Gobierno canceló la licencia de funcionamiento de empresa de vigilancia y seguridad privada Vipers

Por graves incumplimientos de la normatividad que rige el funcionamiento de las empresas del sector de la vigilancia y la seguridad privada en Colombia, el Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, ordenó la cancelación de la licencia de funcionamiento a la empresa de vigilancia y seguridad privada Vipers Ltda. que opera en Barranquilla, Bogotá, Cartagena, Medellín, Montería y Sincelejo, entre otras.

Según se indicó, la empresa contaba con autorizaciones para 610 armas de fuego, discriminadas en 535 revólveres, 47 escopetas y 28 pistolas, así como 51 vehículos (37 motos, 9 camionetas y 5 camperos). De igual forma, cuenta con 2.911 personas en su equipo operativo entre vigilantes, escoltas y supervisores.

Esta decisión, adoptada en primera instancia a través de la Resolución No. 2025210009237CS del 14 de mayo de 2025, surgió como resultado de una actuación administrativa en la que se verificaron presuntas infracciones a las disposiciones normativas que rigen el sector.

Entre los hallazgos documentados en la inspección se destacaron:

· Presuntas extralimitaciones en las funciones autorizadas, susceptibles de enmarcarse en actividades reservadas a la Fuerza Pública.

· Prestación del servicio con personal no acreditado ni inscrito en los sistemas oficiales de la Supervigilancia.

· Uso indebido de uniformes y emblemas por personas no autorizadas.

· Operación de drones y medios tecnológicos sin habilitación.

· Presencia de armamento en sedes no autorizadas y falta de actualización en el sistema Renova.

· Deficiencias graves en la custodia, trazabilidad e infraestructura de almacenamiento de armas.

Una vez en firme la decisión, corresponderá al representante legal de la empresa, en su calidad de titular de los permisos concedidos, adelantar los trámites pertinentes ante el Departamento Control Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) para el reintegro y cancelación de las autorizaciones expedidas, así como adoptar las medidas que correspondan frente a las situaciones verificadas en la investigación.

La decisión administrativa se encuentra dentro del término legal para la interposición de recursos, conforme a lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011, y su ejercicio corresponde exclusivamente a la empresa y a su representante legal, en el marco de las garantías constitucionales del debido proceso y derecho de defensa.

Presentada nueva y más completa Consulta Popular

La Consulta Popular que el Gobierno del presidente Gustavo Petro volvió a radicar este lunes en la Secretaría del Senado de la República tiene 16 preguntas: las 12 inicialmente presentadas y 4 más sobre el sector salud.

Entre las nuevas preguntas se destacan temas como acceso a medicamentos, conversión de las EPS en gestoras de salud, giro directo de recursos a clínicas y hospitales, atención primaria y garantías para trabajadores del sector.

En el acto de radicación estuvieron los ministros del Trabajo, Antonio Sanguino; Interior, Armando Benedetti, y Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

Las 16 preguntas de la Consulta Popular

1. ¿Está de acuerdo con que la jornada de trabajo dure máximo 8 horas y la jornada diurna sea entre las 6:00 a. m. y las 6:00 p.m.?

2. ¿Está de acuerdo con que se pague un recargo del 100% por el trabajo los días de descanso dominical o festivo?

3. ¿Está de acuerdo con que las micro, pequeñas y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas de interés en materia de crédito e incentivos para sus proyectos productivos?

4. ¿Está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender citas médicas y licencias por periodos menstruales incapacitantes?

5. ¿Está de acuerdo con que las empresas deban contratar laboralmente al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores?

6. ¿Está de acuerdo con que los aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato de aprendizaje de carácter laboral?

7. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto y transporte acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social?

8. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios?

9. ¿Está de acuerdo con eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales?

10. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, y demás trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social?

11. ¿Está de acuerdo con promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general?

12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas?

13. ¿Está de acuerdo con el que el Gobierno nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para hacer la entrega completa y oportuna a los pacientes?

14. ¿Está de acuerdo con que las EPS dejen de ser intermediarias financieras, se transformen en gestoras de salud y el ADRES pague directamente a hospitales y clínicas?

15. ¿Está de acuerdo que se garantice a los colombianos un modelo de atención primaria en salud, preventivo y resolutivo, con ampliación de los servicios especializados necesarios, de carácter público, privado y mixto?

16. ¿Está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial que garantice a los empleados y trabajadoras de la salud la vinculación formal, los derechos laborales y el salario justo?

La mayor parte de la ciudadanía respalda la consulta: MinTrabajo

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, expresó durante el acto de radicación: “Ya todos sabemos lo que ha ocurrido con la pretensión de un sector de la plenaria del Senado de la República de obstruir la posibilidad de que los colombianos y colombianas en las urnas decidamos la suerte de la reforma laboral. Y sabemos también que hay la pretensión de obstruir por segunda vez la reforma a la salud”.

“Por esa razón ha querido el presidente de la República que el ministro de la Salud, en funciones presidenciales y en su representación, junto con el ministro del Interior y quien les habla, el ministro del Trabajo, con la firma de todos los ministros del Gabinete como lo ordena la ley, radiquemos de nuevo la solicitud de Consulta Popular, con las 12 preguntas que corresponden a los asuntos laborales y cuatro preguntas adicionales que corresponden a los asuntos de la salud de los colombianos y colombianas”, precisó.

De acuerdo con el titular de la cartera laboral, “sabemos que los colombianos y colombianas respaldan mayoritariamente esta consulta y quieren decidir la suerte de sus derechos laborales y sus derechos a la salud en las urnas”.

Sanguino se refirió a las recientes encuestas según las cuales la mayoría de la ciudadanía rechaza las pretensiones de un sector del Senado de imponer una mordaza al pueblo colombiano.

“Aunque hay unas acciones jurídicas que están adelantándose respecto a la votación que ocurrió en la plenaria del Senado el día miércoles de la semana pasada, nosotros hemos decidido reiterar, en cabeza del presidente de la República, la convocatoria a que la soberanía popular se exprese en las urnas. Así que hemos acudido a la Secretaría del Senado de la República para radicar esta nueva solicitud de Consulta Popular para que el Senado en su plenaria se pronuncie ojalá de manera clara, transparente e inequívoca sobre esta nueva solicitud”, puntualizó el ministro de Trabajo.

