Gobierno explica medidas para proteger estabilidad en precios de la vivienda

​“Los precios de la vivienda deben informarse en pesos colombianos”, indicaron la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, y la ministra de Vivienda, Helga María Ri​vas.

El Ministerio de Vivienda publicó para observaciones ciudadanas el proyecto de decreto que armoniza el tope máximo general de la Vivienda de Interés Social (VIS) en 135 salarios mínimos mensuales legales vigentes, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Esta medida busca evitar alzas desproporcionadas en el precio de la VIS y proteger la planeación financiera de los hogares.

“El proyecto de decreto no constituye un control de precios", explicó la cartera de Vivienda en un comunicado de prensa y sostuvo que “con este instrumento normativo se busca proteger a las familias compradoras".

También reafirmó que, según la normatividad pertinente, el valor total de la vivienda debe pactarse en pesos colombianos desde el inicio del proceso, sin indexaciones automáticas asociadas al incremento anual del salario mínimo.

De esta manera –consideró–, se evitan incrementos abruptos (como los derivados del aumento del salario mínimo del 23 % para la vigencia 2026) y se limita cualquier ajuste a variables relacionadas con los costos de construcción, siempre respetando lo pactado desde la separación, la promesa de compraventa o el encargo fiduciario.

​Comportamientos contrarios al consumidor

Según el Ministerio, la iniciativa ratifica como comportamientos contrarios a los derechos de los consumidores del sector de vivienda los siguientes:

—No fijar el precio en pesos colombianos

—Dilatar la firma de contratos hacia vigencias futuras para trasladar incrementos del salario mínimo.

—Utilizar cláusulas contractuales que generen desequilibrios en perjuicio del comprador.

Recomendaci​​ones

A su vez, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) advirtió que la publicación de precios de vivienda en salarios mínimos u otras unidades distintas a la moneda legal puede inducir a error o confusión, al no reflejar de manera precisa el valor real del inmueble ni permitir una comparación objetiva entre las ofertas del mercado.

“La información sobre precios debe ser comprensible, clara y verificable, de conformidad con el Estatuto del Consumidor", sostuvo la entidad.

En este sentido, Minvivienda y la SIC reiteraron a la ciudadanía que:

—El precio de la vivienda debe informarse en pesos colombianos, de forma clara, completa y precisa. El consumidor solo estará obligado a pagar el valor informado al momento de manifestar su voluntad de compra.

—Los precios informados no pueden modificarse por el solo paso del tiempo, pues ello vulnera el derecho a la información y puede constituir una cláusula abusiva.

—En los contratos de adhesión, cualquier cláusula que genere un desequilibrio injustificado en perjuicio del consumidor es ineficaz de pleno derecho.

El citado proyecto de decreto, que estará en consulta pública hasta el 24 de enero de 2026, se puede consultar en el siguiente enlace

Controles para defender los derechos de los consumidores y evitar abusos por aumento del mínimo vital

La Superintendencia de Industria y Comercio reforzará los controles para garantizar los derechos de los consumidores en todo el país. ​

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció estrictos controles para garantizar los derechos de los consumidores y evitar abusos con el aumento de precios de bienes y servicios, en el marco del incremento del nuevo salario vital.

La entidad de vigilancia y control de precios y medidas informó que, a pesar de que en el país rige un modelo de economía social de mercado, conmina a los actores económicos a actuar “con un sentido lógico y racional en la fijación de las condiciones de comercialización de sus bienes y servicios”.

“El modelo económico colombiano no solo reconoce la libre autonomía, la libre iniciativa privada, la responsabilidad social y empresarial, sino que –además– prohíbe la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”, agrega la SIC.

En este sentido, advierte la autoridad de competencia que “estará atenta a evaluar las distintas denuncias y quejas que puedan surgir en el marco de estas funciones”.

Además, recuerda que el Estatuto del Consumidor indica que “el consumidor se encuentra protegido de toda práctica o comportamiento que implique una afectación a su deber de información, la imposición de cláusulas contractuales abusivas o desequilibradas, la materialización de actos de publicidad engañosa, el incumplimiento en materia de garantías, entre otras”.

La Delegatura de Reglamentos Técnicos y de Metrología, que tiene a su cargo la vigilancia de los distintos regímenes de libertad regulada y de control de precios, anunció que reforzó sus acciones para verificar el cumplimiento normativo en sectores estratégicos, como el régimen de precios de medicamentos y de dispositivos médicos, en el que la SIC vigila actualmente un total de 36 mil productos.

Sector vivienda

De otro lado, frente a las inquietudes que han surgido con los precios de las viviendas de interés social por el aumento del salario mínimo vital, la SIC recordó que mediante Circular No. 4 de 2024, se dieron instrucciones precisas al sector constructor para que en las campañas publicitarias y la fijación de precios de los proyectos de vivienda se haga en pesos colombianos, de conformidad a lo expuesto en el artículo 26 de la Ley 1480 de 2011.

La entidad solicitó información a más de 20 constructoras para determinar las condiciones actuales de comercialización de los proyectos inmobiliarios, y verificar el cumplimiento de estas instrucciones.

Presidente Petro pide a la ciudadanía denunciar a empresas que suban irracionalmente sus precios

En un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro informó que la Superintendencia de Industria y Comercio está monitoreando los aumentos de precios que se registran a comienzos de 2026 en todo el país.

