La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el miércoles (26.10.2022) el proyecto de ley de "paz total", que con esta votación ya tiene la luz verde para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados propuesto por el presidente Gustavo Petro.
La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto con 125 votos a favor y 13 en contra tras dos sesiones de debate entre el martes y este miércoles, con lo cual esta iniciativa pasará al trámite de conciliación con el texto aprobado por el Senado y, posteriormente, a sanción presidencial.
Para el ministro del Interior, Alfonso Prada, esta aprobación es una "profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos".
Ha sido aprobado el Proyecto sobre #PazTotal con 125 votos por el SI #PlenariaCámara pic.twitter.com/xp7azKSLhi
— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 26, 2022
El proyecto deberá ser corregido por una comisión de conciliación, debido a que hay diferencias entre lo aprobado por ambas cámaras. En uno de los aspectos más relevantes, mientras que el Senado eliminó los artículos 10 y 11 que hacen referencia al servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la Cámara de Representantes avaló ese apartado.
Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a la sanción presidencial.
La "paz total" fue "avalada por todas las bancadas, incluyendo muchas de las proposiciones y artículos que se eliminaron por solicitud de la oposición, es decir que esto prueba que la paz es una política de Estado que cuenta con el aval del Congreso", aseguró tras la votación Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, la coalición de gobierno.
Desde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, Petro ha impulsado la "paz total", una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
La legislación, hasta el momento, solo le permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación ya estaban firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por lo que el proyecto de ley aprobado este miércoles era una de las prioridades del Congreso controlado por el oficialismo.Petro asegura que ha recibido cartas de casi todos los grupos armados ilegales que operan en el país en las que le expresan su deseo de sumarse a la "paz total", aunque ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe qué tan sinceras son.
El proyecto, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, fue aprobado previamente por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes.
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En la Ley 181 se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.
En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para "entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados".
Además, estos representantes tienen autorizado "firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley", con el objetivo de "obtener soluciones al conflicto armado".
Asimismo, se incluyó la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podría ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.
Por otra parte, la iniciativa facultó a los departamentos y municipios para que puedan cobrar impuestos dedicados a los fondos territoriales de paz.
