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Asesinan a tres líderes campesinos en Almaguer (Cauca)

Agencia Prensa Rural.- El lunes 29 de agosto a las ocho de la mañana, en el sitio Guayabillas del corregimiento de Llacuanas de Almaguer, hombres armados y con uniforme militar interceptaron el vehículo donde iban Joel Meneses Meneses, líder del Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA) del corregimiento de La Herradura y del Proceso Campesino e Indígena de Almaguer (Procamina), quien había recibido amenazas; Nereo Meneses Guzmán, de Procamina y líder de la vereda Garbanzal del mismo corregimiento; y Ariel Sotelo, de La Herradura.
 Los tres fueron llevados hasta Monte Oscuro, entre Bolívar y Almaguer, donde fueron encontrados abatidos con tiros de gracia. 




Almaguer se ha convertido en los últimos tres años en epicentro de violaciones a los derechos humanos. Después de los asesinatos de la lideresa Adelinda Gómez Gaviria en septiembre 30 de 2013; de Jhon Gómez, hijo de concejal electo en octubre de 2015; Ignacio Males Navia, líder social y secretario del concejo de Almaguer en noviembre de 2015; de las amenazas al actual alcalde Albeiro Galíndez y a la mayoría del concejo; del desplazamiento de comunidades campesinas e indígenas a finales de 2015, esta situación se ha agudizado de manera tal que la Administración en varias oportunidades ha tenido que dirigir desde Popayán.

Ciudadanos de 14 veredas de Cauca decidieron seguir siendo parte del municipio de Guachené

Con una gran afluencia de votantes y en completa normalidad, los ciudadanos de 14 veredas del Cauca decidieron en las urnas, seguir siendo parte del municipio de Guachené, luego del referendo realizado este domingo.




 De acuerdo con la Ley 1757 de 2015, para que este mecanismo prospere se necesita “el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes y que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral”.

Para este certamen democrático estaban habilitados para votar 2.750 ciudadanos. Para que el referendo fuera viable, se necesitaba la participación de la cuarta parte del censo electoral, es decir, 687 ciudadanos.

Intervención Rueda de prensa Registrador Nacional

ACUERDO DE PAZ

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral 

Consideran:

 Que en el marco del presente Acuerdo para la Terminación del Conflicto, la Reforma Rural Integral, en adelante RRI, sienta las bases para la transformación estructural del campo, crea condiciones de bienestar para la población rural —hombres y mujeres— y de esa manera contribuye a la construcción de una paz estable y duradera.

 Que a juicio del Gobierno esa transformación debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio. Y que a juicio de las FARC-EP dicha transformación debe contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado y el atraso de las comunidades rurales, que afecta especialmente a las mujeres, niñas y niños.

 Que la RRI concibe el territorio rural como un escenario socio-histórico con diversidad social y cultural, en el que las comunidades —hombres y mujeres— desempeñan un papel protagónico en la definición del mejoramiento de sus condiciones de vida y en la definición del desarrollo del país dentro de una visión de integración urbano-rural.

 Que el desarrollo rural integral es determinante para impulsar la integración de las regiones y el desarrollo social y económico equitativo del país. La RRI debe lograr la gran transformación de la realidad rural colombiana, que integre las regiones, erradique la pobreza, promueva la igualdad, asegure el pleno disfrute de los derechos de la ciudadanía con un enfoque de género y como consecuencia garantice la no repetición del conflicto y la erradicación de la violencia.

 Que una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales1* y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social.
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 1* Según lo establecido en la ley 731 de 2002, “Por la cual se dictan normas para favorecer a las mujeres rurales”, mujer rural es toda aquella que, sin distingo de ninguna naturaleza e independientemente del lugar donde viva, tiene una actividad productiva relacionada directamente con lo rural, incluso si dicha actividad no es reconocida por los sistemas de información y medición del Estado o no es remunerada. Esta definición incluye a las mujeres campesinas, indígenas y afro, sin tierras o con tierra insuficiente. 
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 Que esa transformación estructural requiere también que se promueva la equidad de género mediante la adopción de medidas específicas para garantizar que mujeres y hombres participen y se beneficien en pie de igualdad de la implementación de este Acuerdo.

