Mapean focos de destructiva enfermedad de los cítricos y alertan sobre nuevas zonas en riesgo

El huanglongbing es la enfermedad más devastadora
para árboles de naranja, limón o mandarina.
Foto: archivo Unimedios.

El análisis, realizado por Alejandra Castro Susa, magíster en Ciencias Agrarias de la UNAL, reconstruyó por primera vez la expansión de la enfermedad en Colombia a partir de registros oficiales recopilados entre 2016 y 2024, y propone nuevas herramientas para fortalecer la vigilancia fitosanitaria.

En Colombia la enfermedad “greening de los cítricos” es causada por la bacteria Candidatus Liberibacter asiaticus y transmitida por Diaphorina citri, un insecto que lleva el patógeno de un árbol a otro mientras se alimenta de las plantas.

Una vez dentro del árbol, la bacteria coloniza el floema (tejido que transporta los nutrientes hacia toda la planta) obstruyéndolo progresivamente como si bloquearan lentamente los canales de abastecimiento. 

Las hojas se comienzan a amarillear, los frutos se deforman y producen sabores amargos, las ramas se secan, y finalmente el árbol muere.

Uno de los mayores problemas es que los síntomas pueden tardar desde varios meses hasta más de un año en aparecer según el tipo de cítrico y las condiciones de cultivo. Durante ese tiempo las plantas infectadas actúan como reservorios de la bacteria sin que los productores lo noten, mientras el insecto se alimenta de ellas y dispersa el patógeno a los árboles sanos.

“Cuando se detectó la bacteria en Colombia hubo mucho miedo porque el insecto transmisor ya estaba presente en muchos departamentos del país”, señala la investigadora Castro.

Uno de los mayores problemas es que los síntomas pueden
tardar en  aparecer desde varios meses hasta más de un año.
Foto: Joe Raedle / Getty Images North America / AFP

Explica además que, a partir de la vigilancia oficial realizada por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el insecto se reportó por primera vez en 2008 en Tolima, y la bacteria se confirmó oficialmente en La Guajira en 2016, y desde entonces el programa de vigilancia en cultivos y viveros se intensificó de manera sostenida.

“La enfermedad se puede confundir fácilmente con deficiencias nutricionales o alteraciones fisiológicas de la planta, por eso el diagnóstico debe ser muy riguroso. La dificultad para detectarla fue una de las razones por las que existía tanta preocupación en el país, especialmente después de lo ocurrido en Brasil, en donde el HLB llegó en 2004 y arrasó con millones de árboles”, señala la experta.

Su estudio, dirigido por los profesores María Fernanda Niño y Joaquín Guillermo Ramírez Gil, buscó entender por qué Colombia no ha vivido todavía una crisis de la magnitud registrada en otros países. “En Florida, en menos de 5 años ya tenían cerca del 80 % de las plantaciones afectadas”, menciona la magíster.

Un enemigo silencioso

Para responder a esa pregunta, la investigadora Castro analizó los registros oficiales de vigilancia del ICA recopilados entre 2015 y 2024, los cuales incluyen reportes de laboratorio, ubicación de plantas infectadas, presencia del insecto vector, y datos de monitoreo fitosanitario complementados con variables climáticas y ambientales.

Departamentos como La Guajira, Atlántico y Magdalena son los
más afectados por esta enfermedad de los árboles cítricos.
Foto: archivo Unimedios.

Con toda esa información, la magíster Castro aplicó dos herramientas analíticas complementarias: MaxEnt, un modelo de distribución de especies que estima las zonas del país que reúnen las condiciones climáticas y ambientales favorables para la bacteria y el insecto; y SaTScan, un programa estadístico que identifica en qué momento y lugar se encontraron casos positivos significativos, revelando patrones de expansión que la vigilancia no siempre permite detectar.

Los análisis permitieron construir por primera vez una caracterización espacial y temporal del HLB en Colombia, la cual combina la distribución observada con el riesgo potencial.

Los modelos indican que prácticamente todo el país tiene condiciones aptas para albergar al insecto vector, que según los registros oficiales actualmente ya está confirmado en 27 departamentos, y en menor medida para la bacteria que se sigue concentrando especialmente en la costa Caribe.

Según el estudio, La Guajira sigue siendo uno de los departamentos históricamente más afectados desde el primer reporte oficial, mientras que Atlántico presenta hoy una de las mayores concentraciones de casos positivos. Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba conforman además una zona de expansión en la región Caribe.

“En el Caribe, la dirección predominante de los vientos favorece el desplazamiento del insecto entre cultivos. Algo similar se ha documentado en varias regiones, en donde eventos climáticos como los huracanes han acelerado la dispersión de la enfermedad”, explica.

La investigación usó modelos especializados para mapear
y rastrear los focos de la enfermedad en el país.
Foto: Gianrigo Marletta / AFP.

Fuera de la región Caribe los patrones de dispersión son diferentes. Mientras en Norte de Santander la expansión parece estar asociada principalmente con el transporte de material vegetal infectado, en Antioquia los casos se concentran en árboles ornamentales del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, lo que evidencia que el problema trasciende los cultivos comerciales.

“Los árboles sembrados en traspatios, jardines, separadores viales o cercas vivas también pueden funcionar como reservorios de la bacteria y del insecto cuando están infectados, lo que convierte el manejo del HLB en un reto colectivo que involucra no solo a los productores, sino también a los ciudadanos y las autoridades locales”, señala la experta.

Retos importantes

Actualmente no existe una cura efectiva contra la bacteria, porque el microorganismo se aloja en el floema de las plantas y no hay tratamientos capaces de eliminarlo completamente. Por eso las estrategias se concentran en prevenir nuevas introducciones y manejar las poblaciones del insecto vector mediante insecticidas o enemigos naturales como Tamarixia radiata, una pequeña avispa parasitoide que ataca las formas juveniles del insecto vector.

Regiones como Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca
deben fortalecer la vigilancia y prevención.
Foto: archivo Unimedios.

Los resultados indican que departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, Tolima y Huila deberían fortalecer desde ahora las medidas de vigilancia y prevención. Allí el principal riesgo proviene del movimiento de material vegetal infectado entre regiones, una situación que facilitaría una expansión más rápida de la enfermedad si se llega a establecer en estas zonas productoras.

Según la investigadora, la mayor continuidad de los cultivos en estas regiones favorecería una dispersión más acelerada que la observada hasta ahora en la costa Caribe, en donde la fragmentación del paisaje ha actuado como una barrera natural.

