Juanita Villaveces Niño, Viceministra de Hacienda, explica las medidas tributarias de conmoción interior.
El Gobierno nacional creará tres impuestos al amparo de la declaratoria del estado de conmoción interior con los cuales aspira a recaudar un poco más de un billón de pesos durante los 90 días que está previsto el estado de excepción.
Así lo anunció este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes la viceministra Técnica de Hacienda, Juanita Villaveces Niño, quien asistió a la sesión especial en la que el Gobierno explicó los argumentos por los cuales se decretó la conmoción.
“Se establecieron tres medidas tributarias que buscan el recaudo de $ 1 billón 63 mil millones, durante los 90 días de la conmoción, para poder atender la situación que se requiere en este momento en la región del Catatumbo”, explicó la funcionaria.
Los tres impuestos que se crearán son:
- Impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, con los que se aspira a recaudar $ 519 mil millones.
- Contribución especial de 1 % a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón, con los que se busca recaudar $ 214 mil millones.
- Impuesto de timbre (1 %) para recaudar $330 mil millones.
“Los recursos que se lleguen a recaudar con estas medidas se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, añadió la viceministra de Hacienda.
Dijo que estas nuevas medidas tributarias “se necesitan, debido a la compleja situación fiscal del Estado”.
Y agregó que “estos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2025, por lo que se requiere determinar unas nuevas fuentes de financiamiento”, señaló.
Por su parte, el ministro designado de Hacienda, Diego Guevara, intervino sobre ese mismo tema, pero ante la plenaria del Senado, donde argumentó la urgencia de contar con esos recursos.
“Hoy necesitamos impuestos de recaudo inmediato con una destinación específica, que es el Catatumbo. Estos impuestos no son una reforma tributaria por la puerta de atrás, sino que aplican únicamente para este año; son impuestos tipo IVA que podemos captar de manera inmediata con destinación específica”, sostuvo el ministro.
Agregó que “el tema del Catatumbo no da espera”, y que por ello estas medidas fiscales “son el corazón de este decreto de conmoción interior que hemos visto analizando en las últimas semanas para que cumplan con todos los principios legales y constitucionales”.
De acuerdo con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el Gobierno nacional declaró “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
La norma de excepción cobija a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar (Río de Oro y González), que están recibiendo desplazados.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró ante la plenaria de la Cámara que la declaratoria de conmoción interior cumple con los tres presupuestos legales y constitucionales:
“Primero, el presupuesto fáctico, porque se trata de hechos concretos y verificables. Segundo, el presupuesto valorativo, porque es muy grave la intensidad de la violencia en El Catatumbo, pocas veces vista en la historia del conflicto armado en Colombia. Y, tercero, la necesidad imperiosa de decretar el estado de conmoción interior, porque con las facultades ordinarias no es posible atender las dificultades que se viven en esa región”, explicó el ministro Cristo.
En la plenaria también participaron la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.
El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la suspensión de los diálogos de paz con el Eln debido a los recientes hechos de violencia en la región del Catatumbo.
En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El Eln no tiene ninguna voluntad de paz".
La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al Eln en el Catatumbo, donde se reportaron asesinatos de civiles y algunos firmantes de paz.
La jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, Vera Grabe, se pronunció sobre la medida: “Se suspende el proceso hasta que Eln definitivamente piense si quiere caminar hacia la paz. Este país no aguanta más. Se requiere de una decisión por parte del Eln, si quiere con este Gobierno caminar en la paz". Pese a la suspensión, Grabe aseguró que se mantendrán las dinámicas humanitarias y los canales de comunicación abiertos “para que el Eln comunique lo que defina".
Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el Eln, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.
El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El Eln tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.
“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el Eln en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.
Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del Eln en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.
El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".
González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.
En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del Eln interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el Eln es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".
Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exjefe paramilitar Uber Enrique Banquez Martínez, conocido como ‘Juancho Dique’, a 10 años y 3 meses de prisión por los delitos de falso testimonio en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad.
Exsenador Javier Cáceres, condenado en el 2012 a 9 años por parapolítica.
En 2008, el excabecilla del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mintió en varias declaraciones que rindió bajo la gravedad de juramento ante los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que investigaban los posibles nexos del entonces senador Javier Enrique Cáceres Leal con los grupos paramilitares que delinquían en la región.
Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada acreditó que ‘Juancho Dique’ entregó información engañosa y negó cualquier vínculo del congresista con la estructura armada ilegal, para favorecerlo y desviar el proceso que se seguía en su contra por el delito de concierto para delinquir.
La sentencia conocida dispuso que la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario y negó cualquier subrogado, además impuso una multa equivalente a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 84 meses para el ejercicio de funciones públicas.
El fallo es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Estuvo ocho años preso
Es de anotar que en septiembre de 2015, Uber Enrique Banquez Martínez quedó en libertad luego de cumplir con ocho años de cárcel, tras acogerse la Ley de Justicia y Paz, al reconocer varios crímenes que cometió cuando hizo parte de la Autodefensas Unidas de Colombia.
Uber Banquez Martínez fue condenado a pagar ocho años de pena intramuros por los delitos de homicidio agravado, homicidio simple, sedición y desplazamiento forzado, que cometió cuando hizo parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, más concretamente de la estructura de “Héroes de los Montes de María”.
Una de las masacres que reconoció ‘Juancho Dique’ fue la que cometió junto a varios de sus compañeros en el corregimiento de Macayepo, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.
El Carmen de Viboral, Antioquia, 8 de octubre de 2024.- El presidente de la República, Gustavo Petro, manifestó este martes, durante el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por el caso de la vereda La Esperanza, que la respuesta al estallido social en donde fueron asesinados jóvenes por el Estado fue la adquisición del software de interceptación Pegasus.
“¿Cómo se respondió al estallido social? Con Pegasus”, manifestó el mandatario en su intervención.
El presidente subrayó que haber puesto al descubierto la compra del software es la razón por la que ahora quieren juzgarlo.
“Ahora me quieren juzgar porque les mostré el banco donde consignaron la plata, la empresa, la fecha, el avión, y no con un documento del presidente de la República sino del país extranjero donde está el banco, a través de su agencia de lavado de activos”, dijo.
