Los 381 proyectos evaluados están ubicados en 26 departamentos y más de 200 municipios, como parte de la agenda de seguimiento en territorio a las inversiones del Gobierno.
Durante el primer trimestre de 2026 el Departamento Nacional de Planeación (DNP) visitó, a través de la Subdirección General del Sistema General de Regalías, 26 departamentos y más de 200 municipios, como parte de su agenda de control y seguimiento en territorio de las inversiones del Gobierno.
Las visitas son lideradas por personal técnico de la Dirección de Seguimiento, Evaluación y Control, que cada semana se desplaza a las regiones para verificar la información sobre el avance físico y financiero de las obras que las entidades ejecutoras deben reportar de forma obligatoria y periódica.
Los proyectos visitados representan una inversión total de 4,4 billones de pesos, de los cuales 4,1 billones de pesos corresponden a recursos del Sistema General de Regalías (SGR), es decir, el 94% de la inversión.
Para el subdirector general del SGR, Rubín Ariel Huffington Rodríguez, la transparencia en el Sistema General de Regalías se garantiza con seguimiento permanente en territorio.
“Cada proyecto que revisamos es una oportunidad para proteger los recursos públicos y asegurar que lleguen a la gente”, dijo Huffington.
El equipo de Planeación realizó en el primer trimestre de 2026 visitas a 381 proyectos financiados con regalías.
“En el DNP utilizamos todas las herramientas disponibles para hacer seguimiento al uso de los recursos y prevenir irregularidades que afecten el desarrollo de los territorios”, manifestó el subdirector general del SGR.
Próximamente el DNP presentará los resultados de las visitas de seguimiento y se anunciarán las acciones a tomar ante los proyectos en los que se identifiquen presuntas irregularidades que pueden comprometer el uso adecuado del dinero público.
El DNP reafirma su compromiso de trabajar en las regiones para vigilar el desarrollo de proyectos eficientes, eficaces, pertinentes y sostenibles que resuelvan las necesidades de las comunidades.
Sabanalarga, Atlántico, 4 de mayo de 2026. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), desarrolló jornadas de socialización de la estrategia de extensión fitosanitaria, caracterización comunitaria y construcción participativa de planes de trabajo con comunidades rurales de los municipios de Piojó y Sabanalarga.
En articulación con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la estrategia Somos Tierra y el SENA, estas actividades permitieron identificar problemáticas y definir líneas de trabajo conjunto con las comunidades.
Las actividades se llevaron a cabo en la vereda Agua Viva, en Piojó, y en la vereda Antón Zona 1, en Sabanalarga, con la participación de 30 productores pertenecientes a tres comunidades rurales organizadas: ASOEMOS, FUNACAS y ASICENDE.
El objetivo de estas jornadas fue fortalecer la articulación con las comunidades rurales mediante la socialización de la estrategia de extensión, la caracterización de sus condiciones productivas en sanidad vegetal y la construcción conjunta de un plan de trabajo acorde con sus necesidades.
Asimismo, durante las jornadas se adelantó la caracterización de los territorios, identificando cultivos clave como plátano, yuca, maíz, cacao y banano, así como problemáticas fitosanitarias asociadas al manejo de semillas y prácticas culturales. A través de recorridos en campo y ejercicios participativos, se priorizaron acciones para el fortalecimiento técnico de los productores.
Las comunidades, organizadas en asociaciones, manifestaron su interés en avanzar hacia modelos de producción agroecológica, fortaleciendo el manejo integrado de plagas y generando valor agregado a sus productos. En total, se realizaron dos momentos en territorio, permitiendo acercar aún más los servicios del ICA a comunidades rurales y así avanzar en la planificación de acciones concretas que fortalezcan la productividad agrícola en el departamento del Atlántico.
Con estas acciones, el ICA ratifica su compromiso con el acompañamiento técnico a los productores y el desarrollo sostenible del campo colombiano.
En las altas tierras de la vereda La Chiliglo, donde el frío recorre la montaña y la vida campesina resiste con dignidad, se tejió una jornada que une conocimiento, institucionalidad y comunidad. El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) llevaron a cabo un encuentro integral para fortalecer la sanidad animal, la resiliencia productiva y la soberanía económica de las familias de Puracé.La actividad se desarrolló en el predio Campo Alegre y Glamping Silvia, en la vereda Usenda del municipio de Silvia, con la participación de 14 productores campesinos, dos funcionarios del ICA y dos representantes de la FAO. Este espacio permitió el intercambio directo de saberes técnicos y experiencias locales, en un ejercicio que reconoce el valor del territorio y la organización comunitaria.
Durante la jornada, el ICA reafirmó su papel como autoridad sanitaria y aliado del desarrollo rural, acercando herramientas clave para la protección del patrimonio agropecuario nacional. Los productores conocieron la importancia del Registro Sanitario de Predio Pecuario como puerta de entrada a la formalización, así como el uso de las Guías Sanitarias de Movilización Interna para asegurar la trazabilidad de los animales y proteger el estatus sanitario regional.
El encuentro también fortaleció la vigilancia epidemiológica desde la comunidad, mediante la socialización de rutas de detección temprana y notificación de enfermedades de control oficial. A esto se sumó la promoción de las Buenas Prácticas Ganaderas, entendidas como un compromiso con la calidad, la inocuidad y el acceso a mercados formales.
Por su parte, la FAO aportó un componente clave para la sostenibilidad de los sistemas productivos, a través de talleres prácticos sobre el uso de biopreparados. Estas alternativas orgánicas ofrecen soluciones para el control biológico y fúngico en policultivos, reducen costos de producción y fortalecen la resiliencia de los cultivos frente a condiciones adversas.
La jornada incluyó además un componente organizativo fundamental: la creación de un fondo rotatorio comunitario. Este mecanismo permitirá a los habitantes de La Chiliglo gestionar recursos propios para financiar insumos y proyectos productivos, consolidando un modelo de autonomía y sostenibilidad a largo plazo.