“Se actúa ya investigando con la Superintendencia de Industria y Comercio a toda empresa que subestime irracionalmente sus precios al cliente. La ciudadanía puede denunciar esas empresas a la Superintendencia", precisó el mandatario.

Cabe recordar que Go​bierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, publicó para comentarios un borrador de decreto que establece que el valor de las Viviendas de Interés Social (VIS) debe pactarse en pesos y no en salarios mínimos.

El proyecto de decreto mediante el cual “se establece el tope general del valor de la VIS, se armoniza el régimen reglamentario vigente, se fortalecen los derechos del consumidor y se dictan otras disposiciones" generó la reacción del presidente Petro, que salió a defender el incremento del salario mínimo vital.

En otro mensaje de X, el mandatario defendió el incremento del 22,7% y aseguró que “tiene que ver muy poco" con el valor de la VIS. Incluso, dijo que “indexar el precio de la vivienda por el salario vital" es “una aberración económica".

“¿Qué tiene que ver el valor de la vivienda con el salario vital? Muy poco. Una parte del costo laboral es el salario vital, pero el precio de la vivienda depende de sus materias primas, de los intereses para construir, hoy muy altos, del precio de la tierra. Indexar el precio de la vivienda por el salario vital es una aberración económica", puntualizó el jefe de Estado en su mensaje.

Presunto responsable de atentar contra la vida de su madre en Itagüí (Antioquia) fue asegurado

Por su presunta responsabilidad en lesionar gravemente a su madre, de 75 años, la Fiscalía General de la Nación imputó a David Arango Villada por el delito de homicidio agravado en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron el 30 de diciembre de 2025 en el barrio Triana de Itagüí (Antioquia), donde el presunto agresor, al parecer, ingresó por la ventana a la habitación de su madre y de manera sorpresiva la golpeó en el rostro y lanzó al suelo.

Posteriormente, con un arma cortopunzante le habría propinado varias lesiones en el pecho, la espalda y el tórax.

Mientras la amenazaba de muerte, Arango Villada le habría impedido a la víctima que saliera de la habitación a buscar ayudar. Luego de un descuido del procesado, la mujer logró esconder el arma y salir de su vivienda a pedir auxilio.

La víctima fue atendida en un centro asistencial y recibió una incapacidad médico legal de 20 días

El procesado no aceptó los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y deberá cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Comunicado del Gobierno de Colombia por la defensa de la soberanía y la democracia

Al térmimo de un encuentro realizado en la Casa de Nariño, ministros, viceministros y directores de entidades del Gobierno de Colombia suscribieron un comunicado público dirigido a las naciones del mundo manifestando la soberanía de la nación y haciendo un llamado a la defensa de la vida, la democracia y la soberanía. El comunicado fue leído de manera oficial por la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez.

A los jefes y jefas de Estado y de Gobierno, a sus parlamentos, a los organismos multilaterales, a los pueblos del mundo, a nuestros compatriotas.

​Como es de su conocimiento, el presidente Gustavo Petro y la nación colombiana han sido objeto de una reiterada agresión y de amenaza del Gobierno de los Estados Unidos.

La persecución al señor presidente Gustavo Petro obedece a su liderazgo mundial en la defensa de la soberanía de las naciones, el multilateralismo, el apoyo a la causa palestina, la lucha contra la crisis climática y la búsqueda de la paz mundial.

Por ello, frente a las acusaciones infundadas y juicios que desconocen nuestra historia y nuestros esfuerzos, Colombia no responde con agravios ni con amenazas. Responde con lo que siempre ha reclamado al mundo: la verdad, el respeto y la verificación.

Colombia ha aprendido, a un costo inmenso, que una política antidrogas basada únicamente en la fuerza no da resultados. Por ello se ha construido un nuevo enfoque: perseguir las finanzas criminales, proteger la vida, sustituir las economías ilegales y atender las causas estructurales que alimentan este problema.

En este espíritu, invitamos a todos los Estados del mundo, a los organismos multilaterales y a los países con los que mantenemos relaciones de cooperación a constatar la realidad de nuestro país y a observar directamente nuestros esfuerzos de justicia social, dirigidos por el presidente Petro, orientados a enfrentar la violencia, el narcotráfico y la desigualdad social.

Estos hechos que hoy enfrentan a Colombia, varios países de América Latina y el Caribe y otras regiones del mundo son violatorios del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, no solo están amenazados nuestra nación y su presidente, sino también la paz mundial.

Agradecemos las expresiones de solidaridad y apoyo que hemos recibido. Invitamos a la movilización de los pueblos del mundo en defensa de la vida, la democracia, la soberanía y el respeto a la autodeterminación.

Al pueblo colombiano le decimos: como hijos de Bolívar y de la sangre que hemos derramado por la libertad, respaldamos al presidente Gustavo Petro y defendemos la soberanía nacional y la decisión popular expresada en las urnas para hacer de Colombia la Potencia Mundial de la Vida y el País de la Belleza.

El 8 de enero finaliza la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso de 2026

La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos.

Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.

También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.

