El mandatario afirmó a través de su cuenta de X que el principal factor detrás del aumento de la inflación en marzo fue la empresa Enel, y no el salario mínimo.
Esto, al referirse a la multa de $2.847 millones impuesta por la Superservicios por presuntas distorsiones en la formación de precios de la energía en bolsa, que impactaron el costo del servicio para los usuarios.
“Efectivamente el mayor responsable del crecimiento de la tasa de inflación del mes de marzo fue Enel y no el salario vital”, sostuvo el mandatario.
Añadió que la empresa “especuló y ha sido sancionada con una multa por la Superintendencia de Servicios”, y solicitó a la embajadora de Colombia en Italia iniciar acciones bajo las leyes de ese país y de la Unión Europea.
“Esto significa un atraco al bolsillo de los colombianos”, afirmó.
El mandatario explicó que, según su análisis, Enel habría distorsionado el precio de la energía eléctrica en bolsa, generando un incremento del 9 % en el costo de la generación para Bogotá en un solo mes.
Asimismo, señaló que el hecho de que la empresa sea generadora, distribuidora y comercializadora en la capital permite que, al no ser anónimas las transacciones en bolsa, se configuren condiciones para fijar precios por encima de los costos reales. “Se establece un precio de monopolio muy por encima de los costos reales”, indicó.
En ese sentido, pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio intervenir para “romper el monopolio prohibido por la Constitución”, al considerar que esta situación incrementa los ingresos de la empresa a costa de los usuarios bogotanos.
El presidente también solicitó formalmente a Enel devolver el sobrecosto cobrado a los usuarios en la próxima factura.
Por su parte, la Superservicios explicó que la sanción se fundamenta en la presentación de ofertas de precios que no correspondían a los costos variables del recurso hídrico, pese a que el embalse operaba cerca de su cota máxima sin que esto se reflejara en una reducción de los precios de la energía.
“Estamos fortaleciendo nuestras funciones de inspección, vigilancia y control a las empresas prestadoras para garantizar que no se generen costos ineficientes a los usuarios”, señaló el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón.
Finalmente, la entidad reiteró que, en línea con las instrucciones del Gobierno nacional, continuará reforzando la vigilancia para asegurar un mercado transparente, eficiente y con tarifas justas para los ciudadanos.
La Superintendencia de Industria y Comercio iniciará investigaciones administrativas en caso de registrarse una presunta vulneración a los derechos de los consumidores, y dará traslado a las autoridades penales y/o disciplinarias ante conductas que puedan constituir delito o falta grave. La reincidencia será considerada circunstancia agravante y podrá dar lugar a la cancelación definitiva de la autorización para la compra y distribución de combustibles.
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