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Sistema Integral para la Paz lanza el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos

El lanzamiento de la plataforma tecnológica se llevará a cabo en San Jacinto (Bolívar) el 30 de noviembre a las 11:00 a.m.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, por lo menos 1.026 líderes sociales y 326 excombatientes de las Farc-EP han sido asesinados. 
Para evitar que se repita la tragedia que Colombia vivió durante 60 años y asegurar la oportunidad de hacer justicia, saber qué fue lo que pasó y encontrar a los desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas, le presentarán mañana al país el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz.

A través de esta herramienta tecnológica pública, que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se alertará a la sociedad y las autoridades competentes sobre la posible ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de los sujetos individuales y colectivos que participan en los diferentes procesos desarrollados en territorio por las entidades.

Asegurar la vida de los excombatientes de las Farc, así como de las víctimas del conflicto y los líderes sociales que desde su territorio construyen un mejor país, está en el ADN del Acuerdo Final. Más, cuando un modelo de justicia transicional que se nutre de los aportes genuinos y espontáneos de verdad se ve amenazado si el temor se erige como un obstáculo para el acceso a la justicia y la construcción de la paz.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, 326 excombatientes de las Farc-EP y 1.026 líderes sociales, de los cuales 26% pertenecían a organizaciones que participan en el Sistema Integral para la Paz, han sido asesinados. Las tasas de homicidio contra quienes implementan el Acuerdo han aumentado y siguen siendo altas mientras los nuevos y remanentes grupos violentos luchan por el control territorial, el monopolio de mercados ilícitos y la impunidad.

El lanzamiento, que fue convocado por el Sistema, se llevará a cabo este 30 de noviembre en San Jacinto (Bolívar) a las 11:00 a.m. Además, contará con la participación de líderes sociales de la región de Montes de María, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Verificación de la ONU, Pastoral Social, la Mapp/OEA, el Instituto Kroc, el Instituto Capaz y la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, entre otros.

¿QUÉ ES EL MECANISMO UNIFICADO DE MONITOREO DE RIESGO?

Es una herramienta tecnológica que permite visualizar los incidentes de seguridad que afectan a las víctimas, los excombatientes de las Farc-EP y las organizaciones sociales que participan en el Sistema Integral para la Paz. Este mecanismo está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

¿CUÁL ES LA POBLACIÓN DE INTERÉS?

Todo el territorio nacional con énfasis en 107 municipios en donde coinciden la priorización de los macro casos de la JEP y los planes regionales de búsqueda de la UBPD. Así como las 369 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se relacionan con las Casas de la Verdad de la CEV y también los 62 municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y 171 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Además, de los 18.630 comparecientes ante la Jurisdicción.

Para la UBPD el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgo brinda la posibilidad de identificar, prevenir y mitigar escenarios que pongan en riesgo la vida, libertad e integridad de los y las servidoras y las víctimas, organizaciones, aportantes y terceros participantes en el proceso de búsqueda humanitaria de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Adicionalmente, constituye un ejercicio de articulación en materia de prevención y protección con los demás mecanismos del Sistema Integral para la Paz, para brindar garantías de participación a las víctimas en los procesos que adelantan con el Sistema.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA INFORMACIÓN?

Del monitoreo diario de 160 medios de comunicación, 372 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz, y las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

¿DÓNDE SE PODRÁN CONSULTAR LOS DATOS?

En la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz se podrá consultar la plataforma digital, los boletines diarios de monitoreo, reportes periódicos, informes temáticos, así como de riesgo y con fines judiciales para la adopción, implementación y evaluación de medidas cautelares de protección.

"Tiros a la vista": el informe que documenta las agresiones durante el paro nacional contra Iván Duque

Organizaciones exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

Un miembro de las fuerzas de seguridad apunta su arma durante una protesta antigubernamental en Bogotá. 30 de abril de 2021 - Luisa González - Reuters

El pasado 28 de abril, Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque que se extendió por semanas, cuando se dio cuenta de que varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se les acercaban.

"Simplemente grité 'ya vámonos' y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada", recuerda Leidy. El rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

Donde no intervino el ESMAD,
no se presentaron desórdenes.
Fusagasugá - Cundinamarca.
La joven perdió un ojo en el ataque. Es una de las más de 100 víctimas de las represiones en las que las fuerzas de Seguridad atacaron directamente a los ojos de los manifestantes, una modalidad que ya se había intensificado en Chile durante las protestas de 2019.

Así lo relata el informe "Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional", que este viernes presentaron la organización Temblores y Amnistía Internacional, junto a la Universidad de los Andes, y que denuncia la violencia institucional de las fuerzas represivas de Colombia contra la protesta social.