A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación

Inscripción de ciudadanos en Colombia

Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Consulte las sedes aquí 

Puntos de inscripción de ciudadanos ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí

Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí

Inscripción de colombianos en el exterior

Virtual: plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (funcional únicamente fuera del país).

Presencial: consulados de Colombia en el exterior.

Presidente Petro participará este miércoles en movilización nacional en plazas públicas por la soberanía y la democracia

El presiden​te Gustavo Petro participará en la movilización nacional del miércoles que se realizará en las plazas públicas del país por la defensa de la soberanía. En octubre del 2025 (foto) se adelantó una concentración con miles de colombianos en la Plaza de Bolívar para rechazar otras amenazas del mandatario estadounidense.

​En su cuenta de la red social X el jefe de Estado anunció que este miércoles 7 de enero, a las 4:00 de la tarde, hablará a los colombianos en una concentración que se va a realizar en la Plaza de Bolívar de Bogotá y en otras plazas públicas del país.

Asimismo, en el mismo post el mandatario instó a los colombianos a izar la Bandera Nacional en defensa de la soberanía. El mensaje aparece acompañado de un video mediante el cual se convoca a la movilización.

“Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. El miércoles nos vemos en todas las plazas de Colombia, a las 4 p.m. Ahora a defender la soberanía nacional", escribió el presidente en X.

“Lleva tu bandera; juntos somos un solo pueblo", dice el mensaje del video al final.

En otro mensaje, el mandatario hace referencia a una reunión de organizaciones sociales realizada en la capital del país, la cual está relacionada con la movilización del miércoles.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!", indicó en X.

La movilización en las plazas públicas del país se realizará en medio de la tensión generada por Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por sus acusaciones contra el jefe de Estado y amenazas contra el país.

En un mensaje publicado este domingo en su cuenta de X, el mandatario colombiano rechazó los señalamientos en su contra proferidas por Trump, a quien le recordó su lucha contra el narcotráfico y por la paz de Colombia, de la región y el mundo.

“Rechazo profundamente que Trump hable sin conocer; mi nombre en 50 años no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico ni de antes ni del presente. Deje de calumniarme, señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha armada y después de la lucha por la paz del pueblo de Colombia", manifestó el Presidente en X.

En 2025: más de $35.700 millones en sanciones a prestadores de servicios públicos

Durante 2025 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso multas por más de $35.715 millones a empresas prestadoras de energía, gas, acueducto, alcantarillado y aseo, tras identificar incumplimientos a la regulación y vulneraciones a los derechos de los usuarios. Las sanciones hacen parte de los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados por la entidad en todo el país.

Felipe Durán Carrón
Superintendente Servicios Públicos Domiciliarios

Energía y gas: más de $21.712 millones en sanciones

En los servicios de energía eléctrica y gas, las multas superaron los $21.000 millones.

En energía eléctrica se impusieron cinco sanciones, incluida una amonestación, y se resolvieron recursos que dejaron multas por $7.594 millones, asociadas a incumplimientos en indicadores de calidad, fallas en la prestación del servicio, vulneración del debido proceso de los usuarios y/o falta de reporte de información al Sistema Único de Información (SUI).

En el sector del gas, se impusieron 12 sanciones que dejaron multas por $14.118 millones. Las principales causales estuvieron relacionadas con incumplimientos en el mercado mayorista de gas natural, fallas técnicas y vulneraciones al debido proceso, así como infracciones en la distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP), combustible de uso doméstico e industrial.

Acueducto, alcantarillado y aseo: más de $14.000 millones en multas

En acueducto y alcantarillado las sanciones superaron los $7.526 millones, sobre todo por no instalar instrumentos de medición del consumo, errores en la facturación, incumplimiento de la metodología tarifaria y fallas en la calidad del agua para consumo humano.

En el servicio de aseo se impusieron sanciones por más de $6.475 millones, relacionadas con incumplimientos técnicos, fallas en la actividad de aprovechamiento, ausencia de permisos ambientales y reportes deficientes al SUI.

En conjunto las multas del sector de acueducto, alcantarillado y aseo ascienden a más de $14.000 millones.

La Superintendencia reiteró que estas actuaciones buscan garantizar el cumplimiento de la regulación vigente y proteger el derecho de la ciudadanía a recibir servicios públicos con calidad, eficiencia y continuidad

Con inscripción de comité promotor, se activa el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, que apoya el Gobierno

​Con la inscripción del Comité Promotor de ciudadanos, comienza el
proceso oficial de recolección de firmas para convocar
 una Asamblea Nacional Constituyente.

“Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo resaltó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar".

Con este paso del Comité Promotor se consolidó el llamado que, desde hace meses, ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuando invitó a los colombianos a ejercer su poder constitucional para acabar con el bloqueo institucional que padece el país.

Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, a nombre del Gobierno, acompañó la radicación del Comité Promotor para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que “a partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia".

La propuesta de convocatoria abre el proceso de recolección de firmas para radicar el pro​yecto de ley en el Congreso de la República que sea elegido en marzo de 2026.

El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.

En este sentido, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del Comité Promotor, aseguró que llegaron a la Registraduría a radicar “el primer proceso de Asamblea Constituyente para convocar a más de 3 millones de personas que firmen el proyecto de ley que va a ser radicado el 20 de julio de 2026, para iniciar una etapa contemporánea de la República y contribuir a la paz y al restablecimiento de una economía en el proceso de descentralización de los territorios".

