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Asesinato de defensores es ataque a la democracia.

Por: Alberto Brunori, representante de ONU Derechos Humanos.
Atacar a las personas que defienden los derechos es atacar a la democracia. La propagación de ataques en contra de personas que ejercen la defensa de derechos es un síntoma grave del estado de cosas en Colombia: demuestra intolerancia, provoca miedo, limita o anula las libertades de pensamiento y de expresión, y, lo que es peor, exhibe cómo la violencia se impone, en muchos lugares, como un medio de control social. La impunidad que ronda estos ataques agrava la situación, puesto que, ante la ausencia de sanción oficial, el reproche social se reduce y la violencia encuentra justificación.


El marco internacional de protección ampara la actividad de defensa de los derechos humanos, que puede ser realizada por cualquier persona, tanto de manera regular como esporádica. Puede ser que los conflictos sociales en el orden local no se expresen abiertamente en clave de derechos (por ejemplo, unos pescadores que protegen una ciénaga, una comunidad que se opone a la siembra de coca o un poblador de un municipio rural que denuncia el robo del presupuesto público); no por ello, estos ejercicios de reivindicación y defensa de lo público están exentos de protección. Cuando alguien es blanco de un ataque por defender los derechos en cualquier contexto, los derechos y las libertades de todos están en juego. Se protege, así, la libertad de todas las personas a ejercer la defensa de los derechos humanos y se extiende un especial reproche a cualquier acto tendiente a limitar el ejercicio legítimo de esa libertad.

La contabilización de homicidios de personas que defienden los derechos se ha tornado en un indicador común para reflejar la gravedad de la situación. Como cualquier indicador, este es un referente parcial. En primer lugar, porque los homicidios son sólo una de las formas que toman los ataques. Además de las expresiones materiales más extremas (como las lesiones, las torturas, las violaciones sexuales o los homicidios), los ataques también se manifiestan en discursos que estigmatizan y promueven el odio, acoso por redes sociales, seguimiento y amedrentamiento, interceptaciones ilegales, robo de información y otras formas de persecución. Obviamente, es más fácil contabilizar o medir la intensidad de los ataques físicos (particularmente, los homicidios); sin embargo, los otros ataques no deben ser ignorados. Estos también silencian y crean un ambiente regido por la coerción.


En segundo lugar, los casos de homicidio que se registran o se contabilizan son sólo una muestra del universo de casos. Los criterios de inclusión o exclusión de los distintos proyectos de registro varían, como también varían sus enfoques y sus alcances geográficos. Además, el significado y los efectos de los homicidios están determinados por variables locales que, a menudo, no percibimos o comprendemos adecuadamente (tales como, entramados de relaciones económicas y políticas locales, roles no visibles de ciertas personas en las comunidades, la intervención de grupos armados en la regulación de los asuntos políticos locales, la presencia de intereses personales en la conducción de asuntos públicos o la existencia de mecanismos informales de regulación de conflictos que son ocultos para el exterior, pero conocidos por los miembros de la comunidad).

Controversia en Colombia por los tribunales que juzgarán los delitos de guerra

El uribismo introdujo dos cambios a la Jurisdicción Especial para la Paz que, de inmediato, fueron protestados por el partido FARC y también por el presidente Juan Manuel Santos.


Observador de la ONU descarga armas entregadas por las FARC,
22 de septiembre de 2017. 
Jaime Saldarriaga – Reuters
actualidad.rt.- El Congreso colombiano aprobó la reglamentación que regirá la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una especie de tribunal que juzgará los delitos de guerra de ex guerrilleros y militares.
Sin embargo, la cámara alta añadió dos modificaciones sustanciales que fueron propuestas por el partido Centro Democrático (CD), el mismo que abanderó al presidente electo Iván Duque, en las presidenciales del 17 de junio.