Leidy considera que fue un acto de violencia basada en género, porque sus demás compañeros salieron ilesos. Desde entonces ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas, lo que la ha revictimizado. A ello se suman las redes sociales y un ataque con pólvora en la puerta de su casa. Las amenazas la obligaron a dejar el país junto con su madre y su pareja.

"Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz", advierte la estudiante en un informe que detalla 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de ellos ocurrieron en años anteriores y ocho el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.

"El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales", señala.

Reclamos

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

"Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia", explica un documento que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

"En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom", precisa.

Marcha pacífica durante
el Paro Nacional 2021.
Fusagasugá - Cundinamarca
La información disponible revela que las agresiones directas a los ojos han aumentado. El Sistema de Información de Agresiones Oculares a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, registró 12 lesiones oculares en el marco de protestas entre el 10 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, lo que implica un ataque cada 3,6 días.

En comparación con estos datos, la plataforma GRITA de Temblores registró que del 28 de abril al 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, una cada 0,81 días. Con respecto al perfil de las víctimas, 90 son varones, en su mayoría estudiantes de entre 18 y 22 años.

De las 103 personas agredidas este año, 14 perdieron el ojo y 14 la vista total; nueve sufrieron pérdida parcial y seis más heridas oculares sin pérdida de vista, en tanto que 60 quedaron sin un trauma identificado.


"Ligada a las afectaciones físicas y mentales, las víctimas dan cuenta de las múltiples barreras que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos a la salud, a la movilidad, a la educación y al trabajo, entre otros", señala el informe que, además, recomienda a las autoridades nacionales cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la CIDH para asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto y público para prevenir afectaciones a la integridad y a la salud de manifestantes.

"Asimismo, se insta a las autoridades a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa", añade al sumarse al llamado de organizaciones sociales nacionales e internacionales para reformar a la Policía Nacional y, en particular, al ESMAD.

Otro socio de Centros Poblados con irregularidades en contrato por $2.507 millones

CGR.- La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).


En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación.

Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.

Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.

El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.

Pólizas vencidas y otros líos

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.

Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Foto de Cesar Viloria del rio San Jorge por Caimito, Sucre.

Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

Causa del daño patrimonial

En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:

-VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.

-KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

-INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.

-DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.

-WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.

-COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría

-JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.337.790.621,50), correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.

Lupa a contratos de socios de Centros Poblados

Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.

Aparte de Intec de la Costa SAS, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (FUNTICS, ahora Novotic).

Colombia recibirá préstamos por 800 millones de dólares para atender a migrantes venezolanos

El monto económico ha sido destinado a Colombia por ser el país receptor de la mayor cantidad de migrantes venezolanos al estallar las crisis humanitaria.

Colombia recibirá 800 millones de dólares en dos préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para atender a los emigrantes venezolanos en su proceso de integración social al país, anunció el martes el presidente Iván Duque.


El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 millones de dólares destinado a apoyar la estrategia del Gobierno de Colombia para la integración social y económica de los emigrantes de Venezuela en el país.

Se trata del primer préstamo de políticas de desarrollo del Banco Mundial centrado exclusivamente en la migración transfronteriza, pensado para la integración de la población migrante en condiciones de vulnerabilidad como a las áreas de acogida.

El préstamo será complementado por una contribución de 26,4 millones de dólares del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional.

Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 300 millones de dólares para la inclusión social y económica de la población migrante venezolana en Colombia.

"Son 800 millones de dólares de financiamiento de largo plazo, en buena tasa, para el buen desarrollo de una política pública migratoria integral", dijo el presidente Iván Duque en un acto de gobierno.

"Son las primeras operaciones que sobre esta materia adelantan los dos bancos. Y se hacen bajo el esquema de créditos de políticas públicas, que es respaldar el camino trasegado y lo que falta por trasegar", agregó el mandatario.

Escuadrón Antidisturbios seguirá operando en Colombia pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos

actualidad.rt.- Por segunda vez en este año fue archivado un proyecto legislativo que buscaba desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Colombia, señalado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

Altercados durante una protesta contra el Gobierno de Duque, Bogotá, Colombia, 28 de julio de 2021Nathalia Angarita -Reuters

En esta oportunidad, con siete votos a favor y tres en contra, la Comisión Segunda del Senado colombiano tumbó el proyecto de Ley impulsado por los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia. En julio pasado un grupo de parlamentarios había hecho la propuesta ante la Cámara de Representantes de modificar la Policía Nacional y prohibir el uso de algunas armas por parte de los antidisturbios, sin éxito.

