Consulta popular para que el pueblo decida sobre su vida y dignidad

Luego de que ocho senadores hundieran la Reforma Laboral, una de las fundamentales reformas exigidas por la mayoría, tanto en el Estallido Social como en las elecciones del 22, el presidente Gustavo Petro anunció este martes al país la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo decida sobre las reformas laboral y de la salud.

“El Gobierno convoca al pueblo colombiano, todo, a decidir, y convoca a una consulta popular para definir la reforma laboral y la reforma a la salud”, afirmó el jefe de Estado. “Nosotros creemos que es al pueblo al que le toca decidir”, sostuvo.

En ese sentido, el mandatario expresó: “Nuestra convocatoria a un gran acuerdo nacional, al que invitábamos al gran empresariado y a la oposición, ha fracasado. Se burlaron de eso”.

El jefe de Estado hizo el anuncio sobre la consulta popular luego de conocer el hundimiento virtual este martes de la Reforma Laboral en la Comisión Séptima del Senado de la​​ República.

El mandatario se refirió al tema inicialmente en una declaración ofrecida a medios de comunicación en la Casa de Nariño y posteriormente en una alocución a los colombianos y colombianas, acompañado por representantes de diferentes sectores sociales, entre ellos trabajadoras, trabajadores, indígenas, afrodescendientes, sindicalistas, mujeres, jóvenes y congresistas.

Reformas fundamentales

“Las reformas que se presentaron al Congreso de la República, tres fundamentales, la pensional, la laboral y la de salud, son la expresión genuina del voto popular por el Presidente de la República en el año 2022. Son el programa de Gobierno que se inscribió en la Registraduría y que tuvo la mayoría electoral de Colombia”, indicó.

En el mismo contexto, manifestó que ese programa de Gobierno “no fue un capricho del Presidente ni un devaneo ideológico”, sino la esencia de lo que el pueblo pidió en el estallido social de 2021 y después en las urnas en el año 2022.

“La fuerza de ese estallido social se calmó con otra fuerza más tranquila, la electoral, que unos meses después se expresó. Lo que le presentamos al Congreso de la República, entonces, es la voluntad mayoritaria del pueblo de Colombia para hacer unos cambios que considera suficientes pero importantes”, recalcó.

Asimismo, el presidente Petro aseveró que el estallido social se originó porque “las condiciones de vida de la población se habían deteriorado profundamente”.

Sostuvo que las promesas de la Ley 100 y la Ley 50, en el sentido de que se iban a lograr los derechos universales y de dignidad del trabajo, no se cumplieron y, al contrario, llevaron a la sociedad colombiana a mayores niveles de pobreza y de desigualdad social.

“Por eso estalló la sociedad y por eso el presidente elegido por esa mayoría de la sociedad presentó al Congreso las reformas para superar esos problemas y garantizar derechos universales fundamentales”, subrayó.

Derecho al trabajo digno

El mandatario explicó que la Reforma Laboral defiende “el derecho a un buen trabajo, a un trabajo digno, estabilidad laboral, a que la trabajadora y el trabajador no sean tratados como esclavos, con jornadas laborales que hoy son las más altas de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y con salarios que son de los más bajos de América Latina”.

Además, dijo: “La Reforma Laboral, que ya la mayoría de la Comisión Séptima piensa hundir, lo único que planteaba era que, si había horas extras, trabajo en festivo, se pagara un poco más”.

“Lo único que planteaba era que si una mujer tenía menstruación pudiera tener una licencia laboral como un derecho de la mujer. Lo único que planteaba es que a las mujeres trabajadoras y a los hombres trabajadores no se les contrate por dos meses, tres meses, cuando sus funciones son misionales, sino que se les contrate a término indefinido para garantizar estabilidad laboral y no esclavitud y no acoso laboral y sexual contra las mujeres en las empresas. Lo único que proponía es que los médicos residentes tengan un salario”, resaltó el mandatario.

Sobre la Reforma a la Salud, recalcó que esta busca que los médicos vayan a donde no llegan nunca, y que sean reparados los puestos de salud y los hospitales en donde vive la mayor parte de colombianos en condiciones deplorables.

De la misma forma, se refirió a la Reforma Pensional, sobre la cual manifestó que esta busca que tres millones de adultos mayores que andan en las calles reciban un bono pensional.

Bloqueo institucional

Senadores que hundieron la Reforma Laboral

“Sobre estas tres reformas la oposición se ha alzado y hay un bloqueo institucional contra el voto popular del año 2022 y nosotros creemos que ese bloqueo institucional hay que superarlo si queremos democracia y paz en este país”, enfatizó el presidente Petro.

“Democracia y paz significa derechos para las personas, no esclavitud; significa salud para las personas, no business; significa pensión para los viejos y no que se mueran de hambre. Eso es democracia y eso es paz”, destacó.

También hizo énfasis en los beneficios que incluye la Reforma Laboral para los aprendices del SENA.

“Lo único que proponía es que los contratos de aprendiz del joven en su primer empleo tengan un salario justo y no explotación”.

El jefe de Estado agregó que la Comisión Séptima de la Senado​ “ha querido hundir” la Reforma Laboral “con engaños”.

Gobierno no dará marcha atrás en reformas

En ese orden de ideas, el jefe de Estado declaró que “el país tiene que seguir adelante y con esperanza y con paz, con alegría. La esperanza es fundamental y por eso este gobierno no va a dar marcha atrás en las reformas, pero sin bobería, porque ya sabemos que las hunden cada vez que presentemos las reformas, porque más vale el billete que la identidad y la orden constitucional de legislar a favor del interés general”.

Movilización popular

El presidente Petro, asimismo, se refirió a la necesidad de que el pueblo colombiano salga a las calles a defender las reformas por las cuales lo eligió como jefe de Estado.

“Esa consulta popular empieza ya con la movilización callejera. El pueblo es la base de la soberanía, el pueblo es la base de la institucionalidad, el pueblo es la base de la democracia, dice la Constitución Política de Colombia, y estamos obedeciendo la Constitución”, enfatizó.

El presidente Petro invitó a los colombianos a apoyar la consulta popular: “Nos hemos matado por generaciones. Es el momento de la paz, y en el momento de la paz sus páginas las escribe el pueblo de Colombia con su voluntad de decidir. Así que bienvenidos a la consulta popular para las reformas sociales y bienvenido el pueblo de Colombia en las calles de toda Colombia”.

