El cuidado del medio ambiente es una urgencia del mundo y un
asunto vital para Colombia. Por eso el presidente electo, que poco habló
sobre el tema, debe ahondar desde ahora en la preguntas y en cómo irá a
responderlas.
Ernesto Guhl Nannetti*
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| Derrame de petróleo - Foto: CORPONOR |
A principios de este año publiqué
un artículo donde
enumeré los retos más urgentes que Colombia debería abordar en materia de
sostenibilidad. Los cinco principales son:
- transición
energética;
- La
ocupación del espacio y el uso del suelo;
- Los La
conflictos centro – periferia:
- La ciencia
y la tecnología, y
- La
conservación
Transcurridos apenas cinco meses han
surgido nuevos problemas que generan aún más incertidumbre en materia
ambiental. Ahora que Colombia ha escogido su nuevo presidente, es de vital
importancia que el gobierno atienda esos asuntos con toda decisión.
Transición energética
En esta materia Colombia enfrenta la
catástrofe de Hidroituango que, además de presentar enormes riesgos sociales y
ecológicos, reduce la disponibilidad de energía eléctrica y amenaza el
desarrollo económico del país. El proyecto hidroeléctrico más grande de
Colombia debería comenzar a funcionar en diciembre de este año y abastecer
paulatinamente la demanda nacional hasta 2024. Sin embargo, las fallas
presentadas sugieren que esta meta no será cumplida e inclusive, pronostican un
apagón hacia 2021 o 2022.
Pese a ser crítica, esta situación le
ofrece a Colombia un escenario excepcional para acelerar el desarrollo de
fuentes energéticas limpias y renovables. Para lograrlo sería necesario
adelantar estudios que aseguren una canasta de generación eléctrica segura que
aproveche las fortalezas naturales del territorio nacional (como la alta
radiación solar) y disminuya los riesgos del cambio climático.
Además de tener un menor impacto
ambiental, las fuentes energéticas renovables permitirán idear soluciones
descentralizadas acordes con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.
Planificación
territorial
Se estima que hacía el año 2050, el
86 por ciento de la población colombiana se concentrará en las ciudades: 70 de
más de 100.000 habitantes y 7 de más de un millón. Además de que el sistema
actual de administración territorial no es capaz de manejar poblaciones de tal
magnitud, se ha acelerado la aparición de territorios insostenibles como
Bogotá, ciudad que actualmente presenta los índices más altos de riesgo frente
al cambio climático.
Medio ambiente
constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por
tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.
La planificación territorial vigente
ignora que las ciudades se ubican en una unidad espacial con componentes
rurales y urbanos interdependientes, basados en el intercambio de servicios
socioecositémicos indispensables para la vida, el progreso y la generación de
impactos ambientales concentrados.
El nuevo gobierno debería aprovechar
la formulación de los nuevos POT para redefinir los lineamientos de ocupación y
uso del suelo, distanciándose de la visión municipalista y urbana que los ha
caracterizado. Sólo así propiciaría la construcción de visiones regionales
compartidas que respondan a las diversas realidades socio-ambientales que
conforman el territorio nacional. Esto impulsaría formas diferenciadas de
desarrollo y ocupación del espacio que permitirían que Colombia se convierta en
un conjunto armónico de territorios sostenibles.
Posconflicto
Pese a los múltiples inconvenientes
que ha tenido el desarrollo de los Acuerdos de Paz, se han logrado avances
irreversibles que deberán tener continuidad bajo los tres gobiernos que le
siguen al actual.
Sorprendentemente, al medio ambiente
no se le ha otorgado un papel relevante en el proceso de “implementación” de
los acuerdos. Con esto se desconoce que el medio ambiente constituye un factor
esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar
la paz “estable y duradera”.
Durante el posconflicto, será
necesario reconocer el doble papel protagónico de las variables ambientales:
por un lado, como originadoras de violencia, y por otro, como instrumentos
fundamentales para consolidar la paz.
Algunas de estas variables son la
destrucción de los ecosistemas, la contaminación del agua en sectores urbanos y
rurales, la baja calidad del aire en las ciudades, la destrucción y
contaminación del suelo y la distribución de las tierras. Todas ellas afectan
profundamente la calidad de vida de la población colombiana, pues
históricamente han reforzado los niveles de desigualdad.
Estudios adelantados por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han advertido que la mala
administración ambiental podría tener efectos sumamente nocivos para el
posconflicto colombiano. En esta misma línea, un estudio reciente1 analiza
los impactos del conflicto sobre las variables ambientales en diversos países
de América Latina, África y Europa mostrando que, pese a las grandes
diferencias naturales y sociales entre ellos, todos presentaron
situaciones comunes como:
·
Relegar los asuntos ambientales para atender las urgencias
socioeconómicas producto de los acuerdos logrados.
·
Reorientar otra vez la economía hacia las actividades primarias
(explotación minera y petrolera) para financiar esas urgencias y en perjuicio
relativo de las actividades secundarias y terciarias (industria, agricultura,
servicios).
·
Adoptar políticas de desarrollo sectorial en contravía de las
tendencias globales para asegurar la sostenibilidad.
·
Relocalizar a los desplazados en nuevas tierras sin contar con
instrumentos de planificación y control territorial, lo cual conlleva un
aumento de la deforestación y, por tanto una pérdida de biodiversidad en zonas
que estaban “protegidas” por el temor que inspiraba la guerra.
Deforestación
Colombia no escapa a las tendencias
mencionadas arriba, y hoy por hoy en efecto presenta síntomas alarmantes.
