Reforma Laboral generará 91 mil empleos anuales a partir de su implementación, revela ministro del Trabajo

Foto: César Carrión - Presidencia

“Los cálculos que nosotros tenemos en el Observatorio del Mercado Laboral del Ministerio de Trabajo es que la Reforma Laboral podría estar generando 91 mil nuevos empleos cada año una vez arranque su implementación”.

Así lo reveló este lunes el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, al participar en La Agenda, espacio de la Presidencia de la República en el que participaron 25 medios de comunicación regionales, comunitarios y populares de distintos departamentos del país.

El titular de esta cartera explicó los beneficios que traerá la Reforma Laboral en la que se centrará la Consulta Popular convocada por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, cuya primera gran movilización social se realizará este martes 18 de marzo en todo el país.

El ministro Sanguino manifestó que la Reforma busca corregir las injusticias generadas contra las clases trabajadoras mediante la política neoliberal puesta en marcha por distintos gobiernos, desde la década de 1990, conocida como ‘flexibilización del mercado laboral’, que –dijo– “ha significado el desmantelamiento de derechos adquiridos por los trabajadores”.

Precisó que esta política extendió la jornada laboral diurna hasta las diez de la noche, eximió a los empresarios del pago de recargos por horas extras, dominicales y festivos e impuso restricciones a los derechos de huelga y organización sindical.

Agregó que este modelo neoliberal “entronizó el contrato sindical, que desvirtúa y desnaturaliza el papel de las organizaciones sindicales, ahondó las brechas de género, envileció el trabajo, empobreció el salario de los trabajadores y tercerizó la fuerza laboral, sin resolver los problemas de informalidad”.

“Eso es lo que quiere corregir esta Reforma Laboral”, recalcó Sanguino al explicar que el argumento de los gobernantes que lideraron esas políticas era que “si flexibilizaban el mercado laboral aumentaba el empleo y crecía la economía”.

“Resulta que mientras empobrecían las condiciones laborales de la gente, aumentaba el desempleo y nuestra economía no crecía en los niveles que nos prometían los defensores de estas políticas neoliberales”, sostuvo.

Bloqueo institucional

El ministro del Trabajo reiteró que el bloqueo institucional en la Comisión Séptima del Senado, al pretender hundir irracionalmente la Reforma Laboral, “es un bloqueo contra la gente y no contra el gobierno”.

Enfatizó que “lo que ha hecho una exigua mayoría, porque son ocho de 14 senadores de la República en dicha Comisión, es bloquear una y otra vez estas reformas”.

“Lo hicieron con la Reforma a la Salud, cuya primera versión hundieron, de la misma manera y bajo el mismo modus operandi que están utilizando ahora frente a la Reforma Laboral. No pudieron hacerlo con la Reforma Pensional, a pesar de que lo intentaron. Ahora quieren hacerlo con la Reforma Laboral”, dijo.

Añadió que esos mismos congresistas “se han anticipado a decir, sin siquiera leer el articulado que viene de la Cámara de Representantes, que hundirán la Reforma a la Salud en su segunda versión”.

Manifestó que ante esta situación de bloqueo, como lo prevé la Constitución, “podemos acudir a los mecanismos de la democracia directa y participativa, es decir, a la voz del pueblo, porque el pueblo manda”.

“No vamos a dejar que ocho senadores de la República decidan sobre la suerte de 22 millones de colombianos y colombianas que componen nuestra fuerza laboral”, dijo.

“Como dijo el presidente, este no es ningún devaneo ideológico, este no es un capricho del presidente de la República. Esto nace del corazón de la gente, del clamor de la gente, que se expresó en el paro del 2019 y en el estallido social de 2021 y, por supuesto, en la primera y segunda vuelta presidencial de 2022”, afirmó el ministro Antonio Sanguino.

También es interesante: consultar el ABC de la Reforma Pensional aquí​

Con marchas y Día Cívico, se inicia proceso de Consulta Popular

“El día martes será día cívico porque se inicia la campaña por el sí”, dijo el presidente Gustavo Petro e indicó que la consulta popular se inicia ya y busca beneficiar a más de 30 millones de trabajadores y trabajadoras que necesitan dignidad, no solo a los asalariados sino también a los que no reciben salario.

El jefe de Estado se refirió al tema durante de entrega de la finca Anastasia, de mil hectáreas de tierra, para la ampliación del Resguardo de la Sierra Nevada de Santa Marta en beneficio de las comunidades indígenas.

En su intervención ante mamos y líderes de la comunidad arhuaca, de organizaciones de mujeres rurales y campesinas de la región, el presidente Petro precisó: “Como el martes va a ser la primera gran manifestación en toda Colombia y esperamos que los pueblos indígenas y que las mujeres por la reforma agraria y los usuarios campesinos que quieran tierra en el Caribe salgan sin miedo, el martes será un día cívico”.

“Ningún patrón podrá decir que despide a un trabajador por ir a la defensa de sus propios derechos, porque violará la ley”, enfatizó.

Reiteró que “el martes comienza la consulta popular en Colombia y será día cívico como lo será el día de las elecciones, pero este martes saldremos a las calles, yo primero, a encabezar la manifestación de Bogotá, pero en cada ciudad de Colombia debe haber una manifestación del poder de decidir del pueblo, que no es más que el poder de la decisión sin miedo y sin violencia, con alegría”.

El mandatario recalcó que la Policía Nacional y el Ejército “tienen la orden de no voltear sus fusiles contra el pueblo, mientras no haya violencia, y sin violencia conquistaremos nuestros derechos colectivos, que ya están escritos en la Constitución, como la consulta popular, pero que no se ejercen porque los esclavistas le han mamado gallo a la Constitución de Colombia”.

Sostuvo que “la consulta popular es para apoyar todo el pueblo trabajador de Colombia, hombres, mujeres, jóvenes y viejos, que somos trabajadores, porque yo me considero trabajador. No es solo el trabajador asalariado, la trabajadora que recibe un salario, claro que sí, son la mitad más o menos del pueblo trabajador de Colombia, sino también para el trabajador y la trabajadora que no reciben salario”.

