplicación de tarifa diferencial de $700 en peajes de la Autopista del Café

Foto: Juan Diego Cano - Presidencia
​​Desde el peaje de Tarapacá, en Chinchiná (Caldas), el presidente Gustavo Petro oficializó la aplicación de la tarifa diferencial de 700 pesos para los usuarios de la Autopista del Café.
Durante un acto realizado este miércoles en Chinchiná (Caldas), el mandatario destacó que la reducción de las tarifas en los peajes busca facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer el turismo en el Eje Cafetero.

El jefe de Estado explicó que los usuarios del corredor vial en la región, que anteriormente pagaban 17.800 pesos por el paso en los peajes, ahora cancelarán únicamente 700 pesos.

“El pueblo trabajador de Caldas debe tener libre movilidad y este fue un ejemplo, pero que no es solo para Caldas, sino para toda Colombia”, indicó.

La implementación de una tarifa diferencial de 700 pesos para vehículos de las categorías I y II en los peajes de la concesión Autopistas del Café beneficiará a miles de habitantes de Caldas, Risaralda y Quindío que utilizan diariamente este corredor vial.

En el mismo contexto, el mandatario manifestó que “quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista”, mientras que “llenar de peajes todo el territorio nacional, como lo hemos visto hasta este momento, es un objetivo de la codicia de los banqueros”.

Asimismo, el presidente Petro reiteró la posición de su Gobierno frente a las concesiones viales, al señalar que la política oficial no contempla extender los contratos más allá de su vigencia, sino avanzar en su reversión al Estado una vez concluyan los acuerdos establecidos.

“Quiero que tengan claro que la política del Gobierno acerca de las concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertirlas al Estado apenas se acabe; no vamos a dañar ningún contrato. Y revirtiendo al Estado el mantenimiento de las vías, se paga por el presupuesto nacional. Puede haber otras formas, pero se paga por el presupuesto nacional y no los pasajeros”, agregó.

Miles de habitantes de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia se van a beneficiar de la tarifa diferencial en los peajes.
Seis municipios beneficiados

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, las tarifas diferenciales beneficiarán a residentes de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia, ubicados en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

Los beneficiarios deberán acreditar ante las alcaldías municipales su lugar de residencia y registrar el vehículo que accederá al descuento.

Las entidades también informaron que continúan las discusiones para ajustar las tarifas correspondientes a las categorías III a VII. El borrador de estas modificaciones será remitido al Ministerio de Transporte para su revisión y posterior publicación.

La ANI recordó que la concesión Autopistas del Café se encuentra actualmente en proceso de reversión y que su operación finalizará en febrero de 2027.

Procuraduría pide al ICBF informes sobre el caso de menor indígena víctima de secuestro y abuso

La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación frente al secuestro y abuso sexual del que fue víctima una niña indígena de cuatro años en Cali, aberrante hecho que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y pidió a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia para la víctima.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio Público requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.

De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital vallecaucana.

Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.

Presidente Petro aceptará los resultados oficiales de las comisiones escrutadoras

En un mensaje publicado este domingo a través de su cuenta en X, el jefe de Estado manifestó que, como presidente de la República, solo aceptará como vinculantes los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.

En este sentido, el presidente Petro precisó: “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales", sostuvo.

Indicó que “las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes".

​“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", puntualizó el mandatario en su mensaje en X.

¿En donde está la plata? La pregunta que le hace el presidente al alcalde de Barranquilla aplica para varios mandatarios regionales.

​​El presidente Petro se despidió de Barranquilla ante miles de
personas en la plaza​ de la paz.
En un discurso de cierre de gobierno en la capital del Atlántico, el presidente Gustavo Petro centró parte de su intervención en cuestionar de manera directa a la dirigencia política local, en especial a la familia Char, a la que pertenece el actual mandatario local, por el manejo de recursos públicos destinados a educación y por presuntas conexiones entre el poder político y estructuras criminales en la ciudad.

El mandatario sostuvo que, pese al aumento de transferencias nacionales para programas educativos como el Plan de Alimentación Escolar –PAE-, los resultados en cobertura y beneficiarios no reflejan el incremento presupuestal. En ese contexto, exigió explicaciones sobre el destino de los recursos en el Atlántico y el Distrito.

