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Ley de Seguridad Ciudadana: criminalizar la protesta

Crece polémica alrededor del proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Varios congresistas han criticado la iniciativa. Mayorías en el Congreso aprobaron proyecto de ley que criminaliza la protesta social

Al ser aprobado en la Cámara de Representantes este proyecto de ley de seguridad ciudadana son varios los congresistas que han criticado esta iniciativa. El representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, Leon Freddy Muñoz, señaló que: “Este proyecto es una respuesta contra los jóvenes que salieron a protestar desde el 28 de abril. Esto le pone una lápida en la espalda a los jóvenes”. 

Con mensaje de urgencia, el Gobierno Nacional radicó el proyecto de ley “Seguridad ciudadana” para que fuese debatido en época decembrina, en un solo día y en sesión extraordinaria en el Congreso de la República; una iniciativa que busca, en palabras de la Representante María José Pizarro, “revivir el Estatuto de Seguridad Nacional del gobierno de Julio César Turbay Ayala”.
«Estamos retrocediendo cuarenta años y reviviendo el régimen penal que se estableció mediante la expedición del Estatuto de Seguridad Nacional en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que torturó a los jóvenes de entonces, a mis padres por ejemplo», dijo la Congresista.
Así mismo señaló “Este proyecto de ley tiene un enfoque militarista, guerrerista y represivo”, dijo Pizarro al denunciar que se pretende responder al legítimo derecho a la protesta y a la movilización social con una gran carga de populismo punitivo y criminalización de la protesta social, a través de disposiciones inconstitucionales e inconvenientes:

1. Crea conductas punibles innecesarias y aumento de penas desproporcionadas, que como se ha demostrado NO previenen la ocurrencia de los delitos, generando disposiciones de populismo punitivo.

2. Aumenta la pena máxima de prisión a de 50 a 60 años, implementando así una cadena perpetua de manera indirecta donde el único efecto real es el aumento del hacinamiento carcelario. El aumento de las penas estaría configurando “un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de resocialización de las personas condenadas”, como lo estableció la Corte Constitucional en el análisis de constitucionalidad del acto legislativo que creó la cadena perpetua.

3. Crea disposiciones peligrosas que criminalizan la protesta social y facilitan la judicialización y encarcelamiento de las y los manifestantes y defensores de Derechos Humanos en contravía de la Constitución Política y las obligaciones internacionales del Estado en materia del derecho a la protesta.

4. No se establecen parámetros de prevención de carácter intersectorial, como tampoco soluciones contextualmente pertinentes para contribuir a hacer realidad un mundo libre de temor, miseria y falta de dignidad.

Los artículos que se debían eliminar

Habiendo sido negada la proposición de archivo de este proyecto de ley, la Congresista, propuso la eliminación de 16 artículos entre ellos: Art.3, que legitima el uso de la fuerza letal; art. 13, con el que se busca perseguir y judicializar a la ciudadanía, en especial a las comunidades indígenas; art.16, que limita el ejercicio libre de la protesta y de la libertad de expresión, al impedir que las personas que salgan a manifestarse usen elementos que oculten su identidad; art. 18, con el que se quiere legitimar las judicializaciones injustificadas y masivas; art. 20, el que obstaculiza la defensa de los derechos humanos en el marco de la protesta social y criminaliza la labor que realizan organizaciones y líderes sociales, entre otros, las cuales fueron negadas por las mayorías del Congreso.

Desde el 2018, venimos alertando y denunciando en debates de control político y mociones de censura cómo las movilizaciones están siendo reprimidas brutalmente, hemos denunciado los patrones de horror generalizados en el manejo de la protesta por parte de la fuerza pública. 
El presidente más joven que ha tenido el país le ha declarado la ‘guerra a las juventudes‘.
Nos oponemos a este proyecto de ley que presentan ante el Congreso a hurtadillas, a escondidas, en el último momento. Con broche de oro cierra el Gobierno de Iván Duque, no son capaces de dar el debate abiertamente”. afirmó María José Pizarro en una de sus intervenciones.


Por su parte, la representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, afirmó que desde la oposición se va a demandar esta iniciativa.

“Es absolutamente inconveniente, no solamente no responde al llamado de la ciudadanía, sino que con la excusa de mejorar la seguridad ciudadana introduce populismo punitivo con aumento penas, creación de nuevos delitos, judicializa asuntos que deberían ser únicamente de convivencia”, explicó la representante.

Sin embargo, desde el Gobierno Nacional celebraron esta aprobación e indicaron que está pensado para que quienes atenten contra los derechos de los ciudadanos y hagan daño en bien ajeno asuman su responsabilidad.

Atacan a Firmantes de Paz luego de haber sIdo amenazados.

 

Excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz quienes se encontraban ubicados en el ETCR (Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación) en los Llanos del Yarí (Meta) y quienes han sido amenazados de muerte se desplazaban hoy 17 de diciembre entre el Meta y el Caquetá.
 Iniciaron el viaje a las 9 a.m., sobre las 10 a.m., en un sector entre La Siembra y La Machaca fueron atacados con ráfagas de fusil, la caravana estaba compuesta por 3 buses y 33 camiones, los Firmantes de Paz y sus familias buscaron refugio en el sector, sobre la una de la tarde no se conocía de victimas o heridos, pero existe preocupación por la suerte de la Concejal Karen Andrea Flórez quien quedó aislada en medio del ataque.

