Modelaje Webcam, una de las industrias más rentables

Agencia de Prensa Rural-Natalia Ángel, Nikool Valeria Moreno Bustos .-  Colombia es considerada el segundo país en el mundo con el más alto índice de modelos Webcam y agencias que se dedican al entretenimiento para adultos. En 2018 el país cuenta con 1000 agencias Webcam y, en cifras aproximadas, más de 25.000 mujeres colombianas trabajan en este oficio, según una publicación de la Revista Portafolio.

Esta industria es muy llamativa debido a la rentabilidad que ofrece, teniendo en cuenta el alto índice de desempleo femenino, pero también es una de las más criticadas moralmente por el trabajo que desempeñan las modelos, vinculándolas con pornografía y prostitución.

Según Juan Bustos, uno de los tres empresarios más importantes en esta industria, en Colombia no existen políticas que reconozcan el modelaje Webcam como un empleo, por ende, no hay procesos legislativos que permitan a los empresarios operar comercialmente.

Aunque este oficio es legal, muchas de las mujeres que lo ejercen no se atreven a revelar su forma de trabajo a familiares o amigos ya que saben que el tabú que está implantado en la sociedad no permitirá una buena aceptación. Sin embargo, esto no representa gran importancia para ellas, ya que el salario que reciben sobrepasa cualquier actitud negativa en contra de este oficio.

Esta industria no solo beneficia a las modelos, sino también a todas las personas que están detrás del oficio como agencias, mánagers, monitores y directores; quienes capacitan a las modelos para que desarrollen mejor su labor y ganen más dinero con el tiempo. Estas agencias cuentan con clientes frecuentes de varios países del mundo que pagan 3.5 dólares por minuto en la web.

Las modelos ganan el 15% de lo que pagan los clientes, el 85% es para la agencia a la que trabajan. En promedio una modelo nueva en este oficio puede llegar a recibir un pago de 1.000.000 de pesos y una que lleve más de un año puede llegar a ganarse 15.000.000 de pesos mensuales.

Esperanza Gómez, una de las actrices porno más reconocidas a nivel internacional y futura empresaria en la industria de la Webcam, aseguró en una entrevista para el canal RCN, que esta práctica es totalmente diferente a la prostitución, ya que la modelo muestra y actúa como ella quiere y hasta donde lo permita y no interactúa físicamente con el cliente. Hizo un llamado a la sociedad conservadora diciendo que la sexualidad es practicada diariamente, de diferentes maneras y, como es algo innato al ser humano, debe ser aceptado en cualquiera de sus prácticas.

En conclusión, el entretenimiento para adultos en la web ha sido blanco de fuertes críticas por la sociedad, pero a pesar de ello, emplea a más de 25.000 personas, siendo Medellín, Cali, Cartagena y Bogotá las ciudades de más alta participación en esta industria.

+ de Natalia Ángel

Natalia Ángel Bernal, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia. Se destaca en habilidades como: redacción, investigación, diseño, creación de productos audiovisuales y comunicación organizacional.

Facebook: Natiz Angel
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+ de Nikool Valeria Moreno Bustos

Nikool Valeria Moreno Bustos, nacida en Guaduas-Cundinamarca, radicada en Bogotá, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Cooperativa de Colombia, apasionada por la prensa, producción audiovisual, creación de contenidos y la comunicación para el cambio social.

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Los retos ambientales del próximo gobierno

El cuidado del medio ambiente es una urgencia del mundo y un asunto vital para Colombia. Por eso el presidente electo, que poco habló sobre el tema, debe ahondar desde ahora en la preguntas y en cómo irá a responderlas. 

Ernesto Guhl Nannetti*

Derrame de petróleo - Foto: CORPONOR 

 Puntos clave

A principios de este año publiqué un artículo donde enumeré los retos más urgentes que Colombia debería abordar en materia de sostenibilidad. Los cinco principales son:

• transición energética;
• La ocupación del espacio y el uso del suelo;
• Los La conflictos centro – periferia:
• La ciencia y la tecnología, y
• La conservación

Transcurridos apenas cinco meses han surgido nuevos problemas que generan aún más incertidumbre en materia ambiental. Ahora que Colombia ha escogido su nuevo presidente, es de vital importancia que el gobierno atienda esos asuntos con toda decisión.  

