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Gobierno no retirará proyecto de ley de reforma a la salud, advierte presidente Petro

Por ningún motivo el gobierno nacional retirará el proyecto de ley de reforma a la salud que se debate actualmente en la Comisión Séptima del Senado, manifestó, de manera enfática, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en una rueda de prensa ofrecida este martes en la Casa de Nariño.

Foto: Juan Diego Cano - Presidencia
 El mandatario advirtió sobre las consecuencias de hundir el proyecto, dijo que el sistema de salud actual no es sostenible y reiteró que la mayor parte de las Empresas Promotoras de Salud (EPS) incumplió las normas sobre reservas técnicas.

Responsabilidad será del Congreso

De acuerdo con el presidente, la reforma a la salud es imprescindible para el país y el Congreso es el que tiene la responsabilidad histórica en este tema.

“El INRI va a quedar es sobre el Congreso, que no fue capaz de hacer una reforma a la salud cuando más se necesitaba, si es que adopta esa posición. Allá él. Pero la reforma a la salud es absolutamente imprescindible, porque hay por lo menos 35 billones de pesos perdidos. Y este gobierno no va a dejar perder el dinero público”, sostuvo el primer mandatario.

El pasado 26 de noviembre, en un mensaje publicado en la red X, el presidente de la República reiteró la importancia del sistema preventivo de centros de atención primaria y médicos que recorrerán los hogares del país, y subrayó que el Gobierno del Cambio insistirá en la aprobación de una ley de reforma a la salud cuántas veces sea necesario.

Ejes de la reforma

 Garantizar una atención en salud cercana a la población, sin barreras de acceso y sin discriminación. Se cuidará a las personas del territorio nacional con equipos de salud durante todas las etapas vitales, buscando prevenir la enfermedad, predecir desenlaces futuros y responder de manera integral y efectiva a las necesidades de salud en el lugar que sea necesario.

Organizar Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud para que todas las personas sean atendidas en el lugar más cercano a su domicilio, de forma continua e integral y sin fragmentaciones.

 Fortalecer la atención en salud para las poblaciones marginadas, rurales y dispersas.

 Seguir financiando el sistema de salud con recursos públicos.

 Pagar oportunamente y con tarifas justas a clínicas y hospitales una vez presten los servicios de salud.

 Brindar condiciones laborales dignas y justas para los trabajadores de la salud.

 Garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas y cuidado de los recursos.

 Fortalecer la autonomía de los profesionales de la salud.

 Planear la salud basada en la articulación de los diferentes sistemas y fuentes de información.

 Garantizar que el manejo del dinero será transparente y con múltiples mecanismos de control y seguimiento para su uso eficiente.

 Fortalecer la red pública hospitalaria.

 Identificar todos los medicamentos prescritos dentro del sistema: qué se prescribe, dónde, a quién y cuánto vale, lo que permitiría asegurar la disponibilidad de los medicamentos.

 Crear Instituciones de Salud Itinerantes para la atención de la población que habita en zonas dispersas y de difícil acceso.

 Avanzar en la soberanía farmacéutica con la producción de vacunas.

Desarrollar el modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, el cual nos permitirá estar más sanos y mejor cuidados.

Luz verde al proyecto de ley contra la violencia vicaria

 Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida como la violencia que busca afectar a las mujeres causando daño a sus hijos o hijas principalmente, sea reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano.

Alexandra Vásquez, autora - Delcy Isaza, ponente.
 El objetivo principal de esta ley, además de reconocer dicha violencia, es prevenirla y garantizar un acceso efectivo a la justicia, reparación y no repetición a las víctimas, en consonancia con la protección de los derechos humanos. La autora del proyecto, Alexandra Vásquez, actual representante a la Cámara del Pacto Histórico, enfatizó la importancia de “prevenir esta forma de violencia mediante la formación de funcionarios públicos y la difusión de información en medios de comunicación".

Asimismo, basándose en datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, la congresista cundinamarqués recalcó las graves consecuencias que esta violencia tiene en mujeres, niños y jóvenes, desde afectaciones psicológicas hasta casos extremos como feminicidio e infanticidio, tal como sucedió con el menor Gabriel Esteban Cubillos, cuyo asesinato, cometido por su padre en el año 2022, evidenció las manifestaciones de la violencia vicaria en búsqueda de venganza contra su expareja por haber terminado la relación.

Por su parte, la congresista del Partido Conservador, Delcy Isaza, ponente del proyecto, resaltó el enfoque de género del proyecto “en un país patriarcal y machista en el que los derechos de las mujeres deben ser suplicados". Igualmente, reconoció el aporte de las organizaciones sociales y de todas las personas que han luchado incansablemente por la visibilización y reconocimiento de la violencia vicaria.

Por su parte el representante Miguel Polo Polo votó negativamente al proyecto al considerar que “deja desprotegidos a los hombres, niños y otros grupos minoritarios”.

El articulado también propone la declaración del 11 de mayo como el Día en Contra de la Violencia Vicaria en Colombia, como un símbolo de compromiso para erradicar esta problemática en la sociedad.

El proyecto continuará trámite en la plenaria de la Cámara.

-Con información de la Cámara de Representantes-.

Aprobación de reforma a la salud en la Cámara es un gran paso para que la salud sea un derecho y no un negocio: Gobierno del Cambio

“Hoy hemos dado un gran paso en el proceso de aprobación de la reforma a la salud. Agradezco a la Cámara de Representantes, a los ponentes y al equipo del Gobierno del Cambio que trabajó durante todos estos meses".

Foto: Cámara de representantes

Así lo manifestó el ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Jaramillo, en su cuenta de la red X, al conocerse la aprobación en la noche del 5 de diciembre del proyecto en la plenaria de la Cámara de Representantes con 87 votos por el sí y 37 por el no, luego de 50 sesiones en plenaria y 10 meses de debates en el Congreso.

“Al pueblo colombiano le digo que ahora seguiremos desde el Senado en la búsqueda de un modelo que reconozca la salud como un derecho y no como un negocio.