El jefe de Estado señaló, además, que es “triste que un gobierno mueva dineros en aviones, y otra agencia extranjera tenga que meter el hecho dentro de un informe de lavado de activos en Colombia”.
“¿Para qué? ¿Para perseguir a jovencitos? ¿Qué tienen contra la juventud en Colombia? ¿Les asusta o qué? Porque no hacen sino asesinarla permanentemente, perseguirla permanentemente. ¿Qué les molesta de los jóvenes y las jóvenes que no se dejan arrodillar, que gritan y protestan, que tienen dignidad, y entonces para eso buscan fusilarlos y golpearlos y encarcelarlos y torturarlos? Pues este pueblo se cansó, se cansó”, puntualizó el presidente Petro.
Minga por la defensa de la vida y el territorio ante las desarmonías causadas por los actores armados en la zona Tierradentro
COMUNICADO ANTE LA OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNIDAD EN GENERAL.
En nombre de las veinticinco (25) autoridades indígenas de la zona Tierradentro que conforman la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de los Pueblos Indígenas de Juan Tama y Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca-CRIC, en uso de sus facultades legales, al Derecho Mayor, Ley de Origen a los principios organizativos de Unidad, Tierra, Cultura y Autonomía, y al direccionamiento Político Organizativo del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, realizamos el presente pronunciamiento en razón de los hechos ocurridos el día 08 de julio de 2024, en el marco del desarrollo de la “Minga por la defensa de la vida y el territorio ante las desarmonías causadas por los actores armados en la zona Tierradentro”.
MANIFESTAMOS:
En el marco de la unidad se realizó el día 08 de julio de 2024 la Minga por la defensa de la vida y el territorio con las veinticinco (25) autoridades indígenas de la zona Tierradentro y demás invitados del orden local, regional y nacional con el fin de posicionar la gobernabilidad en defensa de la vida y el territorio, ante las desarmonías causadas por los actores armados en la Zona Tierradentro,
Como Zona Tierradentro en cabeza de nuestras autoridades y en apoyo de la Guardia indígena se realizan constantemente control en nuestros territorios para mantener la autonomía que nos lleven a un buen vivir en armonía con nuestra madre tierra, es por ello, que al realizarlo el día 08 de julio del presente año por falta de comunicación y coordinación se generó en el Territorio Ancestral de Cohetando vereda de San Luis un cruce de palabras con un tono elevado que llevaron a hacer juzgamiento que afectan a autoridades, guardia y comunidad en general.
Hoy 16 de julio de 2024, se da una conversa entre la Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha, Asociación de Autoridades del Consejo Territorial de los Pueblos Indígenas de Juan Tama, Autoridades indígenas, Guardia del Consejo Regional Indígena del Cauca- CRIC y comunidad de San Luis, donde se establece que la lucha milenaria de los pueblos indígenas es el control territorial, la defensa de la vida y del territorio, por lo tanto, ratificamos lo orientado desde las resoluciones y mandatos (local, zonal y regional).
Como zona Tierradentro nos ratificamos en la Resolución de Vitoncó, por medio de la cual ningún indígena puede pertenecer a grupos armados, por lo tanto, RECHAZAMOS Y EXIGIMOS la no vinculación de nuestros comuneros a los grupos armados legales e ilegales, y reiteramos su aplicación en cada uno de nuestros territorios, que por décadas han sido afectados debido a la presencia de grupos armados, que causan desarmonías y profanan nuestros sitios sagrados.
RECHAZAMOS Y CONDENAMOS cualquier acción realizada por parte de los grupos armados que han venido ejerciendo, retenes ilegales, reclutamiento forzado de nuestras niños, niñas y adolescentes, asesinatos de personas en nuestros territorios, amenazas a la vida e integridad de las autoridades, Guardia y comunidad Indígena, de igual forma, la profanación y utilización de nuestros sitios sagrados, extorsiones, quemas de vehículos y represalias sobre la población en general.
DESLEGITIMAMOS la autoridad que dicen mantener sobre un territorio indígena. como pueblos indígenas son la Autoridades legítimamente elegidos por la máxima autoridad que es la asamblea quien seguirá ejerciendo el control en nuestros territorios.
No se permite la presencia y acciones de los grupos armados legales e ilegales que constantemente generan desarmonías en nuestro territorio, mantendremos firmemente los controles y recorridos territoriales en cabeza de las Autoridades indígenas y de manera conjunta con la guardia indígena y comunidad en general. de la misma forma, se continuará con la “minga hacia adentro” para el fortalecimiento de la familia, la identidad cultural, el control y autonomía territorial e invitamos a los Jóvenes a no hacer parte de estos grupos armados que no representan nuestra lucha indígena.
“CUENTEN CON NOSOTROS PARA LA PAZ Y NO PARA LA GUERRA”
El presidente Gustavo Petr rRED METROneto anunció que Colombia suspenderá las exportaciones de carbón a Israel, debido a que ese país aún no cesa los ataques contra la población civil en Gaza.
En su cuenta oficial en la red social de X, el mandatario escribió: “Vamos a suspender las exportaciones de carbón a Israel hasta que detenga el genocidio”.
En el mismo trino, el jefe de Estado publicó el borrador de decreto del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que estará disponible en la página oficial de esa cartera para recibir comentarios entre los próximos 11 y 17 de junio.
El proyecto de Decreto “por el cual se establece una prohibición a las exportaciones de carbón a Israel” en sus considerandos hace un recuento las graves violaciones a los derechos humanos atribuidos a Israel contra el pueblo palestino en la franja de Gaza.
Y agrega en otro de los considerandos: “Que, por lo anterior, la República de Colombia ha decidido establecer una medida de prohibición a las exportaciones de carbón hacia Israel.
Que dicha medida se justifica bajo el artículo XX(a) del GATT 1994, ya que éste permite a los Países Miembros de la OMC la implementación de medidas necesarias para proteger la moral pública. En tanto el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC les permite a los Miembros definir dicho concepto, para la República de Colombia proteger la moralidad pública implica proteger la idea del Estado social y democrático de derecho, es decir, proteger la dignidad humana, la igualdad, la democracia y el cumplimiento de derechos humanos”.