El presidente Petro recordó que, por ejemplo, “los indígenas en general no reciben salario, pero trabajan, llevan el alimento a su comunidad, levantan las casas de acuerdo a su arquitectura y, sobre todo, en función de la humanidad y de la vida, cuidan el agua, cuidan la tierra”, es decir, que trabajan día a día por Colombia.

“El día inicial de la consulta popular empiezan a configurarse los comités del sí, para que el Senado de la República diga sí por mayoría y no le dé la espalda al pueblo, porque o si no ese día se contradeciría completamente”, subrayó.

Consideró, asimismo, que una de las primeras preguntas de la consulta popular debe referirse a que, en términos laborales, el día termina a las 6:00 de la tarde.

“Es decir, que todo trabajo que se realice después de las 6:00 de la tarde, si es asalariado, debe tener un recargo o un sobresalario, porque son horas extras. Lo mismo cuando se trabaja sábado y domingo”, concluyó.

Consulta popular para que el pueblo decida sobre su vida y dignidad

Luego de que ocho senadores hundieran la Reforma Laboral, una de las fundamentales reformas exigidas por la mayoría, tanto en el Estallido Social como en las elecciones del 22, el presidente Gustavo Petro anunció este martes al país la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y de la salud.

“El Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca a una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud”, afirmó el jefe de Estado. “Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario expresó: “Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. Se burlaron de eso”.

El jefe de Estado hizo el anuncio sobre la consulta popular luego de conocer el hundimiento virtual este martes de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado de la​​ República.

El mandatario se refirió al tema inicialmente en una declaración ofrecida a medios de comunicación en la Casa de Nariño y posteriormente en una alocución a los colombianos y colombianas, acompañado por representantes de diferentes sectores sociales, entre ellos trabajadoras, trabajadores, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, mujeres, jóvenes y congresistas.

Reformas fundamentales

“Las reformas que se presentaron al Congreso de la República, tres fundamentales, la pensional, la laboral y la de salud, son la expresión genuina del voto popular por el Presidente de la República en el año 2022. Son el programa de Gobierno que se inscribió en la Registraduría y que tuvo la mayoría electoral de Colombia”, indicó.

En el mismo contexto, manifestó que ese programa de Gobierno “no fue un capricho del Presidente ni un devaneo ideológico”, sino la esencia de lo que el pueblo pidió en el estallido social de 2021 y después en las urnas en el año 2022.

“La fuerza de ese estallido social se calmó con otra fuerza más tranquila, la electoral, que unos meses después se expresó. Lo que le presentamos al Congreso de la República, entonces, es la voluntad mayoritaria del pueblo de Colombia para hacer unos cambios que considera suficientes pero importantes”, recalcó.

Asimismo, el presidente Petro aseveró que el estallido social se originó porque “las condiciones de vida de la población se habían deteriorado profundamente”.

Sostuvo que las promesas de la Ley 100 y la Ley 50, en el sentido de que se iban a lograr los derechos universales y de dignidad del trabajo, no se cumplieron y, al contrario, llevaron a la sociedad colombiana a mayores niveles de pobreza y de desigualdad social.

“Por eso estalló la sociedad y por eso el presidente elegido por esa mayoría de la sociedad presentó al Congreso las reformas para superar esos problemas y garantizar derechos universales fundamentales”, subrayó.

Derecho al trabajo digno

El mandatario explicó que la Reforma Laboral defiende “el derecho a un buen trabajo, a un trabajo digno, estabilidad laboral, a que la trabajadora y el trabajador no sean tratados como esclavos, con jornadas laborales que hoy son las más altas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y con salarios que son de los más bajos de América Latina”.

Además, dijo: “La Reforma Laboral, que ya la mayoría de la Comisión Séptima piensa hundir, lo único que planteaba era que, si había horas extras, trabajo en festivo, se pagara un poco más”.

“Lo único que planteaba era que si una mujer tenía menstruación pudiera tener una licencia laboral como un derecho de la mujer. Lo único que planteaba es que a las mujeres trabajadoras y a los hombres trabajadores no se les contrate por dos meses, tres meses, cuando sus funciones son misionales, sino que se les contrate a término indefinido para garantizar estabilidad laboral y no esclavitud y no acoso laboral y sexual contra las mujeres en las empresas. Lo único que proponía es que los médicos residentes tengan un salario”, resaltó el mandatario.

Sobre la Reforma a la Salud, recalcó que esta busca que los médicos vayan a donde no llegan nunca, y que sean reparados los puestos de salud y los hospitales en donde vive la mayor parte de colombianos en condiciones deplorables.

De la misma forma, se refirió a la Reforma Pensional, sobre la cual manifestó que esta busca que tres millones de adultos mayores que andan en las calles reciban un bono pensional.

Bloqueo institucional

Senadores que hundieron la Reforma Laboral

“Sobre estas tres reformas la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022 y nosotros creemos que ese bloqueo institucional hay que superarlo si queremos democracia y paz en este país”, enfatizó el presidente Petro.

“Democracia y paz significa derechos para las personas, no esclavitud; significa salud para las personas, no business; significa pensión para los viejos y no que se mueran de hambre. Eso es democracia y eso es paz”, destacó.

También hizo énfasis en los beneficios que incluye la Reforma Laboral para los aprendices del SENA.

“Lo único que proponía es que los contratos de aprendiz del joven en su primer empleo tengan un salario justo y no explotación”.

El jefe de Estado agregó que la Comisión Séptima de la Senado​ “ha querido hundir” la Reforma Laboral “con engaños”.

Gobierno no dará marcha atrás en reformas

En ese orden de ideas, el jefe de Estado declaró que “el país tiene que seguir adelante y con esperanza y con paz, con alegría. La esperanza es fundamental y por eso este gobierno no va a dar marcha atrás en las reformas, pero sin bobería, porque ya sabemos que las hunden cada vez que presentemos las reformas, porque más vale el billete que la identidad y la orden constitucional de legislar a favor del interés general”.

Movilización popular

El presidente Petro, asimismo, se refirió a la necesidad de que el pueblo colombiano salga a las calles a defender las reformas por las cuales lo eligió como jefe de Estado.

“Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución”, enfatizó.