El objetivo de los Firmantes de Paz era llegar al municipio de Doncello (Caquetá) para asentarse y continuar con el proceso de reincorporación. Desde el partido COMUNES elevan la exigencia al gobierno nacional para que asuma medidas efectivas destinadas a proteger la vida de quienes le apostaron al proceso de paz. Al tiempo, alertan a la comunidad internacional sobre el Grave Riesgo para los Firmantes de Paz

REVIVEN PERSONERÍA JURÍDICA DE VERDE OXÍGENO Y SALVACIÓN NACIONAL

La sala tuvo en cuenta la decisión de la Corte Constitucional que le otorgó personería al Nuevo Liberalismo.

CNE revive personerías jurídicas de Verde Oxígeno y Salvación Nacional. Fotografías Juan Carlos Sierra y Zurek Gómez Abogados.

El Consejo Nacional Electoral, en sala celebrada hoy, otorgó personería jurídica al partido Verde Oxígeno y al Movimiento de Salvación Nacional.

Con ponencia de los magistrados Pedro Felipe Gutiérrez Sierra y Hernán Penagos Giraldo, quienes asumieron respectivamente los casos, el Tribunal consideró que en ambas actuaciones administrativas se presentaron hechos de violencia a causa del conflicto armado, que terminaron con el secuestro de la excandidata Ingrid Betancourt y el magnicidio del también excandidato Álvaro Gómez Hurtado; similares a las vividas por el Partido Nuevo liberalismo, con el asesinato del entonces aspirante presidencial Luis Carlos Galán.

Los magistrados tuvieron en consideración la decisión de la Corte Constitucional, en su sentencia SU-257 del 2021, que ordenó otorgar personería al Nuevo Liberalismo.

Para la sala plena del CNE, se presentaron similares situaciones fácticas, jurídicas y hechos de violencia a las vividas por los miembros del partido Nuevo Liberalismo, respecto de los miembros del movimiento de Salvación Nacional y Verde Oxígeno, que afectaron su permanencia en las contiendas electorales a partir de 1990 y, por tanto, deben hacer parte de la apertura democrática en las próximas elecciones de 2022.

Con el asesinato de Jhon Mario García Guanga son 160 líderes asesinados en 2021

En este 1 de diciembre, inicio del último mes del 2021, se confirmó que otro líder social fue asesinado en Colombia. Se trata de Jhon Mario García Guanga, quien era un joven indígena Awa y en la actualidad era parte de la Guardia Indígena del resguardo Gran Rosario en Tumaco, Nariño.

De acuerdo a los testimonios, sobre las 3:00 p. m., cuando se encontraba con su esposa, hombres armados lo obligaron a subir a una camioneta en Guayacaya. Tras conocerse de su secuestro, se preparó una comisión que partió en búsqueda de Jhon Mario, sin embargo, la comunidad confirmó que una hora más tarde el joven fue encontrado asesinado sobre la vía que conduce de Tumaco a Pasto, más específicamente en el corregimiento de Pinde.

La Organización de Resguardos Indígenas del Pueblo Awa del Pacífico, ORIPAP, rechazó el crimen, «sentimientos rabia e impotencia nos embargan al tener que mirar como asesinan de una forma vil y cobarde a nuestros jóvenes indígenas (…) Que sea nuestra Madre Naturaleza quien cobre el derramamiento de sangre de tantos compañeros y hermanos».

Organizaciones indígenas y de DD.HH., también se unieron al dolor de la Comunidad de Jhon Mario y rechazaron el asesinato, que de acuerdo al registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, suma 160 víctimas en la larga lista de líderes y lideresas asesinadas en nuestro país solo en este años y 1275 desde 2016, con la firma del Acuerdo de Paz entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional.

La comunidad también cuestionó la actitud del Gobierno de Iván Duque, pues denuncian que estos asesinatos se dan ante la indiferencia estatal, que ha sido advertida por organizaciones y por Defensoría del Pueblo desde 2018, respecto al riesgo que viven la comunidades Awa por la presencia de grupos armados que quieren hacer control de los cultivos de uso ilícito y causa despojos en la región del pacífico colombiano.

Sistema Integral para la Paz lanza el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos

El lanzamiento de la plataforma tecnológica se llevará a cabo en San Jacinto (Bolívar) el 30 de noviembre a las 11:00 a.m.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, por lo menos 1.026 líderes sociales y 326 excombatientes de las Farc-EP han sido asesinados. 
Para evitar que se repita la tragedia que Colombia vivió durante 60 años y asegurar la oportunidad de hacer justicia, saber qué fue lo que pasó y encontrar a los desaparecidos, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de personas Dadas por Desaparecidas, le presentarán mañana al país el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgos del Sistema Integral para la Paz.

A través de esta herramienta tecnológica pública, que está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, se alertará a la sociedad y las autoridades competentes sobre la posible ocurrencia de violaciones a los derechos a la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad de los sujetos individuales y colectivos que participan en los diferentes procesos desarrollados en territorio por las entidades.

Asegurar la vida de los excombatientes de las Farc, así como de las víctimas del conflicto y los líderes sociales que desde su territorio construyen un mejor país, está en el ADN del Acuerdo Final. Más, cuando un modelo de justicia transicional que se nutre de los aportes genuinos y espontáneos de verdad se ve amenazado si el temor se erige como un obstáculo para el acceso a la justicia y la construcción de la paz.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, 326 excombatientes de las Farc-EP y 1.026 líderes sociales, de los cuales 26% pertenecían a organizaciones que participan en el Sistema Integral para la Paz, han sido asesinados. Las tasas de homicidio contra quienes implementan el Acuerdo han aumentado y siguen siendo altas mientras los nuevos y remanentes grupos violentos luchan por el control territorial, el monopolio de mercados ilícitos y la impunidad.

