¿Dónde está la plata? Presidente Petro invitó al Contralor auditar municipios para revisar salto presupuestal en salud y educación.

​​El presidente Gustavo Petro le pidió al Contralor que, con apoyo del
Gobierno, se haga  una autoría a los municipios sobre los recursos que se
aumentaron para la salud y educación.​

El presidente Gustavo Petro invitó al contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, a realizar una auditoría “en todos los municipios sobre ese salto presupuestal tan sustancial en que se ha destinado. Porque si saltamos de 50 a 70 billones de pesos en educación y de 45 a 65 en salud, tiene que haber necesariamente mejor educación, mejor salud".

Durante su participación en el foro Retos de la descentralización diferencial y el control de los recursos públicos en Colombia, organizado por la Contraloría General de la República, el jefe de Estado aseguró que esa mejora en educación y salud debería ser evidente, en la medida en que “lo que decían los alcaldes es que no se está viendo. Por lo que pude ver ahí, algo está sucediendo y hay que ponerle el ojo".

En su intervención ante el auditorio reunido en la Universidad Católica, en Bogotá, el presidente Petro comentó que, cuando habló en el Congreso de la Federación Nacional de Municipios, “me sorprendió ver a muchos alcaldes que hablaban ahí. Cuando empecé a decir: 'Si nosotros pasamos por este mismo hecho, el presupuesto de educación de 50 a 70 billones en estos dos años y pico que llevamos, de 50 a 70, pues tiene que verse en una realidad de mejoramiento de la educación en Colombia'".

“Si saltamos de 50 a 70 en educación y de 45 a 65 en salud, ¿de dónde sacan que no hay suficiencia? Pues hay un barril sin fondo ahí que se quiere mantener".

Por ello, aseguró: “Entonces, si hay barriles sin fondo, y nuestro esfuerzo de hacer saltar los presupuestos en materias tan claves, fundamentales y estratégicas como la salud, la educación y el agua se está yendo a otra parte, tenemos un gravísimo problema. Todo lo que podamos hacer, el incremento de la descentralización, puede perderse como una oportunidad histórica para Colombia".

Precisamente sobre el tema de la descentralización, el mandatario aseguró que esta figura determina que llegarán más recursos a los municipios y, por ende, a la educación pública. Sin embargo, alertó que esa autonomía de las instituciones de educación superior públicas lo preocupa: “Yo estoy que pienso y pienso, porque el resultado final es que la universidad pública queda en manos de la mafia".

​“Si la universidad pública queda en manos de la mafia, ¿qué pasa con una sociedad, con su futuro? ¿Qué pasa con muchachos que no aprenden todavía los ABC de su carrera y ya, a cambio de dinero, apoyan al candidato mafioso del lugar para ser rector de la universidad pública? ¿Vamos a tener futuro? En donde debería brillar más el pensamiento y la libertad, entonces brilla la mafia", argumentó.

Y añadió: “Hay algo que nos está fallando, indudablemente. Y así pasa también en muchos municipios. El poder local es más cooptable que el poder nacional. Ambos son cooptables, pero es más fácil ahí, porque las armas están ahí, en el territorio".

Educación super​ior gratuita

El presidente Petro también se refirió a los avances de su Gobierno nacional en materia de gratuidad en la educación superior y dijo: “Nosotros hemos creado, no como los nuevos estudiantes que entran al primer semestre normalmente, sino como nuevos cupos en el sistema de educación pública, 155 mil. Yo quería 500 mil. Aún hay tiempo: 155 mil más".

Explicó que “si generamos 155 mil cupos, ¿cuánto gastamos? Los datos nos dan un billón y medio. Si se hubiera hecho eso en Ser Pilo Paga, con la misma plata, pero a través de los mecanismos de Ser Pilo Paga y otros programas similares, solo hubiera creado 15 mil cupos".

Gobierno ordenó a la comercializadora de gas Vanti ajustar tarifas y devolver cobros indebidos a los usuarios en el centro del país.

En una decisión sin precedentes, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, ordenó a la comercializadora Vanti S.A. – ESP ajustar sus tarifas de gas natural y devolver los cobros indebidos realizados a los usuarios desde diciembre de 2024.

Es la primera vez que la entidad de vigilancia y control adopta una medida de esta naturaleza para proteger los derechos de los usuarios y ordena la adopción de normas corporativas para evitar que se repitan cobros indebidos.

La medida, formalizada en la Resolución No. 20251000201245 del 6 de mayo de 2025, impone a la empresa un Programa de Gestión con tres órdenes clave: recalcular tarifas, reintegrar el 100 % de los cobros indebidos y adoptar nuevas reglas de gobierno corporativo para garantizar que Vanti S.A. no vuelva a incurrir en cobros indebidos.

La Superintendencia detectó que Vanti aplicó incrementos injustificados del 4,95 % en enero y del 35,5 % en febrero, a pesar de contar con gas natural nacional suficiente para abastecer la demanda residencial.

Según el organismo de control, la empresa simuló una menor disponibilidad de gas para justificar la importación, la cual tiene un costo superior, y con ello elevar artificialmente los precios que pagan más de 2,5 millones de hogares en Bogotá y Cundinamarca.

El organismo de vigilancia y control explicó que tras la revisión de la facturación y de la información comercial reportada por la comercializadora encontró que existía vigente con Ecopetrol un contrato de suministro de gas nacional, por tanto “Vanti S.A. disponía de suficiente gas, pero decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente, con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial. Dado que el gas importado tiene un precio mayor, este hecho le sirvió de argumento para incrementar las tarifas a las familias y demás personas naturales".

Agrega la decisión de la Superservicios que “esta conducta viola la regulación tarifaria del servicio público de gas combustible por redes establecida en la Resolución CREG 137/13 y constituye un incumplimiento de la obligación de prestar de forma eficiente el servicio público domiciliario a más de 2,5 millones de usuarios en Bogotá y Cundinamarca".

