Buscar en METROnet

Mostrando las entradas con la etiqueta CORRUPCIÓN. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta CORRUPCIÓN. Mostrar todas las entradas

Petro y Gobernadores: reformar el SGP, crear el Banco Industrial Colombiano, fortalecer el PAE y acabar la corrupción en el ICBF.

 El presidente Gustavo Petro Urrego acogió la propuesta de los mandatarios seccionales reunidos en la Cumbre de Gobernadores realizada en Cartagena, de reformar el Sistema General de Participaciones (SGP), y explicó algunos ejemplos de por qué es necesario hacerlo especialmente para mejorar la atención a la niñez.

 El mandatario aseguró que como está la distribución de recursos la atención a la niñez “no existe".

Dijo que al revisar las cifras “tenemos una deuda inmensa con la primera infancia (0 – 7 años de edad)", y aseguró que “si se protege a los niños y niñas tendremos una sociedad más pacífica".

Agregó que es necesario reformar el SGP porque “no hay una clara financiación de la atención a la primera infancia. Y si bien es un tema de Congreso yo estoy dispuesto", a presentar un proyecto de ley en ese sentido.

Al explicar por qué el Gobierno está en deuda con la niñez colombiana, aseguró que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) “está carcomido por la corrupción, es decir, se roban la plata de los niños y las niñas".

Fortaleci​​miento del PAE

​El otro aspecto social al que se refirió el primer mandatario es el Programa de Alimentación Escolar (PAE).

“El elemento clave es cómo dejamos de entregar refrigerio y, a cambio, se sirve comida caliente", dijo el Presidente, y para ello aseguró que con el Ministerio de Educación “no nos vamos a dejar quitar billones de pesos".

Sostuvo que este es un tema de articulación, “que requiere construir restaurantes en los colegios y escuelas donde podamos lograr que se abandone la práctica del refrigerio por la comida caliente".

Crear el Ba​nco Industrial Colombiano

​El presidente anunció que para impulsar la industria y el turismo en el país se ha propuesto la creación del Banco Industrial Colombiano.

“Hemos propuesto crear el Banco Industrial Colombiano con ese fin, igual que tenemos un Banco Agrario. Es decir, desarrollar una palanca de financiación para la industria pequeña, mediana, cooperativa y exportadora que nos permita hacer más o menos el mismo modelo", indicó.

También se refirió al impulso del turismo como motor de desarrollo regional.

Aseguró que 6 millones de turistas extranjeros visitaron Colombia el año pasado, lo que representó cerca de 7.000 millones de dólares.

En febrero el Gobierno del Cambio presentará al Congreso primer paquete de proyectos de reforma a la Justicia

Foto: Presidencia de la República
El ministro de Justicia, Néstor Iván Osuna, anunció que el Gobierno del Cambio presentará en febrero al Congreso de la República el primer paquete de proyectos de reforma a la Justicia que, entre otras prioridades, busca fortalecer la lucha contra la corrupción y hacer más ligeros los procedimientos del sistema.

El jefe de la cartera de Justicia hizo el anuncio este fin de semana en el programa EntreVistas con Alma de País que se transmite por el Canal Institucional y las redes sociales de la Presidencia de la República, en el que también se refirió al plan del Gobierno contra la extorsión desde las cárceles.

“Nosotros tenemos la decisión de comenzar a presentar los proyectos ahora, cuando el Congreso se reúna a mediados de febrero. Cuando digo los proyectos es que van a ser varios, no una multitud, pero yo he pensado que van a ser unos tres o cuatro proyectos: uno en materia penal, uno en materia de familia, que se irán presentando a medida que estén listos. Pero todos este año”, indicó.

Manifestó que la reforma estará estructurada para que haya “más justicia” porque “el aparato de justicia de nuestro país se quedó pequeño frente a las necesidades de justicia que tenemos”.

Osuna explicó que en los últimos 30 años la demanda de justicia en el país ha aumentado un 400%, mientras que el aparato judicial ha crecido apenas un 33%.

“Hay que tener más jueces, mejores equipos judiciales, más funcionarios. Eso, por supuesto, implica también más presupuesto, ser más eficientes en el presupuesto. Esa es una idea que tendrá la reforma, procedimientos más ligeros, en fin”.

Lucha eficaz contra la corrupción

Agregó que la reforma debe permitir que “la justicia sea realmente eficaz en la lucha contra la corrupción, porque la corrupción ha llegado a unos índices que realmente son intolerables para la sociedad”.

Dijo, además, que el país está “perdiendo una buena parte del dinero que tenemos para el desarrollo; se nos va por las alcantarillas de la corrupción”.

El Ministro anunció que se incluirá el ofrecimiento de alicientes o incentivos por información que permita desarticular estructuras completas de corrupción.

“Si logramos desestructurar, desmontar toda la estructura somos más eficaces. Al que va sapeando –perdóneme la expresión- le damos algún beneficio, no amnistía ni nada, pero sí algún beneficio por habernos permitido llegar al pez grande”.

Aseveró que para el desarrollo del contenido de la reforma a la Justicia el Gobierno conformó una comisión de 30 expertos.

“Son personas que todas tienen amplia experiencia en temas de justicia de todos los sectores, abierta y plural. Su función es principalmente asesorar, dar ideas”, señaló.

Plan contra la extorsión carcelaria

En el programa EntreVistas con Alma de País el ministro también se refirió al plan del Gobierno para enfrentar las extorsiones carcelarias.

“Tenemos una estrategia que la hemos llamado dominó. Las personas que sabemos que desde una cárcel están cometiendo algún acto de extorsión, las vamos cambiando de cárcel con frecuencia, cada 8 o cada 15 días, de tal forma que no llegan a poder establecer ninguna familiaridad con sus compañeros de celda o con los guardianes del INPEC”, señaló.

Reveló que se han realizado 500 traslados de privados de la libertad por diferentes circunstancias y que de esa cifra 28 corresponden a personas que estaban extorsionando desde la cárcel.

Osuna destacó el caso de alias ‘Satanás’ –cabecilla de la banda criminal Tren de Aragua-, que estaba en la cárcel de Girón (Santander) y fue trasladado a La Tramacúa, el centro penitenciario de máxima seguridad de Valledupar.

“Está prácticamente aislado, no tiene casi ninguna posibilidad de comunicación con otras personas”, precisó.

También indicó que el Gobierno Nacional va a experimentar con una nueva tecnología para bloquear las llamadas desde las prisiones.