¿En dónde está la plata señor Char (alcalde de Barranquilla? Yo aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia le demando qué pasó con los recursos que el Gobierno nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar lo que se le diera la gana, pudiera terminar los bachilleratos y pudiera entrar a las sedes universitarias", le preguntó el mandatario ante la multitud que lo escuchaba.

El jefe de Estado argumentó que el deterioro en indicadores como la cobertura en educación superior en Barranquilla contrasta con el crecimiento nacional, lo que, según dijo, tiene efectos directos en la violencia urbana. A su juicio, la falta de acceso a la universidad facilita el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales.

“Pues tengo que decirlo y debatirlo, la violencia ha crecido en Barranquilla porque se le cerró la puerta de la universidad a la juventud desde Barranquilla. y no solamente es por el PAE es por la inversión en las universidades aquí están las estadísticas. Claro que aumentamos la transferencia nacional de educación pública que volvimos gratuita en la ciudad. Los 16 mil nuevos cupos nos dan las cifras nuevos cupos adicionales a los que ya había para el primer semestre y una cuantía que nos llevó a que la mayoría de los 40 mil estudiantes de educación superior pública lo hagan gratuitamente", enfatizó el mandatario al señalar que mientras el país aumentó su cobertura, la ciudad retrocedió frente a niveles de años anteriores.

Más allá del frente educativo, el presidente Petro elevó el tono al vincular el aumento de la criminalidad con estructuras de poder político. “Pues tengo que decir que esos jóvenes y unos que no son tan jóvenes que integran esas bandas, están articuladas al poder político local de Barranquilla… tenemos un sistema político criminal que va desde el senador hasta el muchacho que al no encontrar universidad y esperanza se deja reclutar en la banda criminal. Esa es la explicación fundamental al lado de no abrir las puertas de la educación superior a la juventud desde el Atlántico, lo que está haciendo que fracasemos colectivamente, porque es un fracaso colectivo en la tarea de construir de la capital del Caribe un ejemplo de la paz y de la belleza para Colombia, para el mundo, para el Caribe todo", sostuvo.

Más adelante, el presidente cuestionó el modelo de desarrollo urbano de la ciudad, al señalar que ha privilegiado la expansión inmobiliaria sobre la inversión en conocimiento, educación y capacidades humanas.

Petro le cumplió a Barranquilla
“Porque aquí se ha visto que el desarrollo de una ciudad no se mide por conocimiento, no se mide por universidades, no se mide por profesoras y profesores, no se mide por el número de médicos médicas y enfermeras sino por el número de ladrillos que la especulación inmobiliaria hace en el norte de barranquilla, lavando activos de la mafia y eso no es desarrollo, hermanos y hermanas. Puede verse bonito los espejos de los empresarios del vidrio de la ciudad, podemos decir que hoy como es de moderna Barranquilla, pero los ladrillos no hacen el desarrollo, el cemento no hace el desarrollo lo que hace el desarrollo es el crecimiento físico y espiritual y académico del ser humano", explicó.

Finalmente, en otro de los puntos más críticos, el presidente cuestionó la falta de voluntad de la administración local para sacar adelante proyectos estratégicos de innovación, citando el fallido ´megadata center´ que se proponía instalar en Barranquilla, como nodo de inteligencia artificial para la región.

En ese contexto, el jefe de Estado lanzó un dardo directo a la dirigencia de la ciudad: “cuando le propuse hacer el megadata center para hacer de Barranquilla el primer nodo capaz de articularse a la gran red de la inteligencia artificial, ni siquiera se dio cuenta; yo creo que ni entendió qué era el computador cuántico", señaló, sugiriendo que la falta de comprensión y visión sobre las tecnologías del siglo XXI terminó cerrándole a la ciudad una oportunidad histórica de desarrollo basada en conocimiento y no en el modelo tradicional de expansión inmobiliaria.

Gobierno garantiza continuidad de Lili Pink y Yoi y prioriza protección laboral de sus trabajadores

Se aseguró la continuidad operativa de las tiendas Lili Pink y Yoi mientras avanza el pro​ceso de administración de Fast Moda S.A.S.​
La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) reiteró su compromiso con la protección de los derechos laborales y la continuidad de la operación de las marcas Lili Pink y Yoi, luego del proceso de extinción de dominio que actualmente recae sobre la sociedad Fast Moda S.A.S.