“Es la primera vez que esta Superintendencia impone un Programa de Gestión, figura vigente desde el año 2015 que está en armonía con la Ley de Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 142/94, art. 79) y que se toma sin perjuicio de las sanciones administrativas y consecuencias penales a que haya lugar", señala la información de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

Por esta razón, en la Resolución mencionada se ordena iniciar el proceso sancionatorio y remitir copias a los entes de control, a la Superintendencia de Industria y Comercio, y a la Fiscalía General de la Nación.

“De acuerdo con los lineamientos del Presidente de la República, el principal interés de esta medida es garantizar a la ciudadanía la prestación de los servicios públicos como un derecho", destaca la entidad de vigilancia y control.

Presentada nueva y más completa Consulta Popular

La Consulta Popular que el Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a radicar este lunes en la Secretaría del Senado de la República tiene 16 preguntas: las 12 inicialmente presentadas y 4 más sobre el sector salud.

Entre las nuevas preguntas se destacan temas como acceso a medicamentos, conversión de las EPS en gestoras de salud, giro directo de recursos a clínicas y hospitales, atención primaria y garantías para trabajadores del sector.

En el acto de radicación estuvieron los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; Interior, Armando Benedetti, y Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Las 16 preguntas de la Consulta Popular

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p.m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?

7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?

10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

13. ¿Está de acuerdo con el que el Gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?

14. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?

15. ¿Está de acuerdo que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?

16. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

La mayor parte de la ciudadanía respalda la consulta: MinTrabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó durante el acto de radicación: “Ya todos sabemos lo que ha ocurrido con la pretensión de un sector de la plenaria del Senado de la República de obstruir la posibilidad de que los colombianos y colombianas en las urnas decidamos la suerte de la reforma laboral. Y sabemos también que hay la pretensión de obstruir por segunda vez la reforma a la salud”.

“Por esa razón ha querido el presidente de la República que el ministro de la Salud, en funciones presidenciales y en su representación, junto con el ministro del Interior y quien les habla, el ministro del Trabajo, con la firma de todos los ministros del Gabinete como lo ordena la ley, radiquemos de nuevo la solicitud de Consulta Popular, con las 12 preguntas que corresponden a los asuntos laborales y cuatro preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas”, precisó.

De acuerdo con el titular de la cartera laboral, “sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta y quieren decidir la suerte de sus derechos laborales y sus derechos a la salud en las urnas”.

Sanguino se refirió a las recientes encuestas según las cuales la mayoría de la ciudadanía rechaza las pretensiones de un sector del Senado de imponer una mordaza al pueblo colombiano.

“Aunque hay unas acciones jurídicas que están adelantándose respecto a la votación que ocurrió en la plenaria del Senado el día miércoles de la semana pasada, nosotros hemos decidido reiterar, en cabeza del presidente de la República, la convocatoria a que la soberanía popular se exprese en las urnas. Así que hemos acudido a la Secretaría del Senado de la República para radicar esta nueva solicitud de Consulta Popular para que el Senado en su plenaria se pronuncie ojalá de manera clara, transparente e inequívoca sobre esta nueva solicitud”, puntualizó el ministro de Trabajo.

El pueblo debe dirimir el conflicto: MinInterior

Por su parte, el ministro de Interior, Armando Benedetti, resaltó: “Esta nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud. El derecho al trabajo y el derecho a la salud son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en nuestro establecimiento jurídico, y resulta que a la hora de legislar no se encuentran porque el Congreso no lo ha querido hacer. Dicho esto, es el pueblo quien debe dirimir ese conflicto que hay entre el Congreso y el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que el Congreso al día de hoy no se ha pronunciado sobre la Consulta hundida, y esta es una nueva Consulta y las dos están hoy vivitas y coleando en el Congreso de la República”, afirmó.

Nos toca recurrir al pueblo: MinSalud

A su vez el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó: “ustedes saben muy bien que la Cámara de Representantes ha aprobado en dos ocasiones el proyecto de la reforma a la salud, pero desafortunadamente la Comisión VII del Senado no quiso discutir la reforma que se aprobó el año pasado en la Cámara”.

Explicó que “la Cámara ha cumplido, a sabiendas de qué es lo que ha sucedido. Ha solucionado todas y cada una de las diferentes inquietudes. Doce artículos están aceptados por todas y cada una de las EPS para transformarse. Se dice que no hay aval financiero. Desde septiembre hay aval financiero. Se volvió a dar un aval financiero porque dicen que no hay recursos. Y resulta que la Cámara no solamente aprobó nuevos recursos, sino que esos recursos para el año entrante serían de seis billones de pesos”.

Recalcó que fuera de esto, para los próximos diez años, al 2034, el aumento de la salud con respecto al PIB se incrementará un punto. “O sea que estamos hablando de 20 billones de pesos en que aumentarían los recursos de la salud. Entonces se han venido solucionando cada uno de los problemas, cada una de las solicitudes que nos han presentado”.

“Hoy no podría haber ninguna objeción, como no la tuvo la Cámara de Representantes, pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República”, sostuvo el titular de la cartera de Salud.

Y puntualizó: “Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo, el pueblo que es superior a sus dirigentes, para que sean ellos los que ratifiquen estas preguntas”, puntualizó.

Presidente Petro convoca cabildo abierto

A través de su cuenta en la red X, luego del hundimiento de la Consulta Popular, el presidente Petro había expresado: “Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular, como jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”.

En otro mensaje, el jefe de Estado afirmó: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor de que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”.

“Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”, dijo el mandatario.

Y anunció: “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía y conservar la paz y la alegría”.

“Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”, resaltó el presidente Petro.

‘Bochornosa trampa’

De otro lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado en esa ocasión que se trató de una trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

“Bochornosa trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la Consulta Popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49/47 a favor del NO escamoteando la soberanía popular”, expresó el titular de la cartera laboral en la red X.

‘Esto es un delito’: MinInterior

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que “se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”.

De acuerdo con Benedetti, “(Efraín) Cepeda y el secretario general incurrieron en delitos, en falta de ética y moral para hundir la Consulta Popular. El secretario general del Senado agregó votos por el No una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario”.

