CGN.- El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, urgió hoy al Gobernador de San Andrés y Providencia, Everth Hawkins, y a la IPS Universitaria – Servicios de Salud de la Universidad de Antioquia-, que garanticen los servicios de salud de la población isleña, como es su obligación, evitando por todos los medios la afectación en la prestación de los mismos, mientras se formaliza la consolidación jurídica y la puesta en marcha de la Empresa Social del Estado de carácter departamental creada por la Ordenanza No. 05 del 29 de julio de 2020.
El Gobernador Hawkins suscribió un otrosí al contrato de administración 1134 de 2017, que en su momento se firmó con la IPS de la Universidad de Antioquia.
La anticipada terminación del contrato del operador que administra el Hospital de San Andrés amenazaba con que hoy, en plena pandemia y en momentos en que la misma autoridad departamental decretó alerta roja por el número de pacientes contagiados y con los médicos especialistas de la isla sin recibir pagos hace varios meses, el panorama de salud se pudiera tornar absolutamente crítico.
“Es necesario recordar que dada la situación por la que atraviesa el país ante la pandemia, se hace evidente la necesidad de llevar a cabo este período de transición evitando, a toda costa, la interrupción en la prestación de los servicios de salud, e igualmente garantizando mediante una adecuada gestión fiscal, coordinada y articulada por parte de la Gobernación y la IPS, que se honren las deudas adquiridas, principalmente con el talento humano”, insistió el Contralor Carlos Felipe Córdoba.
La Contraloría General de la República, ha venido actuando de tiempo atrás sobre la problemática de salud en la isla, y, fue así como, en el 2019 llevó a cabo una Actuación Especial de Fiscalización que generó hallazgos con incidencias fiscales por $1.774.874.861.
 |
| Contralor Carlos Felipe Córdoba |
Uso adecuado de los recursos públicos
Frente a las acreencias informadas a la Contraloría General de la República por parte de los médicos especialistas, en cuantía de $6.168 millones, el Contralor General consideró necesario que la administración del Departamento y la IPS Universitaria, desarrollen las gestiones fiscales pertinentes a fin de garantizar el adecuado uso de los recursos públicos, sin menoscabo del ejercicio de las actuaciones fiscales a que haya lugar en la oportunidad necesaria por parte de la CGR, con el fin de impedir una eventual pérdida de los recursos públicos.
Equipos de diagnóstico obsoletos
Con motivo de denuncias recibidas por la Contraloría, se ha obtenido evidencia de la obsolescencia de los equipos de diagnóstico, que requieren de una intervención urgente para la prestación del servicio de radiología.
En este sentido, la Contraloría espera una especial diligencia por parte del gobierno departamental. Además, insta al Ministerio de Salud y Protección Social, en la medida en que la normatividad lo permita, a aunar esfuerzos con el departamento para suministrar los elementos que considere necesarios para mitigar los efectos de la pandemia, gestionando lo pertinente para proveer los ventiladores que requiera el Hospital de San Andrés, en aras de afrontar la crisis generada en la isla por el coronavirus.
Es importante señalar que el monitoreo permanente de todas las necesidades que tenga el archipiélago, así como de las medidas y decisiones a asumir por el gobierno departamental en materia de salud, son competencia del Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que de la Superintendencia Nacional de Salud, entidades que no deben escatimar esfuerzos a fin de garantizar la prestación de los servicios de Salud a la población sanandresana.
