ELN se compromete a suspender los secuestros económicos en la prolongación del cese el fuego

Foto: OACP.- ​​Las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y el ELN iniciarán el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, a partir del 22 de enero de 2024​

Al cierre del quinto ciclo de diálogos entre las delegaciones de paz del Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), esta guerrilla anunció la suspensión de los secuestros con fines económicos durante la prolongación del cese el fuego que está previsto para finales de enero de 2024.

E​l quinto ciclo de conversaciones se realizó en Ciudad de México, donde los dos equipos negociadores expidieron un comunicado conjunto en el que revelan los seis acuerdos que se pactaron.

Además de la suspensión de los secuestros con fines económicos, se acordó prorrogar el cese el fuego y realizar el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, Cuba, a partir del 22 de enero entrante.

​El siguiente es el texto del comunicado conjunto.

EL QUINTO CICLO DE DIÁLOGOS AFIANZA EL PROCESO DE PAZ

Mesa de Diálogos de Paz entre el Gobierno de la República de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional – ELN

Las delegaciones del Gobierno de la República de Colombia y del Ejército de Liberación Nacional – ELN, hemos avanzado en afianzar el Proceso de Paz iniciado en la ciudad de Caracas en noviembre de 2022.

En este, el V Ciclo de diálogos, pactamos seis (6) acuerdos:

1. La reafirmación del puerto de llegada de este proceso de paz, acordado en el II Ciclo realizado en Ciudad de México en marzo de este año.

2. La suspensión de las retenciones con fines económicos, según el ELN, en el marco de la prolongación del Cese al fuego prevista para finales de enero del año entrante.

3. La creación de condiciones para la prórroga del Cese al fuego, el Mecanismo de Veeduría y Verificación (MVV) y medidas frente al accionar de fuerzas paramilitares y de distintos grupos armados.

4. La creación de condiciones económicas y financieras para la materialización del Acuerdo de México.

5. La reanudación del proceso de participación de la sociedad, la culminación de su fase de diseño en abril del año próximo y la creación de una red nacional de participación.

6. La conformación de ocho (8) zonas críticas, de acciones humanitarias y de una comisión de la Mesa para coordinar los planes de atención y transformaciones sociales de las zonas.

Las delegaciones expresamos nuestro reconocimiento y gratitud al pueblo y al gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, por su apoyo a este proceso y por haber sido la sede del V Ciclo de diálogos para la paz.

También, agradecemos nuevamente a la República de Cuba su inmensa contribución a este proceso de paz, y anunciamos que será la sede del VI Ciclo a partir del 22 de enero del 2024 y que facilitará el Punto de Contacto Interciclos de la Mesa de Diálogos.

​Igualmente reiteramos lo​s agradecimientos a los otros países garantes: Brasil, Chile, Noruega y Venezuela; a la Conferencia Episcopal de Colombia y al Representante Especial del Secretario General de la ONU, como acompañantes permanentes. Asimismo, al Grupo de Países de Apoyo, Acompañamiento y Cooperación, conformado por Alemania, España, Suecia y Suiza.

Ciudad de México, Conferencia Interamericana de Seguridad Social, 17 de diciembre de 2023.

Los liberan y se los vuelven a llevar.

El ELN intercepta una caravana humanitaria y se lleva a 8 personas recién liberadas por disidencias de las FARC

Integrantes del ELN.Carlos Villalon / Gettyimages.ru

Presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia interceptaron la noche del lunes en el departamento de Arauca una caravana humanitaria que transportaba a ocho personas, que momentos antes habían sido liberadas por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que las tenían en su poder, denunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

La misión, liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la que también participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue abordada "por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN" y se llevaron a las personas rescatadas alegando que eran miembros de su grupo guerrillero, detalló Camargo Assis.

"Veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria", manifestó el defensor. Este hecho no tiene precedentes en la historia reciente de la nación y "además de ser una violación del cese al fuego pactado con el Gobierno nacional, se convierte en un mal precedente para quienes dicen estar dispuestos a negociar un proceso de paz", agregó.

Las disidencias de las FARC afirmaron en un comunicado citado que habían retenido a 14 integrantes del ELN el pasado 3 de septiembre tras un enfrentamiento en el municipio de Tame, también en Arauca. Cinco de ellos fueron entregados el mismo día "al componente internacional", debido a la gravedad de sus heridas y otro logró escaparse. Ocho combatientes restantes fueron liberados esta jornada, incluyendo una menor de edad, según las disidencias.

Por su parte, el CICR hizo un llamado a que la acción humanitaria sea respetada "por todos los actores, en todo momento y en todo lugar". "El irrespeto de la misma tiene un impacto directo sobre las comunidades afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia", puntualizó.

Cese el fuego bilateral y participación de la sociedad en la construcción de la paz.

El acuerdo suscrito entre el Gobierno del Cambio y el ELN, como conclusión del tercer ciclo de conversaciones entre las partes, y que ratifica el Cese el fuego bilateral, nacional, por seis meses, tiene una etapa de alistamiento, preparación, implementación y verificación. Su ejecución plena arranca el próximo 3 de agosto.

Así quedó contemplado en el documento suscrito entre el Presidente de la República, Gustavo Petro y el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, los países garantes y las partes acompañantes, y que leyó en su integridad el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien representa al gobierno de la isla, país que es garante del proceso de paz.

“Las partes ratifican que la mesa de diálogo entre las partes entra en una actividad permanente que conjuga distintas modalidades de trabajo en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”, afirmó el canciller Rodríguez.