Transición energética

En esta materia Colombia enfrenta la catástrofe de Hidroituango que, además de presentar enormes riesgos sociales y ecológicos, reduce la disponibilidad de energía eléctrica y amenaza el desarrollo económico del país. El proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia debería comenzar a funcionar en diciembre de este año y abastecer paulatinamente la demanda nacional hasta 2024. Sin embargo, las fallas presentadas sugieren que esta meta no será cumplida e inclusive, pronostican un apagón hacia 2021 o 2022.  

Pese a ser crítica, esta situación le ofrece a Colombia un escenario excepcional para acelerar el desarrollo de fuentes energéticas limpias y renovables. Para lograrlo sería necesario adelantar estudios que aseguren una canasta de generación eléctrica segura que aproveche las fortalezas naturales del territorio nacional (como la alta radiación solar) y disminuya los riesgos del cambio climático.

Además de tener un menor impacto ambiental, las fuentes energéticas renovables permitirán idear soluciones descentralizadas acordes con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Planificación territorial

Se estima que hacía el año 2050, el 86 por ciento de la población colombiana se concentrará en las ciudades: 70 de más de 100.000 habitantes y 7 de más de un millón. Además de que el sistema actual de administración territorial no es capaz de manejar poblaciones de tal magnitud, se ha acelerado la aparición de territorios insostenibles como Bogotá, ciudad que actualmente presenta los índices más altos de riesgo frente al cambio climático.

Medio ambiente constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.

La planificación territorial vigente ignora que las ciudades se ubican en una unidad espacial con componentes rurales y urbanos interdependientes, basados en el intercambio de servicios socioecositémicos indispensables para la vida, el progreso y la generación de impactos ambientales concentrados.   

El nuevo gobierno debería aprovechar la formulación de los nuevos POT para redefinir los lineamientos de ocupación y uso del suelo, distanciándose de la visión municipalista y urbana que los ha caracterizado. Sólo así propiciaría la construcción de visiones regionales compartidas que respondan a las diversas realidades socio-ambientales que conforman el territorio nacional. Esto impulsaría formas diferenciadas de desarrollo y ocupación del espacio que permitirían que Colombia se convierta en un conjunto armónico de territorios sostenibles.

Posconflicto

Pese a los múltiples inconvenientes que ha tenido el desarrollo de los Acuerdos de Paz, se han logrado avances irreversibles que deberán tener continuidad bajo los tres gobiernos que le siguen al actual.

Sorprendentemente, al medio ambiente no se le ha otorgado un papel relevante en el proceso de “implementación” de los acuerdos. Con esto se desconoce que el medio ambiente constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.

Durante el posconflicto, será necesario reconocer el doble papel protagónico de las variables ambientales: por un lado, como originadoras de violencia, y por otro, como instrumentos fundamentales para consolidar la paz. 

Algunas de estas variables son la destrucción de los ecosistemas, la contaminación del agua en sectores urbanos y rurales, la baja calidad del aire en las ciudades, la destrucción y contaminación del suelo y la distribución de las tierras. Todas ellas afectan profundamente la calidad de vida de la población colombiana, pues históricamente han reforzado los niveles de desigualdad. 

Estudios adelantados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han advertido que la mala administración ambiental podría tener efectos sumamente nocivos para el posconflicto colombiano. En esta misma línea, un estudio reciente¹ analiza los impactos del conflicto sobre las variables ambientales en diversos países de América Latina, África y Europa mostrando que, pese a las grandes diferencias naturales y sociales  entre ellos, todos presentaron situaciones comunes como:

Medimás: el síntoma de una crisis estructural de la salud

Pasaron pocas semanas entre el supuesto 

remedio y la dura recaída. La crisis de esta nueva EPS es consecuencia del mismo sistema de mercado mal regulado que ha venido manteniendo a la salud en su estado lamentable. Pero es posible un cambio.