El líder indígena dijo además que es necesario reconocer los derechos de “15 millones de personas campesinas, de millones de obreros, de cinco millones de personas negras, de dos millones y medio de indígenas de 15 pueblos, de un millón de personas en el exilio. Somos 9 millones de personas víctimas y es necesario iniciar este proceso de constituyente primario y establecer un avance significativo que no se ha logrado superar con las Constitución del 91".

Comentó que hay que “avanzar y consolidar las leyes, avanzar en estos procesos que obstaculizan, como ha sucedido en el momento actual con el parlamento. Necesitamos rebasar eso, legitimar más al pueblo y hacer mucho más presencia, porque haya una economía que salga de esa minoría".

De hecho, en el documento de radicación del Comité Promotor se indicó que la convocatoria a la Asamblea Constituyente “se fundamenta en la necesidad de reformas estructurales en salud, educación, trabajo y economía".

Se indicó además que “la tarea de un estado de bienestar está inconclusa, porque el Estado ha sido permeado por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, ante el incumplimiento sistemático del Estado Social de Derecho y la violación constante de los Derechos Humanos", por lo que consideraron: “Se hace imprescindible un nuevo proceso constituyente".

“Esta iniciativa busca reparar los vacíos en el desarrollo rural y social, garantizando finalmente los derechos fundamentales que la estructura actual no ha logrado proteger", anotó la sustentación.

En materia de fundamentación, la solicitud de inscripción estableció que se soporta en “los artículos 374 y 376 de la Constitución Política de Colombia, así como lo preceptuado en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, los cuales regulan los mecanismos de reforma constitucional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".

Respaldo del Gobierno del Cam​bio

Luego de acompañar la radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, cuando asume el nuevo Congreso de la República que será elegido el 8 de marzo del año entrante.

“Con este Congreso no, porque se ha caracterizado por oponerse a las iniciativas de reformas sociales y ha generado una suerte de bloqueo institucional que ha impedido que las principales reformas que el pueblo colombiano votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, pudiesen tramitarse", explicó el funcionario.

Mientras, es decir desde ahora y hasta el 20 de julio, los promotores y con el acompañamiento de Gobierno, adelantarán una campaña pedagógica y de recolección de firmas.

“Tiene que ser una campaña, porque hay que recoger por lo menos tres millones de firmas, aunque el presidente Petro ha dicho que diez millones de firmas, para inscribir ante la Registraduría", añadió el ministro.

El jefe de la cartera laboral sostuvo que el objeto de convocar la Asamblea Constituyente es para “hacer realidad el Estado Social de Derecho".

“Desde el Gobierno estaremos acompañando este proceso y desde luego estimulándolo, porque nos parece que las reformas sociales no pueden quedarse a mitad de camino, y otras que son necesarias sean realidad. Si el Congreso se muestra incapaz para hacerlo, como ha quedado nuevamente en evidencia, pues le corresponde al pueblo y al poder constituyente garantizar esos cambios y esas reformas que, además, fueron prometidas en la Constitución de 1991 que no se han hecho realidad. Esta constituyente es para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91", afirmó.

En el temario que se radicará el 20 de julio se incluirán las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, como la reforma a la salud, a la justicia, política y otras que serán definidas próximamente, concluyó el ministro Sanguino.

Comienza entrega de recursos del ciclo 12 del programa Jóvenes en Paz

Desde este 24 de diciembre estarán disponibles los recursos correspondientes al ciclo 12 del programa Jóvenes en Paz, como parte de las acciones del Gobierno nacional orientadas al fortalecimiento de oportunidades y procesos de inclusión social para la juventud.

De acuerdo con la información divulgada por Prosperidad Social, los recursos estarán dirigidos a las y los participantes del programa en todo el país, en el marco de las estrategias institucionales para acompañar a jóvenes en condiciones de vulnerabilidad.

Para este ciclo, 15.440 jóvenes recibirán la transferencia correspondiente, como parte del desarrollo del programa Jóvenes en Paz, que busca promover procesos de acompañamiento integral y oportunidades para esta población.

La entidad informó que para la entrega de estos recursos se destinará una inversión de 17.616 millones de pesos, en cumplimiento de los lineamientos establecidos para el funcionamiento del programa.

Prosperidad Social señaló que la disponibilidad de los recursos a partir de este 24 de diciembre hace parte de la continuidad de las acciones del Gobierno nacional dirigidas a la juventud, enfocadas en la inclusión social y el fortalecimiento de trayectorias de vida.

Alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta canasta vital de una familia

​​Alocución presidencial en la qu​e el mandatario habló de
avances en derechos laborales.

 El incremento del salario mínimo deberá garantizar las mejores condiciones de vida a los trabajadores y mantener su poder adquisitivo, tal como lo ordena la Constitución.

​Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro durante una alocución de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026.

Por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital, según lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.

Según la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".

Entre 2019 y 2022, en el gobierno de Iván Duque, el salario mínimo real cayó 1,4 %, mientras que de 2023 a 2025, ya en el Gobierno del presidente Petro subió 17,7 %, es decir, una notoria recuperación del ingreso para millones de trabajadores.

