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Ley de Seguridad Ciudadana: criminalizar la protesta

Crece polémica alrededor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Varios congresistas han criticado la iniciativa. Mayorías en el Congreso aprobaron proyecto de ley que criminaliza la protesta social

Al ser aprobado en la Cámara de Representantes este proyecto de ley de seguridad ciudadana son varios los congresistas que han criticado esta iniciativa. El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Leon Freddy Muñoz, señaló que: “Este proyecto es una respuesta contra los jóvenes que salieron a protestar desde el 28 de abril. Esto le pone una lápida en la espalda a los jóvenes”. 

Con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley “Seguridad ciudadana” para que fuese debatido en época decembrina, en un solo día y en sesión extraordinaria en el Congreso de la República; una iniciativa que busca, en palabras de la Representante María José Pizarro, “revivir el Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Julio César Turbay Ayala”.
«Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo», dijo la Congresista.
Así mismo señaló “Este proyecto de ley tiene un enfoque militarista, guerrerista y represivo”, dijo Pizarro al denunciar que se pretende responder al legítimo derecho a la protesta y a la movilización social con una gran carga de populismo punitivo y criminalización de la protesta social, a través de disposiciones inconstitucionales e inconvenientes:

1. Crea conductas punibles innecesarias y aumento de penas desproporcionadas, que como se ha demostrado NO previenen la ocurrencia de los delitos, generando disposiciones de populismo punitivo.

2. Aumenta la pena máxima de prisión a de 50 a 60 años, implementando así una cadena perpetua de manera indirecta donde el único efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario. El aumento de las penas estaría configurando “un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”, como lo estableció la Corte Constitucional en el análisis de constitucionalidad del acto legislativo que creó la cadena perpetua.

3. Crea disposiciones peligrosas que criminalizan la protesta social y facilitan la judicialización y encarcelamiento de las y los manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado en materia del derecho a la protesta.

4. No se establecen parámetros de prevención de carácter intersectorial, como tampoco soluciones contextualmente pertinentes para contribuir a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad.

Los artículos que se debían eliminar

Habiendo sido negada la proposición de archivo de este proyecto de ley, la Congresista, propuso la eliminación de 16 artículos entre ellos: Art.3, que legitima el uso de la fuerza letal; art. 13, con el que se busca perseguir y judicializar a la ciudadanía, en especial a las comunidades indígenas; art.16, que limita el ejercicio libre de la protesta y de la libertad de expresión, al impedir que las personas que salgan a manifestarse usen elementos que oculten su identidad; art. 18, con el que se quiere legitimar las judicializaciones injustificadas y masivas; art. 20, el que obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social y criminaliza la labor que realizan organizaciones y líderes sociales, entre otros, las cuales fueron negadas por las mayorías del Congreso.

Desde el 2018, venimos alertando y denunciando en debates de control político y mociones de censura cómo las movilizaciones están siendo reprimidas brutalmente, hemos denunciado los patrones de horror generalizados en el manejo de la protesta por parte de la fuerza pública. 
El presidente más joven que ha tenido el país le ha declarado la ‘guerra a las juventudes‘.
Nos oponemos a este proyecto de ley que presentan ante el Congreso a hurtadillas, a escondidas, en el último momento. Con broche de oro cierra el Gobierno de Iván Duque, no son capaces de dar el debate abiertamente”. afirmó María José Pizarro en una de sus intervenciones.


Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó que desde la oposición se va a demandar esta iniciativa.

“Es absolutamente inconveniente, no solamente no responde al llamado de la ciudadanía, sino que con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana introduce populismo punitivo con aumento penas, creación de nuevos delitos, judicializa asuntos que deberían ser únicamente de convivencia”, explicó la representante.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional celebraron esta aprobación e indicaron que está pensado para que quienes atenten contra los derechos de los ciudadanos y hagan daño en bien ajeno asuman su responsabilidad.

Atacan a Firmantes de Paz luego de haber sIdo amenazados.

