Riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos en centros de reclusión

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, la Defensoría del Pueblo advirtió que las condiciones mínimas de salubridad en la alimentación de las personas privadas de la libertad deben mejorarse para cumplir con estándares de dignidad humana. Además, señaló, el riesgo de brotes de enfermedades transmitidas por alimentos es significativamente mayor en la población carcelaria en comparación con la población general en sus hogares.

Las estadísticas muestran que el riesgo para la población carcelaria es 50 veces mayor: en el primer semestre de 2024, proporcionalmente, las personas privadas de la libertad enfrentan un riesgo mayor de verse afectadas por brotes de enfermedades de transmisión alimentaria, en comparación con la población general en hogares.

Esta disparidad subraya la vulnerabilidad particular de las personas privadas de la libertad respecto a las condiciones de salubridad alimentaria en los centros de reclusión.

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo hace un llamado a superar esta disparidad y solicita que, en virtud de la relación especial de sujeción, las autoridades nacionales y regionales adopten esquemas adecuados de prestación del servicio de alimentación para las personas privadas de la libertad, lo que es parte de la garantía de mínimos básicos que vayan en el camino de garantizar la dignidad humana de esta población.

El derecho a una alimentación en condiciones adecuadas es uno de los reclamos más urgentes de las personas privadas de la libertad. Las visitas realizadas a los establecimientos de reclusión por parte de la entidad han evidenciado que los alimentos se entregan en horarios inusuales, como la cena, que generalmente se distribuye a las 3:30 p.m. Además, la Defensoría ha recibido constantes denuncias sobre la entrega de productos alimenticios en mal estado.

Finalmente, la institución nacional de derechos humanos insta a las autoridades penitenciarias a garantizar la entrega de alimentos adecuados a las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, estaciones de policía y lugares similares. La adecuada alimentación constituye una de las condiciones mínimas de subsistencia y es un núcleo esencial de la dignidad humana.

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