El primero de los tres puntos del acuerdo define “los preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Por eso se define una convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz, y la conformación de equipos preparatorios para la instalación del llamado Comité Nacional de la Participación.

También se ordena la elaboración del reglamento operativo y el plan de trabajo de este Comité, que será instalado públicamente el próximo 25 de julio de 2023.

El segundo punto del acuerdo es el cese el fuego bilateral, nacional y temporal —por seis meses— entre las partes y que en su fase inicial cuenta también con tres momentos:

1. Con el anuncio las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral. Del 9 de junio al 5 de julio de 2023 se surte un proceso de alistamiento que incluye, entre otros, la activación de un canal de comunicación entre las partes, a través del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia.

La redacción de los protocolos pendientes, el inicio de las actividades de pedagogía y la preparación para la puesta en marcha para el mecanismo de monitoreo y verificación. “Las órdenes del cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes desde el 6 de julio de 2023”, recoge el texto del acuerdo.

2. El 10 de julio de 2023 se hará una reunión plenaria y presencial de la mesa de diálogo de paz para aprobar los protocolos elaborados durante ese período se continuarán desarrollando las actividades de pedagogía.

3. El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese el fuego bilateral nacional y temporal con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación en todas sus instancias.

A partir de esa fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal el cual tendrá ocasión de continuidad, previa evaluación de las partes.

El canciller Rodríguez leyó el tercer punto del acuerdo y es la definición del cuándo y dónde se hará el cuarto ciclo de negociaciones. Será entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, en la República Bolivariana de Venezuela. “En el cual, entre otros temas, se hará un balance de los acuerdos suscritos”, concluyó.

Colombia propone a la ONU cambiar la hoja de coca de "prohibida" a " controlada"

Gobierno de Colombia pidió ante Comisión de Estupefacientes de Naciones Unidas revisar inclusión de la hoja de coca entre sustancias controladas

Con un llamado a apoyar el nuevo enfoque de la política sobre drogas, Colombia cierra su primer día en el 66º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes en Viena

En el debate general, la viceministra hizo énfasis en el fracaso de la guerra contra las drogas y la necesidad de hacer un cambio en el enfoque de la política de drogas.

Según la alta funcionaria, a pesar de haber seguido el modelo prohibicionista de la guerra contra las drogas durante las últimas décadas, se han evidenciado aumentos históricos de flujos de cocaína que han dejado a Colombia sumida en la violencia.

En este sentido, la viceministra explicó que la nueva política de drogas del país se centrará en velar por el bienestar de las comunidades más vulnerables que han sido históricamente afectadas por el narcotráfico, priorizando la salud pública y la protección del medio ambiente.

Del mismo modo, pidió que la hoja de coca fuese retirada de la lista de sustancias prohibidas dado que la planta hace parte de la historia y de las tradiciones de los pueblos autóctonos de la región andina.

‘Paz Total y el nuevo paradigma sobre drogas’

Por otro lado, en el evento paralelo ‘Paz Total y el nuevo paradigma sobre drogas’, liderado por Colombia, la viceministra resaltó la conexión entre una nueva política de drogas y la construcción de la Paz Total en el país, y recapituló algunos mensajes de su discurso en el debate general.

La ponencia principal estuvo a cargo del viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa de Colombia, Camilo Umaña. En su intervención recordó recientes pronunciamientos del presidente Gustavo Petro: “la paz no es para mantener el narcotráfico, la paz es para desmantelar el narcotráfico y la minería ilegal. Ninguna organización puede acercarse a una negociación con la justicia si en su cabeza busca defender a ultranza las economías ilegales".

En el encuentro, además, la Organización campesina de Piamonte, Cauca –cuyos delegados fueron Maydany Salcedo y Juan Titira-, y el representante del pueblo indígena Motilón-Barí, hicieron un llamado a la reivindicación de los Pueblos Indígenas como protectores de la tierra.

Otros panelistas del evento fueron el embajador de Suiza, Raphael Naegeli y la directora Regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito - UNODC, para la Región Andina y el Cono Sur, Candice Welsch.

Encuentros con Estados Unidos y Suecia

Como parte del primer día de la agenda, así mismo, la viceministra sostuvo un encuentro bilateral con Estados Unidos, al cual asistieron el director de la Oficina de la Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca - ONDCP, Dr. Rahul Gupta, y el subsecretario de Estado para Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), Embajador Todd D. Robinson.

En el encuentro se centraron en la importancia de prevenir y combatir conjuntamente el auge del consumo de opioides sintéticos y nuevas sustancias psicoactivas, a través de mecanismos de cooperación binacionales y regionales.

Acto seguido, la viceministra se reunió con el ministro para Asuntos Sociales y Salud Pública de Suecia, Jakob Forssmed, con quien dialogó sobre la importancia de promover un enfoque de género en la nueva política de drogas de Colombia.

Suecia, por su parte, manifestó el interés en explorar oportunidades de cooperación y apoyo.

Por otro lado, en el evento paralelo ‘El impacto de las políticas de drogas en los derechos económicos, sociales y culturales: revocando décadas de abandono’, la viceministra participará con una intervención que llama a reivindicar el papel decisivo de las mujeres en el abordaje del problema de las drogas.

Para concluir su participación en la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas, la viceministra asistirá al panel 'La hoja de coca y el control de drogas de la ONU: reparando un error histórico'; un evento paralelo liderado por Bolivia.

