En principio acusados
por ser aparentemente responsables de las explosiones contra la entidad
Porvenir; Luego por supuestas relaciones con la red urbana del Ejército de
Liberación Nacional –ELN-; Al final, acusados de participar en disturbios en la
Universidad Nacional. 
Bajo esa última
acusación la juez 72 de garantías dictó medida de aseguramiento para todos los
detenidos, por considerarlos "un peligro para la sociedad". Esta
decisión fue inmediatamente apelada por los abogados defensores, que consideran
que hay argumentos poco sólidos para
explicar su fallo y hay varias irregularidades en el proceso.
La juez consideró que
el material probatorio presentado por la fiscal Ana Patricia Larrota, era lo
suficientemente contundente como para dictar la medida de aseguramiento contra
los 13 jóvenes. En su veredicto argumentó que: “Ellos son coautores de los delitos
que aquí se les investiga. Sí existen las pruebas para vincularlos. Aquí los
delitos imputados no son de poca monta debido a que pone en peligro a la
sociedad”. Además, aludió precisamente a
la juventud y a los trabajos como defensores de derechos humanos, líderes
estudiantiles y periodista que ejercen
los detenidos para usarlo como elemento agravante, diciendo que su figura es
representativa para la sociedad y que por tanto se tornan como un mal ejemplo
para la misma.
Se escucharon los
reclamos y las críticas de abogados denunciando que la decisión: “Viola el
derecho a la defensa, ya que no refiere en ningún momento a los argumentos
presentados por la defensa, que buscaban apelar dicha medida, además de obviar
la explicación de forma clara y concisa, del por qué los considera como un
peligro para la sociedad”.
Una de las críticas
más fuertes, la hizo el senador Alberto Castilla a través de su cuenta en
twitter, en ella plantea que la juez no valoró de forma individual a los
detenidos, sino que los ubicó como grupo, lo que viola el derecho a la defensa
de cada uno de los detenidos.
El Congreso de los
Pueblos, movimiento social y político al cual pertenecen 11 de los detenidos,
anunciaron una rueda de prensa para este miércoles con el fin de denunciar las
irregularidades de lo que han llamado un falso positivo judicial.
Otra de las
reclamaciones que se ha manifestado desde el Congreso de los Pueblos y los familiares de los detenidos, es que el
presidente Juan Manuel Santos y el general de la Policía Rodolfo Palomino, se
retracten por haber presentado a los detenidos como los responsables de las
bombas de Porvenir, cuando ni siquiera la fiscal del caso en el momento de la
imputación de cargos mencionó el asunto, ni presentó prueba alguna sobre estos
hechos.