El pueblo debe dirimir el conflicto: MinInterior

Por su parte, el ministro de Interior, Armando Benedetti, resaltó: “Esta nueva consulta lo que quiere es volver otra vez a que el pueblo se pronuncie sobre los derechos laborales de la clase trabajadora y que por fin haya las bases para que todo colombiano pueda acceder a la salud, a sus medicinas y a un derecho universal que es el de la salud. El derecho al trabajo y el derecho a la salud son derechos fundamentales que están en la Constitución, que están en nuestro establecimiento jurídico, y resulta que a la hora de legislar no se encuentran porque el Congreso no lo ha querido hacer. Dicho esto, es el pueblo quien debe dirimir ese conflicto que hay entre el Congreso y el Ejecutivo”.

“Nosotros creemos que el Congreso al día de hoy no se ha pronunciado sobre la Consulta hundida, y esta es una nueva Consulta y las dos están hoy vivitas y coleando en el Congreso de la República”, afirmó.

Nos toca recurrir al pueblo: MinSalud

A su vez el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, manifestó: “ustedes saben muy bien que la Cámara de Representantes ha aprobado en dos ocasiones el proyecto de la reforma a la salud, pero desafortunadamente la Comisión VII del Senado no quiso discutir la reforma que se aprobó el año pasado en la Cámara”.

Explicó que “la Cámara ha cumplido, a sabiendas de qué es lo que ha sucedido. Ha solucionado todas y cada una de las diferentes inquietudes. Doce artículos están aceptados por todas y cada una de las EPS para transformarse. Se dice que no hay aval financiero. Desde septiembre hay aval financiero. Se volvió a dar un aval financiero porque dicen que no hay recursos. Y resulta que la Cámara no solamente aprobó nuevos recursos, sino que esos recursos para el año entrante serían de seis billones de pesos”.

Recalcó que fuera de esto, para los próximos diez años, al 2034, el aumento de la salud con respecto al PIB se incrementará un punto. “O sea que estamos hablando de 20 billones de pesos en que aumentarían los recursos de la salud. Entonces se han venido solucionando cada uno de los problemas, cada una de las solicitudes que nos han presentado”.

“Hoy no podría haber ninguna objeción, como no la tuvo la Cámara de Representantes, pero vemos que se sigue intentando en el Senado de la República frenar las reformas del señor presidente de la República”, sostuvo el titular de la cartera de Salud.

Y puntualizó: “Entonces tenemos que recurrir nuevamente a la soberanía que radica en el pueblo, el pueblo que es superior a sus dirigentes, para que sean ellos los que ratifiquen estas preguntas”, puntualizó.

Presidente Petro convoca cabildo abierto

A través de su cuenta en la red X, luego del hundimiento de la Consulta Popular, el presidente Petro había expresado: “Ahora con tranquilidad, pero sabiendo que los derechos no se mendigan, le corresponde al pueblo reunirse en cabildo en todos los municipios de Colombia, y tomar la decisión que corresponde a la respuesta del Senado de la República. Personalmente me reuniré con el cabildo popular de la ciudad de Barranquilla. Allí escucharé la decisión popular, como jefe de las Fuerzas Militares de Colombia y presidente legítimo de la República y acataré la decisión de los cabildos populares de todo el país. Ni los derechos se mendigan, ni se acalla al constituyente primario”.

En otro mensaje, el jefe de Estado afirmó: “No se hundió la consulta popular. La hundieron con fraude, como en un 19 de abril de 1970. El senador Efraín Cepeda, sabedor de que ingresaban los votos que la hacían mayoría, cerró la votación. Estamos ante un fraude y el pueblo debe decidir”.

“Propongo de inmediato la reunión de las centrales obreras, la coordinación campesina, las juntas de acción comunal, los comités juveniles barriales y el movimiento indígena para dar el paso siguiente”, dijo el mandatario.

Y anunció: “La orden como presidente de la República de Colombia es que, en estos momentos, la fuerza pública no debe hacer uso de su fuerza contra el pueblo. Su presencia debe ser la suficiente para cuidar los edificios de las instituciones y garantizar la convivencia pacífica entre la ciudadanía y conservar la paz y la alegría”.

“Ahora le corresponde a la coordinación del movimiento popular dar los pasos a seguir, de acuerdo a la Constitución. Al pueblo no se le silencia con trampa. Estoy listo para lo que el pueblo decida. Efraín Cepeda cometió el peor error posible que en Colombia pueda cometerse: usar el fraude”, resaltó el presidente Petro.

‘Bochornosa trampa’

De otro lado, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, había señalado en esa ocasión que se trató de una trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda.

“Bochornosa trampa del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien manipuló la votación de la Consulta Popular en la plenaria para forzar un resultado estrechamente 49/47 a favor del NO escamoteando la soberanía popular”, expresó el titular de la cartera laboral en la red X.

‘Esto es un delito’: MinInterior

A su vez, el ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció que “se hundió la Consulta Popular de forma fraudulenta. El presidente del Senado no dio las garantías para votar, cerró el registro cuando vio que iban ganando. Hoy hicieron trampa”.

De acuerdo con Benedetti, “(Efraín) Cepeda y el secretario general incurrieron en delitos, en falta de ética y moral para hundir la Consulta Popular. El secretario general del Senado agregó votos por el No una vez se había cerrado la votación. Eso es un delito, señor secretario”.

Condenado Leonardo Martínez Méndez por el homicidio de tres personas en Meta

Luego de aceptar su participación en el crimen de tres personas el 12 de marzo de 2023, en la vereda El Porvenir de Puerto Gaitán (Meta), Ángel Leonardo Martínez Méndez, alias Yena o Miguel, fue condenado por un juez penal especializado a 19 años y 5 meses de prisión.

Este integrante de la organización ilegal autodenominada como ‘Renacer Erpac’ había reconocido mediante preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas.

En ese sentido, además de cumplir la pena privado de la libertad en centro carcelario, deberá pagar una multa equivalente a 1.350 salarios mínimos mensuales legales vigentes y cumplir una inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 233 meses.

Las pruebas obtenidas por un fiscal de la Dirección de Apoyo Territorial dan cuenta de que alias Yena o Miguel conducía una de las motocicletas utilizadas para interceptar el bus de servicio intermunicipal en el que se movilizan las víctimas, y de la que bajó uno de los sicarios que las obligó a descender y les disparó en varias oportunidades causándoles la muerte.

El fallo conocido quedó en firme.

Pide el presidente Petro: recuperar las más de 200 mil hectáreas perdidas en Acacías.

