El cuestionado presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció este domingo (13.09.2026) que la Policía podrá entrar a las universidades del país cuando se presenten "hechos de violencia, vandalismo o terrorismo".
"La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado", afirmó el mandatario en una alocución transmitida en sus redes sociales.
Asimismo, anunció la creación de un protocolo nacional para diferenciar entre las protestas pacíficas y las actuaciones que, según su Gobierno, impliquen violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público.
En ese sentido, el mandatario aseguró que respetará y garantizará la protesta pacífica que se desarrolle dentro del marco de la Constitución y la ley, pero advirtió que el terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra la fuerza pública y la población civil no pueden ser considerados formas de protesta.
La Policía, agregó, será la "primera autoridad operativa" para atender estos casos y podrá intervenir cuando desde las universidades se preparen actos vandálicos o terroristas.
"No voy a permitir que las universidades públicas sigan siendo santuarios de la violencia bajo ninguna circunstancia", afirmó.
De la Espriella aseguró que la medida busca proteger a los estudiantes que quieren estudiar, debatir y protestar pacíficamente, pero advirtió que quienes utilicen los campus para preparar ataques, almacenar elementos destinados a la violencia o agredir a ciudadanos y miembros de la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades.
En Colombia, los sectores que se oponen al desarrollo de la democracia, al ejercicio de la manifestación pública y a la protesta social, han utilizado el argumento de que la "normalidad" no puede verse afectada por las protestas y el inconformismo. Infiltrados, provocaciones y restricciones logran convertir la protesta social en hechos de violencia lo que da la oportunidad a la intervención violenta por parte de la fuerza pública. Luego la narrativa oficial se sostiene en la necesidad de la intervención por presencia de "terroristas".
Abelardo de la Espriella, firmó una resolución mediante la cual revoca la designación de los representantes del Gobierno colombiano en la mesa de diálogos de paz con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).
De esta manera, Aspriella da un golpe definitivo a la política de 'paz total' de su antecesor Gustavo Petro, mediante la cual se encaminaba a superar el conflicto armado colombiano a través de negociaciones y sometimientos a la justicia.
"Se acabó la falsa paz. En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados del Gobierno anterior con estructuras criminales y terroristas", publicó De la Espriella en su cuenta en X.
El gobernante justificó la medida, señalando, entre otras cosas, que durante cuatro años se gastaron más de 7.000 millones de pesos (2,2 millones de dólares actuales) en "honorarios de voceros, representantes y negociadores", mientras las organizaciones con las que se dialogaba "se fortalecían, desafiaban al Estado y seguían golpeando a los colombianos" y a la fuerza pública.
Además del ELN, la Administración de De la Espriella también revocó la designación de negociadores con el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, conocido como el Clan del Golfo, recoge El Heraldo.
Previo a la medida anunciada este viernes, De la Espriella ya había cerrado tres mesas de diálogo de la política de 'paz total'. El mandatario firmó nueve resoluciones con las que dio por terminados los procesos con las disidencias de las extintas FARC, comandadas por Alexander Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.
En su investidura –y al margen de todas las críticas–, De la Espriella anunció que su política de seguridad emularía la controvertida política de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010): confrontar por la vía militar a guerrillas y otros grupos, a los que vinculó en toda su extensión con el narcotráfico y el terrorismo.
Las imágenes mostraban a De la Espriella, quien asumió la Presidencia hace un mes con la promesa de combatir con mano dura a guerrillas y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
Imagen de referencia: Sebastian Barros/ AP Photo /picture alliance
Una orden de un juez en Bogotá, capital de Colombia, obliga al presidente colombiano, Abelardo De la Espriella, y al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a ocultar temporalmente de las redes sociales oficiales varias publicaciones, en las que el mandatario aparece junto a cadáveres de supuestos integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares, cubiertos con bolsas blancas.
La decisión es una medida cautelar impuesta por el Juzgado Catorce Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de una acción de tutela presentada por el representante del Partido Verde Santiago Osorio. Osorio cuestionó la difusión de las imágenes por una posible vulneración de derechos fundamentales, especialmente de menores de edad.
Medida pendiente de estudio
La orden se refiere a publicaciones realizadas los días 2 y 4 de septiembre en la cuenta oficial de la Presidencia en Instagram. El juez dispuso "el ocultamiento de las publicaciones efectuadas desde el usuario @infopresidencia mientras hay un fallo en firme (...), sin que ello comporte su eliminación definitiva".
La medida estará vigente mientras se estudia si el contenido puede considerarse violento o explícito y si su difusión vulneró derechos fundamentales. El presidente y la Presidencia disponen de dos días para ejercer su derecho de defensa.
Las imágenes mostraban a De la Espriella, quien asumió la Presidencia hace un mes con la promesa de combatir con mano dura a guerrillas y organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico.
En una de las publicaciones, relacionada con la Operación Azarías en Miraflores, departamento de Guaviare, el mandatario aparece caminando entre al menos 23 cuerpos de presuntos integrantes de disidencias de las FARC abatidos por las Fuerzas Militares.
En otra grabación, difundida el 4 de septiembre tras la Operación Centinela de la Patria en Riohacha, De la Espriella ofreció una rueda de prensa junto a cuatro cadáveres cubiertos con lonas blancas. Entre los muertos se encontraba Naín Andrés Pérez Toncel, alias "Bendito Menor", señalado como integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACS).
Publicaciones con impacto legal y político
Las publicaciones generaron críticas de organizaciones y sectores políticos. Días antes de la decisión judicial, la defensora del Pueblo, Iris Marín, cuestionó la exhibición pública de los cuerpos y advirtió que "el Estado y el Gobierno no pueden dejarse llevar por una competencia para demostrar quién puede ser más cruel. No pueden disputar con los grupos armados quién produce más miedo, quién humilla más al adversario o con quién convierte la muerte en demostración de poder".
