Debido
a denuncias realizadas por senadores del Polo Democrático, el debate sobre la Ley
de Baldíos se aplazó para definir su futuro.
Los campesinos no aceptaron la determinación del Estado y
por consiguiente reclamaron que ellos poseían sus fincas desde hace 20, 30, 40
o hasta 50 años, que era su lugar de trabajo familiar y que han pasado de
generación en generación dedicados a la ganadería y al cultivo de arroz, maíz y
yuca.
Pero para los campesinos de los municipios de Puerto Gaitán
y San Martín esta situación no es nueva, puesto que también tuvieron problemas
con las facciones paramilitares que preguntan sobre lo que producía las
tierras, razón por la cual muchas veces tuvieron que abandonarlas y después de
un tiempo regresar y encontrarlas totalmente destruidas.
Cuando pensaron que la calma regresaría a sus vidas, llegó
un nuevo problema, la aparición de unos funcionarios de petroleras que llegaron
a estudiar el subsuelo, a realizar exploración y posteriores perforaciones, que
se sumaban como un problema más para los campesinos. En conclusión, sólo se
sabía que dichas tierras y debajo de ellas había algo muy apetecido, mientras
los campesinos siguen en espera de que el llano logre despegar su desarrollo.
Acción del Gobierno Nacional
El Gobierno Nacional para darle solución a los campesinos
sobre la política de tierras, por intermedio del ministro del Interior Juan
Fernando Cristo radicó en el Congreso de la República el proyecto de ley 133 de
2014 el día 3 de octubre y una primera socialización del mismo el día 26 de
noviembre, propone la creación de la Unidad Rural, UPRA como la institución que
se encargaría en la identificación de terrenos al nivel nacional que posean
potencial productivo y que no son explotados idóneamente.
Ese tipo de zonas identificadas por la UPRA, serian llamadas
Zonas Industriales de Desarrollo Rural Económico, ZIDRES que incentivarán a la
producción mediante la asociación entre campesinos propietarios de terrenos y
empresas, ya sean nacionales o extranjeras, que quieran ejecutar proyectos en
el terreno.
Esos terrenos identificados, pero que están denominados: a).
en proceso de restitución de tierras, b) son Zonas de Reserva Campesina c) son
resguardos indígenas, no entran como ZIDRES.
"ARTÍCULO 11. Predios en proceso de restitución de
tierras. Mientras no exista una decisión definitiva en firme, en las Zonas de
Interés de Desarrollo Rural y Económico no podrán adelantarse proyectos
asociativos en predios sometidos a procesos de restitución de tierras ".
"ARTÍCULO 15. Restricciones a la constitución de Zonas
de Interés de Desarrollo Rural y Económico. No podrán constituirse Zonas de
Interés de Desarrollo Rural y Económico en territorios que comprendan, siquiera
parcialmente, zonas de Reserva Campesina, Resguardos Indígenas y territorios
colectivos".
El Gobierno Nacional para la presentación de esta propuesta,
se ha amparado en estadísticas como la brindada por la Sociedad de Agricultores
de Colombia SAC, que afirma que en Colombia hay 22 millones de hectáreas aptas
para el desarrollo agrícola y agroindustrial, de las cuales solamente se están
utilizando un 24%.
Según el Gobierno la ley buscaría disminuir la pobreza
mediante el desarrollo económico y social en la zona gracias a la inversión de
las empresas nacionales y extranjeras que generaría acceso al empleo a los
campesinos, y a su vez promovería la conservación del ecosistema.
Reacción en el Congreso
Los senadores del Polo Democrático Jorge Enrique Robledo e
Iván Cepeda afirmaron que lo planteado desde la ley que radicó en el Congreso
el Ministro del Interior, no beneficiaría al sector del campesinado, sino que,
generaría una concentración de los terrenos baldíos a las personas jurídicas.
"ARTÍCULO 4. Componentes de los proyectos asociativos.
Las empresas agrícolas, forestales o ganaderas que decidan adelantar proyectos
asociativos con campesinos o con asociaciones de campesinos en las Zonas de
Interés de Desarrollo Rural y Económico, deberán inscribir el respectivo
proyecto ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en calidad de
gestoras."
Según los congresistas del Polo, el Artículo 4 se demuestra
que los campesinos quedarían como empleados de las empresas y no como socios en
la producción del terreno. Para el Senador Robledo se estarían violando los
derechos constitucionales de los campesinos porque "ahora los campesinos
tendrán que someterse a falsas asociaciones bajo la pena de ser expropiados de
la tierra que constitucionalmente les habían entregado."
Adicionalmente los congresistas afirman que el proceso que
se está llevando en la Comisión V de la Cámara de Representantes, ha sido
tramitado por funcionarios que tienen impedimentos por conflictos de intereses.
Suspensión de la discusión
El primer debate del proyecto en la Comisión V de la Cámara
de Representantes para el día martes 02 de diciembre fue suspendido debido a
que el presidente y la vicepresidente de la comisión en mención fueron
recusados por poseer terrenos de los cuales podrían ser beneficiados por la ley
de baldíos.
Estos dos impedimentos se suman a su vez, los del ministro
de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, debido a que familiares suyos poseen
baldíos en la región Orinoquía y al ministro de la Presidencia, Néstor Humberto
Martínez, porque ha asesorado algunas firmas que han adquirido baldíos en los
llanos.
Esto significa por el momento, una victoria para los
movimientos que están en contra de la ley, como lo es el movimiento del No a la
133, Planeta Paz, Cinep, la Comisión Colombiana de Juristas, Dignidad
Agropecuaria y la organización internacional Oxfam que pretenden por vías
legales tumbar la iniciativa y dialogar para crear un proyecto más incluyente.
