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Detalles del censo electoral en Colombia y el exterior para las elecciones presidenciales 2026
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| Foto: Registraduría Nacional |
De los 41.421.973 colombianos habilitados para ejercer su derecho al voto en Colombia y el exterior durante las elecciones presidenciales 2026, 21.298.492 son mujeres y 20.123.481 son hombres, quienes podrán votar en 122.016 mesas, distribuidas en 13.742 puestos de votación.
En Colombia, 40.007.312 ciudadanos (20.521.149 mujeres y 19.486.163 hombres) podrán sufragar en 118.346 mesas de votación, que se instalarán en 13.489 puestos: 6.010 en el área urbana y 7.479 en el área rural.
En el exterior, 1.414.661 personas (777.343 mujeres y 637.318 hombres) están habilitadas para votar en 1.489 mesas de votación hasta el 30 de mayo y en 2.181 mesas el 31 de mayo, distribuidas en 253 puestos de votación de 67 países. Es de recordar que el periodo de votación en el exterior inició el pasado lunes, 25 de mayo, y finaliza el próximo domingo, 31 de mayo.
Los ciudadanos pueden consultar su lugar de votación en el chatbot institucional, en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store , o en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta lugar de votación’ .
A continuación, se detalla el censo electoral por departamento y en el exterior, así como los puestos y mesas de votación para las elecciones presidenciales de 2026:
Judicatura respaldó el mensaje de Urgencia del Gobierno nacional para que el Congreso apruebe la Jurisdicción Agraria
El pasado 4 de mayo, los ministros de Agricultura y Justicia radicaron mensaje de insistencia para que avance la discusión del proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural.
El Consejo Superior de la Judicatura se unió al llamado de insistencia que formuló el Gobierno de las Oportunidades para que el Congreso de la República apruebe, antes de que termine la actual legislatura el 20 de junio, el proyecto de ley ordinaria de Jurisdicción Agraria.
La semana pasada los ministros de Agricultura, Martha Carvajalino, y de Justicia, Jorge Iván Cuervo, radicaron su insistencia al mensaje de Urgencia que fue radicado en octubre de 2024, para la aprobación del proyecto de ley.
Ahora la Judicatura, durante el Primer Encuentro de la Jurisdicción Agraria y Rural que se realizó en Villa de Leyva (Boyacá), se sumó a la petición del Gobierno del presidente Petro.
“Aquí se está discutiendo competencia material, delimitación del litigio, articulación con otras jurisdicciones, procedimientos, criterios de análisis y método judicial. En otras palabras, se discute cómo una jurisdicción deja de ser diseño normativo y empieza a convertirse en práctica institucional efectiva”, explicó la magistrada Mary Lucero Novoa, presidenta de la corporación.
La magistrada Claudia Expósito, vicepresidenta del alto tribunal y coordinadora de los asuntos de la Jurisdicción Agraria y Rural, aseguró que se avanza en el diseño de un mapa judicial que responda a las necesidades de los territorios.
“La justicia agraria requiere entender que las necesidades de justicia varían entre territorios y exigen incorporar enfoques territoriales y diferenciales”, sostuvo.
En el evento participó la ministra Carvajalino, quien manifestó que, si el Congreso de la República no aprueba la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria y Rural, el Gobierno nacional volverá a presentarla el 20 de julio de 2026.
“Los campesinos no solo tienen derecho a la tierra. También tienen derecho a las semillas, al agua, a permanecer en sus territorios y a proteger su identidad cultural, política y económica. De ahí la importancia de tener esta ley”, dijo la ministra de Agricultura.
En qué va el proyecto
El proyecto de Jurisdicción Agraria y Rural fue presentado por el Gobierno en agosto de 2024, y en octubre de ese año fue radicado el mensaje de Urgencia. Antes de terminar ese año fue aprobado en primer debate en comisiones conjuntas.
Pero desde entonces no han surtido nuevas discusiones en plenarias de Cámara y Senado.
La iniciativa busca cumplir la meta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016 de formalizar siete millones de hectáreas de tierras y la redistribución de otros tres millones de hectáreas.
La Jurisdicción Agraria y Rural es una pieza vital para la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral, pilares del Gobierno de las Oportunidades para la implementación del Acuerdo de Paz.
‘La Asamblea Constituyente no será una guerra, sino un espacio para el acuerdo nacional’: presidente Petro
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| Foto: archivo, Andrea Puentes - Presidencia |
El presidente Gustavo Petro indicó que durante su Gobierno se han tomado decisiones en defensa de los derechos y que esto ha redundado en el bienestar de los colombianos.
Este domingo 3 de mayo el jefe de Estado salió en defensa de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, afirmó que es legítimo que el pueblo firme y haga la respectiva solicitud al Congreso, pero a la vez indicó que ese mecanismo es el camino ideal para constituir un acuerdo nacional que permita hacer las transformaciones profundas que requiere el Estado colombiano.
“La Asamblea Nacional (Constituyente) no será una guerra, sino un espacio para el acuerdo nacional que nos permita convivir en paz, nos permita el progreso de Colombia y abra las oportunidades de vivir bien a todo el pueblo de Colombia. La Asamblea Nacional Constituyente no será una amenaza para nadie, sino para garantizar los derechos que ya ordenó la Constitución de 1991”, escribió el mandatario en su cuenta de X.
En ese contexto, el presidente Petro destacó que “el acuerdo nacional no es hacer más de lo mismo, que no sirve, es para transformar a Colombia por la senda de la justicia social, la democracia y el bienestar general”.
Asimismo, resaltó que durante su Gobierno se han tomado decisiones en defensa de los derechos y que esto ha redundado en el bienestar de los colombianos.
“Ya les demostré que aplicar derechos no acaba el empleo ni decrece el país ni estalla la inflación ni se empobrecen los ricos; les demostré que en un gobierno progresista se enriquecen los ricos, pero proporcionalmente más los pobres”, subrayó el jefe de Estado.
En su mensaje publicado en X, el presidente recordó que durante su Gobierno intentó hacer un acuerdo nacional convocando a todos los sectores, incluidos los empresarios más poderosos.
“En mi Gobierno reuní personalmente a los empresarios más poderosos del país y les propuse un acuerdo por el trabajo, el progreso y la vida, pero creyeron que un acuerdo era que el gobierno traicionara el programa por el que fue elegido por el pueblo y se arrodillara a sus propios programas, en favor de ellos mismos. Los ministros representantes de estas personas en mi gobierno traicionaron el programa y tuvieron que salir para hacer oposición”, aseveró.
Fuerzas cavernarias bloquearon las reformas: presidente Petro
En la misma línea, el mandatario dijo que “el actual presidente de Colombia quiere que el pueblo se exprese como poder constituyente” y agregó: “Es legítimo que el pueblo, y será el pueblo si firma, el que solicite al Congreso la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente”.