Desde su llegada al poder, el Gobierno ha intensificado las operaciones militares contra grupos armados. Según datos oficiales, las Fuerzas Armadas han ejecutado tres bombardeos en la Amazonía y en zonas fronterizas con Venezuela, que han dejado al menos 42 muertos, incluidos seis menores de edad.
De la Espriella cuenta además con el respaldo de Estados Unidos en su estrategia de lucha contra las organizaciones criminales en el principal país productor de cocaína del mundo.
El juzgado también vinculó al proceso a Meta, a la Comisión de Regulación de Comunicaciones, al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mientras se resuelve de fondo la tutela.
Un joven de 17 años disparó en varias oportunidades en la Institución Educativa Gabriel García Márquez, en la ciudad colombiana de Medellín, donde las autoridades ya confirmaron el suceso que, de momento, no deja muertos.
"Ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó", informó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.
En un mensaje publicado en redes sociales, el alcalde señaló que el adolescente ya fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Según el reporte de medios locales, su estado es crítico.
El menor de edad ingresó por la parte de atrás del colegio y, "una vez al interior, este se genera una lesión a la altura de la cabeza con dicha arma", declaró el teniente coronel, John Gómez.
"Momentos después, dos ciudadanos ingresan, cogen el arma, se retiran de la institución y a través de las cámaras de videovigilancia logramos identificar a estos sujetos, quienes son trasladados a la estación de policía Villahermosa", añadió Gómez.
El tiroteo ocurre un día después de que el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, eliminara la suspensión del permiso de porte de armas de fuego, vigente desde 2015.
Ataque con coche bomba en Cúcuta, el 31 de julio de 2026. Imagen: Schneyder Mendoza/AFP
El atentado con un coche bomba contra la estación de Policía del municipio de Los Patios, en Colombia, en el departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela, mató a una persona e hirió a otras once, dos de ellas policías, informaron este martes (1.09.2026) las autoridades.
El vehículo cargado con explosivos detonó a las 11:15 de la noche del lunes (04:15 GMT del martes), según un comunicado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, capital de Norte de Santander, y área a la que pertenece Los Patios.
El ataque deja "preliminarmente la muerte de un ciudadano y nueve civiles afectados, los cuales están siendo trasladados a centros asistenciales", así como "heridas a dos uniformados", señaló la información.
La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató la agencia EFE en la zona, que quedó sin luz tras el ataque.
Imagen de archivo: forenses y policías investigan la explosión de un coche bomba en Cúcuta, Colombia. (Agosto de 2026). Imagen: Schneyder Mendoza/AFP
"La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, adelanta las labores de investigación criminal, inteligencia y policía judicial encaminadas a establecer las circunstancias de esta cobarde acción terrorista, así como identificar y judicializar a los responsables", indicó el comunicado.
La onda de la explosión causó además daños en varios locales comerciales y en viviendas ubicadas en la avenida principal de Los Patios.
En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.
El ataque en Los Patios tuvo lugar el mismo día en que el Tigre, Abelardo de la Espriella, anunció la muerte de al menos 20 miembros de una disidencia de las FARC en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare, en el centro-sur del país.
El comienzo del cuestionado y demandado gobierno de Abelardo de la Espriella se vio sacudido por el devastador terremoto que golpeó Colombia este lunes al tiempo que en diferentes departamentos, en áreas rurales, se incrementaban incendios amenazantes para la población civil y la sostenibilidad alimentaria. El cuestionado Abelardo alteró casi toda la agenda. Sin embargo, hubo un asunto que siguió según lo previsto: el estreno de su nueva política exterior.
En su primera semana en la demandada presidencia, De la Espriella impulsó una serie de medidas que marcan un giro radical con respeto a la línea seguida por su antecesor, el humanista Gustavo Petro: continúa el acercamiento a Israel iniciado durante la campaña y, entre otros pasos, se apostó por reforzar la relación con Washington.
Acercamiento a Israel y desafío a Oriente Medio
Siendo presidente electo, De la Esperilla acordó con Israel restablecer las relaciones diplomáticas, suspendidas desde mayo de 2024 por decisión de Petro en medio de la ocupación a la Franja de Gaza.
En consonancia con ese acercamiento, el lunes, el día en el que el sismo de magnitud 7,4 estremeció al país sudamericano, Abelardo, reconoció la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, un territorio de Siria que se encuentra bajo ocupación, según la ONU, convirtiéndose en el segundo país del mundo en dar ese paso, después de EE.UU.
La movida provocó rechazo en Siria y en otros países de Oriente Medio, entre ellos Egipto, Catar, Arabia Saudita, Jordania, Yemen y Turquía, además de la Liga Árabe, que denunció que se trata de una violación del derecho internacional.
Estados Unidos: amigos de nuevo
Otro de los grandes giros se produjo en la relación con EE.UU. que deja atrás la política de distanciamiento llevada adelante por la gestión anterior.
El miércoles, Abelardo de De la Espriella formalizó el ingreso de Colombia al Escudo de las Américas, una coalición militar impulsada por el Gobierno de Donald Trump con el propósito declarado de "combatir a los cárteles del narcotráfico".
En el marco de esta nueva alianza, el Pentágono anunció que Bogotá solicitó la realización de operativos militares conjuntos para "destruir terroristas y redes terroristas", una posibilidad que generó reacciones en el Congreso colombiano, desde donde advirtieron que un eventual ingreso de tropas al territorio nacional requeriría su autorización previa.
¿Sirven solo los que piensan igual?
El nuevo rumbo de la política, de acuerdo con lo que denuncian periodistas y políticos opositores, parece reflejarse incluso en el manejo de la ayuda humanitaria, pues Colombia solo aceptó equipos de rescate de países con administraciones ideológicamente afines: EE.UU., Israel, Ecuador y El Salvador.
Sin embargo, el Gobierno negó que hubiera rechazado ayuda de otras naciones por ideología política. "No hemos excluido a ningún país en términos de los ofrecimientos que nos han hecho. Trabajamos con los países sin ninguna consideración ideológica ni política", dijo el canciller Ómar Bula.
Gobierno nacional anunció medidas para acelerar la formalización de la propiedad rural y proteger a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria.