“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %".

En 2022 el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento de 16 %. Después se decretó otra alza de 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025 el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento de 9,54 %.

Con el Gobierno del Cambio, las negociaciones salariales están inclinándose hacia los intereses de los trabajadores, luego de décadas en las que estuvieron dominadas por acuerdos entre élites políticas y económicas.

La expectativa de incremento del salario mínimo de 2025 está en que se mantengan los rangos de los últimos años, que han significado un avance importante en los ingresos y el nivel de vida de 2,2 millones de trabajadores.

Para el Presidente Petro, este año se decidirá sobre el salario vital, que es un cambio fundamentado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución colombiana y las leyes.

Tres millones de personas mayores ingresarán al programa Colombia Mayor a partir del 23 de diciembre.

A partir de este 23 de diciembre, tres millones de personas mayores en todo el país comenzarán a recibir una transferencia mensual de 230.000 pesos a través del programa Colombia Mayor, administrado por Prosperidad Social.

La entrega de los recursos corresponde al ciclo 12 de 2025, que se extenderá hasta el 12 de enero de 2026, y hace parte de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, una transición hacia la Reforma Pensional impulsada por el Gobierno nacional.

Con esta ampliación, se suman nuevos beneficiarios a los 1,7 millones de personas mayores que este año ya reciben el aumento del subsidio, con el objetivo de garantizar un ingreso básico y contribuir a la superación de la pobreza extrema en esta población.

Para este ciclo, se destinarán más de 600.000 millones de pesos, en cumplimiento del CONPES 4176 de 2025 y del compromiso del Gustavo Petro con las personas mayores que no cuentan con pensión.

Los recursos serán entregados por el Banco Agrario de Colombia y su red de aliados. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha y el lugar de la transferencia​, y podrán consultar la información desde el 23 de diciembre en los canales oficiales.

Educación para la paz: el fondo condonable para población víctima del conflicto armado abre sus inscripciones

Llegan nuevas oportunidades para que los colombianos y las colombianas víctimas del conflicto armado accedan a la educación superior con financiación totalmente condonable, gracias al trabajo interinstitucional que impulsa este fondo. Con el propósito de que lo primero sea estudiar y de fortalecer una educación para la paz en los territorios, las personas interesadas en cursar un programa de pregrado en el país, podrán participar de la convocatoria 2026-1 del Fondo para Población Víctima del Conflicto Armado, que estará abierta del 4 al 19 de diciembre.

“Esta es la apuesta de un país que busca consolidar una educación transformadora para la paz en las regiones. Desde las visiones y gestión de cada una de las instituciones que hacen posible este fondo, estamos creando oportunidades reales para que las personas víctimas del conflicto armado estudien en la universidad con crédito 100% condonable. Con opciones pertinentes a sus territorios, le estamos apostando a una formación que promueva la convivencia y la reparación”, manifestó sobre esta convocatoria el presidente de ICETEX, Álvaro Urquijo Gómez.

La etapa de inscripciones está abierta del 4 al 19 de diciembre en el sitio web del ICETEX (www.icetex.gov.co), y la fase de cargue documental cada aspirante lo deberá realizar entre el 5 y 30 de diciembre. Todos los trámites, al igual que cualquier gestión ante el ICETEX, son directos, gratuitos y sin intermediarios, y pueden realizarse desde cualquier municipio del país. El micrositio del fondo, donde se encuentra la información completa y la plataforma de inscripción es https://web.icetex.gov.co/-/poblacion-victima-del-conflicto-armado-en-colombia

¿A quiénes está dirigida la convocatoria 2025-2?

Este programa está dirigido a colombianos/as víctimas del conflicto armado, quienes deben estar incluidos en el Registro Único de Víctimas -RUV-, o ser reconocidos como miembros de esta población afectada en las Sentencias de Justicia y Paz, Restitución de Tierras, Jurisdicción Especial para la Paz o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las y los aspirantes deben estar admitidos o matriculados para el período académico 2026-1, que corresponde al inicio del cubrimiento de este fondo.

¿Qué cubre este crédito condonable?

El fondo destina créditos condonables para estudios de pregrado (niveles técnico profesional, tecnológico o universitario), a partir de cualquier semestre académico que vaya a estudiar el beneficiario/a. El programa cubre por cada semestre gastos de matrícula ordinaria neta hasta por 11 SMMLV y de sostenimiento por 1,5 SMMLV.

Estudiar y aportar a la reparación, los compromisos de los beneficiarios para lograr la condonación

Quienes cursen con el apoyo de este fondo tendrán el beneficio final de condonación del crédito, el cual se otorgará una vez se gradúen del programa financiado y participen en la Estrategia de Acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Construyendo mi Futuro.

Toda la información sobre los requisitos, calendario y paso a paso de inscripción, renovación y condonación del crédito, se puede consultar en el reglamento operativo y texto de la convocatoria, que hacen parte integral del fondo, a través de https://web.icetex.gov.co/-/poblacion-victima-del-conflicto-armado-en-colombia

Corte Constitucional. Vivienda Digna y Adecuada

La Corte enfatizó en que el derecho a la vivienda digna no se restringe a los mecanismos de financiación de la propiedad, sino que se extiende a siete condiciones para su garantía:

- La seguridad jurídica de la tenencia.