La Cámara de Representantes aprueba la Ley de 'paz total' promovida por Petro

 La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el miércoles (26.10.2022) el proyecto de ley de "paz total", que con esta votación ya tiene la luz verde para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados propuesto por el presidente Gustavo Petro.

La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto con 125 votos a favor y 13 en contra tras dos sesiones de debate entre el martes y este miércoles, con lo cual esta iniciativa pasará al trámite de conciliación con el texto aprobado por el Senado y, posteriormente, a sanción presidencial.

Para el ministro del Interior, Alfonso Prada, esta aprobación es una "profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos".

Ha sido aprobado el Proyecto sobre #PazTotal con 125 votos por el SI #PlenariaCámara pic.twitter.com/xp7azKSLhi

— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 26, 2022

El proyecto deberá ser corregido por una comisión de conciliación, debido a que hay diferencias entre lo aprobado por ambas cámaras. En uno de los aspectos más relevantes, mientras que el Senado eliminó los artículos 10 y 11 que hacen referencia al servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la Cámara de Representantes avaló ese apartado.

Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a la sanción presidencial.

La "paz total" fue "avalada por todas las bancadas, incluyendo muchas de las proposiciones y artículos que se eliminaron por solicitud de la oposición, es decir que esto prueba que la paz es una política de Estado que cuenta con el aval del Congreso", aseguró tras la votación Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, la coalición de gobierno.

Desde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, Petro ha impulsado la "paz total", una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.

La legislación, hasta el momento, solo le permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación ya estaban firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por lo que el proyecto de ley aprobado este miércoles era una de las prioridades del Congreso controlado por el oficialismo.

Petro asegura que ha recibido cartas de casi todos los grupos armados ilegales que operan en el país en las que le expresan su deseo de sumarse a la "paz total", aunque ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe qué tan sinceras son.

El proyecto, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, fue aprobado previamente por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes.

Principales contenidos

En la Ley 181 se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.

En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para "entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados".

Además, estos representantes tienen autorizado "firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley", con el objetivo de "obtener soluciones al conflicto armado".

Asimismo, se incluyó la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podría ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.

Por otra parte, la iniciativa facultó a los departamentos y municipios para que puedan cobrar impuestos dedicados a los fondos territoriales de paz.

El Consejo de Seguridad pide el desmantelamiento rápido de los grupos armados ilegales en Colombia

Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y, en ese contexto dieron la bienvenida al compromiso del presidente electo Gustavo Petro de profundizar en su implementación e, incluso, “buscar una paz más amplia a través del diálogo con otros grupos armados ilegales”.

Marcos Guevara- Yarledys Olaya (izquierda) trabaja junto a otros excombatientes y pobladores locales para construir una tubería de agua.

En un comunicado, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron, además, que han sido informados sobre la intención de la administración entrante de iniciar conversaciones con el ELN y reiteraron una vez más que el proceso de paz de Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo de la posibilidad de resolver el conflicto armado a través del diálogo.

Pero en el comunicado, los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad también subrayaron su “preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas”.

Por ello, reafirmaron su llamamiento para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte rápidamente una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y subrayaron la necesidad de aumentar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.

En ese contexto, los miembros del Consejo celebraron el compromiso de la administración entrante de crear las condiciones necesarias para el cese de las hostilidades entre todos los grupos armados ilegales y la prevención de la violencia contra los civiles.

UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia-

Clasificación de granos de café en Colombia.

Otros retos pendientes

Además, subrayaron la importancia de abordar los retos pendientes en materia de reforma rural y de reintegración y seguridad de los excombatientes, incluyendo la ampliación del acceso a la tierra y a la vivienda, la mejora de las oportunidades de educación y de empleo, y la garantía de apoyo a los muchos que viven fuera de las antiguas Zonas Territoriales de Capacitación y Reintegración para garantizar la reintegración sostenible de los excombatientes.

El documento también destaca la importancia de seguir aplicando el plan de acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos.

Todas estas reacciones del Consejo se producen días después de que conociera el último informe trimestral del Secretario General sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, presentado ante ese órgano por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.

Tras reafirmar también su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acogieron con beneplácito la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad a la que señalaron “como una oportunidad sin precedentes para que los colombianos se reconcilien con su pasado y como un peldaño para la reconciliación a largo plazo y la paz duradera”.

Los miembros del Consejo de Seguridad también aplaudieron los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos meses, incluidas las audiencias públicas, en las que los autores reconocieron, en presencia de las víctimas, su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

El nuevo gobierno de Colombia tiene la responsabilidad de acelerar la implementación del Acuerdo de Paz

“Colombia ha llegado al sexto año del Acuerdo de Paz, un logro del que no muchos países pueden alardear, eso es un motivo de optimismo”, dijo este jueves el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en ese país en una conferencia de prensa en la sede de la Organización en Nueva York.

ACNUR-Ruben Salgado Escudero - Mujeres y niños encienden velas que forman
la palabra paz, en Mocoa, Colombia.

Carlos Ruiz Massieu habló con los periodistas luego de presentar el informe trimestral del Secretario General sobre Colombia al Consejo de Seguridad, en una sesión donde también se expuso el informe final de la Comisión de la Verdad de ese país.

Frente al Consejo, igual que más tarde ante la prensa, Ruiz Massieu destacó el compromiso del gobierno entrante, con el presidente electo Gustavo Petro a la cabeza, de profundizar en la implementación integral del Acuerdo de Paz, y de buscar soluciones negociadas -tanto políticas como judiciales- con los actores armados ilegales restantes, en lo que ha denominado la búsqueda de la “paz total”.