El senador Iván Cepeda, integrante del Polo Democrático Alternativo, fue el primero en cuestionar ambas modificaciones aprobadas para la JEP.
Cepeda señaló que esos cambios, son contrarios al articulado original y al espíritu de la Constitución colombiana, por lo que demandarán el texto rubricado en el congreso.
"Desde ahora, comenzamos a preparar demanda contra artículos inconstitucionales introducidos por el [partido] Centro Democrático", escribió el senador en su cuenta Twitter, agregando que "una ley ordinaria no puede modificar la Constitución".
Desde ahora, comenzamos a preparar demanda contra artículos inconstitucionales introducidos por el @CeDemocratico para debilitar la JEP y garantizar la impunidad. Una ley ordinaria no puede modificar la Constitución.
En un segundo mensaje, Iván Cepeda acusó al Centro Democrático, que integra el expresidente Álvaro Uribe, de querer otorgarle inmunidad a "responsables políticos de crímenes de Estado, como [los] 'falsos positivos'".
Los cambios que ha introducido el @CeDemocratico a la JEP no sólo son inconstitucionales. Persiguen inmunidad para responsables políticos de crímenes de Estado como 'falsos positivos'. Son un blindaje a la impunidad que expone a los militares ante la Corte Penal Internacional.
La JEP forma parte de uno de los acuerdos de paz, rubricados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).

 Dos cambios en la JEP

Las dos modificaciones que generaron la controversia son las siguientes:
·         Crear una nueva sala para juzgar a uniformados de las Fuerzas Militares.
·         La JEP no podrá decretar pruebas, ni pronunciarse sobre la extradición de ex guerrilleros.
No obstante, la mayoría de los 74 artículos, presentados por el oficialismo, fueron aprobados de forma consensuada conforme al acuerdo de noviembre de 2016, que permitió el paso de la FARC de guerrilla a partido político.
Exterior del Congreso colombiano. Bogotá. 7 de abril de 2015.Jose Gomez .Reuters
Exterior del Congreso colombiano. Bogotá. 7 de abril de 2015. - Jose Gomez .Reuters
El Centro Democrático es una organización política que se ha mostrado opuesta al acuerdo de paz con la guerrilla, y encabezó la campaña en contra del referéndum aprobatorio de los acuerdos de paz.

Santos, en contra de las modificaciones

Tras la aprobación de la normativa para la JEP, el actual mandatario e impulsor del acuerdo que finalizó la guerra en Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que las modificaciones le generan "serias dudas sobre su constitucionalidad".
Por lo que añadió: "vamos a ver qué pasa en la conciliación y luego veremos qué pasa en la Corte Constitucional".

Militares en la mira

Estas modificaciones alertaron a un grupo de 29 generales y coroneles colombianos a quienes Fatou Bensouda, una fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), les sigue la pista bajo acusaciones de lesa humanidad y crímenes contra civiles inocentes, denominados 'falsos positivos', según Contagio Radio.

El “regalito” tributario a las compañías de minas y petróleos: US 3.300 millones anuales

No solo tuvimos que pagar la caída de los precios, sino que en estos años se multiplicaron los beneficios fiscales para estas empresas. Aquí están las cuentas.

 Álvaro Pardo*

Un gran hueco adicional

Aunque la crisis de las finanzas públicas suele atribuirse a la caída de los precios del petróleo desde el 2014, un análisis de las estadísticas oficiales señala que también contribuyeron las billonarias deducciones realizadas por las compañías de minas e hidrocarburos, en un monto promedio de 3.300 millones de dólares anuales en el periodo 2010-2016.

Las cifras agregadas de las declaraciones de renta de las personas jurídicas muestran que el Gobierno no ha tenido realmente la intención de reducir el déficit fiscal, pues en general mantiene una política de favorecimiento tributario a las empresas y un extenso repertorio de beneficios y deducciones.  

El desequilibrio fiscal se explica por un manejo irresponsable del gasto público, por el modelo extractivista que amarra la economía a los precios de bienes primarios, y por ese amplio repertorio de figuras que permiten a los contribuyentes reducir el pago de impuestos.

El Gobierno no ha tenido realmente la intención de reducir el déficit fiscal, pues mantiene una política de favorecimiento tributario a las empresas.
El déficit fiscal, financiado con crédito interno y externo, reduce la oferta de servicios públicos y sociales, incluyendo la inversión para reducir el índice de desigualdad - donde Colombia ocupa el séptimo lugar del planeta-.  

Las cifras comparativas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico  (OCDE) y también las de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) desmienten además la idea de que Colombia sea uno de los países con mayores cargas tributarias del mundo y en consecuencia el discurso manido según el cual la “locomotora minero-energética”  es la clave presente y futura del crecimiento, el empleo y la riqueza de Colombia.

