Proyecto de ley de drones se prepara para segundo debate con ajustes a su regulación

Los ponentes buscan consolidar un texto unificado que incorpore observaciones del Gobierno, autoridades técnicas y usuarios, antes de su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.

 Fortalecer las reglas para el uso, la operación y el control de drones en Colombia es el propósito de los ajustes que adelantan los ponentes del Proyecto de Ley 088 de 2026 Cámara, iniciativa que ya fue aprobada en primer debate y que se prepara para su discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes.

Durante una mesa de trabajo realizada en la Comisión Segunda, representantes del Gobierno Nacional, autoridades especializadas, expertos y usuarios de estas tecnologías presentaron observaciones y propuestas orientadas a identificar vacíos normativos, precisar responsabilidades institucionales y mejorar las disposiciones sobre seguridad, importación, comercialización y operación de estos equipos.

Al inicio de la jornada, el representante Juan Manuel Londoño Jaramillo, ponente del proyecto, explicó la metodología de trabajo e invitó a los asistentes a plantear observaciones, proponer modificaciones e identificar disposiciones que podrían ajustarse o eliminarse para fortalecer el articulado antes de su segundo debate.

Reglas claras para la importación y comercialización

Uno de los asuntos centrales fue la importación de drones. Un usuario de estos equipos con fines deportivos expuso las dificultades que enfrentan quienes realizan estos trámites y señaló la necesidad de mejorar la coordinación entre las entidades competentes, especialmente con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), ante los vacíos que, según indicó, dificultan los procedimientos.

En este contexto, Diana Paola Morales Mora, subdirectora de Vigilancia y Control de la Agencia Nacional del Espectro (ANE), respaldó la iniciativa y destacó la importancia de establecer reglas claras para la importación y comercialización de estos equipos, así como para el uso de sistemas antidrones.

A partir de estas observaciones, el representante José Octavio Cardona León, coordinador ponente del proyecto, invitó al Gobierno Nacional a participar activamente en la construcción de la propuesta y aportar sus conocimientos técnicos para avanzar hacia una regulación acorde con las necesidades del país.

El capitán de fragata Fernando de Aquiles, encargado de coordinar los asuntos relacionados con drones en el Ministerio de Defensa, reconoció la importancia de avanzar en esta regulación, pero advirtió que el articulado requiere ajustes para garantizar su viabilidad y efectividad. Entre los aspectos que consideró necesario precisar mencionó la regulación de los sistemas antidrones, la identificación del operador final y la distribución de responsabilidades entre las entidades involucradas.

Al cierre de la mesa de trabajo, el representante José Octavio Cardona León anunció que las entidades participantes podrán remitir por correo electrónico sus observaciones y propuestas, con el propósito de incorporarlas al análisis y evaluar su inclusión en el articulado.

También informó que solicitarán una prórroga del plazo de revisión para disponer de más tiempo para estudiar los aportes y avanzar en la consolidación de un texto unificado que llegue fortalecido a la plenaria de la Cámara de Representantes.

El proyecto busca establecer un marco regulatorio integral para los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS), conocidos como drones. Entre sus disposiciones contempla un registro nacional a cargo de la Aeronáutica Civil, requisitos de certificación para pilotos, reglas de operación en el espacio aéreo, sanciones, pólizas de responsabilidad civil y medidas para proteger la privacidad.

Recta final del Presupuesto General de la Nación 2027: expectativas sobre el futuro fiscal del país

La fecha límite del 20 de octubre planteada por el Estatuto Orgánico del Presupuesto para que las Plenarias de Cámara y Senado definan el futuro fiscal del país se acerca.

A partir de hoy, 13 de octubre, se espera que la Plenaria de la Cámara discuta y decida alrededor del texto que traiga el Ministerio de Hacienda sobre la distribución de los recursos de la nación para los distintos entes y corporaciones del Gobierno Nacional, recursos que suman un total de 634,9 billones de pesos, de acuerdo al monto definido en Comisiones Económicas Conjuntas. Son muchas las dudas, polémicas y expectativas alrededor de este texto que serán expuestas y debatidas en el seno del Salón Elíptico.

La primera expectativa se refiere a las más de 500 proposiciones que fueron radicadas en el primer debate de las Comisiones Económicas Conjuntas. Dichas proposiciones fueron dejadas en su totalidad como constancias, es decir: las propuestas de los congresistas quedaron vivas para que fueran estudiadas tanto por el equipo de la ponencia como por el Gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda.

Las propuestas se centran más que todo en la sección del Regionalizado, que define y delimita la distribución de dineros para los diferentes departamentos del país, así como en el Artículo 2 del proyecto, que define las cifras que tendrá cada entidad, ministerio y organización bajo la tutela del Gobierno Nacional para funcionar e invertir durante el 2027.

 Durante la sesión de Conjuntas, varios congresistas, expusieron inconformidades y preocupaciones por los recortes hechos desde Hacienda a los montos que recibiría cada ente territorial para inversiones como vías terciarias, salud y educación, que se desean corregir con estas propuestas al articulado del proyecto. 

Todas estas proposiciones serán estudiadas entre el Congreso y el Gobierno para definir cuáles tendrán el aval y cuáles no, es decir: cuáles podrán entrar como modificaciones a los artículos del proyecto y a cuáles se le sugerirá a la Plenaria sean rechazadas con el voto.

La segunda inquietud que vive entre los representantes se refiere al Fondo Milagro, fondo planteado para respaldar económicamente los procesos de reconstrucción y recuperación de los municipios golpeados por el movimiento telúrico que el país sufrió en agosto. Tanto en Comisión Tercera como en la Plenaria de la Oposición, se han pronunciado sobre  la organización del "fondo" que puede convertir al Fondo en una chequera para el Ejecutivo y se desvirtúa su función principal, máxime teniendo en cuenta que no hay vocerías de ministerios clave para la reconstrucción tales como Vivienda y Educación.

 Hay que tener en cuenta que el Fondo aún sigue en proceso de ser constituido, y se calcula que el monto necesario para la reconstrucción será de 30 billones de pesos, según cálculos de congresistas y del Ministerio de Hacienda, monto que no tiene fondos legalmente definidos. Así como no está clara la relación con la fundación presidida por la esposa de Abelardo de la Espriella.

Las preocupaciones también se dirigen a la distribución de los recursos para los diversos entes gubernamentales. Los congresistas, durante las discusiones en Económicas Conjuntas, cuestionaban al Ministerio de Hacienda sobre los recursos para la inversión, dineros indispensables para que todas estas entidades pudieran planear y ejecutar proyectos de desarrollo en todos los rincones de Colombia. 

Los recortes al SENA, falta de recursos para pagar las pensiones el otro año, la posibilidad de que el Ministerio de Salud no tuviera recursos para solventar la crisis del sistema, la falta de respaldo fiscal a entidades como la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral para temas tan importantes como las Elecciones Regionales del 2027, entre otros. 

La educación pública y el Plan Nacional de Desarrollo

El segundo vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, impulsó en la corporación un espacio de escucha e intercambio de experiencias con sectores universitarios que denominó “Diálogos Legislativos”.