Al término de su visita a la penitenciaría de mediana seguridad y a la Colonia Penal de Oriente, localizadas en el municipio de Acacías, en Meta, el presidente Gustavo Petro se refirió al robo de predios de la Colonia Penal, que pasó de 300 mil hectáreas a tan solo 4 mil. El objetivo, según el mandatario, es buscar la recuperación de parte de esas tierras para que el campesinado que está recluso produzca alimentos y pueda prosperar.

Al respecto el mandatario precisó: “Esta cárcel tenía 300 mil hectáreas en 1920, o algo así, cuando se fundó el centro. Hoy quedan 4 mil. ¿Quién se quedó con lo demás? ¿Acaso alguna vez vendieron la tierra? ¿O se la robaron, como le pasó al Hospital San Juan de Dios? Esos que se robaron la tierra no pasaron por la cárcel”.

En este sentido, el jefe de Estado instruyó al director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, para que “investigue toda la propiedad que era originaria de la Colonia de Acacías”.

Indicó no se trata de sacar de esas tierras a los propietarios pobres, porque esto podría causar otra violencia, aunque –agregó– “quizás haya también gente que no sea pobre y que simplemente se apropió de un bien público y que se lo quitó a la gente que iba a ser recluida para que no pudiera sembrar” y hacerlo producir.

De acuerdo con el mandatario, “300 mil hectáreas hubieran podido ser una de las grandes reservas campesinas del país, gran productora de alimentos y ayudarnos a alimentar a la sociedad colombiana en sus sectores más pobres”.

“¿A dónde fue a parar esa tierra?”, dijo y consideró que “una de las primeras tareas que hay que hacer es que recuperemos parte de esa tierra y que hagamos realidad el sueño de los abuelos que vieron aquí la posibilidad de que una persona que cayera bajo reclusión, por alguna razón, pudiera redimir su espíritu, sus heridas, y pudiera reconciliarse con la vida a partir de trabajar el campo, de abrir el surco y de producir alimentos bajo el sol”.

Explicó que en la actualidad en la Colonia esta producción se realiza, pero solo en 160 hectáreas. “Así que recuperar eso es de justicia para los actuales reclusos o para la gente futura que pase por aquí”, dijo.

“Ojalá todo campesino que capturaran porque ha sembrado hoja de coca y pasara por aquí, si es que no podemos liberarlo, pudiera sembrar, y entonces su famosa condena se convirtiera simplemente en algo que él ya sabe hacer bien, que es sembrar la tierra y producir alimentos”, sostuvo.

En este punto, el presidente le reiteró la instrucción al director de la Agencia Nacional de Tierras: “En estos meses yo creo que se puede hacer: recuperar la tierra posible y comprarla, para que esta Colonia se convierta en el sitio donde el campesinado hoy preso en el país, por razones judiciales, pueda aquí estar y transitar a lo que sabe hacer: producir la tierra y los alimentos”.

Ferrocarril de la Altillanura

En su intervención, el jefe de Estado consideró que mientras “la reforma agraria tiene que ser en el Caribe, en el Magdalena Medio, porque los terratenientes se quedaron con la tierra”, en la Altillanura colombiana, que no es tierra fértil, lo que se debe emprender es la construcción del ferrocarril que lleve al mar.

“¿Cuántas hectáreas de alimentos podríamos producir en todas estas tierras si los podemos exportar, si hubiese un ferrocarril hasta Puerto Gaitán y de allí por el río Meta hasta el Orinoco, y del Orinoco hasta el mar?, planteó el presidente de la República.

62.664 armas están perdidas en el país y existen 197 empresas de seguridad privada sin control

El presidente Gustavo Petro Urrego denunció la noche de este lunes que una investigación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada arrojó que en el país están perdidas 62.664 armas de fuego oficiales, las cuales podrían estar en poder de organizaciones criminales.

Asimismo, afirmó que hay 197 empresas de vigilancia y seguridad privada con licencias vigentes, pero que en el sistema de la Supervigilancia aparecen inactivas, lo que significa que escapan al control de la entidad.

Lo anterior –dijo el mandatario- significa que en Colombia hay “armas y hombres armados sin que el Estado sepa dónde están”.

La información la dio a conocer el jefe de Estado durante el Consejo de Ministros televisado que se desarrolla desde la Casa de Nariño.

En ese sentido, sobre la investigación de la Supervigilancia, liderada por Yenniffer Parra, el presidente Petro aseveró: “Hay 62.664 armas de las que no se sabe dónde están ni quién las tiene”.

Explicó que “en esa búsqueda se encontró que en los sistemas de información de la Supervigilancia hay reportadas e identificadas 40.692 armas particulares con licencia oficial, revisando las empresas inactivas y lo que ha aprobado la Superintendencia desde 1993”.

A esta cifra el mandatario le sumó “las 20.000 armas que entregó (Álvaro) Uribe a los paramilitares en Antioquia. ¿Armas oficiales? Sin descartar que estén al servicio del crimen organizado con licencia del Estado”.

En ese contexto, el presidente cuestionó el sistema estatal de información y de vigilancia sobre estas empresas.

“¿Qué dicen los sistemas de información? Pues te voy a decir que la Superintendencia tiene unos sistemas de información chimbos, dispersos y vulnerables”, lo que llevó a que durante 30 años no existiera un control eficiente sobre estas entidades de seguridad privada.

“Pasaron 30 años sin control, estuvieron al garete ante los ojos cómplices de quienes siempre han querido pasar por encima de la ley y hoy estamos encontrando lo que sospechábamos”, manifestó.

Además, el mandatario destacó que durante su Gobierno la Superintendencia realizara de manera efectiva su trabajo de control y vigilancia a las empresas de vigilancia, departamentos de seguridad, transportadoras de valores y escuelas de capacitación de este sector.

El estudio incluyó a 1.351 empresas activas, 810 empresas de vigilancia, 435 departamentos de seguridad, 94 escuelas de capacitación y 12 transportadoras de valores”.

En las pesquisas, la Superintendencia halló que en los hechos irregulares habían participado funcionarios públicos.

“El año pasado se cancelaron 16 licencias de funcionamiento, nosotros lo hicimos, porque fueron tramitadas irregularmente, incluso, en esos hechos de corrupción tuvieron participación funcionarios nombrados en este Gobierno, que fueron removidos inmediatamente de sus cargos y sobre lo cual se interpusieron las denuncias respectivas ante la Fiscalía General de la Nación”, denunció el presidente.

Así va la investigación

En la misma línea, el jefe de Estado recalcó que una investigación articulada con la Fiscalía General de la Nación y otras entidades se logró la captura de los representantes legales de empresas de vigilancia “con claras evidencias de estar al servicio de organizaciones al margen de la ley”.