El lanzamiento, que fue convocado por el Sistema, se llevará a cabo este 30 de noviembre en San Jacinto (Bolívar) a las 11:00 a.m. Además, contará con la participación de líderes sociales de la región de Montes de María, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Verificación de la ONU, Pastoral Social, la Mapp/OEA, el Instituto Kroc, el Instituto Capaz y la Consejería Presidencial para Derechos Humanos, entre otros.

¿QUÉ ES EL MECANISMO UNIFICADO DE MONITOREO DE RIESGO?

Es una herramienta tecnológica que permite visualizar los incidentes de seguridad que afectan a las víctimas, los excombatientes de las Farc-EP y las organizaciones sociales que participan en el Sistema Integral para la Paz. Este mecanismo está a cargo de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

¿CUÁL ES LA POBLACIÓN DE INTERÉS?

Todo el territorio nacional con énfasis en 107 municipios en donde coinciden la priorización de los macro casos de la JEP y los planes regionales de búsqueda de la UBPD. Así como las 369 organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos que se relacionan con las Casas de la Verdad de la CEV y también los 62 municipios del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y 171 Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial. Además, de los 18.630 comparecientes ante la Jurisdicción.

Para la UBPD el Mecanismo Unificado de Monitoreo de Riesgo brinda la posibilidad de identificar, prevenir y mitigar escenarios que pongan en riesgo la vida, libertad e integridad de los y las servidoras y las víctimas, organizaciones, aportantes y terceros participantes en el proceso de búsqueda humanitaria de las personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado.

Adicionalmente, constituye un ejercicio de articulación en materia de prevención y protección con los demás mecanismos del Sistema Integral para la Paz, para brindar garantías de participación a las víctimas en los procesos que adelantan con el Sistema.

¿DE DÓNDE PROVIENE LA INFORMACIÓN?

Del monitoreo diario de 160 medios de comunicación, 372 cuentas de Twitter de organizaciones defensoras de derechos humanos, entidades del Estado y organismos multilaterales interesados en la implementación del Acuerdo de Paz, y las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo.

¿DÓNDE SE PODRÁN CONSULTAR LOS DATOS?

En la página web de la Jurisdicción Especial para la Paz se podrá consultar la plataforma digital, los boletines diarios de monitoreo, reportes periódicos, informes temáticos, así como de riesgo y con fines judiciales para la adopción, implementación y evaluación de medidas cautelares de protección.

"Tiros a la vista": el informe que documenta las agresiones durante el paro nacional contra Iván Duque

Organizaciones exigen al Gobierno que cumpla las recomendaciones de la CIDH.

Un miembro de las fuerzas de seguridad apunta su arma durante una protesta antigubernamental en Bogotá. 30 de abril de 2021 - Luisa González - Reuters

El pasado 28 de abril, Leidy Cadena, una estudiante de Ciencia Política, se manifestaba junto con su novio y amigos en el centro de Bogotá, durante la primera jornada del Paro Nacional contra el Gobierno de Iván Duque que se extendió por semanas, cuando se dio cuenta de que varios agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) se les acercaban.

"Simplemente grité 'ya vámonos' y acto seguido siento mi rostro súper caliente. No veo por ninguno de mis dos ojos, estoy muy angustiada", recuerda Leidy. El rostro le sangraba, gritaba de dolor, pero los agentes jamás la ayudaron.

Donde no intervino el ESMAD,
no se presentaron desórdenes.
Fusagasugá - Cundinamarca.
La joven perdió un ojo en el ataque. Es una de las más de 100 víctimas de las represiones en las que las fuerzas de Seguridad atacaron directamente a los ojos de los manifestantes, una modalidad que ya se había intensificado en Chile durante las protestas de 2019.

Así lo relata el informe "Tiros a la vista: traumas oculares en el marco del Paro Nacional", que este viernes presentaron la organización Temblores y Amnistía Internacional, junto a la Universidad de los Andes, y que denuncia la violencia institucional de las fuerzas represivas de Colombia contra la protesta social.

Leidy considera que fue un acto de violencia basada en género, porque sus demás compañeros salieron ilesos. Desde entonces ha tenido que relatar lo ocurrido en al menos 10 entrevistas, lo que la ha revictimizado. A ello se suman las redes sociales y un ataque con pólvora en la puerta de su casa. Las amenazas la obligaron a dejar el país junto con su madre y su pareja.

"Nos quitaron un ojo, pero seguimos teniendo nuestra voz", advierte la estudiante en un informe que detalla 12 casos de violencia policial que dejaron como resultado traumas oculares irreversibles. Cuatro de ellos ocurrieron en años anteriores y ocho el marco del Paro Nacional de 2021, en las ciudades de Bogotá, Popayán, Florencia, Medellín y Manizales.

"El Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía Internacional analizó más de 300 piezas audiovisuales sobre el actuar desproporcionado y represivo del ESMAD desde el 28 de abril al 20 de octubre, concluyendo que sus agentes violaron de forma generalizada los derechos humanos de los manifestantes, al infligir heridas oculares como consecuencia del uso desproporcionado de armas menos letales", señala.

Reclamos

El reporte advierte que estas historias solamente son una muestra de un patrón más amplio de violaciones de derechos humanos y, en especial, del derecho a la integridad física en el marco de manifestaciones sociales.