Además, reiteró que el pueblo es soberano y que ese principio no lo puede olvidar ningún funcionario público, cualquiera que sea su jerarquía, ni ningún dirigente político de izquierda o de derecha.
A renglón seguido, el mandatario dio a conocer las razones por las cuales está convencido de que la Asamblea Nacional Constituyente se requiere actualmente en el país, especialmente para erradicar la corrupción.
“Porque las fuerzas cavernarias presentes en las instituciones constituidas bloquearon las reformas que garantizaban los derechos de las personas y que ordenaba como derechos fundamentales individuales y sociales la Constitución de 1991. Estás fuerzas cavernarias están metidas hasta los tuétanos en la corrupción y venden fallos judiciales, votaciones en la ley o expiden contratos públicos en beneficio de los grupos de especuladores poderosos, incluidos narcos”, escribió.
El presidente añadió que esas fuerzas cavernarias quieren impedir el Estado social de derecho que ordena la Constitución de 1991.
“También buscan mantener un sistema de privilegios privados que son vistos como derechos hereditarios que nos hacen una de las sociedades con menos oportunidades para la mayoría de la gente”, indicó.
Igualmente, fue enfático al decir que con el mecanismo de la Constituyente no se busca derogar ni cambiar la Constitución de 1991.
Reiteró que en su propuesta solo se añadirán dos capítulos, incluido el de los actos legislativos que no ha hecho el Congreso en 34 años de vida de la Constitución.
En referencia a los nuevos capítulos, el jefe de Estado explicó: “Los de las garantías reales, cotidianas y de vigencia inmediata de los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la pensión, a servicios públicos pagaderos según sus costos, el derecho al agua potable y la nutrición correcta”.
“Se mantendrá por fuera de los cambios la composición del Congreso que eligió el pueblo y la actual Corte Constitucional”, recalcó.
Por último, el presidente Petro manifestó que debe ser el pueblo, con su firma, el que decidirá si solicita la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con estos propósitos.
Gobierno anunció que aumentan medidas de protección para candidatos de cara a elecciones presidenciales del 31 de mayo
En trabajo conjunto entre el Gobierno y las autoridades se busca mejorar las condiciones de seguridad de los candidatos a la presidencia.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, informó que el Gobierno nacional intensificó las acciones orientadas a garantizar la seguridad, transparencia y equidad en la contienda electoral, luego de una reunión del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE).
“Acabamos de terminar el decimosexto CORMPE, donde se han tomado nuevas medidas de seguridad para los candidatos presidenciales y sus fórmulas vicepresidenciales. Hoy ellos cuentan con esquemas robustos, compuestos hasta por 30 efectivos de la Fuerza Pública y vehículos”, recalcó el ministro.
En este sentido, expresó que, ante las amenazas que los candidatos presidenciales han denunciado ante la Fiscalía, las redes sociales y los medios de comunicación, se seguirá aumentando el pie de fuerza para cada uno de los esquemas y se dispondrá de seguridad en cada una de las sedes.
Durante la sesión, las autoridades realizaron una revisión detallada de los riesgos asociados a cada campaña con el propósito de ajustar y fortalecer las medidas de protección según las necesidades identificadas.
Además, el jefe de la cartera destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir riesgos y proteger a los actores políticos, en un momento decisivo para la democracia del país.
El encuentro contó con la participación de la Unidad Nacional de Protección (UNP), de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio de Defensa, entidades que trabajan de manera conjunta para garantizar condiciones de seguridad en todo el territorio nacional.
Finalmente, el ministro Benedetti reiteró su compromiso con la realización de unas elecciones seguras, transparentes y con plenas garantías para todos los ciudadanos y las candidaturas.
Normas de obligatorio cumplimiento para proteger datos personales en época electoral
La protección de los datos personales con fines políticos o electorales es un derecho fundamental de obligatorio cumplimiento, estableció la SIC.
A través de la Circular Externa No. 002 de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), en su calidad de Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, impartió instrucciones a partidos y movimientos políticos, candidatas y candidatos, campañas, empresas de marketing electoral y demás sujetos obligados, relacionadas con el debido tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales, la garantía de los derechos fundamentales y el cumplimiento de la ley de protección de datos personales en el contexto electoral.
Las instrucciones impartidas por la entidad para el tratamiento de datos durante esta temporada electoral son:
1- Cumplimiento integral del régimen de protección de datos personales. Los actores políticos deben aplicar los principios, derechos y obligaciones establecidos en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1074 de 2015, adoptando medidas técnicas, organizacionales y administrativas acordes con los riesgos asociados al tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales.
2- Autorización previa e informada. El tratamiento de datos personales con fines políticos o electorales debe contar con la autorización previa e informada del titular.
3- Acceso a la Política de Tratamiento. Los canales usados para la recolección de información personal —físicos o digitales— deben incluir la Política de Tratamiento de Datos Personales, avisos de privacidad y mecanismos de autorización.
4- Prohibición de recolectar datos sin autorización a través de herramientas digitales. Los actores políticos deben abstenerse de recolectar, incorporar en una base de datos o analizar datos personales a través de cualquier medio, si no cuentan con la autorización previa e informada de su titular.
5- Restricción de grupos y listas. No está permitido agregar a una persona a grupos de mensajería instantánea, listas de distribución o envíos masivos sin su consentimiento previo e informado.
6- Finalidades legítimas. El uso de los datos personales debe limitarse a fines constitucionalmente legítimos y claros.
7- Prohibición de tratar datos sensibles sin autorización expresa. Está prohibido elaborar perfiles basados en la orientación política, sin contar con la autorización previa, explícita e informada del titular, dado el riesgo de discriminación y manipulación.
8- Transparencia en los criterios de segmentación y uso de IA. Los responsables del tratamiento de datos personales deben informar, a petición de los titulares y de forma proactiva, cómo se realizó el tratamiento de sus datos para la entrega de mensajes con contenido político o electoral y, si es del caso, los criterios de segmentación empleados, la fuente de los datos y el uso de inteligencia artificial.
9- Garantías para el ejercicio de derechos. Los mecanismos para conocer, actualizar, rectificar o suprimir datos personales deben ser ágiles, permanentes y tan sencillos como los usados para recolectar la información.
10- Comunicaciones dirigidas solo a miembros y afiliados. Los partidos y movimientos políticos pueden realizar el tratamiento de los datos personales de sus afiliados, miembros y/o seguidores con el fin de mantener comunicación activa con ellos. Estos datos personales no podrán ser suministrados a terceros, sin autorización previa de su titular.
La SIC reiteró que con esta Circular reafirma su compromiso con la garantía de los derechos fundamentales como elemento esencial del sistema democrático de gobierno y su voluntad de contribuir al respeto de las reglas del sistema electoral establecido en la Constitución política.