Sobre el particular, la Superintendencia expidió un boletín de prensa en el que se reportó la captura de tres representantes legales de empresas de seguridad y el embargo, secuestro y toma de posesión sobre bienes avaluados en más de 1.800 millones de pesos.

Igualmente, se logró dar un golpe a las estructuras criminales del Clan del Golfo, la Oficina de Envigado, entre otras, las cuales usaban empresas de vigilancia y seguridad privada como fachada de lavado de activos, para legalizar armas de forma fraudulenta y en la comisión de otros delitos.

Así pues, los detenidos –reveló la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada- “son el coronel en retiro Pedro Alexander Ruiz Pulido y el capitán en retiro José Omar Urrego Chitiva, ambos exoficiales de la Policía Nacional; así como Jorge Oswaldo Castaño Galindo, representante legal de la empresa de seguridad Sara LTDA. Las capturas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Barranquilla”.

En ese orden de ideas, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de lavado y enriquecimiento ilícito.

En los procedimientos fueron incautados 6 celulares, 3 memorias USB, 3.735 cartuchos de diferentes calibres, 22 revólveres, 50 pistolas, 5 escopetas y 31 armas traumáticas y de fogueo.

De acuerdo con información recopilada por las autoridades, las empresas vinculadas, al parecer, habrían otorgado permisos como escoltas a personas con requerimientos judiciales y vinculadas a diversas actividades delictivas, y mediante contratos fraudulentos les alquilaban armas y otros elementos.

La Superintendencia indicó que, a través de esta actividad ilícita, los capturados habrían facilitado armas a Edgar Elicio Munévar, alias ‘El Caballista’, y a Jesús Martín Bello, ambos involucrados en la fuga de la cárcel La Picota de Bogotá de Juan Larison Castro Estupiñán, alias ‘Matamba’.

Por su parte, la empresa de Castaño Galindo, al parecer, suministró armas de fuego a Jhon Fredy Gallo Bedoya, alias Pájaro, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Magdalena Medio, también judicializado por la fuga de ‘Matamba’; y a Oliverio Isaza Ramírez, alias ‘Terror’, exjefe de las extintas Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio y de una estructura armada del ‘Clan del Golfo’, quien recientemente fue neutralizado en una operación de la Policía Nacional en Puerto Triunfo (Antioquia).

Falso soporte técnico a los usuarios de mensajería instantánea. ¡No caigas!

Una nueva modalidad de engaño a los usuarios de las plataformas de mensajería instantánea fue detectado. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por el soporte técnico de la aplicación y, con la excusa de un supuesto intento de robo de cuenta, te solicitan tus datos personales. Sigue algunas recomendaciones para estar protegido y evitar ser víctima.

Imagina que recibes una llamada inesperada. Al otro lado del teléfono, una persona se presenta como soporte técnico del chat de mensajería instantánea que frecuentemente usas y te alerta sobre un intento de robo de tu cuenta.

Parece una llamada de ayuda, pero en realidad, es una trampa.

El ciberdelincuente dice haber detectado un acceso no autorizado a tu cuenta. Para “protegerla”, te piden algunos datos, como la marca de tu teléfono y el código de seis dígitos que recibes por mensaje de texto.

Si les das este código, los estafadores tendrán acceso completo a tu cuenta y podrán desvincular tu número, dejándote sin acceso a tus mensajes y contactos.

¡No te conviertas en víctima! Nunca compartas tu código de verificación.

Las plataformas de mensajería instantánea no llaman ni toman contacto directo con los usuarios para solicitar información personal.

Activa la verificación en dos pasos en la configuración de la aplicación. Así, añades una capa extra de seguridad a tu cuenta.

Si recibes una llamada sospechosa, cuelga de inmediato, reporta el número y avisa a tus contactos para que también estén alerta.

Tu mejor defensa contra el fraude es estar informado. Comparte este contenido y evita que otros caigan en la trampa.

Decretos de Conmoción Interior financiarán la Fuerza Pública.

Ocaña (Norte de Santander).- Al finalizar la reunión de gabinete en el Catatumbo, el presidente Gustavo Petro se refirió a los decretos que expedirá al amparo de la Conmoción Interior, de los cuales dijo que uno de los propósitos es “financiar al Ejército, sí, y las otras armas aquí, porque el Estado de Colombia se respeta”.

Al dirigirse a las comunidades, líderes, cúpula de la Fuerza Pública y funcionarios nacionales, departamentales y locales, el jefe de Estado enfatizó que “a ningún funcionario corrupto por ahí, de aquí o de allá, se le puede ocurrir que lo que hay que proteger y apoyar es el paramilitarismo del Eln. Ese se erradica o si no el paramilitarismo del Eln acaba con Venezuela y con Colombia y se vuelve la excusa de la invasión”.

Por esta razón, afirmó que “nosotros aquí queremos paz, no guerra con nadie y no estamos cazando guerra con nadie” y explicó que “para ser respetados necesitamos aquí las armas del pueblo. Ojalá no disparen, ojalá llegue el momento de no disparar. Y llega el momento de no disparar si los jóvenes de aquí armados deciden el camino de la paz”.

Aclaró que, a diferencia de otras declaratorias del estado de Conmoción Interior, en el Catatumbo los decretos “no van a interferir comunicaciones de ustedes o encarcelar civiles, van es a cambiar la economía del territorio. Nos medirán ustedes si somos eficaces o no, pero seremos eficaces si el pueblo nos acompaña”.

Anunció que, al finalizar el encuentro de Ocaña (Norte de Santander), se iba a reunir con todo el gabinete para analizar los decretos de la Conmoción Interior y comentó que ya se están trabajando, pero “algunos no me han gustado, otros sí”.

En su intervención, dijo que “el Pacto Social es posible en términos de un diálogo social y un acuerdo, pero el punto que falla es la implementación. Como decía mi mamá mucho, tilín, tilín y nada de paletas”, por lo que aseguró: “Y el decreto de Conmoción Interior trata de llenar ese vacío”.

“Espero que el conjunto del Estado, que no es solamente el gobierno, nos acompañen en este esfuerzo. Sería lamentable un Estado que no es capaz de unirse en torno a un problema concreto y común, como construir la paz en el Catatumbo, porque construirla aquí puede significar construirla a nivel nacional”, enfatizó.

157 - Nueva herramienta.