ANLA pendiente del muelle multipropósito en la Guajira

Durante una visita oficial al distrito de Riohacha, la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez Torres, sostuvo un importante encuentro con la Gobernación de La Guajira en el marco del proyecto de infraestructura marina que busca fortalecer la conectividad del departamento.

En esta visita, la directora Irene Vélez Torres resaltó la importancia de conocer de primera mano las iniciativas que surgen desde los territorios, y reiteró el compromiso de la ANLA con el rigor técnico y la responsabilidad ambiental:

“Conocer de primera mano las expectativas y proyectos del territorio es fundamental. Hoy dialogamos sobre los términos generales y específicos necesarios para iniciar los estudios de impacto ambiental, insumo clave para que la ANLA pueda realizar la evaluación correspondiente. Este es un proyecto estratégico para la región y el país, y desde la Autoridad brindaremos el respaldo necesario para que avance de manera responsable y con compromiso ambiental.”

Durante el recorrido y los diálogos en territorio, el Gobernador agradeció la presencia institucional de la ANLA y resaltó la importancia estratégica de esta obra para la conectividad marítima y el desarrollo regional:

“Agradecemos a la doctora Irene Vélez y a todo el equipo de la ANLA por su presencia hoy en el departamento de La Guajira, especialmente aquí en Riohacha. Este es un proyecto clave para nosotros. Ya hemos avanzado en el consolidado técnico que nos permitirá construir esta licencia que es fundamental para el futuro del departamento. Este tipo de diálogo institucional garantiza que cada paso que demos sea el correcto.”

Ambas entidades coincidieron en la importancia de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Departamental, con el fin de garantizar que cada fase del proyecto se desarrolle de manera adecuada y cuente con la debida supervisión técnica y ambiental.

El "Supermán" López en problemas.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) y la Agencia Internacional de Controles (ITA) anuncian que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ha desestimado el recurso interpuesto por el ciclista colombiano Miguel Ángel López contra la decisión del Tribunal Antidopaje de la UCI del 29 de mayo de 2024. El TAS emitió un comunicado de prensa al respecto esta tarde.

El TAS confirmó que el Sr. López cometió una infracción de las normas antidopaje (ADRV) por uso y posesión de una sustancia prohibida (Menotropina)*, concomitantemente con el Giro de Italia 2022 y confirmó la suspensión de cuatro años que le impuso el Tribunal Antidopaje de la UCI (25 de julio de 2023 – 24 de julio de 2027).

A modo de recordatorio, el procedimiento disciplinario se inició a raíz de una investigación realizada por el ITA basándose en las pruebas obtenidas de la Guardia Civil española y de la Organización Española Antidopaje (CELAD) en la denominada Operación “Ilex” relativa al Dr. Marcos Maynar.

La UCI y la ITA celebran esta decisión, que refleja su compromiso con la protección de la integridad del ciclismo. El laudo del TAS se publicará oportunamente en el sitio web de la UCI.

La UCI no hará más comentarios sobre el asunto.

*La menotropina es una sustancia prohibida de la clase S2.2 [Hormonas peptídicas y sus factores liberadores] de la Lista de Prohibiciones que mantiene la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y adopta la UCI.

Proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en las obras de saneamiento básico en Soledad, Atlántico

Contraloría apertura proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en las obras de saneamiento básico Fase I y Fase II en el municipio de Soledad, Atlántico

La Contraloría General de la República abrió proceso de responsabilidad fiscal en cuantía estimada de $5.543 millones, por los hechos relacionados con la ejecución de las obras contratadas para saneamiento básico, Fase I y Fase II en el sector suroriental del municipio de Soledad, con el que se busca dar solución a la problemática de aguas residuales de la población urbana en los barrios Juan Domínguez Romero, La Esperanza y La Loma.

El Proyecto se incluyó en la estrategia Compromiso Colombia el 22 de junio de 2022, debido a que las obras se encontraban suspendidas en las fases I y II, con un retraso de ocho años aproximadamente.

Las dos fases objeto de la presente actuación estaban destinadas a ejecutarse con recursos provenientes del Sistema General de Regalías, los cuales fueron gestionados por la Entidad Territorial Certificada, con el fin de dar solución a la problemática de aguas servidas de la población urbana del municipio de Soledad en los sectores mencionados.

El 15 de noviembre de 2024 y el 12 de febrero de 2025, respectivamente, la Contraloría General de la República realizó visitas fiscales a las obras de saneamiento básico Fase I y Fase II con la finalidad de verificar el estado actual y alcance de las mismas y evidenció lo siguiente:

Falta de planeación en la ejecución de la fase II, para lo cual se proyectaron las obras suponiendo la existencia de tuberías instaladas, que en realidad no existen, lo que también atenta contra la funcionalidad del proyecto.

A su vez se concluyó que, de liquidarse el contrato tal como se encuentra (faltando por ejecutar el colector en tubería PDE 630 mm correspondiente a la Cra 16 con Calle 11 A, a la EBAR 15 de agosto, y el tramo de impulsión del K0+876 al K1+484 de la Fase II), las obras quedarían inconclusas y no se lograría la interconectividad entre las diferentes fases que harían funcional el proyecto, el cual debería terminarse a finales de 2025.

Las falencias en la planeación contractual trajeron como consecuencia que la comunidad actuara por cuenta propia conectándose a las redes y provocando así problemas ambientales por las aguas residuales sin tratamiento alguno, que son vertidas en la Cra 16 con Calle 11 A.

En este proceso de responsabilidad fiscal se vinculan a la Alcaldía de Soledad, cuatro exalcaldes del municipio, la compañía aseguradora, entre otros.

62.664 armas están perdidas en el país y existen 197 empresas de seguridad privada sin control

El presidente Gustavo Petro Urrego denunció la noche de este lunes que una investigación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada arrojó que en el país están perdidas 62.664 armas de fuego oficiales, las cuales podrían estar en poder de organizaciones criminales.