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), entre enero y agosto del 2023 Colombia exportó a Israel USD $375 millones, de los cuales 93% corresponde a productos minero energéticos, en especial carbón (hullas térmicas y briquetas), los cuales son considerados “productos estratégicos para la fabricación de armas, la movilización de tropas, la fabricación de provisiones para operaciones de uso militar”.
El proyecto de Decreto, igualmente, dice que la restricción no aplicará a los embarques debidamente autorizados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y que cumplan los requisitos de ley, ni a los negocios jurídicos perfeccionados hasta el 30 de abril de 2024.
En cuanto a la vigencia, el proyecto de norma señala que entrará a regir transcurridos cinco días calendario después de su publicación en el Diario Oficial “y tendrá vigencia hasta que se cumplan a cabalidad las órdenes de medidas provisionales emitidas por la Corte Internacional de Justicia en el Proceso de la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (Sudáfrica c. Israel).
El Gobierno Nacional rechaza enérgicamente los recientes ataques perpetrados contra la fuerza pública y la población civil en Popayán y Jamundí.
Son inaceptables estos actos de violencia que pretenden socavar la tranquilidad del pueblo colombiano. Quienes optan por la violencia y perpetúan el conflicto armado enfrentarán todo el peso de la ley.
Reiteramos nuestro total respaldo a las Fuerzas Militares, quienes están llevando a cabo una ofensiva efectiva contra las estructuras ilegales que amenazan la paz y la seguridad de nuestra nación. No cesaremos en nuestro empeño por desmantelar estas organizaciones criminales que, de manera errada, eligieron la guerra por encima de la paz.
Nuestro compromiso con la protección del pueblo Colombiano y el bienestar de nuestros soldados y policías es inquebrantable. De nosotros no esperen otra cosa que un Gobierno que trabaja incansablemente para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos afectados por estos actos de violencia.
Por orden del presidente Gustavo Petro no habrá cese al fuego con el Estado Mayor Central (EMC) en el suroccidente del país y cualquier diálogo con esta organización armada ilegal se deberá efectuar sobre la base del desmonte de sus economías ilícitas.
Esa fue una de las conclusiones a las que se llegó al término del Consejo de Seguridad celebrado en Popayán, que fue encabezado por el jefe de Estado y con la presencia del ministro de la Defensa, Iván Velásquez; la cúpula militar y de Policía, los alcaldes del Cauca, el gobernador Octavio Guzmán y miembros de la administración departamental.
El ministro Velásquez anunció una recompensa de $500 millones por información que permita la captura de los cabecillas del frente ‘Jaime Martínez’ de las disidencias.
Así mismo, el departamento contará con un incremento de 200 policías y 300 efectivos del Ejército para reforzar la seguridad en los municipios y se fortalecerán los grupos Gaula en esa zona del país.
Entre las medidas adoptadas, el jefe de Estado ordenó afectar las finanzas de este grupo ilegal tanto en narcotráfico como en la minería ilegal, en la medida en que con esta estrategia lo que se busca, según explicó el ministro de Defensa, es debilitar a la organización.
En este sentido, la Fuerza Pública recibió instrucciones para aumentar las capacidades en las operaciones y mantener un estricto seguimiento de sus resultados.
Adicionalmente, con la coordinación del Departamento Nacional de Planeación, el Departamento de Prosperidad Social y ministerios como Agricultura, Salud, Transporte y Educación se emprenderán jornadas de trabajo con los alcaldes del Cauca para desarrollar proyectos de infraestructura que incluyen puestos de salud, centros escolares y vías.
En particular, se trabajará en las áreas del cañón de Micay y Argelia con iniciativas para la sustitución de más de 15 mil hectáreas sembradas con cocaína.
Lo anterior, según el ministro Velásquez, hace parte de la política del gobierno de la transformación del territorio, que busca brindar oportunidades a los campesinos, los jóvenes y la población en general.
Recorrido del presidente por Morales
Antes del Consejo de Seguridad, el presidente Gustavo Petro, acompañado por la cúpula de las Fuerzas Militares y de Policía, realizó un recorrido por el municipio de Morales (Cauca) para conocer, de primera mano, el parte de las autoridades del ataque perpetrado por Estado Mayor Central (EMC) de las Farc el pasado lunes.
El jefe de Estado inspeccionó la estación de Policía del municipio y destacó la labor de los 17 miembros de la institución que repelieron el ataque.
A su regreso a Popayán, el mandatario condecoró con la medalla al Valor Actos Heroicos del Servicio a 37 miembros de la Policía entre oficiales y miembros del nivel ejecutivo.
El Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona informa lo siguiente: el día lunes 8 de abril de 2024, hombres fuertemente armados incineraron maquinaria amarilla, del consorcio que se encuentra construyendo las obras de pavimentación del anillo vial, del Macizo Colombiano.
El Cabildo Mayor se solidariza y brinda respaldo, a los padres de familia, estudiantes, dinamizadores semillas de vida y maestros de la Institución Educativa Agropecuaria Nuestra Señora de los remedios, de los Centros Educativos de la Playa y Placetillas, de los usuarios de las unidades del programa semillas de vida, modalidad propia CRIC-ICBF; por el cese de actividades decretado por la Autoridad y la comunidad del Resguardo de San Juan, para salvaguardar la vida de todos, como derecho fundamental.
Los resguardos, cabildos y comunidades que constituimos el Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, somos reconocidos formalmente como víctimas del conflicto armado colombiano, de carácter colectivo, y con el accionar de hoy nos están revictimizando, por lo tanto, es responsabilidad del Estado, trabajar arduamente para conseguir la paz, que anhelamos todos los colombianos.
CABILDO MAYOR DEL PUEBLO YANACUNA – CMY
Popayán Cauca, abril 9 de 2024.
El Cabildo Mayor del Pueblo Yanacona, como estructura política constituida en el año 1992, actualmente ostenta el grado de Autoridad Tradicional de ámbito nacional, según resolución No 082 del 23 de julio de 2019, emitida por la oficina de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior. Nuestra estructura de autoridad está conformada por 31 comunidades indígenas Yanaconas, ubicadas a nivel nacional en 6 Departamentos, 17 Municipios, un Distrito Capital (Bogotá) y un Distrito Especial (Cali Valle del Cauca).