Mario Hernández Álvarez*

razonpublica.-Mario Hernández Álvarez.-

Un drama que se repite

Durante las dos últimas semanas en los medios de comunicación se ha vuelto a repetir el drama de tantas otras veces: la desatención de cientos o miles de pacientes que dependen de una EPS para la provisión oportuna de servicios de salud.

En esta ocasión se trata de los afiliados a Medimás, la empresa que resultó de la venta de Cafesalud a un consorcio llamado Prestasalud. La misma empresa que prometía en sus primeros días que en poco tiempo resolvería los problemas de su antecesora mediante un modelo de atención innovador.

En efecto: en el comunicado dirigido a los afiliados de Cafesalud, Medimás afirmaba que su nuevo modelo de atención estaba “basado en casos de estudios e implementación de un sistema de salud comprobado, que dará una atención integral a los usuarios bajo las premisas de responsabilidad, compromiso, humanización, servicio y prestación digna”.

A seis semanas de haber comenzado a operar, la Produraduría General de la Nación presentó a la opinión pública un informe preocupante sobre Medimás; dicho informe está basado en más de 10.000 quejas recibidas y los serios problemas –comprobados- en la contratación de servicios en 24 de los 29 departamentos donde esta EPS tiene afiliados ubicados en 519 municipios. En las conclusiones del informe, la Procuraduría solicita a la Superintendencia Nacional de Salud que intervenga a Medimás, dadas las evidentes fallas que presenta y las consecuencias que tienen en la vida de una gran cantidad de pacientes a los que ha dejado de atender.

El Superintendente Nacional de Salud, Norman Julio Muñoz, procuró tranquilizar a la ciudadanía haciendo alusión a la “vigilancia especial” que se ha realizado y a los avances de Medimás, comprobando que cuenta con “acuerdos de intención” con 1.500 prestadores en todo el país y “contratos formalizados” en el 60 por ciento del régimen contributivo y 65 por ciento del régimen subsidiado a su cargo. 

En consecuencia, los pacientes deben esperar a que se formalicen estos contratos. Paciencia, más paciencia, aunque se trate de niños y niñas con cáncer.

El núcleo del problema

  

¿Qué hay detrás de esta dramática situación que se repite una y otra vez sin que, aparentemente, se pueda hacer nada más que esperar?

Detrás de este drama reiterado está la negociación entre agentes de mercado que con mucha dificultad se logran poner de acuerdo, ya que cada uno quiere obtener la máxima ganancia con poco esfuerzo.

En el modelo colombiano, el cual debería denominarse “aseguramiento de mercado con competencia regulada y subsidio a la demanda” y no de “seguridad social en salud”, el mal llamado “asegurador” está preocupado constantemente por no gastar el dinero que recibe del Estado por cada afiliado, esto es, la “unidad de pago por capitación” (UPC). En contraposición, el prestador (llámese clínica, hospital, consultorio o laboratorio) trata de facturar cada servicio al mejor precio para obtener su ganancia.

Los pacientes deben esperar a que se formalicen estos contratos. Paciencia, más paciencia, aunque se trate de niños y niñas con cáncer.

Se supone que esta lógica, donde se contraponen los intereses económicos del asegurador con los del prestador, evita que este último (digamos, un hospital) haga cobros excesivos a la EPS que contrata sus servicios; al mismo tiempo, en teoría induce a esta EPS a prevenir las enfermedades de sus afiliados para ahorrarse los costos de su curación. Es lo que suele llamarse “gestión del riesgo en salud”.

Pero esta relación virtuosa en apariencia, implica de hecho que el asegurador (la EPS) sea el agente dominante dentro del sistema. El problema radica en que:

• Por una parte, para buscar la rentabilidad a corto plazo, es más fácil poner barreras de todo tipo a los afiliados para acceder a los servicios que hacer “gestión del riesgo en salud”.  
• Por otro lado, es más fácil imponer tarifas leoninas para los prestadores del servicio (hospitales y demás), al tiempo que se le glosan todas las facturas o se le aplaza el pago de las facturas aceptadas.