"Este patrón no es novedoso y hace parte de una historia de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir protestas sociales de más de 20 años en Colombia", explica un documento que también recuerda que, debido a la gravedad de las denuncias durante el Paro Nacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita de trabajo en junio de 2021.

"En su informe, la CIDH destacó que recibió denuncias sobre uso excesivo de la fuerza con armas potencialmente letales; por ejemplo, mediante el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos, o la utilización del dispositivo lanzagranadas Venom", precisa.

Marcha pacífica durante
el Paro Nacional 2021.
Fusagasugá - Cundinamarca
La información disponible revela que las agresiones directas a los ojos han aumentado. El Sistema de Información de Agresiones Oculares a la Protesta Social (SIAP) de la Campaña Defender la Libertad, registró 12 lesiones oculares en el marco de protestas entre el 10 de octubre y el 22 de noviembre de 2019, lo que implica un ataque cada 3,6 días.

En comparación con estos datos, la plataforma GRITA de Temblores registró que del 28 de abril al 20 de julio de 2021 hubo al menos 103 casos de lesiones oculares, es decir, una cada 0,81 días. Con respecto al perfil de las víctimas, 90 son varones, en su mayoría estudiantes de entre 18 y 22 años.

De las 103 personas agredidas este año, 14 perdieron el ojo y 14 la vista total; nueve sufrieron pérdida parcial y seis más heridas oculares sin pérdida de vista, en tanto que 60 quedaron sin un trauma identificado.


"Ligada a las afectaciones físicas y mentales, las víctimas dan cuenta de las múltiples barreras que enfrentan para el goce efectivo de sus derechos a la salud, a la movilidad, a la educación y al trabajo, entre otros", señala el informe que, además, recomienda a las autoridades nacionales cumplir sin demora las recomendaciones formuladas por la CIDH para asegurar que el uso de medios no letales de control del orden público esté sometido a un protocolo estricto y público para prevenir afectaciones a la integridad y a la salud de manifestantes.

"Asimismo, se insta a las autoridades a cumplir con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de septiembre de 2020, con el fin de garantizar los derechos a la expresión, reunión, protesta pacífica y libertad de prensa", añade al sumarse al llamado de organizaciones sociales nacionales e internacionales para reformar a la Policía Nacional y, en particular, al ESMAD.

Otro socio de Centros Poblados con irregularidades en contrato por $2.507 millones

CGR.- La Contraloría General de la República vinculó a la firma Intec de la Costa SAS, socio de la Unión Temporal Centros Poblados, a un proceso de responsabilidad fiscal por más de $1.337 millones que abrió en el departamento de Sucre por irregularidades en el fallido proyecto de construcción de un puente militar sobre el río San Jorge, en la vereda La Solera del municipio de Caimito, donde está perdido el anticipo de $1.253 millones entregado al contratista (Consorcio Puente San Jorge 2019).


En este caso, Intec de la Costa SAS aparece como integrante del Consorcio Puente San Jorge 2019, con un 80 por ciento de participación.

Dicho Consorcio tiene contrato suscrito con el municipio de Caimito por valor de $2.507 millones para adelantar las obras complementarias del puente y desde hace tiempo se ha denunciado la ocurrencia de varias presuntas irregularidades. La misma administración municipal denunció una supuesta falsedad documental en el acto de conformación de este consorcio.

Precisamente una denuncia que recibió la CGR originó una auditoría adelantada en el municipio de Caimito, sobre el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), que determinó un presunto hallazgo fiscal cuyo traslado dio lugar a la apertura de este proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Gerencia Departamental de la CGR en Sucre.

El hallazgo detectado en tal auditoría tiene que ver con deficiencias en la ejecución del contrato suscrito por el municipio de Caimito con el Consorcio Puente San Jorge 2019, particularmente en la inversión del anticipo de obra.

Al momento de realizarse la auditoría se determinó que no reposaba en la cuenta bancaria que abrió el contratista la totalidad de los recursos del anticipo que debía haber allí, aunque no se había amortizado y no había avance en la ejecución de la obra.

En visita que realizó a la misma un ingeniero civil de la Contraloría a principios 2020, se verificó que se encontraba abandonada sin ejecutar.

Pólizas vencidas y otros líos

Aparte de un mal manejo del anticipo, la Contraloría ha determinado también que las pólizas del contrato suscrito por el Consorcio Puente San Jorge 2019 están vencidas y no se constituyeron correctamente para los riesgos de cumplimiento del mismo y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

El organismo de control encontró igualmente que el secretario de Planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del de interventoría, habría tenido incidencia directa en el vencimiento del plazo del contrato de obra al suscribir un acta de suspensión sin estar facultado para ello, situación que, a su vez, condujo al vencimiento del período de vigencia de los amparos constituidos en la respectiva póliza de seguro de cumplimiento.

Y hay más: la obra inició sin el trámite de los respectivos permisos de ocupación de Ocupación de Cause y permiso de Aprovechamiento Forestal.

Foto de Cesar Viloria del rio San Jorge por Caimito, Sucre.

Y no está soportada la procedencia legal de los materiales de construcción utilizados.

Causa del daño patrimonial

En el proceso de responsabilidad fiscal abierto por la Contraloría en este caso, el supuesto daño patrimonial se deriva de las deficiencias detectadas en la estructuración y ejecución del contrato de obra pública suscrito por el municipio de Caimito (Sucre) con el Consorcio Puente San Jorge 2019.