Del petróleo, el carbón y los juegos, saldrá plata para el Catatumbo

​Juanita Villaveces Niño, Viceministra de Hacienda, explica las medidas
tributarias de conmoción interior.​

El Gobierno nacional creará tres impuestos al amparo de la declaratoria del estado de conmoción interior con los cuales aspira a recaudar un poco más de un billón de pesos durante los 90 días que está previsto el estado de excepción.

Así lo anunció este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes la viceministra Técnica de Hacienda, Juanita Villaveces Niño, quien asistió a la sesión especial en la que el Gobierno explicó los argumentos por los cuales se decretó la conmoción.

“Se establecieron tres medidas tributarias que buscan el recaudo de $ 1 billón 63 mil millones, durante los 90 días de la conmoción, para poder atender la situación que se requiere en este momento en la región del Catatumbo”, explicó la funcionaria.

Los tres impuestos que se crearán son:

- Impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, con los que se aspira a recaudar $ 519 mil millones.

- Contribución especial de 1 % a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón, con los que se busca recaudar $ 214 mil millones.

- Impuesto de timbre (1 %) para recaudar $330 mil millones.

“Los recursos que se lleguen a recaudar con estas medidas se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, añadió la viceministra de Hacienda.

Dijo que estas nuevas medidas tributarias “se necesitan, debido a la compleja situación fiscal del Estado”.

Y agregó que “estos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2025, por lo que se requiere determinar unas nuevas fuentes de financiamiento”, señaló.

Por su parte, el ministro designado de Hacienda, Diego Guevara, intervino sobre ese mismo tema, pero ante la plenaria del Senado, donde argumentó la urgencia de contar con esos recursos.

“Hoy necesitamos impuestos de recaudo inmediato con una destinación específica, que es el Catatumbo. Estos impuestos no son una reforma tributaria por la puerta de atrás, sino que aplican únicamente para este año; son impuestos tipo IVA que podemos captar de manera inmediata con destinación específica”, sostuvo el ministro.

Agregó que “el tema del Catatumbo no da espera”, y que por ello estas medidas fiscales “son el corazón de este decreto de conmoción interior que hemos visto analizando en las últimas semanas para que cumplan con todos los principios legales y constitucionales”.

De acuerdo con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el Gobierno nacional declaró “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.

La norma de excepción cobija a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar (Río de Oro y González), que están recibiendo desplazados.

Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró ante la plenaria de la Cámara que la declaratoria de conmoción interior cumple con los tres presupuestos legales y constitucionales:

“Primero, el presupuesto fáctico, porque se trata de hechos concretos y verificables. Segundo, el presupuesto valorativo, porque es muy grave la intensidad de la violencia en El Catatumbo, pocas veces vista en la historia del conflicto armado en Colombia. Y, tercero, la necesidad imperiosa de decretar el estado de conmoción interior, porque con las facultades ordinarias no es posible atender las dificultades que se viven en esa región”, explicó el ministro Cristo.

En la plenaria también participaron la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.

Gobierno plantea alternativas para cubrir déficit que deja caída de Ley de Financiamiento

El presidente Gustavo Petro anunció posibles alternativas para cubrir el desbalance
del PGN de 2025.

Tras el hundimiento de la Ley de Financiamiento en las comisiones económicas de Cámara y Senado, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, donde planteó algunas de las posibilidades del Gobierno para hacerle frente al desbalance del Presupuesto General de la Nación de 2025.

En el trino, el mandatario cuestionó la decisión del Legislativo, que se dio el mismo día en que la revista The Economist consideró la economía colombiana como la sexta mejor economía del mundo en el año que termina.

“Después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las comisiones económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo”, escribió el jefe de Estado.

Agregó: “Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, decidieron no bajarles los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media, para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea”.

También cuestionó que la decisión de las comisiones Terceras y Cuartas de Cámara Y Senado pudo tener razones políticas, más que económicas:

“Decidieron tratar de desfinanciar el Gobierno, buscando volver al poder en el 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición”, escribió.

Posibles alternativas

En su trino, el mandatario advierte: “Las consecuencias y la reacción del Gobierno serán complejas”.

Añade que la reforma tributaria que presentó su administración nacional al principio del Gobierno “ha sido descuartizada: le quitaron, precisamente, la progresividad que ordena la Constitución al quitar $6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras, y estimularon así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo”.

Insistió el presidente Petro: “Como dije antes: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del Gobierno del Cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron”.

En junio pasado, cuando ya se advertía del ajuste presupuestal que ha hecho el Ejecutivo a lo largo de este año, el jefe de Estado descartó que programas sociales como la Reforma Agraria fueran a quedar desfinanciados

Algunas de las propuestas que el presidente anunció para financiar el presupuesto de 2024 son:

- “Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, deben ser la prioridad central”.

- “El financiamiento de la deuda debe diversificarse a profundidad en todo el mundo”.

- “El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales”.

- “La ausencia de una reforma laboral aprobada por el congreso debe ser compensada por el salario mínimo”.

- “La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular, como vector de la reactivación económica”.

- Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión”.

- “El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso”.

- “Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados; el cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales, las tarifas de energía eléctrica, es un gran reactivador económico”.

- “La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa”.

El mandatario concluye su trino advirtiendo que “el cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la Ley de Financiamiento”.

Ley Ferroviaria ya tiene ponencia positiva en Comisión VI de Senado de la República

La rehabilitación de la red férrea nacional perm​itirá mejorar la
conectividad del país e impulsar el desarrollo nacional.
Foto: Ministerio de Transporte

​La Comisión Sexta del Senado de la República tiene lista la ponencia positiva para primer debate del proyecto de Ley Ferroviaria que presentó el Ministerio de Transporte, y que busca adecuar los instrumentos legales y técnicos para la reactivación del modo ferroviario y mejorar la competitividad del sector.

La iniciativa, que ha sido presentada al Legislativo en dos ocasiones, reducirá en 22% las emisiones de CO2 y se articula con otros modos de transporte para crear una red logística eficiente y sostenible.

El país cuenta con 3.533 km de línea férrea, de los cuales 1.610 km están administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), 1.734 km por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y 189 km por sectores privados.

El proyecto de ley No. 232 de 2024, “por medio de la cual se definen y establecen las condiciones para el desarrollo de infraestructura ferroviaria nacional, se regula la prestación del servicio público de transporte ferroviario y se dictan otras disposiciones", adopta medidas para facilitar la construcción, mantenimiento y operación de una infraestructura ferroviaria moderna que conecte los centros de producción con los puertos y regiones de consumo.

La iniciativa pretende regular la prestación de servicios de transporte público de carga y pasajeros utilizando la red férrea nacional, y establecer las condiciones para el desarrollo de su infraestructura, su ordenamiento institucional, el régimen económico y los mecanismos de gestión y financiación, así como la definición de lineamientos que promuevan la intermodalidad, interoperabilidad y complementariedad para la reactivación sostenible, eficiente y segura del modo férreo.

