“Empresas del servicio de aseo deben pensar en el usuario e implementar políticas que protejan el medio ambiente”: Superservicios

 El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos lideró la mesa técnica de trabajo convocada con las empresas prestadoras del servicio de aseo que operan en diferentes regiones del país como: Pacaribe, Servicios Ambientales, Promovalle, PromoCali y Promoambiental Distrito; a las cuales les solicitó implementar las acciones necesarias para disminuir las quejas de los usuarios.

“La vigilancia que ejercemos en esta superintendencia es propositiva, es preventiva, no es solo la sanción, por eso estas reuniones buscan mejorar el servicio para reducir las quejas. Si en estos análisis encontramos cuál es el problema estructural debemos buscar la manera de solucionarlo. Las empresas deben ser conscientes que la prestación de los servicios públicos está cambiando, que viene la política Basura Cero y debemos trabajar en implementar estos modelos que protegen el medio ambiente y ser parte de la economía circular”.

Los principales problemas identificados en la prestación del servicio de aseo están relacionadas con cobros no autorizados, la terminación anticipada de los contratos de condiciones uniformes (CCU) del servicio público de aseo en Jamundí, Valle del Cauca, Flandes, Cundinamarca, y Cartagena, así como la presencia de puntos críticos que impactan la percepción del servicio en las áreas de prestación del servicio en Bogotá, Cartagena y Cali, entre otros.

Por su parte, el delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen, informó que la Superservicios ha adelantado acciones con estas empresas como visitas de inspección, controles tarifarios, requerimientos de información, y la suscripción de un plan de vigilancia especial. “Vamos a continuar con unas mesas de trabajo donde se desarrollen puntualmente las situaciones críticas que se encontraron para cada una de las empresas, y desarrollaremos un proceso estructural para que se mejoren las condiciones del servicio y los usuarios tengan mejores garantías”, puntualizó el funcionario.

De igual manera, se revisó el plan de acción frente al riesgo en la continuidad de la disposición final de residuos para 41 municipios de Cundinamarca y el Tolima por el vencimiento de la autorización ambiental del relleno sanitario Praderas del Magdalena, prevista para octubre de 2024.

La Corte Constitucional protege al Pueblo Motilón Barí

Corte ampara el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Motilón Barí por la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales

La Sala Primera de Revisión estudió una acción de tutela interpuesta por las autoridades tradicionales del pueblo Motilón Barí Ñatubaiyibari en contra del Ministerio del Interior y otras instituciones, en la que reclamaban la protección de su derecho fundamental a la consulta previa.

Las y los accionantes manifestaron que, para el 2019, el Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD PAZ) -autoridad encargada de evaluar, aprobar y priorizar los proyectos financiados con los recursos para la implementación del Acuerdo Final de Paz celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno nacional-, aprobó un proyecto para la optimización del sistema de acueducto y alcantarillado de dos corregimientos del municipio de Convención, Norte de Santander.

Entre las obras que se realizaron se incluyó una planta de tratamiento de aguas residuales que generaba un impacto directo en la vida e integridad del pueblo Motilón Barí quienes, como colectivo, dependen de la quebrada Honduras y del Río de Oro para la pesca, la garantía de su seguridad alimentaria y la realización de actividades comunitarias.

Luego de reiterar las principales reglas sobre el derecho fundamental a la consulta previa señaladas en la Sentencia SU-123 de 2018, la Sala se refirió al derecho de participación de los pueblos indígenas y al enfoque étnico en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y los Planes de Acción de Transformación Regional (PATR).

Al respecto, el tribunal precisó que, conforme la Sentencia C-730 de 2017 -que estudió la constitucionalidad del Decreto 893 de 2017-, el mecanismo especial de consulta consagrado en el artículo 12 del mencionado decreto no puede confundir ni reemplazar el derecho fundamental a la consulta previa en la implementación del Acuerdo Final de Paz. Aunque se trata de una garantía adicional de participación de los pueblos indígenas, esta no excluye de su aplicación el derecho a la consulta previa.

En el caso concreto, la Corte concluyó que las autoridades demandadas no habían garantizado el derecho fundamental a la consulta previa del pueblo Motilón Barí. Lo anterior, aun cuando sus integrantes habían alertado sobre los impactos socioambientales que la construcción de la planta de tratamiento podría tener en el río (el cual es una fuente hídrica representativa para la cosmovisión y subsistencia de esa comunidad, y que ha sido ampliamente reconocida como víctima del conflicto en la región del Catatumbo-).

Específicamente, el tribunal evidenció que el Ministerio del Interior omitió su deber de adelantar los estudios para constatar los impactos que esa obra causaba sobre la cultura Barí y con ello, iniciar el respectivo trámite consultivo a la comunidad. Por el contrario, la cartera ministerial certificó la no presencia de comunidades étnicas en el área de influencia directa del proyecto (pues la delimitación del territorio continúa en definición). Con lo anterior, el Ministerio se apartó del concepto de territorio desarrollado por la jurisprudencia constitucional.

La Sala también encontró vulnerado el derecho fundamental de participación del pueblo Motilón Barí por no haberse protocolizado el mecanismo especial de consulta previsto en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, como una garantía de participación de las comunidades étnicas en el marco de la implementación del punto 1 del Acuerdo Final de Paz. En consecuencia, su ausencia en esta clase de proyectos constituye una vulneración de los derechos de las comunidades étnicas víctimas del conflicto armado.

Sobre esa base, la Corte amparó los derechos fundamentales del pueblo Motilón Barí. Además, ordenó la protocolización del mecanismo especial de consulta regulado en el artículo 12 del Decreto 893 de 2017, y la realización de los estudios tendientes a verificar los posibles impactos que la construcción de la planta pudo tener sobre sus derechos como comunidad indígena. En caso de que se evidenciaran daños a la comunidad, las autoridades deberán restaurarlos, conforme lo establecido en la Sentencia SU-123 de 2018.