El voto evangélico, el nuevo botín electoral

William Mauricio

Beltrán*

razonpublica-William Mauricio Beltrán*.- El movimiento evangélico y pentecostal viene ejerciendo una enorme influencia en la política y se ha convertido en un electorado muy apetecible. Uribe, Ordóñez y Morales se disputan estos votos, pero sus posibilidades son hoy bastante distintas.

 La “agenda moral”

En el contexto de la política local colombiana, de la victoria del “No” en el Plebiscito y, particularmente, del aporte que hicieron a este resultado las comunidades evangélicas y pentecostales (“los cristianos”, como equívocamente los registra la prensa), se pueden extraer algunas conclusiones que ayudarían a comprender las estrategias políticas que se desplegarán con miras a los comicios del próximo año.

Tal vez la más importante de estas conclusiones es el poder que tiene “la agenda moral” para aglutinar al electorado evangélico y pentecostal (en adelante, lo denominaremos evangélico). Los dos pilares más importantes de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI y su rechazo de toda iniciativa que permita despenalizar el aborto – lo cual incluye una actitud negativa frente a las sentencias de la Corte Constitucional que se han ocupado de estos asuntos-.

La apropiación de esta agenda moral es una estrategia política que ha otorgado éxitos recientes en América Latina (al respecto se puede seguir, por ejemplo, la trayectoria política de Marcelo Crivella en Brasil), ya que ella no solo logra aglutinar a las numerosas corrientes evangélicas y pentecostales, sino que ha dado lugar a lo que Spadaro y Figueroa han denominado un ecumenismo fundamentalista e integrista.

En otras palabras, esta agenda ha puesto en un mismo lado y convertido en aliados a antiguos y enconados rivales, los evangélicos fundamentalistas y los católicos integristas, gracias a que unos y otros consideran que el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTI entraña una forma de decadencia social e implica el riesgo de una “epidemia”: la “homosexualización” de las nuevas generaciones.

Captura de una fuerza  dispersa 

Alejandro Ordóñez, candidato presidencial 
-Foto: Procuraduría General de la Nación

Aglutinar al electorado evangélico no es una tarea fácil, ya que este movimiento se caracteriza por su fragmentación y por la rivalidad de sus líderes en cuanto a lo religioso y lo político.

En el frente religioso, las diversas organizaciones evangélicas compiten por atraer nuevos fieles. En el frente político, algunas de estas organizaciones (especialmente las más ricas y multitudinarias) compiten por trasformar la lealtad de sus fieles en votos y, por esta vía, en poder político.

En la medida en que este movimiento religioso sigue siendo el de más rápido crecimiento en Colombia, seducir a sus miembros para lograr su apoyo en las urnas se ha convertido en una tarea que debe considerar cualquiera que aspire a un cargo de elección popular.

Los dos pilares de esta “agenda” son la oposición al reconocimiento de los derechos LGBTI y su rechazo de despenalizar el aborto

Es una escena recurrente ver a políticos profesionales desfilar por las multitudinarias congregaciones evangélicas en periodos de campaña electoral. Para atraer el voto evangélico, los políticos recurren con frecuencia a promesas y transacciones clientelistas que se concretan entre los candidatos y los líderes de las organizaciones evangélicas con apuestas o intereses en el campo de la política electoral, transacciones que ocasionalmente son registradas por la prensa.

Así mismo, todo candidato que incluya en su programa político la promoción de los derechos de las minorías sexuales debe también incluir en sus cálculos electorales la oposición que enfrentará por este sector de la población.

Ordóñez, Morales y Uribe tras el botín evangélico

La crisis de la Fiscalía a 25 años de su creación

Farid Samir
Benavides Vanegas*

Esta entidad se creó para investigar y acusar ante los jueces las conductas delictivas. Pero los fiscales generales han preferido dedicarse a formular políticas, a hacer política, a dar bandazos o a la figuración. Y hay también el fantasma de la corrupción.

Solución equivocada

razonpublica- Farid Samir Benavides Vanegas*.- La Fiscalía General de la Nación cumple 25 años en medio de una crisis causada por la captura del jefe de su Oficina Anticorrupción y al menos cincuenta funcionarios más. La respuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sorprendente porque su propuesta para luchar contra la corrupción no fortalecería a la entidad, sino que la debilitaría.