“Es algo que estamos conversando. Ahí estamos interesados el Ministerio de las TIC, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. Existe ya en el mercado un invento que permite bloquear la señal de celular en algún lugar específico, sin ningún aparato, sin nada de hardware y sin antena”, puntualizó.

Grupo Aval y Corficolombiana estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado.

En un mes tendría Colombia las sentencias y decisiones de autoridades de Estados Unidos contra el Grupo Aval y Corficolombiana, en el caso de sobornos de Odebrecht, para dar trámite a un proceso sancionatorio en el país, estimó Marta Lucía Zamora, directora de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.



“Dada la gravedad de las conductas y la afectación económica al país, se hace la solicitud formal, a través de los canales diplomáticos, para iniciar el trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, aseguró la funcionaria que recordó su pedido al canciller Álvaro Leyva de pedir dichas pruebas.

“Si la Superintendencia de Sociedades aplica un procedimiento sancionatorio esto llevaría a la suspensión y pérdida permanente de los contratos de estas empresas con el Estado”, explicó la directora.

“Colombia tiene una legislación muy importante para el seguimiento de este tipo de decisiones proferidas en el exterior. Y es una función de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por disposición del Decreto 1358 de 2020, solicitar la inhabilidad sobreviniente que pueda llevar a terminar los contratos de esas empresas con el Estado por corrupción”, agregó.

La justicia estadounidense, a través de la Securities and Exchange Commission (SEC, por sus siglas en inglés) multó a las empresas colombianas Grupo Aval y Corficolombiana tras el reconocimiento en ese país de dichos grupos de haber pagado sobornos en Colombia, para obtener la adjudicación de obras de infraestructura vial Ruta del Sol II.

“En materia de lucha contra la corrupción el soborno transnacional genera inhabilidades, en este caso administrativas, y por esta razón se solicita formalmente el fallo para poder dar inicio al trámite ante las Cámaras de Comercio y la Superintendencia de Sociedades”, enfatizó Zamora.

Zamora recordó que, en caso de ser sancionadas, estas compañías estarían inhabilitadas de manera permanente para contratar con el Estado. “Es una inhabilidad permanente, recordemos cómo en la comunidad internacional, especialmente el soborno transnacional y los actos de corrupción tienen sanciones muy fuertes e inhabilidades permanentes”.

La Directora de la entidad que protege a Colombia en materia jurídica también reiteró que la legislación interna permite que toda prueba judicial que proviene de autoridades extranjeras puedan ser consideradas como tales por la justicia del país.

“Toda nuestra legislación trae artículos especiales en las cuales se consagra la validez de una prueba proveniente del exterior. Si bien la Fiscalía tiene toda la competencia para realizar el intercambio probatorio, en materia administrativa nuestra legislación también”, puntualizó.

La directora Zamora explicó que los casos de conglomerado económico Aval y Corficolombiana, su despacho tramita la solicitud de fallos relacionados con la empresa extractora de carbón Drummond, por acciones que afectaron los recursos del Estado colombiano.

Por instrucción del presidente Gustavo Petro, del pasado 15 de agosto, la Cancillería utiliza todos los mecanismos de colaboración jurídica con los gobiernos de EE.UU. y de Brasil “para establecer los daños y las reparaciones que la confesión del grupo Aval genera al Estado colombiano”, según dijo, entonces, el Mandatario.

El Jefe de Estado, igualmente, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación, si es necesario, “reabrir los casos del proceso de Odebrecht/Aval y hallar los destinatarios de los sobornos”.

Siendo congresista, el hoy Presidente de la República, realizó sendos debates por el caso Odebrecht y, desde entonces, instó a las autoridades judiciales del país a incorporar los resultados obtenidos en tribunales estadounidenses contra estas compañías por este emblemático caso de corrupción.

Tanto Corficolombiana como Grupo Aval fueron acusadas y sancionadas en Estados Unidos de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA). La SEC determinó que Corficolombiana, a través de su expresidente (José Elías Melo) y con el socio de la empresa conjunta, sobornó a funcionarios del gobierno de Colombia para obtener una extensión del contrato en la Ruta del Sol II.

En Colombia, el entonces Superintendnete de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, imputó cargos a Corficolombiana y a Grupo Aval por soborno, tráfico de influencias y acceso a información indebida, en septiembre de 2018.

En diciembre de 2016, Odebrecht - hasta entonces una firma de infraestructura en toda la región, firmó un acuerdo de culpabilidad con las autoridades judiciales de Estados Unidos, en el que confesó los sobornos.
Boletín preparado con información del Informativo Colombia Hoy Radio, emisión agosto 22 de 2023.

Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas

 Ante un auditorio colmado de participantes nacionales y extranjeros del “Primer Congreso Internacional Lucha contra la corrupción y la recuperación de sus activos”, el presidente, Gustavo Petro Urrego denunció que “Odebrecht no le ha pagado un peso a Colombia de las multas impuestas” por casos de corrupción.

Al cuestionar las razones por las cuales la empresa no ha respondido en Colombia por sus delitos, el mandatario aseguró que no es porque “hayan sido muy astutos; son criminales de una red en este caso, —pues no es que sepamos del narcotráfico–, sino del robo de recursos públicos vía contratación en varios países de América Latina”.
“No fue porque se escaparon a tiempo. Es porque la misma Fiscalía les permitió irse”, sentenció el mandatario.
El presidente señaló que los vinculados en los procesos de corrupción que adelantaban las autoridades​ prefirieron salir del país a otras naciones. “Sabían que si se iban a Brasil no había los acuerdos de cooperación que se necesitaban en el momento; ya después, ya para qué”, anotó.

Debido a que, entre Colombia y Brasil no existía un acuerdo de cooperación judicial, no eran extraditables, dijo al explicar que “podían fácilmente no pagar los requerimientos de la justicia colombiana y, sobre todo, no se necesitaba que hablaran. Ellos no hablaron, sino lo necesario”.

El caso de los sobornos

En su intervención, el presidente Petro se refirió a las posibles inconsistencias que se registran en las confesiones contradictorias de los vinculados en los casos de soborno de Odebrecht.

Aseguró que las versiones dadas por los vinculados en los tribunales de justicia de Estados Unidos y Colombia fueron diferentes. Sustentó que el único corrupto del Grupo Aval, hasta hoy, es el señor José Elías Melo, quien confesó que en Colombia pagó sobornos por seis mil millones de pesos, pero en EEUU dice que fueron 26 millones de dólares. Pues alguien miente, afirmó el mandatario.

