Ahora el caso es mucho
más grave porque el problema de alimentos contaminados y mal manipulados por
los operadores contratados para tales efectos, se amplía a los Centros de
Desarrollo Infantil, CDI, y a los Hogares Comunitarios del Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, ICBF. Falta por evaluar lo que ocurre con el Plan de
Alimentación Escolar, PAE, que es regulado por el Ministerio de Educación y
cuenta con operadores contratados por esta cartera.
La nueva y escandalosa
situación que ocurre con la alimentación suministrada a los menores de edad,
fue revelada por la Secretaría de Salud del Atlántico el pasado miércoles 8 de
junio durante sesión del Consejo de Política Social de la Gobernación.
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| "Habrá
que revisar la salud de los millares de niños", Senador José David Name. |
Los municipios que
fueron objeto de evaluación y dieron resultados negativos son Baranoa, Campo de
la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Manatí, Palmar de Varela, Piojó,
Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santo
Tomás, Suan, Tubará y Usiacurí, en donde el año pasado y el primer semestre del
2015 se tomaron muestran que arrojaron mal pronóstico en el 80 por ciento de
las instituciones evaluadas.
En los 17 municipios
se recolectaron 1.386 muestras que indican la presencia de distintas bacterias,
entre las cuales se destacan moho, salmonela y coliforme, lo cual indicaría que
a niños y a jóvenes los han venido envenenando con toxinas de diversos tipos
que dan lugar a enfermedades graves e incluso podrían conducir a la muerte en
el peor de los casos.
El anuncio no puede
quedarse en la simple apertura de una investigación por parte de la Defensoría
del Pueblo ni en la sola queja del Gobernador del Atlántico para que se sigan
realizando inspecciones e invitaciones a entidades a que participen del proceso
dirigido a mejorar el proceso.
Urge que a futuro
recompongamos, sí, es esencial que no se repita ni se mantenga en el tiempo el
lamentable episodio que nos ocupa de años atrás. Pero si bien hay que corregir,
también es cierto que es indispensable establecer responsabilidades respecto de
lo que ocurrió para llegar al estado que puso al descubierto la Secretaría de
Salud departamental.
En el ojo del huracán
está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, que en el caso del
Atlántico se encuentra en interinidad desde hace un tiempo largo y ha sido
administrado por sectores políticos que se han apartado de la filosofía
original de la entidad para beneficiar a sus afectos y a organizaciones
comerciales que están en la cadena de suministros de alimentos. El ICBF tiene
que responder con claridad a las denuncias que se han hecho, porque no basta
que diga que hará un acompañamiento a la Gobernación para optimizar la
manipulación de los alimentos.
En el tema del
suministro de alimentos se mueven muchos miles de millones de pesos y detrás de
esos jugosos presupuestos se esconden mafias regionales que acaban con los
recursos y dejan en el limbo el cumplimiento de los nobles y generosos
postulados de las políticas que los inspiran, como recientemente dijo el
Presidente de la República Juan Manuel Santos, quien ante un respetable
auditorio en Bogotá expresó que era necesario darle un "Tatequieto" a
esas mafias regionales que se llevan los dineros para beneficio personal.
Necesitamos entonces
que ese "Tatequieto" empiece por el Atlántico, con denuncias penales
que instauren el señor Gobernador del Atlántico, la señora Directora General
del ICBF, y el señor Defensor del Pueblo, entre otros, o que la Fiscalía General
de la Nación abra los procesos de oficio mediante las informaciones que han
sido divulgadas por los medios de comunicación social.
Comparto lo que dijo
EL HERALDO en su editorial del sábado pasado en el sentido de que "este es
un tema que amerita la mayor rigurosidad, responsabilidad y control, puesto que
está en juego la salud de los niños que reciben estos alimentos. Ellos tienen
derecho a la seguridad alimentaria, y el propósito de los programas de
asistencia alimentaria es, justamente, ayudar a garantizársela y contribuir a
su adecuada formación y desarrollo".
Habrá que revisar la
salud de los millares de niños que se supone han sido "envenenados"
con estos alimentos llenos de bacterias, pero también hay que establecer las
responsabilidades penales y administrativas del caso e ir al fondo de lo que existe
detrás de operadores de alimentos irresponsables. A la pregunta de quién
responde en el gobierno nacional, departamental y local por el crimen
alimentario contra los niños y jóvenes del Atlántico, hay que tener
explicaciones inmediatas.