“Presidente Gustavo Petro, con su liderazgo seguiremos trabajando por los derechos fundamentales de todas y todos los colombianos", expresó el jefe de la cartera de Salud.

​Trámit​e en Senado

“Las bondades de la propuesta terminaron imponiéndose. Respetamos el debate, respetamos las observaciones de la oposición, pero logramos una muy importante mayoría que esperamos se repita en el Senado, en donde tenemos que ir a hablar, a conversar, a escuchar", expresó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.

El trámite de la iniciativa en el Senado de la República se retoma en el primer trimestre del 2024. El ministro Velasco indicó que, con argumentos, se expondrá la necesidad de la reforma a la salud respetando el marco constitucional.

“El Senado es un espacio de reflexión, de debate, que respetamos. Hay personas con una gran experiencia, y también sentimos que allá hay colombianos que quieren que las cosas en salud mejoren. No es destruir lo que está funcionando bien, insisto en ello, es lo que está funcionando bien. Llevémoslo a donde no hay ningún tipo de funcionamiento de salud", destacó.

​El proyecto “por medio del cual se transforma el sistema de salud en Colombia y se dictan otras disposiciones", iniciativa de carácter social liderada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro, busca mejorar y fortalecer los accesos al servicio de salud de millones de colombianos, en concordancia a lo contemplado en la Constitución Política de 1991, y como derecho fundamental consagrado en la ley Estatutaria 17​51 de 2015.

La iniciativa se enfoca en priorizar la atención primaria, garantizar la equidad en la prestación de los servicios y fortalecer el sistema, con el fin de brindar una mejor atención en todo el territorio colombiano.

El lunes 4 de diciembre se terminaría de votar la reforma a la salud

 Como una jornada muy positiva para el trámite de la reforma a la salud calificó el presidente de la Cámara, Andrés Calle, la plenaria de este jueves cuando se dejó aprobado más del 90% de ese proyecto que es de autoría del gobierno nacional.

Foto: Cámara de Representantes

Prensa Cámara de Representantes.- “Hay muy buenas noticias, el día de hoy luego de más de cinco meses de debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Estamos a nueve artículos de tener la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, para entregársela al Senado de la República”, señaló el presidente Calle.

Afirmó además que "tenemos el compromiso de sacar la mejor reforma posible, que refleje la voluntad del pueblo colombiano, donde las voces que la quieren y las que no la quieren sean igualmente escuchadas. Ese es el reto y en eso hemos avanzado durante estos cinco meses".

El coordinador ponente, Alfredo Mondragón (Pacto Histórico), expresó la importancia de lo aprobado por la plenaria, en particular lo que significará el papel de las gestoras de salud y el tránsito de las EPS a las gestoras de salud, las funciones asignadas a estas, el pago fijo del 5%, y la obligación de las EPS de sanear sus deudas.

"Fue aprobado el artículo 49 que les asigna 24 funciones a las gestoras de salud. Este artículo se aprobó con la proposición presentada por congresistas del Partido Verde, Liberal, la U y Dignidad. Sí tendrán funciones y los congresistas las conocen”.

Por su parte la representante Jennifer Pedraza (Dignidad), sostuvo que "al Gobierno solo le importa tener el titular de prensa de que se aprobó la Reforma a la Salud. Un contenido que realmente mejore el Sistema hace tiempo dejó de importarles". También cuestionó la falta de garantías para que los recursos destinados a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se utilicen específicamente en la atención de pacientes.

Es de destacar que debido a que la Comisión de Ética negó las recusaciones contra el presidente el presidente Calle y la bancada de la Alianza Verde, los representantes pudieron participar en la sesión plenaria.

Gobierno del Cambio radicó proyectos de ley para implementar la Jurisdicción Agraria y Rural

El Gobierno del Cambio radicó en el Congreso de la República dos proyectos de ley que establecen los principios y las reglas para dar vida a la Jurisdicción Agraria y Rural en el país que reconoce a los campesinos de Colombia como sujetos de derecho.

Los ministros del Interior, Luis Fernando Velasco, de Justicia, Néstor Iván Osuna, y de Agricultura encargada, Aura María Duarte, radicaron ante la Secretaría General del Senado los dos proyectos de ley que buscan avanzar en el objetivo de saldar la deuda del Estado colombiano con las comunidades campesinas, étnicas y rurales.

La reglamentación de la reforma constitucional que dio vida a la nueva competencia judicial presentada al Congreso para su discusión fue diseñada por el Ministerio de Justicia, junto con la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Uno de los proyectos brinda herramientas para la asignación de presupuesto, el nombramiento de jueces, la adecuación sedes, la creación de tribunales, juzgados y distritos judiciales agrarios y rurales con el respaldo del Plan Nacional de Desarrollo​. Además, establece con claridad las competencias de la Jurisdicción Agraria y Rural.

La otra iniciativa, de carácter estatutario, propone instaurar una regulación procesal, autónoma y especial, para los asuntos agrarios y las relaciones que se construyen alrededor de la tierra.

Contiene también disposiciones relacionadas con la integración y estructura de la nueva jurisdicción y el lugar que ésta ocupa en la integración de la Rama Judicial, entre ellas el cambio de nombre de la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, reemplazándolo por el de Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.

El Ministerio de Justicia justificó en su exposición de motivos que el impacto fiscal para el país de la nueva Jurisdicción Agraria y Rural se compensa con una disminución de la conflictividad social, una mejora de las condiciones para la productividad del campo, la reducción en los factores generadores de violencia y la posibilidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los y las habitantes rurales.

Los conflictos agrarios y rurales –señalan los proyectos de ley– deben ser decididos de manera integral, para que resuelva todas las controversias sobre los predios rurales o las relaciones agrarias en cuestión.

Los pu​ntos más relevantes

​Implementa un procedimiento especial agrario, diseñado para agilizar los procesos que ingresen a esta jurisdicción, con la expectativa de reducir el tiempo de solución de los casos a tan solo 3 o 4 meses.

Aumenta de 31 a 33 los magistrados del Consejo de Estado. Los dos miembros adicionales serán ubicados en la Sección Primera de ese alto tribunal.