El propósito del congresista es abrir espacios para escuchar a la universidad pública y fortalecer su autonomía y presupuesto, y hacer un llamado a defender la autonomía universitaria y posicionar a las instituciones de educación superior pública como el eje central del Plan de Desarrollo.

En el marco de los “Diálogos Legislativos”, el congresista Ocampo se reunió con representantes de diversas instituciones universitarias públicas para debatir sobre el papel de la academia en la formación ciudadana, la democracia y el progreso de los territorios.

Como miembro de la Comisión Tercera, que es la célula legislativa encargada de discutir proyectos como el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo, el senador anunció el envío del articulado y las líneas educativas de estas iniciativas a cada institución para que propongan mejoras o eliminaciones, si lo consideran necesario.

En el mismo espacio, desarrollado en el Salón de la Constitución del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República, varios académicos aprovecharon para manifestar su preocupación por el nivel de educación de los colombianos, entre otros temas.

Expertos como Juan Carlos Arias, del área de estudios académicos de la Fiscalía General de la Nación, propuso la creación de un “Centro de Reflexión” y dijo que podría ser una herramienta importante para “darle forma a escenarios en los que se pueda tener pensamiento crítico más allá de lo que pasa en las aulas”.

En concordancia, el senador Ocampo resaltó que la esencia de la universidad radica en formar ciudadanos críticos y advirtió que restringir la protesta pacífica contradice este principio. Advirtió que las incursiones de las autoridades suelen elevar las tensiones y provocar heridos, por lo que exigió un trato totalmente respetuoso hacia las movilizaciones estudiantiles.

En materia de equidad, el Segundo Vicepresidente del Senado defendió la gratuidad educativa para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 y argumentó que este beneficio no debe estar condicionado al nivel o la calificación de cada institución.

Finalmente, el Senador afirmó que gestionará una audiencia pública y mesas de diálogo con el Ministerio de Educación alrededor de diferentes temas relacionados con la ejecución presupuestal para las instituciones universitarias.

Comisión para subsanar la Reforma Pensional

Imagen de referencia creada por IA

La Cámara de Representantes aprobó la creación de una Comisión Accidental de Mediación, coordinada por los representantes Simón Molina -CREEMOS, movimiento político de Fico- y Jhonatan Pineda - Centro Democrático-, para estudiar y proponer la fórmula que permita subsanar los vicios de procedimiento señalados por la Corte Constitucional en la reforma pensional. La comisión es temporal y fue creada exclusivamente para este trámite.

La Sentencia C-264 de 2026 quedó formalmente notificada al Congreso el 17 de septiembre. A partir de esa fecha comenzó a correr un plazo de 30 días hábiles, que vence el 29 de octubre de 2026, para corregir los puntos pendientes y reenviar el texto a la Corte Constitucional.

“Tenemos una responsabilidad muy concreta: actuar con rigor, respetar el fallo de la Corte y construir una propuesta que le dé seguridad jurídica a una reforma que impacta a millones de colombianos”, afirmó Molina.

La comisión presentará una propuesta definitiva a la plenaria de la Cámara, que deberá aprobarla o rechazarla antes de remitir nuevamente el trámite a la Corte. La mayor parte de la reforma ya fue declarada exequible y los ajustes se concentran en nueve artículos o apartes y una proposición de artículo nuevo.

La Cámara deberá estudiar los nueve artículos o apartes y la proposición de artículo nuevo que la Corte devolvió por vicios de trámite, revisar cómo fueron debatidos y aprobados, y construir una fórmula que permita corregir esas falencias sin reabrir innecesariamente toda la reforma. La tarea será estrictamente procedimental: subsanar lo señalado por la Corte, garantizar deliberación suficiente y dejar un texto jurídicamente sólido para su nueva revisión constitucional.

Aprueban en el congreso los 635 billones de pesos solicitados por Abelardo de la Espriella para el 2027

Luego de varios días de reuniones, explicaciones, aclaraciones y propuestas, las comisiones económicas del Congreso de la República aprobaron el monto del Presupuesto General de la Nación para el 2027, el cual quedó en 635 billones de pesos.

La aprobación del monto es el primer paso para el trámite del proyecto de ley en el cual se definen las finanzas públicas para el próximo año y el cual es impulsado por el Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Hacienda.

Una vez superado este punto viene la discusión de las comisiones terceras y cuartas del Senado y la Cámara de Representantes sobre el Presupuesto General del próximo año. Y luego la iniciativa pasaría a las plenarias de ambas corporaciones para su discusión final.

El senador Carlos Meisel, del Partido Centro Democrático, manifestó voto de confianza al Gobierno Nacional.

La senadora Sara Castellanos, del Movimiento de Salvación Nacional, le solicitó al ministro de Hacienda y Crédito Público, Miguel Gómez Martínez, la ley de ajuste fiscal.

Durante la sesión también se presentó debate en torno a la propuesta del Pacto Histórico para fijar el monto del Presupuesto General de la Nación en 596,6 billones de pesos, argumentando que el monto de $ 635 billones presentado por el Gobierno Nacional era “exageradamente alto”.

El planteamiento lo realizó el senador David Racero, integrante de este partido declarado en oposición al Ejecutivo. Además, el legislador dijo rechazar la idea de “un país endeudado con agentes extranjeros que piden condiciones”.

El senador Racero anunció que desde su bancada se procederá a demandar la aprobación del Presupuesto por ir en contravía a lo que establece la Constitución, que en su artículo 350 dice que “el presupuesto de inversión no se podrá disminuir porcentualmente con relación al año anterior respecto del gasto total de la correspondiente ley de apropiaciones”.

Así mismo el senador del Pacto Histórico Wilson Arias dijo que la propuesta de su bancada “se ajusta a la realidad nacional”, noción apoyada por senadoras y copartidarias suyas como Laura Ahumada, quien en su intervención dijo que las cifras que ha venido presentado el Ministro de Hacienda y Crédito Público son un intento por “vender una crisis que no existe”.

Después de una detallada exposición de las distintas posturas de algunas bancadas y de la votación, se negó la proposición alternativa del Pacto Histórico y de aprobó el monto del Presupuesto General de la Nación por $635 billones de pesos presentado por el Gobierno Nacional para la vigencia 2027.

Proponen “Colombia agroecológica” como un derecho humano a la alimentación

Congresistas del Pacto Histórico e integrantes del Movimiento Agroecológico de América Latina y del Caribe-MAELA radicaron un proyecto de ley que busca crear una política pública sobre la agroecología.

El propósito es fortalecer esta modalidad de producción agrícola como un camino fundamental para preservar la vida y que sea un nuevo modelo de desarrollo económico del país.

La iniciativa la habían radicado por la Cámara de Representantes en la legislatura pasada y en esta ocasión se hizo por el Senado, en busca del apoyo de los congresistas para que se convierta en Ley de la República.

“Creo que no hay nada más importante para la vida que los alimentos y el agua. Esta vez vamos a insistir hasta lograr el propósito del derecho a la alimentación”, aseguró la Senadora por el Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta, una de las principales impulsoras de la iniciativa.

La congresista agregó que el objetivo es “tener alimentos sanos para nuestras poblaciones”, y dijo que “una Colombia agroecológica es una Colombia que piensa en los pueblos, en la biodiversidad y el futuro de nuestro país”.