Subsidios inmerecidos

Sector petrolero.Foto- Ministerio de Minas y Energía

Los beneficios tributarios se utilizan para impulsar actividades económicas que, en concepto de los gobiernos, son importantes por su capacidad para jalonar otros sectores, promover exportaciones, sustituir importaciones, generar valor agregado y crear puestos de trabajo.

Pero según la cifras de la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), los sectores más privilegiados por los últimos gobiernos son el financiero y el minero (minas e hidrocarburos): ¿por qué los colombianos tenemos que subsidiar sectores poderosos y en el caso minero, a multinacionales que además de extraer nuestros recursos, dejan enormes pasivos ambientales, sociales y económicos para el país?

Tampoco tiene sentido que los últimos gobiernos hayan mantenido y aprobado nuevos beneficios tributarios sin analizar su costo fiscal, ni hasta dónde ellos en efecto cumplen con sus presuntos objetivos. Y, además, que se aprueben sin fechas de vigencia, de manera que hoy se cuentan 253 beneficios dispersos en el Estatuto Tributario, que se han ido acumulando a lo largo de décadas y que siguen a disposición de sus usuarios.

Con los datos a la mano

En el Cuadro siguiente se presenta el valor de los distintos tipos de beneficios y otras deducciones tributarias para el sector minero-energético entre 2010 y 2016. Para entender mejor las cifras hay que tener en cuenta que:
·  La DIAN solo considera como beneficios tributarios los tres primeros renglones es decir, (i) las deducciones por concepto de compra de activos fijos, (ii) las rentas exentas, y (iii) los descuentos tributarios.   
·  Pero existen otros conceptos pocos claros que permiten a las empresas reducir la base gravable y por lo tanto les rebajan sus impuestos; estos conceptos son (iv) los ingresos no constitutivos de renta (INCR), y (v) los descuentos tributarios adicionales (OD).   
 Monto y costo fiscal de los beneficios tributarios y otras deducciones del sector extractivo (en billones de pesos)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Deducciones
4,40
0,07
0,09
0,10
0,09
0,02
0,01
Renta Exenta
0,22
0,18
0,21
0,01
0,01
0,01
0,02
Descuentos Tributarios
0,12
0,19
0,19
0,23
0,18
0,14
0,04
Sub Total
4,74
0,44
0,49
0,34
0,28
0,17
0,07
INCR
0,19
2,20
0,36
0,15
2,1
5,00
5,30
OD
7,00
12,60
11,00
11,10
17,0
57,20
71,90
Total
12,00
15,20
11,85
11,59
19,38
62,37
77,27
Costo Fiscal
3,90
4,90
3,90
2,90
4,8
15,6
19,3
Fuente: DIAN y cálculos del autor

De este Cuadro se desprende que:
·  Las deducciones han venido disminuyendo, especialmente desde el año 2011 (cuando se eliminó la deducción por compra de activos fijos). También han tendido a disminuir las rentas exentas y los descuentos tributarios, de manera que según la definición de la DIAN, el beneficio total para el sector habría sido mucho menor en 2016 que en 2010.     
·  Pero la imagen cambia por completo si se incluyen las otras figuras que permiten pagar menos impuestos: los INCR crecen rápidamente a partir de 2015 y las OD pasaron de 7 billones en 2010 a 72 billones 2016, de manera que el costo fiscal total durante esos siete años ascendió a 23 mil millones de dólares, o unos 3.300 millones anuales.

Con la Libreta Sanitaria Equina – LSE-, el ICA facilita la movilización de équidos en el Valle del Cauca

La LSE es un documento oficial para la movilización de los équidos, minimiza los tiempos de gestión de la expedición de la Guía Sanitaria de Movilización Interna, GSMI.


Palmira, junio de 2018. Con el fin de presentar a médicos veterinarios, caballistas y asociados de Asdeoccidente y Fedequinas, en el Valle del Cauca, las ventajas de tiene la Libreta Sanitaria Equina, LSE, el ICA realizó un taller de socialización, en el que presentó a los asistentes el software de funcionamiento y los requisitos exigidos, los cuales están encaminados a facilitar el desarrollo de la equinocultura en el territorio vallecaucano.

