Un desorden
administrativo y gerencial de elevadas proporciones encontró la Contraloría
General de la República al evaluar la gestión de la Unidad Nacional de
Protección –UNP correspondiente a la vigencia 2014, particularmente graves
deficiencias e irregularidades en materia de contratación.
Reconocimiento y pago
de bienes y servicios sin los debidos soportes, así como arrendamiento de
vehículos blindados y corrientes sin respaldo presupuestal y contractual, son
algunas de las anomalías que se pusieron en evidencia.
Se pagaron tiquetes
aéreos, peajes, gasolina y viáticos a esquemas de seguridad y escoltas
contratados por la UNP, pero en algunos casos tales pagos no están justificados
plenamente.
Es así como la CGR
detectó un presunto detrimento patrimonial por $14.790 millones, representado
en el acumulado de los reconocimientos y pagos de los denominados "Gastos
Reembolsables" de 4 contratos de 2014 y de 3 contratos de 2012, por facturas
que no cuentan con los soportes respectivos como pasabordos utilizados, recibos
de peaje, soporte de consumo de combustible y facturas de los pasajes
comprados, por lo que existe incertidumbre sobre la real prestación del
servicio cancelado.
En desarrollo de esta
auditoría, se establecieron en total 77 hallazgos administrativos, de los
cuales 28 tienen presunta connotación disciplinaria y 5 de ellos presunta
incidencia fiscal.
Para la vigencia
fiscal 2014, la Contraloría General de la República entregó un concepto
desfavorable sobre la gestión y resultados de la UNP, emitió una opinión
adversa o negativa sobre sus estados contables y no feneció la cuenta de la
Entidad.
Se alquilaron chalecos
blindados cuando se tenían guardados elementos similares
Un hallazgo de esta
auditoría tiene que ver con el alquiler
de chalecos blindados en 9 contratos de 2014, cuando en el Almacén de la Unidad
Nacional de Protección se contaba con disponibilidad de estos elementos.
"Esta situación
presupone una gestión antieconómica porque a pesar de la adquisición de chalecos blindados, los
mismos no fueron entregados a los esquemas de protección y por el contrario se
continuó pagando su alquiler, cuando en el Almacén se tuvo una disponibilidad
promedio mensual de 5.795 de estos elementos".
En este caso, se
presenta un presunto detrimento patrimonial, derivado de este alquiler -el cual
suma $225 millones- por los pagos efectuados por este ítem en los mencionados
contratos.
Se compraron 1.699
pistolas y la entidad no alcanza a tener
400 escoltas
A través de 3
contratos la UNP adquirió 1.699 pistolas automáticas calibre 40 y 139.852
cartuchos de munición, en desarrollo de un Proyecto de Inversión por valor de
$6.500 millones, que presupuestalmente se ejecutó en $6.153 millones.
A noviembre de 2014
ingresaron a la bodega de armas de la UNP 1.380 pistolas y estaban pendientes
de recibir 319.
Según la Contraloría,
al analizar el número de armas adquiridas frente a la cantidad de escoltas la
planta de personal de la Entidad, que no superan los 400, se observan
debilidades en la planeación del proyecto y suscripción de los contratos
derivados del mismo, al realizar una compra que no está en proporción a las
necesidades de la UNP.
Es de anotar que estas
armas tienen una vida útil de 10 años y 40.000 disparos y dado el número de
funcionarios con que cuenta la Entidad para labores de protección, se evidencia
un riesgo de deterioro por no ser utilizadas.
Una de las
justificaciones de la adquisición se sustenta en la pretensión de ampliar la
planta de personal de escoltas, lo que no se ha podido materializar a la fecha.
Además, al momento de formular y suscribir los contratos de adquisición de
estas armas, la UNP había comprometido recursos (con vigencias futuras) para el
alquiler de armas en 2012, 2013 y parte de 2014, a través de la tercerización
del servicio de personal de protección.
Cuentas pagadas sin
los debidos soportes: se pagaron $800 millones por combustible y no hay
respaldo de facturas
Se encontraron
múltiples casos de cuentas pagadas sin evidencia de los soportes
correspondientes. Así, por ejemplo, la cuenta con obligación No. 636514,
cancelada con orden de pago No. 3368515 del 16 de enero de 2015, por concepto
de combustible, por valor de $800 millones de pesos, no cuenta con facturas ni
recibido a satisfacción.
Uno de los hallazgos
detectados tiene que ver con una cuenta por pagar de servicio de alquiler de
vehículos blindados para servicios ocasionales:
"La Entidad
registró una cuenta por pagar con las facturas Nos. 6859 y 1522 expedidas el 9
de enero de 2015, por valor de $55,6 millones cada una, por concepto de
alquiler de vehículos blindados para servicios ocasionales como apoyo al
programa de protección", sin embargo en las facturas no se describen ni el
número total de vehículos ni el período de prestación del servicio".