Con un amplio apoyo de distintos sectores fue aprobado en primer debate el proyecto de ley que busca que la violencia vicaria, entendida como la violencia que busca afectar a las mujeres causando daño a sus hijos o hijas principalmente, sea reconocida en el ordenamiento jurídico colombiano.
El objetivo principal de esta ley, además de reconocer dicha violencia, es prevenirla y garantizar un acceso efectivo a la justicia, reparación y no repetición a las víctimas, en consonancia con la protección de los derechos humanos. La autora del proyecto, Alexandra Vásquez, actual representante a la Cámara del Pacto Histórico, enfatizó la importancia de “prevenir esta forma de violencia mediante la formación de funcionarios públicos y la difusión de información en medios de comunicación".
Asimismo, basándose en datos del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, la congresista cundinamarqués recalcó las graves consecuencias que esta violencia tiene en mujeres, niños y jóvenes, desde afectaciones psicológicas hasta casos extremos como feminicidio e infanticidio, tal como sucedió con el menor Gabriel Esteban Cubillos, cuyo asesinato, cometido por su padre en el año 2022, evidenció las manifestaciones de la violencia vicaria en búsqueda de venganza contra su expareja por haber terminado la relación.
Por su parte, la congresista del Partido Conservador, Delcy Isaza, ponente del proyecto, resaltó el enfoque de género del proyecto “en un país patriarcal y machista en el que los derechos de las mujeres deben ser suplicados". Igualmente, reconoció el aporte de las organizaciones sociales y de todas las personas que han luchado incansablemente por la visibilización y reconocimiento de la violencia vicaria.
Por su parte el representante Miguel Polo Polo votó negativamente al proyecto al considerar que “deja desprotegidos a los hombres, niños y otros grupos minoritarios”.
El articulado también propone la declaración del 11 de mayo como el Día en Contra de la Violencia Vicaria en Colombia, como un símbolo de compromiso para erradicar esta problemática en la sociedad.
El proyecto continuará trámite en la plenaria de la Cámara.
El ELN intercepta una caravana humanitaria y se lleva a 8 personas recién liberadas por disidencias de las FARC
Integrantes del ELN.Carlos Villalon / Gettyimages.ru
Presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia interceptaron la noche del lunes en el departamento de Arauca una caravana humanitaria que transportaba a ocho personas, que momentos antes habían sido liberadas por las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que las tenían en su poder, denunció el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La misión, liderada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), en la que también participó la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, la Misión de Verificación de la ONU y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, fue abordada "por hombres armados que se identificaron como integrantes del ELN" y se llevaron a las personas rescatadas alegando que eran miembros de su grupo guerrillero, detalló Camargo Assis.
"Veo con absoluta preocupación la degradación que está sufriendo el conflicto armado en Colombia, de manera particular con lo ocurrido en Arauca a una misión humanitaria", manifestó el defensor. Este hecho no tiene precedentes en la historia reciente de la nación y "además de ser una violación del cese al fuego pactado con el Gobierno nacional, se convierte en un mal precedente para quienes dicen estar dispuestos a negociar un proceso de paz", agregó.
Las disidencias de las FARC afirmaron en un comunicado citado que habían retenido a 14 integrantes del ELN el pasado 3 de septiembre tras un enfrentamiento en el municipio de Tame, también en Arauca. Cinco de ellos fueron entregados el mismo día "al componente internacional", debido a la gravedad de sus heridas y otro logró escaparse. Ocho combatientes restantes fueron liberados esta jornada, incluyendo una menor de edad, según las disidencias.
Por su parte, el CICR hizo un llamado a que la acción humanitaria sea respetada "por todos los actores, en todo momento y en todo lugar". "El irrespeto de la misma tiene un impacto directo sobre las comunidades afectadas por los conflictos armados y otras situaciones de violencia", puntualizó.
La mañana de este miércoles fue detonado un carro bomba cerca de una estación de la Policía en el departamento colombiano del Cauca, al suroccidente del país, causando la muerte a dos personas.
El hecho se registró en el corregimiento de Timba, ubicado en el municipio de Buenos Aires de la entidad, a las 07:15 de la mañana [hora local].
La Policía informó que el auto bomba fue denotado a aproximadamente 50 metros de la estación; además de las víctimas fatales, dejó otras dos personas heridas.
Atacan con explosivos una estación policial en Colombia
La mañana de este miércoles fue atacada con explosivos una estación de la Policía en el departamento colombiano del Cauca, al suroccidente del país. Según información preliminar, hay varias personas heridas pic.twitter.com/RRn0OqKUF3
Además del daño a la infraestructura de la oficina de la Policía, la explosión afectó a una escuela, un hospital, algunos talleres y viviendas de la zona.
De momento, se desconoce qué agrupación estaría detrás del atentado. El gobernador del Cauca, Elías Larrahondo, declaró que en la zona tienen presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente Jaime Martínez, una disidencia de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Cese al fuego
Este hecho se produce un día después de que se anunciara un acuerdo entre el Gobierno nacional y los miembros del Estado Mayor Central (EMC), principal grupo de disidentes de las antiguas FARC —comandado por Néstor Gregorio Vera, mejor conocido con el alias de 'Iván Mordisco'—, para instalar el 8 de octubre la mesa de diálogo en la región colombiana de Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander.
En el anuncio, que se ofreció en una rueda de prensa conjunta, realizada en el municipio de Suárez, justamente en el departamento del Cauca, también se dio a conocer que arrancará un cese al fuego que regirá hasta el 8 de agosto de 2024, el más largo hasta ahora acordado con un grupo armado.
Al referirse a recientes informes sobre el cambio de la geografía de las rutas de la cocaína en la selva amazónica, el Presidente Gustavo Petro afirmó que “esto amerita una nueva estrategia”, que integre la política de seguridad con la democracia y el empoderamiento de la ciudadanía.
Foto: Archivo, Cristian Garavito - Presidencia
“Mi propuesta es que una seria política de restauración de la selva con participación central de las comunidades puede ser al mismo tiempo, con la ayuda de la coordinación de las fuerzas de seguridad, la llave para detener a las mafias. Es una estrategia político-militar”, precisó.