A esto se suma el perjuicio derivado del incumplimiento del contrato de interventoría que suscribió con el Consorcio Interpuentes 2019, que según la Contraloría claramente desatendió sus obligaciones contractuales y legales, al abstenerse de verificar que el contrato de obra cumpliera con todos los requisitos y condiciones necesarias para su ejecución, además de pasar inadvertidas las deficiencias en las garantías constituidas por el Consorcio Puente San Jorge 2019.

Por otra parte, el contrato de interventoría también posee deficiencias en las pólizas de seguro para los riesgos de cumplimiento del contrato y de buen manejo y correcta inversión del anticipo.

La CGR vinculó a este proceso, como presuntos responsables fiscales, a:

-VÍCTOR MIGUEL RICARDO VEGA, en calidad alcalde del municipio de Caimito (Sucre), para la época de ocurrencia de los hechos investigados.

-KEVIN RICARDO CALY, en calidad de secretario de planeación del municipio de Caimito para la fecha de los hechos investigados, supervisor del contrato de obra pública y del contrato de interventoría.

-INTEC DE LA COSTA S.A.S, como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, contratista ejecutor del contrato de obra pública, Esta vinculación opera con relación a la cuantía de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por el CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 como anticipo.

-DIALCO CONSTRUCCIONES S.A.S., como integrante del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019 -con participación del 20%, contratista ejecutor del contrato de obra.

-WALTER DAVID SÁNCHEZ URZOLA, por su actuar como representante legal del CONSORCIO PUENTE SAN JORGE 2019, ante una supuesta falsedad en la constitución del mismo. Su vinculación se hace con relación a la suma de $1.253.542.637,50, correspondiente al valor percibido por este consorcio como anticipo.

-COVILCO LTDA., integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría

-JAVIER JOSÉ PEREIRA AREIZA, integrante del CONSORCIO INTERPUENTES 2019 -con participación del 50%-, contratista ejecutor del contrato de interventoría.

El proceso de responsabilidad fiscal se abrió por una cuantía inicial estimada de MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTIUN PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($1.337.790.621,50), correspondientes al valor de los pagos realizados a los contratistas de obra y de interventoría.

Lupa a contratos de socios de Centros Poblados

Vale recordar que la Contraloría ha puesto su lupa sobre los contratos que han tenido desde 2014 las firmas que hacen parte de la Unión Temporal Centros Poblados, vinculada al proceso de responsabilidad fiscal abierto por la pérdida de más $70 mil millones que recibió en calidad de anticipo por la ejecución de un contrato que suscribió con el MinTIC para llevar internet a colegios públicos rurales del país.

Aparte de Intec de la Costa SAS, son socios de la UT Centros Poblados otras tres empresas: Omega Buildings Constructora SAS, ICM Ingenieros SAS y Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería Seguridad e Innovación (FUNTICS, ahora Novotic).

Colombia recibirá préstamos por 800 millones de dólares para atender a migrantes venezolanos

El monto económico ha sido destinado a Colombia por ser el país receptor de la mayor cantidad de migrantes venezolanos al estallar las crisis humanitaria.

Colombia recibirá 800 millones de dólares en dos préstamos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo para atender a los emigrantes venezolanos en su proceso de integración social al país, anunció el martes el presidente Iván Duque.


El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó un préstamo por 500 millones de dólares destinado a apoyar la estrategia del Gobierno de Colombia para la integración social y económica de los emigrantes de Venezuela en el país.

Se trata del primer préstamo de políticas de desarrollo del Banco Mundial centrado exclusivamente en la migración transfronteriza, pensado para la integración de la población migrante en condiciones de vulnerabilidad como a las áreas de acogida.

El préstamo será complementado por una contribución de 26,4 millones de dólares del Mecanismo Global de Financiamiento Concesional.

Adicionalmente, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito de 300 millones de dólares para la inclusión social y económica de la población migrante venezolana en Colombia.

"Son 800 millones de dólares de financiamiento de largo plazo, en buena tasa, para el buen desarrollo de una política pública migratoria integral", dijo el presidente Iván Duque en un acto de gobierno.

"Son las primeras operaciones que sobre esta materia adelantan los dos bancos. Y se hacen bajo el esquema de créditos de políticas públicas, que es respaldar el camino trasegado y lo que falta por trasegar", agregó el mandatario.

Escuadrón Antidisturbios seguirá operando en Colombia pese a las denuncias de violaciones a los derechos humanos

actualidad.rt.- Por segunda vez en este año fue archivado un proyecto legislativo que buscaba desmontar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Colombia, señalado de cometer violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales.

Altercados durante una protesta contra el Gobierno de Duque, Bogotá, Colombia, 28 de julio de 2021Nathalia Angarita -Reuters

En esta oportunidad, con siete votos a favor y tres en contra, la Comisión Segunda del Senado colombiano tumbó el proyecto de Ley impulsado por los senadores opositores Iván Cepeda, Antonio Sanguino y Feliciano Valencia. En julio pasado un grupo de parlamentarios había hecho la propuesta ante la Cámara de Representantes de modificar la Policía Nacional y prohibir el uso de algunas armas por parte de los antidisturbios, sin éxito.

En su cuenta de Twitter, el senador del Polo Democrático Alternativo afirmó que aunque en "esta ocasión no se pudo", persistirá. "Al Esmad lo vamos a desmontar", agregó.