En la Sala Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia se crean siete despachos nuevos para atender los casos relacionados con la nueva competencia judicial.

A nivel nacional se abren cinco tribunales Agrarios y Rurales en todo el territorio nacional y 32 juzgados de circuito, incluyendo la posibilidad de que en cada juzgado exista un juez adjunto de conformidad con las necesidades del servicio.

Crean las figuras de jueces y magistrados de apoyo itinerantes, para apoyar los despachos y evitar la congestión de expedientes, y la de facilitador agrario y rural, con la función de brindar orientación a los usuarios en un lenguaje claro para acceder al proceso especial agrario.

Definidas curules para Asambleas Departamentales








Las sesiones plenarias extraordinarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron este viernes la iniciativa, liderada por el Ministerio del Interior, que revive la fórmula con la que se define el número de diputados en las Asambleas Departamentales, de cara a las elecciones regionales de octubre.

El Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó que no habrá ninguna modificación ni alteración en el número de asambleístas en el país.

Agregó que “este proyecto trae la misma norma que se había derogado (…) es decir, estamos subsanando un error. Ahora, los mismos ponentes introdujeron un parágrafo transitorio que dice que hasta que se adopte un nuevo censo mediante Ley aprobada por el Congreso de la República, el número de diputados será igual al determinado por el Gobierno nacional para las elecciones territoriales que tuvieron lugar en 2019. O sea, el propio Congreso ha colocado un seguro”.

El titular de la cartera aseguró que esta iniciativa aplicará reglas como que los departamentos que no lleguen actualmente a 300 mil habitantes, tendrán asambleas de 11 diputados y aquellos que pasen de dicha población, elegirán uno más por cada 150 mil habitantes o fracción no inferior a los 75 mil hasta completar el máximo de 31. También, explicó que se utilizó como base el censo aprobado en 1985, debido a que el censo de 2018 no fue aprobado por el Congreso de la República.

Así las cosas, con la aprobación del mismo texto por parte de las dos cámaras, no será necesaria una conciliación, sino que el Proyecto de Ley 330 de 2023 de Senado y 416 de 2023 de Cámara pasa a sanción presidencial.

El Ministro reiteró que este proyecto es clave para que las elecciones del próximo 29 de octubre puedan realizarse sin contratiempos en el país.

De igual forma, insistió que lo que llevó al Gobierno Nacional a presentar este proyecto fue un “un error evidentemente sin intención cometido en el gobierno anterior con la entrada en vigencia de la Ley 2200 de 2022”.

Por otro lado, el alto funcionario agradeció el compromiso de los congresistas de todas las bancadas políticas por asumir con responsabilidad las dos leyes por las que fueron citados a sesiones extraordinarias.
Es importante aclarar que las sesiones culminaron alrededor de las cuatro de la madrugada con resultados positivos para el Gobierno del Cambio, ya que también fue aprobada la adición presupuestal por $16.9 billones, recursos que van dirigidos, en su mayoría, para la inversión social como parte del compromiso del mandato del Presidente Gustavo Petro.

Aprobada la adición presupuestal 2023







Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron este viernes el proyecto de ley que adiciona $16,9 billones al Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023, que asciende de esta manera a $422,5 billones, lo que permitirá destinar gran parte de estos recursos al gasto social.

El Ministro de Hacienda y Crédito Público (e), Diego Guevara, destacó que gracias al trabajo conjunto del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, en el marco de un constructivo debate democrático, estos recursos se destinarán a la reactivación económica, en programas de gasto que es viable ejecutar durante el segundo semestre del presente año.

Los recursos adicionales previstos son el resultado de la revisión de recursos ciertos para adicionar gastos ciertos. La caída del precio del petróleo Brent, la disminución de las importaciones y la desaceleración de la actividad económica explican la necesidad de hacer una adición responsable y orientada hacia la reactivación económica. En todo caso, de ocurrir un mayor recaudo tributario este formará parte del PGN 2024.

La adición es consistente con el cumplimiento de la regla fiscal, señaló el Ministro y se da en un escenario de desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), como el que prevén la mayoría de los analistas y el Banco de la República para 2023, es viable aumentar la inversión pública para contener la pérdida de dinamismo de la actividad productiva.

Distribución de los recursos

De los $16,9 billones aprobados, $9,1 billones se presupuestan en inversión; $7,3 billones en funcionamiento y $500 mil millones en servicio de la deuda. De este modo, la inversión totaliza $83,2 billones, 5,2% del PIB, y 19,5% más que lo presupuestado en 2022 ($69,7 billones).

Por razones legales de clasificación presupuestal, el rubro de transferencias corrientes de funcionamiento incluye partidas destinadas a la formación de capital físico y humano, las cuales, en la fase de ejecución presupuestal, ampliarán la inversión social en educación y salud y construcción de la paz, entre otras.

Los recursos se destinarán para atender, de forma prioritaria, los siguientes fines: impulsar la Reforma Rural Integral, la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria; fortalecer los subsidios de vivienda; impulsar el catastro multipropósito; mejorar la infraestructura y ampliar la cobertura de gratuidad educativa; garantizar el aseguramiento en salud por el impacto de las variables macroeconómicas; cubrir faltantes en los subsidios de energía y gas; construcción, rehabilitación ampliación, mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias.

También, busca compensar el impacto de las variables macroeconómicas sobre el pago de obligaciones pensionales; proteger, preservar, restaurar y promover el uso sostenible de áreas y ecosistemas estratégicos; al igual que el fortalecimiento de la administración de justicia.

Así mismo, incentivar la internacionalización y transformación productiva; cofinanciar el déficit de los sistemas integrados de transporte público masivo y de los sistemas estratégicos de transporte público; cerrar brechas digitales poblacionales; bienestar de las Fuerzas Militares y de Policía; impulsar la paz y fortalecer la educación artística y cultural.

Finalmente, el articulado aprobado faculta a Findeter para otorgar créditos directos a las empresas de distribución y comercialización de energía eléctrica. Esta medida busca garantizar la liquidez de estas empresas, de cara a riesgos venideros como el fenómeno del niño, en aras de la seguridad energética y la lucha contra la inflación.