“El señor Melo tiene aquí una condena reducida por confesión, pero si confesó seis mil millones de pesos y allá dicen que fueron 26 millones de dólares, o allá mienten o aquí Melo mintió, luego la justicia no sirvió”, aseguró.

“¿Qué produce eso alrededor de algo que hubiera sido tan fácil como ponerlos a todos presos y recuperar los dineros y saber a quiénes sobornaron?”, cuestionó el presidente.

“Nosotros no sabemos a quiénes sobornaron. Nosotros sabemos quiénes sobornaron, quiénes produjeron los sobornos. Sabemos hasta quiénes fueron los intermediarios”.

“Los intermediarios, la mayoría, están libres, pero no sabemos a dónde llegó la plata. Y no sabemos a dónde llegó la plata, porque la plata llegó a los del poder político”, concluyó.

Los señalamientos del mandatario se refieren a los presuntos pagos de sobornos de Odebrecht a funcionarios, para que le dieran vía libre a la adición del proyecto Ocaña-Gamarra (2013) contrato de concesión de la Ruta del Sol Tramo II.

La impunidad ante la corrupción en Colombia

El Secretario de Trans​parencia, Andrés Idárraga, presentó ante la opinión pública, el primer mapa de la impunidad en Colombia. Una herramienta que permite realizar un seguimiento más detallado de la actuación de la justicia frente a los delitos contra la administración pública.




La investigación inició hace varios meses y comprende el periodo comprendido entre el año año 2010 hasta 2023, lo que permitió identificar los 10 departamentos del país con el más alto porcentaje de procesos con delitos asociados a la corrupción, que no avanzan y permiten, en gran medida, la prescripción, dejando sin castigo a miles de responsables que se apropian de los recursos públicos.

 De acuerdo con el consolidado del estado de denuncias asociadas a corrupción, hay en total 57.582, entre los años 2010 y 2023, de las cuales el 93.99% no tienen condena; el 89.7% sin captura, y el 77.15% están en indagación.


En el top 10 de los delitos asociados con corrupción administrativo 2010-2023 ocupa el primer lugar el peculado por apropiación con un 26%; seguido del contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 24.6%; concusión, 10.1%; cohecho por dar u ofrecer, 9,8%; interés indebido en la celebración de contratos, 7.4%; cohecho propio, 3.7%; peculado por aplicación oficial diferente, 3.5%; enriquecimiento ilícito, 3.1%; tráfico de influencias de servidor público, 2.4%, y peculado por uso, 2.1%.


En las denuncias asociadas a corrupción sin condena por departamento se encuentra San Andrés, 99.1%; Guaviare, 99%; Bolívar, 98.5%; Putumayo, 97.6%; La Guajira, 97.5%; Casanare, 97.5%; Córdoba, 97.2%; Vaupés, 97.2%; Arauca, 97% , y Sucre, 96.8%.

En el top 10 de los departamentos sin capturas por delitos asociados a corrupción se encuentran: Vaupés, 98.6%; Guaviare, 98%; Guainía, 96%; Boyacá, 95.7%; ​Cundinamarca, 95.4%; Putumayo, 95.1%; Caldas, 94.5%; Huila, 94.4%; Casanare, 94.1%, y Santander, 94.1%.


Para finalizar, en el top 10 de los departamentos sin condenas por delitos asociados a corrupción, encabeza la lista San Andrés, 99.1%; seguidos de Guaviare, 99%; Vaupés, 98.5%; Arauca, 97.6%; Casanare, 97.5%; Putumayo, 97.5%; La Guajira, 97.2%; Córdoba, 97.2%; Bolívar, 97.2%, y Sucre, 97%.


El secretario Andrés Idárraga afirmó: “Estos datos son irrefutables, Colombia agoniza en un mar de impunidad, la aplicación de la justicia en los casos de corrupción, apenas se asoma a un tímido y cobarde 6%, hecho que como como Nación causa vergüenza”.

De 32 departamentos, 20 tienen un porcentaje de impunidad superior al 95%, y 12 están entre el 90% y el 94.9% de impunidad, solo superado por Bogotá que tiene un 88% de impunidad.

En síntesis, la impunidad en Colombia, en los delitos asociados contra la administración pública, se ubica en un 94%.​


Por esto, la presencia aquí, de gran parte del Gobierno, es para enviarle un mensaje inequívoco a los colombianos: “el presidente Gustavo Petro nunca ha renunciado a la lucha contra la corrupción. Todo lo contrario, la vamos a intensificar con todas las fuerzas institucionales a disposición y hacemos un llamado a la Fiscalía, para que actúe con la misma celeridad, como lo hizo con la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, que fue imputada hace apenas unos meses después de nuestra denuncia por la maratón de contratos que suscribió en tiempo récord. Nosotros no engavetamos las denuncias, porque si seguimos como vamos, se volverá costumbre la aparición de personajes como Emilio Tapia, que convierten la corrupción en una empresa de la impunidad”.

El secretario agregó: “Estamos en la obligación de cuidar cada peso que se invierte de forma efectiva en el mejoramiento de las condiciones de vida de los más necesitados y no que ayude a los que más tienen, no seremos cómplices de la desigualdad. La corrupción anda en hombros, lo he venido reiterando”.

“En este gobierno, como lo señaló el presidente Gustavo Petro, luchamos contra la corrupción “caiga quien caiga”. Aquí no hay corrupción buena o mala, menor o mayor, corrupción es corrupción y seremos implacables para combatirla”, concluyó el secretario.

El secretario anunció que convocará a la “Comisión Nacional de Moralización, máxima instancia nacional anticorrupción, en cabeza del presidente Gustavo Petro. Está conformada por el ministerio del Interior, Procuraduría, Contraloría, Auditoría, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, presidentes de Senado y Cámara, y Defensoría, entre otros.

Iván Velásquez: luchó contra la impunidad, ahora le acusan.

Al llegar a Suiza, donde participará en el Foro Económico Mundial de Davos, el Presidente Gustavo Petro expresó este martes su respaldo al Ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, frente al posible inicio de una investigación en su contra por parte de la Fiscalía Especial de Guatemala.

“Los criminales reaccionan y nosotros no vamos a permitir que, en esa reacción, asumiendo él (el Ministro de Defensa) un puesto que tenía que ver con las Naciones Unidas, con transparencia, con honestidad, sea atacado por lo que ha hecho, sea perseguido por su lucha contra la impunidad, sea acorralado por quienes ejercen esa impunidad”, subrayó el Mandatario en declaración a medios minutos después de arribar a Zurich.