El presidente Gustavo Petro ordenó este martes al superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo, y a la nueva ministra de Justicia, acelerar al máximo la escrituración de los predios entregados a campesinos, para evitar que organizaciones mafiosas intenten recuperarlos mediante acciones violentas o ilegales.
La directriz fue dada durante el Consejo de ministros realizado en Casa de Nariño, donde el mandatario expresó su preocupación por el aumento de amenazas contra líderes y activistas sociales.
“Tenemos unos anuncios y unos hechos ya denunciados públicamente para intentar recuperar las tierras que le pertenecen al campesinado al que le hemos dado esa tierra bajo la ley, no contra la ley. Y son sus legítimos poseedores o propietarios, de acuerdo con el proceso de escrituración que debe acelerarse en estos días. El superintendente y la nueva ministra de Justicia tienen que en estos días al máximo la escrituración de predios. No dejar unos predios en proceso para que la mafia vaya a recuperarlos", dijo el mandatario.
Durante su intervención, aseguró que las amenazas contra dirigentes progresistas y activistas en distintas regiones del país evidencian un posible resurgimiento del paramilitarismo y de estructuras mafiosas interesadas en recuperar el control sobre territorios que han sido adjudicados legalmente a familias campesinas, como parte de la política de reforma agraria del Gobierno.
“Hasta el último día de mi Gobierno, la Policía y el Ejército deben cuidar al campesinado de Colombia. Una de las reglas que yo impartí a la Fuerza Pública fue una alianza entre militares, policías y el campesinado. Lo mismo con las juventudes. Porque el quiebre de esas alianzas es lo que ha producido una violencia generalizada en Colombia, tanto urbana como rural", puntualizó le jefe de estado.
El mandatario también advirtió que cualquier intento por revertir la entrega legal de tierras podría reactivar la violencia en las zonas rurales, al considerar que quienes buscan recuperar esos predios recurren históricamente a mecanismos violentos. En este sentido, insistió en que la protección de los nuevos propietarios y la formalización jurídica de los terrenos son fundamentales para consolidar la paz en los territorios.
Finalmente, el presidente Petro destacó que uno de los principales logros de su administración ha sido la reducción sustancial de la violencia estatal frente al conflicto social y reiteró el llamado a las instituciones para preservar las alianzas entre la Fuerza Pública, el campesinado y las juventudes, como mecanismo para evitar un nuevo ciclo de confrontación en el campo colombiano.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, denunció que campesinos beneficiarios de la Reforma Agraria han recibido amenazas por parte de hombres armados en la subregión Magdalena Medio y en los departamentos de Meta y Córdoba.
El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, radicó este martes la denuncia en la Fiscalía General de la Nación, por los hechos que están poniendo en peligro a campesinos que han sido favorecidos con la entrega de predios, en el marco de la política de Reforma Agraria.
Los hechos más recientes, según la denuncia, pusieron en riesgo la vida e integridad de las comunidades rurales en la subregión Magdalena Medio y en los departamentos de Meta y Córdoba.
“Ya existe un patrón de comportamiento de los predios que hemos recuperado. Son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo. De forma clara y concreta, he puesto en conocimiento de la Fiscalía General quiénes serían los presuntos responsables de estos hechos", denunció Harman.
Manifestó que los hechos demuestran que el conflicto por el territorio en Colombia persiste mediante el uso de la fuerza de las armas por parte de estructuras ligadas al narcotráfico, el paramilitarismo y ocupantes irregulares que pretenden detener la Reforma Agraria.
“Queremos que la Fiscalía investigue estos hechos que no son asuntos menores, que se podrían incluso configurar como de lesa humanidad por el desplazamiento provocado. Este país jamás podrá naturalizar el despojo de la propiedad campesina", manifestó el director de la ANT.
El alto funcionario demandó, además, protección inmediata para las familias afectadas y capturar a los autores intelectuales y materiales de lo ocurrido.
La ANT identificó acciones en tres regiones del país, las cuales incluyen desalojos forzados, destrucción de propiedad e incluso actos de tortura física.
Focos de violencia e intimidación territorial
1. Subregión Magdalena Medio
· Al predio 'Los Alpes–La Olguita', el 23 y 24 de junio, sujetos armados que se identificaron como abogados y “propietarios" ingresaron con actitud hostil portando armas de fuego. Exigieron el abandono voluntario de las parcelas para “evitar consecuencias".
· Una situación similar ocurrió esos dos días en el predio 'Los Alpes–La Apulia': un grupo de personas violentó los candados del portón de ingreso argumentando ser abogados y “propietarios" del bien rural. Con armas de fuego en mano advirtieron que pronto tomarían control del lugar.
· El 23 de junio, una lideresa campesina recibió mensajes de texto extorsivos enviados presuntamente por el Clan del Golfo, bajo las órdenes de Julio Efraín Vega Delgado, alias 'Julio Pepe' o 'Vegachí', reconocido cabecilla criminal en el Magdalena Medio. Las amenazas exigen la salida del predio Jamaica de cuatro organizaciones de víctimas.
· En el complejo Globo Las Brisas, en La Dorada (Caldas), las familias beneficiarias denunciaron intimidaciones constantes bajo la consigna estigmatizante de que “esas tierras no son para los guerrilleros". Les pidieron abandonar el complejo de fincas.
El complejo Globo Las Brisas está compuesto por los predios Las Brisas, La Doris, Puerto Rico y Piamonte, el cual fue objeto de extinción de dominio a la estructura del narcotraficante Daniel 'El Loco' Barrera y entregado provisionalmente a cuatro asociaciones campesinas.
· En el predio La Perla, en el municipio de Puerto Triunfo (Antioquia), que perteneció a María Georgina Arango Marín, alias 'La Gina', esposa de Ovidio Isaza, alias 'Roque' (hijo del exjefe paramilitar Ramón Isaza) se denuncian amenazas contra una asociación de mujeres beneficiarias de la Reforma Agraria. Un hermano de 'La Gina', conocido como alias 'Barco', acude diariamente al lugar para amedrentar a las mujeres.
