Este proyecto es un importante avance en la protección de derechos fundamentales y en el fortalecimiento de las garantías penales. La reforma propone crear dos salas de juzgamiento y dos magistrados instructores en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que tendrán como función llevar a cabo las labores de investigación y acusación de los casos que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra congresistas y personas con fuero.
La reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prevé la incorporación de significativas herramientas jurídicas para asegurar la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de derechos fundamentales y de las garantías penales, a través de la creación de la figura de la eventual revisión de decisiones, de la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificación vinculantes para todos los jueces y de tomar decisiones con base en criterios de equidad, que permitan la mejor realización de la justicia material en los casos concretos.Sobre este proyecto de ley el Fiscal General Eduardo Montealegre Lynnet aseguró “que no solo se crea una segunda instancia para los congresistas sino que además se extiende la segunda instancia para una gran mayoría de los aforados constitucionales, como generales de la república, ministros del despacho, gobernadores, es decir toda persona que tenga fuero constitucional distinto al de las investigaciones que adelanta la comisión de acusación y juzgamiento, tendrán la garantía institucional de la segunda instancia”.
La reforma a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia prevé la incorporación de significativas herramientas jurídicas para asegurar la igualdad en la aplicación de la ley y la protección de derechos fundamentales y de las garantías penales, a través de la creación de la figura de la eventual revisión de decisiones, de la posibilidad de proferir sentencias interpretativas y de unificación vinculantes para todos los jueces y de tomar decisiones con base en criterios de equidad, que permitan la mejor realización de la justicia material en los casos concretos.Sobre este proyecto de ley el Fiscal General Eduardo Montealegre Lynnet aseguró “que no solo se crea una segunda instancia para los congresistas sino que además se extiende la segunda instancia para una gran mayoría de los aforados constitucionales, como generales de la república, ministros del despacho, gobernadores, es decir toda persona que tenga fuero constitucional distinto al de las investigaciones que adelanta la comisión de acusación y juzgamiento, tendrán la garantía institucional de la segunda instancia”.