Asimismo, afirmó que hay 197 empresas de vigilancia y seguridad privada con licencias vigentes, pero que en el sistema de la Supervigilancia aparecen inactivas, lo que significa que escapan al control de la entidad.

Lo anterior –dijo el mandatario- significa que en Colombia hay “armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”.

La información la dio a conocer el jefe de Estado durante el Consejo de Ministros televisado que se desarrolla desde la Casa de Nariño.

En ese sentido, sobre la investigación de la Supervigilancia, liderada por Yenniffer Parra, el presidente Petro aseveró: “Hay 62.664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene”.

Explicó que “en esa búsqueda se encontró que en los sistemas de información de la Supervigilancia hay reportadas e identificadas 40.692 armas particulares con licencia oficial, revisando las empresas inactivas y lo que ha aprobado la Superintendencia desde 1993”.

A esta cifra el mandatario le sumó “las 20.000 armas que entregó (Álvaro) Uribe a los paramilitares en Antioquia. ¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”.

En ese contexto, el presidente cuestionó el sistema estatal de información y de vigilancia sobre estas empresas.

“¿Qué dicen los sistemas de información? Pues te voy a decir que la Superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables”, lo que llevó a que durante 30 años no existiera un control eficiente sobre estas entidades de seguridad privada.

“Pasaron 30 años sin control, estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos”, manifestó.

Además, el mandatario destacó que durante su Gobierno la Superintendencia realizara de manera efectiva su trabajo de control y vigilancia a las empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector.

El estudio incluyó a 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores”.

En las pesquisas, la Superintendencia halló que en los hechos irregulares habían participado funcionarios públicos.

“El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, nosotros lo hicimos, porque fueron tramitadas irregularmente, incluso, en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno, que fueron removidos inmediatamente de sus cargos y sobre lo cual se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación”, denunció el presidente.

Así va la investigación

En la misma línea, el jefe de Estado recalcó que una investigación articulada con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades se logró la captura de los representantes legales de empresas de vigilancia “con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley”.

Sobre el particular, la Superintendencia expidió un boletín de prensa en el que se reportó la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad y el embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos.

Igualmente, se logró dar un golpe a las estructuras criminales del Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, entre otras, las cuales usaban empresas de vigilancia y seguridad privada como fachada de lavado de activos, para legalizar armas de forma fraudulenta y en la comisión de otros delitos.

Así pues, los detenidos –reveló la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada- “son el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; así como Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara LTDA. Las capturas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Barranquilla”.

En ese orden de ideas, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito.

En los procedimientos fueron incautados 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, las empresas vinculadas, al parecer, habrían otorgado permisos como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos.

La Superintendencia indicó que, a través de esta actividad ilícita, los capturados habrían facilitado armas a Edgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, y a Jesús Martín Bello, ambos involucrados en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’.

Por su parte, la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias ‘Terror’, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, quien recientemente fue neutralizado en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia).

Denuncian presunta estafa y falsedad por parte de 36 IPS que facturaron servicios sin contar con la infraestructura física para prestarlos

DIrector general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de
Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez

El pasado 24 de febrero, el director general de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), Félix León Martínez, solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a 36 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) por no contar con infraestructura física, pese a tener registro de habilitación para la prestación de servicios de salud.

El 12 septiembre de 2024, ADRES ordenó suspender los pagos a un total de 52 IPS que radicaron cuentas por más de 70 mil millones de pesos. Luego de auditorías realizadas desde 2023, se evidenció que no contaban con infraestructura física al momento de realizar visitas en terreno. A todas estas reclamantes se les solicitó demostrar su infraestructura para prestar servicios de salud.

De las 52 notificadas, 26 no presentaron recurso de reposición y, por tanto, la suspensión de los pagos quedó en firme; a diez, que sí presentaron el recurso, les fue resuelto desfavorable. Tres más, están siendo notificadas.

La mayoría de estas IPS tiene su ubicación en la región Caribe en 28 municipios de Atlántico, cinco en Córdoba y uno en Magdalena.

Del total de IPS con pagos suspendidos, solo a nueve se les resolvió favorablemente; cuatro más se encuentran en estudio por parte de ADRES.

Estas 36 IPS pretendían apropiarse ilegalmente de recursos de la salud por 79.511 millones de pesos, pretensión que se impidió mediante los controles recién establecidos por la ADRES, que incluyeron desarrollos tecnológicos e informáticos capaces de señalar anomalías y desviaciones de las tendencias, como la implementación de auditorías en terreno para comprobar las irregularidades y velar de este modo por el cuidado de los recursos de la salud.

Los hallazgos ​​​de la ADRES

Las alertas en la entidad se encendieron ante el aumento desmesurado en la presentación de reclamaciones por servicios médico-quirúrgicos prestados a supuestas víctimas de accidentes de tránsito relacionados con vehículos sin SOAT o fantasmas, explica el director de la ADRES, Félix León Martínez, en su informe a la Fiscalía.

Las conclusiones que se presentaron a la Fiscalía General de la Nación son el resultado de las tareas de auditoría en terreno por parte de tres firmas contratadas en 2024 por la ADRES y un equipo interno de auditoría concurrente, capaces de validar las reclamaciones, junto a una labor de contrastación de la información por parte del Grupo de Innovación y Analítica de la entidad.

Imputado gobernador de Caquetá por posible corrupción en hospital departamental

Luis Francisco Ruiz Aguilar (wikipedia)

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá con función de control de garantías al gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, y le imputó los delitos de prevaricato por acción, falsedad material en documento público agravada, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Los hechos que se le atribuyen ocurrieron entre 2020 y 2022, cuando se desempeñó como gerente del Hospital Departamental María Inmaculada, con sede en Florencia (Caquetá). Al parecer, modificó sin autorización el reglamento interno del centro asistencial para disponer de nuevos cargos y respaldó ese cambio con un acta falsa de la junta directiva.