El presidente Petro invitó a los colombianos a apoyar la consulta popular: “Nos hemos matado por generaciones. Es el momento de la paz, y en el momento de la paz sus páginas las escribe el pueblo de Colombia con su voluntad de decidir. Así que bienvenidos a la consulta popular para las reformas sociales y bienvenido el pueblo de Colombia en las calles de toda Colombia”.

Dónde se van a celebrar los Juegos Intercolegiados

Con el fin de democratizar la práctica deportiva y la realización de eventos multideportivos en todas las regiones del país, el Ministerio del Deporte abrió la convocatoria para que las ciudades y municipios presenten sus postulaciones y alberguen las fases regionales y final nacional de los Juegos Intercolegiados Nacionales.

El proceso podrá ser consultado en la página web del programa www.juegosintercolegiados.gov.co, así como los requisitos mínimos, condiciones y documentación. El plazo de postulación vence el próximo 10 de abril.

Los Juegos Intercolegiados 2025, se desarrollarán en cinco fases: municipal, departamental, regional, final nacional y fase internacional, podrán participar niñas, niños y jóvenes escolarizados, entre los 7 y los 17 años de edad, en las categorías festivales escolares, preinfantil, infantil, prejuvenil y juvenil.

Para esta edición, el máximo evento del deporte escolar del país contempla 33 modalidades deportivas (19 individuales y 14 de conjunto), así como siete (7) Para deportes, tres (3) mini deportes y festivales escolares.

Las competencias individuales estarán compuestas por actividades subacuáticas, ajedrez, atletismo, bádminton, boxeo, ciclismo, esgrima, gimnasia, judo, karate, levantamiento de pesas, lucha, natación, patinaje, taekwondo, tejo, tenis de campo, tenis de mesa, y triatlón. Los para deportes serán; boccia, para natación, para atletismo, paracycling, tenis en silla de ruedas, para tenis de mesa y para bádminton.

Los deportes de conjunto serán baloncesto, baloncesto 3x3, balonmano, béisbol, fútbol, fútbol de salón, futsal, mini baloncesto, mini fútbol sala, mini voleibol, porrismo, rugby, sóftbol y voleibol.

Se busca con esta convocatoria abierta, que los Entes Deportivos Departamentales y las entidades territoriales, se articulen y puedan postular sus ciudades, ratificando el poder democrático del deporte y la importancia de trabajar por la dinamización de la economía en todos los rincones de Colombia.

La meta de inscritos para esta vigencia es de 578 mil deportistas provenientes de 9.600 Instituciones Educativas, una verdadera revolución por la vida que impacta positivamente a la niñez y juventud de los 32 departamentos.

Gobierno nacional honra a mujeres lideresas con más de mil indemnizaciones

Foto: Unidad para las Víctimas

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Gobierno nacional, a través de la Unidad para las Víctimas, organizó el Encuentro nacional de mujeres lideresas, organizaciones sociales, movimientos y mesas de víctimas.

En este espacio, que reunió a 10.000 mujeres de distintas regiones del país, se destacó la valentía y resiliencia de quienes han sido fundamentales para la reconstrucción del tejido social y la consolidación de la paz en Colombia.

Durante el evento, se entregaron 1.007 cartas de indemnización a mujeres víctimas del conflicto armado en la región Caribe, con una inversión total de $ 5.956 millones.

Las beneficiarias, provenientes de Atlántico, Bolívar, Cesar, Cundinamarca, Magdalena y Sucre, recibieron este apoyo como parte del compromiso estatal con la reparación integral.

Yesenia Pérez Otero, directora Territorial Atlántico de la Unidad para las Víctimas, resaltó la importancia del encuentro. "Cuando las mujeres han sido desplazadas o violentadas, han llegado a territorios donde otras mujeres las han acogido para reconstruir juntas el tejido social”, indicó.

El evento también incluyó una feria con 35 emprendimientos liderados por mujeres y servicios de entidades públicas, impulsando la autonomía económica de las participantes.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani Fonrodona, expresó: “Colombia es Mujer. En nuestro país el trabajo de las mujeres ha sido fundamental para reconstruir los pedazos rotos de una historia fragmentada. Las mujeres hemos contenido la fractura de nuestros núcleos familiares, cuidamos a nuestros padres, le hablamos al oído a nuestros compañeros", dijo.

Por su parte, Wilmer Leal, director del Fondo Colombia en Paz, destacó la articulación institucional para llevar proyectos liderados por mujeres a los territorios más afectados por la violencia.

"La Unidad para las Víctimas viene articulando con entidades como el Fondo Colombia en Paz para que muchos proyectos puedan llegar a los territorios y sean liderados por mujeres víctimas resilientes”, expresó.

El Estado colombiano tiene una deuda histórica con las víctimas del conflicto armado. A corte del 1 de marzo de 2025, el Registro Único de Víctimas (RUV) reporta 9,8 millones víctimas registradas, de las cuales 5,2 millones son mujeres. Desde 1997 (Ley 387 de 1997) a marzo de 2024, se han pagado 1,8 millones indemnizaciones, con una inversión de más de 13,3 billones de pesos.

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ha indemnizado a la mayor cantidad de mujeres en toda la historia de la política de víctimas: 242.723 indemnizaciones.

El Gobierno del Cambio reitera su compromiso de seguir trabajando para garantizar los derechos de las víctimas, promoviendo espacios de reconocimiento, memoria y construcción de un país libre de violencia, con las mujeres como protagonistas de la transformación social.

Gobierno comprará la sobreproducción de arroz a los pequeños y medianos productores del sector, anuncia el presidente Petro

Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

“Toda la política pública de mi Gobierno es de ayuda agropecuaria para medianos y pequeños productores agroalimentarios y campesinos sin tierra. Se comprará directamente a pequeños y medianos arroceros la sobreproducción de arroz”.

Así lo anunció este miércoles el presidente Gustavo Petro Urrego a través de su cuenta de la red social X, con el fin de enfrentar la situación que se registra en el país por la movilización de los arroceros como consecuencia del precio del cereal.

