El superintendente informó que la entidad tiene en trámite más de 500 mil reclamaciones y recursos, en segunda instancia, que podrían haberse evitado si las empresas prestadoras resolvieran los problemas estructurales en la prestación de los servicios públicos. “Nuestro propósito es ser más eficientes con un nuevo modelo de relacionamiento entre la Superservicios, los usuarios y las empresas. No podemos continuar resolviendo quejas de la comunidad en los territorios, cuando los responsables de resolverlas en primera instancia son las empresas que prestan los servicios”. Por eso, la entidad ha programado encuentros con los grupos empresariales del sector con el fin de acordar acciones que resuelvan de fondo las causas de los reclamos de usuarios y usuarias.
El funcionario indicó que las principales quejas de la comunidad se relacionan con alta facturación, cobros por promedios, suspensión del servicio, cambio de los medidores, violación al debido proceso, mala atención de las empresas, entre otros. El servicio de energía es el que más reclamos presenta, seguido de acueducto y aseo.
La Superservicios estructurará un modelo diferencial de atención a los ciudadanos con el fin de cumplir su misión constitucional de proteger los intereses y derechos de los usuarios de los servicios públicos, puntualizó el superintendente.