Durante el evento, los médicos veterinarios participaron de una demostración en tiempo real del software, actividad que permitió resolver las dudas e inquietudes que tenían los profesionales sobre la alimentación de los datos de cada équido, incluyendo las vacunas vigentes de encefalitis equina venezolana e influenza equina, y los resultados actualizados de los exámenes correspondientes a estas enfermedades, los cuales deben  realizarse exclusivamente en los laboratorios de diagnóstico del Instituto.

Los retos ambientales del próximo gobierno


El cuidado del medio ambiente es una urgencia del mundo y un asunto vital para Colombia. Por eso el presidente electo, que poco habló sobre el tema, debe ahondar desde ahora en la preguntas y en cómo irá a responderlas. 

Ernesto Guhl Nannetti*

Derrame de petróleo - Foto: CORPONOR 
 Puntos clave
A principios de este año publiqué un artículo donde enumeré los retos más urgentes que Colombia debería abordar en materia de sostenibilidad. Los cinco principales son:
  • transición energética;
  • La ocupación del espacio y el uso del suelo;
  • Los La conflictos centro – periferia:
  • La ciencia y la tecnología, y
  • La conservación
Transcurridos apenas cinco meses han surgido nuevos problemas que generan aún más incertidumbre en materia ambiental. Ahora que Colombia ha escogido su nuevo presidente, es de vital importancia que el gobierno atienda esos asuntos con toda decisión.  

Transición energética

En esta materia Colombia enfrenta la catástrofe de Hidroituango que, además de presentar enormes riesgos sociales y ecológicos, reduce la disponibilidad de energía eléctrica y amenaza el desarrollo económico del país. El proyecto hidroeléctrico más grande de Colombia debería comenzar a funcionar en diciembre de este año y abastecer paulatinamente la demanda nacional hasta 2024. Sin embargo, las fallas presentadas sugieren que esta meta no será cumplida e inclusive, pronostican un apagón hacia 2021 o 2022.  
Pese a ser crítica, esta situación le ofrece a Colombia un escenario excepcional para acelerar el desarrollo de fuentes energéticas limpias y renovables. Para lograrlo sería necesario adelantar estudios que aseguren una canasta de generación eléctrica segura que aproveche las fortalezas naturales del territorio nacional (como la alta radiación solar) y disminuya los riesgos del cambio climático.
Además de tener un menor impacto ambiental, las fuentes energéticas renovables permitirán idear soluciones descentralizadas acordes con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París.

Planificación territorial

Se estima que hacía el año 2050, el 86 por ciento de la población colombiana se concentrará en las ciudades: 70 de más de 100.000 habitantes y 7 de más de un millón. Además de que el sistema actual de administración territorial no es capaz de manejar poblaciones de tal magnitud, se ha acelerado la aparición de territorios insostenibles como Bogotá, ciudad que actualmente presenta los índices más altos de riesgo frente al cambio climático.
Medio ambiente constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.
La planificación territorial vigente ignora que las ciudades se ubican en una unidad espacial con componentes rurales y urbanos interdependientes, basados en el intercambio de servicios socioecositémicos indispensables para la vida, el progreso y la generación de impactos ambientales concentrados.   
El nuevo gobierno debería aprovechar la formulación de los nuevos POT para redefinir los lineamientos de ocupación y uso del suelo, distanciándose de la visión municipalista y urbana que los ha caracterizado. Sólo así propiciaría la construcción de visiones regionales compartidas que respondan a las diversas realidades socio-ambientales que conforman el territorio nacional. Esto impulsaría formas diferenciadas de desarrollo y ocupación del espacio que permitirían que Colombia se convierta en un conjunto armónico de territorios sostenibles.