- La disponibilidad de servicios, materiales, facilidades e infraestructura.

- Los gastos soportables.

- La habitabilidad.

- La asequibilidad.

- El lugar.

- La adecuación cultural.

Para la Corte, las dimensiones descritas dan cuenta de que el derecho a la vivienda digna no se reduce a la simple existencia de un espacio físico donde habitar, también se extiende a la adecuación y dignidad de ese espacio, es decir, a que cumpla con las condiciones materiales reseñadas. Asimismo, afirmó que una vivienda solo es digna y adecuada, si el espacio habitacional en el que se reside protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano.

En concordancia con lo anterior, la Sala recordó que la Ley 388 de 1997 estableció que los entes territoriales están llamados a identificar las zonas de alto riesgo con el objetivo de que, en el plan de ordenamiento territorial, se implementen mecanismos para la prevención de desastres. En este sentido, la Corte destacó que las obligaciones estatales están directamente asociadas a la faceta de habitabilidad de la vivienda digna.

Para la Sala es claro que, si el espacio físico en el que se reside no ofrece plena protección a sus ocupantes y por el contrario es una fuente de riesgos y amenazas de carácter estructural, existe una violación al derecho fundamental a la vivienda digna que debe ser remediado.

De ese modo, es importante que las intervenciones urbanísticas que desarrollan los municipios estén encaminadas a reforzar la seguridad de los asentamientos humanos y la mejora continua en las condiciones de existencia de la población.

Caso concreto

La Sala Cuarta de Revisión, integrada por los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar, Miguel Polo Rosero y Vladimir Fernández Andrade, quien la preside, amparó el derecho a la vivienda digna de una ciudadana cuya unidad residencial se vio afectada por la ejecución de una obra de pavimentación en las inmediaciones de su hogar.

En el caso concreto, aunque a la Corte no le fue posible definir técnicamente el grado de relación causal entre el proyecto de pavimentación en la zona y la generación de la problemática de agrietamiento y erosión en la casa de la accionante, sí pudo probarse la existencia inminente de un riesgo que el ente territorial estaba llamado a identificar y solventar.

Por otro lado, la Corporación destacó que, desde el punto de vista de la obra de pavimentación, el municipio no podía sustraerse de sus obligaciones constitucionales y legales con fundamento en el cumplimiento del contrato. Sin desmedro de los propósitos del proyecto, la Corte recordó que la acción urbanística debe tender a mejorar y no a empeorar la vida de las personas que residen en su jurisdicción.

En consecuencia, la Corte le ordenó a la Alcaldía Municipal que realice los estudios para establecer la solución más idónea a la problemática identificada en el terreno sobre el cual está erigida la vivienda de la accionante. Aunado a lo anterior le ordenó que, luego de identificar la solución más adecuada, deberá llevarla a cabo entre los seis meses siguientes a la notificación del fallo.

Por último, ordenó al ente territorial que, en caso de observar daños inminentes en la vivienda que comprometan la integridad de la accionante, adelante las gestiones necesarias para orientarla en la búsqueda y obtención de una alternativa de vivienda segura. Al respecto precisó que, en caso de ser necesaria, dicha medida deberá concederse hasta el momento en que la accionante pueda regresar a su lugar de residencia en condiciones de seguridad, o en su defecto acceder a una solución definitiva de vivienda digna.

Sentencia T-393 de 2025

M.P. Vladimir Fernández Andrade

Glosario jurídico

Vivienda digna: “Una vivienda solo es digna y adecuada (…) si el espacio habitacional en el que se reside efectivamente protege a sus moradores de las inclemencias de la naturaleza y de las contingencias del desarrollo urbano”.

Comité Social impulsará la Constituyente

Al dirigirse a los colombianos y colombianas, el jefe de Estado aseguró que el motivo de la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, que se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, era convocar “a toda Colombia, al poder constituyente, no para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar”.

“Queremos recoger dos millones y medio de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del Gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio (de 2026) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, reiteró.

Explicó que no se trata de largos periodos de discusión en un Congreso “que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto”, sino que “tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo”.

“Tres meses, y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia”, anotó.

Aclaró que cuando se instale la Asamblea ya no será presidente de Colombia, pero “lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes, que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana”.

“Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia”, dijo al invitar a los colombianos a que “sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia”.

“Poder constituyente, entonces, un Comité Nacional de fuerzas sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por dos o multiplicado por cuatro”, insistió.

Comentó que espera que tanto las firmas como el proyecto de ley, que contenga todas las reformas que el país requiere, estén listas para radicarlas en el nuevo legislativo “cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia”.

“Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró.

Manifestó que como un ciudadano corriente acudirá a las calles, las plazas, las veredas para que los colombianos voten por sus constituyentes para hacer “las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia”.

“Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones y son de multitudes y son pacíficas”, concluyó.

Gobierno presentó proyecto de ley que convoca a Asamblea Nacional Constituyente

Así lo anunció desde Shanghái (China), el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aseguró que en el texto de la iniciativa se propone que esta Asamblea sea constituida por 71 delegatarios, integrada paritariamente por hombres y mujeres, con espacio para sectores que se proyectan de manera diferente a las clasificaciones binarias sobre el género, propias de la tradición filosófica de occidente.