“Cuando la institucionalidad llega al territorio con herramientas claras y escucha activa, se construyen caminos reales hacia la transformación productiva”, destacó Carlos Felipe Castillo, líder de la estrategia de extensión zoosanitaria del ICA y responsable de la jornada.
Con este tipo de acciones, el ICA ratifica su compromiso con el fortalecimiento del campo colombiano, llevando conocimiento, legalidad y acompañamiento técnico a las comunidades que sostienen la producción agropecuaria del país. En cada predio formalizado, en cada práctica sanitaria adoptada y en cada alianza construida, se protege la vida, la economía rural y el futuro del agro colombiano.
Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millos. // Fiscalía
La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a Juan Francisco Solano Barrero, alias Pacho o Millos, uno de los presuntos articuladores principales de una red de corrupción señalada de favorecer el ingreso de mercancía de contrabando al país y su posterior tránsito a diferentes ciudades del país, Ecuador y Venezuela.
Los elementos materiales probatorios recopilados dan cuenta de que este hombre, como posible integrante de la estructura ilegal de Diego Marín Buitrago, alias El Viejo o Papá Pitufo, sería el encargado de contactar a funcionarios asignados al puerto de Cartagena (Bolivar) y, a cambio de dádivas, convencerlos de permitir el ingreso de cargamentos de cigarrillos, textiles y cacharrería provenientes de Panamá, y la salida de la terminal marítima evadiendo los controles aduaneros.
De esta manera, los productos eran transportados por vía terrestre a los lugares donde finalmente eran comercializados.
En el curso de la investigación orientada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción se conocieron, al menos, seis eventos delictivos en los que habría entregado 348 millones de pesos a uniformados de la Policía Fiscal y Aduanera para que facilitaran la entrada y tránsito de la mercancía de contrabando. De igual manera, quedó en evidencia que presuntamente pagó tres meses de arriendo de un apartamento en Cartagena a un oficial.
Por estos hechos, Solano Barrero fue acusado ante un juez penal especializado de Bogotá por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer en seis eventos.
En atención al llamado de las comunidades del corregimiento La Leonera, zona circundante al Parque Nacional Natural Farallones de Cali, ante posibles afectaciones por minería ilegal, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible (e), Irene Vélez Torres, anunció nuevas medidas para enfrentar este delito ambiental.
“Venimos a atender el llamado de la comunidad respecto a los indicios que han manifestado sobre la presencia de una nueva minería ilegal en la zona. En ese sentido, activamos una hoja de ruta con recorridos de reconocimiento para identificar dónde están las minas y hacer su cierre técnico y definitivo; avanzar en procesos de judicialización y la presencia permanente y coordinada de las Fuerzas Militares y la Policía, con el apoyo en recursos de la Gobernación del Valle”, aseguró la ministra.
Vélez también señaló que Parques Nacionales Naturales adelantará un informe sobre la contaminación por mercurio en las fuentes hídricas y priorizará acciones de remediación ambiental. Asimismo, solicitó a la Alcaldía de Cali verificar que la bocatoma del río no presente trazas de mercurio.
“Hemos decidido que vamos a sostenernos en unos diálogos permanentes, a través de una mesa que ha convocado la Asamblea Permanente y en Movilización contra la minería ilegal. Este Ministerio va a acompañar esa mesa y vamos a trabajar de la mano de las comunidades”, puntualizó la ministra.
Además, la jefe de la cartera ambiental informó que se activarán canales de comunicación diplomática con Ecuador, tras revelarse que, por primera vez, explosivos para la minería ilegal provendrían de ese país.
Los anuncios se realizaron en el marco de la Segunda Mesa Extraordinaria del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef), que contó con la participación de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; el secretario de Seguridad de Cali, coronel (r) Javier Garcés Mosquera; el director de Carabineros de la Policía Nacional, brigadier general Carlos Germán Oviedo; el director de Parques Nacionales Naturales, Luisz Olmedo Martínez; las Fuerzas Militares, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, entre otras entidades regionales.
Diálogo activo con las comunidades de la Leonera
En un hecho sin precedentes y ante la Asamblea Permanente y en Movilización contra la minería ilegal en los Farallones, en la que participan más de 100 habitantes del Corregimiento de La Leonera, la ministra explicó las medidas acordadas durante la mesa del Conaldef y escuchó las preocupaciones y propuestas de las comunidades.
“Esta visita nos llena de esperanza, porque es la primera vez que el Gobierno, por encima de todas sus actividades, ha tenido la preocupación de venir a nuestra comunidad a escucharnos”, afirmó Jorge Alonso Camacho, habitante del Corregimiento La Leonera.
Buenas noticias para los bosques
Al finalizar su jornada de trabajo en Cali, la ministra anunció la aprobación de 15 proyectos que recibirán recursos del Sistema General de Regalías por más de 271.000 millones de pesos y pondrán en marcha procesos de restauración en 13.437 hectáreas de ecosistemas estratégicos.
Estas iniciativas se concentrarán en la conservación de áreas ambientales en municipios con cobertura boscosa menor al 10 %, la lucha contra la deforestación para el desarrollo forestal y de la biodiversidad, e impactarán a comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Gustavo Jiménez Díaz y Alexander Reyes Millán, dos ciudadanos extranjeros que estarían involucrados en el hurto a un conductor de plataforma de transporte en Bogotá.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Engativá de la Seccional Bogotá les imputó el delito de hurto calificado y agravado, cargo que no fue aceptado por los investigados.
Los hechos ocurrieron el pasado 16 de abril en el sector de San Fernando, en la localidad de Engativá de Bogotá. Según la investigación, los hoy procesados solicitaron un servicio de trasporte, y durante el trayecto, habrían intimidado al conductor con un arma traumática para despojarlo de su vehículo y su celular.
Uniformados de la Policía Metropolitana de Bogotá atendieron oportunamente el llamado de la víctima y, mediante el rastreo del celular, lograron la captura en flagrancia de los dos ciudadanos mexicanos.
