La Superintendencia de Transporte se encuentra adelantando 152 investigaciones en contra de Centros de Enseñanza Automovilística -CEA habilitados en el país, entes que cumplen una importante función de tránsito de conformidad con la Ley 769 de 2002. Así mismo, desde finales de 2022 se han proferido 110 resoluciones sancionatorias, por incumplimientos de diferentes obligaciones a su cargo, previstas las normas vigentes aplicables a su actividad.
Ante las numerosas quejas que recibe la Superintendencia de Transporte sobre presuntos incumplimientos de las obligaciones de estos organismos de apoyo al tránsito, la Entidad ha venido implementando una estrategia que busca verificar el cumplimiento de las normas sobre la prestación del servicio de capacitación de conducción; (i) tanto de mantenimiento de los requisitos iniciales de obligatorio cumplimiento para la obtener la habilitación y/o registro en el RUNT, como del (ii) cumplimiento de los requisitos de operación, especialmente la observancia estricta de sus deberes a la hora de validar rigurosamente la identidad de los aspirantes al momento de dictar las clases, y (iii) el reporte de información veraz en el RUNT.
Este ejercicio ha evidenciado inconsistencias en los reportes de 23 CEA en el RUNT, al detectar que presuntamente habrían cargado información de clases impartidas por instructores que para la fecha ya habían fallecido. Por tales circunstancias se iniciaron investigaciones administrativas ordenando como medida preventiva la suspensión de su registro ante el RUNT.
Para la Superintendente de Transporte, Ayda Lucy Ospina Arias, “la responsabilidad de la seguridad vial en nuestro país es de todos, pero la función que cumplen los Centros de Enseñanza Automovilística es fundamental para proteger la vida, pues tienen en sus manos la capacitación y certificación de los conductores que se movilizan y que van a movilizarnos por las vías. Cuando existe ilegalidad en su actividad se pone en riesgo la integridad de las personas y por eso debemos ejercer de manera rigurosa nuestras funciones de inspección, vigilancia y control sobre estos organismos de apoyo al tránsito. Con el proceso de transformación digital en el que se encuentra inmerso la Superintendencia, buscamos fortalecer la transparencia en los procesos a cargo de estos entes”.
Es importante destacar que la Superintendencia, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control, continuará procesando y analizando información que los CEA han reportado en el pasado a los registros y sistemas de información dispuestos para ello, especialmente al RUNT, con el objetivo de determinar la veracidad y coherencia de la data que estos han cargado y están cargando en el registro público. Conforme esta Autoridad detecte inconsistencias en los reportes, ordenará e iniciará las actuaciones administrativas a que haya lugar.
Los resultados del proceso de verificación de datos e información de dicha estrategia generan preocupación, dada la responsabilidad que tienen los CEA al ser los únicos entes autorizados por la ley para certificar que un aspirante a obtener una licencia de conducción cuenta con aptitudes y conocimientos para realizar la actividad de riesgo de conducir vehículos.
La estrategia que la Superintendencia de Transporte está impulsando, a raíz de los hallazgos evidenciados, viene de la mano con la campaña denominada #EnseñaConLegalidad, mediante la cual busca recordar a los Centros de Enseñanza Automovilística, los deberes que deben observar a la hora de cumplir su función, y a su vez, informar a los usuarios (los aspirantes a obtener una licencia de conducción) sus derechos y deberes y especialmente la obligación que les asiste de tomar el curso en su totalidad (teórico y práctico) y no prestarse para la violación de las normas existentes, advirtiendo que dicha conducta los expone a investigaciones y sanciones administrativas y penales.