En un evento liderado por el presidente de la República, Gustavo Petro, y con la participación de altos representantes del Gobierno, organismos internacionales y la Policía Nacional, se presentó oficialmente la Línea Anticorrupción 157. Esta iniciativa busca consolidar un canal efectivo para denunciar actos de corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Al respecto, el jefe de Estado manifestó que la Línea 157 permite evadir el nivel del riesgo sobre el denunciante.

“Denunciar es un peligro en Colombia, porque se denuncia ante unas instituciones que están cruzadas por la corrupción y el denunciante no sabe con quién habla realmente. Muchos casos en el país se han presentado en donde el denunciante muere después de denunciarlo o es amenazado y esa amenaza, obviamente, proviene de una red, una red que está afuera y adentro del Estado", recalcó.

El mandatario dijo que con la Línea 157 “el denunciante puede ocultar su dato personal si así lo desea", porque “el canal permite una línea paralela a las mismas instituciones que pueden estar en cursos en la corrupción y permite rapidez en cierto sentido".

Asimismo, el mandatario explicó que con “una denuncia hecha por teléfono, por medios telemáticos" el ciudadano no tiene que ir a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde particularmente pierde tiempo en colas, termina cansado y no presenta la denuncia.

“Aquí no solamente se puede allegar una voz que denuncia, sino evidencias, indicios, pruebas, fotos, videos quizás", dijo el presidente, quien agregó que todo este material va a llegar a la Fiscalía General de la Nación con el apoyo de la DIJÍN de la Policía.

Línea 157, un paso crucial contra la corrupción

​Durante el lanzamiento de la Línea 157, Andrés Idárraga Franco, Secretario de Transparencia de la Presidencia, destacó el trabajo interinstitucional detrás de esta herramienta.

“Esta línea es un logro producto de un año de esfuerzo entre la DIJIN y la Secretaría de Transparencia. Queríamos asegurar que fuera consistente y parte integral de los procedimientos de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación", señaló.

Idárraga también enfatizó que la Línea 157 es un paso crucial dentro de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Corrupción, contemplada en el Decreto 1600 de 2024.

Además, informó que el Portal Anticorrupción - https://portal.paco.gov.co/, lanzado previamente, ha crecido exponencialmente en usuarios, alcanzando más de 1,2 millones.

“Esto no significa más corrupción, sino que estamos eliminando barreras para denunciar y facilitando herramientas que fomenten la transparencia", aclaró.

Por su parte, el Director General de la Policía Nacional, general William René Salamanca, subrayó la instrucción del presidente Petro de combatir la corrupción con contundencia.

“La honestidad se ha convertido en la columna vertebral de nuestro accionar. La Línea 157 es una herramienta segura y eficaz que permitirá a los ciudadanos denunciar actos de corrupción, contribuyendo a transformar el país", afirmó. Salamanca también destacó que este fenómeno erosiona anualmente más de 50 billones de pesos del erario, el equivalente al 10 % del presupuesto nacional.

Corrupción, más de 5 % del PIB mundial

​La representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Candice Lee Teufl Welsch, resaltó la importancia de este tipo de iniciativas en el contexto global.

“Cada año se pagan 1 billón de dólares en sobornos y se roban 2,6 billones mediante corrupción, lo que representa más del 5 % del PIB mundial. La Línea 157 es un hito en Colombia, ya que permite a la ciudadanía denunciar de manera segura y accesible", afirmó.

También destacó la colaboración entre instituciones nacionales e internacionales para hacer posible este esfuerzo, con apoyo técnico y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

La Línea 157 estará disponible las 24 horas y será operada por personal altamente capacitado de la Policía Nacional. Las denuncias serán canalizadas de manera directa a la Fiscalía General de la Nación, garantizando un seguimiento efectivo.

“El reto es que las denuncias lleguen a una resolución final, para que los ciudadanos no pierdan la confianza en el sistema", añadió Idárraga.

Llegan más de 400.

En respuesta a los enfrentamientos entre el grupo armado Eln y la estructura 33 de las disidencias en la región del Catatumbo (Norte de Santander), y tras llevar a cabo acciones humanitarias y operativos militares, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció el despliegue de unidades de la Fuerza Pública en zonas estratégicas.

Estas acciones buscan fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas.

“Estamos evacuando a los líderes y firmantes del Catatumbo, perseguidos por el Eln; más de 400 hombres del Ejército Nacional refuerzan el pie de fuerza en los cascos urbanos y rurales", explicó el ministro.

Velásquez aseguró que, desde el inicio de la crisis, la Fuerza Pública ha trabajado para proteger a la población confinada y ha intensificado su presencia en las cabeceras municipales.

“Lo que se puede afirmar con confianza es que la respuesta está en marcha. Se están introduciendo nuevos componentes militares y policiales en la región, y todo apunta hacia el efectivo control del territorio, el cual debe estar a cargo de la Fuerza Pública", declaró.

En cuanto a la posibilidad de declarar un estado de conmoción interior, Velásquez indicó que “este tema está siendo discutido en el Consejo de Ministros. Estamos evaluando qué medidas podrían implementarse en el marco de un estado de excepción y realizando el análisis correspondiente".

Durante el fin de semana, el ministro de Defensa viajó al Catatumbo y sostuvo reuniones con altos mandos militares en la Brigada 30 del Ejército, donde se definieron directrices para las operaciones en el terreno.

Enfrentamie​ntos en el Guaviare​

El titular de la cartera de Defensa también abordó los enfrentamientos en el departamento del Guaviare entre dos facciones de grupos armados residuales, lideradas por alias 'Iván Mordisco' y alias 'Calarcá'.

“El sector liderado por alias 'Calarcá' y el de alias 'Mordisco' compartían espacios territoriales, ya que ambos formaban parte del Estado Mayor Central (EMC). Sin embargo, la división interna ha generado enfrentamientos por el control del territorio y de las economías ilícitas", concluyó Velásquez.

Justicia en crimen de líder indígena

Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José
David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH.

Ante las pruebas obtenidas por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI), Luis Humberto Trejos Riascos, alias Pinchao; el ciudadano venezolano Elbix José David Malpica Rosales, y Luis Alberto Gil Ballesteros, alias Rolo o PH, aceptaron mediante preacuerdo su responsabilidad en el crimen del líder indígena Moisés López Enríquez, ocurrido el 11 de febrero de 2023, en Sapuyes (Nariño).