Por solicitud de la Fiscalía, el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
En ejercicio del poder preferente, la Procuraduría General de la Nación asumió el proceso disciplinario iniciado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), por la realización de una fiesta en la Cárcel de Alta y Media Seguridad La Paz de Itagüí, Antioquia.
La decisión fue adoptada tras la visita de la Procuraduría Regional de Instrucción Antioquia, el 9 de abril, al pabellón uno del centro de reclusión, donde habrían ingresado personas no autorizadas para asistir a una celebración el día anterior.
En cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, el ente de control ordenó la remisión inmediata del expediente para su trámite, garantizando el debido proceso y evitando duplicidades disciplinarias, en este caso que inicialmente involucra a 11 servidores públicos del INPEC.
La decisión del Ministerio Público se fundamenta en la Resolución 456 de 2017, particularmente en el criterio de impacto social y connotación pública nacional, conforme al artículo 75 del Decreto Ley 262 de 2000 que establecen el poder preferente y las competencias de la Procuraduría.
El presidente Gustavo Petro se refiere a la urgencia de levantar el paro por aumento en avalúo catastral
El jefe de Estado le ordenó a la Policía y a las Fuerzas Militares levantar los bloqueos en las carreteras del país para garantizar el paso de los camiones con alimentos, en medio de las protestas relacionadas con el catastro multipropósito.
La instrucción la dio durante el Consejo de Ministros realizado en Ipiales, donde pidió actuar con prudencia, pero con firmeza. “La Constitución lo dice: ni un muerto, ojo, prudencia, pero contundencia. Se liberan las carreteras, es orden del presidente de la República”, afirmó.
El mandatario fue enfático en que el abastecimiento no puede verse afectado. “La comida pasa, porque no voy a dejar morir de hambre y volver a los tiempos de la pobreza de este país”, señaló.
En su intervención, también se refirió a la actualización catastral, tema que ha generado protestas en varias regiones. Explicó que el catastro multipropósito permite contar con información actualizada sobre los predios y aclaró que el valor del impuesto predial no depende del Gobierno nacional.
“Lo que tienen que hacer los alcaldes es bajarle la tasa sobre el avalúo al impuesto predial, que es determinado por la tarifa, no por la base”, indicó.
En ese sentido, insistió en que la definición del predial es competencia de los alcaldes y los concejos municipales. “No es el Gobierno nacional el que fija esa tarifa. Cada municipio sabe cómo es y debe resolverlo a través de acuerdos locales, en asambleas y cabildos abiertos”, afirmó.
El presidente también advirtió sobre lo que considera desinformación en torno a este tema y llamó a dirigir las reclamaciones a las autoridades locales. “Cuando el impuesto lo pone el rico del pueblo, vayan contra el rico del pueblo y pacten”, dijo.
Frente a posibles irregularidades, señaló que las autoridades de control tienen la facultad de actuar.
“Si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar, no por orden nuestra, porque es de la justicia”, aseguró.
Al mismo tiempo, pidió que las manifestaciones se atiendan sin excesos. “Los campesinos no se golpean, ni se les va a sacar los ojos, ni a meter presos”, subrayó.
Finalmente, el jefe de Estado ordenó al ministro del Interior, Armando Benedetti, reunirse de manera urgente con alcaldes y gobernadores para buscar una salida a las protestas que se han extendido en distintas regiones del país.
El proyecto promoverá el desarrollo del transporte multimodal al conectarse al Ferrocarril del Atlántico, al poliducto Pozos Colorados – Galán y a la Ruta del Sol.
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), otorgó a la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. la concesión para el desarrollo de un terminal marítimo multipropósito, diseñado para la administración y operación de graneles secos y líquidos, así como carga contenerizada de hidrocarburos, carbón metalúrgico y coque.
El proyecto tiene un plazo de 30 años y promueve el transporte multimodal, al conectarse al Ferrocarril del Atlántico y a través de este al corredor férreo central concesión La Dorada – Chiriguaná, al poliducto Pozos Colorados-Galán y a la Ruta del Sol.
Oscar Torres Yarzagaray, presidente de La Agencia Nacional de Infraestructura, afirmó que se proyecta una movilización de carga de más de 160 millones de toneladas y más de 197.400 contenedores para los 30 años de concesión.
Según el funcionario, esta concesión portuaria desarrollará una infraestructura que cambia completamente lo existente, la cual estaba dedicada anteriormente a la movilización de carbón térmico. Ahora se aprovechan las condiciones de conectividad férrea de la zona portuaria de Ciénaga – Magdalena, así como su canal de acceso, que tiene una profundidad de 21 metros durante todo el año.
De este modo, más del 90% de las cargas del terminal se movilizará por vía férrea de Ferrocarriles del Norte de Colombia S.A. (Fenoco), y el tramo sur con el corredor Chiriguaná (Cesar)- La Dorada (Caldas), punto en el cual se hará la transferencia modal a los diferentes orígenes y destinos del centro del país.
El terminal portuario tendrá facilidades para que las operaciones de logística ferroviaria tengan máxima eficiencia y capacidad, permitiendo el arribo y despacho de trenes de hasta 150 vagones, con los más altos estándares de seguridad.
Como parte del contrato de concesión, la Sociedad Portuaria Río Córdoba S.A. debe realizar el dragado de dársena de maniobras y el canal de acceso, así como la construcción del muelle, la pasarela de acceso y la rampa de aproximación.
Beneficios del proyecto
En las fases de construcción y operación del puerto se tiene proyectada la generación de 5.300 empleos directos e indirectos, dando prioridad a mano de obra local. “Se pondrá en marcha un programa de formación para el empleo, el cual busca que el proyecto sea construido y operado mayoritariamente por personas de Ciénaga y la región. Además, se realizará una escuela de formación ferroviaria para capacitar al futuro de la industria ferroviaria del país”, indicó Julián David Rueda, Vicepresidente (E) de Infraestructura.