2. Puerto López, Meta
La ANT indicó en la denuncia que el escenario más crítico en términos de afectación a la integridad humana ocurrió en el departamento del Meta.
· A la finca La Primavera, el 24 de junio a la 1:00 de la madrugada, cuatro hombres encapuchados y armados asaltaron el predio asignado el pasado 28 de mayo por la ANT a una organización campesina. Los criminales torturaron y golpearon con machetes y palos a cuatro personas adultas y a una menor de 14 años, quienes debieron ser trasladadas de urgencia al hospital de Puerto López.
Asimismo, incineraron la planta eléctrica, vehículos y enseres de la comunidad. El predio perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado por hechos relacionados con el narcotráfico.
3. Departamento de Córdoba
En el departamento de Córdoba las amenazas de los violentos han obligado el desplazamiento de los beneficiarios de la Reforma Agraria.
· El 28 de junio, hombres armados ingresaron al predio El Llano, adjudicado a una asociación campesina en Buenavista, Córdobare. Ante el inminente peligro, las familias campesinas abandonaron el territorio para salvaguardar sus vidas. La finca también perteneció al condenado Ignacio Álvarez Meyendorff.
· El 22 de junio, integrantes de dos asociaciones campesinas fueron agredidos violentamente al intentar ingresar como beneficiarios al predio La Palmira, para realizar actividades productivas. El predio está ubicado en jurisdicción de Pueblo Nuevo (Córdoba).
Los administradores del terreno sellaron los accesos con cadenas y amenazaron de muerte a los líderes afirmando que “no respondían por la vida" de quienes entraran. En la finca mantienen la explotación de ganadería extensiva.
La Procuraduría General de la Nación expresó su más enérgico rechazo y profunda consternación frente al secuestro y abuso sexual del que fue víctima una niña indígena de cuatro años en Cali, aberrante hecho que constituye una grave vulneración de los derechos fundamentales de la niñez y pidió a las autoridades competentes actuar con la máxima diligencia para esclarecer lo ocurrido, evitar la impunidad y garantizar justicia para la víctima.
Ante la gravedad de lo ocurrido, el Ministerio Público requirió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informar de manera inmediata sobre las medidas adoptadas, para el restablecimiento integral de los derechos de la menor y exhortó a la entidad a garantizar toda la protección, atención psicosocial y acompañamiento necesarios para salvaguardar su bienestar y el de su núcleo familiar.
De acuerdo con la información conocida, los hechos habrían ocurrido el pasado 28 de mayo, cuando un hombre presuntamente engañó a la madre de la menor con la promesa de entregarle un mercado, aprovechándose de las condiciones de desplazamiento y extrema vulnerabilidad en las que se encontraba la familia en la plazoleta de San Francisco, en el centro de la capital vallecaucana.
Asimismo, el ente de control solicitó a las autoridades judiciales y de investigación avanzar con celeridad en el proceso correspondiente, para esclarecer los hechos y asegurar que recaiga todo el peso de la ley sobre el responsable y no haya más impunidad.
La Defensoría del Pueblo ha desplegado a sus equipos regionales en todo el país para verificar hechos, acompañar a las comunidades y activar rutas de prevención y protección, en articulación con autoridades locales y nacionales, después de que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente Primero Carolina Ramírez del Bloque Amazonas al mando de “Iván Mordisco”, anunciaran “paros armados” en el país.
De acuerdo con el seguimiento realizado en territorio, se han registrado acciones violentas, de intimidación, restricciones a la movilidad, amenazas y afectaciones al transporte y a la actividad comercial, principalmente en zonas rurales y corredores estratégicos. Esta es la situación:
El paro decretado por “Iván Mordisco” en Putumayo y Caquetá
El paro continúa afectando los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Leguizamo en el Putumayo. En Comité de Justicia Transicional del municipio de Puerto Leguízamo, realizado el pasado viernes, se decretó el confinamiento en los corregimientos de La Tagua y El Mecaya, las inspecciones de Yurilla y Sencella y las comunidades indígenas de Umancia y Guaquira. Los censos para determinar las personas afectadas se encuentran en construcción, aunque se estima que son alrededor de 3.000.
De igual forma, el paro también continúa en el departamento de Caquetá, en los Ríos Caquetá, Caguán y Orteguaza, desde el pasado 9 de diciembre y en Amazonas afecta a comunidades indígenas del Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas (CRIMA), en la zona del río Caquetá, área no municipalizada de Puerto Santander.
Afectaciones en el marco del “paro armado” decretado por el ELN
Antioquia: En el municipio de Copacabana se presentó la detonación de un artefacto sin afectación a personas y el tránsito vehicular estuvo bloqueado por algunas horas en el sector. De manera paralela, se mantiene una alerta preventiva en la subregión Norte del departamento, por informaciones sobre la presencia de personas encapuchadas y/o artefactos en el corredor vial de los Llanos de Cuivá – Yarumal – Valdivia.
Adicionalmente se registró la incineración de un bus en jurisdicción de Valdivia, Sector la Paulina. Km 15 entre Valdivia y Tarazá.
En la mañana de hoy se registró una explosión en la entrada al municipio de Salgar, que a esta hora es atendida por las autoridades y mantiene restringido el paso vehicular.
Arauca: Se presentó un ataque el sábado en la madrugada, al Batallón del Ejército de Puerto Jordán con tatucos bomba, que dejó afectaciones materiales. Desde la madrugada del domingo el servicio de transporte público está suspendido y se reporta instalación de banderas del ELN en vías de Fortul, Arauquita y Saravena.
Boyacá: El día sábado 13 de diciembre el Batallón de Alta Montaña del Espino recibió disparos desde las montañas, se presume ELN quien se atribuye responsabilidad de ataque del 19 de noviembre al mismo Batallón.
Casanare: Varias empresas de transporte no están prestando servicio, dificultando la movilidad de los habitantes del departamento.
