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| Observador de la ONU descarga armas entregadas por las FARC, 22 de septiembre de 2017. Jaime Saldarriaga – Reuters |
actualidad.rt.- El
Congreso colombiano aprobó la reglamentación que regirá la Jurisdicción
Especial para la Paz (JEP), una especie de tribunal que
juzgará los delitos de guerra de ex guerrilleros y militares.
Sin embargo, la cámara alta añadió dos
modificaciones sustanciales que fueron propuestas por el partido Centro
Democrático (CD), el mismo que abanderó al presidente electo Iván Duque,
en las presidenciales del 17 de junio.
El senador Iván Cepeda, integrante del Polo
Democrático Alternativo, fue el primero en cuestionar ambas modificaciones aprobadas para la
JEP.
Cepeda señaló que esos cambios, son contrarios
al articulado original y al espíritu de la Constitución colombiana, por lo que
demandarán el texto rubricado en el congreso.
"Desde ahora, comenzamos a preparar demanda
contra artículos inconstitucionales introducidos por el
[partido] Centro Democrático", escribió el senador en su cuenta Twitter,
agregando que "una ley ordinaria no puede modificar la Constitución".
Desde
ahora, comenzamos a preparar demanda contra artículos inconstitucionales
introducidos por el @CeDemocratico para
debilitar la JEP y garantizar la impunidad. Una ley ordinaria no puede
modificar la Constitución.
En un segundo mensaje, Iván Cepeda acusó al
Centro Democrático, que integra el expresidente Álvaro Uribe, de querer
otorgarle inmunidad a "responsables políticos de crímenes de Estado, como
[los] 'falsos positivos'".
Los
cambios que ha introducido el @CeDemocratico a la
JEP no sólo son inconstitucionales. Persiguen inmunidad para responsables
políticos de crímenes de Estado como 'falsos positivos'. Son un blindaje a la
impunidad que expone a los militares ante la Corte Penal Internacional.
La JEP forma parte de uno de los acuerdos de
paz, rubricados por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP).
Dos
cambios en la JEP
Las dos modificaciones que generaron la
controversia son las siguientes:
·
Crear una nueva
sala para juzgar a uniformados de las Fuerzas Militares.
·
La JEP no podrá decretar pruebas, ni
pronunciarse sobre la extradición de
ex guerrilleros.
No obstante, la mayoría de los 74 artículos,
presentados por el oficialismo, fueron aprobados de forma consensuada conforme
al acuerdo de noviembre de 2016, que permitió el paso de la FARC de
guerrilla a partido político.
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| Exterior del Congreso colombiano. Bogotá. 7 de abril de 2015.Jose Gomez .Reuters |
El Centro Democrático es una organización
política que se ha mostrado opuesta al acuerdo de paz con la guerrilla, y
encabezó la campaña en contra del referéndum aprobatorio de los acuerdos de
paz.
Santos,
en contra de las modificaciones
Tras la aprobación de la normativa para la
JEP, el actual mandatario e impulsor del acuerdo que finalizó la guerra en
Colombia, Juan Manuel Santos, declaró que las modificaciones le generan "serias
dudas sobre su constitucionalidad".
Por lo que añadió: "vamos a ver qué pasa
en la conciliación y luego veremos qué pasa en la Corte Constitucional".
Militares
en la mira
Estas modificaciones alertaron a un grupo
de 29 generales y coroneles colombianos a quienes
Fatou Bensouda, una fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), les sigue la
pista bajo acusaciones de lesa humanidad y crímenes contra civiles inocentes,
denominados 'falsos positivos', según Contagio Radio.
Agrega la nota que en la lista (que contempla
militares activos y retirados) figuran los últimos tres generales que
comandaron las Fuerzas Militares de Colombia.
En entrevista con este medio, el periodista
Fredy Muñoz Altamiranda aseguró que esos militares le han pedido al recién
electo presidente Duque (uribismo) y a los representantes de los partidos
Liberal y Conservador "que reviertan las modificaciones a la JEP, porque
lo acordado en La Habana es lo que más les
conviene", para no tener que enfrentar a una justicia extraterritorial.