Al respecto, el jefe de Estado anuncio que, además, de comprar la sobreproducción de arroz, el Gobierno también apoyará la asociatividad en el sector. “Buscaremos su organización cooperativa para instalar molinos de su propiedad. No se puede constitucionalmente ayudar a grandes molineros intermediarios, a menos que exporten sus excedentes”, escribió el mandatario.

Sobre el particular, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, destacó que el Gobierno ha estado abierto al diálogo y que desde septiembre del 2024 se instaló una mesa de trabajo con todos los actores de la cadena arrocera para atender la situación del sector.

“A quienes hoy están en la movilización en el Tolima y el Huila los hemos recibido. Tuvimos una reunión con la mesa el 3 de febrero en la ciudad de Bogotá, liderada por la viceministra de Asuntos Agropecuarios. Hemos atendido de manera diferenciada la situación de los arroceros de Norte de Santander, en el Meta, Casanare, Tolima y Huila. Estuvimos el 6 de febrero en Casanare hablando con los productores que van a iniciar el ciclo de cosecha”, dijo la ministra.

Asimismo, indicó que la semana pasada se instaló el Consejo Nacional del Arroz y se definió una ruta de trabajo. Resaltó que en las mesas de técnicas han participado voceros de Fedearroz, Induarroz, Femoarroz, asociaciones de productores y delegados de Dignidad Arrocera.

“No los hemos desatendido (a los arroceros) y estaremos en la mesa hasta encontrar la ruta”, recalcó la ministra en medios de comunicación.

Mesa de diálogo con arroceros en Espinal

En la tarde de este miércoles, el ministerio de Agricultura, a través de su cuenta de la red social X, indicó: “Continuamos trabajando con los actores de la cadena arrocera para definir mecanismos que permitan movilizar inventarios y atender la situación actual del precio del arroz”.

Además, la cartera del agro colombiano manifestó que en Espinal (Tolima) hay diálogos entre delegados de Dignidad Arrocera y representantes de Induarroz con la viceministra de Asuntos Agropecuarios, Geidy Ortega, “sobre el precio de la carga y la necesidad de movilizar inventario, entre otros temas”.

En la mesa, en la que también participan delegados de los ministerios de Ambiente y del Interior, está el viceministro para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos, Gabriel Rondón Olave, quien en su cuenta de X, escribió que “estamos buscando el consenso en temas que superen las problemáticas del gremio arrocero en toda la cadena”.

Rondón recalcó que en la mesa de diálogo que se adelanta en Espinal participan arroceros del Tolima, Meta, Huila, Casanare y Sucre, entre otros.

Mincomercio inauguró la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo destacó la visión y el deseo de
contribuir que tienen las emprendedoras colombianas.

El Ministro de Comercio, Industria y Turismo inauguró, este lunes, la primera edición de la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino que busca resaltar y fomentar las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, en un encuentro denominado “Mujeres con Propósito y Visión: Emprendimiento con Impacto”, en el que se expusieron casos de éxito y se brindaron testimonios de reconocidas empresarias y emprendedoras del país.

“Favorecer el emprendimiento femenino no solo es socialmente justo e igualitario, sino que es importante para la eficiencia económica. Reconocemos la visión y el deseo de contribuir que tienen nuestras emprendedoras colombianas para así construir una Colombia más prospera; esa es la economía que estamos desarrollando.”, puntualizó el ministro Reyes durante su intervención.

En este evento también se presentó el informe “Mujeres Empresarias: Retos, Oportunidades y el Impacto en la Dinámica Empresarial” realizado por Confecámaras de la mano de Yeinni Patiño, vicepresidente de Competitividad y Cooperación de esa organización, del cual se destaca el creciente liderazgo femenino en el mundo empresarial, con el 46% de las empresas en Colombia lideradas por mujeres, consolidando su papel en la transformación económica del país.

Además, el 41% de las mujeres emprende en busca de autonomía financiera y flexibilidad, demostrando su capacidad de innovación y adaptación. Su impacto también se refleja en la movilidad empresarial, ya que el 33% de las empresas que logran crecer y avanzar en el mercado cuentan con una mujer como representante legal.

Asimismo, se resalta su aporte al empleo, pues las empresas lideradas por mujeres generan más de 942.000 empleos en el país, fortaleciendo las oportunidades laborales y contribuyendo al bienestar de miles de familias colombianas. Estos datos reflejan una realidad poderosa: las mujeres están impulsando el desarrollo empresarial y cuentan con un enorme potencial para seguir creciendo y generando impacto.

Sello Creo En Ti

Este sello, que se encuentra en formulación y entraría en funcionamiento a mediados de 2025 (reglamentado en el Decreto 761 de 2022), tiene como objetivo generar incentivos para la formalización y fortalecimiento de mipymes lideradas por mujeres en situación de vulnerabilidad.

Aquellas empresas reconocidas con esta insignia recibirán beneficios como la exposición de su marca, acompañamiento técnico, acceso a instrumentos o programas y otros incentivos que aún están en proceso de definición.

Una vez puesta en marcha esta iniciativa, se dará a conocer públicamente el procedimiento para la participación y obtención del sello que busca continuar fortaleciendo a las mujeres empresarias y emprendedoras del país.

'Las tarifas de energía que hoy nos cobran en Colombia son ilegales', aseguró el presidente Petro

Barranquilla, 30 de enero de 2025.- “Hoy puedo decir con toda propiedad que las tarifas de energía eléctrica que en este momento se están cobrando a cada familia y a cada empresa de Colombia son ilegales”, afirmó el presidente Gustavo Petro, durante la ‘Movilización por la Democracia Energética’ en Barranquilla.

El mandatario explicó que la fórmula que se ha venido aplicando para fijar las tarifas de la energía viene desde hace 30 años, pues es aprobada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), “una instancia de comisionados y comisionadas que nombra el presidente, pero que vienen de las generadoras privadas”.

Esa fórmula, dijo, “es una manera que ha estado amañada a los grandes intereses de quienes viven y amasan enormes fortunas anuales de la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica en Colombia”.

Y es tan compleja, añadió, que es para que el pueblo no la entienda. “La hacen difícil para que el pueblo del común no logre entender por qué la energía en la costa Caribe, la tierra del sol, termina siendo dos o tres veces más cara que en Bogotá o en Cali, por qué siendo Colombia un país con tanta agua, con tanto sol, paga las tarifas eléctricas más caras de América”, aseguró.

