La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación frente al secuestro y abuso sexual del que fue víctima una niña indígena de cuatro años en Cali, aberrante hecho que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y pidió a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia para la víctima.
Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio Público requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.
De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital vallecaucana.
Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.
.png)
