Presidente Santos pide al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspenda uso del glifosato en aspersiones contra cultivos ilícitos

El Jefe de Estado anunció que habrá un periodo de transición que no debe ir más allá del próximo primero de octubre, para poner en marcha nuevos mecanismos en la lucha contra los cultivos ilícitos, entre ellos intensificar la erradicación manual. Sostuvo que bajo ninguna circunstancia se bajará el combate al narcotráfico.

 Andes.ANSUR - Desde hace años, Ecuador venía denunciado la alta toxicidad del químico y desistió de seguir con una demanda en la Corte Internacional de Justicia de La Haya contra su vecino gracias a un acuerdo suscrito en 2013.

"Voy a pedirles a los funcionarios del gobierno que hacen parte del Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que en su próxima reunión (del viernes 15) suspendan el uso del glifosato en la aspersiones contra los cultivos ilícitos", dijo el mandatario durante una entrega de equipos a bomberos en Bogotá.

Santos, que fue aplaudido al hacer el anuncio, dijo que tomó la decisión tras la sugerencia en el mismo sentido que el Ministerio de Salud hizo hace dos semanas a las autoridades antinarcóticos nacionales, luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalara a ese pesticida como "probable" cancerígeno.

"Las recomendaciones y los estudios que le llegaron al Ministerio de Salud muestran claramente que sí existe ese riesgo", señaló el presidente colombiano.

El CNE, conformado por varios ministros deberá, antes del 1 de octubre, definir una nueva hoja de ruta contra los cultivos ilícitos en sustitución de la aspersión, apuntó Santos.

"Quiero ser muy claro: que esto no se interprete que vamos a bajar la guardia en la lucha contra el narcotráfico", agregó.

Colombia, el mayor productor mundial de cocaína junto a Perú, según la Organización de las Naciones Unidas, fumiga desde hace años varias zonas del país con glifosato en el marco de un intenso programa de erradicación de cultivos ilícitos de coca.

Entre 2000 y 2007, Colombia aplicó un fuerte programa de erradicación de cultivos ilegales en la frontera con Ecuador, en el marco de un millonario plan antidroga financiado por Estados Unidos, que fue denunciado por Quito. Ecuador sostenía que el pesticida afectaba la salud de su población y sus cultivos agrícolas.

Ante la demanda internacional presentada por Ecuador contra Colombia por las fumigaciones, ambos países llegaron a un acuerdo en 2013 en el cual se establecían compensaciones económicas para los afectados en la zona limítrofe. Además, en el documento se estableció una franja de exclusión de 10 kilómetros contados desde la frontera, y se acordaron parámetros de altura, velocidad, condiciones climáticas y horarios para las aspersiones con glifosato, además de "ingredientes y concentración de la fórmula utilizada en las fumigaciones".

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