Según el mandatario, la Constitución establece que la energía debe reflejar el costo de producción y una ganancia normal, “pero están ganando una renta que puede ser 10 y 15 veces más que una ganancia normal en Colombia, porque la fórmula de sus matemáticas así lo garantiza”.

Incluso, sostuvo que en los últimos cinco años, cada colombiano y cada empresa, pequeña o grande, ha pagado hasta diez veces más de lo debido, rompiendo la Constitución y la ley.

“Nos han estafado, esa es la palabra, la estafa son miles de millones de dólares cada año, son billones de pesos que nos han robado”, señaló.

La ‘fórmula mágica’

El jefe de Estado aseguró que en Colombia solo hay seis generadoras y dos de transmisión que son públicas, además de las empresas distribuidoras y comercializadoras.

En esa cadena, dijo, un kilovatio de energía eléctrica que debería costar entre $ 100 y $ 120, termina costando, a veces, más de $ 1.300: “ni la cocaína tiene esa rentabilidad en Colombia”, afirmó.

Y eso se debe a que “la CREG hizo la fórmula con el único objetivo de estafar al usuario que tendría una tarifa más baja, para llenar los bolsillos de los seis grandes generadores de energía eléctrica de Colombia”.

Las medidas

Con ese panorama, el mandatario invitó a defender la nueva fórmula que diseñó el Gobierno nacional desde y que fue aprobada el 18 de diciembre pasado, pues dijo que las otras alternativas no han funcionado.

Se refirió a la suspensión del decreto presidencial que buscaba bajar las tarifas de energía; a las trabas que ha tenido el Gobierno para nombrar comisionados en la CREG y al lobby que han ejercido las empresas del sector.

A esto agregó el presidente Petro que los comisionados de la empresa XM, operadora del mercado de energía, se eligen entre ellos mismos. “¿Entonces, a quién obedecen? ¿A quién pertenecen? ¿Dónde está el servicio público? ¿Dónde están las facultades de control, de regulación y vigilancia que la Constitución le da al presidente de la República?”, se preguntó.

Y se respondió: “Quien aplica la fórmula de la CREG es XM. Entonces, resulta que su junta directiva no la elige nadie del pueblo, nadie del Congreso, nadie del poder judicial, nadie del poder legislativo, sino que se eligen entre ellos”.

Por eso, el jefe de Estado le dijo al Superintendente de Servicios Públicos: “Usted es delegado de las funciones constitucionales del presidente de la República, usted debe utilizar las competencias presidenciales para que XM aplique la fórmula expedida por la CREG y no la vieja”.

Al ministro de Minas y Energía, el mandatario le pidió que “negocie, siéntese a negociar con ellos (los generadores), pero que no me digan que solo van a aplicar la nueva fórmula en el año 2028. Si quieren mantenernos en este feudalismo, que es inconstitucional e ilegal, usted tiene un decreto en sus manos”.

Y al pueblo barranquillero le pidió “no perder el impulso. Hay que seguir adelante. Que sean 500 mil personas, un millón de personas en toda Colombia que salgan a las calles. Hay que volver esta realidad una factura”, sostuvo.

La basura en el gobierno.

Con una inversión que supera los 27 mil millones de pesos, el Gobierno ya desarrolla seis proyectos del programa ‘Basura Cero’ en el país, que benefician a más de 336 mil personas de los departamentos de Bolívar, Boyacá, Guainía, Norte de Santander, Vaupés y Vichada.

El proyecto, que es liderado por el Ministerio de Vivienda, se basa en un acompañamiento a las entidades territoriales en articulación con las comunidades organizadas y organizaciones de recicladores de oficio.

Según se indicó, este acompañamiento ha permitido tener un proyecto con concepto viable para el municipio de Nuquí, Chocó, por un valor de $ 1.960 millones de pesos, que son financiados con recursos 100 % de la nación; un proyecto con concepto técnico favorable en La Mojana sucreña para la gestión integral de los residuos sólidos por valor de $ 24.715 millones de pesos; 4 proyectos en trámite de evaluación para los municipios de Acandí, Bahía Solano (Chocó), La Ceja (Antioquia) y Arauquita (Arauca) por valor $65.505 millones de pesos.

Como complemento a la gestión de los residuos sólidos, por el mecanismo de viabilización del Ministerio, en lo acumulado del Gobierno del Cambio, se han terminado obras de 14 proyectos convencionales de aseo en zonas urbanas por un valor total de $ 34.728 millones, de los cuales $ 24.442 son aportados por la nación y dichos proyectos están ubicados en 8 departamentos del país.

Así mismo, se tienen 33 proyectos en proceso de viabilización de proyectos no convencionales de aseo en zona urbana por valor total de $ 95.456 millones ubicados en 17 departamentos.

‘Basura Cero’ es un programa del Gobierno nacional que se implementó en el Plan Nacional de Desarrollo, más específicamente en el artículo 277 que estableció:

• “ARTÍCULO 227. PROGRAMA BASURA CERO. Créese el Programa Basura Cero, en cabeza del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en un término máximo de 1 año a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, el cual articulará las instancias de Gobierno nacional, las entidades territoriales, las empresas de servicios públicos y la sociedad civil; garantizará la participación de la población recicladora y sus organizaciones, impulsando su inclusión e inserción socioeconómica; determinará los aspectos regulatorios, de supervisión y control, y las inversiones requeridas para avanzar en la eliminación del enterramiento hacia la implementación de parques tecnológicos y ambientales, de tratamiento y valorización de residuos, promoción del desarrollo tecnológico, conservación del ambiente y mitigación del cambio climático; definirá́ un plan estratégico para el cierre definitivo de los botaderos a cielo abierto y las celdas transitorias, promoviendo soluciones que prioricen el tratamiento y aprovechamiento de residuos; e impulsará la economía circular”.

 

Quién manejará sus recursos en el nuevo sistema pensional colombiano

El próximo 16 de enero vence el plazo establecido por la nueva Reforma Pensional (Ley 2381 de 2024) para que los afiliados a Colpensiones que no estén en régimen de transición elijan su Administradora del Componente Complementario de Ahorro Individual (ACCAI).