 

Excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz quienes se encontraban ubicados en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) en los Llanos del Yarí (Meta) y quienes han sido amenazados de muerte se desplazaban hoy 17 de diciembre entre el Meta y el Caquetá.
 Iniciaron el viaje a las 9 a.m., sobre las 10 a.m., en un sector entre La Siembra y La Machaca fueron atacados con ráfagas de fusil, la caravana estaba compuesta por 3 buses y 33 camiones, los Firmantes de Paz y sus familias buscaron refugio en el sector, sobre la una de la tarde no se conocía de victimas o heridos, pero existe preocupación por la suerte de la Concejal Karen Andrea Flórez quien quedó aislada en medio del ataque.

El objetivo de los Firmantes de Paz era llegar al municipio de Doncello (Caquetá) para asentarse y continuar con el proceso de reincorporación. Desde el partido COMUNES elevan la exigencia al gobierno nacional para que asuma medidas efectivas destinadas a proteger la vida de quienes le apostaron al proceso de paz. Al tiempo, alertan a la comunidad internacional sobre el Grave Riesgo para los Firmantes de Paz

REVIVEN PERSONERÍA JURÍDICA DE VERDE OXÍGENO Y SALVACIÓN NACIONAL

La sala tuvo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que le otorgó personería al Nuevo Liberalismo.

CNE revive personerías jurídicas de Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Fotografías Juan Carlos Sierra y Zurek Gómez Abogados.

El Consejo Nacional Electoral, en sala celebrada hoy, otorgó personería jurídica al partido Verde Oxígeno y al Movimiento de Salvación Nacional.

Con ponencia de los magistrados Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y Hernán Penagos Giraldo, quienes asumieron respectivamente los casos, el Tribunal consideró que en ambas actuaciones administrativas se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado, que terminaron con el secuestro de la excandidata Ingrid Betancourt y el magnicidio del también excandidato Álvaro Gómez Hurtado; similares a las vividas por el Partido Nuevo liberalismo, con el asesinato del entonces aspirante presidencial Luis Carlos Galán.

Los magistrados tuvieron en consideración la decisión de la Corte Constitucional, en su sentencia SU-257 del 2021, que ordenó otorgar personería al Nuevo Liberalismo.

Para la sala plena del CNE, se presentaron similares situaciones fácticas, jurídicas y hechos de violencia a las vividas por los miembros del partido Nuevo Liberalismo, respecto de los miembros del movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno, que afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1990 y, por tanto, deben hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.

Con el asesinato de Jhon Mario García Guanga son 160 líderes asesinados en 2021

En este 1 de diciembre, inicio del último mes del 2021, se confirmó que otro líder social fue asesinado en Colombia. Se trata de Jhon Mario García Guanga, quien era un joven indígena Awa y en la actualidad era parte de la Guardia Indígena del resguardo Gran Rosario en Tumaco, Nariño.

De acuerdo a los testimonios, sobre las 3:00 p. m., cuando se encontraba con su esposa, hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta en Guayacaya. Tras conocerse de su secuestro, se preparó una comisión que partió en búsqueda de Jhon Mario, sin embargo, la comunidad confirmó que una hora más tarde el joven fue encontrado asesinado sobre la vía que conduce de Tumaco a Pasto, más específicamente en el corregimiento de Pinde.

La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awa del Pacífico, ORIPAP, rechazó el crimen, «sentimientos rabia e impotencia nos embargan al tener que mirar como asesinan de una forma vil y cobarde a nuestros jóvenes indígenas (…) Que sea nuestra Madre Naturaleza quien cobre el derramamiento de sangre de tantos compañeros y hermanos».

Organizaciones indígenas y de DD.HH., también se unieron al dolor de la Comunidad de Jhon Mario y rechazaron el asesinato, que de acuerdo al registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, suma 160 víctimas en la larga lista de líderes y lideresas asesinadas en nuestro país solo en este años y 1275 desde 2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.

La comunidad también cuestionó la actitud del Gobierno de Iván Duque, pues denuncian que estos asesinatos se dan ante la indiferencia estatal, que ha sido advertida por organizaciones y por Defensoría del Pueblo desde 2018, respecto al riesgo que viven la comunidades Awa por la presencia de grupos armados que quieren hacer control de los cultivos de uso ilícito y causa despojos en la región del pacífico colombiano.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

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