Cauca: Las autoridades han confirmado al menos cinco acciones atribuidas al ELN. Sobre la vía Panamericana, entre Popayán y Cali, en Mondomo, fue hallado un cilindro con emblemas del grupo armado, lo que obligó al cierre temporal del corredor mientras el Ejército y la Policía detonaban de manera controlada el artefacto.
Adicionalmente, se encontraron banderas, grafitis y cilindros en los municipios de Cajibío, Piendamó, Patía, Caldono y Santander de Quilichao.
Cesar: El 13 de diciembre en el municipio de Manaure, se registró la quema de maquinaria amarilla en el lugar en el que adelantan su proceso de reincorporación varias personas firmantes del Acuerdo de paz. Entre tanto, en el municipio de Pelaya, se ha presentado interrupción del servicio de transporte.
Chocó: Se presenta suspensión total del transporte fluvial y terrestre. Adicionalmente se ha reportado la instalación de banderas del ELN y avisos alusivos al grupo armado en las carreteras de los municipios de Istmina, Medio San Juan, Río Iró, Tadó y Carmen de Atrato
Guajira: El 14 de diciembre de 2025, en la vía que comunica los municipios de Barrancas y Fonseca, fue hallado un cilindro con grafitis alusivos al ELN, situación que generó la activación de los protocolos de seguridad por parte de la Fuerza Pública y la suspensión preventiva del tránsito.
En el tramo vial entre los municipios de Fonseca y Distracción, hombres armados instalaron dos cilindros en un vehículo luego de amenazar a sus ocupantes. Tras la inspección técnica se determinó que no contenían material explosivo y se restableció el tránsito vehicular.
En la mañana de hoy, el Ejército hace presencia en cuatro puntos viales que conectan los municipios de Maicao, Uribia y Riohacha con el sur de La Guajira, donde según información de la ciudadanía, fueron abandonados varios tatucos en cuatro vías, zona que conecta el municipio de Maicao, Uribia, Riohacha y sur de La Guajira.
Magdalena Medio: En la madrugada de este lunes se presentó un ataque al peaje de La Lizama en la vía que comunica a Bucaramamga con Barrancabermeja, en el que resultó herida una funcionaria. Adicionalmente, el transporte terrestre y fluvial en el sur de Bolívar ha presentado suspensiones.
Nariño: El día 14 de diciembre, en la vía que conduce al municipio del Peñol y Los Andes, actores armados pararon una buseta de transporte público, amenazando a sus ocupantes y recordándoles el anuncio del “paro armado”. En este sector no hay paso de transporte público ni particular.
En el km 4, vía a los municipios de Tuquerres y Samaniego, el día 13, se instaló una bandera del ELN, además de un artefacto explosivo, sin ninguna afectación para la población.
Norte de Santander: En la madrugada del domingo se presentaron hechos violentos en el municipio de Villa del Rosario y en Cúcuta fueron hallados los cuerpos sin vida de dos jóvenes. Adicionalmente, en el municipio de Puerto Santander, un ataque a la subestación de Policía sería atribuible al ELN, hecho durante el cual murió el conductor de una ambulancia en el fuego cruzado.
En la vía que comunica a Cúcuta con Pamplona fueron desactivados dos cilindros con símbolos del ELN, lo que ocasionó el cierre temporal de este tramo. Además, en la vía entre El Zulia y Astilleros, el grupo armado atravesó un árbol, lo que ocasionó el bloqueo vehicular por varias horas.
Ocaña: Se reporta disminución en el transporte público terrestre sobre todo en las vías intermunicipales y en el eje Cúcuta - Ocaña - Aguachica.
Pacífico: Se reporta restricción total de la movilidad, tanto en Bajo Calima, como en el Litoral del San Juan, situación que puede desencadenar en desabastecimiento de alimentos para la población.
La Defensoría del Pueblo recuerda que los llamados “paros armados” constituyen una grave vulneración de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, al imponer restricciones ilegales a la población civil, que no puede ser instrumentalizada ni sometida al miedo.
En un acto cargado de sentimiento y emotividad, el presidente Gustavo Petro, a nombre del Estado colombiano, les pidió a las miles de víctimas del partido político Unión Patriótica, por el genocidio de más de 6.200 de sus militantes entre los años 1984 y 2000.
En el ‘Acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional en el caso integrantes y militantes de la Unión Patriótica’, el mandatario expresó: “Como jefe del Estado, sin que el Estado esté aquí, sino nosotros, la cúpula militar y policial y el Gobierno civil, a nombre de ese Estado que no está aquí y el que está aquí, le pido perdón a la Unión Patriótica porque este Estado fue corresponsable del genocidio político, y le pido a la gente que está aquí y a quien me escucha y más allá”.
Sin embargo, se preguntó “¿dónde están los presidentes de las Cortes judiciales que ayer nos criticaban? ¿Por qué no están hoy? ¿No son parte del Estado? ¿No es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es también Corte de Colombia? ¿No es que hay que cumplir las sentencias, y es una sentencia pedir perdón a la Unión Patriótica por catorce hechos a las víctimas de la Unión Patriótica?”, cuestionó.
Se refirió a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Estado colombiano pedir perdón a las víctimas de la UP por 14 delitos:
1) Violación de la libertad de expresión, asociación y derechos políticos.
2) Violación del derecho a la vida.
3) Violación de personalidad jurídica, integridad personal y libertad y desaparición forzada.
4) Violación de derechos de niñas y niños.
5) Violación de la integridad personal, tentativa de homicidio, amenaza y hostigamiento.
6) Violación de la integridad personal, tortura.
7) Violación de la libertad personal.
8) Violación del derecho a la honra.
9) Violación del derecho de circulación y residencia, desplazamiento forzado.
10) Violación de la libertad personal y de las garantías y protección judiciales por procesamientos indebidos.
11) Violación de la integridad personal por torturas en procedimientos indebidos.
12) Violación de garantías y protección judiciales por falta de investigación de torturas.
El jefe de Estado hizo alusión a las próximas elecciones, en las que no podrá participar, pero que tienen que servir para “defender la dignidad de la soberanía nacional”.