La
postura de la FARC
Otro de los actores involucrados, Rodrigo
Londoño, el ex comandante guerrillero y actual presidente del partido Fuerza
Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), también reclama la inconstitucionalidad
del reglamento aprobado en el parlamento.
Las
versiones del Art. 53 de ley procesal aprobadas hoy por el @SenadoGovCo
son contrarias a la Constitución y el Acuerdo Final; son garantía de
extradición sin pruebas y buscan hacer trizas lo paz.
Conminamos a @CConstitucional a declarar su inconstitucionalidad.
Conminamos a @CConstitucional a declarar su inconstitucionalidad.
Para Londoño, las modificaciones son contrarias "a la
Constitución y al Acuerdo Final" y abriría las puertas para que se
realicen extradiciones "sin pruebas", según escribió en la red
social.
Otra
JEP diferente a la pactada
El texto sobre la JEP discutido por el
congreso "no es la misma JEP que salió de las negociaciones de paz
ocurridas en La Habana", añade Fredy Muñoz Altamiranda.
Para el también documentalista, ese texto ya
había sufrido modificaciones introducidas por la Corte Constitucional "y
que eran contrarias al espíritu del acuerdo original".
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| Miembros de las extintas FARC patrullan montañas de Colombia, 16 de agosto de 2016. - John Vizcaino - Reuters |
Muñoz Altamiranda citó como ejemplo que la
Corte Constitucional "prohibió a abogados extranjeros, defensores de los
derechos humanos, que pudiesen ser magistrados en la JEP".
El
espíritu original
Cuando los delegados del gobierno de Santos y
los de las FARC discutieron en La Habana la implementación de la JEP, "se
acordó que serviría para que las personas (guerrilleros, paramilitares o
militares en ejercicio) inmersas en crímenes de lesa humanidad, producto
del conflicto armado, se sentaran ante un tribunal, confesaran
su participación en los hechos, se investigara y se le dijera al país y las
víctimas la verdad, a cambio de rebajas en las condenas".
El periodista apunta que, ahora, el uribismo
quiere añadir otras "22 reformas al acuerdo, tal y como lo dijeron durante
la campaña presidencial de Iván Duque", algo que "haría trizas el
acuerdo" ya que que la Jurisdicción Especial para la Paz "es
el corazón del acuerdo".
Al explicar la reacción de los ex
guerrilleros, Fredy Muñoz Altamiranda precisa que cuando un grupo armado, con
más de 60 años de lucha se desarma, como hizo la FARC, no
lo hace para ir a la cárcel.
"El desarme busca el cese de la guerra, y
que ese desarme además posibilite la entrada en la arena política de su país,
para que pueda hacer con oposición política lo que antes hacía con las
armas", explicó.
El
silencio, uno de los peligros
Las reformas que introdujo el Centro
Democrático a la Jurisdicción Especial para la Paz "evidencian la
intención de silenciar aquello que los militares conocen", dijo a este
medio Diana Nocua, activista colombiana por los derechos humanos.
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| Ivan Duque. Presidente electo de Colombia, tras ganar las presidenciales. 17 de junio de 2018. - Nacho Doce - Reuters |
Un silencio que beneficiaría a individuos del
mundo "económico y político, fuertemente relacionados al
paramilitarismo", dijo Nocua.
Además, las modificaciones a la JEP pretenden
crear argumentos para "impedir que se juzgue la participación política en
crímenes de lesa humanidad y únicamente atribuirlos al antiguo secretariado de
la guerrillas", explicó la activista.
Por último, Diana Nocua detalló que
"abrir las puertas de las extradiciones" pone en riesgo a otros ex
integrantes de las FARC", impidiendo su toma de posesión en el Congreso,
lo que en la práctica sería "una reversión del acuerdo paz".
Ernesto
J. Navarro