Por su parte, Sanguino, aspirante presidencial por el partido Alianza Verde, dijo en un trino que la eliminación del cuerpo antidisturbios, adscrito al Ministerio de Defensa, "tendrá que esperar al nuevo congreso con mayorías democráticas". "Un gobierno y Congreso del cambio en el 2022 debe avanzar en reformas como estas", agregó.


¿Cuál era la propuesta?

En el proyecto de nueve artículos se planteaba desmontar en un plazo de seis meses al Esmad, creado en 1999, y que sus atribuciones las cumpliera la Policía Nacional, que también absorbería a los funcionarios antidisturbios.

Los agentes que tuvieran investigaciones penales o disciplinarias por presuntas violaciones a los derechos humanos no podrían ser incorporados a cargos relacionados con la contención de manifestaciones.

Esta iniciativa legislativa proponía sustituir al Esmad por una 'Unidad Especial de Diálogo y Mediación Policial' que diese "garantía al derecho a la protesta y la dignidad humana, con un enfoque diferencial, al diálogo y la resolución de conflictos", escribió el senador Valencia en un trino.
¿Por qué desmontar al Esmad?

Desde las protestas de 2019 se ha incrementado el clamor entre las voces opositoras en el Senado y las organizaciones nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos para que se revise la acción del Esmad y se desintegre ante las múltiples denuncias de violación de los derechos humanos en las movilizaciones.

Según afirmó Cepeda en su intervención ante la Comisión Segunda del Senado, en las pasadas protestas, que comenzaron en abril de este año, 61 muertes de las 80 registradas por organismos de defensa de los derechos humanos habrían sido responsabilidad de agentes antidisturbios.

"Es evidente que el Esmad tiene serios problemas en su funcionamiento y en su concepción, no basta con reformas superficiales, vemos que hay un comportamiento sistemático", expresó el senador opositor.

El senador colombiano Iván Cepeda en Bogotá,
el 3 de octubre de 2019

Daniel Munoz - AFP
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su visita de trabajo a Colombia, pidió separar a la Policía y al Esmad del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos". Sin embargo, este llamado fue rechazado por el presidente colombiano, Iván Duque, que afirmó en un trino que nadie podía recomendarle a un país "ser tolerante con actos de criminalidad".

En ese contexto, el mandatario anunció a mediados de año la "transformación" policial y "modernización" del Ministerio de Defensa, en medio de peticiones del cese de la violencia policial contra los manifestantes. Esta iniciativa fue criticada en su momento por quienes la tildaron de "cambio cosmético" que no resolvía la raíz del problema causado por la militarización y el "uso excesivo de la fuerza" durante las protestas.

Este no ha sido el primer señalamiento de un organismo internacional a los antidisturbios. En 2020, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) pidió un cambio "urgente" del Esmad, en el contexto de las movilizaciones antigubernamentales de 2019 y de ese año.

Cepeda recordó que además de las recomendaciones internacionales sobre el Esmad hay decisiones de la Justicia que plantean que "existe por una conducta de violaciones a los derechos humanos de manera sistemática contra personas que han participado en movilizaciones de manera pacífica".

En septiembre de 2020, la Corte Suprema dictó un fallo histórico donde ordenaba el Ejecutivo la una reestructuración general del uso de la fuerza o la suspensión del uso las escopetas de calibre 12, que usaba el Esmad para contener las protestas, que habría sido la causante de la muerte del joven Dilan Cruz, emblema de las manifestaciones en Colombia.
Nathali Gómez

Se eleva a 86 el número de masacres registradas en 2021

En la zona actúan los grupos armados Los Puntilleros, el Clan del Golfo y el Frente 1º y 7º del Bloque Sur Oriental de las disidencias de las FARC.
El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) de Colombia informó que este martes fueron asesinadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, en el departamento de Guaviare, ubicado en la región de la Amazonía, al sureste del país.

Por el momento no se conocen las identidades de las víctimas, dice la organización en su cuenta en Twitter.

"Los hechos ocurrieron en las zonas conocidas como Bodega India y vereda Cartucho", detalla Indepaz, señalando que se trata de una zona rural que se encuentra a tres horas al sur de San José del Guaviare, la capital departamental.


Según la Alerta Temprana (AT) 005/19 de la Defensoría del Pueblo de Colombia, en la zona donde ocurrió esta nueva masacre actúan los grupos armados Los Puntilleros, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y el Frente 1º y 7º del Bloque Sur Oriental de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

La presencia de los grupos armados, según el documento, ha significado "un incremento de las restricciones a la movilidad de la población civil y de los casos de reclutamientos forzados, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas".

El asesinato de estas cuatro personas sería la masacre número 86 registrada en 2021 en Colombia, de acuerdo con Indepaz.

Cuenta de Twitter afirma que los indígenas están en "peligro de extinción" y las redes estallan

La controversia surgió tras la publicación de un tuit donde se advertía sobre la violencia de la que son víctimas los pobladores originarios por parte de quienes explotan recursos naturales.

Minga indígena en Bogotá, Colombia, el 21 de octubre de 2020
Legion-Medua - XChepaxBeltranx

Un tuit publicado por una cuenta que difunde información histórica y cultural sobre Colombia ha causado gran rechazo entre sus seguidores, que consideran que se usó un término no apropiado para alertar sobre el peligro que corren los pueblos indígenas en sus comunidades.

"Los indígenas americanos están en peligro de extinción por la violencia de los latifundistas y la minería extractiva", dice el trino de la cuenta Historia de Colombia, que acumula casi 300.000 seguidores en Twitter.