El presidente Gustavo Petro les pidió perdón a las víctimas de la UP por el genocidio político cometido.
“No aceptamos amenazas, si nos amenazan nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía: ‘si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta’. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia, estamos despertando y nos van a despertar, quizás a la fuerza, pero ese despertar será huracanado y tormentoso, pero feliz, alegre”.
Haciendo una analogía, a los sobrevivientes de la UP, el presidente les pidió tener en cuenta la segunda ley de la termodinámica: la energía ni se crea ni se destruye, se transforma.
“Y la energía de estas miles de personas, que siendo militantes de la Unión Patriótica y teniendo sueños en los años 82 al año 2000, esas energías otra vez están aquí multiplicadas por miles. Ahora somos millones, no nos pueden asesinar, ahora somos el corazón, la esperanza del pueblo de Colombia. Ahora somos una bandera erguida y no vamos a dejar que la insulten, no vamos a dejar que la escupan en sangre, vamos a levantarnos en dignidad con las manos de millones y millones”, concluyó.
El presidente Gustavo Petro, que cumple una visita de trabajo en Bélgica, y la presidenta de la Unión Europea, la señora Úrsula Gertrud von der Leyen, en el encuentro sostenido en el marco del Global Gateway Forum.
Bruselas, 9 de octubre de 2025.- El jefe de Estado subrayó que el cese al fuego que se negocia en Egipto busca detener el conflicto en Palestina, y señaló que las masivas movilizaciones recientes en Europa, América Latina, África y Asia han dejado aisladas a las naciones que respaldan a Israel.
Al término de un encuentro con la presidenta de la Unión Europea (UE), la señora Úrsula Gertrud von der Leyen, en el marco del programa Global Gateway, el mandatario colombiano –que cumple una visita de trabajo en Bélgica– resaltó la presión de otros mediadores como Catar y Egipto sobre “la necesidad de una tregua".
El mandatario manifestó que “sabíamos que muchos pueblos del mundo, entre esos Colombia, que fue de los primeros, en que solo la presión de la humanidad podría detener ese genocidio. Y creo que (el presidente de los Estados Unidos Donald) Trump ha aprendido, que es la presión mundial la que lo lleva a decirle no a Israel".
El jefe de Estado consideró que la tregua debe mantenerse y “siga por el intercambio rehenes, miles del lado de Israel, palestinos, decenas del lado de Palestina en manos de Hamas. Y siga –y ese será un objetivo en la humanidad– hasta lograr que dos estados se respeten en la misma región", trato que ya se había pactado décadas atrás, “con figuras insignes del pueblo israelí y el pueblo palestino".
Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada de este lunes en la Clínica Santa Fe, en Bogotá, luego de dos meses de permanecer en estado crítico, tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio en la capital del país.
El siguiente es el texto completo del mensaje del presidente Petro:
“La vida está por encima de cualquier ideología.
He querido marcar un nuevo paradigma, incluso teórico, en mi gobierno, al colocar el proyecto del cuidado y la expansión de la vida, como la prioridad número uno de los objetivos a alcanzar y como el eje estructurante de toda nuestra acción.
Lo hicimos precisamente en un país que vive una paradoja inmensa: ser el espacio de mayor diversidad natural y humana del planeta y al mismo tiempo, ser uno de los países con más violencia permanente, donde se mata sin ningún sentido.
La violencia en Colombia viene siendo derrotada a través de las últimas décadas.
Después de un genocidio político desatado entre liberales y conservadores, que dejó 300.000 campesinos muertos, después de otro genocidio político, cometido contra la izquierda del país, hemos pasado a una violencia centrada en las economías ilícitas, que se arrincona, cada vez más, en las fronteras y los puertos.
Pero la muerte nos da sorpresas y nos asalta aún.
En un gobierno progresista, amante de la vida, ha ocurrido un atentado con trágico final contra un senador de la oposición.
Sus causas, aún en averiguación, marcan por ahora, un camino muy diferente al que inicialmente y de manera prejuiciada se insinuó.
La investigación debe profundizarse. Y serán las autoridades competentes para ella, ayudada por expertos internacionales, quienes se pronunciarán en su momento.
Al gobierno le queda repudiar el crimen y ayudar.
Sea de cualquier ideología, la persona y su familia, su vida y su seguridad es, para el gobierno, la prioridad.
No hemos perseguido a ningún miembro de la oposición, ni lo haremos.
Para nosotros, que hemos sido perseguidos y nuestros amigos asesinados, es una de nuestras prioridades.
No es la venganza el camino de Colombia. Por venganzas llevamos décadas de violencia. No más.
Por eso estamos tristes, nos duele la muerte de Miguel, como si fuera de los nuestros. Es una derrota. Cada vez que cae un colombiano asesinado, es una derrota de Colombia y de la Vida.
Por eso lo que queda es el duelo y seguir adelante”.
En alocución televisada en la noche del sábado, el presidente Gustavo Petro condenó enérgicamente el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en el occidente de Bogotá, y ordenó priorizar la protección de todos los líderes políticos de la oposición.
El mandatario calificó el hecho como “una acción que enluta a la democracia” y afirmó que el Estado y el Gobierno no puede permitir que el odio y la violencia regresen al escenario político colombiano.
“Un muchacho ha sido entrenado para matar, contratado para matar a Miguel Uribe Turbay. Esto no es un hecho aislado. Es un hecho que nos convoca como país y como humanidad”, expresó y aseguró que no se escatimarán esfuerzos ni recursos del Estado para dar con los responsables.
El jefe de Estado informó que el presunto agresor fue capturado por un agente de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que ya se encuentran en marcha todos los protocolos de investigación.
Reiteró que la orden es clara: “Un muchacho ha sido entrenado para matar, contratado para matar a Miguel Uribe. No se trata solo de quién disparó. Tenemos que encontrar al actor intelectual, al que lo mandó. Pero más allá, se trata de evitar que más jóvenes caigan en las redes del odio”, señaló y exhortó a toda la sociedad a “proteger al niño antes de que lo conviertan en asesino”, una frase que utilizó para denunciar cómo las estructuras criminales siguen instrumentalizando a los jóvenes en los ciclos de muerte.