Estos resultados le ofrecen al ICA evidencia científica e insumos técnicos concretos para priorizar geográficamente sus recursos de inspección y orientar su estrategia de vigilancia hacia un enfoque basado en riesgo, con el fin de evitar que Colombia enfrente una crisis similar a la que ya vivieron otros países productores de cítricos.

“Quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista”

Presidente Petro oficializó aplicación de tarifa diferencial de $700 en peajes de la Autopista del Café

Foto: Juan Diego Cano - Presidencia

​​Desde el peaje de Tarapacá, en Chinchiná (Caldas), el presidente Gustavo Petro oficializó la aplicación de la tarifa diferencial de 700 pesos para los usuarios de la Autopista del Café.

Durante un acto realizado este miércoles en Chinchiná (Caldas), el mandatario destacó que la reducción de las tarifas en los peajes busca facilitar la movilidad de los ciudadanos, impulsar el desarrollo económico regional y fortalecer el turismo en el Eje Cafetero.

El jefe de Estado explicó que los usuarios del corredor vial en la región, que anteriormente pagaban 17.800 pesos por el paso en los peajes, ahora cancelarán únicamente 700 pesos.

“El pueblo trabajador de Caldas debe tener libre movilidad y este fue un ejemplo, pero que no es solo para Caldas, sino para toda Colombia”, indicó.

La implementación de una tarifa diferencial de 700 pesos para vehículos de las categorías I y II en los peajes de la concesión Autopistas del Café beneficiará a miles de habitantes de Caldas, Risaralda y Quindío que utilizan diariamente este corredor vial.

En el mismo contexto, el mandatario manifestó que “quitar los peajes progresivamente en toda Colombia es un objetivo progresista”, mientras que “llenar de peajes todo el territorio nacional, como lo hemos visto hasta este momento, es un objetivo de la codicia de los banqueros”.

Asimismo, el presidente Petro reiteró la posición de su Gobierno frente a las concesiones viales, al señalar que la política oficial no contempla extender los contratos más allá de su vigencia, sino avanzar en su reversión al Estado una vez concluyan los acuerdos establecidos.

“Quiero que tengan claro que la política del Gobierno acerca de las concesiones no es extenderlas en el tiempo, sino revertirlas al Estado apenas se acabe; no vamos a dañar ningún contrato. Y revirtiendo al Estado el mantenimiento de las vías, se paga por el presupuesto nacional. Puede haber otras formas, pero se paga por el presupuesto nacional y no los pasajeros”, agregó.

Miles de habitantes de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia se van a beneficiar de la tarifa diferencial en los peajes.

Seis municipios beneficiados

De acuerdo con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte, las tarifas diferenciales beneficiarán a residentes de los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina, Villamaría, Santa Rosa de Cabal y Circasia, ubicados en el área de influencia de los peajes Tarapacá I y II, San Bernardo del Viento y Las Pavas.

Los beneficiarios deberán acreditar ante las alcaldías municipales su lugar de residencia y registrar el vehículo que accederá al descuento.

Las entidades también informaron que continúan las discusiones para ajustar las tarifas correspondientes a las categorías III a VII. El borrador de estas modificaciones será remitido al Ministerio de Transporte para su revisión y posterior publicación.

La ANI recordó que la concesión Autopistas del Café se encuentra actualmente en proceso de reversión y que su operación finalizará en febrero de 2027.

Procuraduría pide al ICBF informes sobre el caso de menor indígena víctima de secuestro y abuso

La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación frente al secuestro y abuso sexual del que fue víctima una niña indígena de cuatro años en Cali, aberrante hecho que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y pidió a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia para la víctima.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio Público requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.

De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital vallecaucana.

Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.

Presidente Petro aceptará los resultados oficiales de las comisiones escrutadoras

En un mensaje publicado este domingo a través de su cuenta en X, el jefe de Estado manifestó que, como presidente de la República, solo aceptará como vinculantes los resultados de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República.

En este sentido, el presidente Petro precisó: “El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. Sus datos no son norma pública. Como presidente, no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado".

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista, que tiene 800.000 personas adicionales", sostuvo.

Indicó que “las mesas ya impugnadas demuestran que centenares de miles de votos fueron agregados sin existencia de sufragantes".

​“Por tanto y conforme a la ley, los resultados vinculantes que el presidente atenderá y aceptará son los de las comisiones escrutadoras dirigidas por los jueces de la República", puntualizó el mandatario en su mensaje en X.

¿En donde está la plata? La pregunta que le hace el presidente al alcalde de Barranquilla aplica para varios mandatarios regionales.

​​El presidente Petro se despidió de Barranquilla ante miles de
personas en la plaza​ de la paz.

En un discurso de cierre de gobierno en la capital del Atlántico, el presidente Gustavo Petro centró parte de su intervención en cuestionar de manera directa a la dirigencia política local, en especial a la familia Char, a la que pertenece el actual mandatario local, por el manejo de recursos públicos destinados a educación y por presuntas conexiones entre el poder político y estructuras criminales en la ciudad.

El mandatario sostuvo que, pese al aumento de transferencias nacionales para programas educativos como el Plan de Alimentación Escolar –PAE-, los resultados en cobertura y beneficiarios no reflejan el incremento presupuestal. En ese contexto, exigió explicaciones sobre el destino de los recursos en el Atlántico y el Distrito.

“¿En dónde está la plata señor Char (alcalde de Barranquilla? Yo aquí en esta plaza como presidente de la República de Colombia le demando qué pasó con los recursos que el Gobierno nacional le envió al departamento y al distrito para que la juventud del Atlántico tuviera más oportunidades de estudiar lo que se le diera la gana, pudiera terminar los bachilleratos y pudiera entrar a las sedes universitarias", le preguntó el mandatario ante la multitud que lo escuchaba.

El jefe de Estado argumentó que el deterioro en indicadores como la cobertura en educación superior en Barranquilla contrasta con el crecimiento nacional, lo que, según dijo, tiene efectos directos en la violencia urbana. A su juicio, la falta de acceso a la universidad facilita el reclutamiento de jóvenes por bandas criminales.

“Pues tengo que decirlo y debatirlo, la violencia ha crecido en Barranquilla porque se le cerró la puerta de la universidad a la juventud desde Barranquilla. y no solamente es por el PAE es por la inversión en las universidades aquí están las estadísticas. Claro que aumentamos la transferencia nacional de educación pública que volvimos gratuita en la ciudad. Los 16 mil nuevos cupos nos dan las cifras nuevos cupos adicionales a los que ya había para el primer semestre y una cuantía que nos llevó a que la mayoría de los 40 mil estudiantes de educación superior pública lo hagan gratuitamente", enfatizó el mandatario al señalar que mientras el país aumentó su cobertura, la ciudad retrocedió frente a niveles de años anteriores.