 Que si bien este acceso a la tierra es una condición necesaria para la transformación del campo, no es suficiente por lo cual deben establecerse planes nacionales financiados y promovidos por el Estado destinados al desarrollo rural integral para la provisión de bienes y servicios públicos como educación, salud, recreación, infraestructura, asistencia técnica, alimentación y nutrición, entre otros, que brinden bienestar y buen vivir a la población rural —niñas, niños, hombres y mujeres.

 Que en su visión, la RRI reconoce el papel fundamental de la economía campesina, familiar y comunitaria en el desarrollo del campo, la erradicación del hambre, la generación de empleo e ingresos, la dignificación y formalización del trabajo, la producción de alimentos y, en general, en el desarrollo de la nación, en coexistencia y articulación complementaria con otras formas de producción agraria. La RRI reconoce el rol productivo y reproductivo de las mujeres y en esa medida su papel fundamental en el desarrollo y la economía rural y hará mayores esfuerzos para ellas y en la población más vulnerable para garantizarle condiciones de bienestar y buen vivir y para fortalecer sus formas de organización y producción.

 Que la RRI en materia de alimentos y nutrición pretende asegurar para toda la población rural y urbana en Colombia disponibilidad y acceso suficiente en oportunidad, cantidad, calidad y precio a los alimentos necesarios para una buena nutrición, especialmente la de los niños y niñas, mujeres gestantes y lactantes y personas adultas mayores, promoviendo prioritariamente la producción de alimentos y la generación de ingresos.

 Que la efectividad, transparencia y el buen desarrollo de la RRI dependen en gran medida de la promoción de una amplia participación de las comunidades, mediante la generación de espacios institucionales participativos y democráticos donde éstas tengan capacidad de transformación e incidencia en la planeación, implementación y seguimiento de los diferentes planes y programas acordados. La participación es así mismo garantía de una mayor inclusión de las comunidades rurales —mujeres y hombres— en la vida política, económica, social y cultural de sus regiones y, por ende, de la nación. 

Que a la transformación estructural del campo y en particular al cierre de la frontera agrícola, contribuyen los campesinos, las campesinas y las comunidades indígenas, negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras y demás comunidades étnicas en sus territorios, con un ordenamiento socio-ambiental sostenible. Para ello es necesario el reconocimiento y apoyo a las Zonas de Reserva Campesina (ZRC) y demás formas de asociatividad solidaria. Que la RRI es de aplicación universal y su ejecución prioriza los territorios más afectados por el conflicto, la miseria y el abandono, a través de programas de desarrollo con enfoque territorial, como instrumentos de reconciliación en el que todos sus actores trabajan en la construcción del bien supremo de la paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento.

 Que los planes y programas acordados como parte de la RRI deben tener un enfoque territorial, diferencial y de género que implica reconocer y tener en cuenta las necesidades, características y particularidades económicas, culturales y sociales de los territorios y las comunidades rurales —niñas, niños, mujeres y hombres, incluyendo personas con orientación sexual e identidad de género diversa— y garantizar la sostenibilidad socio-ambiental. 

 Que el desarrollo rural integral se adelantará en un contexto de globalización y de políticas de inserción en ella por parte del Estado que demandan una atención especial de la producción agropecuaria nacional y especialmente de la producción campesina, familiar y comunitaria.
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ACUERDO COMPLETO

El acuerdo de paz - 24 de agosto, el día en el que todo quedó acordado

Descargue el Acuerdo Definitivo para poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera..
Por favor léalo y difúndalo.


El 24 de agosto de 2016 se logra un anhelo de décadas: La paz con las Farc, que inició Belisario Betancur (1982-1986) y continuaron todos sus sucesores. Esta nueva apuesta comenzó en 2012 en La Habana (Cuba). Tras cuatro años de conversaciones, todo está acordado. El Gobierno y las Farc alcanzaron un acuerdo definitivo y el fin del conflicto es una realidad. Ya no se hablará más de las Farc como grupo armado. 