En el mismo contexto, el Jefe de Estado fue enfático en decir: “Lo defenderemos, él seguirá siendo nuestro Ministro y si Guatemala insiste en apresar hombres justos, pues nosotros nada tenemos que hacer con Guatemala”.
Asimismo, en referencia a la labor que cumplió en Guatemala el ahora jefe de la cartera de Defensa, el Presidente manifestó que “a toda persona que lucha contra la corrupción, que toma un papel de vanguardia” —el Ministro Velásquez lo hizo cuando se desempeñó como Jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en ese país— “para destruir la impunidad que dominaba y domina la República de Guatemala, pues ahora es perseguido por ese tipo de intereses que tocó”.
Agregó que “la lucha contra la impunidad es una de las luchas más fuertes que una persona y una sociedad pueden dar porque la corrupción, el genocidio, el asesinato, desde el poder, generan intereses poderosos, intereses tan fuertes que quisieran perpetuar”.

“Solo a través de rupturas, como las que inició nuestro Ministro Velásquez en Guatemala, es que las sociedades logran descubrir caminos de mayor transparencia, en donde puedan ser de verdad las dueñas del poder y no los criminales”, afirmó el Mandatario.

El Presidente Petro participará en el Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), que reúne a Jefes de Estado y de Gobierno, y líderes mundiales de organismos multilaterales, con el fin de impulsar la acción climática en Colombia y el mundo, fomentar la inversión en Colombia con foco social y ambiental, y buscar acuerdos para luchar contra el hambre.

El Mandatario estará en Davos hasta el 20 de enero y, además de participar en distintas sesiones, tendrá encuentros bilaterales con directivos de empresas mundiales con inversiones en Colombia, como Nestlé, Enel, Coca Cola, Microsoft y Yara.

Durante el viaje acompañan al Jefe de Estado los ministros de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; Hacienda y Crédito Público, José Antonio Ocampo; Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, y Minas y Energía, Irene Vélez; la Jefe de Gabinete Presidencial, Laura Sarabia; el Consultor Presidencial en Transformación Digital, Saúl Kattan, y el Embajador de Colombia en Suiza, Francisco Javier Echeverri, entre otros.

Contraloría logró resarcimiento de $90.782 millones por colapso del puente Chirajara

La Contraloría General de la República logró que Coviandes resarciera en su totalidad el daño patrimonial al Estado, por valor de 90.782 millones de pesos, ocasionado por el colapso del puente Chirajara, en la vía Bogotá-Villavicencio, el 15 de enero de 2018.

El resarcimiento se hizo en cabeza de la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

La caída no permitió que tanto el puente como las obras aledañas a esta infraestructura pudieran entrar a servir a la comunidad, quedando así inconcluso el uso de las obras derivadas del Contrato de Concesión y, como consecuencia de ello, se dio apertura el 26 de marzo de 2021 a un proceso de Responsabilidad Fiscal.

La Contraloría ordenó cesar esta acción fiscal, tras el resarcimiento del daño patrimonial.

La obra se está ejecutando de forma satisfactoria.

En virtud del colapso de esta infraestructura vial, la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y la Sociedad Concesionaria Vial de los Andes – Coviandes S.A.S., suscribieron un contrato de transacción el 27 de noviembre de 2018, mediante el cual el Concesionario se obligó a pagar una suma de dinero a título de compensación equivalente a la suma de 8.558 millones de pesos, e igualmente a cancelar el valor de 120 millones de pesos por concepto de Asesorías Legales con respecto al contrato de transacción, y por último a construir un nuevo puente, por su cuenta y riesgo y con recursos privados del mismo Concesionario.

Las dos primeras obligaciones antes referidas, se cumplieron a cabalidad por parte del Concesionario; y la tercera obligación relativa a la construcción del nuevo puente, se viene desarrollando de la siguiente manera:

La obra se está ejecutando de manera satisfactoria, con una inversión desde el inicio de la misma y hasta el 30 de mayo de 2022 equivalente a 49.856 millones de pesos, y con un avance del proyecto igual al 47,77%, quedando pendiente por ejecutar un avance de obra en porcentaje igual a 52,23%, de tal manera, que para efectos de garantizar la inversión de los recursos faltantes para culminar la obra, el Concesionario constituyó un Fideicomiso con Corficolombiana, por valor de 32.247 millones de pesos, suma de dinero que está asegurada para efectos de fondear la finalización del proyecto Nuevo Puente Chirajara.

Terminación anticipada del proceso

Por lo anterior, al encontrar la Dirección de Investigaciones 4 de la Contraloría Delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo, que el hecho que se viene investigando, ha sido superado y resarcido en su totalidad, profirió el 2 de agosto de 2022 un Auto de Cesación de la Acción Fiscal derivada del Resarcimiento del Daño Patrimonial, de tal manera, que este proceso termina de manera anticipada, garantizando que los recursos por invertir dentro del proyecto Nuevo Puente Chirajara, se encuentran depositados en un Fideicomiso con destinación especifica.

Es así como se tiene previsto que, como fecha máxima, el 4 de febrero de 2024 el nuevo puente Chirajara será entregado al país, para uso y disfrute por parte de la comunidad que recorra el anillo vial denominado Doble Calzada Carretera Bogotá - Villavicencio.

Desvinculación de terceros civilmente responsables

Se ordenó igualmente desvincular como terceros civilmente responsables a las compañías de seguros Seguros Alfa y Liberty Seguros.

Acusan a general de presuntos vínculos con "Los Pocillos"

El Ejército pidió que se investigue no solamente a Jorge Herrera Díaz "sino al personal militar que pudo participar" en reuniones con "Los Pocillos".
Foto de archivo.
Un alto mando del Ejército colombiano fue apartado de su cargo mientras se investiga su presunta alianza con una banda narcotraficante para enfrentar a las disidencias de las FARC en el suroeste del país, informó este domingo (13.02.2022) la institución castrense.

"Siendo el interés de la institución contribuir al esclarecimiento de los hechos, se remueve del cargo" al general Jorge Herrera Díaz, quien fungía como comandante de la sexta división del Ejército con jurisdicción en el sur del país, indicó la autoridad militar en un boletín.

COMUNICADO DE PRENSA

Sobre la situación del Mayor General Jorge Herrera Díaz, el Comando del Ejército Nacional ha tomado las siguientes decisiones:

13 FEBRERO 2022 07:40 PM

1. La institución dará traslado de la información conocida sobre presuntas irregularidades a la Fiscalía General de la Nación, para que se investigue no solamente al general allí mencionado, sino al personal militar que pudo participar en mencionada reunión, pues era su obligación, en el momento, denunciar estas presuntas actividades ilícitas.