Una de las ventajas en el uso de este sistema, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, es la reducción de costos operativos y logísticos, disminución de la congestión y de la contaminación, al tiempo que beneficia a pasajeros y empresas.

Esto permite, según la ponencia, impulsar uno de los motores económicos del país, generando desarrollo en las regiones, la creación de empleos y ofreciendo menores costos de logística para las empresas pues se proyecta a 2030 disminuir esa cifra de 17,9%, en la actualidad, a 9,5%, para llegar a nivel de países OCDE.

Además, permitirá reducir en 26,2 % el costo y en un 23,5 % los tiempos de transporte para el comercio exterior, impulsando la integración regional.

Igualmente, el proyecto promueve una política de Estado que fomente inversiones en infraestructura, tecnología, modernización y expansión de la red ferroviaria nacional de acuerdo con normas internacionales.

El objetivo es impulsar el transporte intermodal y posicionar a Colombia como un puerto de transferencia de carga internacional en la región.

El proyecto de ley propone también la creación de la Agencia Nacional de Ferrocarriles, una entidad clave para centralizar y optimizar la planificación, operación y mantenimiento de la red ferroviaria.

Expos​ición de motivos

​La propuesta también incluye la actualización del Plan Maestro Ferroviario, con el fin de guiar el desarrollo del sistema ferroviario a corto, mediano y largo plazo, garantizando un enfoque sostenible y continuo más allá de los cambios administrativos.

Dice la exposición de motivos del proyecto que la inversión en infraestructura ferroviaria ha sido históricamente insuficiente. Desde 2010, Colombia ha destinado menos del 1,8% de los recursos públicos al sistema férreo, lo que equivale a aproximadamente 247.000 millones de pesos anuales, de los cuales 175.000 millones son aportados por el sector privado y 75.000 millones por el sector público.

El proyecto de ley busca aumentar esta inversión mediante la promoción de la cooperación público-privada y la implementación de incentivos fiscales y créditos preferenciales, para estimular la participación del sector privado, que no solo aportará capital, sino también experiencia y eficiencia en la gestión de proyectos ferroviarios. Este modelo, probado con éxito en otros países de América Latina, podría ser un catalizador para el desarrollo del sistema ferroviario colombiano.

Autonomía territorial: más plata para municipios y departamentos.

Foto: Ministerio del Interior

Como un paso histórico para el cumplimiento de una promesa de la Constitución de 1991 y la garantía de la independencia fiscal y económica a las regiones, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate, con 124 votos a favor y 2 en contra, el proyecto de acto legislativo de reforma al Sistema General de Participaciones, al que solo le resta la conciliación.

La reforma constitucional, que cumplió sus ocho debates en el Senado y la Cámara de Representantes, representa un avance importante para reducir las brechas económicas y sociales del país.

La enmienda a la Carta Política fue producto del consenso entre el gobierno nacional, el Congreso de la República, las alcaldías y gobernaciones del país, que logró llegar a acuerdos para fortalecer la autonomía fiscal de los municipios, distritos y departamentos, asegurando que los recursos se destinen, de manera eficiente, en servicios básicos como educación, salud, agua potable, saneamiento básico e infraestructura, entre otros.

Luego de la aprobación, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, destacó que “esta es la reforma constitucional, tal vez, si no la más importante, de las más importantes que se han aprobado desde la Constitución de 1991. Durante los ocho debates se fue ajustando, se fue mejorando, se fueron superando diferencias y temores de quienes, legítimamente y siendo amigos de la descentralización, tenían preocupaciones desde el punto de vista fiscal”.

El sistema que se venía aplicando en Colombia se basaba en que la Nación transfiere a los entes territoriales el 23,8% de sus ingresos corrientes. Con la entrada en vigencia del acto legislativo, los entes territoriales pasarán a recibir el 39,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación, un cambio que se hará de manera gradual mientras se les asignan nuevas responsabilidades.

“La noticia hoy es que Colombia da un paso hacia la autonomía territorial con sostenibilidad fiscal, cumpliendo la regla fiscal, condicionando la aprobación de este acto legislativo a la Ley de Competencias, que va a ser la gran discusión que vamos a dar en el país y, sobre todo, lo más importante, que podamos cerrar brechas territoriales”, señaló el ministro Cristo.

Agregó que, con esta aprobación, daremos un “salto cualitativo en materia de educación, de salud, de saneamiento y de agua potable, que es lo mínimo que merecen nuestros compatriotas en los territorios y que este centralismo no les ha permitido tener durante las décadas”.

Las voces del territorio

Luego de la aprobación de la iniciativa, el gobernador del Guaviare, Yeison Rojas, dijo que “por primera vez, un proyecto del gobierno nacional y, a través del Congreso de la República, realmente está haciendo un gesto de descentralización importante para que los territorios puedan tener esa posibilidad económica de avanzar en torno a sus metas y sus planes de desarrollo y avanzar en cada una de las problemáticas que tiene la gente en zonas apartadas”.

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, destacó la importancia que los recursos lleguen a las regiones para cerrar las brechas sociales y económicas. “Desde el año 91 se viene peleando, pero no se ha avanzado en el tema; y hoy es la oportunidad grande para el país, para que nosotros podamos avanzar en un proyecto tan importante para las regiones y para la gente”, señaló.

Lo que falta

Cumplidos los ocho debates reglamentarios para una reforma constitucional, la iniciativa pasa ahora a manos de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes para la conciliación, es decir comparar y ajustar en un solo texto lo que se aprobó en las plenarias de las dos corporaciones.

En el texto de la iniciativa se estableció que esta reforma al Sistema General de Participaciones (SGP) solo entrará en vigor cuando el Congreso apruebe, entre 2025 y 2026, la Ley de Competencias, que determinará cuáles son las funciones que hoy tiene el nivel central que serán asumidas por las regiones, las cuales determinan mayores responsabilidades a las entidades territoriales.

El espíritu de la norma establece que, además de recibir más recursos, los territorios deberán fortalecer su capacidad de autogestión y asumir un rol más activo en la administración, ejecución y supervisión de los programas y proyectos.

Por esta razón, el Ministerio del Interior ha propuesto que la construcción de la Ley de Competencias se realice a través de una mesa técnica que incluya todas las voces posibles, con el apoyo y acompañamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Una vez aprobada la Ley de Competencias, la Nación comenzará a transferir, de manera gradual y durante un plazo de hasta 12 años, el 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación, tal como lo establece la legislación.