De igual manera, el concesionario destinará USD$20.5 millones en programas de gestión e inversión social en las comunidades del área de influencia, con enfoque en las comunidades pesqueras y campesinas, en proyectos de fortalecimiento institucional, educación ambiental y apoyo a proyectos productivos.
“En promedio un tren unitario de 2 locomotoras y 100 vagones, puede transportar 6.000 ton y llegar a remplazar a más 200 tractocamiones. Cada tren unitario, en un trayecto entre Ciénaga y La Dorada puede reducir 179 toneladas de emisiones de GEI”, destacó el vicepresidente (e) de Estructuración de la ANI.
Además, la consolidación del transporte ferroviario traerá enormes beneficios ambientales para el país. “La reactivación férrea reducirá de manera directa las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector transporte y aportará a las metas establecidas por Colombia en el marco del Acuerdo de París”, concluyó el presidente del citado despacho.
Sin importar su forma o tamaño, la zanahoria tiene una gran capacidad antioxidante. Foto: Jaison Martínez, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín.
agenciadenoticias.unal.- La zanahoria (Daucus carota), cuyo nombre proviene del árabe safunnārya, es un cultivo tradicional y muy apetecido en el país. Su consumo se asocia con la salud visual y el fortalecimiento del sistema inmune, y según la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) en 2025 Antioquia, Boyacá, Cundinamarca y Nariño concentraban hasta el 98 % de las áreas sembradas con esta hortaliza de raíz comestible.
En laboratorio, las zanahorias pasaron por procesos de análisis de su composición química y potencial antioxidante. Foto: Jaison Martínez, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín.
Con más de 200.000 toneladas en 2024, el municipio de El Santuario registra la mayor producción de zanahoria en Colombia. Por su vocación agrícola este territorio ubicado a 56 km de Medellín es conocido como la “legumbrería de Antioquia”, y de este oficio dependen cerca de 40.000 habitantes. Limita con Marinilla, municipio apodado “la Esparta colombiana” por su papel en las guerras de independencia.
Hasta allí llegó el investigador Jaison Martínez Saldarriaga, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín, con una pregunta: ¿realmente las zanahorias deformes, rajadas o manchadas dejan de ser útiles luego de la cosecha?
Del dicho al hecho…
Para responderla, realizó 40 muestreos en fincas de Marinilla y El Santuario, en donde recolectó cerca de 5 kg de zanahorias por cada tipo: comerciales (las que se venden) y no comerciales, las cuales se clasifican en cuatro grupos: fuera de tamaño estándar (menos de 10 cm o más de 25 cm), deformes, rajadas y con daño patológico superficial como manchas negras, es decir afectadas externamente por hongos o bacterias, que en el caso de la zanahoria suelen ser Alternaria dauci y Cercospora carotae.
Dentro de los grupos estudiados había zanahorias con deformaciones marcadas y manchas. Foto: Jaison Martínez, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín.
“Muchas de estas zanahorias no están dañadas internamente, sino que simplemente no cumplen con criterios estéticos o de uniformidad exigidos por el mercado, pero tras procesos adecuados de limpieza y cocción pueden ser aptas para el consumo humano”.
“En las plazas de mercado de estos municipios suelen venderse bultos de zanahoria con imperfecciones por tan solo 10.000 o 15.000 pesos, mientras que el bulto de las ‘normales’ pueden costar hasta 110.000 pesos, aunque ambas contienen los mismos antioxidantes y alto valor agregado”, señala el magíster, quien también colabora con Agrosavia.
Para comprobar si las zanahorias “imperfectas” eran realmente menos nutritivas, el magíster las llevó al laboratorio, y lo que hizo en esencia es algo similar a “exprimirlas” químicamente para ver qué contenían. Para ello evaluó su capacidad antioxidante, es decir qué tan bien pueden neutralizar radicales libres, que son moléculas inestables asociadas con el envejecimiento celular y con diversas enfermedades.
En Antioquia se pierde alrededor del 30 % de la cosecha de zanahoria porque se descarta material que no es “normal”. Foto: Jaison Martínez, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín.
Primero las lavó, peló y trituró hasta obtener una mezcla homogénea, y luego utilizó agua y alcohol para extraer sus compuestos activos, separándolos del resto del tejido vegetal. Después filtró ese extracto y lo probó frente a radicales libres en condiciones de laboratorio.
Allí empleó ensayos que funcionan como termómetros de la capacidad antioxidante: cuanto más alto es el resultado, mayor es la capacidad de protección, y estos cambios se evidencian con alteraciones del color de las muestras, que pasan de tonos amarillos o claros a azul intenso. Además midió los fenoles totales, compuestos naturales que indican la cantidad de sustancias antioxidantes presentes en cada muestra.
Un potencial inesperado
Los resultados rompen con la intuición de los consumidores: las zanahorias descartadas —especialmente las rajadas o con manchas superficiales— no solo igualan a las comerciales, sino que además las superan en algunos casos. Algunas muestras incluso duplicaron su capacidad antioxidante en laboratorio. En otras palabras, las zanahorias menos bonitas para el consumidor pueden ser igual o más beneficiosas desde el punto de vista nutricional.
En supermercados y plazas de mercado han sido determinantes el tamaño y la forma de la zanahoria para que el consumidor la compre. Foto: archivo Unimedios.
La explicación estaría en la respuesta de la planta al estrés, pues cuando una zanahoria crece en condiciones adversas, como cambios ambientales, deformaciones o ataques de microorganismos, activa mecanismos de defensa y produce más compuestos protectores. Esos compuestos son, precisamente, los antioxidantes.
El análisis identificó cerca de 90 compuestos en total, entre ellos flavonoides y otros metabolitos asociados con efectos antioxidantes y antiinflamatorios.
Se destacan compuestos como el 4-metoxiflavonol y la nuciferina, asociados en la literatura científica con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antibacterianas, e incluso con potencial anticancerígeno. Esto sugiere que estas zanahorias, lejos de ser un desecho, se podrían convertir en una materia prima valiosa para industrias como la alimentaria, la cosmética o la farmacéutica.