2. Se ordenó iniciar la investigación disciplinaria acorde a la competencia señalada en la Ley 1862 de 2017, sin perjuicio de que la Procuraduría General de la Nación, ejerciendo el poder preferente, asuma la competencia del hecho. Y como corresponde, el Ejército Nacional brindará la colaboración que sea necesaria a las autoridades competentes.

3. En el estudio realizado el año pasado en su momento al señor brigadier general Hernando Herrera Díaz, para ser considerado a ascenso al grado inmediatamente superior, no registraba investigación alguna penal o disciplinaria, o cualquier otro cuya situación diera lugar a un impedimento.

4. Así mismo, se ordenó el desplazamiento de una comisión de la Inspección General del Ejército para que realice las verificaciones de acuerdo a su competencia.

5. Siendo el interés de la institución contribuir al esclarecimiento de los hechos, se remueve del cargo al referido oficial, nombrando a partir del momento al señor Brigadier General Fredy Marlon Coy Villamil, como comandante de la Sexta División del Ejército Nacional.

6. Las políticas, directivas, planes, circulares y en general cualquier documento emitido por el Gobierno nacional, Ministerio de Defensa, Comando General de las Fuerzas Militares o Comando del Ejército Nacional siempre se orienta a que los hombres y mujeres acaten la Constitución, la Ley, las normas de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, lineamientos rectores que han sido difundidos en todos los niveles de la institución.

7. De igual manera en los procesos de formación del personal en las escuelas y en las capacitaciones recibidas en los cursos de ascenso estos lineamientos son difundidos buscando su interiorización, para que sean de estricto cumplimiento en el actuar del militar.

8. Se reitera la política del Gobierno nacional de cero tolerancia contra cualquier acto contrario a la Constitución y la ley por parte de un servidor público.

La decisión se da luego del escándalo que desató una publicación periodística el fin de semana que salpica al alto mando. El medio digital Cambio y el telediario Noticias Uno revelaron audios de una conversación entre Herrera y sus subalternos en julio de 2019 en los que el comandante explica lo que parece ser una alianza con la banda narcotraficante Los Pocillos.
"Caliche era el de la parte armada y el de finanzas, Pocillo (...) Hermano, entienda, los manes siguen manejando el narcotráfico, siguen delinquiendo. Yo me reúno con ellos, ellos vienen acá, hablan conmigo", se escucha decir a Herrera, entonces comandante en una brigada del departamento del Cauca (suroeste).
La publicación periodística asegura que -en esa reunión- se discutieron los acuerdos del Ejército con Los Pocillos para combatir a una facción de las disidencias de las FARC que se marginó del Acuerdo de Paz firmado en 2016, aunque esa parte de la grabación no fue revelada. "Esta es la puta guerra, entonces más bobitos nosotros, sabiendo que eso pasa y nosotros no nos queremos convencer", dice Herrera en otro fragmento publicado de la conversación.


El Ejército pidió a la Fiscalía que investigue no solamente al general "sino al personal militar que pudo participar en mencionada reunión, pues era su obligación, en el momento, denunciar estas presuntas actividades ilícitas", según el boletín.

De acuerdo con la investigación periodística, Herrera enfrentaba a disidencias de la exguerrilla FARC al mando de Gentil Duarte, uno de los hombres más buscados del país. El histórico Acuerdo de Paz desarmó a unas 13.000 personas rebeldes de la que fue la guerrilla más poderosa del continente, pero quedaron activos varios frentes hoy conocidos como disidencias que operan sin un mando unificado.

Colombia vive un intenso conflicto armado que en más de medio siglo ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, narcos y agentes estatales dejando más de nueve millones de víctimas. El país es el mayor productor de cocaína en el mundo, fuente de financiación de los grupos armados ilegales.

Otro socio de Centros Poblados con irregularidades en contrato por $2.507 millones

CGR.- La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).


En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación.

Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.

Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.

El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.

Pólizas vencidas y otros líos

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.

Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Foto de Cesar Viloria del rio San Jorge por Caimito, Sucre.

Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

Causa del daño patrimonial

En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:

-VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.

-KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

-INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.

-DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.

-WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.

-COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría

-JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.337.790.621,50), correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.

Lupa a contratos de socios de Centros Poblados

Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.

Aparte de Intec de la Costa SAS, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (FUNTICS, ahora Novotic).

Gustavo Petro denuncia que la empresa que contrató a los mercenarios para el magnicidio en Haití ha trabajado en el escrutinio electoral en Colombia

Esta firma habría controlado el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

El senador colombiano Gustavo Petro denunció que la empresa que contrató a los mercenarios para asesinar al presidente de Haití, Jovenel Moïse, es la misma que habría provisto el software para el escrutinio electoral en Colombia.

"Son los contratistas del software de las elecciones en Colombia [...] O sea, parte de las empresas que cuidan el voto, a través del software, supuestamente la transparencia del voto, son las mismas empresas que contrataron a los mercenarios para ir a matar al presidente de Haití", dijo Petro, durante una sesión de la Comisión Primera del Senado.

De acuerdo a su denuncia, estas empresas –aunque solo una se ha vinculado con el magnicidio– controlaron el software en el plebiscito sobre los acuerdos de paz (entre las extintas FARC y el Gobierno colombiano), que se celebró en octubre de 2016, entre otros procesos comiciales.

Según el senador, las firmas tendrían interacción con círculos "uribistas" en Miami, EE.UU. "¿Qué significa eso para Colombia, para su democracia, para su seguridad en términos integrales? Porque es que la seguridad integral tiene que ver con el ejercicio mismo de la democracia", añadió Petro, quien sin embargo no dijo explícitamente el nombre de la empresa a la que aludía en su denuncia.

La empresa vinculada al magnicidio

Al momento, la única empresa vinculada al magnicidio de Moïse es CTU Security (registrada como Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC), con sede en Doral Beach, Miami, y dirigida por el opositor venezolano Antonio Enmanuel Intriago Valera.

Según las autoridades policiales de Haití y Colombia, CTU Security contrató a los exmilitares colombianos Duberney Capador y Germán Rivera y estos se encargaron de reclutar al resto de los mercenarios que participaron en el magnicidio.