Esto le habría permitido realizar 57 nombramientos en provisionalidad y en encargo entre el 31 de agosto y el 25 de octubre de 2022.

Los elementos materiales probatorios indican que presuntamente también hizo modificaciones al artículo 35 del estatuto interno del hospital para eliminar el aval que debía dar el gobernador para el reconocimiento de comisiones de servicios, y así autorizar el pago de viáticos de manera directa, con el presupuesto de la institución de salud. Amparado en esta actuación cobró 56’357.379 pesos por concepto de viajes y comisiones.

El mandatario departamental no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía.

Francisco Ruiz Aguilar presentó su candidatura a la Gobernación del Caquetá en las elecciones locales de 2023 apoyado por "Revive Caquetá" y Cambio Radical. Logró obtener el cargo de gobernador obteniendo 72,489 votos.

Esta información se publica por razones de interés general.

- La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.-

Falso soporte técnico a los usuarios de mensajería instantánea. ¡No caigas!

Una nueva modalidad de engaño a los usuarios de las plataformas de mensajería instantánea fue detectado. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por el soporte técnico de la aplicación y, con la excusa de un supuesto intento de robo de cuenta, te solicitan tus datos personales. Sigue algunas recomendaciones para estar protegido y evitar ser víctima.

Imagina que recibes una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, una persona se presenta como soporte técnico del chat de mensajería instantánea que frecuentemente usas y te alerta sobre un intento de robo de tu cuenta.

Parece una llamada de ayuda, pero en realidad, es una trampa.

El ciberdelincuente dice haber detectado un acceso no autorizado a tu cuenta. Para “protegerla”, te piden algunos datos, como la marca de tu teléfono y el código de seis dígitos que recibes por mensaje de texto.

Si les das este código, los estafadores tendrán acceso completo a tu cuenta y podrán desvincular tu número, dejándote sin acceso a tus mensajes y contactos.

¡No te conviertas en víctima! Nunca compartas tu código de verificación.

Las plataformas de mensajería instantánea no llaman ni toman contacto directo con los usuarios para solicitar información personal.

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Los brotes de influenza aviar.

Actividades de erradicación de brotes de influenza aviar

El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), en coordinación con los productores, la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi), el Instituto Nacional de Salud y Ministerio de Ambiente, ha logrado controlar los recientes brotes de influenza aviar. El ICA anuncia que han sido erradicados los seis brotes de la enfermedad que se presentaron en el municipio de Remolino, Magdalena, y con el fin de levantar la cuarentena sanitaria en dicho territorio fue expedida la Resolución 0906 del 6 de febrero de 2025.

En este momento no hay brotes activos de influenza aviar en el país.

“Después de un arduo trabajo, levantamos la cuarentena en Remolino, Magdalena, donde se habían presentado los últimos brotes de influenza aviar a finales de 2024. Esto se suma a lo que ya habíamos logrado en Acandí, Chocó, con el levantamiento de la cuarentena sanitaria el pasado 20 de enero”, expresó Edilberto Brito, Subgerente de Protección Animal del ICA.

El ICA, ha estado trabajando conjuntamente con los productores y las comunidades para controlar y erradicar esta enfermedad y hoy con éxito el país ha logrado superar los 8 brotes presentados en el último trimestre del año 2024. Dentro de las acciones implementadas para la contención y erradicación de los brotes, el ICA instauró una cuarentena sanitaria en Remolino, Magdalena, con el objetivo de controlar la difusión del virus.

Dentro de las medidas sanitarias aplicadas se realizaron actividades de despoblamiento de aves, vigilancia epidemiológica activa y pasiva, limpieza y desinfección de las zonas afectadas, control a la movilización y prohibición de las concentraciones de aves.

Desde el ICA se resalta el trabajo articulado con las entidades del gobierno nacional del sector Salud y Ambiente. Gracias a este trabajo conjunto se ha logrado erradicar nuevamente la enfermedad y evitar que se presenten afectaciones al medio ambiente y casos en la población humana de las zonas afectadas.

Así mismo, la Federación Nacional de Avicultores envió un mensaje a la población "Queremos reiterar a todas las familias colombianas que el consumo de pollo y huevo es completamente seguro. El cumplimiento de las estrictas medidas de bioseguridad implementadas en granja, garantizan la producción de un alimento sano y de la más alta calidad. La erradicación de estos brotes de influenza aviar es una prueba del trabajo riguroso que realiza el ICA con el apoyo de Fenavi y el Fondo Nacional Avícola, para proteger la sanidad aviar y la seguridad alimentaria del país”, señaló el Presidente de Fenavi, Gonzalo Moreno.

Quienes recibieron la mayor cantidad de recursos

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) informó que, en diciembre de 2024, dio cumplimiento oportuno a los giros realizados a las EPS e IPS, con una ejecución presupuestal de $83,2 billones, recursos con los que se garantizaron los servicios de salud de los afiliados al sistema.

Así se distribuyeron los recursos durante el mes de diciembre de 2024:

— La ADRES trasladó $3,1 billones para el régimen subsidiado, de los cuales giró directamente $2,6 billones a 3.326 IPS y proveedores de servicios y tecnologías en salud, y más de $530 mil millones a las EPS.

— De otro lado, para el régimen contributivo la entidad dispersó $3,6 billones, de los cuales pagó directamente $2,2 billones a 2.925 IPS y proveedores de servicios de salud, y $1,3 billones a las EPS.

— Igualmente, más de $144 mil millones fueron garantizados para el reconocimiento de incapacidades por enfermedad general.

— Esto representa un valor superior a los $45 mil millones para el desarrollo de actividades de promoción y prevención de enfermedades y más $110 mil millones por 12.074 licencias de maternidad, 7.696 de paternidad y 79 fallos de acción de tutela reportados por las EPS.

Datos del giro directo

De los recursos destinados para el sistema de salud en diciembre del año pasado, $4,8 billones se trasladaron directamente a 3.583 clínicas, hospitales y proveedores de servicios de salud postulados por las EPS.