Posconflicto

Pese a los múltiples inconvenientes que ha tenido el desarrollo de los Acuerdos de Paz, se han logrado avances irreversibles que deberán tener continuidad bajo los tres gobiernos que le siguen al actual.
Sorprendentemente, al medio ambiente no se le ha otorgado un papel relevante en el proceso de “implementación” de los acuerdos. Con esto se desconoce que el medio ambiente constituye un factor esencial para el desarrollo sostenible integral y, por tanto, para garantizar la paz “estable y duradera”.
Durante el posconflicto, será necesario reconocer el doble papel protagónico de las variables ambientales: por un lado, como originadoras de violencia, y por otro, como instrumentos fundamentales para consolidar la paz. 
Algunas de estas variables son la destrucción de los ecosistemas, la contaminación del agua en sectores urbanos y rurales, la baja calidad del aire en las ciudades, la destrucción y contaminación del suelo y la distribución de las tierras. Todas ellas afectan profundamente la calidad de vida de la población colombiana, pues históricamente han reforzado los niveles de desigualdad. 
Estudios adelantados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) han advertido que la mala administración ambiental podría tener efectos sumamente nocivos para el posconflicto colombiano. En esta misma línea, un estudio reciente1 analiza los impactos del conflicto sobre las variables ambientales en diversos países de América Latina, África y Europa mostrando que, pese a las grandes diferencias naturales y sociales  entre ellos, todos presentaron situaciones comunes como:

Gustavo Petro el Jefe de la Oposición en Colombia.


Benjamín Gomez.- Luego de concluir el proceso electoral que lleva a la Presidencia de la República a Iván Duque, proceso electoral vivido en Paz, sin conflicto interno, elecciones presidenciales donde el temor físico se trasladó al miedo infundido mediante los mensajes tergiversados y engañosos transmitidos fundamentalmente por las redes sociales, sumados al ataque sistemático de los grandes medios de comunicación.
 Entra Colombia en una era donde el juego político está basado en la postura pacífica de pensamientos diferentes, se espera una era donde el manejo de la política pública dependa de la orientación ideológica en lugar de la conveniencia determinada por la distribución de los contratos. El papel de la oposición sin participación en el gobierno, es decir sin cuota burocrática, permitirá definir claramente el acierto o desacierto en el manejo de lo público. 
El nuevo gobierno y la nueva oposición entrarán a demostrar la certeza de sus argumentos, comenzará, la ciudadanía en su conjunto a determinar, a palpar, a comprobar, la seriedad y profundidad tanto de los planes de gobierno como de las propuestas opositoras.
Llegarán momentos de unidad nacional donde actuarán conjuntamente unos y otros, pero también llegarán momentos donde posiciones totalmente diferentes se medirán en el respaldo de la ciudadanía.
Comienza el tiempo a correr y asuntos tan vitales como el medio ambiente, la salud, la economía, la educación, la seguridad, el progreso y la libertad, exigirán al gobierno y a la oposición lo mejor de sí. La ciudadanía tiene ahora la tarea de comenzar a examinar con lupa las ejecuciones y las alternativas.
El debido respeto por el mandato conferido a IVan Duque como Presidente de la República, y a Gustavo Petro como Jefe de la Oposición, el debido respeto a las promesas realizadas, el debido respeto a la Constitución, el debido respeto para con el futuro.
 El debido respeto comienza a ponerse en prueba.

Colombia: Al menos 2 muertos tras el sismo con epicentro en el volcán Galeras

El servicio de bomberos de Pasto ha confirmado la muerte de dos personas tras el sismo producido este martes.

Dos personas han fallecido tras el movimiento telúrico producido la madrugada de este martes en el volcán Galeras, en el departamento de Nariño y a 6 kilómetros de la ciudad de Pasto.
Esta información fue confirmada por el Cuerpo de Bomberos voluntarios de Pasto diciendo que dos personas perdieron la vida dado que algunas viviendas y carreteras resultaron afectadas.
Antes el Servicio Geológico Colombiano destacó que el movimiento tuvo una profundidad superficial de menos de 30 km. También han reportado dos réplicas que causaron daños especialmente en una pequeña zona rural de Pasto.

El gobernador del departamento de Nariño (Colombia), Camilo Romero, ha lamentado la noticia en su cuenta de Twitter después del comité extraordinario de manejo de desastres.
Mientras tanto, las autoridades de Gestión del Riesgo del departamento están llevando a cabo revisiones en algunos edificios de gran altura y viviendas de Briceño y Mapachico, ya que son cercanos al sitio del epicentro.

Importante.

Primer laboratorio para la descarbonización.

En Bucaramanga se construirá el primer laboratorio de innovación en Colombia para la descarbonización Ecopetrol y la Cámara de Comercio de B...

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