Por su parte, la versión que brindó Intriago, a través de sus abogados en Miami, fue que habría "víctima de un esquema para asumir el poder en Haití".

Según él, su compañía fue contratada para suministrar la seguridad de un proyecto de infraestructura "humanitario" en Haití y que luego se le informó que la misión había "cambiado de dirección", por lo que los colombianos contratados acompañarían a un juez y a la Policía haitiana para entregar al presidente una orden de arresto.
Amenazas y un muerto entre los investigadores

La investigación en torno al magnicidio ha estado llena de contratiempos. A finales de julio, jueces de paz y secretarios judiciales haitianos involucrados en las pesquisas denunciaron que han recibido amenazas de muerte.

El jueves, fue encontrado muerto, en una sala del hospital de la Universidad Estatal de Haití, Ernst Lafortune, un secretario judicial que trabajaba en la investigación del asesinato del presidente.

Un policía frente a un mural con el rostro de Jovenel Moïse
en Puerto Príncipe, 15 de julio de 2021
Valerie Baeriswyl / AFP

De acuerdo con la Asociación Nacional de Registradores de Haití (ANAGH, por sus siglas en francés), Lafortune fue asignado al registro del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, más precisamente a la oficina del juez Mathieu Chanlatte, juez recién nombrado para investigar el caso de Moïse, reseñó Alter Presse.

La ANAGH calificó este hecho como un "asesinato" e indicó que se produjo luego que Lafortune sostuviera una discusión con Chanlatte acerca del expediente del magnicidio.

El ventilador de Aida Merlano


 Análisis - Pedro Santana Rodríguez.- En marzo del año 2018 fue allanada la sede política de la entonces representante a la Cámara y aspirante al Senado de la República por el partido Conservador, Aida Merlano. La policía que practicó el allanamiento dijo haber encontrado dinero en efectivo, bases de datos y planillas así como un aplicativo que tendría como función el comprobar que efectivamente los votos comprados se depositaran a favor de la candidata. Al mismo tiempo se encontraron unas armas de fuego que desde el comienzo Merlano rechazó que fueran de su propiedad y que señaló como elementos “sembrados” allí para implicarla. En septiembre de 2019 la sala de instrucción de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Merlano a 15 años por corrupción al elector, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Esta sentencia es de primera instancia y podrá ser apelada ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Quince días después Merlano Rebolledo protagonizó una fuga espectacular desde un consultorio odontológico descolgándose por una cuerda y huyendo de la guardia del Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, que la custodiaba. El plan de fuga contó con la participación de funcionarios del INPEC que están siendo investigados toda vez que se comprobó que las medidas de seguridad fueron flexibilizadas días antes de la fuga. Según dos recientes comparecencias públicas una ante la Justicia Venezolana que la acusa de entrada ilegal al país y de porte de documentos falsificados y una entrevista a la revista Semana, Merlano ha señalado que la fuga fue organizada por dos de los clanes electorales más poderosos de la región Caribe, el Clan de la familia Char y el clan de la familia Gerlein que dominan desde hace muchos años la política local en el departamento del Atlántico y en la ciudad de Barranquilla.

Aida Merlano - 
Foto: Youtube
Merlano dice no conocer los detalles del plan de fuga pero señala que quienes organizaron su huida fueron estos clanes que con ello querían que Merlano no los implicara en las investigaciones que la Sala de Instrucción que la condenó ordeno contra 17 personas del entorno político de Merlano. La Corte ordenó investigar a Arturo Char senador electo de la casa Char y a quien Merlano acusa de ser el organizador de su fuga así como al empresario Julio Gerlein, junto a ellos la Corte ordenó investigar a otras 15 personas entre ellos también al representante a la Cámara Laureano Augusto Acuña Díaz, a la diputada Margarita Ballén y a la excandidata a la Cámara de Representantes que era su fórmula, Lilibeth Llinás de la casa Char y que no fue electa por no alcanzar los votos necesarios para ser electa. La fuga tendría entonces como propósito evitar que Merlano los implicara en estas investigaciones.

Recapturada en el estado de Maracaibo y conducida a Caracas, Merlano desde entonces ha prendido el ventilador. Dice que una vez concretada la fuga sus cómplices prácticamente la retuvieron en contra de su voluntad y que en estas condiciones decidió escapar pues lo que querían era asesinarla. Y aquí comienzan los señalamientos más graves, dice que el presidente Duque estaba al tanto su fuga y que justo cuando escapa el presidente aumentó a 200 millones de pesos la recompensa por información que condujera a su captura, también señala que Duque estaba al tanto de la compra de votos para su elección en la segunda vuelta presidencial en junio de 2018 y que con este propósito se habría reunido con los Gerlein y los Char en Barranquilla. Admite que en su campaña se compraron votos como también señala que lo hicieron en la campaña de Cambio Radical y que los verdaderos cerebros de su campaña fueron los Char y los Gerlein que llegaron a un acuerdo para apoyarla a ella como candidata del partido Conservador al senado de la República y a Lilibeth Llinas por el partido Cambio Radical a la Cámara de Representantes.

Denuncia así mismo la corrupción en la Alcaldía de Barranquilla ocupada hasta el pasado 31 de diciembre por Alex Char. Todos los contratos pagaban un porcentaje para las campañas políticas no solo de los Char sino para las campañas presidenciales y en este contexto dice que Germán Vargas Lleras habría sido el responsable de repartir entre los caciques electorales en el año 2014, 15 mil millones de pesos para la reelección del presidente Juan Manuel Santos. Estos dineros provendrían de los clanes de los Char y los Gerlein y de la corrupta firma brasilera Odebrecht. Sobre esa repartija ya se había referido en noviembre de 2017 el senador del Partido de la U, Armando Benedetti quien además de Vargas Lleras implicó al entonces fiscal general, Néstor Humberto Martínez. A pesar de esas denuncias nada ha pasado. Obvio porque el Fiscal Martínez no se iba a investigar así mismo ni tampoco a su jefe político Vargas Lleras.

Merlano afirma cosas que el país sabe de sobra. Que detrás de Néstor Humberto Martínez estaba Germán Vargas Lleras. Que una vez decide colaborar con la fiscalía en el proceso que se abre contra los otros implicados, el Clan de los Char y los Gerlein, se enteran y la costriñen para que no declare, sería ese temor el que activa el plan de fuga. Mucho dinero se repartió para ese plan ella dice que cerca de 1700 millones de pesos. Denuncia actos puntuales de corrupción para entregar licitaciones de obras públicas como el aeropuerto de Barranquilla o el contrato de Navelena, intervención para la navegabilidad del rio Magdalena, en el que estarían el grupo de Luis Carlos Sarmiento y Valorcon de Julio Gerlein. En esa trama de corrupción que compromete a Sarmiento Ángulo, al clan de los Char a través de sus negocios y del Clan Gerlein a través de Valorcon. Dice tener pruebas concretas de esa trama de corrupción en la contratación y en la política del Atlántico y de la Costa Caribe. Califica estos clanes como criminales.