Sentencia T-498 de 2023

M.P. Natalia Ángel Cabo

Expediente T-8.605.132

Supersalud realizó intervención forzosa administrativa para administrar Nueva EPS

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​La Superintendencia Nacional de Salud efectuó la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva EPS y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, tras evidenciarse una crítica situación financiera en la que actualmente se encuentra y el creciente incumplimiento con sus usuarios, factores que ponían en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 10.9 millones de personas.

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​​​​​​​​​​​​Esta medida no implica el cierre de servicios de salud, ni el despido de los trabajadores que laboran en las EPS intervenidas (Sanitas y Nueva EPS). Esta medida es preventiva para evitar la liquidación y busca fortalecer las EPS que han sido intervenidas para garantizar y proteger el derecho a la salud de los colombianos y colombianas en todo el territorio nacional”, señaló el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita, y agregó “Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud garantizar que los recursos de la salud lleguen a donde deben llegar y que segundo, el derecho fundamental a la salud se respete”.

​​​​​​​​​​​En el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia encontró un incumplimiento reiterado de las normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, en aspectos tales como: 

1- Se evidenció que la NUEVA EPS SA no cumple con el capital mínimo, ni con las reservas técnicas y tampoco con el régimen de inversiones que las respalda. Estas son condiciones financieras y de solvencia de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS, según lo establecido en el Decreto 780 de 2016.

2- La NUEVA EPS SA ha faltado en la obligación de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. Es así como las deudas con IPS por parte de esa entidad ascendían para noviembre de 2023 a la suma de $1.194.629.869.529, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

3- Se ha constatado una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones en contra de la NUEVA EPS SA, desde el año 2017 con una tasa de 126.43 y al mes de diciembre de 2023, con un total de 1.075.319 reclamos y una tasa de incidencia de 263.61 por cada 10.000 afiliados.

 ​​​​​​​​​​​Este incremento notorio en las quejas, no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la NUEVA EPS SA frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también se evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud ofertados y los efectivamente prestados.

​​​​​​​​​​​La Superintendencia aclara que no se está entrando en un proceso de liquidación de la NUEVA EPS SA; es una intervención forzosa administrativa para administrar y corregir los errores administrativos evidenciados para poder garantizar y proteger el servicio, los recursos y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional.

​​​​​​​​​​​Al tomar el control administrativo, se reitera que toda la población afiliada a la Nueva EPS SA, debe tener la certeza y tranquilidad de que las funciones de la EPS van a continuar con normalidad.

Deudas superiores a los 2 Billones y más de 185 mil reclamos. Causas para intervenir a Sanitas.

Foto: SuperSalud.

La Superintendencia Nacional de Salud efectuó la intervención forzosa administrativa para administrar la EPS Sanitas, y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, luego de evidenciar el estado de su situación financiera, el incumplimiento del indicador patrimonial y el creciente número de quejas de sus usuarios, todo lo cual pone en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 5.7 millones de afiliados.

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​​​​​La información y las situaciones evidenciadas en el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control realizada por la Superintendencia Nacional de Salud a la EPS Sanitas, permite establecer un incumplimiento reiterado de la ley y concretamente de aquellas normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud”, señaló la resolución mediante la cual el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita ordenó, por el término de un año, la medida de intervención forzosa administrativa para administrar esta EPS.Para la Supersalud, es claro que esas situaciones e indicadores de la EPS “se ven directamente reflejadas en la vulneración de los derechos de los afiliados y en el incumplimiento de las funciones indelegables de aseguramiento”.

​​​​​Con corte a diciembre de 2023, la Superintendencia evidenció el incumplimiento de los indicadores de patrimonio adecuado y del régimen de inversiones de reserva técnica.

​​​​​Según la evaluación hecha por la Superintendencia, la EPS Sanitas ha faltado a la obligación de pago con la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud y ese no pago ha incidido particularmente en las condiciones de garantía del derecho a la salud a su población afiliada.

​​​​​A diciembre de 2023, las deudas de esta EPS con las IPS ascendían a 2.04 billones de pesos, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.

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Es importante que toda la población afiliada a esta EPS tenga la certeza de que las funciones de la EPS van a continuar, que no tienen que incurrir en ningún tipo de trámite administrativo o burocrático; que durante todo este proceso se va a garantizar la continuidad de la prestación de servicios tanto para usuarios como para prestadores de servicios de salud. Esta medida se toma con el ánimo de proteger los intereses y la salud de la población así que este mensaje es de tranquilidad, no se está entrando en un proceso de liquidación de la EPS; es una intervención forzosa para poder tomar el control administrativo y corregir algunos de los errores administrativos que venían y poder garantizar y proteger el servicio y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional”, aseguró el Superintendente Luis Carlos Leal. 

​​​​​Alarmante aumento de quejas y tutelas

​​​​​Se constató, así mismo, una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones dirigidas a la EPS Sanitas durante el año 2023, con un total de 185.634 reclamos y una tasa de incidencia de 321.25 por cada 10.000 afiliados, cifra que supera significativamente el promedio nacional.

 ​​​​​Para la Supersalud, este incremento notorio en las quejas no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la EPS frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud prometidos y los efectivamente entregados. Dicha disparidad, sumada a una falta crítica en el cumplimiento de un sistema de gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencia y denuncias y de requerimientos judiciales como tutelas e incidentes de desacato, pone en tela de juicio la eficacia y eficiencia de la EPS en su rol como proveedor de servicios de salud, al no lograr satisfacer las demandas esenciales de atención que son cruciales para el bienestar de sus afiliados, lo que a su vez sugiere una insostenibilidad operativa que compromete su misión fundamental.