Estas entidades serán las encargadas de recibir y administrar las cotizaciones aportadas por afiliados que perciban un ingreso superior a 2,3 salarios mínimos mensuales, es decir $3'274.050. Hasta ese monto el aporte irá al Componente de Prima Media que será administrado por Colpensiones, y a partir de ahí por las ACCAI.

Los afiliados que cumplan ese requisito y que a la fecha establecida por la Reforma Pensional no hayan elegido su Administradora, serán asignados aleatoriamente a una de las cuatro ACCAI ya autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia: Protección, Porvenir, Skandia y Colfondos.

Estas personas comenzarán a hacer el aporte del excedente a 2,3 salarios mínimos a la ACCAI que le corresponda a partir del primero de julio de 2025, cuando entra en vigencia la Ley 2381 (sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de origen común).

Los aportantes podrán cambiar de ACCAI luego de seis meses de permanencia.

Qué empresas pueden ser AC​​CAI

La Reforma Pensional estableció que las sociedades administradoras de fondos de pensiones, sociedades fiduciarias, compañías aseguradoras de vida, sociedades comisionistas de bolsa, Colpensiones y las entidades sin ánimo de lucro autorizadas y vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), podrán crear y administrar una ACCAI del Pilar Contributivo, siempre y cuando cuenten con la autorización de esta entidad de control financiero.

La SFC continuará publicando en su página web (www.superfinanciera.gov.co) el listado de las ACCAI autorizadas que acrediten los requisitos definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para administrar dichos del sistema pensional para que los aportantes hagan su elección.

Camioneros. Qué se ha hecho, qué no, y quien controla.

La ministra de Transporte, María Constanza García, lideró este viernes una jornada virtual de seguimiento a los acuerdos logrados con las bases transportadoras de carga y pasajeros. Este ejercicio duró cerca de seis horas y contó con la participación de más de 1.100 personas conectadas, al igual que con representantes de la Superintendencia de Transporte y el Viceministerio Técnico de Hacienda.

Al término de la jornada, el Ministerio de Transporte anunció que solicitará a la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, como garantes del proceso desarrollado con las bases transportadoras de carga y pasajeros durante cuatro meses, la verificación del cumplimiento de los acuerdos.

“En dicha solicitud se incluirá la comunicación de un sector transportador que manifiesta algunas inconformidades, así como los productos de las mesas de trabajo”, precisó el Ministerio en un comunicado de prensa.

Por otra parte, anunció que la Superintendencia de Transporte diseñará una herramienta de auditoría de puertos, que permita atender las denuncias que se vienen presentando.

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En la hoja de ruta para 2025, el Ministerio realizará un bloque de reuniones entre los firmantes del acuerdo –celebrado el 6 de septiembre de 2024–, para revisar el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC) y el Registro Nacional Despachos de Carga por Carretera (RNDC).

El objetivo de esta acción, según el Ministerio de Transporte, es tener un entendimiento común de lo que hay en las plataformas y despejar las dudas mediante lo que se ha denominado una ‘verificación de campo’, donde también se revisarán temas como las horas logísticas y las horas de viaje.

La titular de la cartera de Transporte invitó a los transportadores a hacer llegar sus denuncias sobre prácticas irregulares de las empresas, con las respectivas evidencias, para poder tomar las acciones del caso.

Siguiendo con los compromisos, los ajustes al Decreto 174 de 2001 serán publicados la próxima semana. A su vez, la ministra de Transporte propuso a los firmantes avalar lo realizado en torno a la temática de reposición.

Avances de las mesas de trabajo

Durante la jornada, se presentaron los avances alcanzados en 19 mesas de trabajo, con la participación de 1.959 transportadores, desde septiembre de 2024, con los siguientes puntos clave:

1. Actualización de tipologías vehiculares y cargas: se incorporan nuevas tipologías, como vehículos livianos con PVB entre 7,5 y 10,5 toneladas, volquetas y se amplían los tipos de carga, incluyendo ‘granel líquido’ y ajustes para carga refrigerada.

2. Por primera vez se estableció un mínimo de 4 horas logísticas en total a reconocer por viaje, así: cargue (1), descargue (1) y espera cargue (1) y espera descargue (1).

Las horas adicionales se liquidarán y pagarán de acuerdo con el valor/hora SICE-TAC y los debidos soportes.

3. Viaje vacío: no incluye horas logísticas y el valor ICA. La diferencia en el costo de viaje radica en la velocidad promedio y el rendimiento en el consumo de combustible por tipo de terrenos.

4. Plazo amortización de la financiación, vehículos rígidos y articulados es de 10 años (120 meses).

5. Salarios y condiciones laborales: se ajustan los cálculos salariales conforme a la jornada laboral de 46 horas semanales con las respectivas prestaciones, cubriendo las 288 horas operativas del vehículo al mes.

6. Mantenimiento y reparaciones: se amplía el ítem de mantenimiento, pasando de 34 partes y piezas a más de 100 partes organizados en 11 subsistemas (hidráulico, refrigeración, motor, transmisión, aire, eléctrico, frenos, chasis, cabina, carrocerías y suspensión), lo que genera un ajuste en el costo/km de aproximadamente el 54%.

7- SICE-TAC y el Observatorio de Transporte de Carga (OTCC): mejoras en el monitoreo del sistema y participación de propietarios y conductores en el proceso de validación. Se busca más transparencia y participación de todos los actores del servicio.

8. Manifiestos de carga: los manifiestos solo serán válidos si cumplen con los valores establecidos en SICE-TAC. Esto refuerza el control y la legalidad del sector.

9. Maquinaria amarilla: se facilita el registro de maquinaria usada, simplificando los trámites para su traspaso y registro definitivo, y exigiendo tarjeta de registro y SOAT para el tránsito.

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10. Ajustes al decreto de carga por artículos: se mejoran las definiciones y se establece que los tiempos de cargue y descargue sean remunerados.

También se fomenta la habilitación de pequeñas empresas de transporte.