Ahora, la iniciativa pasa a sanción presidencial para convertirse Ley de la República.

Garantizar el acceso al agua en zonas rurales

Avanza otra propuesta liderada por Gustavo Petro. Colombia garantizaría acceso al agua en zonas rurales





Congresistas de la comisión quinta aprobaron en primer debate, el proyecto de ley No. 271, que busca garantizar derechos a la gestión comunitaria del agua, aspectos ambientales en concordancia, y el establecimiento de un marco jurídico en relación de las comunidades organizadas, para la gestión del agua con el estado.

Isabel Cristina Zuleta López
Según la senadora Isabel Cristina Zuleta López, Coalición Pacto histórico, ponente y autora del proyecto, éste se construye desde hace 16 años, cuando la red nacional de acueductos comunitarios, se unificó para defender el derecho al agua, especialmente en las comunidades rurales, “es necesario convertir en ley de la república decretos que ya existen, relacionados al tema, con el fin de generar mayor estabilidad en el campo, y la prestación del servicio comunitario, con énfasis en el cuidado que estos acueductos hacen de nuestras fuentes hídricas”, ratificó.

Declaró contundente la congresista Zuleta López: “Estos acueductos no constituían empresa lucrativa alguna, y, por el contrario, garantizarán el buen mantenimiento de este recurso en los territorios alejados, donde empresas no tienen interés en explotarlo, ya que solo constituyen una forma organizativa al cuidado de micro cuencas y acuíferos”.

El senador Marcos Daniel Pineda García, Partido Conservador, manifestó tener dudas sobre algunos puntos, y dejó claro que no constituían un impedimento para votar favorablemente la ponencia, ya que, a su juicio “este proyecto tiene enormes beneficios; soy un convencido que hay que cerrar brechas sociales en Colombia en el sector rural, y una de esas es el acceso al agua potable”, remató.

Fortalecimiento de la educación superior pública

"Las 34 universidades públicas del país apoyamos el modelo de financiamiento que está promoviendo el Ministerio de Educación para lograr la sostenibilidad de las IES oficiales. Esperamos que los 2 puntos porcentuales de incremento a la base se dirijan a la política de ampliación de cobertura con enfoque territorial, para garantizar que llegue a los jóvenes con menos oportunidades y a las regiones donde el indicador está por debajo de la media nacional", aseguró el presidente del Sistema Universitario Estatal (SUE), Jairo Torres.


Por su parte, el presidente de la RedTTU, Gustavo Adolfo Rubio, afirmó que "las 30 instituciones técnicas y tecnológicas públicas estamos comprometidas con lo planteado por el Ministerio de Educación en el programa de ampliación de cobertura y dispuestos a apoyar con 178.172 nuevos cupos en el cuatrienio".

De acuerdo con lo proyectado por el equipo de la Dirección de Fomento del Viceministerio de Educación Superior, se estima que para el segundo semestre de 2023 ingresen alrededor de 55.000 estudiantes nuevos a la oferta académica de educación superior pública, impactando a toda la geografía nacional.

Es de resaltar que el Ministerio de Educación y los rectores de las IES oficiales coinciden en la orientación del Programa integral para la ampliación de cobertura. "Este programa tiene un enfoque de derechos, poblacional y territorial que tiene el propósito de cerrar brechas garantizando el acceso y permanencia a jóvenes de territorios que históricamente han estado excluidos de la educación superior, respondiendo a la apuesta de justicia social del gobierno del presidente Gustavo Petro", afirmó la ministra Vergara.

Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya, reconoció el esfuerzo del Ministerio de abrir el diálogo a nivel nacional para debatir sobre las transformaciones que requiere la educación superior. "Celebramos el enfoque de la política de Estado hacia los territorios más vulnerables y la priorización de recursos a la oferta no a la demanda, que les permite a las universidades pensar en sostenibilidad", dijo.

En lo relacionado con temas de financiamiento, el equipo del Ministerio de Educación socializó los avances frente al proceso de asignación y distribución de recursos para las IES públicas en 2023. En particular, se destacó la destinación inicial de recursos adicionales para fortalecimiento de las bases presupuestales por $216 mil millones (5 puntos porcentuales adicionales de crecimiento real); recursos para inversión por $300 mil millones destinados a apalancar proyectos que promuevan el mejoramiento de la calidad, así como las partidas presupuestales para el fortalecimiento de la infraestructura del sector.

"Aplaudimos que el Ministerio de Educación haya hecho el esfuerzo de ampliar la base presupuestal de las universidades públicas, recogiendo las necesidades del sector y teniendo en cuenta la realidad y particularidad territorial de cada una de las IES", exaltó Paula Chica, Vicerrectora de la Universidad de Caldas.

Finalmente, la ministra Aurora Vergara destacó que el propósito mayor del Gobierno Nacional es lograr las transformaciones del sistema que reconozcan la educación superior de calidad como un derecho para todas y todos los colombianos, y extendió una invitación a los diversos actores de la comunidad educativa a respaldar estas iniciativas.

La OIT respalda el proceso de reforma laboral

 



A través de una carta dirigida a la Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, la Directora General del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Corinne Vargha, manifestó su apoyo al trámite que se adelanta en el Congreso de la República para la aprobación e implementación del proyecto de ley de reforma laboral, impulsado por el Gobierno del Presidente Gustavo Petro.

Ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos
En ese contexto, la misiva subraya: “la Oficina confía en que el actual proceso de reforma culminará en la adopción de una legislación que permitirá el pleno cumplimiento de los compromisos asumidos por Colombia en materia de normas internacionales del trabajo y alienta toda iniciativa en ese sentido”.

La OIT, además, ratifica su disposición para cualquier apoyo adicional frente al proceso de la reforma, incluso visitar Colombia.

“El Departamento de Normas queda a disposición de los mandantes del país, para cualquier apoyo adicional, inclusive por medio de una visita a Colombia si lo estimara conveniente, con miras a facilitar la comprensión por parte de los mandantes tripartitos y de los poderes del Estado correspondientes, de los comentarios pertinentes de los órganos de control de la OIT”, precisa.