De acuerdo con el Mandatario, la construcción de un tribunal de justicia para delitos ambientales en el área amazónica que constituyen crímenes contra la humanidad y el empoderamiento de la población amazónica y sus comunidades indígenas “son claves para detener esta enorme amenaza que es una amenaza contra la humanidad”.
En su mensaje, el Presidente Petro consideró que una política de lucha contra las drogas ilícitas basada en la prevención, y no en la criminalización, podría solucionar el problema de manera inmediata.
Al respecto afirmó: “Ojalá Europa, hacia donde van las nuevas rutas, y el Extremo Oriente asiático, entendieran que una política sobre la cocaína no basada en la criminalización sino en la prevención podría dar la solución inmediata al problema”.
“EE.UU. ha mostrado una evidencia. El camino es derrumbar el precio de la cocaína para quitar la rentabilidad sobre la cual se fundan las mafias y disminuir sustancialmente el consumo, como se ha logrado con la nicotina”, concluyó el Presidente Petro.
El acuerdo suscrito entre el Gobierno del Cambio y el ELN, como conclusión del tercer ciclo de conversaciones entre las partes, y que ratifica el Cese el fuego bilateral, nacional, por seis meses, tiene una etapa de alistamiento, preparación, implementación y verificación. Su ejecución plena arranca el próximo 3 de agosto.
Así quedó contemplado en el documento suscrito entre el Presidente de la República, Gustavo Petro y el comandante del Eln, Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, los países garantes y las partes acompañantes, y que leyó en su integridad el canciller cubano Bruno Rodríguez, quien representa al gobierno de la isla, país que es garante del proceso de paz.
“Las partes ratifican que la mesa de diálogo entre las partes entra en una actividad permanente que conjuga distintas modalidades de trabajo en diversos escenarios y tiempos, manteniéndose los ciclos de conversaciones”, afirmó el canciller Rodríguez.
El primero de los tres puntos del acuerdo define “los preparativos para la participación de la sociedad en la construcción de la paz”. Por eso se define una convocatoria a la sociedad para participar en el proceso de paz, y la conformación de equipos preparatorios para la instalación del llamado Comité Nacional de la Participación.
También se ordena la elaboración del reglamento operativo y el plan de trabajo de este Comité, que será instalado públicamente el próximo 25 de julio de 2023.
El segundo punto del acuerdo es el cese el fuego bilateral, nacional y temporal —por seis meses— entre las partes y que en su fase inicial cuenta también con tres momentos:
1. Con el anuncio las partes dan inicio al proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral. Del 9 de junio al 5 de julio de 2023 se surte un proceso de alistamiento que incluye, entre otros, la activación de un canal de comunicación entre las partes, a través del representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas en Colombia.
La redacción de los protocolos pendientes, el inicio de las actividades de pedagogía y la preparación para la puesta en marcha para el mecanismo de monitoreo y verificación. “Las órdenes del cese de operaciones ofensivas por las partes se harán vigentes desde el 6 de julio de 2023”, recoge el texto del acuerdo.
2. El 10 de julio de 2023 se hará una reunión plenaria y presencial de la mesa de diálogo de paz para aprobar los protocolos elaborados durante ese período se continuarán desarrollando las actividades de pedagogía.
3. El 3 de agosto de 2023 iniciará la implementación plena del proceso de alistamiento del cese el fuego bilateral nacional y temporal con la aplicación en su totalidad de los protocolos y el completo funcionamiento del mecanismo de monitoreo y verificación en todas sus instancias.
A partir de esa fecha se empiezan a contar los 180 días de vigencia del proceso de alistamiento del cese al fuego bilateral nacional y temporal el cual tendrá ocasión de continuidad, previa evaluación de las partes.
El canciller Rodríguez leyó el tercer punto del acuerdo y es la definición del cuándo y dónde se hará el cuarto ciclo de negociaciones. Será entre el 14 de agosto y el 4 de septiembre de 2023, en la República Bolivariana de Venezuela. “En el cual, entre otros temas, se hará un balance de los acuerdos suscritos”, concluyó.
Mediante comunicado de prensa se ha conocido la posición del gobierno nacional
Comunicado de prensa
Bogotá, 21 de mayo de 2023,- El día de ayer se conoció el asesinato de cuatro menores de edad por el frente Carolina Ramírez, del Estado Mayor Central, en el departamento del Putumayo. Un hecho atroz que cuestiona la voluntad de construir un país en paz. No hay justificación alguna para esta clase de crímenes.
Hoy, después de escuchar a delegados de las comunidades y del Consejo Extraordinario de Seguridad —y debido a la grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de esta organización al margen de la ley, sumado a otros hechos que generan incertidumbre y zozobra en la población—, el Gobierno tomó la decisión unilateral de suspender parcialmente los efectos del Decreto 2656 del 2022.
Para informar esta decisión se convocó a los delegados del EMC-FARC en el mecanismo de monitoreo, quienes se excusaron de asistir. En consecuencia, se informa que el cese bilateral que había actualmente con este grupo armado en los departamentos del Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo se suspende y se reactivan todas las operaciones ofensivas. Estas actuaciones serán realizadas bajo el respeto de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. La decisión se hará efectiva en las próximas 72 horas.
Además, se invita al EMC-FARC a ratificar la participación de sus delegados en los mecanismos locales en los que sigue vigente el cese al fuego. Hemos constatado la distensión que se ha logrado en otros territorios donde opera el EMC-FARC por el respeto al cese al fuego y cómo se han evitado daños irreparables a la vida e integridad de los pobladores.
Si el cese al fuego bilateral no es efectivo en determinados territorios para proteger la vida y la integridad de toda la población, no tiene sentido persistir en ello.
El Gobierno colombiano compartirá en las próximas horas los nombres de los integrantes de su delegación para la mesa de conversaciones de paz con el EMC-FARC para iniciar de manera perentoria la fase de diálogos. Uno de los asuntos que proponemos abordar en la mesa de conversaciones será el fortalecimiento del cese de hostilidades con carácter territorial. La vida y las transformaciones con justicia social y ambiental es el contenido de la paz.