La entidad informó que hasta el momento ha recibido 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar de manera unilateral contratos de arrendamiento de locales donde funcionan establecimientos comerciales de Fast Moda S.A.S.

Además, señaló que se han recibido 23 requerimientos relacionados con solicitudes de aclaración, ampliación y precisión de información sobre el proceso judicial que enfrenta la compañía.

Según la SAE, estas solicitudes han sido atendidas oportunamente por el administrador designado para Fast Moda S.A.S., dentro de las competencias y obligaciones legales establecidas.

La entidad explicó que fue designado un mandatario encargado de la administración y conservación de los activos de la empresa, quien actualmente adelanta un diagnóstico integral para evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de la sociedad.

El objetivo de este proceso, indicó la SAE, es determinar las condiciones reales de funcionamiento de Fast Moda S.A.S. y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación.

La entidad también destacó que la protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores constituye una prioridad institucional. Por esta razón, informó que se adelantan mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo para salvaguardar las garantías laborales y promover la continuidad del empleo.

“Así mismo, se informa que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”, señaló la SAE.

Finalmen​te, la entidad hizo un llamado a todos los actores involucrados para actuar con responsabilidad y sensibilidad social frente al impacto que estas decisiones podrían generar sobre cientos de trabajadores y sus familias.

Tribunal ordena mantener intervención a COOSALUD

El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión provisional que había dejado sin efectos temporales la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Coosalud y ordenó restituir de manera inmediata la administración integral de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, en una decisión que fortalece las acciones del Gobierno nacional para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos.

Con esta determinación judicial, la intervención de la EPS continúa plenamente vigente y la Superintendencia Nacional de Salud retomará el control integral de la entidad para avanzar en las medidas orientadas a corregir las fallas administrativas, financieras y de prestación de servicios identificadas durante el proceso de vigilancia.

El fallo ordena además que los representantes legales de Coosalud restituyan de manera inmediata la administración de la EPS a la Supersalud y establece que la entidad deberá adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras “eficaces, oportunas e integrales" para superar las falencias estructurales advertidas por la Procuraduría General de la Nación y garantizar los fines de la intervención.

La decisión también dispuso que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República realicen un acompañamiento especial, permanente e integral al proceso de intervención, con el propósito de reforzar el seguimiento institucional y asegurar que las acciones implementadas protejan efectivamente a los usuarios del sistema de salud.
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Tras el fallo, la Superintendencia designará en las próximas horas un nuevo agente especial interventor, quien tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la medida de control, la continuidad en la prestación de los servicios y la protección del derecho a la salud de más de tres millones de afiliados de Coosalud en todo el país.

Actualmente, la EPS concentra el mayor número de afiliados en departamentos como Valle, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena, regiones donde la Supersalud mantendrá seguimiento especial para asegurar la continuidad en la atención y evitar afectaciones a los usuarios mientras avanza el proceso de intervención ordenado por el Gobierno nacional.

Tras proceso de investigación, Superservicios acuerda devolución de $8.700 millones a los usuarios de gas natural

Los usuarios de gas nat​ural afectados por los mayores cobros recibirán el beneficio entre junio y diciembre de 2026.
​En cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios logró un acuerdo con la empresa transportadora de gas Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), para la devolución de $8.700 millones a cerca de 2,6 millones de usuarios de ese servicio a quienes se les venía facturando un mayor valor desde 2023.

​De acuerdo con la entidad, se trata del primer Programa de Gestión Acordado con una transportadora de gas que les permitirá a los usuarios recuperar la devolución del excedente pagado vía factura, luego de que Progasur reconociera que aplicó una suma superior a la válidamente permitida por la regulación.

Los beneficiarios de esta decisión están ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca, y Norte de Santander.

Según el acuerdo alcanzado entre la SuperServicios y Progasur, esta compañía transportadora de gas aplicará la tasa de descuento regulada de 10,94%, corrigiendo el cobro superior que venía efectuando desde 2023. El ajuste rige de manera inmediata.

El Programa de Gestión Acordado se trata de una medida de control, que permite a las empresas implementar acciones pertinentes para la mejora de la prestación del servicio.

