Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales (DECOC) judicializó a Wilmer Alexánder Cadena Rosero, Kevin Marin Tabares, Bladimir Cubillos Cachaya y Claudia Elena Peláez Yajue, como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte ilegal de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas y de uso personal.
Wilmer Alexánder Cadena Rosero, Kevin Marin Tabares, Bladimir Cubillos Cachaya y Claudia Elena Peláez Yajue, fueron detenidos en medio de una operación militar que dio de baja a alias Miller. Dos de los capturados resultaron heridos por lo que fueron remitidos a centros asistenciales.
Los procesados harían parte de Frente 26 de Marzo de las disidencias de las Farc y habrían llegado procedentes de los departamentos del Huila y Cauca, para presuntamente incurrir en distintas acciones ilícitas en el Tolima. Todos fueron afectados con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez promiscuo del Líbano.
Las capturas se cumplieron en la vereda El Vinagre del municipio Murillo durante una operación adelantada por la Policía y el Ejército Nacional. En estas acciones perdió la vida Miller Ortiz Rivas, alias Miller, presunto cabecilla de la estructura ilegal que hace parte del bloque Central Isaías Pardo. En contra de alias Miller existían órdenes de captura por los delitos de homicidio y concierto para delinquir, ambos agravados.
Ninguno de los procesados aceptó los cargos en su contra. Todos fueron enviados a la cárcel Coiba Picaleña de Ibagué donde cumplirán la medida de aseguramiento.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