Propósitos de la iniciativa:

El proyecto busca reconocer la agroecología y las agriculturas para la vida como asuntos de interés nacional. Incorpora principios como el buen vivir, el derecho a la alimentación, la soberanía alimentaria, la sustentabilidad, la participación comunitaria y la protección de las semillas.

La iniciativa propone la creación de institucionalidad y una política pública con la Dirección Nacional de Agroecología y Agricultura Campesina, Familiar, Étnica y Comunitaria, así como la implementación de una Política Pública de Agroecología construida con la participación de comunidades campesinas, pueblos étnicos, mujeres, jóvenes, organizaciones sociales, instituciones y academia.

De igual forma se propone proteger la producción, conservación, intercambio y venta de semillas nativas y criollas e impedir su privatización.

El proyecto también promueve la transición agroecológica, el uso de bioinsumos, la recuperación de ecosistemas, la asistencia técnica y el bienestar animal. semillas y la agro biodiversidad

Adicionalmente pretende fortalecer la comercialización, el consumo y la educación. El proyecto crea un sello gratuito para identificar productos agroecológicos y reconoce los Sistemas Participativos de Garantías como mecanismos comunitarios de certificación.

Además, fortalece las plazas de mercado, los mercados campesinos, las compras públicas y el acceso al crédito, y promueve la agroecología en colegios, universidades y procesos de educación comunitaria.

“Con esta ley queremos proteger las semillas, fortalecer al campesinado y avanzar hacia un país que produzca alimentos cuidando la vida y el territorio. Queremos una Colombia agroecológica”, afirmó la Senadora Zuleta.

Gobierno radica cuatro proyectos para fortalecer la seguridad y la Fuerza Pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, durante la presentación de las iniciativas legislativas ante el Congreso de la República.​

​La regulación del uso de drones, el mejoramiento de las condiciones de los soldados profesionales, el fortalecimiento de la atención a los veteranos y la actualización del régimen disciplinario militar hacen parte de las iniciativas legislativas presentadas por el ministerio de Defensa ante el Congreso de la República.

Uno de los proyectos busca regular el uso de drones en el país para prevenir que esta tecnología sea utilizada con fines ilegales o que represente riesgos para la seguridad. La propuesta establece mecanismos de supervisión y control, además de reglas para el uso excepcional de sistemas destinados a neutralizar drones en actividades de vigilancia y seguridad privada.

“Entregamos estos proyectos al Congreso y al nuevo Gobierno para que lo saque adelante, porque aquí lo que es superior es la seguridad, es la grandeza, es el bienestar de todos los colombianos”, afirmó el ministro Sánchez.

Otro de los proyectos está enfocado en mejorar las condiciones de los soldados profesionales e infantes de marina de las Fuerzas Militares. La iniciativa contempla beneficios para cerca de 86.200 integrantes de estas especialidades, con mejores condiciones de carrera, reconocimiento económico durante su formación y gratuidad en los procesos de incorporación.

La agenda legislativa también incluye una reforma a la Ley de Veteranos, con el propósito de fortalecer la atención integral y el reconocimiento de quienes han servido al país. Para ello, se plantea la creación del Sistema Nacional de Atención Integral al Veterano, que permitirá una mayor articulación entre la Nación y las entidades territoriales para garantizar el acceso a beneficios y programas.

Finalmente, el ministerio de Defensa presentó una propuesta de reforma al Código Disciplinario Militar para actualizar las normas vigentes y alinearlas con la jurisprudencia nacional e internacional. Según la cartera, el proyecto busca brindar mayores garantías a los integrantes de las Fuerzas Militares y fortalecer la transparencia, la justicia y la legitimidad de los procesos disciplinarios.

Radicado proyecto de Nueva Ley Minera para modernizar el sector y proteger el agua

Foto: Ministerio de Minas y Energía

El proyecto de la nueva ley minera, radicado ante el Congreso, busca incorporar un enfoque diferencial para la minería de pequeña escala, tradicional y ancestral.

La iniciativa radicada en el Congreso de la República propone actualizar el marco jurídico de la minería en Colombia con un modelo que fortalece el papel del Estado, impulsa la industrialización del sector, promueve la formalización de la pequeña minería y refuerza la protección del agua, los territorios y los trabajadores. Además, incorpora medidas para avanzar hacia una minería alineada con la transición energética, la acción climática y el desarrollo territorial.

La propuesta parte de la necesidad de transformar el modelo de desarrollo minero, aprovechando la creciente demanda de minerales estratégicos para la transición energética. En ese sentido, el proyecto plantea avanzar hacia un esquema que no se limite a un modelo extractivo, sino que genere cadenas de valor en los territorios mineros.

“Hacemos un llamado de urgencia para que este proyecto avance en el Congreso, es fundamental para la planeación minera y ambiental del país. La iniciativa debe salir adelante por la protección de los derechos y el desarrollo de las comunidades mineras”, informó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

Uno de los ejes centrales es el fortalecimiento de la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo. Para ello, propone consolidar el conocimiento geológico como un bien público, mejorar la planeación estratégica de las áreas y los minerales estratégicos.

El proyecto también incorpora un enfoque diferencial para la minería de pequeña escala, tradicional y ancestral. Con este propósito, contempla un régimen especial que facilite la formalización de miles de mineros, promueva procesos de reconversión productiva cuando sean necesarios y establezca un marco regulatorio específico para las comunidades étnicas que desarrollan actividades mineras.

En materia ambiental, la iniciativa fortalece los instrumentos de protección del agua y los ecosistemas mediante una licencia ambiental integral que abarcará todas las etapas de los proyectos, desde la exploración hasta el cierre y el post cierre.

Asimismo, plantea la caducidad de los títulos mineros cuando se ocasionen daños a las fuentes hídricas y amplía las causales para excluir áreas de la actividad minera por razones ambientales, culturales y sociales.

La responsabilidad de las empresas frente a los impactos de la actividad minera también adquiere un papel central en esta iniciativa, por esto, exige la presentación de planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados con garantías suficientes para asegurar su cumplimiento y prevenir pasivos ambientales, laborales y sociales, alineados al reciente decreto de cierre de minas.

Protección al trabajador minero

La iniciativa también fortalece la protección de los trabajadores mineros mediante mayores herramientas de fiscalización, garantías para los procesos de cierre laboral y medidas de acompañamiento para las regiones que enfrenten procesos de reconversión económica derivados de la transición productiva.

“Este proyecto busca seguir fortaleciendo el modelo que hemos venido implementado, que es beneficiar los procesos de formalización respecto al gobierno anterior, en un 69 %, y avanzar con la adopción de trámites con implementación clara y frecuente”, explicó la viceministra de Minas, Sorrel Parisa Aroca Rodríguez.

Con la radicación del articulado el Gobierno nacional inicia el trámite legislativo de una reforma que busca modernizar al sector minero, buscando el uso responsable de los recursos minerales con la protección del ambiente, el desarrollo de los territorios y el bienestar de las comunidades.