En efecto: el fiscal cree que la extradición es una buena manera de enfrentar actos de corrupción que han tenido efectos estrictamente nacionales. Esto recuerda la estrategia del gobierno nacional en la década de 1980, cuando usaba esta figura de cooperación internacional para combatir a los carteles de la droga. Esta estrategia solo produjo violencia y muerte, y puso a los jueces en la mira de los barones de la droga.

La crisis de la Fiscalía es un reflejo de la crisis de la administración de justicia en Colombia y en América Latina. En este artículo presentaré una breve historia de esta institución, de los retos que ha tenido que afrontar y de aquellos que le esperan bajo el posconflicto.

El origen

En 1979 el gobierno Turbay presentó una reforma constitucional que pretendía crear la Fiscalía General de la Nación como órgano encargado de la investigación y acusación de conductas delictivas. Por razones de forma, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la reforma. Desde entonces se exploró la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza, que sirviera como órgano de investigación y permitiera la necesaria separación entre el acusador y el juzgador.

La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados contra los funcionarios de la rama judicial. La judicatura colombiana es la rama más débil del poder público, pero para los actores armados no era la menos peligrosa.

Esta violencia, sumada a los paros judiciales por impago de salarios, la falta de independencia económica y la gran fragilidad ante presiones externas –como la corrupción y las amenazas– hicieron necesaria una reforma radical de la administración de justicia.

La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados
contra los funcionarios de la rama judicial.

De este modo, con la revolución pacífica que supuso la Constitución de 1991 se reformó la administración de justicia mediante nuevas instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.

La Fiscalía reemplazó a los viejos juzgados de instrucción criminal y pretendía dotar de mayor racionalidad a la investigación penal al darle al fiscal general la posibilidad de organizar equipos y de centralizar algunas de las tareas para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso, así como la seguridad de los funcionarios.

Investigaciones como las que fueron llevadas a cabo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos, la del proceso 8000 y la del robo del Banco de la República de Valledupar no habrían sido posibles bajo el viejo sistema.
La historia

Pero la gestión de la Fiscalía no ha estado exenta de controversias.

Ya desde el tiempo de Gaviria se recuerdan las acusaciones contra el Fiscal General Gustavo de Greiff por certificar la inexistencia de investigaciones contra unos miembros del cartel de Cali y la propuesta del propio fiscal de negociar con los narcotraficantes.

A ello se sumaba la existencia de una legislación que pretendía imitar el proceso acusatorio anglosajón en medio de la debilidad del aparato investigativo colombiano. Los artículos 37 y 37A del viejo Código de Procedimiento Penal permitían la negociación de la pena, pero no fueron usados para desmantelar las redes criminales –como en Estados Unidos, donde se premia al subalterno que delata a sus jefes–, sino para beneficiar al jefe que entrega a sus subalternos.

Con la elección de Alfonso Gómez Méndez comenzó una época caracterizada por el uso del poder de la entidad entre los congresistas. Si bien la Constitución indica que la Fiscalía puede participar en el diseño de la política criminal del Estado, con frecuencia se olvida que el encargado de dirigir dicha política es el gobierno nacional en tanto responsable de mantener el orden público y de garantizar la seguridad ciudadana.

El feminicidio está arraigado en la cultura.

A pesar de las leyes, las cifras siguen siendo deplorables.

Por eso hay que buscar más hondo, en la romantización del amor, en el supuesto de que el agresor es un enfermo, o en la creencia de que razón y emoción son cosas separadas. Una mirada crítica sobre ideas que damos por sentadas.
Myriam Jimeno*

Leyes insuficientes
Los homicidios en Colombia han venido disminuyendo a lo largo de la última década, pero no puede decirse lo mismo de la violencia contra las mujeres. Durante los últimos cinco años han ocurrido 345 feminicidios, y en 2016 casi 50.000 mujeres denunciaron ante Medicina Legal haber sufrido maltrato en la familia y 122 fueron asesinadas por sus parejas o exparejas, en contraposición con los 40 hombres asesinados por la misma causa en ese mismo año.