Más allá del frente educativo, el presidente Petro elevó el tono al vincular el aumento de la criminalidad con estructuras de poder político. “Pues tengo que decir que esos jóvenes y unos que no son tan jóvenes que integran esas bandas, están articuladas al poder político local de Barranquilla… tenemos un sistema político criminal que va desde el senador hasta el muchacho que al no encontrar universidad y esperanza se deja reclutar en la banda criminal. Esa es la explicación fundamental al lado de no abrir las puertas de la educación superior a la juventud desde el Atlántico, lo que está haciendo que fracasemos colectivamente, porque es un fracaso colectivo en la tarea de construir de la capital del Caribe un ejemplo de la paz y de la belleza para Colombia, para el mundo, para el Caribe todo", sostuvo.

Más adelante, el presidente cuestionó el modelo de desarrollo urbano de la ciudad, al señalar que ha privilegiado la expansión inmobiliaria sobre la inversión en conocimiento, educación y capacidades humanas.

Petro le cumplió a Barranquilla

“Porque aquí se ha visto que el desarrollo de una ciudad no se mide por conocimiento, no se mide por universidades, no se mide por profesoras y profesores, no se mide por el número de médicos médicas y enfermeras sino por el número de ladrillos que la especulación inmobiliaria hace en el norte de barranquilla, lavando activos de la mafia y eso no es desarrollo, hermanos y hermanas. Puede verse bonito los espejos de los empresarios del vidrio de la ciudad, podemos decir que hoy como es de moderna Barranquilla, pero los ladrillos no hacen el desarrollo, el cemento no hace el desarrollo lo que hace el desarrollo es el crecimiento físico y espiritual y académico del ser humano", explicó.

Finalmente, en otro de los puntos más críticos, el presidente cuestionó la falta de voluntad de la administración local para sacar adelante proyectos estratégicos de innovación, citando el fallido ´megadata center´ que se proponía instalar en Barranquilla, como nodo de inteligencia artificial para la región.

En ese contexto, el jefe de Estado lanzó un dardo directo a la dirigencia de la ciudad: “cuando le propuse hacer el megadata center para hacer de Barranquilla el primer nodo capaz de articularse a la gran red de la inteligencia artificial, ni siquiera se dio cuenta; yo creo que ni entendió qué era el computador cuántico", señaló, sugiriendo que la falta de comprensión y visión sobre las tecnologías del siglo XXI terminó cerrándole a la ciudad una oportunidad histórica de desarrollo basada en conocimiento y no en el modelo tradicional de expansión inmobiliaria.

Gobierno garantiza continuidad de Lili Pink y Yoi y prioriza protección laboral de sus trabajadores

Se aseguró la continuidad operativa de las tiendas Lili Pink y Yoi mientras avanza el pro​ceso de administración de Fast Moda S.A.S.​

La Sociedad de Activos Especiales S.A.S. (SAE) reiteró su compromiso con la protección de los derechos laborales y la continuidad de la operación de las marcas Lili Pink y Yoi, luego del proceso de extinción de dominio que actualmente recae sobre la sociedad Fast Moda S.A.S.

La entidad informó que hasta el momento ha recibido 87 solicitudes de empresarios y operadores de centros comerciales para terminar de manera unilateral contratos de arrendamiento de locales donde funcionan establecimientos comerciales de Fast Moda S.A.S.

Además, señaló que se han recibido 23 requerimientos relacionados con solicitudes de aclaración, ampliación y precisión de información sobre el proceso judicial que enfrenta la compañía.

Según la SAE, estas solicitudes han sido atendidas oportunamente por el administrador designado para Fast Moda S.A.S., dentro de las competencias y obligaciones legales establecidas.

La entidad explicó que fue designado un mandatario encargado de la administración y conservación de los activos de la empresa, quien actualmente adelanta un diagnóstico integral para evaluar la situación financiera, contable, contractual, laboral, operativa y productiva de la sociedad.

El objetivo de este proceso, indicó la SAE, es determinar las condiciones reales de funcionamiento de Fast Moda S.A.S. y adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad y sostenibilidad de la operación.

La entidad también destacó que la protección de los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores constituye una prioridad institucional. Por esta razón, informó que se adelantan mesas de trabajo permanentes con delegados del Ministerio del Trabajo para salvaguardar las garantías laborales y promover la continuidad del empleo.

“Así mismo, se informa que los establecimientos de comercio continúan operando bajo criterios de legalidad, transparencia, responsabilidad y cumplimiento normativo”, señaló la SAE.

Finalmen​te, la entidad hizo un llamado a todos los actores involucrados para actuar con responsabilidad y sensibilidad social frente al impacto que estas decisiones podrían generar sobre cientos de trabajadores y sus familias.

Tribunal ordena mantener intervención a COOSALUD

El Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la suspensión provisional que había dejado sin efectos temporales la intervención forzosa administrativa sobre la EPS Coosalud y ordenó restituir de manera inmediata la administración integral de la entidad a la Superintendencia Nacional de Salud, en una decisión que fortalece las acciones del Gobierno nacional para garantizar el derecho a la salud de millones de colombianos.

Con esta determinación judicial, la intervención de la EPS continúa plenamente vigente y la Superintendencia Nacional de Salud retomará el control integral de la entidad para avanzar en las medidas orientadas a corregir las fallas administrativas, financieras y de prestación de servicios identificadas durante el proceso de vigilancia.

El fallo ordena además que los representantes legales de Coosalud restituyan de manera inmediata la administración de la EPS a la Supersalud y establece que la entidad deberá adoptar medidas técnicas, administrativas y financieras “eficaces, oportunas e integrales" para superar las falencias estructurales advertidas por la Procuraduría General de la Nación y garantizar los fines de la intervención.

La decisión también dispuso que la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República realicen un acompañamiento especial, permanente e integral al proceso de intervención, con el propósito de reforzar el seguimiento institucional y asegurar que las acciones implementadas protejan efectivamente a los usuarios del sistema de salud.

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Tras el fallo, la Superintendencia designará en las próximas horas un nuevo agente especial interventor, quien tendrá la responsabilidad de garantizar el cumplimiento de la medida de control, la continuidad en la prestación de los servicios y la protección del derecho a la salud de más de tres millones de afiliados de Coosalud en todo el país.