“Para concluir, como lo expresaron varios asistentes, el actual gobierno ha permitido la participación de personas que nunca habían sido escuchadas, y se ha avanzado en hacer los ajustes regulatorios concertados”, indicó el Ministerio de Transporte.

Alimentación Escolar no estuvo en riesgo en 2024 y no lo estará en 2025

“El PAE no estuvo en riesgo en 2024 ni estará en riesgo para 2025", aseguró Sebastián Rivera Ariza, director general de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar-Alimentos para Aprender, entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, encargada del PAE.

Este año la UApA benefició a 5,8 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con el PAE, cifra que corresponde al 80% de la cobertura histórica.

A ello se suma el esfuerzo de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC), que con aportes propios permiten garantizar la alimentación escolar a los estudiantes matriculados en el sistema educativo oficial del país.

“Teniendo en cuenta que el último giro se realizará en las primeras semanas de 2025, y para dar celeridad a los pagos de operadores, les solicitamos a las ETC que adelanten todas las labores administrativas y financieras para gestionar reservas presupuestales", expresó Rivera Ariza.

El funcionario aclaró que las reservas presupuestales son compromisos que serán pagados dentro de la vigencia fiscal siguiente, con cargo al presupuesto de la vigencia anterior. Por tanto, dijo, esto no afecta la operación del PAE “toda vez que ya terminó el calendario estudiantil del 2024, e incluso en 109 municipios priorizados se están entregando canasta de alimentos para preparar en casa en el marco del PAE en Receso Escolar, que permite llevar alimentos a los estudiantes incluso en vacaciones".

Esta estrategia del Gobierno nacional permitió entregar 577 mil canastas alimentarias en los municipios priorizados con una inversión superior a los $73 mil millones.

El director de la UApA añadió que tampoco afectará la operación del PAE de la vigencia 2025, ya que los recursos están asegurados por la Nación con una inversión sin precedentes de $2,1 billones.

La UApA está enviando una resolución a cada ETC con la asignación de presupuesto de referencia que deben ejecutar en 2025 para que pueda adelantar los procesos administrativos y contractuales para garantizar la operación del PAE durante todo el año entrante.

Gobierno nacional activa la Alerta Rosa para iniciar búsqueda inmediata de mujeres, niños y niñas desaparecidos

El gobierno nacional activó, mediante la expedición del decreto 1428 de 2024​, la Alerta Rosa, un mecanismo de búsqueda inmediata que se activará en todo el territorio nacional, incluidas zonas de frontera, terminales aéreas, terrestres y marítimas, cuando se reporte la desaparición de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en Colombia.

El decreto autoriza el uso de una aplicación que permite la activación de un mensaje de alerta a las autoridades nacionales y locales, los medios de comunicación, las juntas de acción comunal, los vecinos del barrio, los bomberos, entre otros, para ayudar a buscar a la posible víctima de desaparición.

La activación de la alerta estará a cargo de la Policía Nacional, que suministrará todos los elementos de información que permitan identificar y ubicar a la persona buscada.

Los datos se enviarán, de manera inmediata y por diversos canales, a zonas de frontera, terminales terrestres, aéreas y marítimas, para evitar que trasladen a la víctima de la zona.

La medida, que reglamenta la Ley 2326 de 2023, fue firmada por la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago Ruiz, quien advirtió que “el éxito de esta iniciativa depende de la rápida transmisión del mensaje de alerta a las entidades estatales y a la ciudadanía, para que se sumen a la búsqueda de la persona desaparecida”.

En los próximos meses, las líneas 122, 123, 155 y 141 deberán disponer de una opción especial para reportar los casos en los canales institucionales previstos en la Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional. Asimismo, los operadores de telefonía móvil deberán garantizar el envío del mensaje oficial de alerta a través del celular.

El decreto también activó el Comité de Coordinación Nacional de Alerta Rosa, instancia que debe garantizar la coordinación de las acciones de búsqueda. Esta operatividad será integral y articulada entre la Fiscalía General de la Nación, Policía Nacional, las entidades del Gobierno Nacional, los organismos de control con el apoyo de las entidades territoriales y la sociedad civil, para atender con celeridad los casos de desaparición.

El Comité de Coordinación deberá elaborar, planificar, coordinar, impulsar, implementar y evaluar acciones de prevención de la desaparición, así como la protección de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres en sus diversidades dadas por desaparecidas, incluyendo la desaparición forzada.

Asamblea de 3.000 jóvenes y Gobierno del Cambio, firman acuerdo.

Durante la Asamblea Nacional de Juventudes, que tuvo lugar en Ibagué el fin de semana anterior, los representantes de las diversas carteras y entidades del Gobierno nacional escucharon a los cerca de 3.000 jóvenes de todo el país, ratificándolos y reconociéndolos en su papel esencial en la transformación social de sus comunidades.

Ambas partes firmaron un Acuerdo Nacional de Juventudes, un compromiso institucional para velar por los derechos de la juventud en la sociedad.

Este fue un espacio de diálogo y movilización social que permitió incentivar la diversidad y participación juvenil, en la cual, se exponen las problemáticas que afectan sus territorios y las posibles soluciones.

La metodología 'Galaxias y Mundos', permitió la discusión abierta sobre la oferta institucional y mecanismos de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estos compromisos, así como la toma de decisiones en un entorno inclusivo y representativo.

El Ministerio del Deporte participó con una galaxia llamada Deporte y Ocio, que se estructuró así:

1. Formación deportiva, recreación y bienestar enfocado al ocio.

2. Infraestructuras deportivas.

3. Oferta institucional para fortalecer los Juegos Intercolegiados, Jornada Deportiva Escolar Complementaria, ligas y clubes deportivos.

El ministerio identificó que una de las principales problemáticas es la falta de infraestructura deportiva acorde a las necesidades del territorio. Según la Cartera del Deporte, crear y adecuar escenarios deportivos o espacios destinados al fomento del deporte, la recreación y la actividad física, en colaboración con entidades públicas y privadas, es una posible solución que se implementará a este problema.

Finalmente, se delinearon problemáticas fundamentales y soluciones innovadoras, las cuales el Gobierno del Cambio adoptará, con el fin de priorizar la participación juvenil en el diseño e implementación de políticas públicas, asegurando así su contribución activa al desarrollo nacional.