Las comunidades históricamente negadas en sus derechos en donde es ausente el Estado suplican para que haya justicia y cese la violencia armada. Las escuchamos, no están solas, el gobierno no es ajeno sus llamados, razón por la cual no renunciaremos a trabajar por la paz y hacer presencia de manera integral en todos los territorios con las comunidades.
El Gobierno del Cambio designa siete Voceros de Paz de organizaciones sociales y humanitarias para que contribuyan a la Paz Total
El Presidente de la República, Gustavo Petro, firmó las resoluciones en las que designó siete Voceros de Paz, miembros de organizaciones sociales y humanitarias, quienes acompañarán la misión de desescalar la conflictividad social en el país, promover la reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica en el marco de la Paz Total.
Así lo confirmaron este viernes los miembros de la Comisión Intersectorial para la Promoción de la Paz, la Reconciliación y la Participación Ciudadana, que es integrada por los ministros de Interior, Alfonso Prada; de Justicia, Néstor Osuna, de Defensa, Iván Velásquez; el Director del DAPRE, Mauricio Lizcano, y la Secretaría Técnica del Alto Comisionado de Paz.
En su intervención, el Ministro de Justicia explicó que esta Comisión evalúa casos de personas privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, para seguir haciendo recomendaciones al Presidente sobre nuevos Voceros de Paz, todo dentro del propósito que estos jóvenes apoyen las gestiones de pacificación en sus regiones y, con ello, arrebatárselos a la violencia.
El titular de la cartera dijo además que estos jóvenes apoyarán al Gobierno para lograr, lo que denominó, “la Paz del Barrio”, y para ello se analizaron “más de 200 perfiles, hojas de vida, de personas que están privadas de la libertad por hechos relacionados con la protesta social, que pudieran tener utilidad para esos efectos que nos habíamos propuesto; verificamos que formaran parte de una organización social y le recomendamos al Presidente que designara Voceros de Paz a siete personas”.
Así, los siete voceros –hombres, mujeres, indígenas, campesinos, estudiantes y defensores de causas animalistas– son Arles Andrés Bolaños Zemanate, Adriana Esperanza Bermeo Súa, Santiago Márquez Charris, Laura Camila Ramírez Enciso, Juan Sebastián Galeano Correa, Álvaro Andrés Duque Ruiz y Bremmen Hinestroza.
Cinco de ellos, según determinó la Comisión, se encuentran en establecimientos de reclusión carcelaria y dos, en detención domiciliaria. Estos siete jóvenes han sido reconocidos por su liderazgo social y su trabajo comunitario. Dos se encuentran en Bogotá, dos en Medellín, dos en Popayán y uno en Cali.
El Ministro Osuna aclaró que “ninguna de estas personas está condenada”, pero tienen procesos judiciales vigentes, razón por la cual aseguró que “tendrán que atender todas las diligencias judiciales a las que sean citados en el marco de sus procesos penales. Por todo lo anterior, en caso de cometer cualquier actividad delictiva, incumplir con su proceso judicial o sus obligaciones como Voceros de Paz, la Comisión Intersectorial recomendará al Presidente revocar sus designaciones”.
En este sentido, el Ministro del Interior, Alfonso Prada, manifestó que lo que se busca es que haya una suspensión de la detención, pero “los jueces en su competencia tienen las decisiones”, a lo que el titular de Justicia complementó que “este es el mejor ejemplo de la separación de poderes, porque el Presidente designa los voceros, pero los procesos judiciales continúan” porque el Ejecutivo “no interviene en los procesos judiciales”.
“Ninguna de estas personas tiene sindicaciones por delitos de lesa humanidad, ni homicidios, ni delitos sexuales, ni delitos contra menores de edad, ni tortura, son delitos de afectación de bien público o privado, obstrucción de vía pública, de medios de transporte público, irrespeto a las autoridades”, aclaró el Ministro de Justicia.
Adicionalmente, se dejó claro que el Estado no asignará salarios a los Voceros de Paz.
Además, la designación de Voceros de Paz no se puede confundir con la iniciativa de los 100.000 jóvenes Gestores de Paz que harán parte del programa de Gestores para la Vida del Sistema Nacional de Convivencia para la Vida del Ministerio del Interior.
Las responsabilidades
Se determinó que “las personas que ingresen al programa de Voceros de Paz tendrán la responsabilidad de acompañar y apoyar programas relacionados con el desescalamiento de la conflictividad social, la reconciliación de los colombianos y la construcción de la Paz Total”.
“Para ello, harán parte de proyectos de entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (en apoyo a la temporada de lluvias, ollas comunitarias y entrega de ayuda humanitaria); Unidad para las Víctimas; el Sistema de Diálogo y Convivencia del Ministerio del Interior; el Grupo de Trabajo e Inclusión del Ministerio del Trabajo, entre otros. Las entidades y voceros que estén en el programa tienen la responsabilidad de rendir un informe mensual de sus actividades.
Los voceros
• Santiago Márquez Charris – estudiante
Lugar de reclusión: Centro penitenciario de alta y mediana seguridad de Girón, Santander.
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil del joven: estudiante universitario en el área de pedagogía en Bogotá. Reconocido por sus profesores por su disciplina y dedicación. Comprometido con el desarrollo social, la academia y la pedagogía. Ha colaborado en jornadas de recolección y entrega de juguetes y ropa para los niños de Ciudad Bolívar. Ayudó a pintar y reparar un parque infantil público del sector, donde también apoyó la siembra de árboles.
Mientras estuvo en el establecimiento carcelario de La Modelo ayudó a pintar las escaleras del patio, dejó algunos libros en donación para la biblioteca y ayudó con actividades académicas con algunos otros privados de la libertad.
En Girón retomó su aprendizaje y talento y fue monitor del área educativa. El rector de la Universidad Pedagógica Nacional lo visitó en la cárcel y luego de eso publicó una columna en diario El Espectador titulada ‘Un futuro maestro ejemplar’, en la que aseguró: “Sin duda, Santiago va a ser un gran maestro, digno egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Lo esperamos de vuelta en nuestra casa”.
• Arles Andrés Bolaños Zemanate - líder indígena
Lugar de reclusión: Se encuentra en detención domiciliaria a cargo del establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario de Cali, Villa hermosa.