El 8 de enero finaliza la inscripción de ciudadanos para votar en las elecciones de Congreso de 2026
La Registraduría Nacional del Estado Civil recuerda que, de acuerdo con lo establecido en el calendario electoral para las elecciones de Congreso de la República de 2026, el próximo jueves, 8 de enero, finaliza el plazo de inscripción de ciudadanos para votar en los comicios legislativos.
Es de recordar que únicamente deben realizar el trámite de inscripción aquellos ciudadanos que cambiaron su lugar de residencia o que hayan regresado al país de forma permanente y los ciudadanos a quienes les fue expedida su cédula de ciudadanía antes de 1988 y aún no están en el censo electoral.
También es importante aclarar que quienes se inscriban hasta el 8 de enero de 2026 podrán votar en las elecciones de Congreso y presidente, y aquellos que se inscriban después del 8 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026 podrán ejercer su derecho al voto en las elecciones presidenciales.
A continuación, se detallan las alternativas que tienen los colombianos residentes en el país y el exterior para realizar el trámite de cambio de puesto de votación
Inscripción de ciudadanos en Colombia
Sedes de la Registraduría Nacional en todo el país. Consulte las sedes aquí
Puntos de inscripción de ciudadanos ciudadanos ubicados en lugares estratégicos de ciudades capitales e intermedias del país como centros comerciales y sitios con alta afluencia de público. Consulte los puntos aquí
Campañas móviles de inscripción de ciudadanos en sitios clave como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todos los departamentos del país. Consulte las campañas aquí
Inscripción de colombianos en el exterior
Virtual: plataforma habilitada por la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://inscribeteonline2026.registraduria.gov.co/ (funcional únicamente fuera del país).
Presencial: consulados de Colombia en el exterior.
Con inscripción de comité promotor, se activa el camino hacia una Asamblea Nacional Constituyente, que apoya el Gobierno
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| Con la inscripción del Comité Promotor de ciudadanos, comienza el proceso oficial de recolección de firmas para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. |
“Se ha inscrito el comité ciudadano por la Asamblea Nacional Constituyente en la Registraduría Nacional". Así lo resaltó el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de X, en la que aseguró que “el pueblo no se debe dejar quitar su poder de transformar a Colombia y progresar".
Con este paso del Comité Promotor se consolidó el llamado que, desde hace meses, ha hecho el presidente Gustavo Petro, cuando invitó a los colombianos a ejercer su poder constitucional para acabar con el bloqueo institucional que padece el país.
Por su parte, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien, a nombre del Gobierno, acompañó la radicación del Comité Promotor para Convocatoria a la Asamblea Constituyente en Colombia en la Registraduría Nacional del Estado Civil, aseguró que “a partir de hoy, con la radicación de esta iniciativa y con la inscripción de este comité de 9 personas arranca el proceso de recolección de firmas para que el poder constituyente de los colombianos y colombianas se exprese con legitimidad, con nitidez y con la fuerza que requiere un cambio constitucional en Colombia".
La propuesta de convocatoria abre el proceso de recolección de firmas para radicar el proyecto de ley en el Congreso de la República que sea elegido en marzo de 2026.
El Comité Promotor está conformado por Armando Custodio Wouriyú Valbuena, Carlos Alfonso Rosero, Carlos Arturo García, Marulanda, Over Dorado Cardona, Javier Eduardo García Felizzola, José Luis Silva Maestre, Lian Ghelly Herrera Montealegre, Yesenia Moreno Rodríguez y Luis Alfredo Grimaldo Mejía.
En este sentido, Armando Custodio Wouriyú Valbuena, vocero del Comité Promotor, aseguró que llegaron a la Registraduría a radicar “el primer proceso de Asamblea Constituyente para convocar a más de 3 millones de personas que firmen el proyecto de ley que va a ser radicado el 20 de julio de 2026, para iniciar una etapa contemporánea de la República y contribuir a la paz y al restablecimiento de una economía en el proceso de descentralización de los territorios".
El líder indígena dijo además que es necesario reconocer los derechos de “15 millones de personas campesinas, de millones de obreros, de cinco millones de personas negras, de dos millones y medio de indígenas de 15 pueblos, de un millón de personas en el exilio. Somos 9 millones de personas víctimas y es necesario iniciar este proceso de constituyente primario y establecer un avance significativo que no se ha logrado superar con las Constitución del 91".
Comentó que hay que “avanzar y consolidar las leyes, avanzar en estos procesos que obstaculizan, como ha sucedido en el momento actual con el parlamento. Necesitamos rebasar eso, legitimar más al pueblo y hacer mucho más presencia, porque haya una economía que salga de esa minoría".
De hecho, en el documento de radicación del Comité Promotor se indicó que la convocatoria a la Asamblea Constituyente “se fundamenta en la necesidad de reformas estructurales en salud, educación, trabajo y economía".
Se indicó además que “la tarea de un estado de bienestar está inconclusa, porque el Estado ha sido permeado por la corrupción, el narcotráfico y la violencia, ante el incumplimiento sistemático del Estado Social de Derecho y la violación constante de los Derechos Humanos", por lo que consideraron: “Se hace imprescindible un nuevo proceso constituyente".
“Esta iniciativa busca reparar los vacíos en el desarrollo rural y social, garantizando finalmente los derechos fundamentales que la estructura actual no ha logrado proteger", anotó la sustentación.
En materia de fundamentación, la solicitud de inscripción estableció que se soporta en “los artículos 374 y 376 de la Constitución Política de Colombia, así como lo preceptuado en las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015, los cuales regulan los mecanismos de reforma constitucional y la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente".
Respaldo del Gobierno del Cambio
Luego de acompañar la radicación, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, explicó que el proyecto de ley será radicado el próximo 20 de julio, cuando asume el nuevo Congreso de la República que será elegido el 8 de marzo del año entrante.
“Con este Congreso no, porque se ha caracterizado por oponerse a las iniciativas de reformas sociales y ha generado una suerte de bloqueo institucional que ha impedido que las principales reformas que el pueblo colombiano votó cuando eligió al presidente Gustavo Petro, pudiesen tramitarse", explicó el funcionario.
Mientras, es decir desde ahora y hasta el 20 de julio, los promotores y con el acompañamiento de Gobierno, adelantarán una campaña pedagógica y de recolección de firmas.
“Tiene que ser una campaña, porque hay que recoger por lo menos tres millones de firmas, aunque el presidente Petro ha dicho que diez millones de firmas, para inscribir ante la Registraduría", añadió el ministro.
El jefe de la cartera laboral sostuvo que el objeto de convocar la Asamblea Constituyente es para “hacer realidad el Estado Social de Derecho".
