La apreciación fue realizada por el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, durante el congreso Poder Ciudadano, que se llevó a cabo en Bogotá con la participación de mujeres, jóvenes, afrodescendientes, políticos y otras colectividades, con el que se pretende abrir un diálogo democrático sobre temas relevantes del proceso de paz y los principales retos que enfrenta el país en la construcción de una paz duradera y sostenible así como los mecanismos alternos y constitucionales para poner fin al conflicto armado.“Una de las grandes consecuencias de los acuerdos de paz en países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador y en Suráfrica, es que siempre los excombatientes deben continuar con la posibilidad de participación en política. No existe ninguna norma de Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) ni de Derecho Internacional que prohíba la participación en política de personas que se han sometido a justicias transicionales y que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos”.
El Fiscal afirmó que uno de los temas que tendrán que modificarse es terminar con las sanciones por participación en políticas de los excombatientes y deberán incluirse en la Carta Política a través de una reforma constitucional o con una ley estatutaria.
“Una de las grandes causas que ha generado la violencia en Colombia, además de la exclusión económica y de las grandes desigualdades, ha sido la exclusión política de muchos sectores. Si queremos hacer un proceso incluyente, un proceso que consolide la paz en Colombia y cree mecanismos reales para desarticular la violencia, no podemos mantener en la Constitución normas que consagren exclusiones políticas perpetuas para miembros de la insurgencia que hayan participado en política”, enfatizó el Fiscal.
Asimismo, Montealegre Lynett afirmó que delitos como el narcotráfico podrían estar en el marco de la justicia transicional para efectos penales. “La Constitución colombiana no prohíbe tener como delito conexo al delito político un delito común como el delito de narcotráfico. La Constitución dejó abierta la posibilidad para que sea el Congreso de la República, a través de la ley estatutaria, la que determine si por razones políticas o jurídicas es viable o no tener el narcotráfico como delito conexo”