Gobierno del presidente Petro anuncia radicación de proyecto de reforma tributaria al Congreso el 20 de julio

El ministro Delegatario con funciones presidenciales, Germán Ávila, indicó que la reforma tributaria será clave para cerrar el déficit fiscal y proteger la inversión social.​

Así lo anunció este martes el ministro de Hacienda, Germán Ávila, quien en su calidad de delegatario de funciones presidenciales, centró sus recomendaciones al gobierno entrante en la necesidad de avanzar en una reforma tributaria que permita superar el déficit fiscal y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Durante una rueda de prensa en la Casa de Nariño, el funcionario señaló que este será uno de los temas clave en el proceso de empalme que iniciará el próximo jueves con el equipo del nuevo gobierno.

“El próximo 20 de julio este Gobierno va a dejar radicada en el Congreso de la República una propuesta de reforma tributaria que compense lo que se produjo como resultado de una decisión del Congreso que no aprobó la ley de financiamiento que acompañaba el presupuesto del 2026. Esta es una decisión que le corresponde al nuevo gobierno. Van a recibir nuestras recomendaciones en relación con este tema, creemos que debe hacerse una acción de recuperación de los ingresos que necesita el estado para su funcionamiento.", recalcó el ministro.

Ávila explicó que la transición incluirá un diagnóstico detallado de la situación fiscal del país y una hoja de ruta orientada a recuperar los ingresos del Estado, considerados fundamentales para asegurar la continuidad de los programas y el funcionamiento institucional. En ese contexto, subrayó que la administración saliente dejará planteadas soluciones concretas para enfrentar los desequilibrios actuales.

Asimismo, enfatizó que la propuesta de reforma tributaria busca corregir un desequilibrio estructural generado por la falta de una ley de financiamiento que respaldara el presupuesto aprobado por el Congreso. Según explicó, este vacío ha provocado un déficit que requiere medidas urgentes y progresivas para restablecer el equilibrio fiscal.

“No debemos olvidarnos que el Gobierno presentó un proyecto de presupuesto para este año que fue aprobado por el Congreso con la conciencia y la claridad de que ese presupuesto requería una ley de financiamiento y el Congreso de manera irresponsable decidió negar la ley de financiamiento por un reducido grupo de parlamentarios en una de sus comisiones. Esa situación inevitablemente producía un desbalance fiscal este año para el Gobierno.", explicó Ávila.

El Ministro indicó que, aunque podrían evaluarse ajustes en el gasto público, la prioridad debe estar en resolver la caída de los ingresos, que considera el origen principal del déficit. En ese sentido, reiteró que la reforma tributaria propuesta será progresiva y estará orientada a garantizar los recursos necesarios para la inversión social y el cumplimiento de los compromisos del Estado.

Finalmente, el jefe de la cartera de Hacienda señaló que estas recomendaciones serán entregadas formalmente durante el empalme con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, con el propósito de facilitar decisiones oportunas que permitan enfrentar el déficit fiscal y asegurar la estabilidad económica del país en el nuevo periodo de gobierno.

Ley de la Música fue aprobada y pasa a sanción presidencial

Celebración de la aprobación de la ley de música en la Plaza de Bolívar

​Después de décadas de intentos y de una larga demanda del sector artístico, la Ley de la Música fue aprobada en último debate por la Plenaria de la Cámara de Representantes y quedó lista para sanción presidencial, marcando un hito para músicos, compositores, intérpretes, productores y gestores culturales de todo el país.

La iniciativa, construida a partir del diálogo entre el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Consejo Nacional de Música, organizaciones del sector y el Congreso de la República, busca fortalecer las condiciones económicas, jurídicas y de reconocimiento para quienes hacen parte del ecosistema musical colombiano.

Uno de los principales avances de la norma es la creación de un Fondo Especial para la Música, un mecanismo de financiación destinado a proyectos de creación, formación, circulación e investigación musical. El fondo funcionará bajo una lógica similar a la del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, garantizando que parte de los recursos generados por el sector se reinviertan directamente en su fortalecimiento.

La ley también contempla beneficios económicos directos para los artistas, entre ellos la exención del IVA en la compra de instrumentos musicales, software y hardware para creación sonora. Asimismo, establece medidas para facilitar la movilidad nacional e internacional de músicos y personal técnico, incluyendo reglas para el transporte de instrumentos en vuelos y la promoción de visas especiales para actividades artísticas.

Otro de los puntos destacados es la apuesta por la diversidad y la inclusión. Los festivales financiados con recursos públicos deberán garantizar al menos un 40 % de participación de artistas emergentes y mujeres músicas. Además, la norma dedica un capítulo completo a la protección y promoción de las músicas tradicionales y comunitarias, reconociéndolas como expresiones fundamentales de los territorios y del patrimonio cultural del país.

La legislación también fortalece las garantías en materia de derechos de autor y convierte en herramienta legal el Sistema de Información de la Música (SIMUS), que permitirá contar con datos más precisos para la formulación de políticas públicas y la medición del impacto de las inversiones en el sector cultural.

Desde el Ministerio de las Culturas destacaron que la aprobación de la Ley de la Música representa un paso histórico para consolidar un marco de financiación, participación y reconocimiento que responda a las necesidades de una de las expresiones artísticas más importantes del país.

SuperIndustria alerta sobre proyecto que, según denuncia, legalizaría en créditos ‘ventas disfrazadas de educación financiera’

​Cielo Rusinque advirtió, a través de un mensaje en X​, que el proyecto “Compra Informado, Compra Protegido” legalizaría “ventas atadas disfrazadas de educación financiera” y pidió eliminar las disposiciones que, según señaló, encarecerían el crédito para los consumidores más vulnerables.​​

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, alertó sobre una disposición que avanza a cuarto debate en el Congreso de la República y que, según afirmó, permitiría condicionar el acceso a créditos a la compra obligatoria de cursos y servicios no solicitados por los consumidores.

“Este es un mensaje urgente que nos concierne a todos. ¿Sabían que el Congreso está a punto de legalizar que le cobren cursos obligatorios que usted no quiere solo para poder pedir un préstamo? Sí, así como suena, una venta atada, vestida de educación”, manifestó Rusinque.

La funcionaria explicó que meses atrás se había advertido sobre el proyecto denominado ‘Compra Informado, Compra Protegido’, iniciativa que busca modificar el Estatuto del Consumidor. Sin embargo, aseguró que la propuesta, presentada inicialmente como una herramienta para fortalecer los derechos de los consumidores, “terminó siendo exactamente lo contrario”.

Según indicó la funcionaria, en medio del cierre de la legislatura y de la coyuntura electoral, el proyecto incorporó “sin discusión pública y sin debate suficiente” una disposición que, a su juicio, legaliza las ventas atadas bajo el argumento de la educación financiera.

Rusinque sostuvo que el artículo 7 del proyecto permitiría exigir la adquisición de servicios educativos como requisito para acceder a créditos otorgados mediante mecanismos alternativos de financiación. “En la práctica, esto significa que quien necesite un préstamo tendrá que pagar cursos y servicios que nunca pidió”, señaló.

Asimismo, advirtió que el artículo 2 excluiría esos cobros del cálculo de intereses, lo que derivaría, según dijo, en créditos más costosos y en una mayor carga económica para los consumidores, especialmente para las personas más vulnerables.