Prosperidad Social entrega recursos del ciclo 11 a beneficiarios de Colombia Mayor

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar Moreno anunció el inicio del undécimo ciclo de pagos de Colombia Mayor: comenzará el 25 de noviembre, y estará disponible hasta el 6 de diciembre.

En este ciclo, 1.640.589 beneficiarios del programa recibirán la transferencia monetaria. La entidad invertirá 212.498 millones de pesos en esta entrega.

Del total de beneficiarios con giro programado, 485.871 tienen más de 80 años, por lo que recibirán 225.000 pesos.

El director Bolívar resaltó que el programa Colombia Mayor es una iniciativa alineada con los objetivos de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada por el Estado colombiano en la Ley 2055 de 2020. “Prosperidad Social a través del programa Colombia Mayor implementa una de las medidas necesarias para lograr la igualdad de hecho de la persona mayor en el país, así como para asegurar su plena integración social, económica, educacional, política y cultural”, dijo.

A todos los participantes se les enviará un mensaje de texto con la información de las fechas en las que estará disponible el dinero y el monto a recibir. Quienes no puedan acercarse personalmente a los puntos de pago pueden autorizar a un tercero de su hogar, a través de un poder especial; si tienen alguna limitación de movilidad por problemas de salud, pueden solicitar el pago en su domicilio.

Prosperidad Social invita a los beneficiarios a actualizar sus datos de contacto. Se pueden comunicar a las líneas de atención gratuita en Bogotá: 6013794840; desde el resto del país, al 01 8000 95 1100; o a través de los enlaces del programa en las alcaldías municipales.

Balance del décimo ciclo de pagos:

El décimo ciclo de pagos de Colombia Mayor se realizó desde el 18 hasta el 31 de octubre. Más de 1,6 millones de adultos mayores del país recibieron la transferencia, a través del operador de pagos SuperGIROS y sus aliados. Al finalizar el periodo de pagos, el programa logró una efectividad de 96 %.

Con las medidas que ha implementado el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, para dignificar la vejez a través del programa Colombia Mayor, se aumentó la protección económica a las personas mayores. Con esto aporta al envejecimiento saludable de millones de personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad en el país.

Con Tasa de Seguridad, quieren incrementar tarifas de energía en Antioquia

Comunicado a la opinión pública

Medellín, 19 de noviembre de 2024.- ACOPI Antioquia, el gremio de las micro, pequeñas y medianas empresas del departamento, se pronuncia ante la opinión pública por el proyecto de ordenanza 59 de 2024, presentado por la Gobernación de Antioquia, que propone un nuevo cobro a los sectores residencial, comercial, industrial y oficial en la tarifa de consumo de la energía eléctrica.

Este aporte, que vemos como gravamen, denominado Tasa especial de seguridad y convivencia, resultaría lesivo a las iniciativas de reactivación económica y reindustrialización y a los intereses propios de las empresas del sector que promueve y defiende ACOPI.

El proyecto de ordenanza “POR MEDIO DEL CUAL SE IMPONE LA TASA ESPECIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA CIUDADANA”, fue radicado ante la Asamblea de Antioquia el pasado martes, 12 de noviembre.

Esta iniciativa gubernamental impacta, con una tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana, a “toda persona natural o jurídica que sea suscriptor del servicio público domiciliario de energía eléctrica en el Departamento de Antioquia”.

Incluye, de acuerdo con el texto del proyecto de ordenanza, los usos residencial -estratos 4, 5 y 6-, industrial, comercial y oficial. El artículo 6 del proyecto radicado ante la Asamblea plantea la tarifa de la siguiente manera:

Tomado fiel copia del proyecto de ordenanza radicado en la Asamblea de Antioquia.

Según esta tabla de liquidación, una residencia en estrato 4, 5 o 6, que en muchas ocasiones alberga unidades productivas, pagaría, por un consumo de 150 kWh al mes (que es un consumo muy básico para persona o familia), $12.000 más. En ese valor se incrementaría el pago mensual por consumo de energía eléctrica

Ahora, si el ejercicio se hace para el sector industrial, este pagaría, por cada kWh consumido, $61,18 (la tasa especial de seguridad para el sector industrial sería de 0,0013 UVT por kWh consumido. La UVT está, en 2024, en $47.065).

Entonces, si el consumo de la empresa es de 100 kWh (muy bajo para una unidad productiva), su aporte sería de $6.118. Si es de 200 kWh, $12.236. Por 300 kWh, $18.354 y por 500 kWh, sería de $30.590. Y de ahí, en adelante.

Por supuesto, ACOPI Antioquia apoya las medidas y estrategias que redunden y beneficien la seguridad y la convivencia ciudadana. Ellas son base y soporte de la estabilidad social para el desarrollo de las capacidades productivas, los emprendimientos y el avance y la consolidación empresarial.

Sin embargo, en esta oportunidad, se trata de una iniciativa no consultada, no conversada y no acordada con los empresarios, los gremios y el sector productivo de la región. Además, como lo expresamos, consideramos que esta tasa especial de seguridad y convivencia ciudadana afecta la reactivación económica, la reindustrialización y el paquete de costos de nuestros micro, pequeños y medianos empresarios, al imponer un costo adicional por los consumos de energía eléctrica en los sectores comercial e industrial.

Incluso, que la tasa sea cobrada al sector residencial, en los estratos 4, 5 y 6, afecta muchas de las unidades productivas que representamos, porque muchos de nuestros emprendedores y empresarios utilizan sus residencias para procesos productivos. Máxime, luego de la pandemia de 2020, de la cual aún no nos reponemos.

ACOPI Antioquia invita a la Gobernación de Antioquia y a la Asamblea Departamental, donde debe cursar trámite el proyecto de ordenanza, a revisar con los gremios, los empresarios y el sector productivo esta iniciativa, en busca de no definir, aprobar e imponer más cargas a las ya cuantiosas obligaciones económicas de los empresarios, lo que se traduce en destrucción del tejido empresarial de la región e inviabilidad de las iniciativas productivas.