​​​​​Los principales motivos de reclamaciones resaltan deficiencias críticas en áreas fundamentales como la asignación y oportunidad de citas y consultas, entrega de tecnologías en salud, y en la autorización y atención de otros servicios de salud.

​​​​​Tales deficiencias son indicativas de una vulneración sistemática de los principios de continuidad, disponibilidad, accesibilidad, y oportunidad en la prestación de servicios de salud, contraviniendo los estándares mínimos establecidos en la legislación vigente. Este escenario refleja, una violación de los derechos básicos de los usuarios.

​​​​​Con la adopción de la medida, la Superintendencia designó como interventor a Duver Vargas para que adelante la toma de posesión de los bienes, haberes y negocios y lleve a cabo el proceso de intervención.

Pacto por la verdad y una Fiscalía que no sea para la venganza: presidente Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro dijo que espera, como jefe de Estado y como ciudadano, que la Fiscalía General de la Nación no se convierta en instrumento de persecución y venganza por razones políticas.

​​El presidente Gustavo Petro propuso u ‘pacto por la verdad’ que permita saber
qué paso en grandes hechos criminales sin usar la justicia como venganza. 

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Durante el acto de posesión de la nueva fiscal General, Luz Adriana Camargo, el mandatario dijo que “ya la he sufrido (la persecución por razones políticas), y que espera es una Fiscalía que le permita a la ciudadanía “que exista justicia”.

“La mayoría de la ciudadanía, en estos temas, desconfía de la eficacia de la justicia”, agregó, tras explicar que esto es lo que genera la percepción de inseguridad, “no tanto que hay delito, pero es más allá: los problemas de la convivencia, los problemas vecinales, la intolerancia incluso dentro de la familia parte la percepción de inseguridad”, afirmó.

“Ahora tenemos esta responsabilidad, Fiscal”, señaló el presidente Petro a la fiscal Camargo. “Yo lo que pediría que hagamos una reforma a la justicia, algo simple, ir a lo fundamental”.

El mandatario propuso, entonces, un pacto por la verdad, donde la Fiscalía General no sea utilizada como instrumento de venganza, pero que sí permita acabar con la impunidad.

Incluso, anunció la Cruz de Boyacá para la Corte Suprema de Justicia que tuvo la valentía de abrir las investigaciones pernales por la llamada ‘parapolítica’.

“A esa Corte Suprema de Justicia que yo conocí hay que darle la Cruz de Boyacá. Esa Corte Suprema de Justicia debe tener la Orden de Boyacá porque hizo algo que es romper la historia y la inercia y abrir el velo de la verdad”.

Fragmentación j​udicial

El jefe de Estado reiteró que para acabar la impunidad se requiere desmantelar la fragmentación de los procesos en tribunales. “El proceso fragmentado en sí mismo, cuando debería ser juzgado como toca, el delito sistemático de lesa humanidad, el genocidio”.

Esa propuesta, que iría al Congreso de la República, “es de concertación, con pocos artículos, unas cuantas hojas tamaño carta, pero es la posibilidad de pasar a otro ámbito de la justicia porque si es la verdad el detonante real de un proceso judicial, yo acepto beneficios jurídicos a cambio de verdad, lo acepto pero que no sea la venganza”, insistió.

Al respecto, consideró que tres décadas después de expedida la Constitución de 1991 “el Estado Social de Derecho es una garantía prometida, puntos suspensivos…”, dijo para referirse a que es una de las fallas de la aplicación de la Carta Fundamental.

Lo que se necesita es algo así cómo no es acercar la norma a la realidad, sino la realidad a la norma en una especie de idealismo jurídico, advirtió.

“No es tanto transformar la norma, es transformar la realidad, y aquí estamos ante esos retos. Cómo transformar la realidad, es mi responsabilidad primera como Presidente de la República”, señaló.

El jefe de Estado también reiteró que al integrar la terna de la que fue elegida la fiscal Camargo, lo hizo pensando no en que la Fiscalía le cuide la espalda.

“Yo hice una terna donde a nadie conocía; me decían amigos familiares, copartidarios ‘no sea bobo y hay que poner a alguien que le cuide la espalda’, Creo que uno de los desastres es que la Fiscalía te cuide la espalda, porque es utilizar la Fiscalía y meterla en la política, y en este caso la justicia para resolver el conflicto político”.

El presidente Petro concluyó que “una terna que garantice que no le va a cuidar la espalda al Presidente, obliga a que el Presidente tiene que ser recto y ético porque se la van a cobrar con cualquier desliz”.

La UNGRD es un desastre desde que se fundó, dijo presidente Gustavo Petro

 El presidente Gustavo Petro aseguró que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “no solo es un desastre de este gobierno, es un desastre desde que se fundó".

Foto: Joel González - Presidencia

 San Marcos, Sucre​, 20 de marzo de 2024.- En sus palabras a los asistentes a la Institución Educativa San Marcos, Sucre​, en el marco del Gobierno con el Pueblo Sur del Caribe, el mandatario afirmó que “a esa entidad se la han robado todos los años; ha generado gente, que se puede contar ya entre los más ricos de Colombia, llevándose el dinero público a través de una contratación directa, porque la ley la creo así y en donde han pasado cada vez más dineros, billones, porque cada vez son más grandes los desastres".

Comentó que hace un año, cuando se registró la emergencia por las inundaciones en La Mojana, dio la orden para que los contratos de las ollas comunitarias para atender “el hambre de la población" fueran adelantados con las Juntas de Acción Comunal.

Manifestó que en los desastres existen “contratistas y políticos que se están robando la plata, eso ya lo sabíamos y, entonces, dijimos: la contratación se hace con la Junta de Acción Comunal y ahora me entero que voltearon la arepa en el camino y que empezaron a hacer lo mismo que la politiquería, y cuando se hace lo mismo que la politiquería, se roban la plata".