En su cuenta de Twitter, el senador del Polo Democrático Alternativo afirmó que aunque en "esta ocasión no se pudo", persistirá. "Al Esmad lo vamos a desmontar", agregó.

Por su parte, Sanguino, aspirante presidencial por el partido Alianza Verde, dijo en un trino que la eliminación del cuerpo antidisturbios, adscrito al Ministerio de Defensa, "tendrá que esperar al nuevo congreso con mayorías democráticas". "Un gobierno y Congreso del cambio en el 2022 debe avanzar en reformas como estas", agregó.


¿Cuál era la propuesta?

En el proyecto de nueve artículos se planteaba desmontar en un plazo de seis meses al Esmad, creado en 1999, y que sus atribuciones las cumpliera la Policía Nacional, que también absorbería a los funcionarios antidisturbios.

Los agentes que tuvieran investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los derechos humanos no podrían ser incorporados a cargos relacionados con la contención de manifestaciones.

Esta iniciativa legislativa proponía sustituir al Esmad por una 'Unidad Especial de Diálogo y Mediación Policial' que diese "garantía al derecho a la protesta y la dignidad humana, con un enfoque diferencial, al diálogo y la resolución de conflictos", escribió el senador Valencia en un trino.
¿Por qué desmontar al Esmad?

Desde las protestas de 2019 se ha incrementado el clamor entre las voces opositoras en el Senado y las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos para que se revise la acción del Esmad y se desintegre ante las múltiples denuncias de violación de los derechos humanos en las movilizaciones.

Según afirmó Cepeda en su intervención ante la Comisión Segunda del Senado, en las pasadas protestas, que comenzaron en abril de este año, 61 muertes de las 80 registradas por organismos de defensa de los derechos humanos habrían sido responsabilidad de agentes antidisturbios.

"Es evidente que el Esmad tiene serios problemas en su funcionamiento y en su concepción, no basta con reformas superficiales, vemos que hay un comportamiento sistemático", expresó el senador opositor.

El senador colombiano Iván Cepeda en Bogotá,
el 3 de octubre de 2019

Daniel Munoz - AFP
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de trabajo a Colombia, pidió separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos". Sin embargo, este llamado fue rechazado por el presidente colombiano, Iván Duque, que afirmó en un trino que nadie podía recomendarle a un país "ser tolerante con actos de criminalidad".

En ese contexto, el mandatario anunció a mediados de año la "transformación" policial y "modernización" del Ministerio de Defensa, en medio de peticiones del cese de la violencia policial contra los manifestantes. Esta iniciativa fue criticada en su momento por quienes la tildaron de "cambio cosmético" que no resolvía la raíz del problema causado por la militarización y el "uso excesivo de la fuerza" durante las protestas.

Este no ha sido el primer señalamiento de un organismo internacional a los antidisturbios. En 2020, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió un cambio "urgente" del Esmad, en el contexto de las movilizaciones antigubernamentales de 2019 y de ese año.

Cepeda recordó que además de las recomendaciones internacionales sobre el Esmad hay decisiones de la Justicia que plantean que "existe por una conducta de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática contra personas que han participado en movilizaciones de manera pacífica".

En septiembre de 2020, la Corte Suprema dictó un fallo histórico donde ordenaba el Ejecutivo la una reestructuración general del uso de la fuerza o la suspensión del uso las escopetas de calibre 12, que usaba el Esmad para contener las protestas, que habría sido la causante de la muerte del joven Dilan Cruz, emblema de las manifestaciones en Colombia.
Nathali Gómez

Se eleva a 86 el número de masacres registradas en 2021

En la zona actúan los grupos armados Los Puntilleros, el Clan del Golfo y el Frente 1º y 7º del Bloque Sur Oriental de las disidencias de las FARC.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia informó que este martes fueron asesinadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, en el departamento de Guaviare, ubicado en la región de la Amazonía, al sureste del país.

Por el momento no se conocen las identidades de las víctimas, dice la organización en su cuenta en Twitter.

"Los hechos ocurrieron en las zonas conocidas como Bodega India y vereda Cartucho", detalla Indepaz, señalando que se trata de una zona rural que se encuentra a tres horas al sur de San José del Guaviare, la capital departamental.


Según la Alerta Temprana (AT) 005/19 de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en la zona donde ocurrió esta nueva masacre actúan los grupos armados Los Puntilleros, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y el Frente 1º y 7º del Bloque Sur Oriental de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La presencia de los grupos armados, según el documento, ha significado "un incremento de las restricciones a la movilidad de la población civil y de los casos de reclutamientos forzados, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas".

El asesinato de estas cuatro personas sería la masacre número 86 registrada en 2021 en Colombia, de acuerdo con Indepaz.

Importante.

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