Actualmente, la EPS concentra el mayor número de afiliados en departamentos como Valle, Antioquia, Norte de Santander, Bolívar, Atlántico, Santander y Magdalena, regiones donde la Supersalud mantendrá seguimiento especial para asegurar la continuidad en la atención y evitar afectaciones a los usuarios mientras avanza el proceso de intervención ordenado por el Gobierno nacional.

Tras proceso de investigación, Superservicios acuerda devolución de $8.700 millones a los usuarios de gas natural

Los usuarios de gas nat​ural afectados por los mayores cobros recibirán el beneficio entre junio y diciembre de 2026.

​En cumplimiento de sus funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios logró un acuerdo con la empresa transportadora de gas Promotora de Gases del Sur S.A. E.S.P. (Progasur), para la devolución de $8.700 millones a cerca de 2,6 millones de usuarios de ese servicio a quienes se les venía facturando un mayor valor desde 2023.

​De acuerdo con la entidad, se trata del primer Programa de Gestión Acordado con una transportadora de gas que les permitirá a los usuarios recuperar la devolución del excedente pagado vía factura, luego de que Progasur reconociera que aplicó una suma superior a la válidamente permitida por la regulación.

Los beneficiarios de esta decisión están ubicados en los departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Nariño, Tolima, Valle del Cauca, y Norte de Santander.

Según el acuerdo alcanzado entre la SuperServicios y Progasur, esta compañía transportadora de gas aplicará la tasa de descuento regulada de 10,94%, corrigiendo el cobro superior que venía efectuando desde 2023. El ajuste rige de manera inmediata.

El Programa de Gestión Acordado se trata de una medida de control, que permite a las empresas implementar acciones pertinentes para la mejora de la prestación del servicio.

El acuerdo establece la devolución de $8.796'569.197, que corresponde a las diferencias acumuladas entre el 1 de julio de 2023 y el 31 de mayo de 2026. Las devoluciones a los usuarios iniciarán en junio de 2026 y finalizarán el 31 de diciembre de 2026.

Así mismo, se informó que Progasur notificará a las distribuidoras para que trasladen de forma efectiva e inmediata la devolución a los usuarios en la factura. La SuperServicios, a su turno, vigilará que cumplan con este traslado.

Estas actuaciones propenden por la protección de los derechos de los usuarios finales, garantizando que reciban un servicio bajo condiciones de equidad y eficiencia.

Fuerza Pública desplegará más de 400.000 efectivos para garantizar la seguridad en las elecciones presidenciales

​“La violencia en las elecciones nos alej​a de la democracia y nos acerca a la barbarie”: MinDefensa Pedro Sánchez

A menos de una semana de que el país elija al próximo Presidente de la República para el periodo 2026–2030, el Gobierno nacional presentó un completo plan estratégico para asegurar la jornada electoral.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado por la cúpula militar y de policía, anunció el despliegue de 408.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública en todo el territorio nacional. El objetivo principal de este dispositivo es blindar los 13.489 puestos de votación y asegurar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto de manera libre y en paz.

Dentro de las medidas prioritarias se encuentra la protección a los 13 candidatos presidenciales y a sus familias, así como el acompañamiento a los eventos públicos de campaña. Para fortalecer estas acciones, el Gobierno Nacional ha ofrecido una recompensa de hasta 1.000 millones de pesos a quien entregue información que permita anticipar posibles atentados contra los aspirantes.

Hasta la fecha, las autoridades ya han custodiado 625 actividades en plaza pública, coordinando esfuerzos entre las Fuerzas Militares, a cargo del 43% de los puestos de votación, y la Policía Nacional, que asumirá el 57% restante.

En la rueda de prensa, el ministro fue enfático al señalar el compromiso de las instituciones con el orden constitucional. Aseguró que “la Fuerza Pública brindará todas las garantías y hará lo necesario para proteger la democracia", un mensaje con el que buscó dar un parte de tranquilidad al país frente a las tensiones políticas de los últimos días y la volatilidad que se vive de cara a los comicios.

Adicionalmente, el jefe de la cartera de Defensa hizo un llamado a rechazar cualquier manifestación violenta que pretenda sabotear la jornada electoral o sembrar el miedo entre los votantes. En un tono contundente, Sánchez advirtió sobre las consecuencias de los ataques y la desinformación en las redes sociales que buscan generar zozobra, manifestando textualmente que “la violencia en las elecciones nos aleja de la democracia y nos acerca a la barbarie".

Durante la rueda de prensa recordó que sigue activa la 'Línea de Transparencia 157', una herramienta que ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por denuncias sobre delitos electorales, tales como el fraude o la compra y venta de sufragios. Esta estrategia ya arrojó resultados importantes durante las pasadas elecciones legislativas del 8 de marzo, donde se recibieron 7.096 llamadas, se incautaron 3.759 millones de pesos en efectivo y se hicieron efectivas 88 capturas relacionadas con estas conductas ilícitas.

Finalmente, el director de la Policía Nacional, general William Rincón, explicó que, basándose en antecedentes históricos y denuncias recientes, se elaboró un mapa de prevención y seguridad electoral. Este diagnóstico permitió priorizar 67 municipios en todo el país que registran un mayor nivel de riesgo. En estos puntos clave se concentrarán dispositivos especiales y de atención institucional inmediata, diseñados para contener de forma oportuna cualquier acción que pretenda alterar la normalidad de las votaciones.

Supersalud destapa fallas en entrega de medicamentos en Cartagena

La SuperSalud verificó en Cartagena ​tiempos de entrega, condiciones de atención y reportes de medicamentos pendientes.

Filas desde la madrugada, largas esperas y fórmulas incompletas marcan el panorama encontrado por la Superintendencia Nacional de Salud durante visitas sorpresa a dispensarios de medicamentos en la capital de Bolívar, donde se evidenciaron dificultades en la atención a los usuarios.

Durante los recorridos, los equipos técnicos verificaron los tiempos de entrega, las condiciones del servicio y los reportes de medicamentos pendientes, especialmente en el punto de Audifarma Santa Lucía, operador que atiende a más de 249 mil afiliados de la EPS Mutual Ser en Cartagena.

El superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, advirtió sobre el impacto directo de estas fallas en la vida de los ciudadanos: “Detrás de cada fórmula sin entregar hay un paciente angustiado. Aquí no estamos hablando de papeles ni de estadísticas; estamos hablando de personas que necesitan sus tratamientos para vivir", afirmó.