De estos dineros, $2,2 billones fueron para IPS del régimen contributivo y $2,6 billones para IPS del régimen subsidiado.

Es importante destacar durante la vigencia 2024, por giro directo a IPS y proveedores, la ADRES pagó $47,9 billones.

Esto representa un aumento del 116,7 % en comparación con el mismo periodo de 2023, cuando estos recursos ascendieron a $ 22,1 billones.

Top 20 de las que más han recibido

La ADRES reveló el top 20 de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y proveedores de servicios y tecnologías en salud que se beneficiaron en 2024 del giro directo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Se destaca que estas instituciones recibieron el 22,82 % de los recursos entre enero y diciembre de 2024.

• Caja Colombiana de Subsidio Familiar (Colsubsidio)

• Droguerías Cruz Verde

• Clínica Colsanitas

• Caja de Compensación Familiar (Cafam)

• Audifarma

• Fundación Valle del Lili

• Servicios de salud Suramericana

• Helpharma

• Centros Médicos Colsanitas

• Hospital Universitario del Valle ‘Evaristo García’(sede Cartago)

• Instituto Nacional de Cancerología

• Fundación Hospitalaria San Vicente de Paúl

• Disfarma

• Fundación Cardiovascular de Colombia

• Clínica Medilaser

• Clínica de Occidente

• Hospital Pablo Tobón Uribe

• Virrey Solís IPS

• Mired Barranquilla

• Subred Integrada de Servicios de Salud Norte

157 - Nueva herramienta.

En un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional, se presentó oficialmente la Línea Anticorrupción 157. Esta iniciativa busca consolidar un canal efectivo para denunciar actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó que la Línea 157 permite evadir el nivel del riesgo sobre el denunciante.

“Denunciar es un peligro en Colombia, porque se denuncia ante unas instituciones que están cruzadas por la corrupción y el denunciante no sabe con quién habla realmente. Muchos casos en el país se han presentado en donde el denunciante muere después de denunciarlo o es amenazado y esa amenaza, obviamente, proviene de una red, una red que está afuera y adentro del Estado", recalcó.

El mandatario dijo que con la Línea 157 “el denunciante puede ocultar su dato personal si así lo desea", porque “el canal permite una línea paralela a las mismas instituciones que pueden estar en cursos en la corrupción y permite rapidez en cierto sentido".

Asimismo, el mandatario explicó que con “una denuncia hecha por teléfono, por medios telemáticos" el ciudadano no tiene que ir a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde particularmente pierde tiempo en colas, termina cansado y no presenta la denuncia.

“Aquí no solamente se puede allegar una voz que denuncia, sino evidencias, indicios, pruebas, fotos, videos quizás", dijo el presidente, quien agregó que todo este material va a llegar a la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la DIJÍN de la Policía.

Línea 157, un paso crucial contra la corrupción

​Durante el lanzamiento de la Línea 157, Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia, destacó el trabajo interinstitucional detrás de esta herramienta.

“Esta línea es un logro producto de un año de esfuerzo entre la DIJIN y la Secretaría de Transparencia. Queríamos asegurar que fuera consistente y parte integral de los procedimientos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación", señaló.

Idárraga también enfatizó que la Línea 157 es un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024.

Además, informó que el Portal Anticorrupción - https://portal.paco.gov.co/, lanzado previamente, ha crecido exponencialmente en usuarios, alcanzando más de 1,2 millones.

“Esto no significa más corrupción, sino que estamos eliminando barreras para denunciar y facilitando herramientas que fomenten la transparencia", aclaró.

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional, general William René Salamanca, subrayó la instrucción del presidente Petro de combatir la corrupción con contundencia.

“La honestidad se ha convertido en la columna vertebral de nuestro accionar. La Línea 157 es una herramienta segura y eficaz que permitirá a los ciudadanos denunciar actos de corrupción, contribuyendo a transformar el país", afirmó. Salamanca también destacó que este fenómeno erosiona anualmente más de 50 billones de pesos del erario, el equivalente al 10 % del presupuesto nacional.

Corrupción, más de 5 % del PIB mundial

​La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Candice Lee Teufl Welsch, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas en el contexto global.

“Cada año se pagan 1 billón de dólares en sobornos y se roban 2,6 billones mediante corrupción, lo que representa más del 5 % del PIB mundial. La Línea 157 es un hito en Colombia, ya que permite a la ciudadanía denunciar de manera segura y accesible", afirmó.

También destacó la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales para hacer posible este esfuerzo, con apoyo técnico y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

La Línea 157 estará disponible las 24 horas y será operada por personal altamente capacitado de la Policía Nacional. Las denuncias serán canalizadas de manera directa a la Fiscalía General de la Nación, garantizando un seguimiento efectivo.

“El reto es que las denuncias lleguen a una resolución final, para que los ciudadanos no pierdan la confianza en el sistema", añadió Idárraga.

El servicio militar voluntario y los embarazos

Imagen de apoyo

La Sala Sexta de Revisión de Tutelas protegió los derechos fundamentales a la vida, a la salud, a la dignidad humana y al mínimo vital de una mujer que en el año 2021 se incorporó a la Policía Nacional para prestar el servicio militar voluntario como auxiliar de policía. En el 2022, tuvo conocimiento de su estado de embarazo y lo comunicó a la institución. Cuatro meses después, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá emitió una resolución mediante la cual ordenó su desacuartelamiento del servicio, así como a otras auxiliares de policía en estado de gestación, en razón de dicha condición.

La accionante reprochó que, como consecuencia de esa decisión, (i) dejó de percibir la bonificación que recibía y (ii) su hijo, recién nacido, quedó sin cobertura en materia de servicios de salud. Solicitó el reintegro a la institución para culminar la prestación del servicio militar voluntario y la asignación de labores acordes a las recomendaciones del médico tratante.

La Sala protegió los derechos de la accionante al evidenciar que la Policía Nacional (i) no efectuó una interpretación de las normas aplicables a la situación de desacuartelamiento de manera acorde con la especial protección a la maternidad, y (ii) les atribuyó un alcance que no tenían para regular la situación de las mujeres en estado de embarazo, lo que dio lugar a un trato discriminatorio.