Sin embargo, hoy la mayoría termina como alimento para ganado, abono, o simplemente se pierde en el campo, lo que reduce los ingresos de los productores y se desaprovechan recursos valiosos.
Jaison Martínez Saldarriaga, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín. Foto: Jaison Martínez, magíster en Ciencia y Tecnología de Alimentos de la UNAL Sede Medellín.
“El problema no es que estas zanahorias sean de mala calidad, sino que no cumplen con una expectativa visual, pero si se aprovechan adecuadamente pueden ser una oportunidad para reducir pérdidas y generar nuevos productos con valor agregado”, concluye el magíster.
El Buque"ARC Bahía Solano" de la Armada Nacional realiza cruzada humanitaria.
El Gobierno nacional inició una operación para llevar ayuda humanitaria a comunidades del Pacífico colombiano, con el envío de más de 167 toneladas de asistencia a los municipios de Guapi y Timbiquí, en Cauca, y Santa Bárbara de Iscuandé, en Nariño.
La entrega se realiza a través de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en articulación con la Armada Nacional, mediante una operación fluvial a bordo del buque ARC ‘Bahía Solano’.
En total, cerca de 7.000 familias damnificadas recibirán kits de alimentos, aseo personal y cocina. En Guapi se distribuirán 2.726 kits de cada tipo; en Timbiquí, 1.763; y en Santa Bárbara de Iscuandé, 2.509.
Como parte de la atención, también se enviaron 1.736 garrafones de agua potable de cinco litros cada uno para el municipio de Timbiquí.
Más de 167 toneladas de ayudas humanitarias llegan
al Pacífico colombiano. Foto UNGRD
Esta operación hace parte de la respuesta del Gobierno frente a la temporada de lluvias, a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que articula capacidades logísticas, técnicas y operativas para atender a las comunidades afectadas.
La ayuda incluye además 23.232 juegos de sábanas, 15.705 toldillos y 7.527 hamacas, con el fin de mejorar las condiciones de alojamiento de las familias beneficiadas.
El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, aseguró que “el Sistema Nacional del Riesgo está activo en todo el territorio nacional”.
Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma anuncia proyecto "Caribe Conectado"
El Ministerio de Minas y Energía anunció la puesta en marcha del proyecto “Caribe Conectado: Obras urgentes, para un servicio eléctrico confiable y competitivo”, una intervención estructural del sistema eléctrico que permitirá mejorar la confiabilidad, reducir costos operativos y habilitar la integración de nuevas energías renovables, especialmente eólicas y solares, en la región Caribe del país.
El plan contempla compensadores síncronos, transformadores, reactores, subestaciones, refuerzos de red e interconexiones estratégicas, con el objetivo de corregir cuellos de botella históricos, eliminar condiciones críticas de operación y garantizar la atención de la demanda en departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Córdoba y Sucre, entre otros.
Red más fuerte y confiable para el Caribe
El proyecto incluye 15 compensadores síncronos, 4 transformadores del Sistema de Transmisión Nacional (STN), 3 reactores y más de 13 obras del Sistema de Transmisión Regional (STR), con una inversión estimada superior a USD 1.370 millones, orientada a mejorar la estabilidad, reducir la dependencia térmica y disminuir riesgos de desatención de la demanda.
Energías limpias y cierre de brechas
Las obras permitirán integrar hasta 6 GW de nueva generación renovable, facilitar la evacuación segura de la energía eólica de La Guajira y cerrar brechas históricas, como la interconexión del Chocó Norte al Sistema Interconectado Nacional, con una inversión cercana a USD 125 millones.
“Estamos corrigiendo décadas de rezago estructural”
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, afirmó que este plan marca un punto de inflexión para la seguridad energética del país.
“Estas no son obras menores ni paños de agua tibia. Estamos corrigiendo décadas de rezago en la infraestructura eléctrica del Caribe, fortaleciendo la red y creando las condiciones técnicas para que la transición energética sea una realidad, sin poner en riesgo la confiabilidad del sistema. Con estas inversiones garantizamos un sistema más robusto, menos costoso de operar y preparado para integrar energías limpias, al tiempo que protegemos a los usuarios de fallas, sobrecargas y baja calidad del servicio”, señaló el ministro Palma.
Impactos clave del proyecto:
- Mejora sustancial de la seguridad y confiabilidad operativa del sistema eléctrico.
- Reducción de congestiones, bajas tensiones y esquemas de operación crítica.
- Disminución de costos por redespachos y generación térmica de respaldo.
- Habilitación de la transición energética con criterios técnicos y de estabilidad.
- Avance concreto en la universalización del servicio de energía en regiones históricamente excluidas.
Gracias a la presión de las autoridades, se sometieron a la justicia los miembros de la comisión 34 del frente Magdalena Medio de las disidencias de las Farc.
Así lo confirmó el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, en la que aseguró que “ayer incautamos en el Pacífico sur, dos toneladas de cocaína y tres personas capturadas. Hoy se entrega toda la comisión 34 del frente Magdalena medio, del EMC, mando Calarcá, al Estado”.
De acuerdo con el ministerio de Defensa, en zona rural de Carmen de Atrato (Chocó), tropas del Ejército lograron “el sometimiento a la justicia de la totalidad de la Comisión 34, facción Calarcá del ‘Bloque Magdalena Medio Gentil Duarte’ de las disidencias de las Farc, como resultado de la presión operacional sostenida en el territorio”.
Según la información suministrada por las autoridades, se entregaron voluntariamente 11 integrantes de este grupo ilegal, de los cuales tres eran cabecillas principales de esta facción de las disidencias, a quienes se les incautaron ocho armas largas, munición y equipos.
En este sentido, se indicó que los cabecillas que se entregaron fueron Daniel Antonio David Barrios, alias ‘Andrés Patiño’ o ‘Nelson’; alias ‘Jair’, y Eliézer David Causil Sandoval, alias ‘David’.
