Resolución de acusación en contra de ocho personas que
habrían cometido irregularidades en los procesos de suministro de medicamentos
por parte de la firma Medicamentos de Occidente Ltda. a la empresa promotora de
salud Coomeva E.P.S. dictó la Fiscalía General de la Nación por hechos
cometidos con anterioridad al año 2005.
FGN - Los delitos por los cuales se acusa a cinco directivos de
Coomeva E.P.S. de la época y tres de Medicamentos de Occidente Ltda. son
peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y
contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
El Director Nacional de Protección de Asistencia, Jorge
Eduardo Rojas Pinzón, anunció que en diligencia del 10 de noviembre se dictó la
resolución de acusación. Este proceso se realiza en el marco de la ley 600, de
procedimiento penal.
La investigación comenzó desde el 2005 gracias a una
información recibida en la cual se informa de la posible realziación de unos
delitos en la Cooperativa Coomeva. De estos hechos investigados, surgen las
posibles irregularidades de la contratación de Coomeva EPS con la empresa
Medicamentos de Occidente LTDA. Los contratos afectados alcanzan un monto de
40.000 millones de pesos y las utilidades que les habrían producido llegarían a
los 3.500 millones de pesos.
Al parecer, estas personas se habrían puesto de acuerdo en
lo relacionado con el suministro de medicinas para el manejo de los pacientes contagiados
de VIH que han desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
así como lo relacionado con procedimientos para el reemplazo de articulaciones
de cadera y rodilla. De la misma forma, se habrían presentado irregularidades
irregularidades como doble facturación y facturación de atención de personas
fallecidas, o afiliados atendidos por otra entidad.
La decisión judicial afecta a Jairo Alfonso Estarita Monroy,
Marina Concepción Carbonell Jimeno, Edgar Antonio Ricardo García, Melba Lucía
Flórez Toro, Laureano Novoa Guevara, Manuel Humberto León Avellaneda, Carlos
Arturo Parra Orozco, y Jorge Humberto Céspedes Ibarra.
La Dirección Nacional de Protección de Asistencia enviará
copias del proceso a la Dirección de Extinción del Derecho de Dominio de la
Fiscalía para revisar cuentas y propiedades de las personas implicadas y así
establecer el destinos de los dineros y las utilidades que hayan podido generar
en ese lapso.
AAMZ/ AAEA