Al respecto, la Ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, destacó este viernes el apoyo de la OIT al proyecto de reforma laboral.

“Para nosotros es muy importante que justo el día de ayer, cuando estábamos en el debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, llegara a nosotros la reafirmación y ratificación del acompañamiento de la OIT a estas reformas, tanto la laboral como la pensional, porque esta es la máxima organización a nivel internacional que hace referencia al mundo del trabajo. Esto es muy importante porque la OIT es tripartita, es decir, están los trabajadores, los empresarios y el Gobierno”, resaltó la Ministra en el informativo ‘Colombia Hoy Radio’.

​Ocho nuevos artículos

Asimismo, la Ministra se refirió a la aprobación de la ponencia positiva del proyecto de ley ‘Trabajo por el Cambio’ en la Comisión Séptima de la Cámara ayer jueves.

“Esta reforma trae 8 artículos nuevos que han sido producto del debate con los ponentes y estos artículos reconocen los saberes y la asociatividad dentro de la economía de este país y pienso que estos avances nos van a afianzar”, subrayó.

Además, la titular de la cartera de Trabajo afirmó en el informativo que con lo aprobado en el Congreso el Gobierno está respetando los derechos adquiridos por los trabajadores colombianos, sobre las semanas cotizadas.

“En la transición del régimen contributivo ha quedado que todos los hombres que tengan 900 semanas en la entrada en vigencia de esta ley se les sigue respetando su régimen anterior, y para las mujeres 750 semanas”, sostuvo.

Finalmente, hizo referencia a la masiva participación de los diferentes sectores en la construcción de la iniciativa desde octubre del 2022.

“Hemos hecho un proceso de construcción muy participativo desde el 24 de octubre del 2022. No solamente se hizo a través de las mesas de concertación, donde se aplicaron las subcomisiones de expertos tripartitos, sino que además hicimos 22 foros temáticos, audiencias públicas, mesas temáticas especializadas, es decir, se recogió mucho la opinión de la gente”, concluyó.

El campesinado será sujeto de derechos: aprobado definitivamente en el Congreso el proyecto que lo reconoce








La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó este martes el proyecto de acto legislativo que reconoce a los campesinos del país como sujetos de derechos y de especial protección. Este era el último de ocho debates que necesitaba esta reforma constitucional para ser una realidad.

Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura
Con 149 votos por el sí y ninguno por el no, la plenaria le dio un respaldo unánime a este proyecto que había radicado el Ministerio de Agricultura desde agosto de 2022.

Para Jhenifer Mojica, ministra de Agricultura, esta es una victoria del campesinado colombiano. “Gracias a las organizaciones, al movimiento campesino y a la resistencia campesina que dio este resultado después de mucho trajinar y de tanto trabajar por esto. Es un reconocimiento a los líderes y lideresas que hemos perdido en este camino”, dijo.

Lo que hace este proyecto de acto legislativo es modificar el artículo 64 de la Constitución Política para que reconozca explícitamente que el campesinado es sujeto de derechos y de especial protección. Además, en el texto que quedó finalmente aprobado, se reconoció al campesinado como sujeto político.

“Desde el primer momento del gobierno de Gustavo Petro se dijo que se le iba a reconocer al campesinado sus derechos y hoy aquí lo hemos cumplido”, añadió la ministra desde el atril en la plenaria de la Cámara.

Lo que hoy aprobó el Congreso de la República era una deuda con el campesinado colombiano que había reclamado ese reconocimiento desde que se promulgó la Constitución del 91. Esta iniciativa corrige esa exclusión histórica y por eso su aprobación fue celebrada por representantes del movimiento campesino que acudieron al Congreso desde diferentes partes del país.

Educación superior y servicios públicos; próximas reformas.






“Son las reformas que nos gritaron en las plazas públicas antes de ganar la Presidencia de la República. Aquí cumplimos, le presentaremos al Congreso esos cambios que el país necesita y esperamos que las diferentes fuerzas del Congreso de la República: sepan escuchar este pueblo”, dijo este miércoles el Presidente Gustavo Petro, durante su intervención en la Plaza de Bolívar.

Desde allí, el Mandatario anunció que el Gobierno del Cambio presentará al Congreso la reforma de la Ley 30 de 1992 o de educación superior, para “que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano; poder vivir con dignidad”, dijo.

También, la reforma a los servicios públicos, para que el eje “no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas, sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia”.

El Jefe de Estado señaló, además, que las iniciativas hacen parte del mandato popular, que nace de los territorios excluidos en el país. Por esta razón, le pidió respetuosamente al Legislativo aprobar las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos.

“Sepan entender que el respeto no es debilidad, que el pueblo colombiano no ha abandonado al Gobierno, que el pueblo colombiano sigue, mayoritariamente, al lado del pueblo y del Gobierno; que el pueblo colombiano sigue de pie en la lucha por la justicia y la paz en Colombia”, puntualizó el Presidente.

Regulación de la cannabis, progreso y lucha contra el narcotráfico

La Comisión Primera del Senado aprobó con 15 votos a favor y 4 en contra en séptimo debate este acto legislativo. La iniciativa al ser una reforma Constitución Nacional requiere para su aprobación ochos debates, divididos en dos legislaturas continuas.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, destacó la labor de los senadores de la Comisión Primera porque con el paso dado en este proyecto, se ayuda a entender el consumo del cannabis como un problema de salud y no un problema de policía, y así mismo ver el consumo del cannabis como una posibilidad económica a nivel de empresa.

“Por qué no pensar que los campesinos y los indígenas pueden convertir esto en un negocio para crecer económicamente. Por qué no pensar que el cannabis puede ser un producto que puede ayudar a sustituir, por ejemplo, los sembrados de coca, que tienen unos efectos más complejos”, enfatizó Velasco.

Posiblemente la próxima semana será sometido a discusión en la plenaria del Senado, según la normatividad legislativa y pasará a sanción presidencial.