El mandatario anunció que también se investigará a la propia escolta de Uribe Turbay con el objetivo de identificar posibles fallas en los esquemas de seguridad. “Siempre que un asesino logra actuar sobre una persona protegida, hubo una falla del Estado”, afirmó.
El presidente fue enfático en que todas las hipótesis deben permanecer abiertas para no entorpecer la investigación. “Hasta ahora no hay más que hipótesis, y las hipótesis no pueden ser descartadas de antemano porque viciamos la ciencia de la investigación”, explicó, reiterando que el compromiso institucional es con la verdad y la justicia, no con conjeturas prematuras ni con lecturas partidistas de los hechos.
El jefe de Estado sostuvo que esta clase de hechos no deben ser utilizados con fines políticos y advirtió que el Estado debe responder con unidad y sin revanchismo: “No es el momento de sembrar más odio, ni de aprovechar el dolor para hacer cálculos. El atentado contra Miguel Uribe es un atentado contra todos. Contra la democracia misma”.
En ese sentido, el mandatario hizo un llamado a la paz, al respeto por la vida y a la construcción de un país donde las diferencias políticas no se resuelvan con violencia, al tiempo que instruyó una revisión exhaustiva de los esquemas de seguridad asignados a los miembros de la oposición.
Sin hacer señalamientos directos, el presidente criticó duramente a sectores que, en medio del dolor, han intentado desviar la atención de los hechos hacia narrativas de confrontación y odio. “No es el odio político lo que debe alumbrar esta investigación, sino la verdad”, dijo.
Recordó que la primera prioridad del Estado es proteger la vida, y que esa tarea comienza con quienes ejercen la oposición. Aseguró que el Gobierno del Cambio defiende la política sin violencia, y rechazó con contundencia la instrumentalización del atentado con fines electorales. “El uso político de estas horas me parece asqueroso, una forma de mezquindad inaceptable en medio del dolor de una familia y de un país entero” dijo.
“La seguridad de los opositores debe ser una prioridad. Si se confirman fallas en los protocolos, habrá responsables. No podemos repetir los errores del pasado. No queremos más mártires”, advirtió y recordó que Luis Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado y Carlos Pizarro, los tres candidatos presidenciales fueron asesinados en ataques sicariales.
Finalmente, el mandatario reafirmó que todas las capacidades del Estado están puestas al servicio de esta investigación. “No debe haber recurso que se escatime, ni un solo peso, ni un segundo de energía que no se dedique a encontrar al autor intelectual del atentado”, concluyó.
El presidente finalizó la alocución enviando un mensaje de solidaridad a la familia y amigos del senador Miguel Uribe, y clamó por la pronta recuperación del precandidato.
Juanita Villaveces Niño, Viceministra de Hacienda, explica las medidas tributarias de conmoción interior.
El Gobierno nacional creará tres impuestos al amparo de la declaratoria del estado de conmoción interior con los cuales aspira a recaudar un poco más de un billón de pesos durante los 90 días que está previsto el estado de excepción.
Así lo anunció este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes la viceministra Técnica de Hacienda, Juanita Villaveces Niño, quien asistió a la sesión especial en la que el Gobierno explicó los argumentos por los cuales se decretó la conmoción.
“Se establecieron tres medidas tributarias que buscan el recaudo de $ 1 billón 63 mil millones, durante los 90 días de la conmoción, para poder atender la situación que se requiere en este momento en la región del Catatumbo”, explicó la funcionaria.
Los tres impuestos que se crearán son:
- Impuesto del IVA a los juegos de suerte y azar electrónicos, con los que se aspira a recaudar $ 519 mil millones.
- Contribución especial de 1 % a las exportaciones del sector de extracción de petróleo y carbón, con los que se busca recaudar $ 214 mil millones.
- Impuesto de timbre (1 %) para recaudar $330 mil millones.
“Los recursos que se lleguen a recaudar con estas medidas se utilizarán única y exclusivamente para la atención de la conmoción interior”, añadió la viceministra de Hacienda.
Dijo que estas nuevas medidas tributarias “se necesitan, debido a la compleja situación fiscal del Estado”.
Y agregó que “estos recursos no estaban contemplados en el Presupuesto General de la Nación de 2025, por lo que se requiere determinar unas nuevas fuentes de financiamiento”, señaló.
Por su parte, el ministro designado de Hacienda, Diego Guevara, intervino sobre ese mismo tema, pero ante la plenaria del Senado, donde argumentó la urgencia de contar con esos recursos.
“Hoy necesitamos impuestos de recaudo inmediato con una destinación específica, que es el Catatumbo. Estos impuestos no son una reforma tributaria por la puerta de atrás, sino que aplican únicamente para este año; son impuestos tipo IVA que podemos captar de manera inmediata con destinación específica”, sostuvo el ministro.
Agregó que “el tema del Catatumbo no da espera”, y que por ello estas medidas fiscales “son el corazón de este decreto de conmoción interior que hemos visto analizando en las últimas semanas para que cumplan con todos los principios legales y constitucionales”.
De acuerdo con el Decreto 0062 del 24 de enero de 2025, el Gobierno nacional declaró “el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”.
La norma de excepción cobija a 16 municipios del departamento de Norte de Santander, entre ellos los 11 del Catatumbo afectados por los enfrentamientos entre el Eln y disidencias de las Farc; a Cúcuta, capital departamental, y a dos del departamento del Cesar (Río de Oro y González), que están recibiendo desplazados.
Por su parte, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, aseguró ante la plenaria de la Cámara que la declaratoria de conmoción interior cumple con los tres presupuestos legales y constitucionales:
“Primero, el presupuesto fáctico, porque se trata de hechos concretos y verificables. Segundo, el presupuesto valorativo, porque es muy grave la intensidad de la violencia en El Catatumbo, pocas veces vista en la historia del conflicto armado en Colombia. Y, tercero, la necesidad imperiosa de decretar el estado de conmoción interior, porque con las facultades ordinarias no es posible atender las dificultades que se viven en esa región”, explicó el ministro Cristo.