Muchas cosas que dice Aida Merlano han sido documentadas por investigaciones académicas desde hace ya muchos años. El modelo político del Atlántico es sencillo y perverso. Durante más de cuarenta años la casa Gerlein hizo elegir a Robeto Gerlein Echeverria como senador de la República por el partido Conservador, su hermano Julio Gerlein era quien manejaba los negocios para lo cual conformó una empresa de construcción que contrataba con el Estado, Valorcon. Las gestiones para la adjudicación de contratos en el orden municipal, departamental y nacional las hacía el senador Roberto Gerlein a favor de Valorcon y a cambio su hermano era quien organizaba la compra de votos que Gerlein en varias entrevistas periodistas reconocía como algo natural en la Costa caribe y en otras regiones del país y de las cuales por decenas de años se benefició.

Con el poder político adquirido penetraron y dominaron y aún lo hacen los aparatos de la justicia y los organismos de control como la fiscalía General de la Nación o la Procuraduría General, de esta manera garantizaban y garantizan aún la impunidad para sus actos de corrupción. Nada se investiga. Esto llega al colmo bajo la fiscalía de Néstor Humberto Martínez militante y dirigente activo de Cambio Radical que es el partido del Clan de los Char. Por eso dice Merlano que más se tardó ella en contactar a la fiscalía para colaborar en las investigaciones en contra de Arturo Char y Julio Gerlein, que ellos en saberlo.

Lo que describe en muchos aspectos es creíble pues ella no solo fue la amante de Julio Gerlein sino que fue una mochilera como se le dice a quienes como activistas reclutan a líderes sociales en los barrios de Barranquilla y de las otras ciudades de la Costa Caribe para la compra de los Votos. Fueron más de 20 años que convivió con los poderes locales y se benefició de ellos. Tiene porque saber su funcionamiento pues estuvo en sus entrañas. Ahora ha decidido hablar pero la suerte de lo que está contando es incierta pues el ordenamiento institucional de la Justicia favorece la impunidad. El reciente nombrado fiscal General, Francisco Barbosa, es un íntimo amigo del presidente Iván Duque que lo ternó, ¿qué interés tendría en investigar la compra de votos, los pagos ilegales y la corrupción que dice Merlano que se presentó en la segunda vuelta presidencial que condujo a la elección de Iván Duque a la presidencia de la República?

Mientras los organismos de control e investigación estén nominados y nombrados por el poder sean los alcaldes y concejos municipales que eligen a los personeros y contralores o el presidente que terna los candidatos a fiscal General que los elige la Corte Suprema de Justicia, poco podremos esperar de la independencia de estos funcionarios y de estos organismos. Es clarísimo que el nombramiento de Néstor Humberto Martínez fue propiciado para encubrir la corrupción de Odebrecht y el entramado de corrupción en el financiamiento de las campañas presidenciales del Uribismo que en el año 2014 presentó como candidato a Oscar Iván Zuluaga. Odebrecht financió al publicista Duda Mendoza quien oriento la campaña publicitaria de Zuluaga y un grupo de empresarios del Valle del Cauca sirvieron de intermediarios para hacer llegar los miles de millones de pesos a la campaña de Santos, eso se sabe, pero nadie investiga. La justicia requiere una profunda reforma para que sea realmente independiente pero esa reforma no será presentada por los personeros del régimen que nos domina.

Tendrá que presentarse una verdadera revolución ciudadana para que los organismos de control e investigación del Estado estén en manos probas y para que los organismos de la Justicia sean realmente independientes. Esas reformas solo podrán hacerse si electoralmente se derrota al régimen.
Bogotá 20 de febrero de 2020.

-Pedro Santana Rodríguez es director de la Revista Sur (Colombia)
https://www.alainet.org/es/articulo/204856

Un congresista se adueña de la tierra en Vichada


Liga Contra El Silencio.- El representante a la Cámara por el Vichada, Gustavo Londoño García, es ahora dueño de una inmensa finca en La Primavera, un municipio del departamento que representa.
 Allí tiene unas 600 cabezas de ganado, galpones, bodegas y pastos mejorados, con agua abundante de la quebrada La Bomba y del río Gavilán, que desemboca allí mismo en el río Tomo.
 La finca se llama “Buenavista”, y en efecto, desde los balcones de la casa se pueden ver parte de sus 6.633 hectáreas. 