La superintendente afirmó además que esta disposición contraviene el artículo 36 de la Ley 1480 de 2011, norma que prohíbe las ventas atadas. “El derecho del consumidor a elegir libremente no puede convertirse en moneda de cambio para favorecer a quienes hacen negocio de la necesidad ajena”, expresó.

De igual forma, aseguró que los principales afectados serían los ciudadanos de menores ingresos que no tienen acceso al sistema financiero tradicional y que podrían enfrentar mayores riesgos de endeudamiento por costos que calificó de “injustificados e innecesarios”.

“La SIC del cambio rechaza categóricamente estas disposiciones y exige su eliminación total del proyecto. No permitiremos que se legalice lo que hoy prohíbe la ley. No permitiremos tampoco que se encarezca el crédito bajo el disfraz de argumentos pedagógicos”, añadió.

Finalmente, la superintedente Rusinque hizo un llamado a la ciudadanía para exigir el retiro de la disposición cuestionada. “Que el trámite acelerado no sepulte nuestras garantías. El consumidor se respeta”, concluyó.

Avanza el Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultura

​Ministra de las Culturas, las Artes y Los Saberes, Yannai Kadamani.

La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó de manera unánime el Proyecto de Fortalecimiento a la Ley General de Cultura (Proyecto de Ley 625 de 2025), una iniciativa liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes con aportes de diversas bancadas.

El objetivo es promover la diversidad cultural y respaldar las expresiones emergentes en todo el país.

“Se ha logrado un consenso entre las distintas bancadas. En este Ministerio le apostamos a escuchar técnicamente todas las proposiciones y hoy presentamos una apuesta, más que de Gobierno, del sector cultura. Gracias a quienes escucharon, normalmente llamados oposición, a un sector dispuesto a resolver los problemas de la escena cultural", afirmó la ministra Yannai Kadamani.

El proyecto busca dar respuesta a las demandas del sector cultural, garantizando mayor incidencia en las decisiones que afectan sus derechos y condiciones.

También pretende fortalecer el Sistema Nacional de Cultura, promoviendo la participación directa de colectivos, comunidades y agentes culturales en la formulación de políticas públicas, y ampliar el acceso a la cultura para todos los colombianos.

Con esta aprobación, la iniciativa continuará su trámite legislativo y pasará a tercer debate en la Comisión Sexta del Senado. Su construcción fue colectiva, con la participación de más de 7.000 personas a través de 85 mesas de diálogo realizadas en 17 encuentros regionales.

La propuesta se articula en cuatro ejes:

Dignificación del sector cultural: Reconoce a artistas, creadores, portadores de saberes y gestores como protagonistas del desarrollo del país, promoviendo condiciones justas y respeto por su labor.

Gobernanza y participación: Busca fortalecer la voz de los agentes culturales en la toma de decisiones y consolidar un sistema más democrático y articulado en los territorios.

Fortalecimiento sectorial e intersectorial: Integra la cultura con sectores como educación, turismo, ciencia, tecnología y economía, potenciando la creación, circulación e impacto del arte.

Financiación y estímulos: Propone aumentar y proteger los recursos destinados a la cultura, simplificar el acceso a fondos y crear nuevos incentivos para impulsar la sostenibilidad, innovación e industrias culturales en los territorios.

El proyecto también actualiza el marco jurídico de la Ley General de Cultura (Ley 397 de 1997), creada hace 28 años, sin afectar los beneficios ya establecidos.

Presidente Petro aboga por un Congreso de mayorías limpias que renazca en el corazón colombiano

​“Ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política deben tener como objetivo desatar el poder constituyente”: presidente Petro.​

Como “suicida” y “extorsionista” calificó el presidente Gustavo Petro la actitud de algunos congresistas de la oposición al poner el odio político por encima del interés nacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario dijo que esto es “digno de aquellas épocas en que mandaban a la gente a matarse entre sí”. Recalcó que “el odio se les vuelve la más absoluta displicencia por la ciudadanía. Entre más pobre, peor”.

Frente a este hecho, el jefe de Estado expuso que ahora el país debe decidir si quiere seguir bajo este tipo de congresistas o “decide cambiar su Congreso y retomar su poder constituyente”.

De acuerdo con el presidente Petro, “ganar una mayoría ciudadana en el Congreso de Colombia y aislar la mafia política deben tener como objetivo desatar el poder constituyente”.

En este sentido, indicó el “Comité por la Constituyente, recién instituido por las fuerzas sociales más fuertes del país, debe inscribir ya el documento de proyecto de ley que se presentará al próximo Congreso. Será mi último acto de gobierno y en plaza pública y con la espada de Bolívar en alto”.

Para el jefe de Estado, “los congresistas que han hundido varias veces la reforma laboral y detenido la reforma a la salud, la reforma que crea más igualdad buscando recursos de los megamillonarios y no de los pobres, no deben continuar en el Congreso”.

“Ojalá el sueño de tener un Congreso de mayorías limpias y el poder constituyente renazcan en el corazón colombiano”, puntualizó el presidente de la República.

Consulte el mensaje en X del presidente Gustavo Petro:  

https://x.com/petrogustavo/status/1998771593317601409

Gobierno defiende en la Cámara la Jurisdicción Agraria: 'Es la mayor promesa de justicia para el campesinado en 100 años'

Foto: Ministerio de Agricultura

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó este jueves ante la Cámara de Representantes la propuesta del Gobierno del Cambio que busca consolidar una justicia agraria robusta y que atienda los propósitos del régimen agrario colombiano.

A 89 días y 38 sesiones para discutir la jurisdicción agraria en su último paso, la ministra Carvajalino atendió la solicitud que hicieron representantes a la Cámara para hablar sobre el acuerdo del artículo 9 de este proyecto de ley, que ya logró consensos en los debates de las comisiones primeras de Cámara y Senado.

La jurisdicción agraria resolverá los conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra, sobre posesión de predios, servidumbres, ocupaciones de hecho, contratos agrarios, recursos comunales, y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.

Al respecto, la jefe de la cartera de Agricultura dijo que este proyecto “le lleva la justicia, los jueces y magistrados al campo colombiano para resolver los conflictos agrarios. De no discutirse en este periodo legislativo, veremos entonces cómo se archiva por falta de discusión la promesa más grande que hemos tenido frente al campesinado: devolverle una justicia que está peleando desde hace 100 años".

La ministra Carvajalino también hizo un llamado a que se logre, en el marco de las diferencias, encontrar los acuerdos que permitan construir esta justicia, y reiteró la necesidad no negarle a campesinos y campesinas de Colombia, así como a productores grandes, pequeños y medianos, y a quienes trabajan el campo colombiano, la posibilidad de tener justicia.

En la Cámara de Representantes avanzan reformas a los Consejos de Juventud.

En su primer debate, la Cámara de Representantes aprobó la reforma a los Consejos de Juventud con miras a fortalecerlos en su ejercicio político, dotándolos de mecanismos que los hagan más atractivos para los jóvenes, con real autonomía y con un carácter decisorio más que consultivo, en las decisiones trascendentales para sus comunidades.

Esta iniciativa llegó en un momento clave, después de diez años de intentos fallidos por reformar el estatuto y tras unas elecciones marcadas por la baja participación.