“Esto significa, así de simple, que nos traicionaron", enfatizó.

Fondo de Adaptación

​En su intervención, el presidente Petro manifestó que al Fondo de Adaptación hay que “darle toda la seriedad que corresponde en la vida institucional nueva de Colombia alrededor de este tema" del cambio climático.

“El Fondo de Adaptación tiene que encargarse y separarse mucho de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para pensar —aquí el afán no funciona—, y aquí en La Mojana, así que se produce un conflicto entre el afán y pensar la solución", aseguró.

Explicó que “el afán no lleva a la emergencia, la urgencia, rápido, qué hacemos, tapemos Caregato, es lo primero que uno piensa".

“Eso no significa, entonces, atender la emergencia, sino gestionar el riesgo. Mire la palabra: prevenir la emergencia es recoger los muertos, la gestión del riesgo es evitar que la gente se muera", anotó.

Comentó que “pensar y actuar sobre el problema le va a corresponder al Fondo de Adaptación, que dice la ministra de Ambiente y creo que está bien concebido, debe inscribirse en el Ministerio de Ambiente, porque cada vez más, pues es obvio la adaptación a la crisis climática es un problema del ambiente, nos está cambiando el ambiente rápidamente y no para bien".

El mandatario, durante su intervención, anunció que la arquitecta Helga Rivas, quien se encuentra como directora encargada del Fondo de Adaptación desde enero pasado, será la nueva titular de esta entidad.

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La Contraloría identifica proyectos críticos y elefantes blancos por $91.404 millones, en el departamento de Quindío

La Contraloría General de la República han identificado en el departamento del Quindío, nueve (9) proyectos registrados en el Diagnóstico de Elefantes Blancos y Proyectos Críticos que siguen activos, por un valor de $91.404 millones, los cuales están discriminados de la siguiente manera: Cinco (5) proyectos categorizados como elefantes blancos, por un valor de $14.446 millones.

Cuatro (4) proyectos catalogados como críticos, que registran un valor de $76.958 millones.

Dentro del top 3 de proyectos con más cantidad de recursos invertidos en el departamento de Quindío están:El proyecto más costoso es el “COMPLEJO ACUÁTICO”, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Armenia, por un total de $36.489 millones, categorizado como Proyecto crítico en el Sector Deporte y Recreación.

El segundo proyecto con mayor cantidad de recursos comprometidos es el “COLISEO MULTIDEPORTES”, categorizado como Proyecto crítico en el sector Deporte y Recreación por un total de $33.840 millones.

El tercer proyecto con mayor cantidad de recursos comprometidos es el “CENTRO CULTURAL LA ESTACIÓN ARMENIA”, por un total de $4.999 millones del sector de Cultura, categorizado como Elefante Blanco u Obra Inconclusa.

Con el ánimo de rescatar estos proyectos, la CGR abre espacios de diálogo con la finalidad que contratistas, contratantes e interventores, entre otros actores, celebren acuerdos de gestión ante la ciudadanía con miras a terminar los faltantes y entregar las obras para el servicio y beneficio de la comunidad.

La Contraloría acompaña actualmente a la ciudadanía en el seguimiento a varios proyectos estratégicos, que se mencionan a continuación:Frente a la Doble Calzada Calarcá-Cartago, que presenta un avance físico del 56% y financiero del 67%, se han llevado a cabo 10 mesas de diálogo ciudadano y diferentes visitas de campo con todos los actores interesados, con lo cual se ha logrado un avance significativo en la ejecución de la obra, como también, la agilización en la expedición de la licencia de sustracción de una reserva forestal para completar la vía La María-Calarcá.

Respecto la construcción del Coliseo Multideportes en Armenia, proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, la CGR viene apoyando el fortalecimiento de la veeduría ciudadana “por un deporte digno” para que la obra sea una realidad, logrando que se superen los retrasos a los que ha estado sometida esta obra. Actualmente, el Coliseo Multideportes pese a tener un avance físico del 63% y financiero del 72%, la administración departamental incumplió la entrega oficial del proyecto que debió ser puesto en funcionamiento para los Juegos Nacionales del 2023.

Sobre la Institución Educativa la Adíela-Sede la Cecilia, la CGR mediante mesas de seguimiento acompañó para que la Pía Sociedad Salesiana, permitiera ocupar una extensión de terreno por una cuantía aproximada de $6.700 millones, por parte del municipio de Armenia, para la construcción de esta Institución Educativa, la cual fue entregada a finales del 2023.

Respecto a la vía Circasia-Montenegro, la CGR en acompañamiento que se realizó a la veeduría “mejoramiento de la vía Circasia-Montenegro", además de lograr que la obra se entregara a principios del presente año hizo posible la consecución de $6.600 millones para atender un punto crítico denominado “Curva de Versalles”.

Igualmente, la CGR mediante 45 mesas de seguimiento y visitas participó activamente para que se entregaran 13 Instituciones Educativas FFIE por un valor de $99.959 millones, de las cuales 12 fueron nuevas o ampliadas por $99.793 millones y una fue mejorada por $166 millones. En la actualidad estos proyectos se encuentran en la fase de postventa verificando con contratistas e interventores que las obras hayan quedado funcionando debidamente.

La Contraloría apoya y estimula a las administraciones departamental y municipal para que adelanten las acciones administrativas necesarias para culminar todos los proyectos a su cargo y entregarlos a los quindianos. Igualmente, seguirá acompañando a la ciudadanía y abriendo espacios de diálogo para que estos proyectos no se conviertan en elefantes blancos.

En Quindío hay 9 proyectos críticos y elefantes blancos por $91.404 millones. La obra más costosa es el complejo acuático de Armenia por $36.489 millones.