Las 5 condiciones del presidente Petro

“He tomado la decisión de apoyar el proyecto de reforma constitucional que adelanta el Congreso al Sistema General de Participaciones, es decir, el dinero de la Nación que va a los municipios”.

Así lo manifestó este lunes el presidente Gustavo Petro Urrego en un mensaje enviado a través de su cuenta de X, donde enunció las 5 condiciones del Gobierno del Cambio para apoyar esta iniciativa:

1. El aumento del 26 al 46% de los ingresos corrientes de la Nación que se trasladan debe ser gradual.

2. La reforma debe supeditarse a una ley de competencias para los municipios, es decir, que se trasladan competencias que antes hacía la Nación con sus recursos, con lo cual no aumenta el déficit fiscal.

3. La fórmula de reparto en la ley de competencias debe cerrar las brechas entre las regiones y, por tanto, debe privilegiar las regiones más excluidas para concretar la paz.

4. El aumento de competencias en salud debe cubrir todo el sistema de salud primaria para los municipios; en educación debe contemplar la educación de tres años de preescolar, la jornada única y los dos años de educación superior gratuita en los colegios de media.

5. Ante el incremento sustancial del poder del municipio que el acto legislativo produce, “se necesita una ciudadanía más unida y organizada que haga que el salto en la descentralización se convierta en un salto a profundidad de la democracia local. El dinero no es para las mafias locales, es para las necesidades de la ciudadanía”, indicó el mandatario.

Llamado del Mininterior

La reforma constitucional, que establece un nuevo régimen en el Sistema General de Participaciones en departamentos, distritos y municipios, inició su discusión en su sexto debate​ en la plenaria del Senado.

La iniciativa busca fortalecer la autonomía territorial para la ejecución de recursos y proyectos, de manera directa, que acaben la inequidad y desarrollen integralmente las regiones de Colombia.

Al intervenir en el debate, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, precisó que la iniciativa, a través de un acuerdo, es el inicio para la autonomía territorial, pero no es el fin, porque es un proyecto que va más allá de los recursos.

Resaltó que “el criterio de la propuesta plantea prioritariamente el cierre de brechas económicas, sociales e institucionales entre los distintos territorios de Colombia”.

En este sentido, invitó a la oposición, partidos independientes y a los que apoyan al gobierno a que respalden la propuesta.

“Este es un tema fundamental para el país y que se puede convertir en un punto muy concreto al Acuerdo Nacional que hemos venido convocando. Es un mensaje a la autonomía territorial”, sostuvo.

‘Aprobado el 90% del articulado del proyecto de Reforma Laboral en la Cámara de Representantes’: MinTrabajo

Con la aprobación de más del 90% de los artículos del proyecto de Reforma Laboral, concluyó la sesión de este miércoles en la Cámara de Representantes. Entre los artículos aprobados se destacan el 49 (licencia de paternidad) y el 52, relativo a los convenios laborales para las víctimas del conflicto armado.

“Esta reforma va dirigida a que Colombia transite hacia estándares nacionales e internacionales, pero sobre todo que tenga un enfoque de derechos. Esa es la esencia de este proceso y que se cumplan los compromisos”, señaló la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, al salir de la plenaria de la Cámara de Representantes, donde se realiza el segundo debate del proyecto de ley de la Reforma Laboral.

Uno de los proyectos sociales bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro, está a punto de pasar. Este miércoles, luego de un importante debate, entre otros artículos, el 22 (contrato de aprendizaje) y el 23 (monetización de la cuota de aprendizaje), fueron aprobados por las y los representantes, lo que beneficiará a los aprendices del Sena, algunos de los cuales estuvieron acompañando el trámite en las barras del Salón Elíptico.

También contaron con aval el artículo 17, que trata la remuneración en días de descanso obligatorio, el cual debe ser de 100%, y se aplicará en 80% en 2025; subirá a 90% en 2026 y será plena en 2027.

La titular de la cartera laboral anotó que había temas sensibles que tienen que ver con el campo, tales como el contrato y el jornal agropecuario, así como la vivienda rural. “Infortunadamente, y esto lo lamentamos profundamente desde el Gobierno, la plenaria de la Cámara perdió una gran oportunidad para hacer equidad en el campo, hacer inclusión social y permitir la formalización de más de 1 millón 700 mil trabajadores del sector”.

Dijo la alta funcionaria que “lo que estamos buscando con esta reforma es cómo formalizar y hacer que el campo tenga no solo un salario mínimo, sino la protección de la seguridad social”.

Y agregó: “Seguiremos insistiendo en este proceso que llevaremos al Senado de la República. Desde MinTrabajo vamos a fortalecer la inspección, vigilancia y control del campo con los inspectores rurales como una manera de aplicar las normas”, puntualizó.

También anotó que se discutirán propuestas para la protección laboral ante la automatización de actividades, así como en los procesos de descarbonización y transición energética.

Este jueves continuará el debate con el fin de discutir el bloque de artículos restantes y las más de 100 proposiciones de artículos nuevos que podrían ser incluidos en el proyecto de ley.

Plenaria de Cámara aprueba artículo que limita el horario laboral diurno hasta las 7 p.m.

Este miércoles fue aprobado por la mayoría de la plenaria de la Cámara de Representantes el artículo 13 del proyecto de Reforma Laboral en su segundo debate, lo que fue catalogado por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, como un acto de justicia laboral. La votación fue de 86 votos por el sí y 9 votos por el no.

Este artículo reglamentará el horario diurno, que empezará desde las 6 a.m. e irá hasta las 7 p.m., mientras que el horario nocturno iniciará a las 7 p.m. y finalizará a las 6 a.m. Durante el trámite fue aprobada la proposición para que este artículo se implemente después de 6 meses de aprobada la ley de Reforma Laboral.

Cabe recordar que el Decreto 2663 de 1950 ya estipulaba en su Artículo 161 que los horarios del trabajo diurno estaban comprendidos entre 6 a.m. y las 6 p.m., pero en el primer mandato del expresidente Álvaro Uribe se alargaron los horarios diurnos hasta las 10 p.m.

Para la ministra Ramírez, con la aprobación este artículo se restauró “el derecho del trabajo nocturno a los trabajadores de Colombia, lo que significa un recargo del 35% por trabajar en las horas de la noche. Esto hace justicia laboral. Fueron 28 años en los que a los trabajadores/as les habían cercenado este derecho y ahora lo volvemos a restaurar”.