Este año van 24 mujeres asesinadas por sus novios o cónyuges y hay 39.000 medidas de protección solicitadas por violencia intrafamiliar. 

¿Qué nos pasa?

En 2008 se expidió la Ley 1257 que endurecía las penas contra los agresores, indicaba una ruta de protección para las víctimas y acuñaba el término “feminicidio” como un tipo particularmente grave de homicidio cuyas penas no admiten rebajas.

ESTADOS UNIDOS EN GUERRA CIVIL. - VÍCTIMA DE PARAMILITARISMO -.

POR SANTIAGO CAÑON BELTRÁN.-  El país del norte, para sorpresa de muchos, se encuentra en una verdadera GUERRA CIVIL. En el pasado vivió una muy difícil que casi divide esta nación entre el NORTE Y EL SUR, (guerra de secesión 1861-1865) por razones de tipo económico, pero especialmente POR RACISMO, ya que el norte, liderado por ABRAHAM LINCON, libera a los esclavos y varios Estados del SUR, crean una UNIÓN, con visos de una nueva NACIÓN. 

El norte le quitaba la mano de obra gratis en la agricultura a los del sur, por la liberación de la esclavitud.
Si quiere el lector, puede ver la película LO QUE EL VIENTO SE LLEVÓ y hacerse a una idea sobre el tema. 

Todavía se ven banderas del SUR y han sido bajadas para evitar fanatismos heredados de la GUERRA DE SECESIÓN.

¿Por qué traigo esta historia al caso actual?, pues porque la situación del presente, también tiene un ingrediente racial y este se ha venido incrementando con la presencia de líderes racistas como DONALD TRUMP.

Los últimos acontecimientos acaecidos en EE.UU, son muy dicientes, los ataques de francotiradores especialmente de raza negra, son una venganza por el trato que les da la policía a las afro-americanos.

PRESENCIA DE PARAMILITARES.

Así como lo leen, hay paramilitares en ESTADOS UNIDOS y son nada más y nada menos que todas las personas que compran armas, con total respaldo de la ley. Dígame si es cierto o no, son autodefensas. Si no lo creen remítanse al documental de MICHEL MOORE, BOWLIN FOR COLOMBINE. ( ver toda la obra) En este documento fílmico hay material probatorio, sacado de manera acuciosa por el autor, mostrando como es la venta indiscriminada de armas de todo tipo, sólo hasta hace poco tiempo exigen examen psiquiátrico al comprador.

CODIGO NACIONAL DE POLICIA: NACIÓ MUERTO.

Por SANTIAGO CAÑÓN BELTRÁN*. - Muy discutida está la implementación del NUEVO CODIGO NACIONAL DE POLICÍA, porque se ha hablado de unos “superpoderes” para la Policía, Por ejemplo, que la policía “entre a su casa pensando que algo está pasando”, según pensamiento del senador ARMANDO BENEDETTI, “afectando libertades individuales.”

Sobre este particular, le hallo la razón, toda vez que si para un juez DE GARANTÍAS es complicado otorgar una diligencia de ALLANAMIENTO, mucho más lo sería para un policía en determinado momento. En el caso del juez, este tiene que analizar una serie de aspectos que tiene que ver con los derechos fundamentales de particulares y también los de los demás, entonces, se debe tener mucha prudencia por que se requiere de mucha prueba es decir el RESPALDO PROBATORIO que exige el CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, en su artículo 221.

Existe otra razón para demeritar esta nueva norma y es que el CÓDIGO DE PROCEDIMETO PENAL en su artículo 230 ya tiene fórmula para casos excepcionales, que autoriza a la Policía a entrar, con unas condiciones muy puntuales y sobre la base de pruebas.

No se trata de decir que la Policía es de hecho ARBITRARIA, pero no se puede legislar sobre algo que ya existe.

La extraña relación de Peñalosa, Araujo, la industria minera y la integración social en Colombia

Fernando Reyes. - Un claro ejemplo de cómo el poder se perpetúa en Colombia lo refleja la reciente reelección de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá, el segundo cargo en importancia en Colombia y a través del cual se controla la más importante ciudad de ese país, donde se concentra no solo el 20% de la población colombiana, sino también el poder político y económico del país.