“Evaluemos la posibilidad de entender lo que está ocurriendo en el mundo con la legalización del cannabis de uso adulto recreacional, creemos que ahí también puede haber una opción gigantesca para enfrentar a las mafias de otro tipo de productos como la coca”, señaló.

Agregó que: “Si nosotros somos capaces de ofertarle a estas comunidades opciones económicas con el cáñamo o con la misma cannabis de origen o de uso recreacional, y de uso medicinal, desarrollándolo como debe desarrollarse, probablemente podremos ir derrotando estas mafias”.

Velasco no descartó la posibilidad de que la presente legislatura vaya a sesiones extraordinarias para poder tramitar las iniciativas sociales del Gobierno del Cambio y que de ser necesario se dejarán para tramite otros fundamentales proyectos después del 20 de julio.

“Es evidente que en una agenda legislativa tan ambiciosa no salga todo. Algunas cosas saldrán totalmente, otras quedarán avanzadas, otras quedarán para la próxima legislatura porque es que ni el mundo, ni el Congreso, ni el Gobierno se acaba el 20 de junio. Hay posibilidades de extras, pero también hay posibilidades en julio de continuar los debates”, puntualizó el Ministro.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, sostuvo que en este momento de apremio el Ejecutivo está dedicado a gobernar y a trabajar por los proyectos que benefician a los ciudadanos, especialmente de los territorios menos favorecidos.

“El Gobierno se dedica a gobernar, el Congreso a estudiar los proyectos de ley y a hacerle control político al Gobierno es normal, es natural y nosotros la entendemos. La oposición vendrá, nos hará las preguntas, incluso las más incómodas, porque tienen todo el derecho y nosotros tenemos el deber de responderles”, finalizó.

Presidente Petro pide al Congreso que debata y apruebe las reformas sociales









Un respetuoso llamado al Congreso de la República para que debata y apruebe las reformas sociales que garantizan los derechos de los colombianos y las colombianas hizo este miércoles el Presidente Gustavo Petro desde la Plaza de Bolívar en Bogotá.

“Les solicitamos con todo el respeto, les solicitamos de nuestra propia humildad, les solicitamos desde nuestras ganas de justicia y de paz, que aprueben las reformas que le garantizan al pueblo colombiano sus derechos”, expresó el Mandatario al intervenir en la Marcha Nacional de Apoyo a las Reformas Sociales que el Gobierno del Cambio impulsa en el Congreso.

Agregó que “Colombia ha presentado las reformas que el Gobierno ha podido presentar, las reformas que el pueblo le demandó”, y por eso pide que estas reformas sean una realidad, y lo hace “desde aquí, desde la Plaza de Bolívar, casi llena, con la Carrera Séptima, casi llena; con la población en las calles en 200 municipios de Colombia, en 30 departamentos”.

De acuerdo con el Jefe de Estado, “esta no es una solicitud violenta, esta no es una solicitud irrespetuosa, esta no es una solicitud armada; esta es una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida, de la base de la nación colombiana”.

“Es un mandato popular” y las reformas “podemos discutirlas, como durante meses lo hemos hecho”, sostuvo.

Y enfatizó: “Vamos por un trabajo digno, vamos por una salud en las casas de la gente, gratuita y para toda la población, en todo el territorio nacional. Vamos porque cualquier viejo, cualquier vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente con el cual poder existir”.







El Gobierno ​está con la ciudadanía

​En compañía de su esposa, la Primera Dama de la Nación, Verónica Alcocer; de la Vicepresidenta Francia Márquez y miembros del Gabinete, el Jefe de Estado arribó hacia el mediodía a la Plaza de Bolívar para intervenir ante miles de col​ombianos y colombianas que marcharon en apoyo a las reformas de la salud, laboral y pensional, entre otras.

“Aquí demostramos que el Gobierno está con el pueblo y que el pueblo quiere las reformas para garantizar sus derechos fundamentales”, afirmó.

El Mandatario consideró que la multitudinaria participación de la gente en las marchas “es un mensaje al país, es un mensaje al Congreso de Colombia: garanticemos los derechos de la gente, construyamos la justicia social, porque esa es la paz de Colombia. No le demos la espalda a la paz”.

“Aquí, con este pueblo que me acompaña, que demuestra que el Gobierno no está solo, que no ha perdido sus mayorías populares”, resaltó.

“El Congreso sabe que hay un pueblo que quiere las reformas”, dijo y agregó: “Aquí el pueblo de Colombia, no solo su Presidente, no solo su Jefe de Estado, solicita que sus derechos establecidos en la Constitución Nacional sean garantizados”.

El Presidente Petro hizo referencia a que hay sectores que aún no han entendido la decisión tomada por el pueblo en las pasadas elecciones presidenciales, para lograr un cambio real y convertir a Colombia en Potencia Mundial de la Vida.

“El pueblo que eligió al Presidente sigue con el Presidente, y tanto el pueblo como el Presidente quieren volver realidad el programa del Gobierno por el cual el pueblo votó”, aseveró.

Explicó que el programa de su Gobierno dice que “Colombia debe ser una Potencia Mundial de la Vida. Ese programa dice que para ser Potencia Mundial de la Vida, Colombia debe estar en paz. Ese objetivo de la paz es el mayor deseo de la sociedad colombiana”.

El Jefe de Estado puntualizó que el primer requisito fundamental de la paz, por la cual votó el pueblo colombiano, es la justicia social, en la cual se enfocan las reformas sociales que están en manos del Congreso de la República.

Petro ordena acelerar más de 500 obras y avanzar con proyectos de ley.





Durante el Consejo de Ministros realizado en la noche del lunes en la Casa de Nariño, el Presidente Gustavo Petro ordenó a su Gabinete acelerar la ejecución de más de 500 proyectos de obras en las regiones y avanzar con las reformas de salud, pensional y laboral en el Congreso de la República.

Así lo reveló este martes el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, al participar en ‘Colombia Hoy Radio’, el informativo de la Presidencia de la República.

“Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir haciendo el trabajo: gobernar, seguir haciendo bien el gobierno, mejorar la ejecución, firmar el Plan Remate, que generará más de 500 obras en todo el país; hacer esa firma con los alcaldes esta misma semana para que ellos puedan ejecutar antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías. El Congreso tiene que debatir los proyectos que hemos presentado, que fueron los proyectos por los cuales los colombianos confiaron en nosotros”, enfatizó el Ministro.

Al indicar que “el objetivo del Gobierno es que las reformas avancen”, Velasco se refirió a la situación de cada una de las iniciativas que hacen trámite en el Legislativo.

“En la plenaria de la Cámara está la reforma a la salud, bastante mejorada por el Congreso, hay que reconocerlo. En la Comisión Séptima del Senado está la reforma pensional, que ha venido generando consensos, que ha generado nuestra Ministra (de Trabajo) Gloria Inés Ramírez. Y en la Comisión Séptima de la Cámara también está la reforma laboral, que inicia su debate y muy seguramente, esta o la próxima semana, nos aplicaremos a tratar de dejarla viva para la próxima legislatura”, dijo.

Sesiones e​​​xtras y Plan Remate

​El Ministro del Interior aseveró que para impulsar estos proyectos de ley “es bastante probable que nos vamos a extras”.

Asimismo, se refirió a otros proyectos que también están avanzando en la Comisión Primera de Cámara y Senado, entre ellos la Jurisdicción Agraria, que hace parte de los Acuerdos de Paz, y la iniciativa que reconoce al campesinado como sujeto de derechos políticos.

“De manera que la tarea en el Congreso y la tarea en el Gobierno siguen”, expresó Velasco y resaltó que “estamos trabajando con todo entusiasmo”.

“El Presidente jala orejas y dice: ejecuten, gobiernen, gobiernen. Por ello terminamos la reunión, a eso de las 12:30 de la noche, con una instrucción muy clara del Presidente de sacar adelante ese plan Remate del cual hablamos con los alcaldes”, indicó.

Sobre estas obras precisó que hay proyectos del Instituto Nacional de Vías (Invías), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Vivienda y Agua Potable, Prosperidad Social y el Ministerio de Minas y Energía.

“O sea, ejecución hasta el último rincón del país. Y lo que se ha dado como instrucción es que no se frenen y se aceleren los convenios donde haya que firmar convenios, se aceleren las licitaciones donde se tienen que abrir licitaciones. O sea, que actuemos”, manifestó.

Sobre​ el Plan Democracia

​El Ministro también hizo referencia al compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo del Plan Democracia frente al proceso electoral de octubre.

“Estamos trabajando el Plan Democracia, nos preocupa el tema de seguridad, no queremos desconocer que hay unas señales que nos indican que tenemos que aplicarnos más”, aseveró.

Al respecto, Velasco agregó: “La Comisión de Garantías Electorales tiene unas tareas adelantadas y en los propios consejos de seguridad, que hemos adelantado con la Fuerza Pública, hay unos lugares a los cuales hay que poner una especial atención. Hay 4 municipios en donde sus alcaldes fueron amenazados, estamos adelantando la tarea para que ellos puedan desarrollar tranquilamente su función. El tema de seguridad es fundamental para el Gobierno”.

Por último, anunció que espera recibir una información de la Federación de Departamentos con las conclusiones de una reciente reunión de gobernadores en la que dieron a conocer la problemática que viven sus regiones frente al desarrollo del proceso electoral.

Aprobación, en penúltimo debate de Jurisdicción Agraria.

El Ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna, destacó este jueves el consenso logrado para la aprobación, en séptimo debate, del proyecto de acto legislativo por el cual se establece en Colombia la Jurisdicción Agraria y Rural, y dijo que, si la reforma constitucional se aprueba, el país tendrá unos tribunales agrarios regionales.

“Ayer tuvimos esa gran noticia. Por unanimidad, la Comisión Primera de la Cámara aprobó el séptimo debate”, declaró el Ministro Osuna al informativo Colombia Hoy Radio.

Subrayó que la Justicia Agraria “les va a llevar justicia a las campesinas, a los campesinos de nuestro país, que nunca han tenido esa posibilidad de resolver los conflictos que surgen por la vida en el campo de modo razonable, con asistencia del Estado, con un juez que escuche y que decida en derecho, que permita pasar esa oscura anoche en la que los pleitos del campo se resolvían a bala”.

El Ministro indicó que se espera que a mediados de este mes se realice el último debate.

Explicó que “una vez se haya desarrollado el acto legislativo, habrá jueces en primera instancia en los territorios y luego unos tribunales regionales”.

“Seguramente habrá unos 5 o 6; uno del Pacífico, otro del Caribe, Región Andina, Oriente, en fin”, precisó.

Y, por último, el tribunal o instancia de cierre será la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado cuando se trate de asuntos administrativos.

Osuna agregó que se prescindió, también por consenso, de la idea de crear una Corte Agraria, que las Altas Cortes consideraron innecesaria.

Por otra parte, el Ministro se refirió al proceso de sujeción de las bandas criminales y dijo que fue radicada la ponencia para primer debate, con lo cual el proyecto queda en manos de la Comisión Primera del Senado.

La reforma: 'Cambio hacia una Salud para la Vida' fue radicada por el Gobierno ante el Congreso


“Quedó radicada la ponencia en la Comisión Séptima de la reforma a la salud con las firmas de conservadores, Pacto Histórico, de la U, Comunes, bancada se la Paz y Verdes”, indicó el Jefe de Estado por medio de su cuenta de Twitter.




El proyecto legislativo Cambio hacia una Salud para la Vida fue radicado por el Gobierno ante el Congreso el pasado 13 de febrero.

“Si hay un derecho universal a la salud es posible la Paz Total. Si hay unos derechos garantizados es posible la Paz Total y Colombia se puede constituir en potencia mundial de la vida”, manifestó ese día el Presidente de la República.
El sistema que se propone está basado en la salud preventiva por medio del Centro de Atención Primaria (CAP).
“Queremos que el médico pueda ir a cualquier lugar del territorio nacional y atender a cualquier persona”, y que “los habitantes puedan ser atendidos de manera permanente por un equipo de salud de profesionales”, en cualquier lugar del país, expresó también el Mandatario.

