"No se puede renunciar a la justicia sin que con ello se renuncie a la paz": Procurador Alejandro Ordóñez en conferencia ante Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España
• “Reparar requiere arrepentimiento, sentir pesar por haber diseñado, ordenado o ejecutado homicidios, secuestros, desapariciones, delitos sexuales, desplazamientos forzados, abusos de niños, tanta barbarie (…) Requiere que los perpetradores de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones a los Derechos Humanos no tengan el derecho a gobernar a las víctimas”.
• “El ‘Pacto para la Paz’ es una garantía de que será un
acuerdo justo, una paz justa”, destacó.
En su intervención, el jefe del Ministerio Público destacó
el valor del Derecho, en su esencia, como ejercicio de justicia y equidad,
resaltando la necesidad de acudir a su práctica como punto de partida y
equilibrio en el proceso de paz que en la actualidad se desarrolla en
Colombia.
“Quienes sostienen que el Derecho puede llegar a ser un
obstáculo para la paz confunden el derecho con la simple normativa o reglas que
surgen de la voluntad del poder temporal de turno o del simple convencionalismo
de las naciones, sin referencia alguna a la justicia y, por supuesto, al bien
común. Pueden incluso llegar a presentar como derecho las normas cuyo origen es
la imposición del crimen y de lo injusto, normas con alcance de someter a la
sociedad y obligar a sus miembros”, manifestó.
“La verdad es un derecho de las víctimas y de la sociedad
colombiana y una carga para los victimarios. La verdad solo es justa si refleja
la realidad lo más fielmente posible. Frente a los crímenes de mayor trascendencia
es un derecho también de la humanidad entera, por eso la verdad no se negocia,
ni puede ser un elemento de legitimación de los crímenes. La verdad implica la
obligación de los perpetradores de reconocer su carácter de victimarios y en
ese sentido también tiene una connotación de justicia distributiva. La verdad
asigna el deber de confesar los crímenes
en que de una u otra forma se participó y con ello sobreviene reproche social,
pero también disposición de la sociedad a la paz. Junto a la verdad está la
reparación. Y compele, a que seguido al reconocimiento, deba estar el
arrepentimiento, ambas cargas para los victimarios. Reparar requiere
arrepentimiento, sentir pesar por haber diseñado, ordenado o ejecutado
homicidios, secuestros, desapariciones, delitos sexuales, desplazamientos
forzados, abusos de niños, tanta barbarie”, puntualizó.
El procurador Ordóñez Maldonado fue enfático al afirmar que
la reparación también debe ser garantía de no repetición y para ello deben
respetarse parámetros.
“Esto solo es posible
con la disolución del aparato violento, lo que se debe concretar en el desarme
total y la desmovilización absoluta. También en que los perpetradores de
crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y graves violaciones
a los derechos humanos no tengan el derecho a gobernar a las víctimas, haciendo
más gravosa, humillante e insoportable la carga que injustamente éstas llevan”.
Igualmente presentó ante los miembros de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación la propuesta del ‘Pacto para la Paz’, con la que
la Procuraduría busca un proceso en el que confluyan todos los sectores
políticos y sociales del país para construir una paz respetuosa de los
estándares internacionales, con garantía a los derechos de las víctimas y sostenible
en el tiempo.
“Es una garantía para la guerrilla de que el Estado honrara
su palabra. Es una garantía para el Estado de que las FARC desaparecerán como
organización violenta y criminal. Es una garantía para las víctimas de que sus
derechos serán respetados. Es una garantía para la humanidad de que la verdad
se conocerá para que contribuya a que las atrocidades no se vuelvan a repetir.
Y es una garantía de que será un acuerdo justo, una paz justa”, concluyó.
El procurador general de la Nación cierra el día de hoy su
visita institucional a España, en la que cumplió una agenda concentrada en la
atención directa a centenares de colombianos radicados en Madrid, Barcelona y
otras ciudades, y en la que sostuvo encuentros de trabajo en busca de articular
y optimizar procedimientos operativos en el convenio de seguridad social
suscrito por España y Colombia en 2008.