“Desde el Gobierno estaremos acompañando este proceso y desde luego estimulándolo, porque nos parece que las reformas sociales no pueden quedarse a mitad de camino, y otras que son necesarias sean realidad. Si el Congreso se muestra incapaz para hacerlo, como ha quedado nuevamente en evidencia, pues le corresponde al pueblo y al poder constituyente garantizar esos cambios y esas reformas que, además, fueron prometidas en la Constitución de 1991 que no se han hecho realidad. Esta constituyente es para hacer realidad el Estado Social de Derecho que nos dejó como legado la Constitución del 91", afirmó.
En el temario que se radicará el 20 de julio se incluirán las reformas sociales que no han sido aprobadas en este Legislativo, como la reforma a la salud, a la justicia, política y otras que serán definidas próximamente, concluyó el ministro Sanguino.
Alza del salario mínimo de 2026 tendrá en cuenta canasta vital de una familia
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| Alocución presidencial en la que el mandatario habló de avances en derechos laborales. |
Así lo afirmó el presidente de la República, Gustavo Petro durante una alocución de este 23 de diciembre y en la que dijo que el Gobierno tendrá en cuenta el salario vital familiar para el aumento que regirá en 2026.
Por primera vez se decretará el salario con base en la canasta mínima vital, según lo expresado por el Presidente. “Salario vital, ese concepto lo ponemos en el decreto, es lo que buscamos.
Según la OIT, que es un tratado para Colombia, un nivel salarial necesario para proporcionar un nivel de vida digno a los trabajadores y sus familias".
Entre 2019 y 2022, en el gobierno de Iván Duque, el salario mínimo real cayó 1,4 %, mientras que de 2023 a 2025, ya en el Gobierno del presidente Petro subió 17,7 %, es decir, una notoria recuperación del ingreso para millones de trabajadores.
“Ha subido y va a subir más. Este es el cambio y quiere decir que hay más riqueza para el pueblo trabajador de Colombia porque ese 17,7 % también es cerca de cuatro veces lo que subió entre 2015 y 2018 cuando tuvo un aumento de 4,7 %".
En 2022 el mínimo estaba en un millón de pesos, monto que subió a 1.160.000 pesos en 2023 cuando se acordó un incremento de 16 %. Después se decretó otra alza de 12,07 %, que lo puso en 1.300.000 pesos y que rigió en 2024. Para 2025 el salario quedó en 1.423.500 pesos, luego de que se decretara un aumento de 9,54 %.
Con el Gobierno del Cambio, las negociaciones salariales están inclinándose hacia los intereses de los trabajadores, luego de décadas en las que estuvieron dominadas por acuerdos entre élites políticas y económicas.
La expectativa de incremento del salario mínimo de 2025 está en que se mantengan los rangos de los últimos años, que han significado un avance importante en los ingresos y el nivel de vida de 2,2 millones de trabajadores.
Para el Presidente Petro, este año se decidirá sobre el salario vital, que es un cambio fundamentado en los acuerdos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Constitución colombiana y las leyes.
Gobierno defiende en la Cámara la Jurisdicción Agraria: 'Es la mayor promesa de justicia para el campesinado en 100 años'
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| Foto: Ministerio de Agricultura |
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, explicó este jueves ante la Cámara de Representantes la propuesta del Gobierno del Cambio que busca consolidar una justicia agraria robusta y que atienda los propósitos del régimen agrario colombiano.
A 89 días y 38 sesiones para discutir la jurisdicción agraria en su último paso, la ministra Carvajalino atendió la solicitud que hicieron representantes a la Cámara para hablar sobre el acuerdo del artículo 9 de este proyecto de ley, que ya logró consensos en los debates de las comisiones primeras de Cámara y Senado.
La jurisdicción agraria resolverá los conflictos sobre el uso y la tenencia de la tierra, sobre posesión de predios, servidumbres, ocupaciones de hecho, contratos agrarios, recursos comunales, y actuaciones de la Agencia Nacional de Tierras.
La ministra Carvajalino también hizo un llamado a que se logre, en el marco de las diferencias, encontrar los acuerdos que permitan construir esta justicia, y reiteró la necesidad no negarle a campesinos y campesinas de Colombia, así como a productores grandes, pequeños y medianos, y a quienes trabajan el campo colombiano, la posibilidad de tener justicia.
En la Cámara de Representantes avanzan reformas a los Consejos de Juventud.
En su primer debate, la Cámara de Representantes aprobó la reforma a los Consejos de Juventud con miras a fortalecerlos en su ejercicio político, dotándolos de mecanismos que los hagan más atractivos para los jóvenes, con real autonomía y con un carácter decisorio más que consultivo, en las decisiones trascendentales para sus comunidades.
Esta iniciativa llegó en un momento clave, después de diez años de intentos fallidos por reformar el estatuto y tras unas elecciones marcadas por la baja participación.
En los pasados comicios para elegir los nuevos Consejos de Juventud, la participación alcanzó apenas el 12,5% de los 12 millones de jóvenes habilitados para votar y solo 1 millón 500 mil acudió a las urnas.
Para el representante, Gabriel Becerra, uno de los coordinadores ponentes del proyecto, existe un cansancio por parte de los miembros de los consejos, al no tener una incidencia real en las decisiones políticas. Asimismo, señaló la importancia de crear las Oficinas de la Juventud donde se puedan delinear políticas para esta población y dialogar con instancias de primer nivel como las gobernaciones y alcaldías.
Para el congresista, Duvalier Sánchez, resulta impensable concebir una democracia sin la participación activa de la juventud. En Colombia, los jóvenes representan 12 millones de personas, equivalentes al 25% de la población. Uno de cada cuatro colombianos es joven, y aún persiste una deuda pendiente con ellos en el marco de este estatuto.
Según explicó, la iniciativa busca que los incentivos sean más claros y que los Consejos de Juventud puedan ejercer una verdadera vocería política. Además, pretende que los jóvenes aborden temas clave como la salud mental, la educación de calidad y la seguridad, como también que se elimine la práctica de tener que esperar “hasta cuando el alcalde los quiera posesionar”.
Para la representante, Astrid Sánchez, la problemática de los jóvenes es evidente. Durante las audiencias públicas realizadas antes de las elecciones, muchos relataron cómo se retiraron de los consejos debido a la falta de apoyo por parte de algunas alcaldías y a la ausencia de recursos para asistir a las reuniones.
Por su parte, la representante, Marelén Castillo, advirtió sobre la necesidad de blindar los Consejos de Juventud, con el fin de evitar su instrumentalización a través de prácticas clientelistas, como ofrecer calificaciones académicas, dinero u otros beneficios a cambio de apoyo político.
De esta manera, la Comisión Primera, abrió el camino para que se construya una nueva historia para los jóvenes de nuestro país, logrando que su voz y su voto dejen huella.