Más información: https://t.co/8JP97OxUw6 #ContraloríaEnLasRegiones pic.twitter.com/2c8wiH9KeA

— Contraloría General (@CGR_Colombia) March 19, 2024

No se firmará un nuevo contrato para elaborar pasaportes y ciudadanía no se verá afectada en su trámite.

El Gobierno del Cambio no firmará el contrato para adjudicar la elaboración de pasaportes con base en la propuesta presentada, informó este martes el ministro de Relaciones Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo.

Ministro de Relaciones Exteriores (e), Luis Gilberto Murillo.
Foto: Juan Diego Cano - Presidencia. -

 “Hemos dicho que no vamos a firmar un nuevo contrato que se haya originado en situaciones que consideramos irregulares”, manifestó el canciller (e) en entrevista con el informativo Avanza el Cambio y confirmó que “la ciudadanía debe estar tranquila, no va a tener ninguna afectación en sus pasaportes”.

Vea la entrevista en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=oS6GdlWZybs

Explicó que en el proceso administrativo iniciado para la elaboración del documento “no se siguieron unos criterios que planteábamos como Gobierno, y es la pluralidad de los oferentes, y obviamente la transparencia y la competencia en este proceso”.

“Se percibe que se hicieron unos pliegos de condiciones que realmente no garantizaron la competencia. Ahí se originó toda la controversia que se vive hoy.

Se dieron unas decisiones administrativas inadecuadas”, precisó el funcionario, y añadió que “en estas condiciones, es un proceso que hay que revisarlo”.

Murillo precisó que la Cancillería elevó consultas a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a Colombia Compra Eficiente.

“Y con base en eso seguiremos el camino para poder garantizar que lleguemos a una solución que sea aceptable y que sea la que más beneficie a los colombianos”, sostuvo.

Por último, indicó que se busca “manejar esto con mucha altura y con mucho respeto a todos los intervinientes”.

Servicios Públicos: quejas de usuarios y viejos problemas, los temas de Superservicios con empresas.

El Grupo Aqualia en el país. La empresa presta servicios a un millón 200 mil habitantes en 33 municipios, incluyendo la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - PTAR El Salitre, en los departamentos de Córdoba, Cundinamarca, Santander, Norte de Santander, La Guajira, Atlántico, Magdalena y Tolima. Tiene dos acueductos en propiedad y 33 concesiones municipales.

 En el mundo: Aqualia es la empresa de gestión del agua participada por el grupo de servicios ciudadanos FCC (51%) y por el fondo ético australiano IFM Investors (49%). La compañía es la cuarta empresa de agua de Europa por población servida y la novena del Mundo, según el último ranking de la publicación Global Water Intelligence (diciembre de 2022).

En la actualidad presta servicio a 43,5 millones de usuarios de 17 países: Argelia, Arabia Saudí, Colombia, Chile, Perú, Egipto, Emiratos Árabes, España, Francia, Italia, México, Omán, Portugal, Qatar, República Checa, Rumanía y Georgia.

Superservicios inició con Aqualia los encuentros con grupos empresariales para resolver problemas en la prestación de servicios públicos

El superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos, inició con el Grupo FCC Aqualia S.A. las mesas de trabajo con los grupos empresariales que prestan servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía y gas en el país. El objetivo de estos encuentros es dar solución a problemas estructurales y reclamaciones recurrentes de usuarios en los territorios donde operan, a través de filiales.

 El superintendente, Dagoberto Quiroga, determinó hacer estos encuentros luego de identificar falencias en la operación y quejas comunes sobre las filiales de los grupos empresariales, durante los diálogos regionales con la ciudadanía realizados en diferentes territorios en 2023. “Hemos identificado problemas de carácter estructural en la calidad y eficiencia de los servicios públicos prestados en capitales y pequeños municipios, así como reclamaciones comunes que requieren una solución integral. Por esto estamos convocando a los directivos de los conglomerados empresariales del sector de servicios públicos para presentar la situación de sus operaciones locales, escuchar sus argumentos y establecer en conjunto decisiones de alto nivel para mejorar las condiciones de prestación de los servicios.”

Para el caso de Aqualia, la Superservicios informó a los representantes del grupo empresarial situaciones críticas como deficiencias en la calidad, continuidad y cobertura de los servicios de acueducto y alcantarillado, cobros por promedio, falta de micromedición y fallas en los canales de atención a las comunidades donde operan. Estas situaciones han originado continuas alertas, inconformidades de la población e incremento en el número de peticiones, quejas y reclamos ante la entidad.

En este encuentro, el director país de Aqualia Colombia, José Ramón Díez-Caballero, explicó las complejidades y realidades de los 32 municipios donde opera, “Presentamos la problemática de la infraestructura que hemos recibido que, en algunos casos es obsoleta, o no existe. Recibimos servicios con problemas históricos de 30 años donde no se ha realizado ninguna inversión, con fallas en continuidad, fallas en presión, en calidad del servicio. Hemos informado al superintendente lo que estamos trabajando, las inversiones que estamos haciendo, los planes de desarrollo y cómo estamos evolucionando todos los servicios para cumplir con las obligaciones contractuales para mejorar el servicio y la calidad de vida de los usuarios”.

Entre los compromisos de este encuentro, se acordaron mesas de trabajo en el corto plazo, para revisar aspectos técnicos y operativos de la prestación del servicio a cargo del Grupo Aqualia en el país.

En esta jornada también participaron por Aqualia, la directora comercial, Ángela Yepes; el director de operaciones, Manuel Ruíz, y el director Jurídico Gabriel Romero, entre otros. Por parte de la Superservicios, asistieron los superintendentes delegados para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, Hugo Guanumen; y para la Protección al Usuario, Ulver Triviño; y sus equipos de trabajo.

‘EPS Sanitas debe garantizar continuidad en la dispensación de medicamentos a usuarios’: Supersalud

Comunicado de pren​sa número 152 de 2023​​

Ulahy Beltrán Superintendente Nacional de Salud.