La expresión "peligro de extinción" fue usada por la cuenta para advertir sobre la violencia, expolio y los asesinatos de los miembros de las comunidades originarias por parte de los latifundistas y mineros que quieren apropiarse de sus tierras para explotar recursos naturales.

Los internautas consideran el uso de este término como un acto de racismo y discriminación debido a que es utilizado para referirse a especies animales y vegetales cuya vida se encuentra amenazada por la acción directa de los humanos, la deforestación y el cambio climático.

¿Genocidio o extinción?

La mayoría de las personas coincidió en que "genocidio" podría ser uno de los términos para hablar del asesinato sistemático de los indígenas, que además se han visto afectados por los conflictos entre grupos armados ilegales por el control territorial.

Otro tuitero considera que lo más exacto sería referirse a "extinción física y cultural", que consiste en la "eliminación por completo (genocidio y/o integración con otras culturas, que resulta en su desaparición tanto en términos de lenguaje como costumbres)", según la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA, por sus siglas en inglés).

En Colombia, según la Corte Constitucional, hay 35 pueblos en riesgo, mientras que la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) maneja otra cifra y afirma que son 64, debido a que cada uno de ellos cuenta con menos de 500 miembros.


Hasta ahora la cuenta Historia de Colombia no ha hecho alguna aclaración sobre lo publicado.

Corte Penal Internacional cIerra casos, pero sigue “vigilante”

El fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en Bogotá que su oficina cerrará el caso de supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado en Colombia.

"Colombia está a la altura de sus obligaciones internacionales (...) y me complace decir que me puedo retirar de la etapa de examen preliminar", aseguró Khan, quien puntualizó que esto no quiere decir que la CPI no siga mirando a Colombia, sino que es el comienzo de una "nueva relación" con una "interacción continua".

Defensa del acuerdo de paz

Khan destacó la importancia del acuerdo firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por lo que insistió en que el convenio de cooperación suscrito este jueves con la CPI implica el resguardo de ese pacto de paz.

En ese sentido, hizo énfasis en el compromiso establecido por Bogotá para permitir el adecuado funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la paz (JEP), que se encarga de la justicia transicional en el país.

"El Gobierno y la República acuerda asegurar que la JEP reciba el espacio que necesita para realizar su trabajo y se compromete a asegurar que las demás cortes y todo el sistema judicial reciban los fondos que requieren, y garantizar que no existirá ninguna interferencia política en el proceso", indicó el fiscal.

En su turno, Duque recordó que en el año 2004 la CPI abrió un examen preliminar sobre Colombia para que "se conociera la verdad, se le diera cabida plena a la justicia y también a los principios de reparación y no repetición", por lo que consideró que el cierre de esa etapa constituye un "paso histórico" y un "reconocimiento del esfuerzo" de su país para esclarecer los crímenes.

Examen preliminar

Khan, que sustituyó el pasado junio a la fiscal Fatou Bensouda en La Haya, cerró así el examen preliminar que más tiempo lleva abierto en la CPI, desde el 2004, y que abarca crímenes de guerra desde 2009 y de lesa humanidad, desde 2002, cometidos por el Ejército, la extinta guerrilla de las FARC y grupos paramilitares.
Visita de la Corte Penal Internacional a Colombia y Venezuela

Desde el lunes 25 de octubre hasta el 3 de noviembre de 2021, el Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim A. Khan, realiza una misión de 10 días a América Latina, que incluye visitas oficiales a Colombia y Venezuela. La misión a la región se basa en las que el Fiscal ya ha mantenido, tanto en persona como virtualmente, con múltiples interesados en relación con ambas situaciones.

El fiscal Khan y su delegación mantienen reuniones con diferentes partes interesadas, incluidas reuniones de alto nivel con las autoridades, el poder judicial, representantes del cuerpo diplomático, así como con la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

"Estas visitas reflejan el compromiso del fiscal Khan de aumentar el compromiso directo con la región y de explorar vías de cooperación de acuerdo con el principio”, dijo la CPI.

Colombia afirma estar "totalmente alineada" con la "nueva estrategia" antidrogas de EE.UU.

El presidente colombiano, Iván Duque, afirmó que su política está "totalmente alineada" a la "nueva estrategia" antidrogas anunciada recientemente por EE.UU., que ha significado un cambio discursivo del abordaje tradicional del tema por parte de Washington, y que pide a Bogotá el reforzamiento de la presencia estatal preventiva en las zonas rurales y de los acuerdos de paz.

El presidente de Colombia, Iván Duque, y el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, en Bogotá, Colombia, el 20 de octubre de 2021Luisa Gonzalez-Pool-Reuters

Sin embargo, la solicitud de EE.UU., con la que Colombia muestra su acuerdo total, pareciera chocar con lo que reflejan los medios cuando reseñan hechos de sangre en el país suramericano. Es común encontrarse con declaraciones de grupos de defensa de los derechos humanos, cuyas denuncias suelen tener tres factores en común: la ausencia institucional en las zonas más apartadas y vulnerables donde han ocurrido asesinatos de líderes sociales, de excombatientes y masacres; incumplimiento de lo establecido por el Gobierno en los acuerdos de paz y la respuesta armada del Estado como única vía para resolver el conflicto.

Además del tema del narcotráfico, la Administración de Joe Biden, a través del secretario de Estado, Antony Blinken, que estuvo recientemente en territorio colombiano, se ha referido a la necesidad de "rendición de cuentas" sobre los abusos de los derechos humanos cometidos allí.