Etapa del proceso: sindicado
Perfil del joven: Según su mamá, Rosa y su hermano Jaime, habitantes de la comuna 18 de Cali, participó en actividades sociales en el centro comunitario La Colina. Nació el 12 de julio de 2002 en La Vega, Cauca. Tiene 20 años de edad, su nivel de escolaridad es sexto de bachillerato.
Se vinculó al paro nacional en el punto de resistencia Meléndez, sitio de confluencia hacia el sur de Cali, Jamundí y el Cauca.
Vive en Cali desde hace 14 años, llegaron a vivir donde un familiar que les dio posada. Su mamá trabajó para sacarlos adelante.
Después de dos años conocieron la Fundación CEUCOL, que les dio un techo para vivir y estudiar. Allí vivieron ocho años, estudiaron la primaria e hicieron parte en actividades artísticas y culturales.
• Adriana Esperanza Bermeo Súa - defensora de causas animalistas
Lugar de reclusión: Establecimiento de reclusión del Pedregal, Medellín
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil de la joven: según su familia, es una joven bogotana que ha dedicado gran parte de su vida a la protección de animales de la calle. En sus actividades de tiempo libre, le gusta el maquillaje artístico, pintar murales y dibujar. Es también defensora de los derechos humanos. Según la certificación entregada por la junta de acción comunal: “Adriana es una líder comunitaria de nuestro territorio donde desarrolla hace cinco años, en niños niñas y adolescentes, formación en prácticas deportivas y artísticas en el marco de la metodología convivencial”.
• Laura Camila Ramírez Enciso - lideresa de la lucha contra el hambre
Lugar de reclusión: Detención domiciliaria.
Etapa del proceso: sindicado
Perfil de la joven: nacida en Medellín, Antioquía el 11 de octubre de 1997 y egresada de Contaduría pública.
Ha acompañado diferentes movilizaciones sociales desde la misión médica brindando primeros auxilios. Laura es miembro activo de Procesos para la Gente por la Vida Digna. Se ha destacado por su liderazgo en la lucha contra el hambre de Medellín desde el arte.
• Juan Sebastián Galeano Correa – artista
Lugar de reclusión: detención domiciliaria.
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil del joven: nació en Medellín, Antioquía, el 26 de octubre de 1999. Estudiante hasta tercer semestre de informática musical y producción en el Instituto Metropolitano de Medellín. Ha sido líder estudiantil en diferentes instituciones, artista de comparsas y miembro de la JAC de su barrio ‘Comuna Seis’. Ha participado en diferentes actividades de impacto ambiental, fue miembro de grupos scout y gestión de rescate animal.
• Álvaro Andrés Duque Ruiz - líder estudiantil y campesino
Lugar de reclusión: cárcel de San Isidro, Popayán
Etapa del proceso: Sindicado
Perfil del joven: estudiante de historia, líder social. Ha asesorado a los habitantes del barrio Sinaí desde la coordinación de ‘Los Sin Techo’, con quienes construyó con respaldo de la Pastoral Social ‘La Casa del Pensamiento’. Hace parte de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, integrada por organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas que defienden derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
• Bremmen Hinestroza - líder estudiantil y campesino
Lugar de Reclusión: Cárcel de San Isidro, Popayán.
Etapa del proceso: sindicado.
Perfil del joven: padre de una niña de 8 años. Tallerista de arte dramático y líder social. Hace parte del movimiento ‘Los Sin Techo’, que trabaja por viviendas dignas para habitantes que no cuentan con recursos para adquirirlos. Es miembro de la Red de Derechos Humanos ‘Francisco Isaías Cifuentes’, una red de organizaciones sociales, estudiantiles y campesinas, que defienden los derechos humanos en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.
La Cámara de Representantes de Colombia aprobó el miércoles (26.10.2022) el proyecto de ley de "paz total", que con esta votación ya tiene la luz verde para abrir las vías de negociación y sometimiento judicial para grupos armados propuesto por el presidente Gustavo Petro.
La plenaria de la Cámara aprobó el proyecto con 125 votos a favor y 13 en contra tras dos sesiones de debate entre el martes y este miércoles, con lo cual esta iniciativa pasará al trámite de conciliación con el texto aprobado por el Senado y, posteriormente, a sanción presidencial.
Para el ministro del Interior, Alfonso Prada, esta aprobación es una "profundización de la democracia, de la solidaridad, de la inclusión, pero sobre todo el inicio para pasar definitivamente del baño de sangre en que todavía estamos sumidos".
— Cámara de Representantes de Colombia (@CamaraColombia) October 26, 2022
El proyecto deberá ser corregido por una comisión de conciliación, debido a que hay diferencias entre lo aprobado por ambas cámaras. En uno de los aspectos más relevantes, mientras que el Senado eliminó los artículos 10 y 11 que hacen referencia al servicio social para la paz como una alternativa al servicio militar obligatorio, la Cámara de Representantes avaló ese apartado.
Una vez que el proyecto es aprobado por ambas cámaras, pasa a la sanción presidencial.
La "paz total" fue "avalada por todas las bancadas, incluyendo muchas de las proposiciones y artículos que se eliminaron por solicitud de la oposición, es decir que esto prueba que la paz es una política de Estado que cuenta con el aval del Congreso", aseguró tras la votación Alirio Uribe, representante del Pacto Histórico, la coalición de gobierno.
Desde su llegada a la Presidencia el pasado 7 de agosto, Petro ha impulsado la "paz total", una ambiciosa apuesta con la que busca sentarse a negociar con los grupos al margen de la ley que todavía operan en el país y lograr un acuerdo como el que se alcanzó en su momento con las FARC, que incluya algún tipo de acuerdo jurídico o de sometimiento a la Justicia.
La legislación, hasta el momento, solo le permitía retomar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ya que los protocolos de negociación ya estaban firmados por el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), por lo que el proyecto de ley aprobado este miércoles era una de las prioridades del Congreso controlado por el oficialismo.
Petro asegura que ha recibido cartas de casi todos los grupos armados ilegales que operan en el país en las que le expresan su deseo de sumarse a la "paz total", aunque ha subrayado que por el momento son simples misivas y no sabe qué tan sinceras son.