Según el ministerio, “la operación se desarrolló con respeto por los DD. HH. y el DIH. Los sometidos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes”.
El presidente Gustavo Petro destacó la utilidad de los paneles solares para desalinizar el aguar de mar y hacerla potable.
Archipiélago Islas del Rosario, Cartagena, 17 de diciembre de 2025 - El presidente Gustavo Petro pidió extender la instalación de plantas de generación eléctrica a todas las islas del Caribe colombiano con las que, además, se pueden poner en servicio plantas desalinizadoras para el abastecimiento de agua potable.
El anuncio lo hizo el mandatario durante la inauguración de la Central de Generación Eléctrica de Isla Grande, proyecto que beneficiará a más de 1.500 habitantes que ahora podrán contar con el servicio eléctrico las 24 horas generado con energías limpias.
“Esto hay que extenderlo a todas las islas del Caribe; yo le pediría al IPSE (Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas) que mire todas las islas, no solo de Islas del Rosario sino del Caribe; hay cerca por aquí al frente de Sucre una isla (Santa Cruz del Islote) donde vive muchísima gente, prácticamente no queda espacio sino para caminar, no hay espacio verde. Es una construcción que tiene su historia y la comunidad ha hecho de esa isla la más densificada del mundo”.
Allí, agregó el jefe de Estado, todavía hay unos paneles solares que pusieron, pero no le enseñaron a la comunidad a manejarlos y entonces entraron en desuso. “Bonito sería que se expandieran los paneles solares no solo del pequeño sitio en donde está, sino en todos los techos de las casas y podría saltar la calidad de vida de sus habitantes”, agregó.
Este tipo de proyectos, liderados por el Ministerio de Minas y Energía a través del IPSE, va en línea con la política del Gobierno del Cambio para llevar energía limpia, confiable y a precios justos a los territorios históricamente excluidos, avanzando en una Transición Energética Justa con enfoque social y ambiental.
El presidente Petro dijo que como estas regiones no cuentan con agua potable suficiente, con la instalación de los paneles solares ya no se necesitaría infraestructura de tubería desde el acueducto continental, sino un desalinizador que también puede funcionar con energías limpias.
“Entonces la energía abarata el agua de desalinizar, donde es materia prima el mar; es una tecnología de agua 100% pura y potable. Ya lo ensayamos en La Guajira, donde hay una gran cantidad de pozos. De allí puede salir agua potable para Santa Marta, Cartagena, y puede ayudar en las ciudades y pequeños municipios de la Costa, donde la energía y el agua potable saldrían relativamente baratas”, sostuvo.
Este tipo de soluciones, dijo el mandatario, incrementaría la economía regional con el turismo, la educación en colegios y universidades en municipios pequeños como en las grandes ciudades.
“Así que aquí hay una oportunidad para el Caribe, incluso poner estas placas podría ser un pacto con las comunidades. Aquí ya podemos hablar de dos inversiones con ayuda del Estado, que no puede dejar abandonada la comunidad, es una alianza para cuidar estos paneles solares”, concluyó el jefe de Estado.
La Central de Generación Eléctrica de Isla Grande, en el Archipiélago de Islas del Rosario (Bolívar), garantiza energía limpia y continua las 24 horas para la comunidad, beneficiando a cerca de 1.500 habitantes
El presidente Gustavo Petro asistirá este miércoles a la inauguración de la Central de Generación Eléctrica de Isla Grande, un proyecto que marca un hito para la transición energética en las Zonas no Interconectadas del Caribe colombiano. Por primera vez, este territorio turístico y comunitario contará con energía continua, segura y mayoritariamente limpia, beneficiando a cerca de 1.500 habitantes de Isla Grande y del sector de Isleta.
La ejecución del proyecto requirió una inversión total de $21.443 millones de pesos, destinados a garantizar una solución energética sostenible y de largo plazo para Isla Grande e Isleta. De este monto, $19.280 millones correspondieron al contrato de obra y $2.163 millones a la interventoría, recursos que permitieron la instalación de infraestructura solar fotovoltaica, sistemas de almacenamiento en baterías y redes eléctricas.
Con la entrada en operación del sistema, Isla Grande pasó de tener apenas 14 horas diarias de servicio eléctrico, basado principalmente en diésel, a contar con energía las 24 horas del día. A su vez, Isleta accede por primera vez al servicio de electricidad, cerrando una brecha histórica para esta comunidad insular.
El proyecto, liderado por el Ministerio de Minas y Energía, a través del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas (IPSE), se alinea con la política del gobierno del presidente Gustavo Petro de llevar energía limpia, confiable y a precios justos a los territorios históricamente excluidos, avanzando en una Transición Energética Justa con enfoque social y ambiental.
Un sistema híbrido, limpio y sostenible
La central eléctrica está conformada por dos sistemas híbridos (solar–diésel). En Isla Grande se instaló una central con 900 paneles solares de 605 Wp (Vatios pico), que aportan una potencia de 544,5 kWp (Kilovatio pico), mientras que en Isleta se dispuso un sistema con 54 paneles de 555 Wp, con una potencia de 29,97 kWp. En total, el proyecto alcanza una capacidad solar instalada de 574,47 kWp.
La infraestructura incluye un sistema de almacenamiento en baterías de litio con capacidad de 1.929 kWh (Kilovatio-hora) y un respaldo diésel de 710 kW (kilovatio), que garantiza la continuidad del servicio ante contingencias climáticas. Gracias al predominio de fuentes renovables, el consumo de diésel se redujo en aproximadamente 3.065 galones mensuales, disminuyendo costos operativos y el impacto ambiental.
La central permitirá una generación anual superior a 1.149 MWh (megavatio hora), suficiente para abastecer hogares, comercios, instituciones educativas, centros de salud y ecohoteles, fortaleciendo la actividad turística y productiva del territorio.