La situación, según la entidad, se repite entre los usuarios, quienes deben regresar varias veces para completar sus medicamentos, enfrentar extensas jornadas de espera y superar múltiples barreras en la atención, especialmente en el caso de adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Quintero también fue enfático en exigir respuestas inmediatas a las entidades responsables: “Lo que encontramos no puede seguir convirtiéndose en paisaje. Hay personas esperando medicamentos esenciales y familias enteras desgastadas por trámites interminables. Las EPS y los operadores farmacéuticos tienen que responderle a la gente", señaló durante la visita.

El superintendente anunció que estos operativos continuarán en distintas regiones del país como parte del #Plan100, con el fin de garantizar el derecho a la salud. Asimismo, advirtió que, de persistir las irregularidades, se podrán iniciar acciones administrativas para asegurar que las entidades cumplan con sus obligaciones y se garantice una atención oportuna y digna a los pacientes.

El #Plan100 es una estrategia de la Supersalud que realiza operativos sorpresa en todo el país para verificar que los medicamentos sean entregados a los pacientes y sancionar irregularidades.

SuperIndustria alerta sobre proyecto que, según denuncia, legalizaría en créditos ‘ventas disfrazadas de educación financiera’

​Cielo Rusinque advirtió, a través de un mensaje en X​, que el proyecto “Compra Informado, Compra Protegido” legalizaría “ventas atadas disfrazadas de educación financiera” y pidió eliminar las disposiciones que, según señaló, encarecerían el crédito para los consumidores más vulnerables.​​

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, alertó sobre una disposición que avanza a cuarto debate en el Congreso de la República y que, según afirmó, permitiría condicionar el acceso a créditos a la compra obligatoria de cursos y servicios no solicitados por los consumidores.

“Este es un mensaje urgente que nos concierne a todos. ¿Sabían que el Congreso está a punto de legalizar que le cobren cursos obligatorios que usted no quiere solo para poder pedir un préstamo? Sí, así como suena, una venta atada, vestida de educación”, manifestó Rusinque.

La funcionaria explicó que meses atrás se había advertido sobre el proyecto denominado ‘Compra Informado, Compra Protegido’, iniciativa que busca modificar el Estatuto del Consumidor. Sin embargo, aseguró que la propuesta, presentada inicialmente como una herramienta para fortalecer los derechos de los consumidores, “terminó siendo exactamente lo contrario”.

Según indicó la funcionaria, en medio del cierre de la legislatura y de la coyuntura electoral, el proyecto incorporó “sin discusión pública y sin debate suficiente” una disposición que, a su juicio, legaliza las ventas atadas bajo el argumento de la educación financiera.

Rusinque sostuvo que el artículo 7 del proyecto permitiría exigir la adquisición de servicios educativos como requisito para acceder a créditos otorgados mediante mecanismos alternativos de financiación. “En la práctica, esto significa que quien necesite un préstamo tendrá que pagar cursos y servicios que nunca pidió”, señaló.

Asimismo, advirtió que el artículo 2 excluiría esos cobros del cálculo de intereses, lo que derivaría, según dijo, en créditos más costosos y en una mayor carga económica para los consumidores, especialmente para las personas más vulnerables.

La superintendente afirmó además que esta disposición contraviene el artículo 36 de la Ley 1480 de 2011, norma que prohíbe las ventas atadas. “El derecho del consumidor a elegir libremente no puede convertirse en moneda de cambio para favorecer a quienes hacen negocio de la necesidad ajena”, expresó.

De igual forma, aseguró que los principales afectados serían los ciudadanos de menores ingresos que no tienen acceso al sistema financiero tradicional y que podrían enfrentar mayores riesgos de endeudamiento por costos que calificó de “injustificados e innecesarios”.

“La SIC del cambio rechaza categóricamente estas disposiciones y exige su eliminación total del proyecto. No permitiremos que se legalice lo que hoy prohíbe la ley. No permitiremos tampoco que se encarezca el crédito bajo el disfraz de argumentos pedagógicos”, añadió.

Finalmente, la superintedente Rusinque hizo un llamado a la ciudadanía para exigir el retiro de la disposición cuestionada. “Que el trámite acelerado no sepulte nuestras garantías. El consumidor se respeta”, concluyó.

'Ningún magistrado me puede demostrar que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores': presidente Petro

Foto: Ovidio González - Presidencia

​​​El presidente Gustavo Petr​o anunció que la Superfinanciera se reunirá con los fondos privados para que trasladen a Colpensiones el ahorro de los trabajadores que se cambiaron de régim​en.

​Timbío (Cauca), 12 de mayo de 2026.- “Una de las funciones del Presidente de la República, de acuerdo con la Constitución Política de 1991, es proteger el ahorro de todos los colombianos", aseguró el presidente Gustavo Petro al advertir que una delegación de la Superintendencia Financiera se reunirá con los fondos privados de pensiones para que les giren a Colpensiones los ahorros de los trabajadores que se trasladaron de régimen y ya alcanzaron ese derecho.

​Durante su visita al nuevo hospital de Timbío, Cauca, y el inicio protocolario del proyecto Estanquillo – Popayán, el mandatario hizo referencia a la decisión del Consejo de Estado que suspendió provisionalmente, mientras falla de fondo, el Decreto 0415 de 2026 para que los fondos privados trasladen a Colpensiones más de $25 billones de unos 130 mil trabajadores que se trasladaron a régimen público.

“Por eso hay una reunión con César Ferrari (superintendente Financiero) y la Superintendencia asume su función: una delegación de funciones constitucionales del presidente, porque la Constitución de 1991 dice explícitamente que el presidente debe cuidar el ahorro de todas y todos los colombianos", aseguró.

Se refiere el Jefe der Estado a los numerales 24, 25 y 26 del artículo 188 constitucional en los que se definen cuáles son las funciones del Presidente de la República.

Al respecto, aseguró: “Lo repito aquí, no me asusta decirlo como Jefe del Estado de Colombia elegido por voto popular: el magistrado (se refiere al consejero de Estado Juan Enrique Bedoya, ponente de la suspensión del Decreto 0415 de 2026) y sus amigos que dicen que no se puede trasladar el ahorro que entregaron los actuales pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito, y he ordenado su denuncia como me corresponde por la ley; y si los banqueros no trasladan los ahorros que no le pertenecen a los trabajadores que se han pensionado, ya dijo el director de Asofondos (Andrés Velasco) que no que es una acción de trasladarse a Colpensiones, es una renuncia del ahorro, y también se denuncia penalmente", enfatizó el mandatario.