Durante la plenaria de este miércoles también se aprobaron siete artículos más que versan en torno a los empleos verdes y azules (orientados hacia la descarbonización y la preservación ambiental) para una transición justa y los relacionados con las garantías laborales para quienes están bajo la modalidad de Teletrabajo.

 

 Estos artículos son:

● Art. 53: Lineamientos de Política Pública de Trabajo Digno y Decente para la transición justa y el Empleo verde y azul.
● Art 54. Incentivos al Empleo Verde y Azul.
● Art 55. Formación para la promoción de empleos verdes y azules.
● Art 56. Modalidades de Teletrabajo.
● Artículo 57. Auxilio de Conectividad.
● Artículo 58. Garantías Laborales, Sindicales y de Seguridad Social para los Teletrabajadores.
● Artículo 59. Promoción de las diferentes modalidades de trabajo a distancia.

En total se aprobaron 8 artículos y se espera que en la próxima sesión plenaria se termine el total del articulado.

Avanza la Reforma Laboral en la Cámara de Representantes

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes nuevos artículos del proyecto de ley No. 166 de 2023, “por medio del cual se modifican parcialmente normas laborales y se adopta una reforma laboral para el trabajo decente y digno en Colombia”.

Se votaron 19 nuevos artículos que se suman a los 7 aprobados en el primer debate. Se destaca el carácter actual de esta reforma, al incluir medidas para las y los trabajadores de las plataformas de reparto y la supervisión humana de los sistemas automatizados. Además, se tuvo una importante discusión sobre las medidas para los micronegocios.

Durante su intervención en el Congreso de la República, la ministra del trabajo, Gloria Inés Ramírez, resaltó el avance en los contratos de trabajadores/as del arte y la cultura, lo cual, sostuvo la alta funcionaria, “fue discutido con las organizaciones de artistas”.

Además, recordó los últimos casos donde se han presentado accidentes graves por la no formalización de la Seguridad Social.

A continuación, se presenta una relación de los artículos votados durante el segundo debate del proyecto de reforma laboral hasta el 1 de octubre:

Los 16 artículos aprobados con proposiciones avaladas son:

• Artículo 1. Objeto.

• Artículo 3. Restricción de aplicabilidad.

• Artículo 4. Principios.

• Artículo 5. Contrato laboral a término indefinido.

• Artículo 9. Modifíquese el artículo 120 del CST.

• Artículo 38. Medidas de formalización y aportes a la Seguridad Social en Micronegocios.

• Artículo 40. Puestos de trabajo en atención a emergencias y forestación.

• Artículo 41. Deportistas y entrenadores profesionales.

• Artículo 42. Participación para el trabajo decente en comunidades étnicas.

• Artículo 43. Contrato de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura.

• Artículo 44. Medidas adicionales en relaciones laborales para Periodistas, comunicadores sociales y trabajadores afines.

• Artículo 45. Contratistas y Subcontratistas.

• Artículo 46. Empresas de Servicios temporales.

• Artículo 47. Jornada flexible para trabajadores con responsabilidades familiares del cuidado.

• Artículo 48. Flexibilidad en el horario laboral para personas cuidadores y cuidadoras de personas con discapacidad.

• Artículo 51. Obligaciones especiales del empleador.

Por otro lado, los artículos aprobados como vienen en la ponencia fueron 9:

• Artículo 2. Relaciones que regula.

• Artículo 6. Contratos a término fijo y por obra o labor determinada.

• Artículo 24. Definiciones trabajo en plataforma digitales de reparto.

• Artículo 25. Modalidades de trabajo en plataforma digitales de reparto.

• Artículo 26. Registro de información en plataformas digitales de reparto.

• Artículo 27. Seguridad social y riesgos laborales en plataformas digitales de reparto.

• Artículo 28. Sistema de registro de inscripción de empresas de plataformas digitales de reparto.

• Artículo 29. Transparencia y utilización de los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones.

• Artículo 30. Supervisión humana de los sistemas automatizados.

Se eliminó un artículo correspondiente a la indemnización por despido sin justa causa. Se mantienen vigentes los parámetros de indemnización del Código Sustantivo del Trabajo - artículo 64.

Faltan 54 artículos para ser votados en la plenaria este miércoles 2 de octubre.

Conflictos por tierras

Colombia tiene la oportunidad histórica para resolver conflictos de tierra que han congestionado los tribunales, en adelante a través de la Jurisdicción Agraria y Rural por vía pacífica, y no sometiéndolos al arbitrio de actores armados ilegales, práctica que quedó en el pasado y jamás deberá repetirse.

El pasado 27 de agosto, el Gobierno nacional radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Ordinaria 183 de 2024, “Por medio de la cual se determinan las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural, se establece el procedimiento especial agrario y rural y se dictan otras disposiciones”, asunto que ocupa por estos días a los Senadores de la República en su estudio y análisis, y con cuya aprobación se superarán grandes obstáculos que enfrenta el campesinado para defender sus derechos.

La jurisdicción agraria no es algo nuevo a nivel internacional, sino que es un mecanismo ya usado en países con problemas de tierras como México, Costa Rica, Venezuela, Cuba, Ecuador, Perú y Brasil, quienes crearon las suyas para servir de puente y lograr que las poblaciones más vulnerables tuvieran acceso al Estado en sus múltiples dimensiones. En la práctica, comprobaron que no tener jurisdicción agraria, era negarle el acceso a la justicia a sus campesinos.

En nuestro país, el derecho agrario ha sido desarrollado por más de un siglo y existen múltiples leyes y sentencias que interpretan la normatividad agraria y protegen la propiedad. Pero los actuales despachos judiciales ya tienen suficiente congestión y relegan los procesos agrarios al olvido, en anaqueles abarrotados de viejos expedientes. Dicha saturación deja en evidencia la necesidad de contar con jueces especializados en temas agrarios que ayuden a resolver los conflictos de la tierra, en la más profunda apuesta por la paz para el campo colombiano.

Tras integrar la Jurisdicción Agraria y Rural a la Constitución Política mediante el Acto Legislativo 03 de 2023, se aprobó una Ley Estatutaria que se encuentra en revisión de constitucionalidad para ser sancionada por el presidente Gustavo Petro. Esta norma crea la estructura de la nueva Jurisdicción y le otorga competencia a jueces y magistrados especializados para resolver los conflictos agrarios y rurales en el país.

Con la Ley de Jurisdicción Agraria y Rural, la Agencia Nacional de Tierras se robustecerá institucionalmente para hacer la Reforma Agraria, retomando facultades en parte de los procesos agrarios, como en su momento las tuvieron el INCORA, el INCODER y la misma ANT hasta el 2017, para poder avanzar con la correcta disposición de tierras de la Nación. Y ante cualquier inconformidad, en debido proceso sus decisiones podrán ser recurridas ante los jueces y magistrados agrarios.