El Estado no ha provisto los bienes y
servicios públicos necesarios para mejorar las condiciones de vida de las
poblaciones afectadas por la guerra, ni ha logrado que las FARC pierdan el
dominio de algunos territorios en el Caquetá, Meta, Guaviare, Catatumbo y
Chocó.
En todos ellos la deforestación se ha
disparado debido a que ciertos grupos de poder pretenden adquirir nuevas
tierras para la ganadería y algunos grupos delincuenciales –muchos residuales
de las FARC– se dedican a la minería ilegal y a la siembra de coca.
Según el IDEAM, la deforestación en
zonas de posconflicto aumentó un 44 por ciento entre 2015 y 2016.
Esta cifra, alarmante, como dije, ya
hizo que el ministro de Ambiente2 declarara que no será posible
cumplir la meta de eliminar la deforestación en 2020 ni la de reducir la
emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de bosque.
La destrucción de la biodiversidad y
del patrimonio ambiental amerita la intervención de la fuerza pública, pues ha
llegado a extenderse incluso a zonas protegidas como el parque natural nacional
Tinigua.
Instituciones y financiamiento
Deforestación. Foto- Parques
Nacionales Naturales de Colombia
Contar con unas instituciones
ambientales más eficientes y mejor coordinadas es una condición necesaria para
enfrentar exitosamente los retos señalados.
Aunque en numerosas ocasiones se ha
intentado reformar el Sistema Nacional Ambiental (SINA) y las Corporaciones
Autónomas Regionales (CAR), no se ha tenido en cuenta que con casi 25 años de
vida las instituciones del sistema tienen la madurez y el deseo de contribuir a
su propia reforma.
Según el IDEAM, la deforestación en zonas de posconflicto
aumentó un 44 por ciento entre 2015 y 2016.
Otra prioridad es revocar la
separación del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) entre los
ministerios de Vivienda y Ambiente, así como reasignarle la potestad sobre todo
lo relativo al ciclo del agua y la expedición de licencias ambientales
eliminando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).
Un notable ejemplo del
desinterés en el medio ambiente es la destinación de los recursos producidos
por el impuesto al carbono aprobado por la reforma tributaria de 2016. Aunque
por ley deberían destinarse a facilitar la transición hacia una economía baja
en carbono, el 70 por ciento de ellos fueron asignados al fondo Colombia en
Paz, cuyos programas no son necesariamente ambientales, ni están relacionados
con la lucha contra el cambio climático.
Así mismo es preocupante que los
recursos asignados a la investigación, la ciencia y la gestión de las áreas
protegidas provenientes del Presupuesto General de la Nación hayan decrecido en
los últimos años.
Conflictos
centro-periferia
La explotación de recursos naturales
mediante macro-proyectos impulsados por el Gobierno nacional, sin consultar las
visiones, intereses y deseos de los habitantes de esos territorios, ha hecho
que Colombia sea el país latinoamericano con mayor cantidad de conflictos
socioambientales.
La proliferación de consultas
populares contra la ejecución de proyectos mineros, petroleros, energéticos y
de infraestructura impuestos desde el centro, es un claro indicador de esta
situación. Es necesario propiciar espacios y mecanismos para la participación
ciudadana, de lo contrario los conflictos centro-periferia podrían representar
una amenaza para consolidar la paz.
Diez preguntas para el
nuevo gobierno
Finalmente, es responsabilidad del
nuevo gobierno resolver los siguientes interrogantes en materia ambiental:
No será posible
cumplir la meta de eliminar la deforestación en 2020 ni la de reducir la
emisión de gases de efecto invernadero provenientes de la quema de bosque.
·
¿Cómo hacer compatible la sostenibilidad que exige una visión de
largo plazo con las necesidades de corto plazo?
·
¿Cómo hacer la transición hacia un modelo ambiental que busque
la sostenibilidad y la equidad?
·
¿Cómo crear un sistema de energías limpias y renovables que no
perjudique el desarrollo económico?
·
¿Cómo aprovechar la biodiversidad para impulsar el desarrollo
económico en lugar de atentar contra ella?
·
¿Cómo poner los recursos y experiencia de las instituciones del
Sistema Nacional Ambiental (como el MADS y las CAR) en función de la paz?
·
¿Cómo eliminar prácticas nocivas para el ambiente como la
minería ilegal y los cultivos ilícitos sin generar más desempleo e inequidad?
·
¿Cómo hará el Estado para proveer los bienes y servicios básicos
a las zonas más afectadas por el conflicto armado?
·
¿Cómo promover el desarrollo armónico respetando la
heterogeneidad natural y cultural de las diferentes regiones?
·
¿Cómo construir una unidad dinámica entre el campo y la ciudad
sin reproducir las desigualdades históricas entre ellas?
·
¿Cómo consolidar una Reforma Agraria Integral que reconozca el
campo como un agente fundamental para el desarrollo y, por tanto, mejore sus
condiciones de vida?
*Ingeniero civil de la Universidad de
los Andes y de la Universidad de Notre Dame. Exviceministro del medio ambiente.
Ex Vicerrector de la Universidad de los Andes. Miembro correspondiente de la
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Director del
Instituto Quinaxi.
1 Suárez, A.,
Árias-Arévalo, P.A., Martínez-Mera, E., 2018 Environmental sustanibility in
post-conflict countries: insights for rual Colombia,
Environments, Developmnent and Sustainability.
doi:10.1007/s10668-0179925-9
2. El Tiempo, 27 de febrero de
2018.