Para la Corte, el desacuartelamiento de las mujeres de la prestación del servicio militar debido a su estado de embarazo, con base en la aplicación de las causales de exoneración del servicio militar previstas para los hombres, constituye un factor de discriminación en razón del género por las siguientes razones: (i) el embarazo no constituye “una condición ajena a la voluntad del individuo”. (ii) Las causales de exención o exoneración del servicio militar constituyen una garantía a favor de la persona incorporada a las filas y, específicamente, del menor cuando sobreviene la causal prevista en el literal p) del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017. (iii) En caso de configurarse alguna de esas causales, de conformidad con lo previsto por el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 1861 de 2017, “las personas que se encuentren en una causal de exoneración podrán prestar el servicio militar cuando así lo decidan voluntaria y autónomamente”.

La Corte advirtió que la maternidad no configura, en sí misma, una causal de desacuartelamiento. Por tanto, evidenció que la entidad incurrió en un acto discriminatorio al aplicar, de manera automática, la causal de retiro del servicio que consideraba más ajustada a la protección del recién nacido, “con lo cual impuso a la accionante unas cargas relacionadas a los imaginarios sociales sobre lo que debe ser la maternidad. Además, consideró que las funciones de auxiliar de policía son incompatibles con la maternidad y decidió, de manera unilateral, que esto último era lo que debía prevalecer”.

Por tanto, para resolver el caso concreto, precisó que, si bien el servicio militar otorga a quien lo presta una serie de prestaciones que, de cualquier forma, “no pueden catalogarse como laborales y tampoco se asimilan al régimen a for fait previsto por la ley para soldados profesionales”, el desacuartelamiento generó un impacto negativo en el derecho al mínimo vital de la demandante, dado que el retiro del servicio implicó la suspensión del pago del auxilio económico previsto para el régimen de la Policía Nacional.

Además, la Sala de Revisión llamó la atención sobre el déficit normativo de protección a la mujer gestante que presta el servicio militar voluntario, dado que la Ley 1861 de 2017 y el Decreto 977 de 2018 no incluyen causales ni regulación para la cesación del deber de prestar el servicio por desacuartelamiento relacionadas con la decisión de la mujer de procrear.

Con base en lo anterior, la Corte (i) dejó sin efectos la resolución que ordenó el desacuartelamiento de la accionante, (ii) dispuso reincorporarla por el tiempo restante para finalizar la prestación del servicio militar, si así lo deseaba, en una labor acorde con la condición que dio lugar a la protección ocupacional, (iii) resolvió garantizar la atención en salud tanto para ella como para su hijo, hasta que culminara el periodo del servicio militar restante, esto es, al término de 12 o 18 meses, y (iv) ordenó que se le cancelaran los emolumentos legales dejados de percibir, correspondientes a dicho periodo.

Por último, instó a la Policía Nacional para que se abstuviera de llevar a cabo cualquier actuación que pudiera resultar en tratos discriminatorios contra las mujeres, y exhortó al Congreso de la República para que valorara la conveniencia de revisar y adoptar medidas legislativas relacionadas con la protección de la mujer embarazada que se incorpora a prestar el servicio militar voluntario, que tenga en cuenta la necesidad de eliminar cualquier forma de discriminación y garantizar sus derechos fundamentales, así como los del que está por nacer.

Sentencia T-456 de 2024

M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo

Glosario jurídico:

Régimen de prestación del servicio militar de la Policía Nacional: de acuerdo con el artículo 216 de la Constitución, el servicio militar es un deber de todos los colombianos, que exige tomar las armas para defender la independencia nacional y las instituciones cuando las necesidades públicas así lo exijan.

 

Atención a fallecidos, atención domiciliaria y otras inconsistencias de las EPS

El Ministerio de Salud y Protección Social, en colaboración con la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), realizó en noviembre del año pasado un ejercicio de contrastación para analizar el cálculo del incremento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Cabe recordar que el Gobierno nacional anunció recientemente que el incremento de la UPC para el 2025 será de 5,3 por ciento.

Este análisis reveló inconsistencias significativas en los datos reportados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), con serias implicaciones para la sostenibilidad y transparencia del sistema de salud.

Entre los resultados se encuentra el incremento desmesurado de frecuencias reportadas en ciertos servicios de salud. Por ejemplo, la atención domiciliaria presentó un aumento del 97,8% entre 2022 y 2023, mientras que otros servicios de alta demanda, como radiología y laboratorio clínico, crecieron un 79,7% y un 77,9%, respectivamente. También se observaron incrementos significativos en urgencias (51,1%), hospitalización (39,3%) y cirugía general (24,4%).

Estos aumentos contrastan con una capacidad instalada prácticamente invariable en el mismo período, como lo evidencian datos del Registro de Talento Humano en Salud (RETHUS), que reportó un aumento del 3,1% en el número de médicos generales y un incremento del 3,6% en la capacidad de consultorios de medicina general.

El informe también llamó la atención sobre los servicios relacionados con el cáncer, como la quimioterapia y radioterapia, en los que las frecuencias aumentaron más del 53% entre 2022 y 2023, a pesar de que la incidencia de cáncer solo crece a una tasa promedio del 4% anual en el país.

Estos resultados no solo evidencian inconsistencias en los datos reportados, sino que plantean interrogantes en los reportes de las EPS.

Asimismo, el análisis detectó 23.410 casos de atenciones registradas a personas que figuraban como fallecidas en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), con un costo asociado de 79.838 millones de pesos.

En el análisis de medicamentos, el informe reveló que el 3% de los medicamentos reportados no contaban con registro sanitario válido y que el 23% no se asociaban con compras registradas en el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED).

Estas irregularidades representaron un gasto total que supera los 119 mil millones de pesos. Además, el 5% de los medicamentos superó los precios máximos regulados, lo que generó un costo adicional de 138 mil millones de pesos al sistema.