Fuente: Helen García – Periodista Oficina de Información y Prensa Cámara
Presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en la consulta del Pacto Histórico
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| El presidente Gustavo Petro ejerció su derecho al voto en el colegio Marco Antonio Carreño Silva, en la localidad de Puente Aranda. |
A las 11:30 de la mañana de este domingo arribó al colegio Marco Antonio Carreño Silva, en la localidad de Puente Aranda, el presidente Gustavo Petro Urrego para ejercer su derecho al voto en la consulta interna del partido Pacto Histórico.
El mandatario llegó acompañado de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, y el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Antonio Sanguino.
El mandatario llegó vestido con traje informal, buso rojo, camisa a cuadros, bluyín y zapatos color marrón.
Antes de ingresar al puesto de votación, cientos, quizás miles, de ciudadanos lo recibieron con consignas como “Petro amigo, el pueblo está contigo”. El mandatario respondió con saludos de mano a algunas personas.
Luego ingresó al colegio, saludó a los jurados de votación, recibió los tarjetones y se dirigió al cubículo para marcar su decisión.
La presencia del jefe de Estado en el recinto de votación duró siete minutos. No hubo declaraciones.
El mandatario se dirigió a la Casa de Nariño, en donde tiene previstos varios reuniones privadas de Gobierno antes de comenzar su viaje a la ciudad de Riad, capital de Arabia Saudita, para una visita oficial de Estado.
Comité Social impulsará la Constituyente
Al dirigirse a los colombianos y colombianas, el jefe de Estado aseguró que el motivo de la Marcha por la paz, la soberanía y la democracia, que se realizó en la Plaza de Bolívar de Bogotá, era convocar “a toda Colombia, al poder constituyente, no para hacer articulitos a favor de mí. No seré presidente y estaré en algún lugar”.
“Queremos recoger dos millones y medio de firmas y volverlas 10 millones. Queremos que se instale ya un comité social, no de políticos, no del Gobierno, sino de fuerzas sociales de la ciudadanía que encabece la campaña de la recolección de firmas en toda Colombia y que haga el proyecto de ley que se presentará al nuevo Congreso el 20 de julio (de 2026) para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia”, reiteró.
Explicó que no se trata de largos periodos de discusión en un Congreso “que no quiere hacer las reformas de la sociedad y que nos extorsiona a cambio del voto”, sino que “tiene que ser a partir de la decisión directa del pueblo”.
“Tres meses, y no para reformar toda la Constitución, no es necesario, sino para aprobar las normas constitucionales que permitan los derechos y la justicia social en Colombia”, anotó.
Aclaró que cuando se instale la Asamblea ya no será presidente de Colombia, pero “lo que queremos es que sea el mandato popular el que ya le diga a ese nuevo presidente o presidenta y al nuevo Congreso que la decisión del pueblo es acudir a las urnas para elegir sus constituyentes, que hagan y se dediquen exclusivamente a aprobar las reformas del pueblo, que satisfagan las necesidades más centrales y fundamentales de la sociedad colombiana”.
“Mientras esté vivo y esté la decisión del pueblo, estaremos juntos para que esa decisión se vuelva realidad en Colombia, sea parte de la historia de Colombia”, dijo al invitar a los colombianos a que “sean los pasos definitivos a una nueva época, una época de vida en Colombia y no de muerte, una época nueva en donde lo que podamos construir sea la paz y la democracia”.
“Poder constituyente, entonces, un Comité Nacional de fuerzas sociales que organice la recolección de firmas, voluntarios y voluntarias, para poner los puestos donde la población camine, donde la población esté para recoger el número de firmas que se necesita multiplicado por dos o multiplicado por cuatro”, insistió.
Comentó que espera que tanto las firmas como el proyecto de ley, que contenga todas las reformas que el país requiere, estén listas para radicarlas en el nuevo legislativo “cuando el presidente actual de Colombia vaya a dar su último discurso en el nuevo Congreso que se inauguraría en ese momento y a unos días de ser reemplazado por la persona que el pueblo haya decidido me reemplace como presidente de Colombia”.
“Ese día, yo mismo, con ese comité social, entregaré al Congreso de Colombia las firmas, la ley que debe por obligación ser discutida y que convoca a toda Colombia a la Asamblea Nacional Constituyente”, aseguró.
Manifestó que como un ciudadano corriente acudirá a las calles, las plazas, las veredas para que los colombianos voten por sus constituyentes para hacer “las reformas democráticas del pueblo y no de la oligarquía, las reformas democráticas de la vida y no de la muerte, las reformas democráticas de la justicia y no de la tiranía. No más tiranos en Colombia”.
“Llegó el momento del pueblo, llegó el momento de las revoluciones y son de multitudes y son pacíficas”, concluyó.
Gobierno presentó proyecto de ley que convoca a Asamblea Nacional Constituyente
Así lo anunció desde Shanghái (China), el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien aseguró que en el texto de la iniciativa se propone que esta Asamblea sea constituida por 71 delegatarios, integrada paritariamente por hombres y mujeres, con espacio para sectores que se proyectan de manera diferente a las clasificaciones binarias sobre el género, propias de la tradición filosófica de occidente.
“Con este proyecto queremos iniciar las bases para que el pueblo empiece a deliberar sobre su futuro. Es el ciudadano, como lo hicieron los griegos que inventaron en la polis de Atenas la democracia, quien debe decidir su propio destino", dijo el ministro.
A su vez, manifestó que el texto se pondrá a consideración de los sectores sociales, con el propósito de “construir sobre él las bases de la transformación que requiere Colombia. A través de la confrontación de argumentos y no de la violencia que los señores de la guerra nos quieren imponer, pensaremos un nuevo país. La Constituyente será el espacio para impulsar todo el programa social que 'la caverna' no ha dejado desarrollar al primer gobierno de izquierda de nuestra historia".
En este sentido, el presidente Petro desde su cuenta de X aseguró que “el borrador que hace el ministro de Justicia será corregido por las organizaciones sociales que configuren el comité pro constituyente que recogerá las firmas".
“El texto se presentará al congreso, como ordena la constitución, y será de iniciativa popular. Cualquier ciudadano(a), como el ministro de Justicia, podrá hacer sus propuestas y estarán subordinadas a la decisión final del comité ciudadano", anotó.
El ministro, por su parte, dijo que con este texto “daremos comienzo a un proceso constituyente que transforme el país y le brinde nuevas instituciones que respondan a las necesidades del siglo XXI. Algunas del 91 se volvieron obsoletas. Otras son utilizadas por sectores profundamente retardatarios para destruir las conquistas sociales. Esto debe cambiar".
El titular de la cartera se sumó a la invitación que hizo el presidente a los colombianos a la gran marcha para construir la nueva Constitución del Cambio, con el fin de “derrotar el bloqueo institucional que impide el progreso".
El proyecto
La iniciativa para la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente consta de 11 artículos.