Bogotá, 31 de octubre de 2023. La Superintendencia Nacional de Salud, ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control y actuando como garante de los derechos de los usuarios se permite indicar que: 

1- Con respecto al comunicado emitido el 30 de octubre de 2023 por la empresa Cruz Verde, en calidad de dispensador de medicamentos e insumos de Sanitas EPS, esta Superintendencia solicita a Sanitas, como responsable del aseguramiento, garantizar la continuidad en los servicios.

En este sentido, se solicita la activación de un plan de contingencia de manera inmediata, que priorice la entrega continua y sin dilación de los medicamentos e insumos médicos requeridos por sus afiliados, donde además difunda ampliamente la información correspondiente a las novedades de entrega de los insumos y medicamentos pendientes.

2- El ente de control viene realizando la verificación del flujo de recursos girados por ADRES con destino al pago de medicamentos y tecnologías de salud, en cumplimiento de sus funciones de inspección y vigilancia con el fin de verificar la destinación especifica y oportuna de los recursos públicos que el Gobierno Nacional ha dispuesto y garantizado para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

3- Con respecto a los reclamos abiertos ante esta Superintendencia por los usuarios de Sanitas EPS a quienes no se les han entregado los medicamentos ordenados, este ente de control informa que está vigilante del cumplimiento de los tiempos establecidos para su entrega, y su incumplimiento acarreará las investigaciones administrativas con fines sancionatorios, si a ello hubiere lugar.

'No vamos a nacionalizar o a acabar con las empresas'. Superintendente de Servicios Públicos

El superintendente Dagoberto Quiroga aseguró que con la reforma a la ley de servicios públicos se buscará darle más dientes a la entidad.

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios espera radicar en septiembre el proyecto de ley que busca reformar la ley que rige el sector desde hace 29 años. Ya hay varios temas definidos.

¿La calidad de los servicios públicos en el país es buena?

El servicio de energía es bueno en términos generales. En agua, hay mucha deficiencia, hay capitales como Santa Marta e Ibagué que no tienen un buen servicio y hay otras partes don­de la corrupción ha deteriorado el servicio, como en Valledupar. En el sector del aseo, lo que uno ve es corrupción. Los oligopolios les están haciendo trampa a los usuarios, están cobrando más de lo que transportan y el Estado ha sido más deficiente en el control.

¿Usted es de la filosofía de no más oligopolios?

No, yo no tengo la filosofía de acabar con los oligo­polios, estoy de acuerdo con una propuesta del pre­sidente Gustavo Petro que es democratizar la prestación de los servicios públicos y legislar para que en­tren nuevas empresas. Para la democratización hay que hacer una ley que facilite inversiones de pequeñas empresas e inversiones de autogestión de comunidades. Se trata de abrir más la libre competencia a las comunidades o a los pequeños empresarios que quieren entrar, esto es democratizar, no es esta tizar.

¿Las empresas están preparadas para el fenómeno de El Niño?

Los comercializadores están muy expuestos a las ventas de energía en bolsa y son los que más sufren por la opción tarifaría, tienen una deuda por cobrar de 6 billones de pesos. Si eso se suma a las consecuencias del fenómeno de El Niño, algunas empresas van a estar en una situación complicada. Hay algunos comercializadores que no van a resistir porque tienen la acreencia de la opción tarifaría, y el Gobierno está viendo cómo les resuelve algo para que tengan plata para comprar energía.

¿Qué está haciendo el Gobierno al respecto?

Se está mirando si con Findeter se les ayuda a re­solver algo. Casi todas las que están en esta situación son electrificadoras del Gobierno.

¿Esto significa que Colombia no podrá superar El Niño sin preocupaciones?

Los cálculos dicen, primero, que el fenómeno de El Niño no va a ser tan fuerte como se pensaba inicialmente. Lo segundo es que si hay apagón no va a ser por falta de energía, sino por situaciones de las empresas. Las térmicas están preparadas.

¿Cuáles serían?

De pronto por saboteos. Nosotros percibimos que cuando se creó ese conflicto entre el Gobierno y las empresas de energía se habló de un eventual apagón, que no era por necesidad sino, de pronto, por presionar al Gobierno. Esto está también dentro de las posibilidades. El saboteo podría venir de algunas empresas. Yo me reúno mucho con los generadores y los comercializadores y hemos hablado de que tenemos que concertar.

Pero las empresas se arriesgan a que las investiguen por eso ...

Yo creo que los problemas se solucionan dialogando, el problema es que hay empresas que ganan y quieren ganar más y más y no ceder. Yo les he dicho a los empresarios que en una concertación todos tienen que poner. El sector privado tiene que ser consciente de que tiene que poner, nadie le está diciendo que no gane porque ellos tienen su negocio y han jugado un papel muy impor­tante en el desarrollo del país, pero ante una eventual crisis, tenemos que poner todos.

¿El Presidente insistirá en asumir las funciones de la Creg?

No se va a hacer. Nosotros lo que queríamos era acelerar un poco las medidas. Antes, la Creg era la que había dejado el anterior gobierno y era muy difícil esperar que se tomaran medidas. Lo que les he dicho a los empresarios es: no se pongan a especular sobre que aquí vamos a nacionalizar o a acabar con las empresas o les vamos a acabar la rentabilidad.

¿Qué incluirá la reforma de la ley de servicios públicos?

El criterio que tenemos en la Superintendencia es que hay que construir sobre lo bien construido, lo que esté bien hay que dejarlo; si es susceptible de mejorar, se mejora, y si hay que cambiarlo, se cambia. El Presidente ha dicho que quiere garantizar un mínimo vital porque los servicios públicos son esenciales. También hay que fortalecer a la Superintendencia porque la mitad del país no tiene un funcionario de la entidad, solo hay siete regionales. Todavía no tenemos claro si se tocará la regulación de la Creg sobre las tarifas de energía, es posible que se toquen, pero no para quitarle las funciones.