Igualmente, las actas
de recibo a satisfacción carecen de esta información, pues no se detalla el
cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el contratista,
información indispensable para que la Entidad pueda confrontar y/o comprobar si
los valores cobrados corresponden a los servicios suministrados".
Así mismo, el pago de
las cuentas con obligación Nos. 640214 y 640314, por concepto de alquiler de
106 vehículos blindados, durante el período comprendido entre el 27 de
noviembre y el 26 de diciembre se realizó con soportes que presentan
inconsistencias: las obligaciones fueron canceladas con fotocopias de facturas
y no con las originales y los valores de las cuentas por pagar, no coinciden
con los descritos en las copias de las facturas.
¿Se están alquilando
vehículos innecesariamente?
Con respecto a la
relación de los 472 y 481 vehículos alquilados por la entidad del 27 de
noviembre al 25 de diciembre de 2014, se observa que el 30% de éstos no tienen
beneficiario asignado y 33 vehículos equivalentes al 6% se encuentran
disponibles en la UNP.
Igual situación se
presenta con los 525 vehículos alquilados por la UNP entre el 1 y el 27 de
diciembre de 2014, de los cuales 41 se encuentran disponibles en la Entidad y
155, equivalentes al 29% del total, no tienen beneficiario asignado.
Para la CGR, la
situación descrita anteriormente evidencia debilidades en la elaboración del
estudio de necesidades, en la planeación y seguimiento, toda vez que se pueden
estar alquilando vehículos innecesariamente.
EN SÍNTESIS
La UNP inobservó los
principios presupuestales al adquirir compromisos sin las disponibilidades de
apropiación requeridas. Se evidencian contratos cuya ejecución extiende y
supera las vigencias respectivas.
A contratistas y
operadores de los esquemas de seguridad se les adeudaba por parte de la UNP
alrededor de $41.454 millones de la vigencia 2014, y con cargo al presupuesto
de la vigencia 2015 la Entidad se ha visto en la obligación de cancelar $21.012
millones. Estos contratos no contaban, para la continuidad de su ejecución, con
los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal, lo cual afecta la
disponibilidad y ejecución de la vigencia fiscal 2015.
Componente financiero
– contable de la UNP: "Los errores o inconsistencias, salvedades,
limitaciones encontradas, que afectan la razonabilidad de dichos estados
contables ascienden a $165.531,3 millones, valor que representa el 390% del
activo total de la Entidad, que asciende a $42.357,2 millones".
Con base en una
declaratoria de Urgencia Manifiesta del
15 de septiembre de 2014, se suscribieron contratos pasados hasta más de 100
días después de que se efectuó la misma, lo que constituye una vulneración al
principio de inmediatez que exige la adopción de esta medida.
La CGR considera no
hay certidumbre sobre la real necesidad que tenía la UNP de contratar una
empresa privada para supervisar los contratistas que proveen los esquemas de
seguridad, si durante 5 meses 19 días se ejecutaron 6 contratos sin que hubiera
intermediación de un tercero que realizara esta labor de auditoría
De acuerdo con la
información registrada en sus bases de datos, a marzo de 2015, la UNP tiene un
total de 9.646 beneficiarios del Programa de Protección. Según la Contraloría,
la información se encuentra desactualizada y presenta varias inconsistencias.
Desde la creación de
la Entidad esta no cuenta el personal de planta ni vehículos necesarios y
suficientes para prestar directamente el servicio de protección cuando se hacen
necesarios los esquemas, por lo que ha acudido a tercerizar estos servicios.
La tercerización ha
generado altos costos para la UNP, lo que aunado con las deficiencias en el
control, seguimiento y monitoreo y supervisión en la prestación de estos
servicios (esquemas protectivos, arrendamiento de vehículos y suministro de
gasolina, entre otros) han llevado a que la Entidad presente un déficit fiscal
aproximado de $40.000 millones de pesos.
La Entidad enfrenta un
alto riesgo de daño jurídico y patrimonial por las reclamaciones
administrativas y contractuales por más de $140.000 millones que los
contratistas de los esquemas de protección le han presentado por motivos como
lesiones patrimoniales por fuerza mayor, aumento de la carga prestacional y
parafiscal, demora en el pago de facturas, incremento en el costo laboral y
descansos remunerados y ajustes por inflación, entre otros.
La UNP no está siendo
coherente en asignar las medidas de protección a los beneficiarios de
conformidad con el nivel riesgo que presentan y se están cancelando recursos
por esquema de protección al servicio de beneficiarios que no lo ameritan.
La Entidad ha asignado
vehículos a personas que no están contempladas por el Programa de Protección.