El informe también reveló la falta de validación de los datos reportados en procedimientos médicos. En algunos casos, los precios superaron hasta un 1.200% los valores de referencia establecidos, generando una variabilidad significativa en los costos reportados por las EPS.

Recomendaciones

Una de las conclusiones del estudio fue que el Ministerio de Salud subrayó la necesidad de implementar una metodología más robusta para el cálculo de la UPC.

Asimismo, entre las recomendaciones se encuentran realizar una depuración estricta de los datos reportados por las EPS, identificar y corregir inconsistencias, y validar la información frente a bases externas como el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS).

El fomento del uso de medicamentos genéricos y biosimilares también se destacó como una estrategia clave, permitiendo ahorros significativos en tratamientos de alto costo.

De la misma manera, el informe insistió en revisar las prácticas de contratación y precios en los servicios médicos y medicamentos, para evitar distorsiones en los costos reportados.

El Ministerio de Salud afirmó que estas medidas son esenciales para garantizar que los recursos del sistema de salud sean utilizados de manera eficiente y transparente, priorizando las necesidades reales de la población. Este ejercicio de contrastación realizado en 2024 representa un paso importante hacia la mejora del sistema y la confianza de los ciudadanos en la gestión de los recursos públicos.

Reglas para las rifas y recursos para la salud.

El presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1486​, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que establece nuevas reglas para la operación de rifas en Colombia.

Esta normativa busca combatir la ilegalidad, especialmente en redes sociales, y fortalecer el control sobre este tipo de juegos de suerte y azar, incrementando las transferencias destinadas a la salud.

Transformación y moderni​zación del sector

El Decreto introduce medidas clave para modernizar y dinamizar el sector, incluyendo la posibilidad de operar rifas a través de plataformas tecnológicas y utilizando Generadores Aleatorios de Números (GNA), herramientas que garantizan la transparencia en los resultados. Asimismo, se habilita la participación de gestores terceros, sean personas naturales o jurídicas, quienes podrán realizar hasta dos rifas mensuales (24 anuales) previa autorización de Coljuegos.

Los gestores deberán pagar un 14 % de los ingresos brutos generados por la venta de boletas, cifra que equivale al total del valor emitido en cada rifa. Este mecanismo no solo asegura el cumplimiento legal, sino que también contribuye significativamente al financiamiento del sistema de salud.

Impacto económ​​ico y social

Con esta reforma, el Gobierno espera aumentar en $70.000 millones anuales las transferencias para la salud provenientes de la operación legal de rifas, una cifra que se suma al billón de pesos transferido en 2024 gracias a los juegos de suerte y azar.

Además, al fortalecer la regulación y adaptar este sector a las tendencias tecnológicas actuales, el Decreto no solo mejora el control sobre las rifas, sino que también incentiva su formalización, disminuyendo significativamente la operación ilegal que afecta la recaudación estatal y pone en riesgo a los consumidores.

​

Un paso hacia la legalidad y la transparencia

Esta iniciativa del Gobierno nacional refleja su compromiso de garantizar condiciones legales óptimas para la operación de rifas, maximizando su impacto social y asegurando que los recursos generados beneficien directamente a la salud de los colombianos.​

Corte ordena a universidad suministrar información sobre hoja de vida de un funcionario en el marco de investigación periodística

En el marco de una investigación periodística, un ciudadano le pidió a una universidad información sobre la hoja de vida académica de un exalumno que actualmente ocupa el cargo de rector en una universidad pública. Sin embargo, la universidad se negó a suministrar esos datos al considerar que solo podían ser entregados con el consentimiento previo, expreso e informado del exalumno. El periodista acudió a la acción de tutela, pues consideró que esto vulneraba sus derechos fundamentales de petición y de acceso a la información, así como sus libertades de expresión y de opinión.

Al analizar el caso, la Corte señaló que el derecho al acceso a la información de quienes ejercen el periodismo cuenta con una protección reforzada, por lo que, antes de negar dicho acceso, es necesario analizar la tensión que existe entre la intimidad del titular de los datos y el derecho al acceso a la información. Para ello, es fundamental valorar cuál es el tipo de información que se solicita y cómo su divulgación puede afectar los derechos fundamentales de la persona.

En el caso concreto, la Sala determinó que la información sobre la formación académica de una persona es pública, por lo que no se encuentra protegida por el derecho al habeas data. En cambio, los datos relacionados con el estatus académico son semiprivados, por lo que deben ser protegidos, salvo que entren en tensión con otros derechos que requieran mayor protección constitucional, como el del acceso a la información en este caso. De allí que no hubiese razón para negar la entrega de información que había sido solicitada por el periodista.

Adicionalmente, la Corte enfatizó que la solicitud de información tenía una protección constitucional reforzada por tres razones: (i) el titular de los datos era un funcionario público que tenía una amplia trayectoría en la vida pública; (ii) la petición se había hecho en el marco de una investigación periodística que buscaba comprobar la veracidad de los logros académicos de varios funcionarios públicos; y (iii) porque era información de relevancia pública al permitir la supervisión ciudadana y la transparencia, y garantizar la rendición de cuentas.

En síntesis, la Corte concluyó que la protección que se le debe dar al derecho de habeas data en este caso es inferior a la que le corresponde al derecho de acceso a la información del periodista accionante, pues no compromete de manera significativa la intimidad del funcionario y, en cambio, representa un beneficio público importante. Por estas razones, la Corte concedió el amparo solicitado y ordenó a la universidad suministrar la información que el periodista había pedido.

El magistrado Juan Carlos Cortés González aclaró el voto en esta decisión.

Sentencia T-454 de 2024

M.P. Natalia Ángel Cabo

Glosario jurídico

Habeas data: es un derecho fundamental autónomo que comprende tres facultades concretas: (i) el derecho a conocer las informaciones que a su titular se refieren; (ii) el derecho a actualizar tales informaciones; y (iii) el derecho a rectificar las informaciones que no correspondan a la verdad.