El proyecto de ley “dispone que el pueblo colombiano en votación popular decida si convoca a una Asamblea Constituyente", y plantea en su artículo 3 la reforma total de la Constitución de 1991 y aclara que “no revocará al Congreso y tendrá como límites los compromisos previos en materia de tratados internacionales sobre derechos humanos, las normas del Ius Cogens (concepto del derecho internacional referente a normas imperativas y obligatorias que no pueden ser derogadas por acuerdos entre Estados), la prohibición de retroceso en materia de derechos fundamentales, así como el respeto al principio de no regresividad en derechos sociales".
En su artículo 4 determina que “la Asamblea Constituyente sesionará durante 3 meses, contados desde su instalación, la cual ocurrirá 30 días calendario después de la declaración de la elección de sus delegatarios por parte del Consejo Nacional Electoral".
Consulte el texto de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente aquí.
Presidente Petro anunció que, para proteger precios, no habrá monopolio en importación del gas natural
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| El presidente Gustavo Petro cuestionó el monopolio en la importación de gas natural. |
Así lo reveló el mandatario a través de su cuenta personal de X, donde dijo que esta decisión se basa en lo que establece la Constitución Nacional, por lo que aseguró: “Habrá gas importado por Ecopetrol más barato que el que importaban antes y en competencia".
El jefe de Estado recordó que la “importación de gas natural ha existido hace años y desde anteriores gobiernos", y denunció que “solo hay un punto privado a donde llevan el gas importado y el dueño es el dueño de un diario".
“Creo que han cobrado por ese gas, más que el precio internacional del momento, cómo sucede en todo monopolio privado", dijo al reiterar que “los monopolios privados se prohibieron hace años en la constitución".
Recordó que “el precio de ese gas ha determinado tarifas de energía eléctrica por la fórmula saqueadora que estableció la CREG hace años, remedando el feudalismo en el mercado de la generación eléctrica colombiana y así le han cobrado la energía a todas las empresas y a todos los hogares colombianos".
“Cambié la fórmula de la CREG para bajar todas las tarifas eléctricas, pero solo operará en 2027; si es que no eligen un amigo del dueño del punto de importación del gas", anotó el mandatario.
Verdades y mentiras de la Ley de Financiamiento
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| Germán Ávila Plazas, ministro de Hacienda |
La radicación de la Ley de Financiamiento ha sido -como era de esperarse- objeto de controversia y de diversas interpretaciones. Por ello, es necesario precisar que el proyecto dicta una serie de medidas orientadas a garantizar el Presupuesto General de la Nación para el 2026, reducir el gasto tributario, equilibrar las finanzas públicas, con especial énfasis en materias ambientales y de salud pública, y establecer mejoras en el proceso de fiscalización y operatividad del sistema tributario.
Su razón de ser no es arbitraria. El proyecto responde a la necesidad de alcanzar la estabilidad económica, como el ministro Ávila ha señalado en repetidas oportunidades. “Cada decisión de política fiscal, ha estado orientada por la necesidad de responder con responsabilidad a una coyuntura compleja, buscando preservar la sostenibilidad macroeconómica y proteger el gasto social prioritario”.
Las restricciones fiscales que hoy enfrenta el país no son producto exclusivo de decisiones recientes; son el reflejo de una trayectoria prolongada de presiones crecientes sobre el gasto y el endeudamiento acumulado en años anteriores, lo que ha limitado el margen de maniobra actual y hoy hace necesario que se implementen medidas acordes con la realidad fiscal.
1. Hay razones para una Ley de Financiamiento: El hueco fiscal es una realidad
Entre varios hechos, decisiones y situaciones responsables de las dificultades fiscales que hoy afronta el país, señalamos tres de enorme impacto en la economía nacional:
👉 El déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La deuda acumulada debido al subsidio a la gasolina y el diésel, originada por la congelación de precios durante la pandemia y la falta de ajustes, en relación con el precio internacional. Este déficit ha sido cubierto por el gobierno a través de pagos significativos y el uso de utilidades de Ecopetrol, y se prevé que se reduzca hasta un balance neutro a partir de 2027, con aumentos de precios y ajustes presupuestarios.
👉 Los subsidios de energía y gas, establecidos por ley, han venido acumulando una carga recurrente sobre el presupuesto público, ante la ausencia del apoyo financiero solidario de empresas privadas, como proponían la Ley 142 de 1994 y la Ley 143 de 1994. Hay “un acumulado de 18,2 billones de pesos, equivalentes a un punto del PIB por el esfuerzo del gasto fiscal asociado a los subsidios de energía y gas”, sostuvo el ministro. En mayo de 2025, el Gobierno Nacional informó que había cancelado el 100% de las deudas por concepto de subsidios a empresas de energía y gas.
👉 La línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le otorgó al país cerca de $5.400 millones de dólares para atender la coyuntura de la pandemia. En dos años de gobierno, se cancelaron todos los gastos asociados a la pandemia y a la crisis que vivió el mundo, y que Colombia financió a través de esta modalidad crediticia.
2. La Ley de Financiamiento toma 40 decisiones tributarias, algunas progresivas y la mayoría condicionadas a situaciones, productos y actividades específicas.
➽ Ajustes en el IVA (19%) para vehículos híbridos, bebidas alcohólicas, cigarrillos y vapeadores. Hospedaje de no residentes y juegos de azar por internet.
➽ Gravamen a servicios digitales como software y procesamiento en la nube. Cirugías estéticas y arrendamiento de espacios para exposiciones.
➽ Las iglesias o confesiones religiosas que obtengan ingresos provenientes del desarrollo de actividades mercantiles serán contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del régimen ordinario sobre dichas rentas.
➽ La persona no residente o entidad no domiciliada en Colombia podrá optar por declarar y pagar en el formulario del impuesto sobre la renta, una tarifa del 5% sobre la totalidad de los ingresos brutos derivados de la venta de bienes y/o prestación de servicios digitales, desde el exterior, vendidos o prestados a usuarios ubicados en el territorio nacional.
❌ No se grava con IVA ni con ningún otro tributo los productos de la canasta familiar. Sólo los consumos de lujo no esenciales.
❌ No afecta la economía de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana, es decir los estratos 1, 2 y 3.
❌ No se grava patrimonio de una familia promedio colombiana. Sólo los que son superiores a los $1.900 millones de pesos, excluyendo la vivienda de uso habitacional.
❌ No se grava turismo de nacionales, sólo se elimina el privilegio de los extranjeros que no pagaban IVA a los servicios y planes turísticos.
❌ No se gravan cultos religiosos de ninguna iglesia, sólo las actividades comerciales como venta de publicaciones y artículos, alquileres de salones y planes de turismo religioso.
❌ No se gravan cuotas de administración en propiedad horizontal (conjuntos residenciales).
