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| Farid Samir Benavides Vanegas* |
Esta entidad se creó para investigar y acusar ante los jueces las conductas delictivas. Pero los fiscales generales han preferido dedicarse a formular políticas, a hacer política, a dar bandazos o a la figuración. Y hay también el fantasma de la corrupción.
Solución equivocada
razonpublica- Farid Samir Benavides Vanegas*.- La Fiscalía General de la Nación cumple 25 años en medio de una crisis causada por la captura del jefe de su Oficina Anticorrupción y al menos cincuenta funcionarios más. La respuesta del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, es sorprendente porque su propuesta para luchar contra la corrupción no fortalecería a la entidad, sino que la debilitaría.
En efecto: el fiscal cree que la extradición es una buena manera de enfrentar actos de corrupción que han tenido efectos estrictamente nacionales. Esto recuerda la estrategia del gobierno nacional en la década de 1980, cuando usaba esta figura de cooperación internacional para combatir a los carteles de la droga. Esta estrategia solo produjo violencia y muerte, y puso a los jueces en la mira de los barones de la droga.
La crisis de la Fiscalía es un reflejo de la crisis de la administración de justicia en Colombia y en América Latina. En este artículo presentaré una breve historia de esta institución, de los retos que ha tenido que afrontar y de aquellos que le esperan bajo el posconflicto.
El origen
En 1979 el gobierno Turbay presentó una reforma constitucional que pretendía crear la Fiscalía General de la Nación como órgano encargado de la investigación y acusación de conductas delictivas. Por razones de forma, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la reforma. Desde entonces se exploró la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza, que sirviera como órgano de investigación y permitiera la necesaria separación entre el acusador y el juzgador.
En 1979 el gobierno Turbay presentó una reforma constitucional que pretendía crear la Fiscalía General de la Nación como órgano encargado de la investigación y acusación de conductas delictivas. Por razones de forma, la Corte Suprema de Justicia declaró inexequible la reforma. Desde entonces se exploró la posibilidad de crear una institución de esta naturaleza, que sirviera como órgano de investigación y permitiera la necesaria separación entre el acusador y el juzgador.
La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados contra los funcionarios de la rama judicial. La judicatura colombiana es la rama más débil del poder público, pero para los actores armados no era la menos peligrosa.Esta violencia, sumada a los paros judiciales por impago de salarios, la falta de independencia económica y la gran fragilidad ante presiones externas –como la corrupción y las amenazas– hicieron necesaria una reforma radical de la administración de justicia.
La década de 1980 fue dominada por la violencia de los actores armados
contra los funcionarios de la rama judicial.
De este modo, con la revolución pacífica que supuso la Constitución de 1991 se reformó la administración de justicia mediante nuevas instituciones como la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura y la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía reemplazó a los viejos juzgados de instrucción criminal y pretendía dotar de mayor racionalidad a la investigación penal al darle al fiscal general la posibilidad de organizar equipos y de centralizar algunas de las tareas para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso, así como la seguridad de los funcionarios.
Investigaciones como las que fueron llevadas a cabo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos, la del proceso 8000 y la del robo del Banco de la República de Valledupar no habrían sido posibles bajo el viejo sistema.
La historia
La Fiscalía reemplazó a los viejos juzgados de instrucción criminal y pretendía dotar de mayor racionalidad a la investigación penal al darle al fiscal general la posibilidad de organizar equipos y de centralizar algunas de las tareas para garantizar la eficiencia y transparencia del proceso, así como la seguridad de los funcionarios.
Investigaciones como las que fueron llevadas a cabo en relación con las graves violaciones de los derechos humanos, la del proceso 8000 y la del robo del Banco de la República de Valledupar no habrían sido posibles bajo el viejo sistema.
La historia
Ya desde el tiempo de Gaviria se recuerdan las acusaciones contra el Fiscal General Gustavo de Greiff por certificar la inexistencia de investigaciones contra unos miembros del cartel de Cali y la propuesta del propio fiscal de negociar con los narcotraficantes.
A ello se sumaba la existencia de una legislación que pretendía imitar el proceso acusatorio anglosajón en medio de la debilidad del aparato investigativo colombiano. Los artículos 37 y 37A del viejo Código de Procedimiento Penal permitían la negociación de la pena, pero no fueron usados para desmantelar las redes criminales –como en Estados Unidos, donde se premia al subalterno que delata a sus jefes–, sino para beneficiar al jefe que entrega a sus subalternos.
Con la elección de Alfonso Gómez Méndez comenzó una época caracterizada por el uso del poder de la entidad entre los congresistas. Si bien la Constitución indica que la Fiscalía puede participar en el diseño de la política criminal del Estado, con frecuencia se olvida que el encargado de dirigir dicha política es el gobierno nacional en tanto responsable de mantener el orden público y de garantizar la seguridad ciudadana.