Una juez penal de conocimiento de Túquerres (Nariño) avaló la negociación judicial y emitió condena en su contra por los delitos de homicidio agravado; hurto calificado y agravado; y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En consecuencia, Malpica Rosales y Gil Ballesteros fueron sentenciados a 18 años y 2 meses de prisión; mientras que Trejos Riascos recibió una pena de 17 años y 8 meses de prisión.

En el curso de la investigación se estableció que la víctima se movilizaba junto a otras personas a un cabildo indígena ubicado en Ipiales (Nariño). En el camino fue interceptada por hombres armados que le propinaron varios disparos, les robaron las pertenencias a los acompañantes y los intimidaron para que no alertaran a las autoridades.

Las pruebas permitieron conocer que alias Pinchao ordenó la acción criminal y trasladó en un vehículo a los atacantes. De otra parte, ‘Rolo’ y Malpica Rosales se encargaron de bajar al líder social de la camioneta en la que se transportaba y agredirlo con armas de fuego.

Moisés Marcos López Enríquez era representante legal del Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) y, en 2021, se había desempeñado como gobernador del Resguardo Gran Mallama.

Impactados ‘Los del Sur’, red señalada de lavar miles de millones de pesos del narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes de la organización delincuencial ‘Los del Sur’, que sería la responsable de legalizar a través de diferentes operaciones comerciales dineros producto del envío de clorhidrato de cocaína a destinos internacionales.

En diligencias realizadas de manera conjunta con la Policía Nacional fueron capturadas ocho personas que harían parte de la red, entre ellas una funcionaria de Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); identificada como Julie Matilde Duarte Reatiga. En los procedimientos realizados en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y San Vicente de Chucurí (Santander), y San Vicente del Caguán (Caquetá), fueron incautados celulares, armas de fuego y 160 millones de pesos.

Adicionalmente, fueron notificados en centro carcelario Enrique Bautista Reatiga, alias Poporro, el señalado cabecilla de la estructura que fue deportado recientemente de México; y Jhoan Vitalino Ruíz.

Una fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a estas 10 personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos investigados, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Por disposición del juez de control de garantías, tres de los recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, cinco permanecerán privados de la libertad en sus lugares de residencia y dos más seguirán vinculados a la investigación.

Los elementos materiales probatorios indican que alias Poporro habría constituido un entramado que le permitió dar apariencia de legalidad a algo más de 6.000 millones de pesos, mediante inversiones en bienes raíces, compra de inmuebles y adquisición de vehículos de gama alta, entre otras actividades financieras.

114 capturados por homicidios de líderes sociales y firmantes de paz, en ejecución de Operación Themis

Foto: Policía Nacional

Ocho meses después de haber sido lanzada por el Gobierno nacional la Operación Themis, una iniciativa conjunta, fundamental en la persecución de personas implicadas en el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz, se han capturado a 114 personas vinculadas con estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el clan del golfo.

Los detenidos están sindicados de participar como autores materiales de más de cien casos de ataques contra líderes comunales, indígenas, afrodescendientes, campesinos.

El informe lo presentó el Ministerio de Defensa en el que destaca los logros de la Fuerza Pública en materia de seguridad en las regiones afectadas por los Grupos Armados Organizados (GAO) y la efectividad de campañas de difusión con las imágenes de los delincuentes más buscados por homicidio, secuestro y extorsión.

Volantes con imágenes de los más buscados fueron distribuidos en los departamentos de Cauca, Antioquia, Nariño, Meta, Putumayo, Caquetá, Norte de Santander. La mayoría de estos delincuentes pertenecen a 11 organizaciones armadas ilegales.

Con un promedio de una captura cada dos días, la Operación Themis, liderada por el Ministerio de Defensa, ha conseguido poner tras las rejas a presuntos responsables de asesinatos como alias 'Maro', de la estructura Dagoberto Ramos; alias 'Flaco Alberto', cabecilla del grupo 48 Comando de Frontera; alias 'Ney Segoviano' y alias 'Rumba' del ELN.

Fiscalía judicializa a cuatro personas que estarían al servicio del ‘Frente 26 de marzo’ de las disidencias de las Farc

Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) judicializó a Wilmer Alexánder Cadena Rosero, Kevin Marin Tabares, Bladimir Cubillos Cachaya y Claudia Elena Peláez Yajue, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de uso personal.

Wilmer Alexánder Cadena Rosero, Kevin Marin Tabares, Bladimir Cubillos Cachaya y Claudia Elena Peláez Yajue, fueron detenidos en medio de una operación militar que dio de baja a alias Miller. Dos de los capturados resultaron heridos por lo que fueron remitidos a centros asistenciales.

Los procesados harían parte de Frente 26 de Marzo de las disidencias de las Farc y habrían llegado procedentes de los departamentos del Huila y Cauca, para presuntamente incurrir en distintas acciones ilícitas en el Tolima. Todos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez promiscuo del Líbano.

Las capturas se cumplieron en la vereda El Vinagre del municipio Murillo durante una operación adelantada por la Policía y el Ejército Nacional. En estas acciones perdió la vida Miller Ortiz Rivas, alias Miller, presunto cabecilla de la estructura ilegal que hace parte del bloque Central Isaías Pardo. En contra de alias Miller existían órdenes de captura por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambos agravados.

Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra. Todos fueron enviados a la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué donde cumplirán la medida de aseguramiento.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Recuperada la cadena de mando y manteniendo la coordinación, se fortalecen las Fuerzas Militares

Foto: Ministerio de Defensa

Los cambios adoptados por el Gobierno Nacional para reorganizar a las Fuerzas Militares las fortalece sin afectar la colaboración ni las operaciones conjuntas entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada.

Así lo confirmó el ministro de Defensa Nacional, Iván Velásquez Gómez, quien explicó los detalles de la nueva organización de los comandos conjuntos en las Fuerzas Militares, junto con la cúpula militar y de Policía.

“Los comandos conjuntos continuarán, pero ahora dedicados a tareas de planeación y análisis estratégico en los territorios donde operan. Las operaciones directas recaerán en los comandantes de cada Fuerza”, explicó el ministro Velásquez.

Enfatizó que estos cambios no debilitan a las Fuerzas Militares ni implican la desaparición de unidades o la reducción de personal. Por el contrario, fortalecen la estrategia conjunta para combatir a los grupos criminales que operan en el país.

Anunció, además, un cambio en las Fuerzas de Despliegue Rápido (Fudra), que ahora pasarán de 9 a 12 unidades.

Añadió que las Fudra, ahora tendrán objetivos específicos y mayor presencia territorial, con mayor capacidad de movilidad y reacción para enfrentar las amenazas.