❌ No se gravan las loterías tradicionales, solo las que operan por internet.
❌ No se gravan vehículos en general, sólo los híbridos que pasan del 5% al 19% de IVA, y los vehículos de alta gama; aquellos con un valor superior a los USD $30.000, precio de importación, pasaran del 16% al 19%.
❌ No se crea nuevo impuesto a los combustibles, sólo se retiran beneficios tributarios.
❌ El impuesto de renta a personas jurídicas no se toca en la propuesta, para no desestimular al sector productivo. Ese tratamiento diferencial, se mantiene para continuar senda de crecimiento económico.
❌ No se gravan las boletas para acceder a actividades culturales, como cine, teatro o espectáculos deportivos. Sólo las boletas de negocios artísticos, cuyo valor sea superior a los $500.000 mil pesos. En este caso se aplica el IVA del 19%.
❌ Salida de dividendos de empresarios tendrán impuesto que pasa del 20% al 30%. Exportación de dividendos y se coloca tributación mayor al tabaco, incluyendo vapeadores y las bebidas alcohólicas. Entre más grado de alcohol mayor tributación.
❌ No hay cambios en renta para quienes ganen menos de $10 millones de pesos mensuales ni para patrimonios inferiores a $1.900 millones de pesos.
✅ Los sectores de mayores ingresos y patrimonios sí tendrán un mayor impuesto de renta.
✅ La sobretasa al sector financiero y los impuestos a bienes nocivos para la salud financiarán programas sociales y de seguridad.
La ley de financiamiento garantiza la inversión social manteniendo recursos para los sectores de educación, salud, vivienda y programas priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, asegurando que no se produzcan recortes al presupuesto del año entrante, ni se afecte la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población.
La medida promete impulsar la economía nacional con inversión pública, estableciendo que, a más recaudo, mayor financiación de obras de infraestructura, lo que a su vez genera empleo y crecimiento, sin recorte al gasto en inversión. Entre más grande sea el patrimonio, mayor deberá ser el aporte, para que la riqueza acumulada contribuya a financiar programas sociales, se promueva la solidaridad y se reduzca la brecha de desigualdad, objetivo primordial del actual Gobierno.
La estabilidad fiscal del país, como ha señalado el ministro de Hacienda, Germán Ávila, permitirá el retorno gradual a la senda de la Regla Fiscal, reducirá la deuda y fortalecerá la confianza en Colombia, como un destino favorable para la inversión de capital.
Se hizo justicia y se estableció la verdad: Iván Cepeda sobre fallo contra Álvaro Uribe
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El senador Iván Cepeda habla con la prensa en el Complejo Judicial de Paloquemao en Bogotá, Colombia, el 28 de julio de 2025. Juancho Torres / Anadolu / Gettyimages |
El senador colombiano Iván Cepeda aseguró que se hizo justicia y se estableció la verdad, en su primera declaración tras la decisión de la jueza Sandra Heredia en la que halló culpable al expresidente Álvaro Uribe Vélez por delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, un caso que comenzó hace más de 10 años.
"Hoy es un día para hacer un reconocimiento a la justicia como garante de la democracia y como control eficaz de los políticos más poderosos y sus crímenes", celebró Cepeda. "El expresidente, hoy condenado, Álvaro Uribe, intentó imponer a las víctimas un modelo que intentaba la negación y la impunidad en los cuales él también estaba comprometido. Ese modelo autoritario se ha frustrado, en buena parte gracias a la decisión, al valor civil y a la dignidad del poder judicial", destacó, haciendo un llamado a la contraparte "a que respete y acate la institucionalidad y sobretodo respete a la justicia".
Cepeda, quien lideró el proceso contra el exmandatario por supuestos nexos con paramilitares, aprovechó la oportunidad para recordar a las víctimas del caso, a quienes atribuyó la victoria. "No solamente sentimos que se honra nuestra dignidad, sino la de muchas víctimas en Colombia. Por eso, esta decisión justa, la consagramos también a las madres de los muchachos que fueron desaparecidos, torturados y llevados a fosas comunes, o presentados ante los medios de comunicación como falsos positivos", expresó.
Así, insistió en que la justicia, así como la búsqueda de la verdad y la dignidad han sido y seguirán siendo el principal objetivo del proceso. "Como lo hemos sostenido a lo largo de estos años, no nos anima el odio ni la venganza. Lo que ha movido nuestra convicción a la justicia ha sido siempre buscar la verdad y la dignidad. Llamamos al país, a las fuerzas políticas, económicas y sociales que reflexionemos sobre esta lección que ha dado hoy la justicia, que busquemos un acuerdo para que las víctimas sean reparadas por parte de los máximos responsables del Estado colombiano. Si el expresidente decide transitar ese camino, nosotros también lo estaremos", sostuvo.
Cepeda fue declarado víctima el año pasado por los daños que le causaron durante el proceso y cuya integridad como parlamentario se vio afectada cuando intentaron relacionarlo con hechos delictivos que no había cometido. Todo ello, porque en 2014 fue denunciado por Uribe ante la Corte Suprema por calumnia, fraude procesal y abuso de función pública, tras las acusaciones presentadas por legislador ante el Congreso.
Fallo histórico
En el fallo, que ha sido considerado histórico por ser la primera vez que un expresidente colombiano se enfrenta a una condena penal, la jueza concluyó que se había "acreditado, más allá de toda duda razonable, que Álvaro Uribe Vélez determinó dolosamente a Diego Javier Cadena Ramírez en la ejecución de los delitos de soborno en actuación penal en concurso heterogéneo y fraude procesal en concurso homogéneo".
De tal manera, se estableció que el exmandatario usó al abogado Diego Cadena para tratar de sobornar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien cumplía sentencia en la cárcel La Picota, y luego lo presionó para que vinculara al senador Iván Cepeda Castro con hechos ilícitos.
Se demostró asimismo que el letrado le dio incentivos económicos a los exmiembros del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Eurídice Cortés, alias 'Diana', y Carlos Enrique Vélez, alias 'Víctor', para que cambiaran los testimonios en los que aseguraban haberse reunido con Uribe en la época en la que ejercía como gobernador del departamento de Antioquia.
La defensa de Uribe trató de argumentar que Cadena actuó por cuenta propia, pero la jueza aseguró que el ex jefe de Estado sí estaba al corriente de las acciones que adelantaba su representante legal en las cárceles colombianas. Se detalló que en el proceso judicial quedó "suficientemente acreditada la actuación del expresidente en el delito de soborno en actuación penal".
‘Este país necesita que la juventud vuelva a confiar en la política’: MinInterior
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| El ministro del Interior, Armando Benedetti invitó a los jóvenes a participar en la elección de los Concejos Municipales y Locales de Juventud 2025 que se adelantarán el próximo 19 de octubre. |
Así lo manifestó el jefe de la cartera política, Armando Benedetti, en la inauguración del evento ‘Grandes por elección’, el punto de partida para la campaña de las elecciones de los Concejos Municipales y Locales de Juventud 2025, que se realizarán el 19 de octubre.
