La Superintendencia Nacional de Salud efectuó la intervención forzosa administrativa para administrar la Nueva EPS y ordenó la toma de posesión de sus bienes y negocios a nivel nacional, tras evidenciarse una crítica situación financiera en la que actualmente se encuentra y el creciente incumplimiento con sus usuarios, factores que ponían en riesgo la prestación de servicios a su población afiliada estimada en 10.9 millones de personas.
“Esta medida no implica el cierre de servicios de salud, ni el despido de los trabajadores que laboran en las EPS intervenidas (Sanitas y Nueva EPS). Esta medida es preventiva para evitar la liquidación y busca fortalecer las EPS que han sido intervenidas para garantizar y proteger el derecho a la salud de los colombianos y colombianas en todo el territorio nacional”, señaló el Superintendente Luis Carlos Leal Angarita, y agregó “Es responsabilidad de la Superintendencia Nacional de Salud garantizar que los recursos de la salud lleguen a donde deben llegar y que segundo, el derecho fundamental a la salud se respete”.
En el marco de las funciones de inspección, vigilancia y control, la Superintendencia encontró un incumplimiento reiterado de las normas que rigen el aseguramiento y la prestación de servicios de salud, en aspectos tales como:
1- Se evidenció que la NUEVA EPS SA no cumple con el capital mínimo, ni con las reservas técnicas y tampoco con el régimen de inversiones que las respalda. Estas son condiciones financieras y de solvencia de obligatorio cumplimiento por parte de las EPS, según lo establecido en el Decreto 780 de 2016.
2- La NUEVA EPS SA ha faltado en la obligación de pago a la red prestadora y proveedora de servicios y tecnologías en salud. Es así como las deudas con IPS por parte de esa entidad ascendían para noviembre de 2023 a la suma de $1.194.629.869.529, poniendo en riesgo no solo la prestación del servicio a sus afiliados sino de todos aquellos usuarios de las redes acreedoras.
3- Se ha constatado una alarmante escalada en la cantidad de reclamaciones en contra de la NUEVA EPS SA, desde el año 2017 con una tasa de 126.43 y al mes de diciembre de 2023, con un total de 1.075.319 reclamos y una tasa de incidencia de 263.61 por cada 10.000 afiliados.
Este incremento notorio en las quejas, no solo refleja una crisis en la capacidad de respuesta de la NUEVA EPS SA frente a las necesidades de sus usuarios, sino que también se evidencia una profunda brecha entre los servicios de salud ofertados y los efectivamente prestados.
La Superintendencia aclara que no se está entrando en un proceso de liquidación de la NUEVA EPS SA; es una intervención forzosa administrativa para administrar y corregir los errores administrativos evidenciados para poder garantizar y proteger el servicio, los recursos y la salud de todas las personas en todo el territorio nacional.
Al tomar el control administrativo, se reitera que toda la población afiliada a la Nueva EPS SA, debe tener la certeza y tranquilidad de que las funciones de la EPS van a continuar con normalidad.