El representante de la ONU en Colombia indicó que en una reunión con Petro hace dos semanas, el mandatario electo le aseguró que “la paz sería una piedra angular de su gobierno y que contaba con el apoyo de las Naciones Unidas”. Además, Petro ha llamado insistentemente a la unidad nacional, agregó.

ONU/-Eskinder Debebe -

Carlos Ruiz Massieu, representante del Secretario General

y jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia,

habla en el Consejo de Seguridad.

Razones para el optimismo, pero la violencia continúa

“La administración entrante [que asumirá el poder el 7 de agosto próximo] tiene una tremenda oportunidad y responsabilidad para acelerar la implementación del Acuerdo de Paz. Hay buenas razones para el optimismo, y creo que las Naciones Unidas y la comunidad internacional deberían hacer todo lo posible para brindar su apoyo”, enfatizó Ruiz Massieu.

El enviado celebró los resultados electorales, subrayando que reflejan cada vez más la diversidad de la vibrante sociedad del país y que incluirá la mayor proporción de mujeres, con cerca del 30% de los legisladores.

Ruiz Massieu matizó, no obstante que si bien hay motivos para el aliento, la violencia contra las comunidades, líderes y excombatientes continúa, por lo que instó a garantizar su seguridad a través del Acuerdo de Paz.

Detalló, por ejemplo, que más de mil líderes sociales y 331 excombatientes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo, citando que en las últimas dos semanas fueron abatidos cuatro excombatientes más.

Hallazgos dolorosos

Por su parte, el presidente de la Comisión de la Verdad, el padre Francisco De Roux Rengifo, habló al Consejo de Seguridad de los dolorosos hallazgos sobre las causas y efectos del conflicto incluidos en el informe final de la Comisión.

El religioso recordó que en la guerra civil de Colombia, el 80% de los muertos fueron civiles. “Miles de jóvenes colombianos de los dos lados del conflicto enfrentados en una guerra siempre inútil”, denotó.

Las cifras de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo es la reconciliación del país, indican que los 60 años que duró el conflicto armado dejaron 50.770 secuestros, 121.768 desapariciones, 450.664 asesinatos y 7,7 millones de personas desplazadas.

ONU-Eskinder Debebe-
El presidente de la Comisión de la Verdad en Colombia,
Francisco José de Roux Rengifo, presenta
al Consejo de Seguridad su informe final.

“El narco se metió en la guerra”

De Roux Rengifo atribuyó en gran parte la complejidad del conflicto colombiano a la participación flagrante de los carteles de la droga.

“El narco se metió en la guerra”, lamentó, resaltando el gran poder que ha adquirido.

“El narcotráfico es la principal causa de la guerra y sufrimiento en el país, está en el corazón de la corrupción e impunidad en Colombia por el poder que tiene al someter con el dinero a policías, jueces y políticos”, enfatizó.

El presidente de la Comisión reconoció que su país produce el 70% de la cocaína en el mundo, “es una realidad muy triste, estamos envenenando al planeta”, apuntó.

Desmantelar el narcotráfico sin una guerra

Es imperativo desmantelar el narcotráfico, señaló De Roux Rengifo, pero no con una guerra.

“Las guerras no solucionan nada, lo sabemos después de 60 años. Perpetuar esa guerra es acrecentarla”, aseveró.

Agregó que lo que hace falta son medidas de investigación y proceso de justicia de “los capos del narcotráfico” por medio de sistemas transicionales. “Hay que averiguar el entramado [del tráfico de drogas], quiénes son sus amigos policías, jueces, empresarios, funcionarios”, acotó.

El sacerdote afirmó que se trata de un problema de salud pública y educación.

Además, consideró que se debe integrar esa economía “a procesos formales, regulación. Algo que sólo será posible en colaboración con otros países”.

“Precisamos una transformación de la lucha contra el narcotráfico, que no sea guerra”, insistió, “que no se siga matando gente, que no mueran más campesinos”.

Los carteles ganan más dinero con la guerra en su contra

De Roux Rengifo advirtió que una guerra armada contra los carteles de la droga sólo “eleva sus ganancias”.

“La intervención militar está incluida en el negocio y sus montajes para corromper a cualquier fuerza que se acerque de manera armada. La justicia transicional es el camino, antes de que se extradite a cualquier capo, éste debe entregar la verdad a fondo, se le debe exigir reparación a las víctimas y entrega de capitales al Estado”, explicó.

Una vez más, el presidente de la Comisión manifestó su convicción “de que los caminos de la guerra deben terminarse”.

“Desde el dolor de las víctimas, estamos convencidos de que Colombia tiene que avanzar en el camino de la paz y quisiéramos un ejército para la paz y una policía para los ciudadanos”, recalcó y confió en que el presidente Petro seguirá un camino en esa dirección.

De Roux Rengifo previó que el de Colombia “será un proceso de paz largo”, pero lo importante es que el Acuerdo de Paz está centrado en las víctimas, añadió.

Tras la elaboración del informe final de la Comisión de la Verdad, una misión de monitoreo dará seguimiento a las recomendaciones durante siete años con financiamiento del gobierno colombiano y, quizá, de la comunidad internacional, concluyó el padre De Roux Rengifo.

Indígenas exigen al Ministerio de Defensa auxiliar al pueblo Awá de Tumaco.