Los comandantes de fuerza explicaron que en adelante las fuerzas de tarea dependerán directamente del Comando del Ejército Nacional, mientras que las unidades fluviales de la Armada y los medios aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana, pero mantendrán el apoyo mutuo en sus respectivas áreas de operación, solo que bajo la jerarquía de sus respectivas fuerzas.

“Esta nueva sinergia operacional está contemplada en la actualización del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho ‘PLUS’, y es de estricto cumplimiento y supervisión constante”, afirmó el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides.

Con esta reorganización, recalcó el Ministro de Defensa, las responsabilidades operativas serán asumidas directamente por los comandantes de cada fuerza, quienes, a través de sus divisiones, unidades navales y comandos aéreos de combate, liderarán las operaciones para optimizar la eficiencia y efectividad de las acciones militares.

134 patrulleras y patrulleros hoy son oficiales.

Desde la Escuela de Cadetes de la Policía General Santander, al final de la tarde fría de este viernes, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, graduó a 283 subtenientes de la Policía Nacional, y dio un parte de cumplimiento de una de sus promesas de campaña electoral, que los patrulleros de la Fuerza Pública se pudieran graduar como oficiales.

“De esos 283 subtenientes, 139 son homologados en comisión de estudios y entraron a la Policía Nacional como patrulleros", puntualizó el mandatario.

Y continuó que “de hecho, el primer puesto que acabamos de condecorar, ha sido la sub teniente Leydi López Delgado, quien fue patrullera".

El jefe de Estado sostuvo que “un patrullero logra mejores condiciones para ser subteniente".

Recordó que esta es una promesa de campaña cumplida porque “no puede haber una línea, un muro social que separe la base, ni de la policía, ni del ejército, ni de ninguna de las armas de la Fuerza Pública, y abrir las puertas de las oportunidades de su propia carrera. Su propia entidad, su propia fuerza, debe abrirlas".

“Si hay una muralla y no pasa de abajo hacia arriba a nadie, no tenemos una Fuerza Pública democrática, tenemos una Fuerza Pública aristocrática, que es diferente", enfatizó.

​Mujeres y ​hombres nuevos oficiales

El presidente Petro sostuvo que de los graduandos, el 40 por ciento, 110, son mujeres y 173, hombres, y tres subtenientes más se graduaron como administradores policiales.

Subrayó la importancia de tener la historia de Colombia muy clara ya que antaño, “el día en que se configuró el Ejército Nacional de Colombia, cuando estaba el general Bolívar, y el momento en que desapareció, porque lo borraron por decreto en la mediados del siglo XIX, el último general, como una y otra vez he repetido, fue el general (José María) Melo, que fue el único indígena presidente de Colombia, gracias a que los obreros de Bogotá así lo decidieron".

Reiteró que “aquí nos enseña esa época, esa historia, que los indígenas podían ser generales, que si no hubiese sido así, un negro no hubiera podido ser el gran almirante de Colombia. Si un indígena no hubiera podido ser el último general del ejército libertador, no hubiéramos obtenido la independencia nacional, y no seríamos la república de Colombia. Hay lecciones de la historia que no se pueden olvidar".

Ante un auditorio de policías recién graduados y d​e la cúpula militar de Colombia indicó al respecto que “ustedes son una demostración de ello, porque 134 patrulleros, patrulleras, hoy son subtenientes, y de ellos seguro, no lo veré yo, alguno que otro, quizás decenas, se vuelvan generales".

“No simplemente debemos quitar los muros dentro de las instituciones nacionales, estatales, sino que esa es la señal para que la sociedad entera lo haga, porque si bien aquí y hoy lo demostramos, un general puede ser negro, vamos a tenerlo, y una patrullera puede ser el primer puesto de su grado, de su curso, y quizás pueda ser no sólo subteniente, sino que en su vida personal decidirá ascender hasta la máxima graduación", indicó el presidente.

Para el mandatario igualdad, libertad y solidaridad, son esos grandes pasos que una institución decide dar, “como en general la Fuerza Pública los está dando".

“No sólo la entrada de la mujer al poder, sino la lucha por la igualdad y la libertad, la equidad, en donde nadie por el color de su piel pueda y deba ser excluido", resaltó.

Hom​enaje al Teniente Coronel Edisón Andrés González Huertas

​Al hacer un homenaje al nombre del curso que concluyeron los oficiales, Teniente Coronel Edison Andrés González Huertas, quien fue asesinado en el año 2023, dijo que “frente a mí ha llorado su madre. No se puede reemplazar un ser humano por una banda, y yo sé que no puedo reemplazar ese ser humano que cayó en el Tarra en el año 2023 en el norte de Santander, y que nos muestra un fracaso, pero dura 75 años ese fracaso, es un fracaso del pueblo colombiano, porque estamos fracasando como sociedad en construir la paz".

“La paz en concreto es que un colombiano no mate a otro colombiano o colombiana, eso es la paz", concluyó al respecto.

A la carcel hombre señalado de abuso sexual violento contra menor y contra su pareja.

El hombre de 42 años fue detenido en una solicitud de antecedentes
de rutina cuando llegaba a la terminal de transportes de Bogotá.

La orden de captura solicitada por la Fiscalía General de la Nación, en contra de un hombre que habría agredido a su pareja sentimental, y dos menores de edad, permitió que el investigado fuera detenido en la Terminal de Transportes de Bogotá. La acción se dio debido a la investigación que se adelanta contra el procesado por delitos de violencia basada en género.

El procesado, de 42 años, es requerido por delitos de actos sexuales con menor de 14 años, acceso carnal violento y violencia intrafamiliar, todas las conductas agravadas. La Fiscalía, a través de un despacho de Dolores (Tolima) investiga la aparente comisión de las referidas conductas delictivas, presuntamente configuradas durante los años 2018, 2019 y 2022.

En uno de los hechos que se investiga, se cree que el hombre agredió a su compañera sentimental e hijo de 8 años. El ente acusador determinó que después de tener una relación tranquila durante los primeros quince días de convivencia, el entorno familiar se convirtió en un escenario de violencia.

Labores de policía judicial evidenciaron que el procesado, presuntamente, agredió de manera física y psicológica a su pareja, a quien incluso forzaría a sostener relaciones sexuales íntimas, tras intimidarla con un arma corto punzante. El niño, por su parte, habría sido objeto de tocamientos en sus partes íntimas.