Este requerimiento desde la Casa Blanca también pende sobre el Gobierno de Duque, que ha sido señalado por entes internacionales –como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)– de permitir el "uso excesivo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad durante las manifestaciones antigubernamentales de este año, que se saldaron con alrededor de 80 fallecidos, según la ONG Indepaz (la Fiscalía recoge solo 20 muertos).

¿Qué responde Colombia?

El lunes pasado, la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) dio a conocer la nueva "estrategia holística antinarcóticos" entre EE.UU. y Colombia. Tras la publicación de un comunicado donde establecían las tres líneas gruesas del trabajo conjunto, que se centra en la "reducción de la oferta de drogas", la "seguridad y desarrollo rural integral" y la "protección ambiental", el mandatario colombiano afirmó que los abordajes al respecto hechos por Bogotá y Washington estaban "totalmente alineados".

En unas breves declaraciones a los medios, Duque se refirió a la erradicación y sustitución de cultivos y al uso de "mecanismos de precisión donde corresponda", que podría relacionarse con la polémica aspersión con glifosato para erradicar la coca, que en 2020 alcanzó la cifra récord de 245.000 hectáreas sembradas y 1.010 toneladas métricas, según la propia ONDCP.

El mandatario también hizo referencia a la 'Ruta Futuro', una política gubernamental para enfrentar el "problema de las drogas" que va desde el consumo hasta la elaboración y la distribución, y dijo que gracias a esta han tenido "las mayores incautaciones de droga en el país",que superan las 500 toneladas junto con destrucción de laboratorios".

¿Qué es el "enfoque holístico"?

Un policía colombiano en un campo de coca en Tumaco,
departamento de Nariño, Colombia, el 30 de diciembre de 2020
uan BARRETO - AFP
Distintos medios se han referido a un cambio de abordaje de la política antinarcóticos estadounidense en territorio colombiano, casi un año después de que una comisión de la Cámara de Representas catalogara de "fracaso" el 'Plan Colombia', una medida de EE.UU. para controlar la producción y el tráfico de drogas, tras 20 años de acciones infructuosas que le han costado a ese país unos 11.600 millones de dólares.

En esta "nueva estrategia" de la ONDCP, hay un "enfoque holístico que reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental", según la directora interina de Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle.

Sus tres líneas transversales son:

- Reducción de la oferta y la demanda de drogas, a través de la erradicación, destrucción de laboratorios, esfuerzos contra el lavado de dinero y enjuiciamiento de los narcotraficantes.

- Seguridad y desarrollo rural integral, que incluye la implementación del Acuerdo de Paz, inversión en desarrollo rural, seguridad ciudadana y acceso a la justicia, protección de los líderes sociales y ampliar la formalización de la tierra, entre otros.

- Protección ambiental, lo que contempla monitorear y contrarrestar los delitos ambientales que sostienen a los narcotraficantes, "la negación de un santuario para los grupos armados ilegales" y un "sólido elemento de vigilancia y patrulla de seguridad".

Las peticiones de Blinken

Lo planteado por la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas ya había sido delineado la semana pasada por Blinken durante su primera visita como secretario de Estado de EE.UU. a Colombia, país al que Biden considera uno sus aliados más importantes en la región para "hacerle frente" a los "múltiples retos" que "enfrentan" las democracias dentro y fuera del hemisferio.

A grandes rasgos, Blinken se refirió a temas que han estado entre los reclamos de varias organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos, que han afirmado reiteradamente que no han tenido eco en el Gobierno de Duque. Una constante en sus demandas es el cumplimiento de los acuerdos de paz establecidos con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), lo que consideran como piedra angular del actual conflicto entre grupos armados por el control territorial y el recrudecimiento de la violencia en zonas rurales.

Blinken pidió "atacar las raíces del narcotráfico" como "la inequidad, la corrupción, la impunidad" para "invertir en la prevención y la recuperación de quienes están luchando contra la adicción". Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, después de Brasil.

El espinoso tema de los derechos humanos

Para el jefe de las Relaciones Exteriores de EE.UU., el "nuevo enfoque" no solo pasa por mantener la "cooperación y reforzar el cumplimiento de la ley para reducir la violencia", sino en tener "los derechos humanos como núcleo".

Al referirse a "la rendición de cuentas" de los derechos humanos, mencionó las "violaciones y abusos" cometidos durante el conflicto, "en respuesta a las protestas a principios de este año" y contra defensores de los derechos humanos, periodistas y otros líderes sociales.

Sobre los derechos humanos y las protestas ya hubo controversia entre Duque y la CIDH debido a que el mandatario afirmó que "nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad" en correspondencia con los señalamientos del Gobierno que apuntaban hacia deslegitimar las protestas porque en ellas se cometían "actos vandálicos y terroristas" y bloqueos de las vías.

En su diálogo con Blinken, Duque insistió en que su Administración tiene una política de "tolerancia cero" con cualquier tipo de violación y con el "vandalismo, los ataques a la Fuerza Pública y cualquier agresión a la institucionalidad".

A pesar de estas peticiones de Blinken sobre los derechos humanos de los manifestantes durante las movilizaciones, en su oportunidad la respuesta de Washington no fue inmediata, como sucede cuando ocurren protestas en otros países de la región, y fue tildada de tibia por sectores del Congreso que pedían acciones contundentes contra el Gobierno colombiano.
Nathali Gómez

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