Lamentablemente la Fiscalía lo ha entendido de otro modo y por ello con frecuencia se la ve formular su propia versión de la política criminal sin que esta siempre esté de acuerdo con la propuesta del gobierno nacional. De esta manera Gómez Méndez logró hacer aprobar las leyes 599 y 600 de 2000 que modificaban el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal respectivamente.
El paso de Luis Camilo Osorio y de Mario Iguarán estuvo marcado por el gobierno de Álvaro Uribe y, por lo tanto, estuvo lleno de críticas a la falta de independencia de la entidad. De cualquier manera, debe recordarse que bajo la administración de Iguarán se reabrió la investigación del Palacio de Justicia, aunque en otras investigaciones no hubo avances significativos.
La elección del fiscal que sustituiría a Iguarán ocurrió en medio del abierto enfrentamiento entre la Corte Suprema y el gobierno de Uribe, de modo que su sucesora, la abogada Vivian Morales, fue ternada por Juan Manuel Santos.
La designación de Morales fue prometedora y libre de conflictos. En un principio se le criticaba su falta de conocimiento del derecho penal, pero pronto demostró su capacidad para asumir el reto de la Fiscalía. Durante el año y cuatro meses que duró en el cargo se abrieron investigaciones importantes, como aquellas por delitos contra la administración pública a Andrés Felipe Arias y por interceptaciones ilegales a la exdirectora del DAS. El Consejo de Estado anuló su elección y Morales presentó su renuncia. Esta ocurrió en medio de las críticas a Morales por su relación personal con Carlos Alonso Lucio, pero nunca se concretó cargo alguno por ejercicio indebido del poder.
Con la elección de Eduardo Montealegre la Fiscalía empezó una nueva forma de realizar su labor. Hubo una transformación radical que dotó a la institución con poderes inusitados. Para dar un ejemplo: se nombraron embajadores de la Fiscalía en diversos países, imitando el modelo de Estados Unidos. No obstante se olvidó que en el caso norteamericano esto se justifica por el hecho de que la Fiscalía es parte del Ejecutivo y, por tanto, se trata simplemente de funcionarios agregados a la Embajada respectiva, sin que ello afecte el control del Departamento de Estado sobre la política exterior. En el caso colombiano no está clara la función que tenían estos “embajadores” ni cuáles fueron sus contribuciones a la entidad en materia de cooperación internacional.
Pero tal vez el principal legado del fiscal Montealegre fue transformar la organización de la Fiscalía con la creación de más direcciones –algunas de ellas dedicadas a formular políticas públicas– y hasta la fundación de una universidad de corta vida.
En todo caso la reforma Montealegre no va a prosperar porque el fiscal Martínez ya ha anunciado una nueva reforma que eliminaría varias direcciones y cargos, de modo que otra vez se prevé una transformación radical de la Fiscalía.
¿Qué hacer?
Convendría que los fiscales se dediquen más a investigary a acusar que a transformar la entidad cada cuatro años.
En este mismo sentido, es conveniente que se informen con mayor detalle a la ciudadanía sobre las razones de la reforma, así como sobre la evaluación de la anterior y los indicadores de éxito de la nueva. Es importante no caer en la arrogancia de pensar que basta con reformar las instituciones para cambiar el comportamiento de las personas.
La Fiscalía General de la Nación es una institución ya consolidada, pero 25 años después de su creación la crisis de corrupción la está afectando. La respuesta a esta crisis no puede ser el debilitamiento del aparato de justicia a través de figuras como la extradición, que no ha funcionado en el pasado y que no ofrece razones para pensar que lo hará ahora.
La tarea verdadera es redoblar el trabajo de jueces y fiscales, pero sobre todo fortalecer la formación de abogados que entiendan que la justicia es un servicio público y que, como tal, debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses personales.
* Profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universitat Ramón Llull – Blanquerna. faridsamirbv@blanquerna.url.edu
La Fiscalía General de la Nación es una institución ya consolidada, pero 25 años después de su creación la crisis de corrupción la está afectando. La respuesta a esta crisis no puede ser el debilitamiento del aparato de justicia a través de figuras como la extradición, que no ha funcionado en el pasado y que no ofrece razones para pensar que lo hará ahora.
La tarea verdadera es redoblar el trabajo de jueces y fiscales, pero sobre todo fortalecer la formación de abogados que entiendan que la justicia es un servicio público y que, como tal, debe estar al servicio de la ciudadanía y no de los intereses personales.
* Profesor asociado del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universitat Ramón Llull – Blanquerna. faridsamirbv@blanquerna.url.edu