¿Aumentarán las sanciones que pueden imponer?

Queremos darle a la Superintendencia más dientes. En el Gobierno pasado se aprobaron unas sanciones drásticas hasta por 100.000 salarios mensuales, pero se cayeron por­que se aprobaron en un Plan Nacional de Desarrollo y la Corte Constitucional no lo avaló. Ahora la sanción máxima que tenemos es de 2.000 salarios mensuales y hay empresas que prefieren pagar ese dinero y seguir cometiendo la misma falla.

¿Cuándo se radicará el proyecto de ley?

Aspiramos a que en muy poco tiempo tengamos el proyecto para someterlo a comentarios y aportes de las empresas o de las mismas organizaciones de usuarios. A milo que me interesa más es presentar un proyecto que realmente llene las expectativas, que ojalá sea concertado para que no tengamos tanta controversia y riesgo de que no se apruebe. Yo aspiro a que la radicación no pase de septiembre.

¿Habrá más ajustes a la tarifa de energía?

Lo que propone el presidente Perro es quitar esa percepción de los generadores de fijar las tarifas a su libre percepción, sino que se evalúe el costo de oportunidad del agua. Nosotros no podemos medir la libre percepción, pero sí podemos medir la energía térmica, que es la más cara y no entendemos por qué oferta a 100 pesos el kilovatio hora en bolsa y una hídrica oferta a 500 pesos. Otra propuesta es que el precio en bolsa no pueda ser más alto que el más alto de las térmicas, porque las térmicas son las que más podrían pedir un costo por kilovatio altísimo y las hídricas tienen un costo más barato.

¿Cuándo estarán listos esos ajustes?

Al ministro (Andrés Camacho) le planteamos la necesidad de que sea urgente porque ahora viene el fenómeno de El Niño y también está la opción tarifaria. Además, la sequía hace que las tarifas suban porque el servicio lo van a atender las térmicas. Eso es preocupante.

DAGOBERTO QUIROGA

Superintendente de Servicios Públicos

Con tecnología y apoyo de empresas de vigilancia, gobierno fortalece la seguridad ciudadana.

El gobierno nacional hará una importante inversión en tecnología para fortalecer la seguridad ciudadana en las grandes ciudades del país, en un trabajo conjunto de la Fuerza Pública con las empresas de vigilancia privadas.

La próxima semana ​se realizará una reunión entre el director de la Policía Nacional, general William Salamanca, y empresas de seguridad privada, para analizar una estrategia encaminada a mejorar la seguridad urbana, para lo cual se realizará una inversión en tecnología del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecón), informó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

“Hay todo un plan para responder a las demandas ciudadanas y especialmente a las amenazas de la delincuencia urbana y rural”, dijo.

La noticia se conoció al término de la reunión del Consejo de Paz y Seguridad Ciudadana, este martes en la Casa de Nariño, liderada por el presidente Gustavo Petro y que contó con la participación de los ministros de Interior y Defensa, el director de la Policía y los altos mandos de las Fuerzas Militares.

El ministro Velasco reveló que en la actualidad se adelantan operaciones ofensivas de la Fuerza Pública “que buscan desarticular estructuras financieras de grupos insurgentes y de bandas criminales (bacrim)”.

“Cuando hay este tipo de ofensivas fuertes, la reacción que ocurre generalmente es tratar de distraer a las fuerzas golpeando por fuera de las zonas en donde están siendo atacadas estas estructuras”.

“¿Cuál es la lógica nuestra? Si nosotros logramos controlar y golpear las estructuras financieras de la insurgencia y de las bandas criminales será mucho más fácil el sometimiento a la justicia y hacer una negociación con ellos. Y en esta lógica, ellos estás reaccionando”, dijo el titular de la cartera del Interior.

“Tenemos que prepararnos, como evidentemente la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada lo están haciendo para evitar el contragolpe de estos grupos delincuenciales”.

En todo el país se está cumpliendo la orden del presidente de la República de retirar a los policías bachilleres de las cabeceras donde hay mayor riesgo y conflicto y de “llevar, estrictamente, profesionales de la Policía para que protejan a la c​iudadanía y eviten ser golpeados”, puntualizó el ministro Velasco.

Grupo Aval y Corficolombiana estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado.

En un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país, estimó Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria que recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.

“Si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”, explicó la directora.

“Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”, agregó.

La justicia estadounidense, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana tras el reconocimiento en ese país de dichos grupos de haber pagado sobornos en Colombia, para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.

“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.

Zamora recordó que, en caso de ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.

La Directora de la entidad que protege a Colombia en materia jurídica también reiteró que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.

“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.

La directora Zamora explicó que los casos de conglomerado económico Aval y Corficolombiana, su despacho tramita la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond, por acciones que afectaron los recursos del Estado colombiano.

Por instrucción del presidente Gustavo Petro, del pasado 15 de agosto, la Cancillería utiliza todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de EE.UU. y de Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”, según dijo, entonces, el Mandatario.

El Jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.

Siendo congresista, el hoy Presidente de la República, realizó sendos debates por el caso Odebrecht y, desde entonces, instó a las autoridades judiciales del país a incorporar los resultados obtenidos en tribunales estadounidenses contra estas compañías por este emblemático caso de corrupción.

Tanto Corficolombiana como Grupo Aval fueron acusadas y sancionadas en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La SEC determinó que Corficolombiana, a través de su expresidente (José Elías Melo) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato en la Ruta del Sol II.

En Colombia, el entonces Superintendnete de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, imputó cargos a Corficolombiana y a Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.

En diciembre de 2016, Odebrecht - hasta entonces una firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que confesó los sobornos.