Si bien el anterior gobierno de Peñalosa (1998-2001) gozó de algunos aciertos en materia de infraestructura, también estuvo marcado por varios escándalos de ineficiencia, corrupción y malos manejos que en su momento recogieron los medios de comunicación y que llegaron incluso a las altas esferas judiciales del país. Sin embargo, la ciudadanía cobró los errores de Peñalosa en las siguientes elecciones y ni él ni nadie cercano a su entorno pudo regresar al poder por muchos años.

Sistema de “salud” asesino

“Mi papá se desplomó a la entrada de urgencias, y al no ser atendido no tenía signos vitales” dijo a EL TIEMPO una hija del señor SEDY VERA, persona que muriera a causa de un presunto “paseo de la muerte” en el HOSPITAL SAN IGNACIO DE BOGOTA, COLOMBIA, después de pasar por la CLÍNICA COLSUBSIDIO Y CLINICA DE MARLY.

Sobre el particular, puedo decir con certeza que el denominado TRIAGE en COLOMBIA (sistema de atención temprana de determinación de la gravedad del enfermo), carece de toda caridad y respeto por la dignidad humana.

Fui víctima  de un procedimiento de ese tipo, por parte de un vigilante de la Cínica SHAIO de Bogotá, quien me dio un turno de acuerdo a su criterio.

En otra oportunidad, lleve a urgencias a un familiar a la

La dureza de la vida

“Los recursos no se agotan, lo que falta es más conocimiento”

 Contrario a lo que muchos piensan, el español Jesús Javier Sánchez, profesor de sociología, considera que el crecimiento de la población mundial es la oportunidad para adquirir nuevos conocimientos.  

Agencia de Noticias UN - Cuando en el 2011 nació el denominado habitante 7.000 millones, muchos medios hicieron eco de la noticia, pero en sentido negativo: más población, más contaminación y más consumo de recursos.

Sin embargo, este profesor de Sociología de la Universidad Carlos III de Madrid advierte que los periodistas olvidaron que más población significa más gente pensando y desarrollando técnicas para aprovechar nuevos recursos. “La historia de la humanidad demuestra que los momentos de crecimiento demográfico han sido los de desarrollo tecnológico”, afirma.

Especial/ Regulación de Marihuana medicinal: ¿cura o enfermedad?

Según el Observatorio de Drogas de Colombia, a pesar de la lucha que se ha realizado contra el narcotráfico, el consumo de marihuana va en aumento en el país. Colombia se sume en el debate.
por  Andrés Ramírez - Prensa Senado.- El pasado martes 11 de noviembre la Comisión Primera del Senado de la República aprobó el proyecto que permitiría el uso medicinal de la marihuana, propuesta que fue liderada por el Senador del partido Liberal Juan Manuel Galán, la cual ya inició su estudio en segundo debate este jueves 11 de diciembre en la plenaria y que continuará su aprobación la próxima semana.

A propósito de la intervención del Estado en la Universidad San Martín

Mirando el presente de la educación en Colombia y más precisamente el caso de la universidad San Martín, queda la sensación de que vivimos en un país de zombis.

Harol Díaz./ nuevagaceta.co - Produce sentimiento de impotencia ver cómo se pierden impulsos de movilización importantes como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE. Es decir, se ha diluido poco a poco por sectarismo, y por su ausencia en la difícil situación de la Universidad San Martin.

La Procuraduría de Alejandro Ordoñez: idea equivocada en manos equivocadas

El problema no es la persona: la Procuraduría colombiana es un poder mal fundado, excesivo y arbitrario. Pero el problema se abulta cuando al procurador le da por emplear ese poder mal fundado, excesivo y arbitrario.

Hernando Gómez Buendía*

La raíz

James Madison observó famosamente que el primer problema de una democracia consiste en que la gente les obedezca a las autoridades elegidas, y el segundo en evitar que las autoridades elegidas abusen de la gente.  

Este segundo es el problema de la delegación (o, también, el problema “del principal y el agente”) que se extiende a todo tipo de relaciones comerciales y políticas: ¿cómo evitar que el otro abuse del poder que le confiamos?