“Ustedes están hoy aquí por una razón más grande que ustedes mismos: porque este país necesita que su juventud vuelva a confiar en la política. Que la reconstruya. Que la reencarne. Que la libere del desprestigio en el que ha caído. Y no se trata de idealismos vacíos. Se trata de ponerle corazón y cabeza a lo que importa: la educación, el empleo digno, la salud, el medio ambiente, la inclusión, la cultura, el territorio, la paz”, dijo el ministro.
Agregó que “el sábado 19 se vence el tiempo para las inscripciones para aquellos jóvenes que se quieren postular a los consejos comunales y locales de juventudes. Además, el departamento del Atlántico es en el único departamento donde se está promoviendo que para las juntas de acción comunal vayan jóvenes. Eso se hace con una inversión sobre todo del departamento y el ministerio la está acompañando”.
Indicó que “lo que se está haciendo en el país con el tema de los consejos de juventudes no es un simulacro, ni es un juego de jóvenes; es realmente crear nuevos liderazgos para resolver los problemas sociales que tiene el país”.
Benedetti aseguró que el objetivo de este escenario de participación es que la política no se quede en los escritorios.
“Queremos que los planes de gobierno no sean un PDF lleno de palabras bonitas, sino una respuesta concreta a las preguntas reales que ustedes hacen: ¿por qué no hay cupos en la universidad? ¿Por qué el Sisbén no cubre a mi familia? ¿Por qué me piden experiencia si nunca me han dado la primera oportunidad? ¿Por qué callan nuestras voces cuando alzamos la mano? ¿Por qué la energía vale tanto? ¿Por qué mis padres no tienen un pedazo de tierra? ¿Por qué no puedo tener casa propia?”, anotó.
Recordó a los jóvenes que en estas elecciones podrán participar quienes tengan entre 14 y 28 años. El objetivo es que se postulen jóvenes rurales, afrodescendientes, indígenas, víctimas del conflicto armado, población LGBTIQ+, y quienes integran procesos comunitarios, artísticos, deportivos y sociales en los territorios.
‘La justicia tiene que ser libre, no arrodillada al crimen ni a la política’: presidente Petro desde Medellín
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| El jefe de Estado instó a las autoridades y al alcalde de Medellín a garantizar una justicia libre, sin injerencias mafiosas ni políticas. |
Durante su intervención en la movilización Un pacto por la paz urbana, realizada este sábado en Medellín, el presidente Gustavo Petro lanzó una fuerte advertencia contra la influencia de las mafias en las instituciones judiciales y de seguridad del país, y pidió a las autoridades de Antioquia dejar de obstaculizar los esfuerzos de paz.
“Por eso necesitamos justicia libre y no justicia supeditada ni al crimen ni a la política, que muchas veces es política criminal”, afirmó el jefe de Estado, al tiempo que exigió a la fuerza pública no rendirse ante el poder del narcotráfico. “Le he dicho a la Policía y al Ejército: no más oficiales arrodillados al dinero de la mafia”.
Según el mandatario, el país ya no vive un conflicto ideológico entre una guerrilla socialista y una oligarquía estatal. “Eso se acabó en Colombia hace tiempos”, dijo. Lo que existe hoy —insistió— es una guerra de mafias por el control de las rutas del narcotráfico, los sitios de producción y los puertos. “También dominan nuestros barrios populares porque la juventud excluida termina sirviéndole a este poder de la muerte”.
El jefe de Estado hizo un llamado directo al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez: “Le pido al alcalde Fico que no rompa la Constitución y saque su fiscal de la oficina. La Fiscalía debe ser independiente del Ejecutivo”. Y añadió: “Tener una asesora que fue fiscal dándole órdenes a los fiscales de Antioquia para que pongan presos a sus enemigos políticos no es democracia. Eso se llama dictadura”.
El presidente también cuestionó a los fiscales del departamento: “Les pido que me ayuden a construir la paz de Antioquia, y no a hundirla en la violencia permanente en la que ha vivido durante décadas”.
Petro destacó que Medellín estaba a punto de alcanzar una tasa de homicidios menor a 10 por cada 100.000 habitantes, un hito internacional que —según dijo— no logró consolidar Bogotá. “Casi pudo, pero se está devolviendo”, afirmó, y sostuvo que Medellín podría ser la primera capital del país en salir de la violencia, seguida por Pasto o Tunja.
Sin embargo, criticó la destrucción de programas sociales en Bogotá que, a su juicio, han vuelto a excluir a la juventud. “Aquí hay que incluir”, dijo, mientras se despedía entre la lluvia que caía en la capital de la montaña.
Paramilitarismo, mafias y silencio institucional
El presidente recordó los debates que lideró en 2007 contra el paramilitarismo en Antioquia, y cómo esos señalamientos le costaron la distancia de su familia. “Ese debate mostró cómo sobre Antioquia se impulsó, y luego se volvió nacional, la gobernanza paramilitar”, dijo.
Nombró al fallecido fiscal Gregorio Oviedo, quien investigó las finanzas del paramilitarismo y descubrió una red de financiación por parte de grandes empresarios, no de gente humilde. “A esos fiscales los mataron, también a investigadores del CTI. El único que sobrevivió fue Gregorio, que acaba de morir”.
El mandatario denunció que a esos funcionarios valientes los reemplazaron otros que no se atrevieron a seguir investigando. “Se intentó revivir la gobernanza paramilitar, y vino el cartel de la toga. Se acabaron las investigaciones y aparecieron los magistrados corruptos. Volvió el terror y la muerte, ahora con mafias multinacionales más poderosas que las de Pablo Escobar. Solo que ya no viven en Medellín, ni en Cali, ni en Bogotá”.
El modelo urbano y la estratificación
El mandatario en su intervención también aprovechó para cuestionar el modelo urbanístico de Medellín, que calificó como una falsa modernidad. “Se ha creído en una urbanización de vanguardia que no lo es”, dijo, y comparó con lo que vivió en Europa: “Allá los pocos pobres que existen viven donde viven los ricos. Sus edificios son iguales”.
Insistió en la necesidad de acabar con la estratificación por castas que persiste en Colombia. “Son castas infranqueables. No son clases sociales, son castas. Y eso termina afectando incluso el amor. El joven pobre quiere regalarle un celular a su novia que vale siete millones, porque lo ve en televisión, pero no tiene cómo. Entonces lo roba. Lo descubrí en Bogotá siendo alcalde. Es un problema social, de exclusión”.
Se dirigió directamente a la actual directora de Planeación Nacional, presente en el evento: “Te toca la misión de acabar con los estratos”, dijo.
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