En otro hecho ocurrido en 2022, la víctima habría sido la hija de su nueva compañera sentimental. Al parecer, el investigado accedió carnalmente a la menor de 15 años en junio del ese año. El procesado, al parecer, ingresó al cuarto de la adolescente, a quien le habría exigido permanecer en ropa interior, para luego agredirla sexualmente. Al parecer, buscando que no contara lo sucedido, el hombre le dejo dinero y se marchó.

El procesado negó su responsabilidad en cuanto a los cargos en su contra. La Fiscalía consideró que en este caso era necesario imponer medida de aseguramiento carcelario, solicitud que fue avalada por el juez.

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

A la cárcel presunto responsable de hurto a través de medios informáticos

Juan José Méndez Pacheco, habría hurtado dinero a través
 de enlaces falsos en redes sociales.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a Juan José Méndez Pacheco, presuntamente responsable de hurto de dinero a través de enlaces falsos en redes sociales. La investigación inicio tras una denuncia interpuesta por una entidad financiera que evidenció cómo el procesado habría creado un enlace falso para captar recursos de los clientes.

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 27 de septiembre y se determinó que en el link se ofrecían bonos por 500.000 pesos a los usuarios que accedieran a él. Por esto un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) le imputó los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes, y suplantación de datos personales. El cargo no fue aceptado.

La fiscalía determinó que cuando los interesados ingresaban a la página, eran redirigidos a un portal similar al de la entidad financiera donde lograron que, al menos, seis clientes entregaran sus datos personales y claves de ingreso. Esto permitió que el procesado, al parecer, hurtará más de 11 millones de pesos que fueron transferidos a su cuenta personal.

La Policía Nacional capturó al procesado el pasado 8 de octubre. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Judicializadas siete personas que estarían extorsionando comerciantes en el sur del Meta

Capturados fueron imputados por concierto para delinquir, extorsión, amenazas y porte de armas de fuego.

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medidas privativas de la libertad a tres mujeres y cuatro hombres que harían parte del grupo delincuencial ‘Los Juanitos’, presuntamente dedicados a extorsionar comerciantes de la región del Ariari, sur del Meta.

Se trata de Yelin González Restrepo, alias Bella; Marby Viviana Sanabria Rico, alias Marcela; William Harvey Ortiz Ramos, alias El cantante; Juan Manuel Andrade Pérez, alias Cofla; Ángel Mauricio Grajales Godoy, alias Siete; Wilmer Alexander Hernández y Sandra Milena Quiñonez Quiñonez, alias Simpson, quienes fueron imputados con delitos de concierto para delinquir agravado, extorsión, amenazas y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Cargos que no fueron aceptados por los procesados.

Los procesados vendrían realizando amenazas desde 2022. Llamadas y panfletos amenazantes serían la manera de intimidar a las víctimas, quienes consignaban los dineros en corresponsales bancarios.

En desarrollo de cuatro diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Policía Nacional en Granada, San Martín, Vistahermosa y San Juan de Arama (Meta) fueron capturados los investigados, quienes cumplirían roles determinados al interior de la red criminal.

Por solicitud de la Fiscalía un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a seis de los capturados. Sandra Milena Quiñonez fue afectada con detención domiciliaria por su condición de madre lactante.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.

Ejército y Fiscalía hallan un depósito ilegal de cocaína en Risaralda

La cocaína distribuida en el microtráfico tendría un valor aproximado de 2000 millones de pesos y serían más de 104.000 dosis de esta droga.

En cumplimiento del Plan de Campaña Ayacucho, tropas de la Octava Brigada, con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Dirección de Investigación Criminal Dijín, efectuaron una operación militar que permitió encontrar un depósito ilegal oculto en zona rural del municipio de Balboa, Risaralda.

Desde hace aproximadamente tres meses se adelantan actividades de inteligencia que han permitido afectar la economía ilegal del narcotráfico; inicialmente, ubicando un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína que supuestamente estaba al servicio del ELN, que delinque en los departamentos del Chocó y en límites con el Valle del Cauca, y, recientemente, en la vereda La Gurbia, de Balboa, Risaralda, desmantelando un depósito que con 125 paquetes prensados, cada uno con un peso aproximado de 1000 gramos, para un peso total aproximado de 125 kilogramos de estupefacientes, valorados en 750 millones de pesos.

Desde hacía nueve meses se encontraban en la vereda La Gurbia, de Balboa, Risaralda, habiendo producido hasta el momento casi 3 toneladas de clorhidrato de cocaína, valoradas en el mercado ilegal en más de 24.000 millones de pesos.

El Ejército Nacional en la región cafetera continuará adelantando operaciones militares contra los factores de inestabilidad.

Fuente: Quinta División

Operación Gibraltar: en 60 días han incautado más de 3 millones y medio de galones de hidrocarburos.

En esfuerzo conjunto para proteger el capital natural de Colombia y enfrentar la problemática del apoderamiento ilegal de hidrocarburos, la Policía Nacional, a través de la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental, ha llevado a cabo la Operación Gibraltar II. Esta operación, desarrollada en el marco de la Estrategia Institucional de Protección al Capital Natural (EICAN), se centró en la vigilancia y control del transporte de hidrocarburos en varias regiones del país.

En el desarrollo de la operación durante estos dos últimos meses, las unidades especializadas del grupo contra el apoderamiento de hidrocarburos inmovilizaron 485 vehículos involucrados en actividades ilegales relacionadas con el transporte de hidrocarburos. Asimismo la incautación de 3.539.873 galones y la recuperación de 38.345 galones de hidrocarburos destinados a su uso ilegal, evitando así un daño significativo al patrimonio natural y económico de la nación.

Gracias a la recolección de evidencia material probatoria obtenida durante esta operación, se ha logrado fortalecer los procesos judiciales adelantados por la Fiscalía General de la Nación contra estructuras criminales dedicadas al apoderamiento y destinación ilegal de hidrocarburos. Esto no solo contribuye a desarticular redes delictivas, sino que también permite disminuir las pérdidas económicas y daños ambientales asociados al hurto de hidrocarburos de los “Poliductos y Oleoductos” de ECOPETROL.

“La Policía Nacional reafirma su compromiso en la lucha contra los delitos ambientales y económicos, protegiendo los recursos naturales y asegurando que los responsables de estas actividades ilícitas enfrenten todo el peso de la ley. La Operación Gibraltar II es claro ejemplo de cómo el trabajo articulado entre la Fuerza Pública y las entidades judiciales puede generar resultados contundentes en la protección de los intereses del país” brigadier general William Castaño Ramos, director de Carabineros y Protección Ambiental.