COMUNICADO A LA OPINION PÚBLICA EN RECHAZO Y CONDENA POR LOS HOSTIGAMIENTOS EN CONTRA DE LA MISIÓN HUMANITARIA EN EL RESGUARDO INDÍGENA AWÁ INDA SABALETA Y LOS HECHOS OCURRIDOS EL PASADO 03 DE JULIO DE 2022

Bakatá, 06 de julio de 2022.- La Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC, autoridad nacional de gobierno propio, junto a su Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, CONDENA la masacre ocurrida el pasado 3 de julio de 2022 en el Resguardo Awá Inda Sabaleta del municipio de Tumaco, Nariño y se solidariza con nuestros hermanos y familiares de las víctimas y acompañamos la Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo Awá UNIPA, quienes caminan con sus bastones de mando, recordando los consejos de los mayores y nuestros principios de Unidad, Territorio, Cultura y Autonomía, como forma de denuncia y resistencia en contra de las violencias sistemáticas que afectan los derechos humanos, la armonía y el buen vivir del pueblo Awá.

RECHAZAMOS todos los hechos generadores de violencia y desarmonías en nuestros territorios ancestrales, la presencia de grupos armados, la contaminación de la tierra con artefactos explosivos como minas antipersona y las constantes violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra del pueblo Awá.

La Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas se suma al Comunicado 011 de la Unidad Indígena Del Pueblo Awá – UNIPA del 6 de junio de 2022, donde se denuncian las intimidaciones y hostigamientos por parte de grupos armados en contra de la Misión Humanitaria de la guardia indígenas del Resguardo Awá Inda Sabaleta que se desarrolla en este momento en jurisdicción de Tumaco, Nariño y ante la presencia del ejército nacional. DENUNCIAMOS que, a pesar de la presencia del Ejército Nacional en la zona, las condiciones de seguridad son inexistentes a punto de contar hoy con amenazas de instalación de minas en el punto donde serán sembrados los cuerpos de la masacre.

Ante esta situación, EXIGIMOS

1. Al Ministerio de Defensa nacional para que de manera urgente e inmediata atienda el llamado de auxilio de las comunidades que están siendo hostigadas por el grupo armado irregular, y que garantice las condiciones de seguridad bajo los principios y normas del DIH en especial la proporcionalidad y distinción, siempre en respeto a un diálogo fluido y constante con las autoridades indígenas en terreno.

Al Ministerio del Interior para que active todas sus rutas de atención y protección de Derechos Humanos bajo el principio de coordinación administrativa con las demás entidades del orden nacional y local.

A la Gobernación de Nariño y Alcaldía de Tumaco para que instalen de inmediato mesas de trabajo y acción para la seguridad y defensa del Pueblo Awá en el resguardo Inda Sabaleta, con la debida articulación institucional del Gobierno Nacional. Así mismo, que brinden las ayudas necesarias a las familias de los hermanos masacrados el 03 de julio del 2022.

A Fiscalía General de la Nación para que preste la debida atención a estos hechos, realice las investigaciones pertinentes y sanciones correspondientes.

AlaUnidadNacionaldeProtecciónparaqueactivelarutadeemergenciadeprotección colectiva para la defensa y seguridad de la Minga Humanitaria Awá.

SOLICITAMOS de forma urgente a la Personería Municipal de la Tumaco, Defensoría del Pueblo y a la Procuraduría General de la Nación a que acompañen las solicitudes de protección, defensa y seguridad del Pueblo Awá y hagan el debido seguimiento a las acciones del Gobierno Nacional desde sus funciones como Ministerio Público.

A los órganos como MAPP-OEA y ONU a que atiendan este caso en el marco de sus mandatos de misión y realicen las debidas solicitudes al Estado colombiano para que atienda la situación con enfoque étnico diferencial para contrarrestar y prevenir hechos violatorios de los derechos humanos.

¡Cuenten con nosotros para la paz, nunca la para la guerra!

Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz ONIC

Aumentan víctimas por la violencia armada en Colombia tras una nueva masacre y el asesinato de dos firmantes de la paz

Con los crímenes registrados el fin de semana, se contabilizan 49 líderes sociales y 13 exguerrilleros asesinados en lo que va de 2022.

Imagen ilustrativa-Edwin Rodriguez Pipicano - Anadolu Agency-Gettyimages.ru

Las víctimas de la violencia armada en Colombia siguen aumentando luego que este fin de semana se registrara una nueva masacre que involucró la muerte de un líder social indígena y los asesinatos de dos firmantes del acuerdo de paz de 2016.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) informó que el pasado sábado fue ejecutada la masacre número 31 en lo que va de año, en un crimen registrado en el municipio Manaure del departamento de La Guajira, al extremo nororiental de Colombia.

En el hecho fueron asesinadas tres personas de una misma familia, tras ser atacadas por hombres armados que llegaron hasta el Resguardo Indígena de la media y alta Guajira. Entre las víctimas se identificó al docente y líder indígena del territorio Aremasain, Alexander Fonseca. Con su muerte, la cifra de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en 2022 asciende a 49.

? Alexander Fonseca
? 02/04/22
? Manaure - La Guajira

⚠️ Con Alexander Fonseca serían 49 los líderes y defensores de DDHH asesinados en 2022.

? #PazParaLiderar pic.twitter.com/oaJkhOXN7X

— INDEPAZ (@Indepaz) April 3, 2022

Indepaz también informó que ese mismo día, en el departamento del Guaviare, al sureste del país, fue asesinado por un par de sicarios el firmante de paz Edwin Andrés Sánchez Varón, quien era miembro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Jaime Pardo Leal.