Agregó que el deber de un banquero, como lo ratificó Colombia con la Convención de Basilea, es que “el ahorro no es del banquero, es del ahorrador o ahorradora, que debe cuidarlo y que debe entregarlo con su tasa de interés pactada al dueño o dueña de ese ahorro, punto. Lo demás se llama robo y aquí no tenemos ni queremos tener banqueros bandidos", insistió.

Los Acuerdos de Basilea son tres, suscritos entre los años 1988 y 2004, suscritos por Colombia, y que establecen normas internacionales de supervisión de las operaciones bancarias.

El mandatario recalcó que su misión es hacer cumplir el Estado Social de Derecho establecido en la Constitución de 1991, en este caso frente al derecho pensional de los trabajadores colombianos.

“Entonces, ningún magistrado me puede demostrar con los libros del Derecho y con la Constitución y las leyes de Colombia que justicia es que los banqueros se queden con los ahorros de los trabajadores de toda la vida para gozárselos en utilidades, que les quiten el dinero de la pensión ganada legítimamente cuando ya tienen el derecho y disfrutar algo su vida, con sus hijos, y no hay nada que decir. Este presidente no echa un pie atrás ante la justicia no me confundan la palabra justicia con injusticia", concluyó el presidente Petro.

SuperIndustria sanciona a Constructora Bolívar Bogotá S.A. por publicidad engañosa e incumplimientos en entrega de viviendas VIS

​La Superintendencia de Industria y Comercio estableció que Constructora Bolívar vulneró los derechos de consumidores al modificar varias veces los plazos de entrega de apartamentos VIS.​

​La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 1.306 millones de pesos a Constructora Bolívar Bogotá S.A., tras analizar al menos 30 denuncias relacionadas con presuntas vulneraciones a los derechos de consumidores vinculados al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) 'Buena Vista Living'.

De acuerdo con la entidad, una de las principales razones de la sanción corresponde a los incumplimientos en las fechas de entrega de los inmuebles ofrecidos a los compradores del proyecto.

La SIC señaló que la constructora modificó en tres ocasiones los plazos de entrega, afectando las expectativas de los consumidores. Además, indicó que también se realizaron cambios en las fechas de escrituración, aspecto que incidía directamente en el valor final de las viviendas, teniendo en cuenta que se trataba de inmuebles clasificados como VIS.

La Superintendencia también concluyó que existió publicidad engañosa en la promoción del proyecto, debido a que algunas piezas publicitarias contenían información insuficiente, confusa e inoportuna, con capacidad de inducir a error a los consumidores sobre las características de los inmuebles ofertados.

Según la entidad, una de las omisiones identificadas estuvo relacionada con el carácter VIS del proyecto “Buena Vista Living”.

La SIC precisó que contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.

Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda y señaló que continuará promoviendo condiciones que permitan a los ciudadanos tomar decisiones informadas dentro de las relaciones de consumo.

Cerca de $14 billones ha ahorrado el Estado en costos de contratación

Cristobal Padilla
Director General Colombia Compra Eficiente 

​El ahorro equivale a media reforma tributaria, gracias al uso de las herramientas contractuales diseñadas por Colombia Compra Eficiente​

En el transcurso del Gobierno del presidente Petro las entidades públicas han ahorrado $ 13,9 billones, el equivalente a media reforma tributaria, gracias al uso de las herramientas contractuales diseñadas por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP-CCE), conocidas como Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD).

Entre enero de 2022 y marzo de 2026, el valor proyectado de los bienes y servicios adquiridos por las entidades se estimó en $27,4 billones. Esto se traduce en un ahorro cercano al 50,8%, ya que, en total gastaron $13,5 billones.

El cálculo del ahorro se basa en la diferencia obtenida entre el precio ofertado por los proveedores de los MAD, y lo que finalmente pagaron las entidades por los bienes y servicios disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano- TVEC, en operación secundaria.

“Desde Colombia Compra Eficiente optimizamos los recursos del Estado a través de la puesta en marcha de mecanismos y herramientas de compra pública mucho más transparentes y eficientes, donde priorizamos una mayor participación de oferentes, generando competitividad, garantizando calidad y reduciendo costos", afirmó Cristóbal Padilla, director general de la entidad.

Democratización de las compras y reducción de costos

A la par con la democratización de las compras públicas, es decir, la participación de nuevos oferentes y de la economía popular en los diferentes procesos contractuales, la reducción de costos ha permitido que se cumpla el propósito con el que fue creada la agencia: la contratación eficiente. ​

“Esta política pública que promueve la adquisición de bienes y servicios en condiciones de libre competencia, y con la mayor cantidad de proveedores posible, ha permitido adquirir bienes y servicios con criterio de gestión económica. Con la aplicación de estos principios, el gobierno del presidente Gustavo Petro también contribuye a evitar que la inflación se desborde", explicó el director de la Agencia.

Cabe recordar que la TVEC es la plataforma transaccional mediante la cual las entidades públicas adquieren bienes y servicios con base en herramientas contractuales como los Acuerdos Marco de Precios (AMP) y los demás Instrumentos de Agregación de Demanda (IAD).

La operación de los AMP e IAD ocurre en dos etapas: operación principal, en la que la ANCP-CCE selecciona un grupo de proveedores que cumplen los requisitos para ejecutar determinado objeto contractual; y la operación secundaria, en la cual la entidad compradora entrega la información sobre cantidad, oportunidad y lugar de ejecución del objeto contractual, y los proveedores responden con mejores ofertas, compitiendo en una suerte de subasta inversa.

Entre enero de 2022 y marzo de 2026, un total de 2.098 entidades hicieron uso de estos mecanismos, de las cuales 1.478 son del orden territorial (municipales y departamentales) y 620 del orden nacional.

El top cinco de los MAD más utilizados

La ANCP-CCE adjudicó un total de 39 Mecanismos de Agregación de Demanda - MAD, entre 2022 y 2025, en los sectores de tecnología, educación, manufactura, salud, servicios administrativos y personales, financiero y seguros, construcción, transporte y combustible, entre otros.​

El top cinco de los MAD más utilizados por las entidades estatales, y sus valores transados, fueron: AMP aseo y cafetería ($ 2,2 billones), AMP equipos tecnológicos y periféricos ($1,5 billones), AMP combustible nacional ($1,3 billones), IAD grandes almacenes ($705.055 millones) y AMP servicio de mantenimiento de vehículos y autopartes ($276.398 millones).

Las entidades a nivel nacional que más utilizaron los Acuerdos Marco e IAD a través de la TVEC fueron: el Comando Armada Nacional, la Escuela Superior de Administración Pública, la base naval ARC Bolívar (principal unidad de apoyo logístico de la Armada Nacional en el Caribe colombiano), el INPEC y la Policía Nacional.

