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| Contralor Maya Villazón |
- Así mismo, el
organismo de control pone la lupa en el manejo de casi $1.5 billones de
subsidios que el Gobierno destina a la población más vulnerable de la Costa
Caribe, afectada por el mal servicio de energía eléctrica.
- En anteriores
auditorías, la CGR ha determinado que existen proyectos eléctricos con más de 4
años de haber sido construidos y los usuarios aún continúan conectados a la
antigua red, que no ofrece las calidades y seguridades necesarias.
La Contraloría General
de la República adelantará una vigilancia especial sobre la Superintendencia de
Servicios Públicos Domiciliarios para verificar las labores que esta entidad
realiza en relación con la calidad del servicio de energía eléctrica en los
siete departamentos de la Costa Caribe
"Los apagones
permanentes y las quejas reiteradas contra Electricaribe, por mal servicio y
cobros excesivos, son algo común en Córdoba, en Sucre, en Bolívar, en
Atlántico, en Magdalena, en Cesar y en la Guajira y, por ello, siendo este tema
de la calidad competencia de la Superintendencia de Servicios Públicos, la
Contraloría General la República quiere, cómo órgano de control, mirar con
detalle que ha hecho esta entidad al respecto", explicó el Contralor
Edgardo Maya Villazón.
Por otra parte, agregó
el Contralor General, dado que buena parte de la población atendida por
Electricaribe es vulnerable, de los estratos más bajos, y el Gobierno destina
importantes recursos para subsidiar a estas familias necesitadas de la Región
Caribe, la Contraloría se va a enfocar en determinar cómo se están manejando
estos subsidios.
"Esto será
analizado, con el fin de tener la tranquilidad de que estos casi $1.5 billones
en subsidios lleguen de forma correcta a los usuarios", precisó Maya
Villazón en entrevista que concedió al programa institucional de televisión de
la CGR "Colombia Tiene Control", que se transmitió anoche por Señal
Institucional.
Servicio de baja calidad y atrasos en obras eléctricas
El Contralor Maya
Villazón invitó a todas las instituciones relacionadas con el tema a trabajar
de forma coordinada y ágil, dado la complejidad del problema que se tiene
enfrente.
"El servicio es
de baja calidad en la actualidad y se requiere adoptar decisiones inmediatas en
materia de inversiones, refuerzos del sistema eléctrico y manejo de la
comunidad", enfatizó.
En anteriores
auditorías a Electricaribe, la Contraloría ha
evidenciado deficiencias en la ejecución de los proyectos financiados
con recursos públicos. Y algunos casos son representativos y motivan a este
órgano de control a ejercer una vigilancia detallada.
El Contralor Maya
Villazón expuso lo delicado de la situación en los siguientes términos:
"Es evidente que
existen atrasos cercanos al 33% en obras eléctricas, para los proyectos
aprobados en los primeros siete años de ejecución del programa (con corte al
año 2014)".
"Y peor aún,
existen proyectos con más de 4 años de haber sido construidos y los usuarios
aún continúan conectados a la antigua red, que no ofrece las calidades y
seguridades necesarias".
La CGR inició
recientemente dos Actuaciones Especiales a Electricaribe, que incluyen la
revisión de la debida adjudicación y ejecución de los recursos del Programa de
Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y el Fondo de Apoyo Financiero para
la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER), desde que se
implementaron los mismos hasta la fecha.
- Si bien
Electricaribe es una sociedad anónima comercial, se constituye como una empresa
de servicios públicos domiciliarios, según la Ley 142 de 1994. En su
composición accionaria participa el Estado a través de distintas entidades, con
un 10.1% del total de las acciones. Esta situación habilita a la CGR a ejercer
control y vigilancia fiscal, conforme a lo preceptuado en el artículo 2 de la
Ley 42 de 1993.
- Y en su condición de
particular, Electricaribe maneja recursos y bienes del Estado provenientes de
los Fondos Públicos de Ayuda del Sector Eléctrico (PRONE, FAER, FAZNI y FOES),
situación que también habilita a la CGR para ejercer vigilancia y control fiscal
sobre la empresa, pero en relación con los recursos de origen público.