Este paso histórico encamina al país hacia un futuro mejor para nuestros hijos. La guerra dejará de ser la principal preocupación de los colombianos y habrá más oportunidades de educación para nuestros niños, desarrollo del campo, creación de más empleos y bienestar de las familias. 


Comunicado conjunto



Descargue el Acuerdo Definitivo para poner fin al conflicto armado y construir una paz estable y duradera.  Por favor léalo y difúndalo.


ONU y UNFPA preocupadas por discriminación y vulneración de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes

Escrito por ONU Derechos Humanos Colombia. Publicado en ONU derechos humanos.-

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) expresan su preocupación por la persistencia de estereotipos de género y situaciones de discriminación y vulneración de derechos humanos profundamente arraigados en parte de la sociedad colombiana que permean los debates sobre la educación para los niños, niñas y adolescentes en el país.


Una de las bases fundamentales en el respeto de los derechos humanos es el compromiso por eliminar todas las formas de discriminación. Los derechos humanos son universales y le pertenecen a todas las personas sin importar su orientación sexual, su religión, su edad, su color de piel, su lugar de nacimiento, su discapacidad o su ideología.

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Resolución del 28 de junio de este año, reafirmó que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y que toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sin distinción alguna y, por tanto, deploró enérgicamente los actos de violencia y discriminación, en todas las regiones del mundo, que se cometen contra las personas por su orientación sexual o identidad de género y recordó que es deber de los Estados, concientizar a la población acerca de la violencia y la discriminación contra las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género, y determinar y abordar las causas fundamentales de esta violencia y la discriminación.

La exitosa huelga de hambre que cambió la cara de la Universidad del Tolima en Colombia

globalvoices.org - Escrito por Lully.- Entre el 6 y el 15 de julio en la Universidad del Tolima, Colombia, nueve personas, entre estudiantes, profesores y trabajadores, realizaron una huelga de hambre en protesta por la grave crisis administrativa, financiera, democrática y de gobernabilidad por la que atraviesa esa institución superior y de la que responsabilizan directamente al rector, José Herman Muñoz Ñungo.

Los protagonistas iniciaron la huelga después de agotar los conductos regulares. Entre sus peticiones estaban la respuesta a 21 cuestionamientos y un pliego de peticiones cuyo primer punto exigía la renuncia del rector. Pero éste no solo se manifestó reacio a dejar su cargo y no resolvió las inquietudes propuestas, sino que también el Consejo Superior guardó silencio. Esto desencadenó la prolongación de la huelga de hambre hasta nueve días, al cabo de los cuales, y gracias a la mediación de una comisión de personalidades de la región y la presencia del ministerio de Trabajo, se firmó el acuerdo del cese a la huelga con la renuncia del rector para el 31 de julio y la aceptación por escrito de varios puntos del pliego.

 José Javier Cepera, del portal Rebelión, resumió así la lucha:
En últimas, la sed de justicia en la Universidad es una necesidad, y se trata de intentar abrir nuevos espacios, realizar acciones colectivas en defensa de lo público pero exigiendo transformación estructurales – no solo consiste en buscar la captación de recursos económicos sino en repensar la Universidad, sus bases, directivas, acuerdos, normatividad, razones, sentimientos y proyectos que no sigan encaminadas al servicio del mercado, los grupos políticos y el servilismo politiquero sino para la soberanía de los pueblos excluidos de estos tiempos