A nivel territorial la Secretaría de Educación de Bogotá, la gobernación del Quindío, la alcaldía de Cartagena, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la alcaldía de Mosquera (Cundinamarca) concentraron el mayor uso de los Mecanismos de Agregación de Demanda durante el mencionado periodo.

En total, entre 2022 y 2025 las entidades públicas adjudicaron 77.722 órdenes de compra: 46.863 a nivel nacional y 30.859 a nivel territorial.

En los MAD diseñados y administrados por la Agencia, durante 2022 y marzo de 2026, han participado 786 proveedores: 198 medianas empresas; 189 pequeñas empresas; 168 uniones temporales; 146 grandes empresas; 65 microempresas; 10 consorcios y 2 empresas del Estado.

Actualmente, la ANCP-CCE administra 29 Mecanismos de Agregación de Demanda (MAD) vigentes, y están en etapa de estructuración 12 más. Con estos, las entidades públicas pueden adquirir bienes y servicios como vehículos, materiales de construcción y ferretería, productos de papelería, pauta oficial, servicios financieros, maquinaria amarilla, dotaciones escolares, combustible y confecciones y calzado.

Los MAD permiten acortar tiempos administrativos -al reducir el número de procesos contractuales- y mejorar la eficiencia en la inversión de los recursos públicos.

Planeación Nacional pasa lupa a 381 proyectos de regalías

Foto: Departamento Nacional de Planeación

Los 381 proyectos evaluados están ubicados en 26 departamentos y más de 200 municipios, como parte de la agenda de seguimiento en territorio a las inversiones del Gobierno.​

Durante el primer trimestre de 2026 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) visitó, a través de la Subdirección General del Sistema General de Regalías, 26 departamentos y más de 200 municipios, como parte de su agenda de control y seguimiento en territorio de las inversiones del Gobierno.

Las visitas son lideradas por personal técnico de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control, que cada semana se desplaza a las regiones para verificar la información sobre el avance físico y financiero de las obras que las entidades ejecutoras deben reportar de forma obligatoria y periódica.

Los proyectos visitados representan una inversión total de 4,4 billones de pesos, de los cuales 4,1 billones de pesos corresponden a recursos del Sistema General de Regalías (SGR), es decir, el 94% de la inversión.

Para el subdirector general del SGR, Rubín Ariel Huffington Rodríguez, la transparencia en el Sistema General de Regalías se garantiza con seguimiento permanente en territorio.

“Cada proyecto que revisamos es una oportunidad para proteger los recursos públicos y asegurar que lleguen a la gente”, dijo Huffington.

El equipo de Planeación realizó en el primer trimestre de 2026 visitas a 381 proyectos financiados con regalías.

“En el DNP utilizamos todas las herramientas disponibles para hacer seguimiento al uso de los recursos y prevenir irregularidades que afecten el desarrollo de los territorios”, manifestó el subdirector general del SGR.

Próximamente el DNP presentará los resultados de las visitas de seguimiento y se anunciarán las acciones a tomar ante los proyectos en los que se identifiquen presuntas irregularidades que pueden comprometer el uso adecuado del dinero público.

El DNP reafirma su compromiso de trabajar en las regiones para vigilar el desarrollo de proyectos eficientes, eficaces, pertinentes y sostenibles que resuelvan las necesidades de las comunidades.

Presidente Petro anuncia medidas contra las EPS ineficientes: les quitará la licencia de salud

​El presidente Gustavo Petro anunció que próximamente
se adoptarán otras medidas para fortalecer el sistema
preventivo de salud de su administración. 

El mandatario reiteró este lunes que “es mentira que aquí hay un caos en salud: se llaman determinantes sociales de la salud, según la ley, tiene que ver con el agua potable, que mejoramos; tiene que ver con la nutrición de los colombianos, que mejoramos; tiene que ver con el aire, que solo se puede mejorar si cambiamos a transporte eléctrico, etc.".

En alocución transmitida por radio y televisión, el jefe de estado anunció la aplicación de una figura legal hasta ahora no utilizada: “Este Gobierno a las más malas EPS les quita la licencia de salud. Nadie sabe que esto existe, no lo hemos hecho hasta ahora, pero debe ser una decisión de la Supersalud".

Explicó que, constitucionalmente, el Presidente de la República es el encargado de la vigilancia de la salud pública, “que se pueda delegar en la Superintendencia, pero es una función constitucional del presidente", insistió.

Agregó que se va a aplicar esa medida, pero no con fines retaliatorios. “Se quita la licencia en salud a lo peor que tengamos, no voy a vengarme, pero se quita la licencia de salud, por las razones que sabemos: las EPS no sirven para mejorar la salud en Colombia si son aseguradoras financieras. Nosotros les ofrecimos que fueran gestoras de salud, pagas por unos servicios, no intermediarias".

En ese sentido, sostuvo que ser intermediarias “es el efecto negativo más grande sobre la población colombiana, y eso se llama falta de trámite: demorar las citas y las cirugías para mantener el dinero rentando, y cuando les toca gastar entonces demoran el pago, por eso se llaman EPS".

Entonces, aseguró el presidente Petro, “la mayor causa que ve la sociedad colombiana de ineficiencia en la salud, no es responsabilidad del Gobierno".

​ADRES pa​​gará por los medicamentos

La otra media que anunció es que la Adres (Administradora de los Recursos de la Salud) se encargará de pagar directamente los medicamentos para evitar la intermediación de las EPS.

“Ministro de Salud (Guillermo Alfonso Jaramillo), usted hizo una propuesta que no veo ejecutando, y es que Adres paga en cualquier farmacia las medicinas que los enfermos lleven a la farmacia, si no se la entrega el gestor farmacéutico, paga directamente a la farmacia, cualquiera, grande, chiquita, Drogas La Rebaja o cualquier otra", dijo.

Eso implica que “se acabó la manipulación y el sabotaje en medicinas, como se acaba el que no les den cita a los pacientes en las EPS: ya les dan la cita demasiado tarde, cuando se trata de cáncer, y esa es otra medida que vamos a tomar. Entonces, deja de comprarse medicamentos a los gestores farmacéuticos, subasta invertida por molécula".

Significa, según explicó, que dos o más hospitales se pueden juntar para comprar las medicinas, pero si se juntan hay un poder del demandante de medicinas, porque esa “subasta invertida permite bajar precios de monopolio y especulación con las medicinas, que están matando ciudadanos. Esos son asesinos, vampiros de la salud, entonces este tipo de medidas, más otras que hemos ya analizado, serán los que se tomen ya inmediatamente por el gobierno nacional".