#JurisdicciónAgrariaYa es el mensaje con que la ANT desplegará hoy la Jornada Nacional de Pedagogía, con el objetivo de que los colombianos conozcan este proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, y que permitirá recuperar tierras con destino a los campesinos y comunidades étnicas para acelerar la Reforma Agraria, para así saldar una deuda histórica que tiene el Estado con la ruralidad colombiana.

Gobierno radica en el Congreso el proyecto de reforma política y electoral

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en representación del gobierno nacional, radica en la Cámara de Representantes el proyecto de reforma política, que tiene como objetivo fortalecer la democracia colombiana, garantizando procesos electorales más transparentes, justos y representativos.

El proyecto, que fue socializado con las comisiones primeras del Senado y Cámara de Representantes, permite que Colombia tenga un sistema político más transparente y que el “cumplimiento del calendario electoral siga siendo sagrado".

La reforma política busca actualizar las instituciones democráticas, avanzar en el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz de 2016 y acatar las recomendaciones de la Misión Especial Electoral de 2017, fruto de ese acuerdo, frente a la apertura y funcionamiento del sistema político.

La iniciativa plantea tres ejes principales:

Finan​​ciación estatal de las campañas

La propuesta de financiar las campañas políticas exclusivamente con recursos estatales, busca reducir la influencia indebida de los intereses privados y garantizar una competencia electoral más equitativa. Las donaciones, dádivas y regalos de ciudadanos a campañas quedarán prohibidas, así como la contratación de transporte para votantes el día de los comicios. Así mismo, se garantiza igualdad entre las fuerzas políticas en convivencia y se favorece la rendición de cuentas de las campañas ante los topes electorales.

Listas cerradas a la​s corporaciones públicas

​La implementación de listas cerradas para las elecciones a Congreso, asambleas y concejos a partir de 2030, tiene como objetivo fortalecer la cohesión interna de los partidos y garantizar una representación más organizada y programática. Las listas cerradas garantizan una representación colectiva de los partidos previniendo conflictos internos. A su vez, los costos se ven reducidos por la eliminación de la competencia interna y la promoción de campañas conjuntas.

“Las listas cerradas, en últimas, fortalecen los partidos y despersonalizan la política", anotó el Ministro Cristo.

Reform​a a la autoridad electoral para hacerla independiente a las fuerzas políticas

​La creación de una autoridad electoral independiente de las fuerzas políticas tiene como propósito asegurar un proceso electoral transparente y confiable. Al eliminar la influencia directa de los partidos sobre la autoridad electoral, se busca mayor imparcialidad y confianza ciudadana, y así aumentar la confianza ciudadana en los resultados.

La autoridad electoral central tendrá entre sus nuevas facultades: vigilar y ajustar el censo electoral, fijar topes de gasto de las campañas y revocar las candidaturas de personas inhabilitadas.

“Sin una reforma de esta naturaleza no se van a acabar nunca los escándalos de corrupción en el sistema político colombiano", apuntó Cristo, quien ha sido un férreo defensor de la necesidad de hacer una reforma política en Colombia a partir de los tres elementos planteados, argumentando que estas medidas son esenciales para fortalecer la democracia y consolidar un sistema político más limpio y representativo.

Ver ABC de la Reforma Política

¿A dónde están parando los recursos si estamos haciendo los pagos a tiempo? Control a las EPS

Los senadores Antonio José Correa (Partido de la U) y Wilson Arias y Alex Flórez (Pacto Histórico), realizaron este martes un debate de control político al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo y al contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, sobre los recursos de la Unidad de Pago por Capitación.

Al respecto, el senador Correa, destacó el reciente informe de la Contraloría General sobre la situación financiera de las EPS, en el cual se identificaron pagos diferentes a los servicios de salud, lo cual en su concepto “es peculado de los recursos públicos, las EPS tendrán que justificar estos gastos de la salud de los colombianos”.

Por su parte el senador Alex Flórez, señaló que no se sabe en qué se han gastado las EPS entre 16 y 35 billones de pesos, correspondientes a las Reservas Técnicas, que es un colchón para atender emergencias, como el COVID. Indicó que las EPS se gastaron el dinero de la salud, en gustos excéntricos, “existe un sobre endeudamiento de 25 billones de pesos. Este es un sistema que no genera beneficios a los usuarios”.

A su turno el senador Wilson Arias, expresó que "La crisis del sistema de salud, viene desde antes del año 2010, el no actuar, ha llevado a un deterioro al sistema”.

Al intervenir ante la plenaria, el contralor Rodríguez, informó que “quiero anunciar la creación de una unidad especial de reacción conformada por un equipo técnico de profesionales expertos, quienes analizarán la información, harán las visitas de los vigilados y evaluarán todos los resultados de conformidad con la normatividad vigente, esta iniciativa de la Contraloría General que anuncio hoy la quiero denominar la Ruta del Dinero en la Salud”.

Al frente del mismo estarán actuarios, economistas, contadores, abogados, ingeniero de sistemas, profesionales en salud y expertos, quienes deberán realizar un análisis minucioso de la constitución y cálculo de reservas técnicas.

El debate lo cerró el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien expresó que “tenemos en cuidado intensivos a las EPS. Porque la crisis no viene de hoy. Este gobierno es el que más ha aumentado la UPC. ¿A dónde están parando los recursos si estamos haciendo los pagos a tiempo? Se han asignado 3,9 billones de pesos en presupuestos máximos y el 70 % va para el régimen contributivo. Por eso, nuestra reforma quiere que sea más equitativo el sistema”.

Buscan prohibir la mutilación genital femenina en Colombia

Con el propósito de garantizar una vida libre de violencias y proteger los derechos de las niñas y mujeres en Colombia, congresistas de distintos partidos radicaron un proyecto de ley que busca prohibir la mutilación genital femenina, especialmente en la comunidad indígena embera. La iniciativa es de autoría de las representantes Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza, Carolina Giraldo y de la senadora Angélica Lozano.

Este proyecto, que quiere lograr cuerpos libres de mutilación, fue concertado con la gran Nación Embera a través del Ministerio del Interior. Además, fue analizado con organizaciones de derechos humanos, como Equality Now y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), quienes aportaron recomendaciones basadas en su experiencia en el seguimiento de casos.

La congresista Alexandra Vásquez, del Pacto Histórico, recordó que “Colombia es el único país de América Latina que ha reconocido que la mutilación genital femenina aún se practica en una comunidad indígena, aunque no existe un registro preciso del número de niñas afectadas en el país, sí se sabe que han fallecido varias como consecuencia de esta práctica”.

