Desde el año 2013, la Oficina en Colombia del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha acompañado a
las familias de los jóvenes Kemel Arteaga Cuartas y Andrés Garzón Lozano,
quienes habrían sido víctimas de ejecución, en la modalidad
llamada en Colombia “falso positivo”.
Según la información recibida por la Oficina, los jóvenes
Kemel y Andrés, el 28 de marzo de 2007, en horas de la madrugada, en el
municipio de El Yopal, Casanare, fueron
retenidos ilegalmente por tropas pertenecientes al Batallón de Infantería
“Ramón Nonato Pérez, adscrito a la Décima Sexta Brigada del Ejército Nacional,
de ese departamento. Un par de horas más tarde, en el municipio de Maní, los
jóvenes fueron presentados como miembros de bandas criminales y extorsionistas
muertos en combate por la mencionada tropa. Al momento de su muerte los cuerpos
de Kemel y Andrés fueron enterrados como personas no identificadas, NN, en el
cementerio de Maní.
Kemel Arteaga era un artesano y Andrés Garzón, a quien
llamaban el punk, se dedicaba a labores de mecánica en el municipio de El
Yopal. A los dos los unía la amistad y el gusto por la música.
La lucha de los familiares por hallar la verdad y reclamar
su derecho inalienable a saber el paradero de sus seres queridos y las
motivaciones de su muerte, duró más de 7 años. En diciembre de 2014,
finalmente, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el
acompañamiento de la Fiscalía General de la Nación, constató que las dos
personas en condiciones de no identificados (NN) presentados por las tropas del
Ejército Nacional como delincuentes abatidos en combate correspondían a los dos
jóvenes trabajadores retenidos ilegalmente en el municipio de El Yopal.
Ahora sus familiares saben que las muertes de Kemel y Andrés
hacen parte de la práctica generalizada de ejecuciones extrajudiciales conocida
como “falsos positivos” y esperan que la justicia ordinaria pueda sancionar a
los militares, de distintos rangos y responsabilidades, comprometidos con estos
homicidios.
La Oficina hace un reconocimiento público a las familias
Arteaga Cuartas y Garzón Lozano por la lucha y persistencia en la búsqueda de
sus familiares, y extiende el reconocimiento a las familias que aún transitan
el camino tortuoso de la incertidumbre por los más de 19.000 desaparecidos y
desaparecidas presuntamente forzados.. Algunos de estos desaparecidos podrían
estar en las mismas condiciones en la que estuvieron Kemel Arteaga y Andrés
Garzón.
Como parte de ese reconocimiento se reproduce a continuación
apartes de las palabras de las víctimas: “Los familiares de las personas
desaparecidas y ejecutadas extrajudicialmente no aspiramos a restablecer la
normalidad en nuestras vidas, porque el daño perpetrado a nuestro ser querido
se potencia en nosotros por los años de incertidumbre, la creciente angustia de
la desesperanza y los cierres fríos, burocráticos y sumarios que dan por
cancelada una vida inocente.
“En tanto reparación queremos protección y consideración
para con la madre de la víctima, con el hijo menor que no logra comprender
(aunque los adultos entendamos tan poco como los niños) la brutalidad y
crueldad de lo ocurrido y que ahora tiene que reencontrarse con su padre en la
forma de restos objetos de una investigación que no da descanso a su memoria.
Es necesario el acompañamiento psicológico y legal adecuado. Avances en el
proceso judicial para aclarar las oscurísimas circunstancias en que la persona
perdió la vida y que no se diluya en el tiempo, en los relevos institucionales,
ni en los subterfugios de las partes responsables.
“Por último deseamos y exigimos no más prórrogas ni
cortapisas en esta complicada y dolorosa diligencia. El camino a la paz
personal y familiar depende de finalmente hallar el descanso a tanta
incertidumbre y espera.”
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera su
preocupación por la falta de mecanismos expeditos que faciliten la búsqueda de
las personas desaparecidas, la recuperación y entrega de los cuerpos o restos
en condiciones de dignidad a sus familiares; la poca celeridad con la que
avanzan los procesos judiciales y, por consiguiente, la falta de sanción a
los responsables de estos crímenes de
lesa humanidad.
La Oficina considera que visibilizar estas violaciones de
los derechos humanos y las luchas de los familiares de las víctimas por alcanzar justicia es un aporte para la reivindicación
de la memoria de las víctimas y es un llamado a la sociedad colombiana para que
la exigencia de los derechos trascienda de lo individual y lo privado a lo
social y lo público.
A la fecha, en este proceso, hay 9 personas con medida de
aseguramiento investigadas por el delito de desaparición forzada, homicidio
agravado y otros delitos conexos.
Próximamente, la Fiscalía 95, de la Dirección de Fiscalía
Nacional Especializada de Derechos Humanos y DIH, realizará la entrega de los
restos de Kemel y Andrpes en una ceremonia liderada por las familias, personas
cercanas a las víctimas y el acompañamiento de esta Oficina.