El proyecto, que modifica la llamada Ley de Orden Público, mejor conocida como Ley 418 vigente desde 1997, fue aprobado previamente por el Senado durante un intenso debate legislativo realizado este lunes.
Principales contenidos
En la Ley 181 se establece que en el Plan Nacional de Desarrollo y en los planes de las entidades territoriales se fijarán políticas y programas dirigidos al logro de la paz. De esta manera se busca integrar a las regiones, y en especial los municipios más afectados por la violencia, donde la respuesta del Estado ha sido insuficiente, para brindar soluciones a la problemática del orden público.
En detalle, la legislación fija que los representantes autorizados expresamente por el Gobierno nacional tendrán las facultades para "entablar conversaciones y diálogos con estructuras o grupos armados organizados".
Además, estos representantes tienen autorizado "firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de los grupos armados organizados al margen de la ley", con el objetivo de "obtener soluciones al conflicto armado".
Asimismo, se incluyó la creación de un Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas, el cual contempla que las personas que se acojan a esta política, podría ser beneficiarios de la no persecución penal por el porte de armas.
Por otra parte, la iniciativa facultó a los departamentos y municipios para que puedan cobrar impuestos dedicados a los fondos territoriales de paz.
DW.- La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) emitió una orden de búsqueda y captura contra el coronel de la Policía colombiana Benjamín Núñez, implicado en el asesinato de tres jóvenes el pasado 25 de julio en el departamento caribeño de Sucre, informó este lunes (22.08.2022) la Fiscalía.
Según el Ministerio Público, por este crimen han sido capturadas diez personas y "resta por concretarse la captura del coronel de la Policía Nacional Benjamín Núñez, contra quien fue expedida una circular roja (localización y captura) de la INTERPOL".
La Fiscalía no informó si los capturados son otros miembros de la Policía implicados en el homicidio de Jesús David Díaz, Carlos Alberto Ibáñez y José Carlos Arévalo, detenidos en la localidad de Chochó (Sucre) y asesinados luego a sangre fría cuando estaban en estado de indefensión.
El asesinato de los tres muchachos
El coronel Núñez, quien era comandante operativo de la Policía de Sucre, fue denunciado por subalternos suyos como la persona que supuestamente disparó contra los tres jóvenes, de quienes luego los uniformados dijeron que eran miembros de la banda criminal Clan del Golfo. El alto oficial, quien fue destituido del cargo, al parecer salió del país por Panamá y luego se dirigió a México aprovechando que, cuando dejó Colombia, no tenía orden de captura.
Los tres jóvenes fueron detenidos el 25 de julio en un retén de la Policía en Chochó y horas después fueron llevados, ya muertos, por los mismos policías a un hospital de Sincelejo, capital de Sucre. La Policía, según medios locales, los detuvo en las redadas en las que se buscaba capturar a los asesinos del patrullero Diego Felipe Ruiz Rincón, crimen atribuido al Clan del Golfo.
Las familias de los tres jóvenes han denunciado que los muchachos no pertenecían a ningún grupo armado y que se trata de un falso positivo policial. En Colombia, se conoce como falsos positivos a la ejecución de civiles cometida en la primera década de este siglo por militares que luego presentaban a las víctimas como guerrilleros muertos en combate para obtener ascensos y permisos por sus resultados en el conflicto armado.
Los miembros del Consejo de Seguridad reiteraron su pleno y unánime apoyo al proceso de paz en Colombia y, en ese contexto dieron la bienvenida al compromiso del presidente electo Gustavo Petro de profundizar en su implementación e, incluso, “buscar una paz más amplia a través del diálogo con otros grupos armados ilegales”.
Marcos Guevara- Yarledys Olaya (izquierda) trabaja junto a otros excombatientes y pobladores locales para construir una tubería de agua.
En un comunicado, los miembros del Consejo de Seguridad indicaron, además, que han sido informados sobre la intención de la administración entrante de iniciar conversaciones con el ELN y reiteraron una vez más que el proceso de paz de Colombia sigue siendo un ejemplo para el mundo de la posibilidad de resolver el conflicto armado a través del diálogo.
Pero en el comunicado, los 15 miembros actuales del Consejo de Seguridad también subrayaron su “preocupación por las persistentes amenazas, ataques y asesinatos contra ex miembros de las FARC-EP que dejaron las armas como participantes en el proceso de paz, así como contra líderes comunitarios y sociales, incluidas las mujeres y las comunidades indígenas y afrocolombianas”.
Por ello, reafirmaron su llamamiento para que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad adopte rápidamente una política pública de desmantelamiento de los grupos armados ilegales y subrayaron la necesidad de aumentar la presencia integrada del Estado en las zonas afectadas por el conflicto.
En ese contexto, los miembros del Consejo celebraron el compromiso de la administración entrante de crear las condiciones necesarias para el cese de las hostilidades entre todos los grupos armados ilegales y la prevención de la violencia contra los civiles.
UN Multi-Partner Trust Fund for Sustaining Peace in Colombia-
Clasificación de granos de café en Colombia.
Otros retos pendientes
Además, subrayaron la importancia de abordar los retos pendientes en materia de reforma rural y de reintegración y seguridad de los excombatientes, incluyendo la ampliación del acceso a la tierra y a la vivienda, la mejora de las oportunidades de educación y de empleo, y la garantía de apoyo a los muchos que viven fuera de las antiguas Zonas Territoriales de Capacitación y Reintegración para garantizar la reintegración sostenible de los excombatientes.
El documento también destaca la importancia de seguir aplicando el plan de acción del Programa Integral de Garantías para las Mujeres Líderes y Defensoras de los Derechos Humanos.
Todas estas reacciones del Consejo se producen días después de que conociera el último informe trimestral del Secretario General sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz, presentado ante ese órgano por el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu.
Tras reafirmar también su pleno apoyo a los tres componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acogieron con beneplácito la publicación del informe final de la Comisión de la Verdad a la que señalaron “como una oportunidad sin precedentes para que los colombianos se reconcilien con su pasado y como un peldaño para la reconciliación a largo plazo y la paz duradera”.
Los miembros del Consejo de Seguridad también aplaudieron los progresos realizados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en los últimos meses, incluidas las audiencias públicas, en las que los autores reconocieron, en presencia de las víctimas, su responsabilidad por los crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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