? Edwin Andrés Sánchez Varón
? Fecha: 02/04/22
? San José del Guaviare - Guaviare

⚠️ Con Edwin Andrés Sánchez Varón serían 12 los firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 311 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/ZfMfw0MFEc

— INDEPAZ (@Indepaz) April 3, 2022

Sánchez fue asesinado cuando los sicarios se le acercaron en una motocicleta y le propinaron varios disparos en una zona conocida como La Libertad, en San José del Guaviare. El firmante había sido víctima de un atentado en 2020 en el municipio El Retorno.

? Carlos Humberto Siabato
? 03/04/22
? Bogotá, D.C.

⚠️Con Carlos Humberto Siabato serían 13 los firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 312 desde la firma del acuerdo de paz. pic.twitter.com/P5GDzRWK60

— INDEPAZ (@Indepaz) April 3, 2022

El otro firmante asesinado es Carlos Humberto Siabato, quien fue atacado por un hombre armado el domingo dentro de su vivienda, ubicada en la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, capital del país. La víctima había fundado la Asociación de Construcción Colectiva, Unidad y Transformación (Asocunt) y murió varias horas después del ataque en un centro asistencial.

Con los asesinatos de Sánches y Siabato, la cifra de firmantes asesinados en 2022 se eleva a 13 y asciende a 312 desde la firma del acuerdo de paz en 2016.

Acusan a general de presuntos vínculos con "Los Pocillos"

El Ejército pidió que se investigue no solamente a Jorge Herrera Díaz "sino al personal militar que pudo participar" en reuniones con "Los Pocillos".

Foto de archivo.

Un alto mando del Ejército colombiano fue apartado de su cargo mientras se investiga su presunta alianza con una banda narcotraficante para enfrentar a las disidencias de las FARC en el suroeste del país, informó este domingo (13.02.2022) la institución castrense.

"Siendo el interés de la institución contribuir al esclarecimiento de los hechos, se remueve del cargo" al general Jorge Herrera Díaz, quien fungía como comandante de la sexta división del Ejército con jurisdicción en el sur del país, indicó la autoridad militar en un boletín.

COMUNICADO DE PRENSA

Sobre la situación del Mayor General Jorge Herrera Díaz, el Comando del Ejército Nacional ha tomado las siguientes decisiones:

13 FEBRERO 2022 07:40 PM

1. La institución dará traslado de la información conocida sobre presuntas irregularidades a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue no solamente al general allí mencionado, sino al personal militar que pudo participar en mencionada reunión, pues era su obligación, en el momento, denunciar estas presuntas actividades ilícitas.

2. Se ordenó iniciar la investigación disciplinaria acorde a la competencia señalada en la Ley 1862 de 2017, sin perjuicio de que la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo el poder preferente, asuma la competencia del hecho. Y como corresponde, el Ejército Nacional brindará la colaboración que sea necesaria a las autoridades competentes.

3. En el estudio realizado el año pasado en su momento al señor brigadier general Hernando Herrera Díaz, para ser considerado a ascenso al grado inmediatamente superior, no registraba investigación alguna penal o disciplinaria, o cualquier otro cuya situación diera lugar a un impedimento.

4. Así mismo, se ordenó el desplazamiento de una comisión de la Inspección General del Ejército para que realice las verificaciones de acuerdo a su competencia.

5. Siendo el interés de la institución contribuir al esclarecimiento de los hechos, se remueve del cargo al referido oficial, nombrando a partir del momento al señor Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil, como comandante de la Sexta División del Ejército Nacional.

6. Las políticas, directivas, planes, circulares y en general cualquier documento emitido por el Gobierno nacional, Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares o Comando del Ejército Nacional siempre se orienta a que los hombres y mujeres acaten la Constitución, la Ley, las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lineamientos rectores que han sido difundidos en todos los niveles de la institución.

7. De igual manera en los procesos de formación del personal en las escuelas y en las capacitaciones recibidas en los cursos de ascenso estos lineamientos son difundidos buscando su interiorización, para que sean de estricto cumplimiento en el actuar del militar.

8. Se reitera la política del Gobierno nacional de cero tolerancia contra cualquier acto contrario a la Constitución y la ley por parte de un servidor público.

La decisión se da luego del escándalo que desató una publicación periodística el fin de semana que salpica al alto mando. El medio digital Cambio y el telediario Noticias Uno revelaron audios de una conversación entre Herrera y sus subalternos en julio de 2019 en los que el comandante explica lo que parece ser una alianza con la banda narcotraficante Los Pocillos.

"Caliche era el de la parte armada y el de finanzas, Pocillo (...) Hermano, entienda, los manes siguen manejando el narcotráfico, siguen delinquiendo. Yo me reúno con ellos, ellos vienen acá, hablan conmigo", se escucha decir a Herrera, entonces comandante en una brigada del departamento del Cauca (suroeste).

La publicación periodística asegura que -en esa reunión- se discutieron los acuerdos del Ejército con Los Pocillos para combatir a una facción de las disidencias de las FARC que se marginó del Acuerdo de Paz firmado en 2016, aunque esa parte de la grabación no fue revelada. "Esta es la puta guerra, entonces más bobitos nosotros, sabiendo que eso pasa y nosotros no nos queremos convencer", dice Herrera en otro fragmento publicado de la conversación.