Impacto social, ambiental y económico
El proyecto beneficia directamente a 477 usuarios, de los cuales 392 hogares ya están conectados en Isla Grande y 30 en Isleta, además de la disponibilidad de conexión para 55 establecimientos comerciales. Más del 75 % de la mano de obra no calificada empleada durante la ejecución fue contratada en la misma comunidad, fortaleciendo el empleo local y la apropiación social del proyecto.
Desde el punto de vista ambiental, se estima una reducción anual de 830,4 toneladas de CO₂. Adicionalmente, se construyeron redes subterráneas en Isla Grande para proteger el paisaje y los ecosistemas del Parque Nacional Natural Corales del Rosario, y se adelantaron acciones de restauración ambiental, como la siembra de manglar, árboles frutales y plantas nativas.
Con esta inauguración, el Gobierno del Cambio reafirma su compromiso con el cierre de brechas históricas, la descarbonización y el acceso a la energía, consolidando a Isla Grande como un caso de éxito replicable en otras islas del Caribe colombiano y en las Zonas No Interconectadas del país.
La Defensoría del Pueblo ha desplegado a sus equipos regionales en todo el país para verificar hechos, acompañar a las comunidades y activar rutas de prevención y protección, en articulación con autoridades locales y nacionales, después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Primero Carolina Ramírez del Bloque Amazonas al mando de “Iván Mordisco”, anunciaran “paros armados” en el país.
De acuerdo con el seguimiento realizado en territorio, se han registrado acciones violentas, de intimidación, restricciones a la movilidad, amenazas y afectaciones al transporte y a la actividad comercial, principalmente en zonas rurales y corredores estratégicos. Esta es la situación:
El paro decretado por “Iván Mordisco” en Putumayo y Caquetá
El paro continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en el Putumayo. En Comité de Justicia Transicional del municipio de Puerto Leguízamo, realizado el pasado viernes, se decretó el confinamiento en los corregimientos de La Tagua y El Mecaya, las inspecciones de Yurilla y Sencella y las comunidades indígenas de Umancia y Guaquira. Los censos para determinar las personas afectadas se encuentran en construcción, aunque se estima que son alrededor de 3.000.
De igual forma, el paro también continúa en el departamento de Caquetá, en los Ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, desde el pasado 9 de diciembre y en Amazonas afecta a comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), en la zona del río Caquetá, área no municipalizada de Puerto Santander.
Afectaciones en el marco del “paro armado” decretado por el ELN
Antioquia: En el municipio de Copacabana se presentó la detonación de un artefacto sin afectación a personas y el tránsito vehicular estuvo bloqueado por algunas horas en el sector. De manera paralela, se mantiene una alerta preventiva en la subregión Norte del departamento, por informaciones sobre la presencia de personas encapuchadas y/o artefactos en el corredor vial de los Llanos de Cuivá – Yarumal – Valdivia.
Adicionalmente se registró la incineración de un bus en jurisdicción de Valdivia, Sector la Paulina. Km 15 entre Valdivia y Tarazá.
En la mañana de hoy se registró una explosión en la entrada al municipio de Salgar, que a esta hora es atendida por las autoridades y mantiene restringido el paso vehicular.
Arauca: Se presentó un ataque el sábado en la madrugada, al Batallón del Ejército de Puerto Jordán con tatucos bomba, que dejó afectaciones materiales. Desde la madrugada del domingo el servicio de transporte público está suspendido y se reporta instalación de banderas del ELN en vías de Fortul, Arauquita y Saravena.
Boyacá: El día sábado 13 de diciembre el Batallón de Alta Montaña del Espino recibió disparos desde las montañas, se presume ELN quien se atribuye responsabilidad de ataque del 19 de noviembre al mismo Batallón.
Casanare: Varias empresas de transporte no están prestando servicio, dificultando la movilidad de los habitantes del departamento.
Cauca: Las autoridades han confirmado al menos cinco acciones atribuidas al ELN. Sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en Mondomo, fue hallado un cilindro con emblemas del grupo armado, lo que obligó al cierre temporal del corredor mientras el Ejército y la Policía detonaban de manera controlada el artefacto.
Adicionalmente, se encontraron banderas, grafitis y cilindros en los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.
Cesar: El 13 de diciembre en el municipio de Manaure, se registró la quema de maquinaria amarilla en el lugar en el que adelantan su proceso de reincorporación varias personas firmantes del Acuerdo de paz. Entre tanto, en el municipio de Pelaya, se ha presentado interrupción del servicio de transporte.
Chocó: Se presenta suspensión total del transporte fluvial y terrestre. Adicionalmente se ha reportado la instalación de banderas del ELN y avisos alusivos al grupo armado en las carreteras de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato
Guajira: El 14 de diciembre de 2025, en la vía que comunica los municipios de Barrancas y Fonseca, fue hallado un cilindro con grafitis alusivos al ELN, situación que generó la activación de los protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Pública y la suspensión preventiva del tránsito.
En el tramo vial entre los municipios de Fonseca y Distracción, hombres armados instalaron dos cilindros en un vehículo luego de amenazar a sus ocupantes. Tras la inspección técnica se determinó que no contenían material explosivo y se restableció el tránsito vehicular.
En la mañana de hoy, el Ejército hace presencia en cuatro puntos viales que conectan los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha con el sur de La Guajira, donde según información de la ciudadanía, fueron abandonados varios tatucos en cuatro vías, zona que conecta el municipio de Maicao, Uribia, Riohacha y sur de La Guajira.
Magdalena Medio: En la madrugada de este lunes se presentó un ataque al peaje de La Lizama en la vía que comunica a Bucaramamga con Barrancabermeja, en el que resultó herida una funcionaria. Adicionalmente, el transporte terrestre y fluvial en el sur de Bolívar ha presentado suspensiones.
Nariño: El día 14 de diciembre, en la vía que conduce al municipio del Peñol y Los Andes, actores armados pararon una buseta de transporte público, amenazando a sus ocupantes y recordándoles el anuncio del “paro armado”. En este sector no hay paso de transporte público ni particular.