“Con este proyecto queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro. Es el ciudadano, como lo hicieron los griegos que inventaron en la polis de Atenas la democracia, quien debe decidir su propio destino", dijo el ministro.

A su vez, manifestó que el texto se pondrá a consideración de los sectores sociales, con el propósito de “construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia. A través de la confrontación de argumentos y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país. La Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer gobierno de izquierda de nuestra historia".

En este sentido, el presidente Petro desde su cuenta de X aseguró que “el borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas".

“El texto se presentará al congreso, como ordena la constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano", anotó.

El ministro, por su parte, dijo que con este texto “daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar".

El titular de la cartera se sumó a la invitación que hizo el presidente a los colombianos a la gran marcha para construir la nueva Constitución del Cambio, con el fin de “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso".

El pr​​oyecto​

La iniciativa para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente consta de 11 artículos.

El proyecto de ley “dispone que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente", y plantea en su artículo 3 la reforma total de la Constitución de 1991 y aclara que “no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens (concepto del derecho internacional referente a normas imperativas y obligatorias que no pueden ser derogadas por acuerdos entre Estados), la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales".

En su artículo 4 determina que “la Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses, contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral".

Consulte el texto de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente aquí.

Alimentos para la Vida. Programa para la Seguridad Alimentaria

​​​Mauricio Rodríguez ​Amaya, director de Prosperidad Social

Prosperidad Social inició este viernes la entrega del programa Alimentos para la Vida, estrategia del Gobierno nacional que busca fortalecer la seguridad alimentaria de los hogares más vulnerables del país, al tiempo que apoya a los pequeños productores del campo.

La primera fase de distribución arrancó con la entrega de 311 toneladas de papa a 24.480 hogares en nueve municipios del país. En total, el Ministerio de Agricultura destinó a Prosperidad Social 3.447 toneladas de papa, avaluadas en 4.612 millones de pesos, para que la entidad adelante la focalización, logística y distribución en 80 municipios de Atlántico, Bogotá, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Santander, Quindío y Valle del Cauca.

El programa beneficia a 275.823 hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, priorizados por su situación socioeconómica.

“Por primera vez un gobierno nacional está comprando a productores sus excedentes para llevar alimentos a los más vulnerables. Con esta entrega iniciamos una estrategia solidaria que conecta el trabajo del campo colombiano con los hogares que más lo necesitan. Cada tonelada de papa es fruto del esfuerzo de nuestros campesinos y del compromiso del Gobierno del presidente Petro con la inclusión social y la seguridad alimentaria", señaló Mauricio Rodríguez Amaya, director de Prosperidad Social.

Las primeras entregas se están realizando a través de cuatro gerencias regionales de Prosperidad Social:

Valle del Cauca: Yumbo, Jamundí y Tuluá.

La Guajira: Dibulla y Riohacha.

Magdalena Medio: Barrancabermeja y Puerto Wilches.

Magdalena: Algarrobo y Aracataca.

Esta acción conjunta entre Prosperidad Social y el Ministerio de Agricultura evidencia la apuesta por un modelo agroalimentario sostenible y justo, que dignifica el trabajo campesino y promueve una distribución equitativa de los alimentos en el territorio nacional.

Alimentos para la Vida es además un complemento del programa de Apoyo para el Manejo de Excedentes Estacionales de Pequeños Productores, liderado por el Ministerio de Agricultura, que permite canalizar los excedentes agrícolas hacia familias en situación de inseguridad alimentaria.

Con esta estrategia el Gobierno Nacional reafirma su compromiso con la lucha contra el hambre, la reactivación del campo y la reducción de las desigualdades sociales, bajo un enfoque de solidaridad y economía popular.

Con subsidio para alrededor de 350 gestores comunitarios empieza a operar decreto que concibe el agua como bien común

Con el acceso al subsidio comunitario se han beneficiado 116.000 familias de
estratos 1 y 2. Foto: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

​​Así lo dio a conocer el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el marco del lanzamiento oficial del Decreto 960 de septiembre del 2025, acto que contó con la participación de más de 800 gestores del agua de Antioquia, Atlántico, Caquetá, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Huila, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Quindío, Putumayo, Tolima, Vaupés, Meta, Santander, Boyacá, La Guajira, Arauca, Risaralda y Cundinamarca.

Mediante este Decreto el Gobierno del Cambio reconoce la gestión comunitaria del agua y saneamiento básico como un modelo en el que se concibe el agua como bien común y en el que las comunidades se organizan. Además, a través de procesos participativos, democráticos y de autogestión contribuyen a garantizar el derecho al agua y a proteger las fuentes de las que se abastecen.

Con el acceso al subsidio comunitario se han beneficiado 116.000 familias de estratos 1 y 2. El valor máximo del subsidio por usuario es de hasta 15.853 pesos mensuales y no podrá exceder el 80% del valor total de la factura. El monto se ajusta cada año de acuerdo con el IPC (índice de Precios al Consumidor).

“Hoy abrimos la puerta a los convenios solidarios para que desde el presupuesto de la nación podamos financiar necesidades de los gestores comunitarios, cerca de 12 millones de personas no tienen agua potable y el Estado debe mirar esas organizaciones que les lleva agua para fortalecerlas”, destacó el viceministro de Agua y Saneamiento Básico, Edward Libreros Mamby.