¿Por qué una Ley Anti-Leyes?

El Estado colombiano sufre de una enfermedad crónica: la normatitis, en promedio en el país se expiden 16 normas al día. Así no hay negocio que prospere, no hay ciudadano que no se sienta afectado, en ultimas no hay país que avance. Para erradicar el trancón normativo la Representante de Bogotá por el partido Colombia Humana María del Mar Pizarro, radicó el Proyecto de Ley Antileyes que busca frenar la normatitis: “menos normas y más cumplimiento” afirma la congresista.


Con el proyecto se busca hacer más ágil y eficiente el Estado, pasar de una pequeña vía llena de trancones a una autopista rápida de muchos carriles, en la cual reduzcamos un 25% de la carga reguladora y así podamos hacer que la economía del país cerca en más de 10 billones de pesos, es decir 1,5% del PIB.

En el Pacto Histórico sabemos construir sobre lo construido hemos retomado y mejorado el proyecto de ley del exrepresentante Juan Fernando Reyes Kuri del partido liberal, con la seguridad que el congreso del cambio, de mayorías Progresista, aprobará esta iniciativa para mejorar la vida a los empresarios y ciudadanos.

El exceso de normas son un castigo para Colombia. Nuestras normas deben ser de calidad, pertinentes y eficaces. No podemos seguir aplaudiendo el trancón, no podemos seguir reduciéndole la velocidad al mercado, afectando a la ciudadanía, desde el año 2000 hasta 2022 se han promulgado 113.325 Resoluciones; 20.964 Decretos; y 3.559 Circulares, para un total de 139.523 normas expedidas. Esto significa que en promedio se han expedido 16 normas por día durante este período, de acuerdo a lo reportado por el Observatorio de Mejora Normativa, liderado por el Departamento Nacional de Planeación y la Imprenta Nacional de Colombia,

La representante Pizarro, indicó que “Al día de hoy en Colombia se han expedido casi 140.000 normas. Este exceso de regulaciones ha hecho que estas sean poco efectivas. La alta carga regulatoria para el Estado, los ciudadanos y las empresas ha llevado a Colombia a ocupar puestos bajos frente al resto de Latinoamérica en índices de competitividad, carga normativa y cumplimiento de la regulación. La gente tiene muchos problemas como para que el Estado les complique más la vida a la gente con mil normas y que los obligan a hacer mil vueltas”.

¿Cuántos empresarios han tenido que sufrir ante la expedición de nuevos trámites, requisitos, resoluciones, o cualquier otro castigo normativo? Necesitamos una Colombia productiva, no una que duplique tramites y cobre de más, los congresistas le debemos al país crear un contexto de seguridad jurídica, una autopista de última generación para que nuestras MiPymes crezcan y nos llenes de orgullo. La Ley Anti-leyes es una apuesta por la productividad y la competitividad.

Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

Plenaria de senado aprobó reforma constitucional que regulariza cannabis de uso adulto

Las mayorías del Senado de la República aprobaron en sesión plenaria el acto legislativo número 033 de 2022 Senado, 002 de 2022 Cámara, que busca modificar el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia y regularizar en Colombia la venta del cannabis para uso adulto.

Es el cuarto de los ocho debates que debe completar la iniciativa para convertirse en norma constitucional.

Al presentar el proyecto ante el pleno de la corporación, su ponente, la senadora María José Pizarro Rodríguez, Pacto Histórico, sostuvo que, “en Colombia se han gastado alrededor de 16 mil millones de dólares en una guerra contra las drogas que no ha reducido el consumo, ni el acceso, ni la presencia de grupos criminales. La guerra contra las drogas no ha cumplido su objetivo, es momento de cambiar el enfoque y regularizar el consumo adulto".

Y agregó la congresista Pizarro Rodríguez, que el tabaco y el alcohol son sustancias legales que causan más daño que el cannabis, “en Colombia, fallecen más de 20 mil personas al año por enfermedades atribuibles al tabaquismo, y una de cada 20 muertes en el mundo está relacionada con el consumo de alcohol. La Corte Constitucional señaló en 1994 que el porte y consumo son acciones dentro del ámbito privado y no afectan los derechos de las demás personas”, precisó.

Por su parte, la senadora Karina Espinosa, Partido Liberal, sostuvo: "La droga destruye nuestro país y causa violencia, por lo que en vez de apostar por la regularización, tenemos que educar a nuestros niños para cambiar nuestra sociedad".

De otro lado, el senador Alirio Barrera, Centro Democrático, rechazó el proyecto y argumentó, “es triste ver al Congreso legalizar lo ilegal, lo que daña la juventud, lo que va a dañar al país. Cuál es el afán de llevar la sociedad a un vicio; una ilegalidad disfrazada de legalidad. Quieren convertir a Colombia en paraíso de drogas; vamos a ser el puerto cocalero más grande del mundo. Nos van a hacer ver como la súper chimba, lo único que faltó fue que trajeran una muestra”.

El autor del proyecto, representante Juan Carlos Losada Vargas, Partido Liberal, sostuvo que es histórico el avance que ha tenido esta reforma constitucional, “vamos a tener otros cuatro debates de marzo a junio de 2023, para que esta reforma constitucional se perfeccione, y de esa manera haya en Colombia un mercado legal del cannabis, en el que no sea ilegal venderlo y comprarlo. Hoy, los colombianos tienen derecho a portar cannabis, a cultivarlo, pero no tienen el derecho a cultivar y vender una sustancia que es legal en todos los otros aspectos”.

Precisó el congresista Losada Vargas, que el cannabis lo van a poder adquirir las personas que sean mayores de 18 años. Cabe anotar que la iniciativa contó con el apoyo del Partido Liberal, del Pacto Histórico, la Alianza Verde, un sector del Partido de la U, y también de Cambio Radical; pero no contó con los votos del conservatismo, ni del Centro Democrático.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

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