En los pasados comicios para elegir los nuevos Consejos de Juventud, la participación alcanzó apenas el 12,5% de los 12 millones de jóvenes habilitados para votar y solo 1 millón 500 mil acudió a las urnas.

Para el representante, Gabriel Becerra, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, existe un cansancio por parte de los miembros de los consejos, al no tener una incidencia real en las decisiones políticas. Asimismo, señaló la importancia de crear las Oficinas de la Juventud donde se puedan delinear políticas para esta población y dialogar con instancias de primer nivel como las gobernaciones y alcaldías.

Para el congresista, Duvalier Sánchez, resulta impensable concebir una democracia sin la participación activa de la juventud. En Colombia, los jóvenes representan 12 millones de personas, equivalentes al 25% de la población. Uno de cada cuatro colombianos es joven, y aún persiste una deuda pendiente con ellos en el marco de este estatuto.

Según explicó, la iniciativa busca que los incentivos sean más claros y que los Consejos de Juventud puedan ejercer una verdadera vocería política. Además, pretende que los jóvenes aborden temas clave como la salud mental, la educación de calidad y la seguridad, como también que se elimine la práctica de tener que esperar “hasta cuando el alcalde los quiera posesionar”.

Para la representante, Astrid Sánchez, la problemática de los jóvenes es evidente. Durante las audiencias públicas realizadas antes de las elecciones, muchos relataron cómo se retiraron de los consejos debido a la falta de apoyo por parte de algunas alcaldías y a la ausencia de recursos para asistir a las reuniones.

Por su parte, la representante, Marelén Castillo, advirtió sobre la necesidad de blindar los Consejos de Juventud, con el fin de evitar su instrumentalización a través de prácticas clientelistas, como ofrecer calificaciones académicas, dinero u otros beneficios a cambio de apoyo político.

De esta manera, la Comisión Primera, abrió el camino para que se construya una nueva historia para los jóvenes de nuestro país, logrando que su voz y su voto dejen huella.

Fuente: Helen García – Periodista Oficina de Información y Prensa Cámara

Con reducción de 10 billones, el congreso aprobó presupuesto nacional por 547 billones

Foto: Nicolás Ruiz- DNP​

“Lo fundamental que hemos hecho hoy es mostrarle al país que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tienen un escenario para llegar a consensos, y hoy el Gobierno del presidente Gustavo Petro le ha mostrado al Congreso y al país que está abierto al diálogo y que está dispuesto a lograr estos acuerdos", aseguró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, luego de que la plenaria del Senado aprobara el Presupuesto General de la Nación para 2026.

Por 50 votos por el sí y 27 por el no, la plenaria de la cámara alta acogió el texto aprobado el miércoles por la Cámara de Representantes (74 votos por el Sí y 24 por el No), en donde se establece un aforo total del PGN de $ 546,9 billones para el año entrante, asociado a una Ley de Financiamiento (Reforma Tributaria) por $ 16,3 billones que comenzará a ser estudiada por el Legislativo en los próximos días.

“Hemos dado un paso muy importante. Después de un debate serio en Cámara y Senado, las Comisiones Económicas Conjuntas realizaron un examen pormenorizado del PGN, y a través de un ejercicio de concertación y de acuerdos logramos sacar un presupuesto definitivo para 2026 por $ 547 billones. La Ley de Financiamiento ($ 16,3 billones) también va a ser ajustada en la medida en que el PGN también fue ajustado en $10 billones", dijo el ministro Ávila Plazas.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, celebró la aprobación del presupuesto para el año entrante.

“Hoy el Gobierno logró que su coalición sea fuerte. Le doy muchas gracias al presidente del Senado, Lidio García, por lo que sucedió con el Presupuesto para 2026", destacó el jefe de la cartera política.

​Distribución de​l PGN

El ministro de Hacienda destacó que con el monto aprobado “se mantienen las líneas de inversión priorizadas por el Plan Nacional de Desarrollo en sus objetivos estratégicos, como son la convergencia regional, el cumplimiento del Acuerdo de paz, el impulso a la transición energética, el suministro de agua potable y el fortalecimiento a la salud y educación".

Dijo el funcionario que, efectivamente, en lo aprobado hay varias modificaciones. La primera, una reducción de $ 10 billones en el PGN, que implicó revisar los presupuestos de algunos Ministerios.

“En el primer debate hicimos ajustes por cerca de medio billón de pesos, y en el segundo debate hicimos ajustes por cerca de $ 1,5 billones más, pero esto garantizó que varios sectores sensibles para el Congreso fueran atendidos y por eso realizamos los ajustes correspondientes", aseguró el funcionario.

​Garantía​ para elecciones de 2026

Ávila Plazas dijo que “se acordó un ajuste" en el caso de la Procuraduría “porque va a jugar un papel fundamental tanto en su labor de vigilancia y resguardo de las próximas elecciones. A la Registraduría también le garantizamos los recursos para que el próximo debate electoral".

También se hizo un ajuste en el presupuesto de la Defensoría del Pueblo, “pero fue un ajuste que se tuvo que hacer en prácticamente todas las entidades por el recorte de $10 billones en el presupuesto general", destacó.

El ministro de Hacienda explicó que, en el caso del Ministerio de Defensa, “se garantizan los rubros de funcionamiento y los recursos adicionales para atender incrementos salariales a los miembros de la Fuerza Pública e inversiones en seguridad. El sector Defensa tiene incrementos significativos para el próximo año", sostuvo.

Y frente a los recursos para el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el ministro aseguró que los recursos adicionales van para el Fondo Paz, “y para atender las necesidades de inversión en todas las zonas en las que se adelantan procesos de paz, sustitución de cultivos y las poblaciones beneficiarias en los acuerdos suscritos con el Gobierno".

​Ley de Fi​nanciamiento

En los próximos días el Congreso de la República comenzará a debatir la Ley de Financiamiento por $ 16,3 billones para financiar el PGN de 2026.

“El Gobierno ha tenido el cuidado de garantizar que la Ley de Financiamiento sea progresiva, que no afecte la canasta familiar, que esté orientada a la población de ingresos más altos y a resolver los problemas estructurales del gasto".

El mensaje del Gobierno, agregó el funcionario, es que “el Gobierno está abierto al diálogo y la discusión de este proyecto de Ley de Financiamiento".

Ahora, el PGN de 2026 pasará a sanción presidencial. El del año pasado no fue aprobado por el Congreso y fue expedido por el Gobierno nacional, vía decreto, por un monto de $ 511 billones.

¿Qué cambiará en las universidades públicas con la reforma a la ley de educación aprobada en el Senado?

Por María Camila Fernández-Prensa Senado.- Más recursos y una distribución más equitativa de los mismos son dos de las principales novedades que fueron aprobadas en la Plenaria del Senado en medio del proyecto de ley que modifica algunos aspectos de la Ley 30 y que fue celebrada por varios sectores de las universidades públicas.

La iniciativa, que superó su paso por el Senado y va para la Cámara de Representantes, busca una financiación más equilibrada y sostenible para las universidades públicas, y fue avalada por los senadores con 60 votos a favor.