Al respecto, la vocera de la Red Nacional de Acueductos Comunitarios, María Alcira Martínez, destacó que este es un gran paso para garantizar el acceso digno al agua.

“Nuestro compromiso es seguir cuidando los territorios, fortaleciendo la gestión y garantizando que cada gota de agua siga siendo vida. Agradecemos este espacio para dar este paso grande para la regulación en el país. Y hoy todos decimos: Se escribe con agua y se lee democracia”, sostuvo la vocera.

A través de la formulación de esta política pública de gestión comunitaria del agua se reconoce el papel fundamental que representa este modelo para más de 9 millones de personas en todo el territorio nacional.

De hecho, el Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento de Naciones Unidas, Pedro Arrojo Agudo, resaltó que Colombia es un referente mundial frente a esta política de gestión del agua.

“En varias ocasiones he citado a Colombia como un ejemplo a nivel mundial, especialmente a lo que se refiere a la gestión del agua y saneamiento básico rural. Promover una gobernanza democrática del agua, entendida como bien común y no una mercancía, en esos dos frentes, ustedes son maestros y maestras”, recalcó Arrojo.

El Ministerio informó que para la materialización de este decreto se hicieron cuatro talleres regionales en Montería, Villavicencio, Riohacha y Bogotá. Hubo 11 mesas de trabajo con la Comisión de Regulación de Agua Potable y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

‘8,6% es el indicador más bajo de desempleo desde 2001 para un mes de agosto’: DANE

La directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras, destacó que las
industrias manufactureras, construcción y el transporte fueron los
sectores que más empleo generaron en agosto de 2025.​

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó este martes que la Tasa de Desocupación en agosto de 2025 fue del 8,6%, lo que representa una disminución estadísticamente significativa de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,7%).

La directora del DANE, Piedad Urdinola Contreras, dijo en rueda de prensa que el 8,6% es el indicador más bajo de desempleo desde el 2001 para un mes de agosto.

Para el total nacional, la población ocupada aumentó significativamente en 393.000 personas respecto al año anterior, lo que equivale a un 1,7%.

Por ramas de actividad económica, Industrias manufactureras (199.000 personas), Construcción (178.000 personas) y Transporte y almacenamiento (172.000 personas), fueron las ramas de actividad económica con mayores aumentos en el número de ocupados para agosto de 2025.

En contraste, se registró disminución en Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 237.000 personas menos en el número de ocupados.

En comparación con el mes de agosto del año anterior, la población desocupada a nivel nacional presentó una disminución de 265.000 personas.

En cuanto a la brecha de género en la Tasa de Desocupación para el total nacional, se ubicó en 6,7% para los hombres frente al 11,2% de las mujeres.

Para el trimestre junio – agosto 2025 la Tasa de Desocupación nacional fue del 8,7% y la Tasa de Ocupación fue 58,6%; estas tasas presentaron variaciones estadísticamente significativas en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Las ciudades que presentaron mayores tasas de desocupación para este periodo fueron: Quibdó (24,4%) con una diferencia de –1,1 p.p. respecto al mismo periodo del 2024 (25,5%), seguido de Riohacha (14,2%) e Ibagué (12,5%).

En contraste, las ciudades que mostraron menores tasas de desocupación fueron: Medellín A.M. (6,4%), Villavicencio (7,3%) y Cali A.M. (7,8%).

Por otra parte, la proporción de población ocupada informal para agosto de 2025 disminuyó 0,3 p.p. en el total nacional donde se ubicó en 55,7%. Además, se registró un incremento de 0,5 p.p. en las 23 ciudades y áreas metropolitanas al pasar de 42,9% en 2024 a 43,4% en 2025.

La población joven registró una disminución significativa en la Tasa de Desocupación que se ubicó en 14,8% para el trimestre móvil junio – agosto 2025.

Presidente Petro anunció que, para proteger precios, no habrá monopolio en importación del gas natural

El presidente Gu​stavo Petro cuestionó el monopolio en la importación de gas natural.

Así lo reveló el mandatario a través de su cuenta personal de X, donde dijo que esta decisión se basa en lo que establece la Constitución Nacional, por lo que aseguró: “Habrá gas importado por Ecopetrol más barato que el que importaban antes y en competencia".

El jefe de Estado recordó que la “importación de gas natural ha existido hace años y desde anteriores gobiernos", y denunció que “solo hay un punto privado a donde llevan el gas importado y el dueño es el dueño de un diario".

“Creo que han cobrado por ese gas, más que el precio internacional del momento, cómo sucede en todo monopolio privado", dijo al reiterar que “los monopolios privados se prohibieron hace años en la constitución".

Recordó que “el precio de ese gas ha determinado tarifas de energía eléctrica por la fórmula saqueadora que estableció la CREG hace años, remedando el feudalismo en el mercado de la generación eléctrica colombiana y así le han cobrado la energía a todas las empresas y a todos los hogares colombianos".

“Cambié la fórmula de la CREG para bajar todas las tarifas eléctricas, pero solo operará en 2027; si es que no eligen un amigo del dueño del punto de importación del gas", anotó el mandatario.