En el km 4, vía a los municipios de Tuquerres y Samaniego, el día 13, se instaló una bandera del ELN, además de un artefacto explosivo, sin ninguna afectación para la población.
Norte de Santander: En la madrugada del domingo se presentaron hechos violentos en el municipio de Villa del Rosario y en Cúcuta fueron hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes. Adicionalmente, en el municipio de Puerto Santander, un ataque a la subestación de Policía sería atribuible al ELN, hecho durante el cual murió el conductor de una ambulancia en el fuego cruzado.
En la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona fueron desactivados dos cilindros con símbolos del ELN, lo que ocasionó el cierre temporal de este tramo. Además, en la vía entre El Zulia y Astilleros, el grupo armado atravesó un árbol, lo que ocasionó el bloqueo vehicular por varias horas.
Ocaña: Se reporta disminución en el transporte público terrestre sobre todo en las vías intermunicipales y en el eje Cúcuta - Ocaña - Aguachica.
Pacífico: Se reporta restricción total de la movilidad, tanto en Bajo Calima, como en el Litoral del San Juan, situación que puede desencadenar en desabastecimiento de alimentos para la población.
La Defensoría del Pueblo recuerda que los llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil, que no puede ser instrumentalizada ni sometida al miedo.
La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental a dos proyectos estratégicos que aportan a la diversificación de la matriz energética, al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional y a la consolidación de una Transición Energética Justa y ecológica en Colombia.
“Estos proyectos reflejan el compromiso del país con una transición energética responsable, que impulsa el aprovechamiento de fuentes limpias sin perder de vista la protección de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades locales”, afirmó Irene Vélez Torres, directora general de la ANLA.
Parque Solar Aries
El proyecto Parque Solar Aries, cuyo titular es Anolis Renovables S. A. S., se ubica entre los municipios de Sahagún y Chinú, en el departamento de Córdoba. Contará con una capacidad instalada de 175 MW, generados a partir de radiación solar mediante paneles fotovoltaicos, con lo cual contribuirá a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al fortalecimiento de la matriz energética nacional.
El proyecto incluye la infraestructura del parque y las zonas de compensación ambiental. Incorporará polígonos de paneles solares, una subestación elevadora, cerramiento perimetral, sistemas de drenaje, zonas de acopio y faenas, así como nuevas vías internas y la adecuación de las existentes.
La decisión de otorgar la licencia se adoptó tras una evaluación técnica, ambiental y social del estudio de impacto ambiental, mediante el cual se verificó que el proyecto aplica medidas adecuadas para prevenir, mitigar y compensar impactos ambientales, con especial énfasis en la protección del recurso hídrico, el manejo de suelos, la conservación de la biodiversidad y la restauración ecológica.
Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV
La ANLA también otorgó viabilidad ambiental al proyecto Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV, de propiedad de Celsia Colombia S. A. E. S. P., ubicado entre los municipios de Sahagún, Ciénaga de Oro y Pueblo Nuevo, en el departamento de Córdoba.
El proyecto estará conformado por 23 torres metálicas y 23 torres preliminares a lo largo de 8,71 km de longitud, con una tensión nominal de 500 kV.
También contempla una plaza de tendido, un campamento, el uso de accesos existentes y la construcción de nuevos accesos vehiculares y peatonales para facilitar su ejecución.
En el proceso de evaluación participaron equipos interdisciplinarios de la ANLA, conformados por ingenieros ambientales, biólogos, ingenieros forestales, profesionales sociales y especialistas en áreas como hidrología, calidad del aire, conectividad ecológica, riesgo, valoración económica, paisaje y derecho ambiental, lo que garantiza un análisis técnico riguroso y transparente.
De acuerdo con la Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME), la Línea de Transmisión Sahagún 2 a 500 kV hace parte de los activos de conexión de cinco parques solares —Ligustro I, Ligustro II, Tángara, El Espino y Sahagún—, con una capacidad total proyectada de 700 MW, lo que permitirá integrar su producción al Sistema de Transmisión Nacional y fortalecer la seguridad energética del país.
La ANLA reafirma su compromiso con la Transición Energética Justa y ecológica impulsando proyectos que promueven el uso de fuentes renovables, garantizan la protección del patrimonio natural y fomentan la participación responsable de los territorios en la construcción de un modelo energético más limpio y sostenible.
Como parte del trabajo de la Subgerencia de Protección Vegetal y la Dirección Técnica de Semillas del ICA, la Seccional Cauca, dio inicio a los talleres de capacitación sobre el muestreo de semilla y material vegetal de maíces nativos y criollos. Esta actividad fue desarrollada en cumplimiento de la Sentencia T-247 de 2023 y en concordancia con los acuerdos establecidos el 19 de junio del presente año entre el ICA y las comunidades indígenas, entre ellas el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Este espacio permitió realizar muestreo mediante tirillas reactivas y la toma de muestras para análisis en laboratorio, herramientas que permiten generar alertas tempranas y adoptar medidas oportunas orientadas a la protección y conservación de estas semillas.
Este primer espació tuvo lugar en Río Blanco, Sotará y Cauca, y contó con la participación de 35 asistentes, de los cuales 30 son del pueblo indígena Yanacona, procedentes de los resguardos Guachicono, Caquiona, Rioblanco, San Juan y San Sebastián.
Realizar estos encuentros en esta región del Pacifico, suma gran importancia para la conservación y protección de las semillas nativas y criollas de maíz, porque fortalece las capacidades locales en el uso de herramientas de detección de elementos transgénicos, contribuyendo así a prevenir su ingreso a los resguardos y a mantener la integridad genética de las variedades tradicionales.
La tarea es llevar acompañamiento técnico a todo el territorio nacional, cumplirle a la reforma agraria, construir confianza entre los productores y la institucionalidad y permitir que el conocimiento profesional converse con los saberes ancestrales en favor de quienes habitan el campo y lo producen.
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