En el mismo sentido, la representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, hizo énfasis en que “la lucha contra la mutilación genital femenina requiere un enfoque integral que aborde los factores culturales, sociales y estructurales que contribuyen a su perpetuación”, en ese sentido destacó que es fundamental promover la educación y la sensibilización sobre el tema, por lo que el proyecto cuenta con el apoyo de distintas organizaciones sociales.

De la mutilación genital en la actualidad solo se tienen registros de su práctica en la comunidad embera, principalmente en el departamento Risaralda. Aunque hay subregistro, se estima que en 2023 en Colombia se registraron 90 casos. Por otra parte, información del Ministerio de Salud indica que el rango de edades en las que a las niñas se les somete a esta práctica oscila el mes de nacidas hasta los 17 años.

La representante Carolina Giraldo, de Alianza Verde, se refirió a los daños que genera en las mujeres, advirtiendo que, a mediano o largo plazo, pueden desarrollar infecciones en la herida o infecciones sanguíneas como el tétano, la hepatitis B o el VIH, debido al uso de instrumentos no esterilizados. “Esta práctica causa graves daños físicos, incluyendo dolor intenso, infecciones, y complicaciones a largo plazo como infertilidad, dificultades en el parto y problemas sexuales”, sostuvo la congresista.

Se radicó el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación de 2025 por $523 billones de pesos

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla González, radicó este 29 de julio ante el Congreso de la República el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2025 por $523 billones (29,4% del PIB); 0,5% del PIB inferior al PGN 2023.

Del monto total $12 billones son contingentes: están sujetos a la aprobación de un proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno nacional presentará a consideración del H. Congreso de la República, en virtud de lo dispuesto por el artículo 347 de la Constitución Política C.P. y el artículo 54 del Estatuto Orgánico de Presupuesto (EOP).

El proyecto de presupuesto que el gobierno pone a consideración del Congreso de la República y de la ciudadanía busca avanzar en las metas del Plan Nacional de Desarrollo, promover la reactivación económica, crear mejores condiciones sociales para superar la pobreza y desigualdad y cumplir el servicio de deuda previsto. Es un proyecto consistente con la normatividad fiscal vigente y cumple los compromisos crediticios contratados. Es un proyecto responsable con la sostenibilidad fiscal y garantiza que los recursos públicos serán asignados buscando inclusión social y fortalecimiento de la estructura productiva del país.

El presente presupuesto parte por reconocer las condiciones económicas del país, el nivel de pobreza y desigualdad y la exposición económica sobre ciertas bonanzas sectoriales, que invitan a promover cambios en la estructura productiva del país. Sin embargo, no hay duda de que la deuda, junto a las otras deudas sectoriales heredadas, restringen la inversión social. El Gobierno nacional afronta importantes limitaciones en el espacio fiscal, lo que dificulta el aumento de la inversión pública requerida para elevar la productividad y el PIB potencial. Somos conscientes de la necesidad de mantener la deuda pública y el déficit fiscal en una trayectoria sostenible. Es así como el PGN 2025 está alineado con una apuesta nacional de reactivación económica que ayude a reducir la desigualdad, acelerar la transición energética y garantizar la estabilidad macroeconómica.

La aprobación de la ley de financiamiento permitirá contar con las fuentes de recursos para gastos por igual cuantía, por lo que el monto del PGN propuesto es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal.

Hemos incorporado las partidas que se requieren para garantizar la operación de los órganos que lo integran y la atención de las obligaciones a cargo de la Nación. Ha sido formulado siguiendo estrictos criterios de austeridad, en consonancia con la disponibilidad de recursos y el mandato de la ley.

Para su programación no ahorramos esfuerzos y hemos priorizado la asignación de los recursos disponibles para que este sea un presupuesto fiscalmente responsable y macroeconómicamente consistente, y cumpla de manera estricta las metas de la regla fiscal.

“Podemos decir, reiteró el ministro, que el presupuesto que presentamos a consideración del congreso es fiscalmente sostenible y está comprometido con las políticas sociales que ha expuesto ampliamente el presidente Petro”. En este sentido, afirmó el ministro: “nuestra gestión fiscal está dirigida a fortalecer el recaudo tributario de forma progresiva y a mejorar la calidad y eficiencia del gasto público con el fin de evitar un crecimiento insostenible del endeudamiento público”.

Los supuestos macroeconómicos empleados para formular el PGN 2025 fueron presentados a consideración del Congreso de la República y la opinión pública el pasado 14 de junio, junto con el MFMP 2024 y se observan en el cuadro 1.

Cuadro 1 Supuestos Macroeconómicos- Formulación PGN 2025

Finalmente, quisiéramos resaltar, expresó el ministro de Hacienda, el avance institucional que, desde el DNP, el MHCP y otras entidades estamos haciendo para mejorar el diseño y ejecución de las políticas públicas y la presentación de las cifras presupuestales.

El PGN 2025 busca ahorros operacionales y elevar la eficiencia y la calidad del gasto. La consecución de este objetivo orienta el avance del PGN 2025 hacia el presupuesto por programas y resultados. Este proyecto de ley presenta a consideración del Congreso y la ciudadanía una lectura del PGN por programas que integra los gastos de funcionamiento e inversión. Es un paso dirigido a acelerar el avance institucional hacia una mejora continua en el diseño y ejecución de las políticas públicas.

La asignación por programas del PGN 2025 incluye, por primera vez en la historia del país, el componente de funcionamiento. En aras de la transparencia y rendición de cuentas a la sociedad, este lector presupuestal también busca aportar nuevos insumos para ampliar el debate sobre el contenido y alcance de este proyecto de ley.

Como se aprecia en el Cuadro 2, sin considerar el servicio de la deuda pública, estimado en 6,3% del PIB, este proyecto de presupuesto se dirige fundamentalmente a los programas sociales, en cumplimiento de la Constitución Política y del programa del gobierno del cambio.

Alrededor de la mitad del gasto primario programado (23,1% del PIB) apunta hacia programas de bienestar social y formación de capital humano, con énfasis en protección de la vejez, aseguramiento en salud y cobertura y calidad de la educación.

Cuadro 2. Resumen PGN 2025 Presupuesto Orientado a Resultados Miles de millones de pesos

El cuadro 3 presenta la lectura del PGN 2025 en términos de su composición por tipo y cuenta de gasto. Del monto total, $327,9 billones (62,7%) corresponden a gastos de Funcionamiento, $112,6 billones (21,5%) al pago del servicio de la deuda, $82,5 billones (15,8%) a inversión (Cuadro 3). El presupuesto propuesto, cuando se incluye servicio de la deuda, crece un 3,9% respecto al vigente para 2024, y 0,4%, si no se incluye.