Boletín preparado con información del Informativo Colombia Hoy Radio, emisión agosto 22 de 2023.

Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas

 Ante un auditorio colmado de participantes nacionales y extranjeros del “Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos”, el presidente, Gustavo Petro Urrego denunció que “Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” por casos de corrupción.

Al cuestionar las razones por las cuales la empresa no ha respondido en Colombia por sus delitos, el mandatario aseguró que no es porque “hayan sido muy astutos; son criminales de una red en este caso, —pues no es que sepamos del narcotráfico–, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”.

“No fue porque se escaparon a tiempo. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el mandatario.

El presidente señaló que los vinculados en los procesos de corrupción que adelantaban las autoridades​ prefirieron salir del país a otras naciones. “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”, anotó.

Debido a que, entre Colombia y Brasil no existía un acuerdo de cooperación judicial, no eran extraditables, dijo al explicar que “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y, sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario”.

El caso de los sobornos

En su intervención, el presidente Petro se refirió a las posibles inconsistencias que se registran en las confesiones contradictorias de los vinculados en los casos de soborno de Odebrecht.

Aseguró que las versiones dadas por los vinculados en los tribunales de justicia de Estados Unidos y Colombia fueron diferentes. Sustentó que el único corrupto del Grupo Aval, hasta hoy, es el señor José Elías Melo, quien confesó que en Colombia pagó sobornos por seis mil millones de pesos, pero en EEUU dice que fueron 26 millones de dólares. Pues alguien miente, afirmó el mandatario.

“El señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó seis mil millones de pesos y allá dicen que fueron 26 millones de dólares, o allá mienten o aquí Melo mintió, luego la justicia no sirvió”, aseguró.

“¿Qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como ponerlos a todos presos y recuperar los dineros y saber a quiénes sobornaron?”, cuestionó el presidente.

“Nosotros no sabemos a quiénes sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios”.

“Los intermediarios, la mayoría, están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata, porque la plata llegó a los del poder político”, concluyó.

Los señalamientos del mandatario se refieren a los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios, para que le dieran vía libre a la adición del proyecto Ocaña-Gamarra (2013) contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II.

Alerta para candidaturas: no hacer cuentas alegres.

Conocer los gastos fijos de endeudamiento, funcionamiento, pasivo contingente y vigencias futuras del municipio o departamento antes de fijar las propuestas de campaña que harán parte de cada programa de gobierno, fueron algunas de las recomendaciones entregadas por expertos a los candidatos que aspiran a ocupar alguna de las alcaldías y gobernaciones en las elecciones regionales de octubre próximo.

DNP.- Las sugerencias fueron hechas dentro del cuarto diálogo de la estrategia del Gobierno Nacional, “Juntos por el Territorio”, liderada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), donde se dieron a conocer algunas claves para crear un efectivo programa de gobierno desde las finanzas públicas.

Carolina Rozo, directora técnica de Descentralización y Fortalecimiento Fiscal del DNP, manifestó: “El programa de gobierno es el primer momento de planificación real, es el punto de partida en una relación democrática entre quienes aspiran a ser gobernantes y las comunidades; y es un instrumento clave para medir la gestión de un alcalde o gobernador”.

Rozo explicó que un plan de gobierno debe permitirles a los candidatos recoger las inquietudes de la comunidad, establecer propuestas de intereses comunitarios y no particulares; conocer cuáles son las fuentes de recursos con las que se cuenta para cumplir con el programa, y tener las bases para armar el programa de desarrollo de cada municipio o departamento.

Por su parte, la secretaria de Hacienda de Cundinamarca, Erika Sabogal, pidió a los candidatos “no hacer cuentas alegres. De los recursos de un municipio o departamento, cerca del 60 % son trasferencias de la nación para temas específicos como educación, salud, y agua potable, entre otros, y cerca del 40 % podría llegar a ser de libre destinación. Aquí se debe mirar qué inflexibilidades hay y cuál sería su destinación para cumplir con las propuestas que hicieron en los programas de gobierno con los que fueron elegidos”.

Para Sabogal, conocer el presupuesto público del municipio o departamento “es tener clara la columna vertebral de cada una de estas entidades territoriales, pues para que se mantenga vigente un gobernante en materia política y de liderazgo, necesita tener claridad financiera y ser excelente ejecutor”.

En representación de los alcaldes en ejercicio estuvo Jorge Iván Osorio del municipio de Génova (Quindío), quien compartió su experiencia y alertó: “¡Pilas! Los programas de gobierno deben ir atados a planes de desarrollo departamental y el Plan Nacional de Desarrollo. Eso es fundamental. No podemos hablar otro idioma. Si no existe esa sinergia en esos tres planes, no logramos absolutamente nada”.

A su turno, Fernando Olivera, asesor de la dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, aconsejó conocer el Kit de Planeación Territorial, una herramienta creada por el DNP para apoyar a los gobiernos municipales y departamentales en la construcción de su Plan de Desarrollo Territorial (PDT). El Kit se compone de una serie de guías orientadoras, acompañadas de formatos, videos explicativos, un conjunto de contenidos de apoyo y una plataforma tecnológica que facilitarán la formulación del PDT 2024-2027.

Olivera resaltó que las fuentes de información que pueden consultar los candidatos para tener cifras fiscales son la misma entidad territorial, las ejecuciones presupuestales que tiene la administración saliente; a nivel nacional está el Kit de Planeación Territorial; los Catálogos de Reporte que está en la página del Ministerio de Hacienda. Los ministerios también tienen información que debe ser consultada para construir los análisis base de los programas de Gobierno.

El próximo diálogo de la estrategia “Juntos por el Territorio” será este martes a las 10:00 a.m., cuyo tema será las “Regalías como instrumento de Bienestar”, trasmitido por el canal de YouTube de Planeación Nacional.​