¿Qué cambia en la práctica? Una vez se apruebe el proyecto de ley y sea sancionado por el Presidente de la República, los recursos ya no se ajustarán con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) -como se hace hoy en día-, sino con un índice especial (ICES) elaborado por el DANE y que reflejaría los costos reales de las instituciones, incluyendo salarios de docentes y gastos de funcionamiento.

Además, se establecen recursos adicionales permanentes por parte del Gobierno y las entidades territoriales, que se destinarían a ampliar el acceso, apoyar la permanencia y la graduación de los estudiantes, fortalecer el bienestar universitario e incrementar las plantas de profesores y administrativos.

La reforma también cobija a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias oficiales, con el fin de abrir más oportunidades educativas en las regiones. Y, a mediano plazo, fija un compromiso: en los próximos 15 años, la inversión en educación superior pública crecerá progresivamente hasta alcanzar el 1 % del PIB, acercando a Colombia a los estándares internacionales.

Lo que dijeron los senadores

Durante el debate, la Senadora Sandra Ramírez (Pacto Histórico) celebró la decisión como un triunfo de los estudiantes y la comunidad educativa.

“Recursos permanentes años tras año; no aumentos pasajeros; estudiantes, profes y directivos con voz en la construcción de presupuestos; veedurías ciudadanas para vigilar el uso de cada peso (…), y distribución de recursos con criterios de equidad y de justicia”, fueron los aspectos que resaltó la congresista.

El Senador Guido Echeverry (En Marcha) destacó que los recursos deberán destinarse a ampliar cobertura, investigación, bienestar e internacionalización, y dijo que “lo que se está planteando es que esos recursos adicionales se apliquen exactamente con unos criterios que tengan que ver con ampliación de cobertura, desarrollo de investigación, con bienestar universitario, con internacionalización de la educación superior”.

Desde otros sectores políticos hubo diferentes miradas. El Senador Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) advirtió que la reforma solo toca dos artículos de una ley que tiene 144en total.

“Hoy se está vendiendo este proyecto de ley como un gran triunfo. Yo creo que esto no es un triunfo para la educación superior. La Ley 30 tiene 144 artículos y estamos modificando dos, solo la parte financiera”, aseguró el congresista del partido independiente del Gobierno Nacional.

Por su parte, la Senadora Paloma Valencia (Centro Democrático) alertó sobre las limitaciones fiscales del país.“Lo que pedimos, señores congresistas, es que demos la plata con unos criterios que permitan que el país responda a las realidades fiscales, hoy muy precarias”, advirtió la congresista opositora.

El ministro de Educación, Daniel Rojas, afirmó que “el déficit de la financiación de la universidad pública empieza a cerrarse gracias a la voluntad de este Congreso”

“Este proyecto es, sobre todo, una victoria del movimiento estudiantil, una victoria de la juventud colombiana”, manifestó el funcionario.

Presidente Petro descarta incremento a gasolina y cerveza: Congreso aprobó en primer debate presupuesto para 2026

Presidente Petro: "lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia."

Desde su cuenta de X​ el presidente Gustavo Petro celebró el acuerdo entre el Gobierno nacional y las Comisiones Económicas del Congreso que permitió la aprobación en primer debate del Presupuesto General de la Nación para 2026, por un monto de 546,9 billones de pesos, es decir 10 billones de pesos menos frente a la propuesta inicial.

Desde Nueva York, donde participa en la Asamblea General de Naciones Unidas, el mandatario anunció que, frente a este acuerdo, no se solicitarán incrementos sobre la gasolina y la cerveza.

Al respecto, el jefe de Estado precisó: “Felicito a las Comisiones Económicas que hayan aprobado el presupuesto nacional por $547 billones. Como la solicitud nueva de recursos financieros disminuye en 10 billones de pesos, creo que lo más justo es no solicitar incrementos de impuestos sobre la gasolina y la cerveza. Espero que los productores de cerveza compren toda la materia prima de trigo y cebada de Colombia. Sabrá más rica”.

Ley de financiamiento en la mira

Tras este trámite, el proyecto de presupuesto pasará a segundo debate en las plenarias de la Cámara de Representantes y el Senado de la República.

Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, “lo que hemos logrado hoy es un escenario de acuerdos y de consensos entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República, con lo cual damos un paso significativo para lograr la aprobación definitiva del Presupuesto General de la Nación”.

“Las modificaciones que hemos hecho han sido consensuadas con el Congreso. El Gobierno ha estimulado que ese espacio de consenso se diera. Lo hemos coordinado con el presidente Petro. Él es conocedor de las decisiones que hemos tomado. Realmente no es agridulce. Es un momento dulce de la relación entre el Congreso de la República y el Gobierno nacional”, sostuvo el titular de la cartera económica.

El ministro de Hacienda puntualizó que el siguiente paso es la discusión de la Ley de Financiamiento, inicialmente estimada en 16,28​ billones de pesos, que “va a ser discutida con el Congreso y que tendrá un escenario distinto de reflexión. Esperamos llegar también llegar a un consenso con el Congreso para la aprobación de esta ley”.

Verdades y mentiras de la Ley de Financiamiento

Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda

La radicación de la Ley de Financiamiento ha sido -como era de esperarse- objeto de controversia y de diversas interpretaciones. Por ello, es necesario precisar que el proyecto dicta una serie de medidas orientadas a garantizar el Presupuesto General de la Nación para el 2026, reducir el gasto tributario, equilibrar las finanzas públicas, con especial énfasis en materias ambientales y de salud pública, y establecer mejoras en el proceso de fiscalización y operatividad del sistema tributario.

Su razón de ser no es arbitraria. El proyecto responde a la necesidad de alcanzar la estabilidad económica, como el ministro Ávila ha señalado en repetidas oportunidades. “Cada decisión de política fiscal, ha estado orientada por la necesidad de responder con responsabilidad a una coyuntura compleja, buscando preservar la sostenibilidad macroeconómica y proteger el gasto social prioritario”.

Las restricciones fiscales que hoy enfrenta el país no son producto exclusivo de decisiones recientes; son el reflejo de una trayectoria prolongada de presiones crecientes sobre el gasto y el endeudamiento acumulado en años anteriores, lo que ha limitado el margen de maniobra actual y hoy hace necesario que se implementen medidas acordes con la realidad fiscal.

1. Hay razones para una Ley de Financiamiento: El hueco fiscal es una realidad

Entre varios hechos, decisiones y situaciones responsables de las dificultades fiscales que hoy afronta el país, señalamos tres de enorme impacto en la economía nacional:

👉 El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La deuda acumulada debido al subsidio a la gasolina y el diésel, originada por la congelación de precios durante la pandemia y la falta de ajustes, en relación con el precio internacional. Este déficit ha sido cubierto por el gobierno a través de pagos significativos y el uso de utilidades de Ecopetrol, y se prevé que se reduzca hasta un balance neutro a partir de 2027, con aumentos de precios y ajustes presupuestarios.

👉 Los subsidios de energía y gas, establecidos por ley, han venido acumulando una carga recurrente sobre el presupuesto público, ante la ausencia del apoyo financiero solidario de empresas privadas, como proponían la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994. Hay “un acumulado de 18,2 billones de pesos, equivalentes a un punto del PIB por el esfuerzo del gasto fiscal asociado a los subsidios de energía y gas”, sostuvo el ministro. En mayo de 2025, el Gobierno Nacional informó que había cancelado el 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas.