El general Jorge Hernando Herrera Díaz admitió su relación con la banda de Los Pocillos que administra un corredor por el que fluye el 15 por ciento del consumo mundial de cocaína (hilo ?) https://t.co/FAPX3ehN5n

— Cambio (@estoescambio) February 13, 2022

El Ejército pidió a la Fiscalía que investigue no solamente al general "sino al personal militar que pudo participar en mencionada reunión, pues era su obligación, en el momento, denunciar estas presuntas actividades ilícitas", según el boletín.

De acuerdo con la investigación periodística, Herrera enfrentaba a disidencias de la exguerrilla FARC al mando de Gentil Duarte, uno de los hombres más buscados del país. El histórico Acuerdo de Paz desarmó a unas 13.000 personas rebeldes de la que fue la guerrilla más poderosa del continente, pero quedaron activos varios frentes hoy conocidos como disidencias que operan sin un mando unificado.

Colombia vive un intenso conflicto armado que en más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcos y agentes estatales dejando más de nueve millones de víctimas. El país es el mayor productor de cocaína en el mundo, fuente de financiación de los grupos armados ilegales.

Nuevo atentado contra la Policía en una zona rural de Colombia deja siete oficiales heridos

El director de Carabineros de la Policía Nacional, Alejandro Barrera Peña - Twitter @PoliciaColombia

Un nuevo atentado contra la policía de Colombia se produjo este jueves en una zona rural del departamento de Córdoba, dejando un saldo de dos oficiales heridos, aunque ninguno de gravedad.

"El reporte es que no tenemos ningún policía con heridas graves ni fallecido. La situación se está atendiendo con la mayor prontitud. Hay una acción que está clara por parte del ELN, hay un plan en que todas las fuerzas del Ejército y Policía están en alerta máxima", dijo el ministro del Interior, Daniel Palacios.

Primeras imagenes del atentado terrorista en Cordóba, en contra de uniformados de la policía del Escuadrón Movil de Carabineros (EMCAR). pic.twitter.com/0xeE12XExr

— Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) February 10, 2022

De acuerdo a lo informado por el director de Carabineros de la Policía Nacional, Alejandro Barrera Peña, un grupo de uniformados de la policía del Escuadrón Móvil de Carabineros (EMCAR) fue víctima de ataques con explosivos y ráfagas de fusil mientras transitaba por la zona, donde realizaba operaciones contra la minería ilegal.

"Esta acción terrorista se presentó cuando los policiales se desplazaban a realizar operaciones en el bajo Cauca, en donde resultaron dos compañeros lesionados. Afortunadamente el parte médico indica que están fuera de peligro", detalló Barrera Peña. Y añadió que otros cinco uniformados presentaron lesiones por aturdimiento, efecto de la explosión.

La Policía Nacional adelanta operaciones en Puerto Libertador #Córdoba para ubicar y capturar a los autores del ataque que dejó heridos a 7 de nuestros compañeros, quienes hacen parte de la lucha frontal contra la minería ilícita en esa región del país. #ImplacablesContraElDelito pic.twitter.com/OYF4XJljTg

— Policía de Colombia (@PoliciaColombia) February 10, 2022

Según el ministro Palacios, el objetivo de esta acción contra la fuerza pública es "sembrar miedo", aunque destacó que ese tipo de ataques son la respuesta de esas organizaciones criminales al "continuo asedio" de la Policía contra esas estructuras.

En esa zona, de acuerdo a las autoridades colombianas, hay presencia de disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Clan del Golfo y de la guerrilla de ELN, que se disputan el control de las rutas del narcotráfico.

Para el ministro Palacios, el tema es claro: "Hay un interés de rutas del narcotráfico y también de generar unos hechos políticos frente al proceso electoral que se avecina", sostuvo y resaltó que la policía ha hecho un despliegue en todo el territorio para proteger a los candidatos de la violencia.

En ese sentido, precisó que actualmente 16 % de los aspirantes al Senado están bajo protección policial, 12 % a los postulados a la Cámara y "un 60 % de los candidatos que están aspirando a las curules de víctima en zonas especiales". El despliegue se realiza en un contexto de creciente violencia, que fue alertada esta semana por parte de la organización Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia.

La MOE denunció que 319 (28,4 %) de los 1.123 municipios del país suramericano presentan factores de riesgo por violencia en el contexto de las elecciones legislativas y presidenciales, que se realizarán este año.

Sicarios matan en el Amazonas colombiano a otro firmante del acuerdo de paz

"Velatón" realizado en Colombia el 6 de julio de 2018 en homenaje a las víctimas de los asesinatos. 
Juan Hurtado -Legion-Media

Carlos Fernando Ramos Sánchez, un firmante del acuerdo de paz de 2016 en Colombia, fue asesinado en el departamento de Amazonas, fronterizo con Perú y Brasil.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) detalló que Ramos Sánchez es el cuarto excombatiente que se encontraba en proceso de reinserción a la vida civil y que es asesinado en territorio colombiano en lo que va de año.

Su homicidio —el número 303 contra firmantes del acuerdo desde 2016— se produjo el pasado 6 de febrero en Leticia, cuando unos sicarios le hicieron varios disparos con arma de fuego mientras se desplazaba en una motocicleta por una vía pública.

Carlos Fernando Ramos Sánchez
10/11/21
Leticia, Amazonas

Con Carlos Fernando Ramos Sánchez serían 04 los firmantes de acuerdo asesinados en 2022 y 303 desde la firma del acuerdo de paz pic.twitter.com/Cr2Ki2s081

— INDEPAZ (@Indepaz) February 10, 2022

Ramos era parte del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación Óscar Mondragón y estaba asignado un grupo territorial que administra la Presidencia de Colombia. Su proceso de reintegración a la vida civil se llevaba a cabo en Leticia.