En la plenaria también participaron la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, y el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño.
El presidente Gustavo Petro anunció este viernes la suspensión de los diálogos de paz con el Eln debido a los recientes hechos de violencia en la región del Catatumbo.
En su cuenta de la red social X, el mandatario expresó: “Lo que ha cometido el Eln en el Catatumbo son crímenes de guerra. Se suspende el proceso de diálogo con este grupo. El Eln no tiene ninguna voluntad de paz".
La decisión del jefe de Estado llega tras una serie de ataques atribuidos al Eln en el Catatumbo, donde se reportaron asesinatos de civiles y algunos firmantes de paz.
La jefe de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con el Eln, Vera Grabe, se pronunció sobre la medida: “Se suspende el proceso hasta que Eln definitivamente piense si quiere caminar hacia la paz. Este país no aguanta más. Se requiere de una decisión por parte del Eln, si quiere con este Gobierno caminar en la paz". Pese a la suspensión, Grabe aseguró que se mantendrán las dinámicas humanitarias y los canales de comunicación abiertos “para que el Eln comunique lo que defina".
Por su parte, el senador Iván Cepeda, delegado del Gobierno en los diálogos con el Eln, fue enfático al señalar la gravedad de los hechos. “El Eln está cometiendo crímenes de guerra en la región del Catatumbo, asesinando a civiles inermes, líderes sociales y a firmantes de la paz, en una operación que está desplegando en distintos municipios del Catatumbo. Ante esta circunstancia, la Delegación de paz del Gobierno no puede seguir en los diálogos en este momento", afirmó Cepeda.
El senador también reiteró la exigencia de que el grupo armado defina su compromiso con la paz: “El Eln tiene que expresar de una vez por todas su intención y voluntad de llegar a la paz en este momento de la historia del país". Además, recordó que el grupo ha perpetrado crímenes similares en otras regiones como el Chocó, afectando gravemente a las comunidades.
“Con estas acciones, como las que están llevando a cabo el Eln en el Catatumbo, como las que ha llevado a cabo contra la población civil en el Chocó y otras que ha cometido en tiempos recientes, muestran que esa voluntad no es la que prima hoy en la mesa de diálogo. Por lo tanto, está suspendida la negociación con el Eln", agregó Cepeda.
Camilo González Posso, jefe coordinador de la mesa de diálogo con el Estado Mayor de los Bloques Jorge Suárez Briceño, Gentil Duarte y el frente Raúl Reyes de las Farc, también se refirió a la situación. “La gravísima situación en el Catatumbo lo que muestra es una ofensiva coordinada del Eln en siete municipios y de manera casi simultánea. Ha atacado objetivos de población civil, gente inerme, desplazando a familias que han sido amenazadas; asesinando a cinco firmantes de paz del 2016, que están produciendo el desplazamiento de ese espacio territorial de reincorporación", explicó González Posso.
El jefe negociador calificó los hechos como “un atentado contra el proceso de paz, contra los delegados del bloque Gentil Duarte en la mesa y de amenaza a la gente que está participando en el proceso de conversaciones, buscando las transformaciones territoriales".
González Posso hizo un llamado al país a solidarizarse con las víctimas, los firmantes de paz y los delegados de la mesa de diálogo que trabajan en las regiones afectadas.
En el mismo sentido, Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), lamentó que los actos violentos del Eln interrumpan los esfuerzos por construir una paz estable. En su cuenta de X, señaló: “Lamento profundamente que los esfuerzos por una Colombia en paz se vean truncados por actos violentos como el de Catatumbo. La suspensión de los diálogos con el Eln es una decisión difícil, pero correcta. Es imperativo que los grupos armados demuestren una real voluntad de paz y cese la violencia que tanto dolor ha causado al pueblo colombiano".
Luego de valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez penal de conocimiento de Bogotá condenó al exjefe paramilitar Uber Enrique Banquez Martínez, conocido como ‘Juancho Dique’, a 10 años y 3 meses de prisión por los delitos de falso testimonio en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con fraude procesal en concurso homogéneo y sucesivo con circunstancias de mayor punibilidad.
Exsenador Javier Cáceres, condenado en el 2012 a 9 años por parapolítica.
En 2008, el excabecilla del Bloque Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) mintió en varias declaraciones que rindió bajo la gravedad de juramento ante los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia, que investigaban los posibles nexos del entonces senador Javier Enrique Cáceres Leal con los grupos paramilitares que delinquían en la región.
Una fiscal de la Delegada contra la Criminalidad Organizada acreditó que ‘Juancho Dique’ entregó información engañosa y negó cualquier vínculo del congresista con la estructura armada ilegal, para favorecerlo y desviar el proceso que se seguía en su contra por el delito de concierto para delinquir.
La sentencia conocida dispuso que la pena deberá hacerse efectiva en establecimiento carcelario y negó cualquier subrogado, además impuso una multa equivalente a 700 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una inhabilidad de 84 meses para el ejercicio de funciones públicas.
El fallo es de primera instancia y en su contra proceden los recursos de ley.
Estuvo ocho años preso
Es de anotar que en septiembre de 2015, Uber Enrique Banquez Martínez quedó en libertad luego de cumplir con ocho años de cárcel, tras acogerse la Ley de Justicia y Paz, al reconocer varios crímenes que cometió cuando hizo parte de la Autodefensas Unidas de Colombia.
Uber Banquez Martínez fue condenado a pagar ocho años de pena intramuros por los delitos de homicidio agravado, homicidio simple, sedición y desplazamiento forzado, que cometió cuando hizo parte del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, más concretamente de la estructura de “Héroes de los Montes de María”.
Una de las masacres que reconoció ‘Juancho Dique’ fue la que cometió junto a varios de sus compañeros en el corregimiento de Macayepo, en jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, en el departamento de Bolívar.
.jpg)