👉 La línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le otorgó al país cerca de $5.400 millones de dólares para atender la coyuntura de la pandemia. En dos años de gobierno, se cancelaron todos los gastos asociados a la pandemia y a la crisis que vivió el mundo, y que Colombia financió a través de esta modalidad crediticia.

2. La Ley de Financiamiento toma 40 decisiones tributarias, algunas progresivas y la mayoría condicionadas a situaciones, productos y actividades específicas.

➽ Ajustes en el IVA (19%) para vehículos híbridos, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vapeadores. Hospedaje de no residentes y juegos de azar por internet.

➽ Gravamen a servicios digitales como software y procesamiento en la nube. Cirugías estéticas y arrendamiento de espacios para exposiciones.

➽ Las iglesias o confesiones religiosas que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario sobre dichas rentas.

➽ La persona no residente o entidad no domiciliada en Colombia podrá optar por declarar y pagar en el formulario del impuesto sobre la renta, una tarifa del 5% sobre la totalidad de los ingresos brutos derivados de la venta de bienes y/o prestación de servicios digitales, desde el exterior, vendidos o prestados a usuarios ubicados en el territorio nacional.

❌ No se grava con IVA ni con ningún otro tributo los productos de la canasta familiar. Sólo los consumos de lujo no esenciales.

❌ No afecta la economía de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, es decir los estratos 1, 2 y 3.

❌ No se grava patrimonio de una familia promedio colombiana. Sólo los que son superiores a los $1.900 millones de pesos, excluyendo la vivienda de uso habitacional.

❌ No se grava turismo de nacionales, sólo se elimina el privilegio de los extranjeros que no pagaban IVA a los servicios y planes turísticos.

❌ No se gravan cultos religiosos de ninguna iglesia, sólo las actividades comerciales como venta de publicaciones y artículos, alquileres de salones y planes de turismo religioso.

❌ No se gravan cuotas de administración en propiedad horizontal (conjuntos residenciales).

❌ No se gravan las loterías tradicionales, solo las que operan por internet.

❌ No se gravan vehículos en general, sólo los híbridos que pasan del 5% al 19% de IVA, y los vehículos de alta gama; aquellos con un valor superior a los USD $30.000, precio de importación, pasaran del 16% al 19%.

❌ No se crea nuevo impuesto a los combustibles, sólo se retiran beneficios tributarios.

❌ El impuesto de renta a personas jurídicas no se toca en la propuesta, para no desestimular al sector productivo. Ese tratamiento diferencial, se mantiene para continuar senda de crecimiento económico.

❌ No se gravan las boletas para acceder a actividades culturales, como cine, teatro o espectáculos deportivos. Sólo las boletas de negocios artísticos, cuyo valor sea superior a los $500.000 mil pesos. En este caso se aplica el IVA del 19%.

❌ Salida de dividendos de empresarios tendrán impuesto que pasa del 20% al 30%. Exportación de dividendos y se coloca tributación mayor al tabaco, incluyendo vapeadores y las bebidas alcohólicas. Entre más grado de alcohol mayor tributación.

❌ No hay cambios en renta para quienes ganen menos de $10 millones de pesos mensuales ni para patrimonios inferiores a $1.900 millones de pesos.

✅ Los sectores de mayores ingresos y patrimonios sí tendrán un mayor impuesto de renta.

✅ La sobretasa al sector financiero y los impuestos a bienes nocivos para la salud financiarán programas sociales y de seguridad.

La ley de financiamiento garantiza la inversión social manteniendo recursos para los sectores de educación, salud, vivienda y programas priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, asegurando que no se produzcan recortes al presupuesto del año entrante, ni se afecte la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.

La medida promete impulsar la economía nacional con inversión pública, estableciendo que, a más recaudo, mayor financiación de obras de infraestructura, lo que a su vez genera empleo y crecimiento, sin recorte al gasto en inversión. Entre más grande sea el patrimonio, mayor deberá ser el aporte, para que la riqueza acumulada contribuya a financiar programas sociales, se promueva la solidaridad y se reduzca la brecha de desigualdad, objetivo primordial del actual Gobierno.

La estabilidad fiscal del país, como ha señalado el ministro de Hacienda, Germán Ávila, permitirá el retorno gradual a la senda de la Regla Fiscal, reducirá la deuda y fortalecerá la confianza en Colombia, como un destino favorable para la inversión de capital.

De $66 billones del gasto total en defensa, $49 billones son para la fuerza pública

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado de la cúpula militar y policial
presentó ante el Congreso el presupuesto del sector Defensa.​​​

​El presupuesto se invertirá en los próximos 10 años, y el 3,7 de esa meta se destinará para el 2026. Pero, en el marco de gasto a mediano plazo 2027-2029, el ministerio de Defensa proyecta pasar de 66 billones de pesos en 2026 a 70 billones en 2029, explicó el titular de dicha cartera, Pedro Sánchez, ante el Congreso.

“La inversión en seguridad y Defensa durante los últimos tres años ha tenido el propósito de recuperar la fuerza pública en cantidad y en dignidad”, explicó, y agregó que del total del presupuesto, el 79% va dirigido a financiar el gasto de personal activo, asignaciones de retiro y funcionamiento del Sistema de Salud de la fuerza pública.

Indicó que “los gastos en inversión para seguridad y defensa corresponden a las necesidades proyectadas para el fortalecimiento de la protección a los colombianos y poder solucionar los problemas internos, garantizando siempre la soberanía y los fines esenciales del Estado”.

Del monto restante, el 13 % corresponde a los gastos de funcionamiento y la operación propia de las unidades militares y policiales, el 6 % cubre los gastos por el pago de sentencias judiciales, y el 2 % corresponde a operaciones comerciales del sector Defensa.

Frente a la ejecución presupuestal de la presente vigencia, el MinDefensa informó que, del total de los recursos asignados, el 50% del monto asignado a las obligaciones ya fue ejecutado, así como el 58.2% de los recursos designados a compromisos.

Explicó el Modelo de Planeación por Capacidades, mediante el cual el ministerio de Defensa busca anticiparse a posibles amenazas y afrontar los desafíos con efectividad, fortaleciendo así el sostenimiento de las capacidades, y articulando siempre la estrategia y el presupuesto para hacer más eficiente el gasto.

Pero advirtió la necesidad de reforzar las capacidades en cuando a componentes de inteligencia, mando y control, movimiento y maniobra; así como la urgencia por modernizar equipos y sistemas de defensa, tales como aviones de superioridad aérea, vehículos blindados, buques y plataformas tecnológicas.

Reconoció que “hay situaciones delicadas que debemos atender en un contexto cada vez más complejo, pero si queremos más seguridad, hay que invertir. La Seguridad es un catalizador que permite mejor inversión, mejor desarrollo y avance”.

“Si no protegemos a la Fuerza Pública, el primer daño es que perdemos a hombres y mujeres y los recursos también se deberán destinar al pago de indemnizaciones a las familias de nuestros héroes”, detalló el ministro de Defensa.