El grupo de huelguistas escribió en el portal El Salmón que no solo se hizo ese acto en pro de la Universidad del Tolima sino que además fue “como defensa de la Universidad Pública, hoy amenazada por las políticas privatizadoras del Ministerio de Educación Nacional”. Asimismo, se refirieron respecto al compromiso que ellos esperan de parte de la comunidad para seguir de cerca este proceso:
"Debemos informar a la comunidad universitaria y a la comunidad en general, que este movimiento no se reduce únicamente a la renuncia de un rector, es un ejercicio de transformación radical de la Universidad del Tolima, en el marco de la AUTONOMÍA, la AUTORREGULACIÓN Y la CALIDAD ACADEMICA; por eso convocamos a toda la comunidad a construir un gran pacto social que permita, desde el debate, la configuración de una universidad moderna, al servicio de la región y no de los intereses politiqueros de turno. Rechazamos cualquier intento de violación de la AUTONOMÍA UNIVERSITARIA, como es el caso de la Ley 550, la Ley 1740 o las reestructuraciones amañadas y a dedo; tampoco aceptaremos la imposición de manera autoritaria de un rector por parte de ningún sector; es decir, el rector encargado y los demás asignados, deberán obedecer a un proceso de legitimación dentro de la comunidad académica.

Global Voices (GV) quiso adentrarse más en el sentir y argumentación de los huelguistas y se dio a la tarea de entrevistar a uno de ellos: Carlos Arturo Gamboa Bobadilla, un bloguero pionero en la blogosfera colombiana, escritor, activista, docente y presidente de la Asociación Sindical de Profesores Universitarios (ASPU). A pesar de su desgaste físico, estuvo informando desde su blog y cuenta en Facebook todo lo referente a la huelga, porque como él mismo lo expresó en uno de sus escritos: “Creo que nunca podré hacer huelga de palabras, no he nacido para ser sumo sacerdote del silencio”.

Derecho a la salud, Colombia y Congreso de Estados Unidos


Todd Howland.- Representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia

"- Memos recientes supuestamente filtradas desde la Embajada de Colombia en Washington describen una intensa presión de la industria farmacéutica y sus aliados en el Congreso para disuadir a los esfuerzos de Colombia a la mitad del precio local de Novartis Gleevec, uno de los medicamentos principales usados ​​para tratar la leucemia mielógena crónica (LMC). Ver Huffington Post " Colombia miedos nos pueden rechazar Plan de paz para proteger Pharma beneficios ."

Como ciudadano de Estados Unidos, como el representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia desde 2012, y como una persona con CML, creo que si los ciudadanos estadounidenses y miembros del Congreso saben lo que sé de Colombia - y sobre la CML - que vería que estas tácticas de mano cruelmente amenazan la vida humana, y también socavan nuestros propios intereses económicos y de seguridad en un momento crítico para Colombia.

Sin medicamentos, CML - un cáncer que comienza en la médula ósea - mata a casi todo el mundo que tiene la enfermedad. Gleevec, aprobada en 2001, y sus sucesores, cambiaron radicalmente el pronóstico de los pacientes con LMC, y más de dos de cada tres personas que son capaces de seguir el protocolo actual de tratamiento de por vida puede esperar alcanzar una vida normal y productiva.

El precio anual para Gleevec es $ 106.322 en los EE.UU. y $ 31.867 en el Reino Unido una propuesta general cuesta alrededor de $ 8.000 en Brasil. Mis seis años de tratamiento han costado $ 635.000 para los medicamentos por sí sola, la mayor parte de esta suerte me cubre el seguro de salud de la ONU. Sin embargo, en Colombia, no soy la norma. Sin la intervención del gobierno, muchos colombianos con LMC hoy simplemente morirán.

Como casi todos los países del mundo, aparte de los EE.UU., Colombia trata acceso a la salud, incluyendo la medicación, como un derecho: el gobierno cubre los costos de los medicamentos de todos, pero una pequeña minoría de los ciudadanos que tienen seguro de salud privado. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y ha indicado a Colombia que debe garantizar que las personas con ingresos limitados tienen acceso a medicamentos que pueden salvar vidas.

Importante.

La transición climática requiere un nuevo sistema económico que se adapte a los ciclos de la naturaleza: ministra Susana Muhamad

En su intervención en la apertura de la Semana del Clima, en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York, la ministra de Ambient...

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