Estas medidas anunciadas por el mandatario se dieron luego de hacer un análisis de la situación del sistema de salud del país, en el que también destacó las cifras que ha logrado su Gobierno con la salud preventiva que se ha implementado.

En la alocución el mandatario explicó, con cifras, cuál es el problema que más afecta al sistema de salud colombiano. Se refirió a la crisis que afectan a muchas EPS y que se refleja en el número de PQR (peticiones, quejas y reclamos), y en la entrega de medicamentos.

El jefe de Estado anunció medidas inmediatas para enfrentar la situación. En el primer caso, el número de PQR por cada 10 mil afiliados a cada EPS, el presidente mostró el siguiente resultado:

1- Compensar Valle del Cauca, 653,04 PQR por 10 mil afiliados.

2- SOS – 634,44 / 10 mil

3- Famisanar – 590,22 / 10 mil

4- Capital Salud – 580,88 / 10 mil

5 Compensar – 498,14 / 10 mil

6- Salud Total – 491,29 / 10 mil

7- Sura – 477,61 / 10 mil

8- Savia Salud – 453,72 / 10 mil

9 Sanitas – 450,76 / 10 mil

10- Nueva EPS – 442,13 / 10 mil

En total, dijo el presidente, son 17 EPS medidas con este indicador, de las cuales solo una (la Nueva EPS) está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.

'El mayor responsable del crecimiento de la inflación de marzo fue Enel y no el salario vital': Presidente Petro

El mandatario afirmó a través de su cuenta de X que el principal factor detrás del aumento de la inflación en marzo fue la empresa Enel, y no el salario mínimo.

Esto, al referirse a la multa de $2.847 millones impuesta por la Superservicios por presuntas distorsiones en la formación de precios de la energía en bolsa, que impactaron el costo del servicio para los usuarios.

“Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fue Enel y no el salario vital”, sostuvo el mandatario. ​

Añadió que la empresa “especuló y ha sido sancionada con una multa por la Superintendencia de Servicios”, y solicitó a la embajadora de Colombia en Italia iniciar acciones bajo las leyes de ese país y de la Unión Europea.

“Esto significa un atraco al bolsillo de los colombianos”, afirmó.

El mandatario explicó que, según su análisis, Enel habría distorsionado el precio de la energía eléctrica en bolsa, generando un incremento del 9 % en el costo de la generación para Bogotá en un solo mes.

Asimismo, señaló que el hecho de que la empresa sea generadora, distribuidora y comercializadora en la capital permite que, al no ser anónimas las transacciones en bolsa, se configuren condiciones para fijar precios por encima de los costos reales. “Se establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, indicó.

En ese sentido, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intervenir para “romper el monopolio prohibido por la Constitución”, al considerar que esta situación incrementa los ingresos de la empresa a costa de los usuarios bogotanos.

El presidente también solicitó formalmente a Enel devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios en la próxima factura.

Por su parte, la Superservicios explicó que la sanción se fundamenta en la presentación de ofertas de precios que no correspondían a los costos variables del recurso hídrico, pese a que el embalse operaba cerca de su cota máxima sin que esto se reflejara en una reducción de los precios de la energía.

“Estamos fortaleciendo nuestras funciones de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras para garantizar que no se generen costos ineficientes a los usuarios”, señaló el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón.

Finalmente, la entidad reiteró que, en línea con las instrucciones del Gobierno nacional, continuará reforzando la vigilancia para asegurar un mercado transparente, eficiente y con tarifas justas para los ciudadanos.

Minambiente anuncia plan de choque integral contra la minería ilegal en los Farallones de Cali

En atención al llamado de las comunidades del corregimiento La Leonera, zona circundante al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ante posibles afectaciones por minería ilegal, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció nuevas medidas para enfrentar este delito ambiental.

“Venimos a atender el llamado de la comunidad respecto a los indicios que han manifestado sobre la presencia de una nueva minería ilegal en la zona. En ese sentido, activamos una hoja de ruta con recorridos de reconocimiento para identificar dónde están las minas y hacer su cierre técnico y definitivo; avanzar en procesos de judicialización y la presencia permanente y coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía, con el apoyo en recursos de la Gobernación del Valle”, aseguró la ministra.

Vélez también señaló que Parques Nacionales Naturales adelantará un informe sobre la contaminación por mercurio en las fuentes hídricas y priorizará acciones de remediación ambiental. Asimismo, solicitó a la Alcaldía de Cali verificar que la bocatoma del río no presente trazas de mercurio.

“Hemos decidido que vamos a sostenernos en unos diálogos permanentes, a través de una mesa que ha convocado la Asamblea Permanente y en Movilización contra la minería ilegal. Este Ministerio va a acompañar esa mesa y vamos a trabajar de la mano de las comunidades”, puntualizó la ministra.

Además, la jefe de la cartera ambiental informó que se activarán canales de comunicación diplomática con Ecuador, tras revelarse que, por primera vez, explosivos para la minería ilegal provendrían de ese país.

Los anuncios se realizaron en el marco de la Segunda Mesa Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), que contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el secretario de Seguridad de Cali, coronel (r) Javier Garcés Mosquera; el director de Carabineros de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Germán Oviedo; el director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo Martínez; las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, entre otras entidades regionales.

Diálogo activo con las comunidades de la Leonera

En un hecho sin precedentes y ante la Asamblea Permanente y en Movilización contra la minería ilegal en los Farallones, en la que participan más de 100 habitantes del Corregimiento de La Leonera, la ministra explicó las medidas acordadas durante la mesa del Conaldef y escuchó las preocupaciones y propuestas de las comunidades.

“Esta visita nos llena de esperanza, porque es la primera vez que el Gobierno, por encima de todas sus actividades, ha tenido la preocupación de venir a nuestra comunidad a escucharnos”, afirmó Jorge Alonso Camacho, habitante del Corregimiento La Leonera.

Buenas noticias para los bosques

Al finalizar su jornada de trabajo en Cali, la ministra anunció la aprobación de 15 proyectos que recibirán recursos del Sistema General de Regalías por más de 271.000 millones de pesos y pondrán en marcha procesos de restauración en 13.437 hectáreas de ecosistemas estratégicos.

Estas iniciativas se concentrarán en la conservación de áreas ambientales en municipios con cobertura boscosa menor al 10 %, la lucha contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la biodiversidad, e impactarán a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.