En las democracias sajonas, como la que ayudó a crear Madison, el problema se resuelve sobre todo mediante un cuidadoso balance entre poderes públicos que se controlan uno a otro y, más aún, mediante la cultura de vigilancia ciudadana que va de abajo hacia arriba y que Alexis de Tocqueville apreció y describió como ninguno.  

Pero en las democracias latinas, el problema tiende a resolverse mediante la multiplicación de los poderes públicos y la creación de burocracias dedicadas a controlar a las demás burocracias.

El enredo

Procurador, Alejandro Ordóñez.
Foto: WikimediaCommons

La Procuraduría General de Colombia es un ejemplo perfecto de ambas cosas. La idea viene nada menos que de Simón Bolívar y su maestro J.J. Rousseau, que no creyó jamás en elecciones y sin embargo inspiró las “democracias latinas”. Un “decreto provisional” de Bolívar, bajo el Congreso de Angostura de 1819, creó esta institución que desde entonces ha venido complicándonos la vida.

La figura jurídica se llama el “Ministerio Público” y su función supuesta es velar por los intereses de la gente frente a las decisiones y actuaciones de los funcionarios. Por eso la extensión e integración confusa de esta “cuarta” rama del poder público (“poder moral” lo llamó Bolívar, y así se llama en la Constitución Bolivariana de Chávez). Y en Colombia, a lo  largo de la historia, el Ministerio Público ha mezclado, separado y enredado cuatro cosas distintas aunque emparentadas:

· Velar porque los funcionarios cumplan bien sus deberes (“función disciplinaria”);

· Evitar el robo de dineros públicos (“control fiscal”);

· Garantizar el interés de la sociedad en que los delitos sean sancionados (“función penal”), y

· Velar porque el Estado respete y garantice los derechos humanos (“protección del ciudadano”).

Estas tareas, como podrá verse, reflejan el acento cambiante de los tiempos y pueden ser confiadas a entidades más o menos especializadas. La Constitución de 1991 (Constitución “latina” por excelencia) fortaleció la Contraloría para el control fiscal, creó la Fiscalía para la acción penal y la Defensoría para los derechos humanos. Y sin embargo mantuvo la Procuraduría con la triple misión (artículo 277) de intervenir en los procesos judiciales (¿y la Fiscalía?), velar por los derechos humanos (¿y la Defensoría?), y vigilar la conducta de todos los funcionarios.

Firma electrónica, sello de probidad

Por Javier Alonso Lastra Fuscaldo.-
Contralor Delegado para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva
La firma digital de cada funcionario investigador será su sello de probidad y la responsabilidad que asume será consigo mismo, con la entidad y la sociedad que exige en materia de transparencia que además de serlo hay que parecerlo.

"La corrupción es inherente a la condición humana". Sentenció un tristemente célebre contratista del Estado. Su aseveración contradijo de tajo la frase de Jean Jacques Rousseau "El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe" en su obra El Contrato Social.Profundizar en el análisis psíquico de la perversidad o inocencia del ser humano al nacer no formará parte de este corto artículo, puesto que se partirá de la base que la transparencia en las actuaciones del ser humano debe ser el pilar de la conducta de los individuos en la sociedad y más aún cuando imparten justicia o desempeñan funciones administrativas en algún ente de control. A partir de este precepto se pretende resaltar la importancia que reviste el uso de las tecnologías de la información para soportar la transparencia en el desempeño de auditores e investigadores de la Contraloría General de la República.Podríamos tener la firme convicción de ser o actuar de manera transparente, pero si los procedimientos en el trabajo son vulnerables o ineficientes, corremos el riesgo de que en algún momento se cuestionen nuestras actuaciones o decisiones, hasta el punto de dejar en entredicho la transparencia. La conservación física de papel o magnéticos además de dispendioso es vulnerable a pesar de las metodologías para la retención de los mismos. Las consecuencias por la desaparición de una prueba o documento valioso de un proceso de Responsabilidad Fiscal o auditoria, son muy graves tanto para la entidad como para el funcionario.