Londoño obtuvo esta tierra —el doble de extensión de la Hacienda Nápoles— sin cumplir los requisitos que exige la ley. Y podría enfrentar un conflicto de interés debido a su investidura como congresista. 
Gustavo Londoño, nacido en Cartago*, Valle del Cauca, amasó fortuna vendiendo semillas y luego como contratista público en el Meta. Quiso ser gobernador del Vichada, pero se quemó en las elecciones de 2015. Según su perfil en la red LinkedIN, Londoño es dueño de la Comercializadora del Pacífico, una empresa de insumos agrícolas con sede en Villavicencio que surte a muchas ganaderías y plantaciones del Vichada. 
AFICHE DE LA CAMPAÑA DEL ENTONCES CANDIDATO
A LA CÁMARA DE REPRESENTANTES, GUSTAVO LONDOÑO,
CON EL LEMA ‘EL VICHADA ES DE TODOS’.
FOTO- FACEBOOK GUSTAVO LONDOÑO
El representante ganó su curul en agosto de 2018 por el partido Centro Democrático, con la promesa de defender los intereses de los vichadenses. “El Vichada es de todos” fue uno de sus lemas de campaña, pero a espaldas de todos se hizo declarar dueño de miles de hectáreas que sólo podían entregarse a campesinos sin tierra. 
Para adquirir la tierra, en 2014 Londoño interpuso ante el juzgado de Puerto Carreño una demanda “contra indeterminados”; es decir contra desconocidos, donde pedía la propiedad de esa tierra. En el argot legal esto se conoce como una demanda de “prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio” sobre un predio rural. El 30 de agosto de 2017, en un fallo, la jueza Derlis Vega Perdomo ordenó entregar la propiedad a Londoño García. 
En su fallo, la jueza desconoce un dato fundamental que ella misma adjuntó al expediente: una constancia del registrador de Puerto Carreño, según la cual el predio “carece de inscripción en la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos”. Esto significa que se presume como tierra baldía, propiedad exclusiva de la Nación.
“La jueza ha debido inadmitir la demanda desde el primer día y trasladarla a la Agencia Nacional de Tierras”, explicó el abogado Alejandro Reyes, experto en temas de tierras, a quien La Liga Contra el Silencio pidió leer y comentar el fallo.
“Este es el caso clásico de apropiación ilegal de baldíos mediante juicio de pertenencia concedido por un jueza que no está aplicando el derecho. La sentencia se convierte en un título de propiedad”, explicó Reyes.
Según la Ley 160 de 1994, los baldíos son tierras “inalienables, imprescriptibles e inembargables”. Solo pueden ser titulados a campesinos sin tierra por la ANT (antes Incoder). La jueza nunca involucró a la agencia, y aunque dice que notificó del proceso al procurador agrario, éste nunca participó ni hizo reparos.
El fallo enriqueció más al representante Londoño y también a su socio en “Buenavista”, el empresario Nicolás Laserna. Juntos interpusieron la demanda ante la jueza. Laserna es un ganadero y arrocero del Tolima, y aparece como presidente de una empresa en Panamá, creada en 2009 a través del bufete Mossack Fonseca, famoso tras el escándalo de los “Panama Papers” por constituir empresas fantasmas. Es familiar de la senadora Paloma Valencia Laserna, copartidaria de Londoño.
La Liga contactó al representante Londoño, quien negó haber obrado fuera de la ley. Londoño aseguró que en su departamento no hay baldíos. “Esos son mal llamados baldíos, un baldío es una tierra donde no existe nada, donde no hay nadie”, dijo. 
El congresista, a quien le gusta presentarse como campesino y cultivador desde los 15 años, dijo que tenía derecho a reclamar esa tierra.
“Yo instauré esa demanda ante el juzgado porque cuando usted demuestra que ha estado trabajando la tierra durante equis años, bien habida, pasivamente, el Estado y la ley le da el derecho de que un juzgado le otorgue la pertenencia sobre esa tierra”, argumentó. 
El empresario Nicolás Laserna también negó a La Liga que se tratara de tierras baldías, pero reconoció haber indagado la posibilidad de que la Agencia Nacional de Tierras se las adjudicara. “Pero nos pedían plata porque es una agencia corrupta y nosotros no estábamos dispuestos a darle plata a nadie”, dijo.

Un gran negocio

A Londoño y Laserna les salió barato ocupar este predio. Según consta en archivos públicos, en 2008 el representante y su socio le dieron 50 millones de pesos al señor Milciades Burgos Tuay, un colono que se asentó en esa tierra con sus ocho hijos en 1976. Como miles de campesinos en Colombia, Burgos ocupaba esos baldíos sin título de propiedad. Por ese dinero —menos de 10 mil pesos la hectárea— el campesino dejó su casa y firmó una escritura de compra-venta a través de la cual Londoño y Laserna adquirieron la posesión.
“Yo ya no podía trabajar esa tierra y con la plata me pude pagar mi salud”, dijo Burgos, de 71 años y con problemas de vista, a quien La Liga ubicó en una alejada vereda del Vichada.
Pero Burgos no podía vender, pues no tenía títulos; ni Londoño podía comprar, pues esa tierra pertenece a la Nación. La escritura, registrada en una notaría, da fe de que hubo una transacción entre los firmantes, pero no valida ni certifica su legalidad.
VISTA AÉREA DEL VASTO TERRITORIO DEL DEPARTAMENTO DEL VICHADA,
 FOTOGRAFIADA DESDE UNA AVIONETA DE LA FUERZA NAVAL
EN ALGÚN LUGAR SOBRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CARREÑO Y CUMARIBO.
NOVIEMBRE 2018. FOTO: GENA STEFFENS
Con el fallo de la jueza, el congresista y el empresario quedaron a un paso de adquirir el título de propiedad. Así multiplicaron de forma astronómica el valor de esa tierra. “Una hectárea de una finca productiva en La Primavera puede costar millón y medio de pesos”, dijo el vocero de un gremio agrícola que conoce el mercado de la tierra en Vichada. “Si son tierras legalizadas con título, claro”, dijo. Con el título de propiedad que la jueza ordena entregar, la tierra de Londoño podría costar ahora, según eso, unos 10 mil millones de pesos. 
Hasta la fecha, los dos hacendados se han eximido de obligaciones con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. “Nosotros no hemos pagado impuestos porque no nos han dado las fichas catastrales”, explicó Laserna.
La acumulación y apropiación de tierras baldías se ha extendido en muchas regiones de Colombia. Esta acumulación fraudulenta ha contribuido para ubicar a Colombia como el país con la peor distribución de tierra en América Latina. El 81% de nuestra tierra productiva está en manos del 1% de los propietarios, según un análisis de la organización internacional Oxfam, basado en datos oficiales del último Censo Nacional Agropecuario.
El Centro Nacional de Memoria Histórica sostiene que la desigualdad en la distribución de la tierra ha sido la principal causa del conflicto armado en Colombia. Vichada, según datos del gobierno, es el cuarto departamento con mayor concentración de la propiedad rural en Colombia; y el segundo, después del Meta, con mayor acumulación irregular de tierras baldías, según una investigación de 2013 de la Contraloría General de la República
VICHADA ES EL CUARTO DEPARTAMENTO CON MAYOR CONCENTRACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EN COLOMBIA. EN LA FOTO, VIVIENDA DE UN POBLADOR A ORILLAS DEL RÍO TOMO, VICHADA, TOMADA DURANTE LA EXPEDICIÓN COLOMBIA BIO CON EL INSTITUTO HUMBOLDT. MARZO 2017. FOTO: CHINO ROMERO
En la apropiación y acumulación ilegal de estas tierras en Vichada han participado, según la Contraloría, numerosas empresas y funcionarios del gobierno pasado como Rubén Darío Lizarralde, ministro de Agricultura (2013-2014), y su esposa María Fernanda Campo, ministra de Educación (2010-2014), junto a sus hermanos y su hijo. También familiares de Aurelio Iragorri Valencia, ministro del Interior (2013-2014) y ministro de Agricultura (2014-2017). Ninguno ha sido sancionado.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

Agencia de Publicidad

Agencia de Publicidad