Los gastos de personal y adquisición de bienes y servicios presentan un incremento del 9,1%, al pasar de $69,3 billones en 2024 a $75,6 billones en 2025. Las transferencias de ley se incrementan en 5,4%, al pasar de $235,3 billones en 2024 a $247,9 billones en 2025.

Los rubros de gasto más representativos son el Sistema General de Participaciones ($82 billones, 4,6% del PIB) , pensiones ($66 billones, 3,7% del PIB), aseguramiento en salud ($42,4 billones, 2,4% del PIB), Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio ($17,3 billones, 1% del PIB). La suma de estos corresponde al 50,6% del total de los gastos del PGN sin servicio de la deuda.

Información detallada sobre el valor y composición de los ingresos y gastos que conforman este proyecto de ley se encuentran en Anexo a este documento, el cual se puede consultar en el siguiente sitio web: www.minhacienda.gov.co

Cuadro 3. Composición Presupuesto General de la Nación 2024-2025 Miles de millones de pesos

ENTREVISTA / “Con esta ley superamos el símbolo de la tortura, de la dominación de los seres humanos sobre los otros animales”

En un acto especial en la plaza de toros La Santamaría, de Bogotá, el presidente Gustavo Petro sanciona este lunes la ley antitaurina conocida como ‘No Más Olé’, aprobada por el Congreso luego de 14 proyectos fallidos y de 30 años de lucha animalista por acabar con las corridas de toros.

La senadora del Pacto Histórico Esmeralda Hernández explica la trascendencia e importancia de la histórica norma.

¿Cuáles son los aspectos más importantes de la ley ‘No Más Olé’?

- La Ley tiene varios componentes: primero, la prohibición de las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tiendas en todo el territorio nacional. Para la prohibición se estableció un proceso de transición de tres años que va a permitir identificar a las familias que subsistían de la práctica taurina e implementar un programa de reconversión laboral a fin de que esas familias transiten hacia otro tipo de actividades que no involucren la tortura de animales.

Se va a conformar un comité con participación de distintos sectores: cultura, ambiente, industria, comercio, turismo, con participación del sector taurino, para que se construya el programa y que quienes quieran ir hacia un proyecto productivo, una actividad cultural, deportiva, puedan hacerlo con el acompañamiento del Gobierno.

Hay otro punto adicional que es la transformación de las plazas de toros. Esos escenarios que antes eran para la tortura y la muerte de animales podrán ser destinados para otro tipo de eventos culturales, conciertos, actividades lúdicas, deportivas, ferias y tendrán que adecuarse dentro del plazo establecido.

Se definió que después de los tres años de la transición habrá un cuarto año para la adecuación de las plazas de toros que todavía estén en funcionamiento. En este momento ya se puede hacer la transformación de plazas que no desempeñan la práctica taurina.

¿Cuál es la historia de esta ley?

- Esta es una Ley que tiene una historia en el país y en el mundo. La lucha antitaurina en Colombia lleva más de 30 años. La ciudadanía venía reclamando que se prohibieran las corridas de toros y eso solamente se podía hacer mediante una ley de la República porque así lo ratificó en varios pronunciamientos y sentencias la Corte Constitucional.

El movimiento antitaurino ha hecho varios intentos; 14 proyectos de ley anteriormente se habían hundido en el Congreso. Este fue el proyecto número 15 que finalmente llegó a su fin con éxito. También se han hecho múltiples actividades ciudadanas como la consulta popular antitaurina en Bogotá, hay un referendo que se había trabajado, hasta que se logró.

Por fin el Congreso de la República respondió de manera positiva a ese clamor ciudadano y a ese rechazo masivo de la ciudadanía a la práctica de la tauromaquia. Hay encuestas, incluida una última de Datexco, que salió hace pocos meses que dice que el 86 por ciento de la población colombiana rechaza la tauromaquia. Ya era hora. Logramos llegar a un acuerdo con el Congreso de República.

¿Cuál es la problemática que se va a atacar y a solucionar a través de esta Ley?

- Con esta Ley superamos el símbolo de la tortura, de la dominación de los seres humanos sobre los otros animales. La tauromaquia validaba, legitimaba, legalizaba un espectáculo público de tortura animal y de extremo sufrimiento animal, simplemente para la diversión de unos pocos, en nombre de la cultura, ese es el principal logro.

El símbolo de la lucha animalista en Colombia y en el mundo es la lucha contra la tauromaquia, y Colombia lo logra. Hoy salimos de los únicos ocho países que tienen legalizada la tauromaquia. Hoy ya no estamos allí.

De otro lado, se reactiva la economía y la cultura a través del fortalecimiento de otros tipos de economía y del replanteamiento de las plazas de toros. Hoy la mayoría de plazas están abandonadas porque ya no se ejerce la práctica taurina pues la Corte Constitucional estableció requisitos y restricciones que hacen que sólo municipios como Cali y Manizales puedan hacerlo en territorio nacional.

¿Cómo fue el ambiente frente a este proyecto en el Congreso?

- Fue muy difícil, muy tenso, había un lobby taurino muy fuerte. El país sabe que ellos tienen personas ubicadas estratégicamente en distintas esferas de poder que ejercen una presión sobre el Congreso. El debate fue muy complejo, utilizaron muchas estrategias para dilatar, nos pusieron más de cien tutelas, interpusieron muchas recusaciones sin absolutamente ningún fundamento. Desarmaban el quorum, promovían el ausentismo. Tuvimos que interponer demandas, solicitar la apertura de procesos disciplinarios contra los congresistas que tenían esas conductas. Hoy hay un acuerdo mayoritario en el Congreso de la República que le da la razón a la ciudadanía que venía luchando contra la tauromaquia.

¿Cuáles son los tiempos que se tendrán para que se haga realidad la ley No Más Olé?

Una vez el Señor Presidente Gustavo Petro sancione la ley se tienen tres años en que se van a poder seguir haciendo corridas de toros en los municipios donde cumplen con los requisitos de la Corte Constitucional

Hay municipios de Cundinamarca y Boyacá que aún tienen plazas de toros y hacen corridas. En el país hay más de 100 plazas de toros pero corridas se hace máximo en 20 municipios y en varios son ilegales pues no cumplen con los requisitos de la Corte. Una vez pasados esos tres años será ilegal, no se podrán volver a hacer corridas en ninguna parte del país, ni públicas ni privadas.