Atacan a Firmantes de Paz luego de haber sIdo amenazados.

 

Excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz quienes se encontraban ubicados en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) en los Llanos del Yarí (Meta) y quienes han sido amenazados de muerte se desplazaban hoy 17 de diciembre entre el Meta y el Caquetá.

 Iniciaron el viaje a las 9 a.m., sobre las 10 a.m., en un sector entre La Siembra y La Machaca fueron atacados con ráfagas de fusil, la caravana estaba compuesta por 3 buses y 33 camiones, los Firmantes de Paz y sus familias buscaron refugio en el sector, sobre la una de la tarde no se conocía de victimas o heridos, pero existe preocupación por la suerte de la Concejal Karen Andrea Flórez quien quedó aislada en medio del ataque.

El objetivo de los Firmantes de Paz era llegar al municipio de Doncello (Caquetá) para asentarse y continuar con el proceso de reincorporación. Desde el partido COMUNES elevan la exigencia al gobierno nacional para que asuma medidas efectivas destinadas a proteger la vida de quienes le apostaron al proceso de paz. Al tiempo, alertan a la comunidad internacional sobre el Grave Riesgo para los Firmantes de Paz

Con el asesinato de Jhon Mario García Guanga son 160 líderes asesinados en 2021

En este 1 de diciembre, inicio del último mes del 2021, se confirmó que otro líder social fue asesinado en Colombia. Se trata de Jhon Mario García Guanga, quien era un joven indígena Awa y en la actualidad era parte de la Guardia Indígena del resguardo Gran Rosario en Tumaco, Nariño.

De acuerdo a los testimonios, sobre las 3:00 p. m., cuando se encontraba con su esposa, hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta en Guayacaya. Tras conocerse de su secuestro, se preparó una comisión que partió en búsqueda de Jhon Mario, sin embargo, la comunidad confirmó que una hora más tarde el joven fue encontrado asesinado sobre la vía que conduce de Tumaco a Pasto, más específicamente en el corregimiento de Pinde.

La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awa del Pacífico, ORIPAP, rechazó el crimen, «sentimientos rabia e impotencia nos embargan al tener que mirar como asesinan de una forma vil y cobarde a nuestros jóvenes indígenas (…) Que sea nuestra Madre Naturaleza quien cobre el derramamiento de sangre de tantos compañeros y hermanos».

Organizaciones indígenas y de DD.HH., también se unieron al dolor de la Comunidad de Jhon Mario y rechazaron el asesinato, que de acuerdo al registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, suma 160 víctimas en la larga lista de líderes y lideresas asesinadas en nuestro país solo en este años y 1275 desde 2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.

#NosEstánMatando| Desde @ONIC_Colombia RECHAZAMOS y DENUNCIAMOS el asesinato de Jhon Mario García Guanga, joven del Pueblo Awá que hacía parte de la Guardia Indígena del Resguardo Gran Rosario del municipio de Tumaco, Nariño.

⚠️| #SOSPueblosIndígenas. pic.twitter.com/u4ZxjbR2Qf

— Organización Nacional Indígena de Colombia - ONIC (@ONIC_Colombia) December 2, 2021

La comunidad también cuestionó la actitud del Gobierno de Iván Duque, pues denuncian que estos asesinatos se dan ante la indiferencia estatal, que ha sido advertida por organizaciones y por Defensoría del Pueblo desde 2018, respecto al riesgo que viven la comunidades Awa por la presencia de grupos armados que quieren hacer control de los cultivos de uso ilícito y causa despojos en la región del pacífico colombiano.

Corte Penal Internacional cIerra casos, pero sigue “vigilante”

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en Bogotá que su oficina cerrará el caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (...) y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar", aseguró Khan, quien puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino que es el comienzo de una "nueva relación" con una "interacción continua".

Defensa del acuerdo de paz

Khan destacó la importancia del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que insistió en que el convenio de cooperación suscrito este jueves con la CPI implica el resguardo de ese pacto de paz.

En ese sentido, hizo énfasis en el compromiso establecido por Bogotá para permitir el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), que se encarga de la justicia transicional en el país.

"El Gobierno y la República acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que las demás cortes y todo el sistema judicial reciban los fondos que requieren, y garantizar que no existirá ninguna interferencia política en el proceso", indicó el fiscal.

En su turno, Duque recordó que en el año 2004 la CPI abrió un examen preliminar sobre Colombia para que "se conociera la verdad, se le diera cabida plena a la justicia y también a los principios de reparación y no repetición", por lo que consideró que el cierre de esa etapa constituye un "paso histórico" y un "reconocimiento del esfuerzo" de su país para esclarecer los crímenes.

Examen preliminar

Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde el 2004, y que abarca crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad, desde 2002, cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares.

Visita de la Corte Penal Internacional a Colombia y Venezuela

Desde el lunes 25 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. Khan, realiza una misión de 10 días a América Latina, que incluye visitas oficiales a Colombia y Venezuela. La misión a la región se basa en las que el Fiscal ya ha mantenido, tanto en persona como virtualmente, con múltiples interesados en relación con ambas situaciones.

El fiscal Khan y su delegación mantienen reuniones con diferentes partes interesadas, incluidas reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial, representantes del cuerpo diplomático, así como con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

"Estas visitas reflejan el compromiso del fiscal Khan de aumentar el compromiso directo con la región y de explorar vías de cooperación de acuerdo con el principio”, dijo la CPI.