El acuerdo establece la devolución de $8.796'569.197, que corresponde a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Las devoluciones a los usuarios iniciarán en junio de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2026.

Así mismo, se informó que Progasur notificará a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura. La SuperServicios, a su turno, vigilará que cumplan con este traslado.

Estas actuaciones propenden por la protección de los derechos de los usuarios finales, garantizando que reciban un servicio bajo condiciones de equidad y eficiencia.

Fuerza Pública desplegará más de 400.000 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales

“La violencia en las elecciones nos alej​a de la democracia y nos acerca a la barbarie”: MinDefensa Pedro Sánchez
A menos de una semana de que el país elija al próximo Presidente de la República para el periodo 2026–2030, el Gobierno nacional presentó un completo plan estratégico para asegurar la jornada electoral.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció el despliegue de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este dispositivo es blindar los 13.489 puestos de votación y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.

Dentro de las medidas prioritarias se encuentra la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Para fortalecer estas acciones, el Gobierno Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien entregue información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes.

Hasta la fecha, las autoridades ya han custodiado 625 actividades en plaza pública, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares, a cargo del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, que asumirá el 57% restante.

En la rueda de prensa, el ministro fue enfático al señalar el compromiso de las instituciones con el orden constitucional. Aseguró que “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia", un mensaje con el que buscó dar un parte de tranquilidad al país frente a las tensiones políticas de los últimos días y la volatilidad que se vive de cara a los comicios.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a rechazar cualquier manifestación violenta que pretenda sabotear la jornada electoral o sembrar el miedo entre los votantes. En un tono contundente, Sánchez advirtió sobre las consecuencias de los ataques y la desinformación en las redes sociales que buscan generar zozobra, manifestando textualmente que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie".

Durante la rueda de prensa recordó que sigue activa la 'Línea de Transparencia 157', una herramienta que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales, tales como el fraude o la compra y venta de sufragios. Esta estrategia ya arrojó resultados importantes durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se recibieron 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se hicieron efectivas 88 capturas relacionadas con estas conductas ilícitas.

Finalmente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, basándose en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este diagnóstico permitió priorizar 67 municipios en todo el país que registran un mayor nivel de riesgo. En estos puntos clave se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata, diseñados para contener de forma oportuna cualquier acción que pretenda alterar la normalidad de las votaciones.

Supersalud destapa fallas en entrega de medicamentos en Cartagena

La SuperSalud verificó en Cartagena ​tiempos de entrega, condiciones de atención y reportes de medicamentos pendientes.
Filas desde la madrugada, largas esperas y fórmulas incompletas marcan el panorama encontrado por la Superintendencia Nacional de Salud durante visitas sorpresa a dispensarios de medicamentos en la capital de Bolívar, donde se evidenciaron dificultades en la atención a los usuarios.

Durante los recorridos, los equipos técnicos verificaron los tiempos de entrega, las condiciones del servicio y los reportes de medicamentos pendientes, especialmente en el punto de Audifarma Santa Lucía, operador que atiende a más de 249 mil afiliados de la EPS Mutual Ser en Cartagena.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió sobre el impacto directo de estas fallas en la vida de los ciudadanos: “Detrás de cada fórmula sin entregar hay un paciente angustiado. Aquí no estamos hablando de papeles ni de estadísticas; estamos hablando de personas que necesitan sus tratamientos para vivir", afirmó.

La situación, según la entidad, se repite entre los usuarios, quienes deben regresar varias veces para completar sus medicamentos, enfrentar extensas jornadas de espera y superar múltiples barreras en la atención, especialmente en el caso de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Quintero también fue enfático en exigir respuestas inmediatas a las entidades responsables: “Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente", señaló durante la visita.

El superintendente anunció que estos operativos continuarán en distintas regiones del país como parte del #Plan100, con el fin de garantizar el derecho a la salud. Asimismo, advirtió que, de persistir las irregularidades, se podrán iniciar acciones administrativas para asegurar que las entidades cumplan con sus obligaciones y se garantice una atención oportuna y digna a los pacientes.

El #Plan100 es una estrategia de la Supersalud que realiza operativos sorpresa en todo el país para verificar que los medicamentos sean entregados a los pacientes y sancionar irregularidades.

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